La propuesta responde a los abusos cometidos por algunos miembros de la fuerza pública

La bancada de Revolución Ciudadana anunció la presentación de un proyecto de ley que busca impedir el anonimato en el accionar de la fuerza pública. La propuesta, denomimada “Ley de Derechos Humanos”, surge tras las denuncias de abusos cometidos durante los 24 días del paro nacional convocado por la Conaie y otras organizaciones sociales.

¿De qué trata este proyecto del ley que presentará la RC?

El asambleísta Roque Ordóñez, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales y miembro de la Revolución Ciudadana, que la propuesta responde a los abusos cometidos por algunos miembros de la fuerza pública que actúan fuera de la ley.

Según los últimos reportes, se registran más de 300 vulneraciones a los derechos humanos, más de 100 personas detenidas, 13 acusaciones de terrorismo y el fallecimiento de tres personas en el contexto de las protestas en Imbabura: Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Guamán

“No podemos permitir que quienes deberían garantizar seguridad estén desplegados en comunidades con protestas, mientras otras ciudades enfrentan altos niveles de violencia”, afirmó Ordoñez.

Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez (RC) informó que el proyecto normativo será remitido a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales, incluidos la CIDH, para su conocimiento y seguimiento. Subrayó que el objetivo es establecer un marco legal que impida ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad durante protestas o movilizaciones sociales.

Asimismo, los legisladores denunciaron amenazas y presiones políticas que buscan impedir su labor de fiscalización. En respuesta, conformaron un grupo parlamentario independiente para supervisar las acciones de la fuerza pública y acompañar a la Defensoría del Pueblo.

“Queremos que ningún miembro de la Policía o las Fuerzas Armadas actúe sin estar plenamente identificado. No más anonimato en el ejercicio de la fuerza pública. No más violencia”, enfatizaron.

En ese sentido, Ordóñez cuestionó la presencia de más de 7.000 efectivos en zonas rurales donde se desarrollan las protestas, mientras otras ciudades del país enfrentan altos niveles de inseguridad. “Los agentes deberían concentrarse en las ciudades con mayores índices de violencia, no en comunidades indígenas”, añadió.

Los asambleístas hicieron un llamado directo al presidente Daniel Noboa a iniciar un proceso de diálogo. De igual modo, rechazaron la represión de militares y policías en Imbabura: “el convoy humanitario transgredió protocolos de derecho humanitario internacional. Por eso necesitamos ayuda internacional y una mesa de diálogo inmediata”, dijo Rodríguez.