Vercoutère alertó sobre detenciones arbitrarias, represión militar y persecución judicial contra líderes indígenas en la Sierra Norte del Ecuador.

La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche, envió una carta urgente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert Barume, en la que denuncia una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el paro nacional que se desarrolla en Ecuador.

En su misiva, fechada el 14 de octubre de 2025, la autoridad provincial expone una “alarmante escalada de represión” por parte del Estado ecuatoriano contra comunidades indígenas y rurales, especialmente en la Sierra Norte.

Vercoutère relató que en los últimos días se ha documentado “el uso desmedido e indiscriminado de la fuerza pública contra manifestantes, comunidades y autoridades que ejercen su derecho constitucional a la resistencia y la protesta social”.

Según su carta, se han registrado 112 personas detenidas a nivel nacional -ocho de ellas sin orden judicial-, 107 heridas, 144 desaparecidas temporalmente y 33 casos de detenciones arbitrarias documentadas en comunidades indígenas y rurales.

Además, denunció el caso del comunero Efraín Fuérez, quien habría sido víctima de una ejecución extrajudicial.

La viceprefecta también alertó sobre la persecución judicial y política que enfrenta el liderazgo indígena, con el congelamiento de cuentas bancarias y la apertura de procesos judiciales en un aparente intento de “desmovilizar a las organizaciones comunitarias y criminalizar el liderazgo social e indígena”.

En su carta, señaló que incluso sus propias cuentas personales han sido bloqueadas, afectando el sustento de sus hijos.

“Reafirmo mi compromiso con el diálogo y la paz, pero no puedo guardar silencio ante la violencia institucional, la militarización de los territorios y el asedio a nuestras comunidades”, expresó Vercoutère.

La viceprefecta pidió al Relator y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una visita urgente al Ecuador, con especial atención a la provincia de Imbabura, para verificar en terreno las violaciones denunciadas.

Solicitó además que se exhorte al Gobierno ecuatoriano a cesar el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización del movimiento indígena, y que se requiera información oficial sobre las personas detenidas, heridas y desaparecidas.

Finalmente, propuso el establecimiento de una misión internacional de observación y monitoreo y que el Consejo de Derechos Humanos incluya en su agenda la situación de los pueblos indígenas del Ecuador, “en atención a la vulnerabilidad y riesgo actual”.

Daniela Fonseca