Los representantes de la Comuna San Miguel del Común publicaron una remitido sobre lo ocurrido la noche del 9 de octubre de 2025.

La Comuna de San Miguel del Común publicó un remitido en el que explican los incidentes durante las marchas convocadas por el Paro Nacional del pasado 9 de octubre.

En especial se refirieron al tema de los “infiltrados” y el daño a las cámaras de seguridad de ese asentamiento perteneciente a la parroquia Calderón, en el Distrito Metropolitano de Quito.

El documento es también una forma de respuesta a las declaraciones del teniente coronel Pablo Argoti, jefe del Distrito Calderón.

En el comunicado de seis puntos difundido por redes sociales, la Comuna aclara que la violenta respuesta por la Policía tras la marcha pacífica, organizada en conjunto con la Comunidad Santa Anita, se debió a la captura de un “policía infiltrado”.

Esta persona habría estado incitando a los pobladores a cerrar la vía Panamericana, el pasado 9 de octubre.

El supuesto “infiltado”, aclara la comunidad, fue entregado a la Policía ileso, sin embargo, esta acción habría desencadenado el enojo de “un oficial que dirige la unidad UMO”, que habría dado la orden de disparar gas lacrimógeno esa misma noche, con el fin  “agredir a los comuneros sin importarle la presencia de los adultos mayores”.

Aclara la comunidad que el ataque de policías y militares duró nueve horas y que se utilizaron bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras y perdigones.  Además, según el documento, los uniformados habrían roto las cámaras de seguridad.

Poco después, se habrían observado nuevos infiltrados, y, para colmo, una tanqueta ingresó a la comunidad.

Por esa razón, La Comuna de San Miguel del Común solicita “que termine el acoso en contra de moradores a través de drones y helicópteros”.

A pesar de todo lo expuesto, el colectivo llama a la reflexión, sin renunciar al “legítimo derecho de la protesta pacífica”.

Finalmente hacen una pregunta concluyente: ¿por qué no controlan  y atacan así a la delincuencia?

Sobre los supuestos infiltrados, la Institución respondió por redes sociales asegurando que eran miembros de la Policía Judicial y que realizaban un allanamiento.

Juan Cabezas