Desde el inicio del segundo periodo de Daniel Noboa, el 24 de mayo de 2025, el Ejecutivo envió ocho proyectos de ley con carácter económico urgente a la Asamblea. Estas normas, aprobadas con el respaldo del oficialismo y sus aliados, generaron una fuerte reacción en sectores sociales, sindicales, indígenas, ambientales y políticos, que han presentado cerca de 80 demandas.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Daniel Noboa, el 24 de mayo de 2025, el Ejecutivo impulsó una intensa agenda legislativa bajo el mecanismo de proyectos económicos urgentes. En total, ocho iniciativas fueron enviadas a la Asamblea Nacional con ese carácter. Estos textos fueron tramitados en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno.
Con el respaldo de la bancada oficialista ADN y de legisladores aliados, los proyectos lograron ser aprobados.
No obstante, estas leyes generaron controversias jurídicas, sociales y políticas que derivaron en cerca de 80 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional; las dos últimas (del Cootad y Minería) suman casi 20.
En algunos casos de las ocho leyes de Noboa, el organismo ya se pronunció; en otros, los procesos continúan en trámite.
Este es el prontuario de las leyes de Noboa:
- Ley de Integridad Pública: Tuvo 27 demandas de inconstitucionalidad; fue declarada inconstitucional.
- Ley de Solidaridad Nacional: Registró cinco demandas de acción de inconstitucionalidad. La norma fue anulada por la Corte Constitucional.
- Ley de Áreas Protegidas: La CC admitió dos de las cuatro demandas presentadas contra la ley y resolvió acumular los procesos. Todavía no resuelve estas acciones.
- Ley de Transparencia Social: La Corte Constitucional ha recibido siete demandas contra esta normativa. Se espera su trámite en ese cuerpo colegiado.
- Ley de Inteligencia: La CC suspendió varios artículos de la ley y acumuló dos de las cuatro demandas presentadas.
- Ley de Fortalecimiento Crediticio: Hasta el momento se han presentado más de diez demandas.
- La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad): La Corte ha recibido 15 demandas contra esta reforma con corte hasta las 17:00 del 3 de marzo de 2026.
- Y, la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía: Hasta este jueves 5 de marzo (corte a las 17:00) se habían presentado cinco demandas de inconstitucionalidad.
En resumen, de las ocho normas, dos fueron declaradas inconstitucionales y fueron eliminadas por la Corte Constitucional, mientras que en una (Ley de Inteligencia), el cuerpo colegiado eliminó varios artículos de ley.
En el resto de normas (cinco), la Corte Constitucional todavía no resuelve las demandas de inconstitucionalidad y en las dos últimas (Reforma al Cootad y la Ley Minera), todavía se siguen presentado demandas de inconstitucionalidad.
Ley de Integridad Pública
La Ley de Integridad Pública fue una de las iniciativas más polémicas del paquete legislativo del Ejecutivo. Y la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional el 26 de septiembre de 2025. Entre los puntos más cuestionados se encontraba el incremento de las penas para adolescentes que cometan delitos graves.
El texto también abría la puerta a declarar en emergencia a la Función Judicial y permitir el nombramiento de jueces sin concursos de méritos. Las críticas también apuntaron a disposiciones laborales que habilitaban causales de despido automático para servidores públicos.
En total, la Corte recibió 27 demandas de inconstitucionalidad contra esta normativa. Entre los accionantes constan:
Ley de Solidaridad Nacional
Otra de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo fue la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea con 84 votos y promulgada el 10 de junio de 2025 tras la sanción presidencial.
El texto introdujo disposiciones vinculadas al contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno. Entre los aspectos más controvertidos se encuentran la posibilidad de allanamientos sin orden judicial previa, así como la disposición que establece que policías o militares procesados por hechos relacionados con su servicio en ese contexto no reciban prisión preventiva.
También generó debate la posible reinstauración de parámetros para el consumo personal de drogas.
La Corte Constitucional admitió cinco demandas de acción de inconstitucionalidad (algunas de ellas acumuladas en un solo proceso). Finalmente la ley fue declarada inconstitucional.
Los accionantes son:
Ley de Áreas protegidas
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, tercer proyecto urgente del Ejecutivo aprobado por la Asamblea, también provocó cuestionamientos desde sectores indígenas y ambientales.
Las críticas se concentran en la posibilidad de ingreso de Policía y Fuerzas Armadas a territorios protegidos y ancestrales sin procesos de consulta previa, lo que organizaciones indígenas interpretan como un riesgo de militarización de estos espacios. Asimismo, la normativa permite que gestores privados participen en proyectos turísticos y de conservación mediante un fideicomiso público, una figura que, según detractores, podría facilitar la presencia empresarial en territorios indígenas.
La Corte Constitucional admitió dos de las cuatro demandas presentadas contra la ley y resolvió acumular los procesos, aunque rechazó las medidas cautelares que buscaban suspender temporalmente la aplicación de la normativa.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron planteadas por:
Demanda individual:
- Erick Fabián Guapizaca Jiménez — por sus propios derechos.
La demanda presentada por dirigentes indígenas, activistas y representantes de organizaciones:
- Wider Anderson Guaramah — presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
- Eder Ricardo Payaguaje Piguaje — presidente del Consejo de Gobierno de la Nación Siekopai.
- Carlos Alfredo Correa Payaguaje — dirigente de Territorios de la Nacionalidad Siona del Ecuador.
- Oswando Nenquimo — presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP).
- Luis Fernando Canelos Vargas — presidente de Pastaza Kikin Kichwa Runakuna.
- Jairo Irumenga Ima — director ejecutivo de la Fundación Alianza Ceibo.
- Verónica Potes Guerra — defensora de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
- Lina María Espinosa Villegas — defensora de derechos humanos.
Demanda conjunta de activistas y organizaciones ambientales:
- Byron Mauricio Garcés Preciado — accionante.
- Pacha Lucía Terán Pineda — accionante.
- Edgar Paúl Jácome Segovia — accionante.
Y la demanda de organizaciones como:
- Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua).
- Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
- Otros colectivos ambientales.
Ley de Transparencia Social
La Ley de Transparencia Social, aprobada el 26 de agosto de 2025 con 78 votos, también enfrenta objeciones jurídicas. Sus detractores cuestionan que haya sido tramitada bajo el carácter económico urgente y sostienen que el texto podría vulnerar el principio de unidad de materia.
Entre los aspectos más discutidos se encuentran las facultades que otorga al Estado para vigilar, auditar, intervenir y supervisar organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, mecanismos que, según los accionantes, podrían afectar derechos constitucionales como la libertad de asociación y la autonomía organizativa.
Hasta ahora, la Corte Constitucional ha recibido siete demandas contra esta normativa, presentadas por:
- Marlon Vargas Santi — presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
- Carlos Hernán Heredia Fiallo — abogado.
- Trece organizaciones de mujeres, derechos humanos y periodistas.
- La Alianza por los Derechos Humanos.
- Acción Ecológica.
- La Federación de Barrios de Quito.
- La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
Ley de Inteligencia
La Ley de Inteligencia, aprobada con el argumento de reforzar la seguridad nacional, fue otro de los cuerpos normativos sometidos al control constitucional. Diversos analistas y organizaciones civiles alertaron que el texto otorgaba facultades amplias al Sistema Nacional de Inteligencia, con escasos controles judiciales.
Entre las preocupaciones señaladas se incluyen:
- Vigilancia digital sin controles de transparencia;
- Acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial;
- Interceptación de comunicaciones sin supervisión legal;
- Creación de identidades falsas para agentes;
- Manejo de fondos reservados sin rendición de cuentas.
La Corte Constitucional suspendió varios artículos de la ley y acumuló dos de las cuatro demandas presentadas.
Las acciones fueron impulsadas por:
- Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
- Unión Nacional de Educadores (UNE).
- Fundaciones de derechos humanos.
- Un grupo de ciudadanos.
- Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Ley de Fortalecimiento Crediticio
La Ley de Fortalecimiento Crediticio, aprobada el 26 de septiembre de 2025 con 77 votos, también enfrenta cuestionamientos constitucionales. Las críticas se centran en las reformas que amplían las facultades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Entre otros cambios, la ley permite al banco realizar operaciones de reporto, gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras y vender cartera vencida. Para los demandantes, estas medidas podrían comprometer recursos de la seguridad social y alterar la naturaleza del Biess.
Hasta el momento se han presentado más de diez demandas, entre ellas las promovidas por:
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
- Unión Nacional de Educadores (UNE).
- Asambleístas de la Revolución Ciudadana.
- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).
- Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
- Frente Nacional por un Nuevo IESS.
- Adolfo Fernando Espinel — abogado.
- Patricia Borja Laverde — abogada.
- Leonardo Cáceres Villamar y Rosario de los Ángeles Williams Williams.
- Partido Socialista Ecuatoriano.
- Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social del Guayas.
- Comisión de Defensa de la Seguridad Social.
- Rodrigo Patricio Contero — abogado.
- Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador.
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) también llegó a la Corte Constitucional tras su aprobación en la Asamblea con 77 votos, respaldados por el oficialismo y aliados.
La normativa establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 65% de su presupuesto a inversión en obras desde 2025, porcentaje que subirá al 68 % en 2027 y al 70 % en 2028. El resto del presupuesto podrá utilizarse para gasto corriente.
Autoridades locales sostienen que esta fórmula no reconoce el costo del talento humano técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos. Según advierten, al no considerarse como inversión, podría distorsionar la contabilidad de las obras y exponer a municipios y prefecturas a sanciones o reducción de transferencias.
La Corte ha recibido 15 demandas contra esta reforma. Entre los accionantes figuran:
- Municipio de Quito — Doris Paulina Salazar Vasco, procuradora metropolitana.
- Fundación Museos de la Ciudad.
- Concejales de Cuenca: Mónica Fabiola Pesantez Chalco, Iván Teodoro Abril Mogrovejo, Román Florencio Carabajo Alvear y Manuel Eliceo Alvarado Iñamagua.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Cusubamba.
- Consejo de Participación Ciudadana de la parroquia rural de Calderón.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Calderón
- Prefectura de Pichincha.
- Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Cedocut, Unión General de Trabajadores del Ecuador, CEOSL, UNE, Fetmyp y Fenogopre.
- Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
- Andrés Campaña — concejal de Quito.
- Patricia Núñez — Revolución Ciudadana.
- Organizaciones integradas por Cucomitae, Federación de Barrios de Quito, UNE nacional y UNE de Pichincha.
- Unidad Popular.
- Fernando Espinel — abogado.
- Partido Socialista Ecuatoriano
Ley de Minería y Energía
La más reciente controversia gira en torno a la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, aprobada con 77 votos de la bancada oficialista y sus aliados.
Sectores de oposición, organizaciones sociales y colectivos ambientales cuestionan la falta de deliberación y participación ciudadana durante su trámite legislativo. También advierten posibles vulneraciones al principio de unidad de materia, debido a que el texto reúne reformas mineras, energéticas, económicas e institucionales en un mismo cuerpo legal.
Entre los puntos más sensibles destacan la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, la introducción del silencio administrativo positivo —que permitiría avanzar proyectos extractivos sin pronunciamiento estatal— y la posibilidad de ampliar actividades mineras, incluida la extracción pétrea en Galápagos.
Hasta ahora se han presentado cinco demandas de inconstitucionalidad, interpuestas por:
- Partido Socialista Ecuatoriano.
- Pacha Lucía Terán Pineda, Rodrigo Sebastián Cevallos Vivar, Byron Mauricio Garcés Preciado, Edgar Paúl Jácome Segovia y Augusto Enver Aguirre Macas — por sus propios derechos.
- Revolución Ciudadana — Verónica Iñiguez.
- Andrés Fabián Albuja Batallas — por sus propios derechos.
- Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua) y otras organizaciones defensoras del agua.
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