Este revés de Celec tiene su origen en una publicación por X cometida por el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Nei...
Buscar en esta Página
LO ÚLTIMO
Tv
Noticias
Actualidades
Nuevas Publicaciones
Trastorno de uñas, enfermedad de trasmisión sexual, deficiencia de vitamina D, dermatitis y acné constan entre las atenciones médicas recibidas por funcionarios en el exterior.
Mientras a los ecuatorianos se les niega atención de salud por falta de medicamentos en hospitales públicos, los funcionarios del servicio exterior gozan de un seguro médico privado que le cuesta al Estado más de USD 2 millones anuales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lleva adelante un proceso de contratación para renovar el seguro médico para los funcionarios ecuatorianos que prestan servicios en embajadas y consulados, por un valor de USD 2.199.666,08.
El contrato, que beneficiará a 339 funcionarios más sus familiares, será adjudicado el próximo 27 de julio y regirá desde el 1 de agosto por 365 días.
La cobertura máxima para el asegurado es de hasta USD 1 millón y entre otros rubros también contempla maternidad por USD 50.000 y ambulancia aérea por USD 30.000.
De acuerdo con un informe de siniestralidad, que sirve de base para la nueva contratación, se realizaron 920 atenciones médicas entre finales de 2024 y febrero de 2026.
En el documento constan funcionarios con hasta 52 atenciones anuales, como el caso de un servidor en una sede diplomática en Sudamérica que registró ese número de consultas e intervenciones en 2025.
El funcionario fue atendido por tumores, dolor de articulación, hiperlipidemia, presbicia, diarrea, enfermedad diverticular, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, embolia y trombosis, faringitis aguda, hipotiroidismo, insuficiencia venosa, glaucoma, gastritis, trastornos del nervio facial, trastorno de ansiedad y otras dolencias.
Datos curiosos
En el informe de siniestralidad se registran atenciones por dolencias no muy comunes como trastorno de uñas, deficiencia de vitamina D, enfermedad de trasmisión sexual, acné, dermatitis, vaginitis atrófica, trastorno del pene, herpes, apnea del sueño y otros diagnósticos.
La Comisión de Fiscalización continuó la fase testimonial del juicio político contra la exministra Inés Manzano. Los exministros de Energía, Roberto Luque y Antonio Goncalves, así como del exgerente de Celec EP, Fabián Calero, no asistieron. Ante estas ausencias, el periodista Álvaro Martín fue el único compareciente.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reinstaló este lunes 20 de julio de 2026 la continuación de la práctica de pruebas testimoniales dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Pese a que la mesa legislativa convocó a cuatro figuras para esclarecer las irregularidades en los contratos de emergencia eléctrica, únicamente el periodista de investigación Álvaro Martín Espinoza acudió al llamado.
Ausencias y notificaciones fallidas
De acuerdo con la certificación de la secretaría de la comisión, se realizaron múltiples esfuerzos para asegurar la presencia de los testigos, incluyendo el envío de oficios y correos electrónicos con notificaciones de insistencia. Sin embargo, tanto el viernes 17 de julio y este lunes 20 no se presentaron a la sala:
Roberto Luque, exministro de Energía y Minas encargado.
Antonio Goncalves, exministro de Energía y Minas.
Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad.
En el caso específico de Roberto Luque, la secretaría informó que se le remitió una insistencia para comparecer el 17 de julio. El exfuncionario respondió mediante un oficio solicitando que la comisión reconsidere su convocatoria. Luque argumentó que no debía comparecer mientras se mantenga vigente una investigación en la Fiscalía General del Estado sobre los mismos hechos.
Ante la ausencia de los exfuncionarios, la jornada se centró exclusivamente en la declaración de Álvaro Martín Espinoza, quien compareció como prueba de oficio solicitada por el asambleísta Amable Chica. Espinoza expuso ante los legisladores y la defensa técnica de Manzano los hallazgos de su investigación periodística sobre los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), señalando un presunto perjuicio económico al Estado.
La comparecencia de Espinoza no estuvo exenta de polémica. Antes de iniciar, se produjo cuestionamientos porque la seguridad de la Asamblea impidió el ingreso del abogado del periodista. El presidente de la Comisión, Ferdin Álvarez, sostuvo que en los juicios políticos los testigos no son partes procesales y, por tanto, no requieren asistencia legal según la normativa legislativa, lo que generó reclamos de asambleístas interpelantes.
Espinoza, quien solicitó su comparecencia como prueba de oficio, denunció haber sido objeto de amenazas y presiones para evitar su presencia en el Palacio Legislativo.
“Chatarra” y equipos incompatibles: la denuncia
Durante su intervención, el periodista detalló el perjuicio económico al Estado, el cual estimó en más de USD 140 millones al sumar los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Entre los puntos más críticos de su testimonio destacaron:
Maquinaria usada: Espinoza presentó informes periciales y fotografías que mostraban motores con un avanzado estado de oxidación y placas de fabricación adulteradas.
Incompatibilidad técnica: reveló que 32 de los 48 generadores adquiridos a ATM funcionaban a una frecuencia de 50 Hz, mientras que el sistema eléctrico ecuatoriano opera a 60 Hz.
Pagos en gestión de Manzano: el testigo afirmó que, aunque los contratos se firmaron antes, bajo la administración de Manzano se habrían desembolsado cerca de USD 66,9 millones a pesar de las alertas de incumplimiento.
La defensa contraataca: cuestionamiento a la idoneidad
Tras el testimonio, la defensa técnica de Inés Manzano, liderada por el abogado Rafael Oyarte, intentó descalificar la validez de la declaración. En un incisivo contrainterrogatorio, Oyarte cuestionó los conocimientos del periodista en materia de contratación pública y auditoría. La defensa solicitó formalmente que el testimonio sea excluido y desestimado.
Oyarte argumentó que Espinoza no es un perito ni un experto calificado, y que sus declaraciones se basaron en opiniones o hechos de dominio público más que en constancias directas del proceso administrativo.
Tras concluir el interrogatorio al único testigo presente, el presidente de la comisión dio por terminada la recepción de su testimonio y suspendió la sesión. Para mañana, el último día de este juicio político, está planificado los alegatos finales.
Marco Criollo
El COE Nacional elevó de amarilla a naranja la alerta por el fenómeno de El Niño en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias del país. La decisión responde al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico y activa un plan nacional de prevención.
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, reunido este lunes 20 de julio de 2026, resolvió elevar el nivel de alerta de amarilla a naranja en gran parte del territorio ecuatoriano. La medida responde a la evolución de las condiciones del fenómeno de El Niño, que ha pasado de una fase de observación a un estado “activo” debido al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico.
Alcance de la medida y resoluciones
La declaratoria de alerta naranja abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias del país. Según explicó Roberto Luque, presidente del COE Nacional y ministro de Infraestructura, los informes técnicos confirman que la temperatura del océano se encuentra actualmente por encima del promedio normal, cumpliendo con uno de los componentes para el desarrollo del evento.
Las provincias incluidas en esta decisión son:
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Galápagos
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Pichincha
Santa Elena
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Pese al cambio de alerta, las autoridades aclararon que esto no implica un inicio inmediato de lluvias intensas. La interacción entre el océano y la atmósfera aún debe consolidarse, y los organismos técnicos estiman que los impactos más fuertes podrían concentrarse entre octubre y diciembre de este año. Sin embargo, ya se reportan efectos colaterales en el sector pesquero y cambios en el comportamiento de las aves.
“Las condiciones para el fenómeno de El Niño están dadas. La temperatura del océano están arriba del promedio normal”, aseguró Roberto Luque, presidente del COE Nacional.
Ante este escenario, el COE Nacional adoptó tres resoluciones de cumplimiento inmediato:
Aprobación del Plan de Acción Nacional frente a El Niño, declarándolo prioridad nacional.
Disposición para que el Comité Erfen emita reportes de actualización quincenales.
Implementación de una estrategia comunicacional coordinada entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría de Comunicación.
Para ejecutar estas acciones, el Gobierno destinó un presupuesto aproximado de USD 600 millones, los cuales se enfocarán en prevención, mejora de infraestructura y adquisición de equipamiento por parte de diversas carteras de Estado.
Ahora, el Gobierno, durante la sesión, extendió la responsabilidad a los gobiernos locales. Manifestó que de los 246 municipios y prefecturas del país, solo 161 presentaron sus planes de acción dentro del plazo establecido. Además, 46 de esos planes fueron devueltos para correcciones por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Carolina Lozano, secretaria de Riesgos, enfatizó que los municipios son el primer nivel de respuesta y deben priorizar obras de alcantarillado y desazolve de ríos. Por su parte, Luque advirtió que el Gobierno pondrá “el dedo sobre la llaga” si las administraciones locales no cumplen con sus responsabilidades de prevención frente a la ciudadanía.
El Movimiento Amigo servía como plataforma para figuras de la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones seccionales. La suspensión deja a estos cuadros sin el respaldo de dicha tienda política, aunque la dirigencia de la RC aseguró contar con otras alianzas para inscribir a sus candidatos.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes 20 de julio la ejecución de la suspensión provisional por nueve meses del Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo). La medida responde a un mandato del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) derivado de una investigación por presunto lavado de activos.
Durante la sesión, la consejera Elena Nájera cuestionó la naturaleza jurídica de la disposición. Nájera consultó si el auto se encontraba ejecutoriado, ante lo cual la secretaría aclaró que se trata de un auto de admisión.
En ese sentido, la consejera manifestó que esto es un auto interlocutorio y advirtió que la suspensión de una organización política bajo estas condiciones resulta violatoria a los derechos de participación y a las garantías del debido proceso. Sin embargo, Nájera reconoció que el CNE carece de competencia para pronunciarse sobre las sentencias del TCE, por lo que el organismo está obligado a cumplir lo dispuesto por el máximo órgano de justicia y administración electoral del país.
Según la normativa:
Un auto interlocutorio es una decisión judicial que resuelve un asunto relevante dentro del proceso, pero que no pone fin al juicio de manera definitiva.
Un auto ejecutoriado se refiere a unadecisión judicial que ya quedó firme.
Además, Nájera reveló que desde el día de ayer ya se habían suspendido las claves de acceso al sistema para el movimiento.
Por su parte, el presidente del organismo, José Cabrera, dio por conocido el auto de admisión dictado el pasado 17 de julio por el juez Juan Patricio Maldonado. Cabrera dispuso el cumplimiento de lo ordenado en el numeral sexto del documento, el cual otorgaba al CNE un plazo de tres días para hacer efectiva la sanción y reportar su cumplimiento al tribunal.
Impacto político y electoral
El Movimiento Amigo servía como plataforma para figuras de la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. La suspensión deja a estos cuadros sin el respaldo de dicha tienda política, aunque la dirigencia de la RC aseguró contar con otras alianzas para inscribir a sus candidatos.
La resolución se produce además bajo una atmósfera de inestabilidad institucional tras la renuncia de Diana Atamaint como vocal del CNE, presentada tras haber sido removida de la presidencia por una nueva mayoría liderada por Cabrera.
La suspensión de Amigo se fundamenta en el artículo 374, numeral 3 del Código de la Democracia, que faculta al TCE a actuar ante investigaciones de la Fiscalía que involucren directamente a organizaciones políticas en delitos de lavado de activos. Según el auto del TCE, la medida busca precautelar la probidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Daniel Noboa y sus ministros están en un ofensiva por ganar el voto de jóvenes entre 16 y 20 años. Programas como “Jóvenes en Acción” entregan dinero en efectivo sin una política pública.
A cuatro meses de las elecciones seccionales en el Ecuador, la campaña electoral del partido de Gobierno, ADN, se sienta en los pupitres junto a colegiales, mientras recién graduados reciben dinero en efectivo.
En la red TikTok abundan los videos en los que supuestos influencers aclaran las dudas de los chicos que se han inscrito en el programa “Jóvenes en Acción, tercera edición”, cuya oferta incluye recibir dos pagos de alrededor de USD 400 para cubrir el costo de una canasta familiar básica (calculada en USD 824) y lo más importante: la posibilidad de conseguir una pasantía pagada en alguna institución del Estado. Alrededor de USD 180 millones se habrían dedicado para esta iniciativa.
Algunos influencers como el “Profe Diego” despejan las dudas que muchos jóvenes mantienen sobre el tema, como “qué pasa si te llegó el dinero y te lo gastaste en zapatos o en un celular” y, sobre todo, si no llega el correo de inicio de las pasantías pagadas en distintas instituciones del Estado como la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud, entre otras.
Son pocos pero están otros, como “Animal Político”, que explican los riesgos de estas acciones, advirtiendo que no constituyen una política pública de base. Además señala la falta de datos concretos respecto a las etapas anteriores y cuestiona los resultados alcanzados. Son decenas, cuando no cientos, las cuentas que en esta red abordan el tema.
Acciones en colegios
En los últimos días, la actividad de los ministros se ha volcado a colegios y otras instituciones públicas para presidir o acompañar eventos como concursos.
Dos ejemplos: el pasado 9 de julio, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, estuvo en la Unidad Educativa Francisco Campos Coello de Guayaquil para participar en un conversatorio con autoridades de educación.
Mientras tanto, en las redes del Ministerio de Educación se difundieron las imágenes de un concurso intercolegial de cheerleaders que contó con la presencia de la ministra de Educación, Gilda Alcívar, el pasado 16 de julio.
Un día antes, el Mandatario había atestiguado la inauguración de otro programa como es “Jóvenes del Nuevo Ecuador”.
¿De dónde surgió esta iniciativa?
Según información extraoficial, el denominado “Cuartel de Guerra” de Daniel Noboa se reunió la segunda semana de julio en Carondelet. En la cita se habrían definido las nuevas estrategias políticas del Gobierno ante la inminente coyuntura electoral de noviembre.
Según la fuente, indicadores sensibles para el Mandatario, como la aceptación y la credibilidad, se han “congelado” en márgenes bajos, entre el 20 % y el 25 %, tal como lo publicó la encuestadora CIES en junio último.
Encuensta CIES.
Ante este panorama, los estrategas políticos y electorales habrían decidido que es urgente fortalecer el enlace con los jóvenes de cara al proceso electoral de noviembre entrante.
Según su evaluación, sostuvo la fuente, el voto de las personas de entre 30 y 50 años estaría en serias dudas, de ahí su interés por los más jóvenes.
Una mirada crítica
La comunicador y catedrática Caroline Ávila, formadora de jóvenes, al ser consultada sobre qué cuidados o filtros deberían tener los estudiantes al acercarse a la política, recomendó: “cuidar su dieta comunicacional” con fuentes confiables y, como aspecto principal, insistir “en que no pueden ir a las urnas sin haber tomado previamente una decisión informada”.
Por su parte, el analista político Santiago Cahuasquí sostuvo: “En democracia, es legítimo que los partidos busquen el voto de los jóvenes. El problema aparece cuando esa competencia deja de ser equitativa. Por eso, los principales resguardos deberían ser garantizar información plural y verificada, proteger los datos personales, transparentar la publicidad digital y evitar la desinformación”.
En el caso del gobierno del presidente Daniel Noboa, añade el analista, es indispensable vigilar el uso de recursos públicos con fines electorales y la instrumentalización de la gestión estatal para construir adhesiones políticas: “Más que proteger a los jóvenes de la política, el desafío es proteger su libertad para decidir, evitando cualquier forma de manipulación, clientelismo o utilización del aparato estatal con fines proselitistas”.
Por su parte, la activista en derechos humanos Sybel Martínez ofreció su criterio a Radio Pichincha: “La escuela no puede convertirse en un espacio de disputas políticas partidistas; el sistema educativo debe proteger el desarrollo integral de niños y adolescentes y su libertad de conciencia”. Además, advirtió: “Que un político o autoridad induzca a tener adhesión política, sin duda, vulnera estándares internacionales. No hay que olvidar que la escuela pertenece al Estado y no al gobierno de turno”.
La utilización de niños y niñas en campañas políticas está prohibida por el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Democracia y el Reglamento de Promoción del CNE.
Hay que recordar que del total de 13.827.643 electores habilitados para sufragar el domingo 29 de noviembre, un 26 % son jóvenes entre 18 y 29 años, mientras que entre 16 y 18 representa un 5%, ellos se encuentran dentro del voto facultativo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto resolver este 20 de julio el pedido del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para ejecutar la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Amigo.
En una sesión programada para las 15:00 de este lunes 20 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé resolver el pedido del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para hacer efectiva la suspensión provisional por nueve meses del Movimiento Amigo. Así lo confirmó una fuente del organismo electoral a Radio Pichincha.
Esta medida surge en cumplimiento del auto dictado el pasado 17 de julio por el juez Juan Patricio Maldonado, quien otorgó al organismo un plazo de tres días para ejecutar la sanción administrativa.
La decisión del TCE responde a una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, fundamentada en una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos que involucraría directamente a la organización política. Según los documentos, la suspensión busca precautelar la probidad y la confianza ciudadana en el sistema de organizaciones políticas mientras avanza el proceso penal.
El Movimiento Amigo se había convertido en el refugio electoral de la oposición tras la previa suspensión y proscripción de su propia tienda política, la Revolución Ciudadana (RC). Con esta nueva inhabilitación, figuras como Pabel Muñoz, quien busca la reelección en la Alcaldía de Quito, y Luisa González, precandidata a la Prefectura de Manabí, ven comprometida su plataforma de participación para los comicios de noviembre de 2026.
No obstante, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, reiteró que la organización cuenta con otras alianzas y partidos aliados para inscribir a sus cuadros, asegurando que sus candidatos estarán presentes en la papeleta.
La resolución de esta tarde ocurre en medio de la renuncia de Diana Atamaint a su cargo de vocal del organismo. Atamaint, quien presidió la institución por ocho años, dimitió un mes después de haber sido removida de la presidencia tras la conformación de una nueva mayoría liderada por José Cabrera.
El CNE deberá notificar hoy mismo al TCE sobre el cumplimiento de la medida, la cual implica la salida inmediata de Amigo del registro permanente de organizaciones políticas.
.gif)
