La organización de derechos humanos alerta sobre detenciones arbitrarias, bombardeos y posibles violaciones graves en la frontera norte del ...
Buscar en esta Página
LO ÚLTIMO
Noticias
Actualidades
Nuevas Publicaciones
A escasos metros de la avenida República del Salvador, hoy se frustró un aparente secuestro.
Según información levantada desde redes sociales, al medio día de hoy, 21 de marzo de 2026, tres presuntos secuestradores, dos hombres y una mujer, ataviados como policías, intentaron llevarse a un hombre contra su voluntad.
De acuerdo con un post de X, los perpetradores, se movilizaban en un vehículo Chevrolet Sail.
¿Cómo se frustró el hecho?
El intento de secuestro no fructificó, gracias a la intervención de un ciudadano en un vehículo gris 4×4 que les cerró el paso. Los gritos de auxilio de la víctima motivaron, también, a que la ciudadanía impidiera el secuestro.
Plan contra el Secuestro
De acuerdo con una nota de Diario Expreso del 5 de marzo de 2026, Quito vive un repunte de asesinatos, mientras otras estadísticas han comenzado a reducir, según este artículo.
Por otro lado, hace poco el Gobierno presentó el Plan Nacional contra el Secuestro y la Extorsión 2026-2029, lanzado con apoyo de la UNODC. Se recomienda precaución extrema, especialmente en zonas no turísticas, dada la persistente crisis de delincuencia.
Se han registrado 51 desapariciones forzadas en apenas dos años el gobierno de Noboa, mientras que el de Febres Cordero tuvo nueve casos. Sin embargo, en la administración socialcristiana hubo 32 ejecuciones extrajudiciales.
Tras dos años, el proceso penal por la muerte de Carlos Javier Vega Ipanaque y las heridas sufridas por Eduardo Velasco Ipanaque, ocurrido durante una operación militar en el sector de Barrio Cuba, en Guayaquil, se encuentra estancado.
El lunes 16 de marzo de 2026 se debía desarrollar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los principales sospechosos: los marinos Christian Alvarado Saltos y Gary Morejón Villalta. Sin embargo, la diligencia se suspendió, por segunda ocasión.
Los uniformados son procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. El caso se remonta al 2 de febrero de 2024, durante la ejecución de la operación denominada “Compromiso”, que fue llevada a cabo por personal del Grupo de Intervención Táctica (Gintac) de la Armada.
En este procedimiento, Carlos Vega perdió la vida tras recibir disparos por parte de militares. Durante la formulación de cargos inicial, el agente fiscal sostuvo que los elementos eran suficientes para deducir una imputación.
“Procedo a formular cargos por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado muerte”, señaló.
A pesar de la gravedad de los cargos, los procesados se encuentran con medidas cautelares no privativas de libertad, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad, debido a que acreditaron arraigos sociales y laborales. El tiempo continúa transcurriendo y aún no hay ninguna sentencia.
Hechos que alargan la lista
El caso de Javier Vega no es un hecho aislado, sino un caso que se suma a una lista de probables abusos de poder y ejecuciones judiciales, ocurridos a partir del 9 de enero de 2024, cuando el presidente, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción y reconoció un conflicto armado interno, en medio del plan de seguridad, denominado Fénix.
“Esta militarización de la seguridad pública está generando un contexto que facilita la comisión de violaciones de derechos humanos y que esas violaciones queden en la impunidad”, ha señalado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre este tema.
Según datos de la Fiscalía ecuatoriana, entre los años 2024 y 2025, las denuncias que involucran a agentes estatales por delitos de violación a los derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, se incrementaron.
Entre los hechos investigados se encuentra el caso del comunero Efraín Fuerez, asesinado por disparos de militares, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la protesta por la eliminación del subsidio al diésel.
Otro caso es el de Bryan Flores. El joven, de 28 años, fue asesinado por dos policías en el sector de Cotocollao, al norte de Quito, el 30 de septiembre de 2025.
Y otro caso sucedió el pasado 16 de marzo de 2026. El Ejército investiga a militares que, actuando fuera de su jurisdicción y sin autorización, participaron en la detención y posterior muerte de Bryan Ledesma Franco, en el cantón Milagro, provincia del Guayas.
La Fiscalía abrió un proceso por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, mientras el Ejército admitió que el operativo fue irregular.
Pero no es todo. También se han denunciado 51 desapariciones forzadas ocurridas en este periodo. En la mayoría de estos casos, las personas desaparecieron tras ser detenidas en operativos militares.
“Tenemos 51 víctimas de desaparición forzada registradas, principalmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos. Son barrios racializados, un sector rural y empobrecido”, reveló la relatora de la ONU, Carmen Villa Quintana.
Hechos similares, hace 40 años
Durante el periodo presidencial del socialcristiano León Febres Cordero (1984 – 1988), el Ecuador fue testigo dela ejecución de una política de Estado que ocasionó graves violaciones a los derechos humanos.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, en la administración de Febres Cordero se registraron 32 ejecuciones extrajudiciales. Muertes que no fueron accidentales. La Comisión determinó que fueron llevadas a cabo de forma premeditada bajo la fachada de supuestos enfrentamientos armados.
Uno de los casos más impactantes el del banquero Nahím Isaías, en 1985. De acuerdo con las investigaciones, los agentes que participaron en el operativo de rescate acabaron con la vida de los captores y del secuestrado.
La investigación de la Comisión muestra que hubo, además, nueve desapariciones forzadas durante esta administración de Febres Cordero. Entre los casos emblemáticos destaca el de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi.
Los menores de edad fueron detenidos por la Policía, en 1988. Tras ello, fueron torturados y desaparecidos en un evento calificado como crimen de Estado, debido a los esfuerzos institucionales por encubrir la verdad.
Otro caso desgarrador es el de Luis Alberto Vaca, quien permaneció recluido clandestinamente en el Batallón de Inteligencia Militar durante más de dos años. Mientras sus familiares y organismos internacionales preguntaban por él, las autoridades negaban sistemáticamente tenerlo en su poder.
Solo, tras la salida de Febres Cordero del poder, Vaca fue liberado cerca de su domicilio.
Debido a que estas acciones fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, la Comisión de la Verdad confirmó que en el gobierno de León Febres Cordero se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Edison Paucar
Decomisos llamativos, caída en detenciones, incidentes en operativos y cuestionamientos internacionales marcan la aplicación del estado de excepción en varias provincias del país.
El estado de excepción y el toque de queda decretados en Ecuador en marzo de 2026 están acompañados por una serie de operativos, incidentes y episodios registrados en distintos puntos del país.
A continuación, una cronología de los hechos ocurridos durante los primeros días de aplicación de estas medidas:
Días antes de la entrada en vigencia, autoridades anunciaron con al menos 14 días de anticipación la implementación del toque de queda en varias provincia
2 de marzo
El presidente Daniel Noboa adelantó en una entrevista la aplicación de la medida.
Sin embargo, fue el 13 de marzo cuando firmó el decreto que reforzó el estado de excepción y estableció la restricción de movilidad nocturna en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La disposición incluyó la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para ejecutar operativos de control.
15 de marzo
El 15 de marzo, a las 23:00, inició el toque de queda. Durante la primera jornada se reportaron 253 detenciones.
Hasta el 18 de marzo, el número de aprehensiones se redujo en 68,4%, al pasar de 253 casos a 80, según datos oficiales.
Además, únicamente tres personas fueron catalogadas como de “interés penal relevante”. Esto implica que el 99,4% de los detenidos no correspondían a objetivos de interés penal relevante, frente a un 0,6% que sí lo eran.
16 de marzo
En el marco de un operativo militar, una persona falleció. La Fiscalía informó que la víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar.
Posteriormente, las Fuerzas Armadas confirmaron que los uniformados involucrados actuaron sin autorización del mando superior y fuera de su jurisdicción asignada.
17 de marzo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Ecuador habría realizado un bombardeo en la zona fronteriza. Inicialmente, el Gobierno ecuatoriano negó el hecho.
Sin embargo, tras reuniones entre autoridades de ambos países, se confirmó que un artefacto explosivo encontrado en territorio colombiano provenía de una operación militar ecuatoriana ejecutada el 3 de marzo en el sector La Isla, en Sucumbíos.
La bomba no detonó y fue posteriormente neutralizada.
Ese mismo 17 de marzo, el presidente Daniel Noboa denunció una presunta vulneración de los controles fronterizos al señalar que la familia de Adolfo Macías, alias “Fito”, habría salido del país hacia Colombia durante el toque de queda.
Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los familiares no estaban siendo procesados, por lo que podían salir del país. Según explicó, la salida ocurrió cuando se anunciaron las operaciones contra el crimen organizado.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, un amplio despliegue de aproximadamente 100 efectivos entre policías y militares dejó más dudas que resultados.
Las fuerzas del orden ejecutaron al menos 15 allanamientos en la cooperativa Plan de Vivienda Municipal, en el marco del toque de queda vigente. Sin embargo, encontraron viviendas completamente vacías al momento de la intervención.
El comandante policial Álex Silva afirmó que las bandas delictivas estarían adoptando nuevas estrategias para evadir controles, como no permanecer en sus domicilios durante la noche.
19 de marzo
En la provincia de Imbabura, un mega operativo, enmarcado en la denominada “Estrategia 3D”, dejó como saldo el decomiso de 10 pares de calzado de distintas marcas que no contaban con documentación que respalde su ingreso o comercialización.
El procedimiento fue difundido inicialmente por la Policía Nacional, a través de la Zona 1, en sus redes sociales. Sin embargo, la publicación fue eliminada horas después, tras una avalancha de reacciones y comentarios críticos por parte de la ciudadanía.
Ese mismo día, en la provincia de Los Ríos, se registró el retiro de militares de un recinto que era utilizado como punto estratégico para operativos.
El hecho se originó tras un oficio emitido por la Cámara de Comercio de Quevedo el 16 de marzo, en el que se solicitó la devolución de las instalaciones del recinto ferial para ejecutar un proyecto de construcción.
El presidente Noboa cuestionó públicamente la salida de los uniformados y posteriormente anunció que los militares regresarían, para lo cual emitió un decreto que permite la requisición de bienes privados, como vehículos, maquinaria y equipos de comunicación, mientras dure el estado de excepción.
También el 19 de marzo, se reportaron cortes de energía eléctrica en distintos sectores del país, algunos de ellos por más de 14 horas.
El ministro del Interior confirmó que los apagones fueron ordenados como parte de los operativos de seguridad en las provincias con toque de queda.
Sin embargo, ciudadanos reportaron interrupciones del servicio en zonas donde no rige la restricción, como sectores de Pichincha. En varios casos, no se registró información oficial clara sobre las causas o el tiempo de restablecimiento del servicio.
20 de marzo
A nivel internacional, organismos de Naciones Unidas expresaron preocupación por posibles abusos, uso de la fuerza, detenciones y el marco legal aplicado durante el estado de excepción.
Entre los principales cuestionamientos, los relatores señalaron observaciones sobre la definición de terrorismo en el Código Integral Penal, advirtiendo que podría permitir aplicaciones arbitrarias.
También manifestaron preocupación por la Ley de Inteligencia, al considerar que carece de controles suficientes y podría vulnerar derechos relacionados con la privacidad.
Asimismo, los expertos indicaron que la delincuencia organizada y el terrorismo son fenómenos distintos y cuestionaron la aplicación del concepto de conflicto armado interno.
Además, alertaron sobre el uso prolongado de estados de excepción y la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Los pronunciamientos también incluyeron observaciones sobre el uso de la fuerza, la falta de mecanismos de control y los riesgos para derechos fundamentales en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano.
Mientras las medidas siguen en ejecución, los operativos continúan generando nuevos episodios en distintas zonas del país.
Por otro lado, en la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversiones de la SNGR, tan solo existen -por ahora- USD 6.507 comprometidos para esa institución en este año.
A pesar de que el invierno golpea con una fuerza a la mayoría de las 24 provincias del país y ya causó muertes, daños y miles de damnificados, el gasto devengado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en este 2026 alcanza apenas los USD 1,90 millones, el equivalente al 9% del presupuesto codificado, que asciende a USD 20,91 millones.
Lo paradójico es que el 77% del presupuesto devengado (USD 1.47 millones) hasta el 20 de marzo de 2026 de Gestión de Riesgos corresponde al rubro de egresos en personal (sueldos y salarios). Y, el resto, es decir, USD 430.000 está destinado a inversión, consumo y otros rubros, donde se incluye la asistencia social y la prevención.
En tanto, en la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversiones del Gobierno, tan solo existen USD 6.507 comprometidos para el proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante múltiples amenazas”, de la SNGR.
En tanto, el proyecto “Gestión Integral del Riesgo de Desastres para la Reducción de vulnerabilidades y atención de emergencia” no tiene ejecutado ni un solo centavo.
Las cifras disponibles en el Ministerio de Economía y Finanzas revelan -en definitiva- que, a pesar de la magnitud de la emergencia, el Estado apenas ha logrado movilizar una fracción mínima de los recursos destinados a la inversión y prevención de desastres.
Inacción
Mientras la ejecución presupuestaria es mínima, el impacto del invierno en 2026 ya ha cobrado 14 vidas y afectado a 73.693 personas a escala nacional. Según el Informe de Situación No. 56, la SNGR admite que existe una “intensificación acelerada del escenario de riesgo a escala nacional, reflejada en el incremento del 56% en la ocurrencia de eventos en los últimos 12 días y un aumento del 154% en el impacto a la población”.
Las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja, Santa Elena y Chimborazo concentran el mayor impacto. En Guayas, la provincia más golpeada, se registran 32.114 personas impactadas en 350 eventos adversos.
Infraestructura afectada
Los daños también alcanzan los bienes inmuebles. El último reporte oficial de Gestión de Riesgos contabiliza 32 puentes destruidos y 37 puentes afectados. Además, el invierno ha dejado 112 viviendas destruidas y otras 18.279 con afectaciones parciales.
La red vial estatal también se desmorona. Se reportan 45,24 kilómetros de vías afectadas.
A pesar de los pocos recursos destinados para inversión y proyectos, hasta el momento, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha entregado 32.269 bienes de asistencia, una cifra que palidece frente a las necesidades de las más de 18.000 familias afectadas en todo el territorio.
Emergencia nacional
Ante la gravedad de la situación, el 12 de marzo de 2026, la SNGR emitió la Resolución No. SNGR-48-2026, mediante la cual modificó la Declaratoria de Emergencia Regional a Declaratoria de Emergencia Nacional por un plazo de 60 días.
El documento oficial justifica esta medida debido a la “afectación generalizada en el territorio, registrándose impactos en el 100% de las provincias y en el 85,58% de los cantones”.
La holding estatal Celec admitió además que, bajo su gestión, sería técnicamente imposible cumplir con la fecha de entrada en operación fijada originalmente para el año 2028.
El pasado 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) firmó el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-VEER-2026-0002-AM en el que se autoriza el inicio del Proceso Público de Selección (PPS) al sector privado para el ambicioso “Proyecto Bloque de Ciclo Combinado I – 400 MW”.
Pero en los considerandos del documento se revela una cruda realidad: el Estado ecuatoriano carece de la fuerza técnica y financiera para desarrollar ese tipo de proyectos.
Así, las empresas eléctricas estatales del país como la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro señalaron que no tienen la capacidad para gestionar la tecnología de ciclo combinado, un proyecto que ya carga con el estigma del fracaso tras una licitación fallida en 2023.
Para justificar la entrega de este bloque estratégico a la empresa privada, el ministerio solicitó informes a las operadoras estatales sobre su “capacidad real” para ejecutar la obra.
Las respuestas fueron realistas:
Elecaustro, en su informe del 20 de febrero de 2026, reconoció de forma textual que “no cuenta actualmente con experiencia directa en el desarrollo, estructuración y operación de proyectos de generación en ciclo combinado de gran escala”.
La institución fue más allá al advertir que asumir un reto de 400 MW exigiría una reestructuración total y asistencia externa, lo cual generaría “tiempos adicionales de preparación institucional, incompatibles con los plazos previstos en el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032”.
Por su parte, Celec emitió un diagnóstico el 24 de febrero de 2026. La corporación concluyó que “los recursos técnicos y administrativos con los que cuenta la corporación son insuficientes para afrontar un proyecto de alta complejidad como un Ciclo Combinado de 400 MW”.
Celec admitió además que, bajo su gestión, sería técnicamente imposible cumplir con la fecha de entrada en operación fijada originalmente para el año 2028.
Un vacío de experiencia que amenaza la estabilidad
El análisis técnico conjunto de las subsecretarías de Planificación y Generación del MAE, emitido el 27 de febrero de 2026, señala que, si bien el sector público conoce la generación térmica convencional, “existe un vacío de experiencia comprobada en la integración y despacho de ciclos combinados… lo que representa un riesgo técnico crítico para la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI)”.
El documento resume el panorama: “no se evidencia que Celec ni Elecaustro cuenten, al momento, con la capacidad integral necesaria para garantizar la ejecución del proyecto dentro de los plazos y montos previstos”.
Esta “falta de recursos” es la que obliga al Estado a declarar la excepcionalidad y buscar desesperadamente un inversionista privado que asuma el 100% de la inversión, estimada ahora en USD 833 millones.
Un proceso que ya fracasó
En 2023, el país ya intentó licitar este mismo bloque por USD 600 millones, pero el proceso falló.
En aquel entonces, factores externos e internos conjuraron contra el proyecto.
El exministro de Energía, Fernando Santos, señaló que el alto riesgo país de Ecuador ahuyentó a los interesados, ya que la “tarifa propuesta de USD 0,08 por kilovatio por hora se quedó corta” frente a la incertidumbre económica.
Además, la inestabilidad política y declaraciones sobre posibles cambios en el sistema monetario provocaron un “nerviosismo en el mercado internacional” que terminó por sepultar el interés de empresas serias, como la italiana Ansaldo.
Hoy, fuentes del sector eléctrico ven con escepticismo este relanzamiento. Algunos expertos califican el anuncio como “pura propaganda” para “aparentar buenas noticias” frente a la crisis de otras centrales eléctricas. Argumentan que el problema de fondo sigue intacto: Ecuador no tiene gas natural suficiente y el inversionista debe construir, desde cero, una costosa infraestructura de importación.
Y el desafío, el gas natural
El éxito de la central de Ciclo Combinado depende enteramente del combustible. Sin embargo, Ecuador es hoy un “productor marginal” de gas natural.
El campo Amistad apenas produce 17,7 millones de pies cúbicos por día, una cifra insuficiente incluso para la planta Termogas Machala, que requiere al menos 60 millones para funcionar a plena capacidad.
La nueva planta de 400 MW necesitará otros 35 a 60 millones de pies cúbicos diarios.
Por ello, la resolución MAE-VEER-2026-0002-AM impone al inversionista privado no solo la construcción de la central, sino de toda la cadena de suministro de gas natural importado. Esto incluye terminales de recepción, almacenamiento, gasoductos y hasta el uso de buques especializados (FSRU) en la costa ecuatoriana.
Un cronograma contra el tiempo
A pesar de la confesión de incapacidad estatal y los obstáculos técnicos, el Gobierno ha trazado una hoja de ruta agresiva:
Marzo – Abril 2026: Recepción de solicitudes de precalificación.
Junio – Noviembre 2026: Recepción de ofertas técnicas y económicas.
Marzo 2027: Adjudicación del proyecto.
Año 2031: Inicio proyectado de generación de energía, tras cuatro años de construcción.
El Estado intenta ofrecer garantías adicionales, como la creación de fideicomisos en las empresas distribuidoras para asegurar el pago de la tarifa eléctrica a los privados.
El acuerdo comercial impulsado por Washington genera respaldo en el sector agrícola estadounidense, pero en Ecuador se advierte un escenario de pérdidas estructurales para su comercio exterior.
Mientras gremios del sector lácteo estadounidense celebran la apertura del mercado ecuatoriano, gracias al Acuerdo de Comercio Recíproco firmado, se advierte que el país enfrenta un escenario desfavorable, marcado por la imposición de sobretasas a sus exportaciones.
Desde Estados Unidos, organizaciones como la Federación Nacional de Productores de Leche (Nmpf), el Consejo de Exportación de Lácteos (Usdec) y la Red Agrícola Estadounidense destacaron el acuerdo como un avance estratégico para ampliar su presencia en Ecuador, un mercado de más de 18 millones de consumidores.
“El equipo comercial de Estados Unidos ha conseguido otra victoria para los productores lecheros”, señaló Gregg Doud, presidente de la NMPF, al referirse al acceso logrado para productos como quesos e ingredientes lácteos, que ahora enfrentan menos restricciones para ingresar al país.
En la misma línea, el Usdec subrayó que el acuerdo establece condiciones más favorables -especialmente en el ámbito no arancelario- que permitirán a las exportaciones estadounidenses crecer sostenidamente en el mercado ecuatoriano.
Sin embargo, la lectura en Ecuador es distinta.
El economista Alberto Acosta-Burneo cuestionó el balance del acuerdo y planteó que el país enfrenta una disyuntiva sin beneficios claros.
“Productores de lácteos de EE.UU. aplauden a Trump por abrirles el mercado ecuatoriano… ¿Qué recibimos a cambio? Sobretasas para el 47% de nuestras exportaciones”, apuntó.
Días atrás, Burneo había señalado que el acuerdo es un “animal único”: en lugar de que ambos países abran sus mercados, Estados Unidos restringe el suyo mientras Ecuador abre el propio.
El señalamiento apunta a una asimetría estructural en las condiciones del acuerdo, donde Estados Unidos logra ampliar el acceso a su oferta exportable -especialmente en sectores sensibles como el lácteo-, mientras Ecuador enfrenta restricciones al 47% de exportaciones que afectan directamente su competitividad en mercados internacionales.
Además, la eliminación de barreras para productos agrícolas estadounidenses podría generar presión sobre los productores locales, quienes deberán competir con importaciones que cuentan con mayores niveles de subsidio y escala productiva.
El debate se instala en un momento clave, cuando el acuerdo aún debe atravesar instancias institucionales en Ecuador.
.gif)
