En la red X, donde la conflictividad es la regla, hay posteos presidenciales que no tienen ni un comentario positivo.

En los siete días comprendidos entre el último 30 de junio y el 6 de julio último, la Presidencia de la República gastó USD 2.500 en publicidad de la Red Meta, (Facebook e Instagram).

Dicha cantidad representa una inversión de USD 357 al día en promoción de un solo video posteado en la cuenta personal del Mandatario relativo a la entrega de créditos y becas.

Ese solo dato muestra el interés creciente del Gobierno en cuanto al posicionamiento presidencial en esa red, en desmedro de la Red X, históricamente mucho más crítica en contenidos de orden político.

Y es que justamente en la Red X, el apoyo al presidente Daniel Noboa parece haberse esfumado.

Cabe recordar que en una última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, (CIESS) se visibilizó una caída de los indicadores de aprobación de la gestión presidencial, que se ubicaría en un 26%, 11% menos que al inicio de año.

Noboa bajó dos puntos porcentuales en su calificación desde enero a junio de 2026. Y ese nuevo momento aparece de cuerpo entero en la Red X, veamos otros ejemplos:

El más claro ejemplo de este ambiente se encuentra en el posteo: “Escuchar y atender la historia”, publicado en la cuenta oficial de la Presidencia de la República a las 17h51 del 7 de julio de 2026. Tiene 49 comentarios, 69 reposteos, 210 me gusta y 11.200 visualizaciones, a las 14:00 del pasado 9 de julio de 2026.

En definitiva, al momento de realizar el análisis en dicho posteo no había ¡ni un solo comentario positivo! entre los 49 con los que contaba esa publicación. Ni uno solo.

Algo más reciente, exactamente el 9 de julio último, el posteo relativo a la baja de los combustibles, una de las últimas decisiones gubernamentales. La publicación en la red X tuvo 64 comentarios, 2026 reposteos, 291 likes y 2.200 visualizaciones. De los 64 comentarios, apenas son 10 positivos, incluyendo uno de la asambleísta Rosie Torres.

El ánimo, sin duda cambió de forma considerable en esta red social, aunque al principio, para noviembre de 2023, los negativos prácticamente no existían. Basta revisar esta publicación:

Para el exsecretario de Comunicación, Andrés Seminario, priorizar la pauta en META es una estrategia lógica. “¿Finalmente dónde están las audiencias?”, sostuvo el comunicador.

Por otro lado, para el director de usuarios digitales, Alfredo Velazco, publicó un listado de medios que mantienen prácticas inauténticas y se han convertido en cajas de resonancia de la actual administración.

Los encargados de la cartera de Salud por lo general, antes de asumir el cargo, eran gerentes de hospitales y clínicas. Juan Carlos Aveiga no es la excepción.

La designación de Juan Carlos Aveiga Parra como ministro de Salud confirma que, para el actual Presidente, esta cartera debe estar en manos de altos gerentes de clínicas privadas.

La visión empresarial, un eje constante en los nombramientos de Noboa, podría haber provocado una rotación superior a la de otras carteras.

Los últimos siete ministros que pasaron por ese despacho permanecieron en el cargo un promedio de apenas casi cuatro meses.

El funcionario que más tiempo resistió fue Manuel Antonio Naranjo, quien estuvo 233 días en el puesto entre junio de 2024 y febrero de 2025.

Se trata de una cartera “caliente” en la que pronto saltan a la vista las relaciones con exproveedores del Estado.

Juan Carlos Aveiga Parra proviene de la dirección médica del Hospital Alcívar, una casa de salud a la que fue trasladado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para una intervención quirúrgica.

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que Alvarez no se quiso operar, a pesar de que el alcalde claramente no había dado su autorización.

Por su parte, el abogado Jaime Chuchuca informó en sus redes sociales que, horas antes de ser nombrado ministro, Aveiga se “deshizo” de sus acciones para poder asumir el cargo.

Según la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en concordancia con la Constitución de la República, un proveedor vigente del Estado no puede ser funcionario público y, menos aún, ministro.

Asimismo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece, en su artículo 62, esta inhabilidad para las “máximas autoridades de las entidades contratantes, ministros (…) dignatarios, funcionarios y servidores públicos”.

Aveiga no es el primero; los casos de Manuel Antonio Naranjo, Franklin Encalada y Édgar Lama coinciden en ese punto.

Cirujanos y empresarios

El primer ministro de la administración de Daniel Noboa fue Franklin Encalada, quien desde 2008 formaba parte del staff de médicos del Hospital Clínica San Francisco de Guayaquil, actividad que alternaba con la docencia.

Manuel Antonio Naranjo, el segundo ministro, representa quizás el caso más corporativo junto al de Lama. Su carrera ha estado volcada por completo a la gerencia hospitalaria privada: fue gerente general de Hospifuturo S.A. (Axxis Hospital), gerente fundador de Axxis Materno Infantil y presidente de firmas como Medirecreo, entre otros cargos.

Por su parte, Jimmy Martin construyó su trayectoria en el sector privado y fundacional. Fue jefe de Investigación Hospitalaria de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

En tanto, Édgar Lama asumió el cargo tras haber sido asambleísta suplente y director del IESS. Lama enfrentó una glosa de USD 3.75 millones emitida por la Contraloría General del Estado contra el IESS por pagos indebidos a las empresas Teoton y Alboteoton, vinculadas con su familia.

De los ocho ministros nombrados, solo Jaime Bernabé y Juan Bernardo Sánchez no tenían un perfil privado, pues ambos provenían del sector público. En cambio, María José Pinto llegó desde el sector empresarial y textil.

El encargo político, fruto de la derrota electoral de noviembre de 2025, simplemente no funcionó; basta recordar su ofrecimiento de solucionar el desabastecimiento de medicinas para agosto de 2026.

A pocos días antes de arrancar ese mes clave, su promesa se convirtió en uno de más de tantos ofrecimientos vacíos.

El aumento de homicidios, la presencia de explosivos militares y la reincidencia delictiva reflejan el deterioro de la seguridad en uno de los distritos más poblados de la ciudad.

El norte de Quito atraviesa su momento más oscuro. Lo que antes eran cifras aisladas de criminalidad se han transformado en una espiral de sangre que ha posicionado al 2026 como el año más violento en la historia reciente del Distrito La Delicia.

Un sector que está compuesto por barrios y áreas como El Condado, El Mirador, Ponciano, Pisullí, La Roldós, Carcelén, Comité del Pueblo, La Bota, Cotocollao y 23 de Mayo.

Según los datos estadísticos, la cifra de homicidios escaló de apenas cuatro casos registrados, de enero a mayo de 2017, a un récord alarmante de 24 homicidios intencionales en el mismo periodos de 2026.

Uno de los últimos casos de violencia en el norte de la capital ocurrió la mañana del 1 de julio de 2026. Adriana Sáenz, una profesora de Cultura Física, fue asesinada mientras se dirigía a su trabajo en el sector de La Roldós.

El crimen, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, reveló la frialdad de los atacantes. Según los reportes policiales, los sospechosos engañaron a la docente simulando la entrega de un ramo de flores para luego dispararle a quemarropa.

El análisis detallado de los homicidios en 2026 muestra una distribución crítica en diversos circuitos del distrito. Entre los puntos más conflictivos se encuentran:

• La Roldós: Escenario del asesinato de la docente y otros ataques letales.
• Ponciano y La Bota: Registran múltiples crímenes, incluyendo casos de víctimas jóvenes de entre 20 y 26 años.
• Colinas del Norte y El Mirador: Sectores donde la violencia no da tregua, con homicidios registrados incluso en los primeros días del año.

Granadas en las calles

Dentro de la escalada de violencia que azota al Distrito La Delicia, uno de los eventos más alarmantes del 2026 fue el hallazgo de explosivos militares. Objetos que estaban destinados a un ataque en un espacio de concurrencia masiva.

El 29 de junio de 2026, una persecución policial iniciada en el sector del mercado Santa María, de La Ofelia, culminó con la captura de tres sujetos. Aquí además se incautaron tres granadas de mano de uso militar, revelando un presunto plan para atentar contra un restaurante de comida rápida.

El operativo comenzó cuando agentes en patrullaje divisaron a dos ciudadanos, Jonathan Chillagana Guerrero y Richard Chacón Contreras, movilizándose en una motocicleta azul sin placas. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida, despojándose de un bolso durante la carrera. Tras ser interceptados, la Policía recuperó el objeto, confirmando que contenía un artefacto explosivo tipo granada.

En su declaración durante la audiencia de calificación de flagrancia, el procesado Richard Chacón reveló parte del plan criminal. “Íbamos al KFC de Carcelén Alto, a entregarle a él (un sujeto apodado alias ‘Noti’)”. Según el implicado, realizaba el traslado bajo la fachada de un servicio de “delivery” por el cual recibiría un pago de apenas USD 3.

Granadas de uso militar en zonas residenciales

La investigación no terminó con la detención en La Ofelia. Gracias a la información proporcionada por Chacón, las autoridades se trasladaron al sector de La Comuna, donde allanaron una vivienda de dos plantas. En la terraza del inmueble, dentro de una maleta celeste y envueltas en prendas de vestir, se hallaron dos granadas adicionales. Y se detuvo a un tercer implicado, el colombiano Jhon Jairo Sinisterra Rodríguez.

Los informes técnicos de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fueron contundentes sobre el peligro de estos artefactos. El informe de verificación técnica señaló que los objetos “reúnen todas las características de un aparato explosivo” y, tras realizar detonaciones controladas, se confirmó que eran de uso militar.

Atentados terroristas en Quito

Para la justicia ecuatoriana, este hecho no fue un incidente aislado de delincuencia común. La jueza, encargada del caso, subrayó la gravedad del hallazgo al vincularlo con la situación crítica de la capital.

Durante la resolución, la magistrada afirmó que la ciudad de Quito es víctima de “atentados terroristas”. Además, destacó la letalidad del armamento incautado, señalando que la granada que portaban los sujetos en la motocicleta estaba cargada y lista para actuar, con capacidad de causar daño en un perímetro de entre 30 y 50 metros.

Ante la contundencia de los hechos, la jueza ordenó la prisión preventiva para Chacón, enfatizando la necesidad de “llegar al fondo de qué es lo que se está fraguando en esta ciudad”.

Un dato que agrava la percepción de inseguridad es la presencia de nombres recurrentes en el sistema judicial. Jonathan Chillagana Guerrero, el otro procesado por las granadas, tiene historial delictivo: en julio de 2023 fue procesado por el robo con violencia de un celular a una menor de 12 años. Un caso que terminó en una conciliación y su posterior libertad.

Así, con un incremento del 500% en los homicidios cometidos en La Delicia, al comparar las cifras de 2017 y 2026 (de 4 a 24 casos), el distrito se ha convertido en el epicentro de una crisis de seguridad que desafía la paz de la capital ecuatoriana.

Argentina vs. Inglaterra y España vs. Francia serán las semifinales del Mundial 2026.

Argentina tuvo que esperar hasta el segundo suplementario para llevarse la victoria ante Suiza por 3 a 1 y de esa forma consiguió su pase a la semifinal en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con goles de Mac Allister en el primer tiempo, Álvarez y Lautaro Martínez en los tiempos extras, alcanzó la victoria ante los helvéticos que, por su parte, descontaron con Ndayé en el segundo tiempo regular.

Ahora su rival será Inglaterra.

La clave fue el segundo gol albiceleste. Julián Álvarez consiguió la ventaja con un remate desde el borde izquierdo del área suiza en el minuto 120, uno de los mejores goles de la Copa Mundo.
Suiza fue un rival complejo y eso que al 72 los helvéticos se quedaron con un hombre menos.

A partir de ese instante, un cotejo regular se convirtió en un epicentro de polémicas. La doble amarilla al delantero suizo Mbolo por parte del árbitro portugués Pinheiro por simulación fue discutida largamente.

Otro gol de cabeza

En el primer tiempo, la escuadra albiceleste se llevó la victoria parcial uno por cero, tras un certero cabezazo al minuto 9 del partido por Mac Allister. Las acciones fueron favorables a los albicelestes en esta etapa. Los actuales campeones del mundo controlaron el partido casi sin inconvenientes.

Para el segundo tiempo hasta antes de la jugada polémica, Argentina había cedido el control del partido en especial por la franja izquierda, hasta que llegó el empate temporal. De allí en adelante, Argentina logró controlar las acciones, pero y a pesar del hombre adicional, los goles llegaron en los suplementarios.

Juan Cabezas

A pocos meses de las elecciones seccionales, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos penales por presunta comercialización ilegal de combustible, lavado de activos e incumplimiento de decisiones de autoridad. Actualmente acumula tres órdenes de prisión preventiva y dos llamados a juicio causas simultáneas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, atraviesa el momento más crítico de su gestión pública al enfrentar un triple frente judicial que lo mantiene recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Actualmente, el funcionario acumula tres órdenes de prisión preventiva por los casos denominados Triple A, Goleada y Grillete, procesos que avanzan de forma simultánea en distintas etapas procesales.

Caso Triple A: presunta comercialización ilegal de combustible

El proceso más avanzado es el caso Triple A, en el cual Alvarez es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de productos derivados de petróleo. La teoría de la Fiscalía sostiene que empresas vinculadas al alcalde y su familia habrían desviado combustible subsidiado, generando un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 61,5 millones.

Debido a estas acciones, el alcalde y otros 22 procesados (16 personas naturales y 6 jurídicas) son investigados bajo el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

El proceso no solo recae sobre el burgomaestre. Entre los llamados a juicio también figuran sus hermanos, Xavier y Antonio Alvarez, además de sus primos Andrés y Fernando Viteri.

En el caso específico de Aquiles Alvarez, su situación cambió el pasado 8 de marzo de 2026. En esa fecha, el Tribunal de Garantías Penales acogió el pedido de la fiscal Ruth Amoroso para sustituir sus medidas cautelares por la prisión preventiva.

Esta decisión se fundamentó en acusaciones de presuntas irregularidades en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que el funcionario debía portar. Desde el 9 de marzo, Alvarez permanece en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Cronograma del juicio

La fase de juzgamiento, que se inició formalmente en marzo, avanza con la presentación de la carga probatoria de la Fiscalía. Durante los primeros días de audiencia, la entidad presentó las siguientes pruebas para sustentar su acusación:

• 110 pruebas documentales
• 24 testimonios

Tras una breve pausa, el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, convocaron a la reinstalación de la audiencia de juicio. Las diligencias se llevarán a cabo de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito durante los días 18, 19, 24, 25 y 26 de julio de 2026.

En estas fechas, se espera que continúe el desahogo de pruebas que determinará la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil en este supuesto esquema de comercialización ilegal.

Caso Goleada: presunto lavado de activos y nueva prisión preventiva

Simultáneamente, Alvarez enfrenta el caso Goleada, donde se investiga el presunto delito de lavado de activos que involucra a 26 personas naturales y jurídicas. El pasado 6 de julio de 2026, el juez Jairo García dictó una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde y sus hermanos, Antonio y Xavier Alvarez.

La decisión del magistrado se fundamentó en la aparición de nuevos elementos societarios y patrimoniales recabados durante la instrucción fiscal, los cuales aumentarían el riesgo de que los procesados puedan obstaculizar el curso normal del proceso.

Para el alcalde de Guayaquil, esta representa su tercera orden de prisión vigente, la cuál también cumple en la cárcel del Encuentro. En el caso del lavado de activos, la normativa establece que la prisión preventiva puede extenderse hasta por un año.

Apelaciones y cronograma procesal

Ante la resolución judicial, la defensa de los hermanos Alvarez presentó un recurso de apelación el 8 de julio, argumentando que la medida es susceptible de revisión y cuestionando que la solicitud de la Fiscalía se dio en la fase final de la instrucción fiscal. Mientras se resuelve este recurso en la Corte Provincial, la Policía Judicial solicitó aclaraciones al juez sobre la localización y captura de Antonio y Xavier Alvarez, quienes no se encuentran detenidos hasta el momento.

El caso Goleada se encamina ahora a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El magistrado fijó los días 16 y 17 de julio de 2026 para la instalación de esta diligencia, la cual se desarrollará de manera virtual. En esta instancia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio contra los 26 implicados para determinar si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.

Esta causa judicial inició el 10 de febrero de 2026, tras una serie de allanamientos a los domicilios de los investigados. Inicialmente, los hermanos Alvarez ya recibieron una orden de prisión preventiva el 11 de febrero, pero fue revocada el 2 de abril por un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, permitiendo que Antonio y Xavier recuperaran su libertad en ese entonces.

El Caso Grillete: presunto incumplimiento de decisiones de autoridad

El tercer proceso, conocido como caso Grillete, llevó a que una jueza de Samborondón llamara a juicio a Alvarez el pasado 1 de julio. Se le acusa de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad tras haber sido encontrado sin el dispositivo de vigilancia electrónica durante un allanamiento en su domicilio.

La investigación penal tuvo su génesis el 10 de febrero de 2026. En esa fecha, mientras agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaban un allanamiento en el domicilio del alcalde por una causa distinta (el caso Goleada), se identificó que Alvarez no portaba el dispositivo electrónico. Según los informes oficiales, el grillete fue encontrado tirado en el piso de su dormitorio.

Ante este hallazgo, la Fiscalía inició una instrucción fiscal basándose en que el burgomaestre se habría retirado el aparato sin contar con la debida autorización judicial.

Pruebas contra Aquiles Alvarez en este caso

Para sustentar el llamado a juicio, la fiscal Lisset Barragán presentó un conjunto de 25 elementos de convicción ante la justicia. Entre las pruebas se encuentran:

• Manipulación técnica: una pericia al dispositivo electrónico determinó la ausencia de un tornillo de seguridad. Según la Fiscalía, esta alteración física habría impedido que el sistema generara las alertas automáticas de “pulsera quitada” al momento de ser removida.
• Alertas del SNAI: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) registró un total de 33 alertas relacionadas con irregularidades en el funcionamiento del dispositivo de Alvarez.
• Testimonios y pericias: se incluyeron partes policiales del operativo del 10 de febrero, pericias de audio y video, y el reconocimiento del lugar de los hechos.

Entre tanto, la defensa del alcalde de Guayaquil cuestionó la validez legal de la resolución, denunciando que la magistrada admitió elementos cuya utilización como prueba está “expresamente prohibida” por la normativa procesal penal.

A través de un comunicado oficial, los defensores de Alvarez señalaron que la resolución judicial carece de un análisis autónomo y motivado, limitándose a recoger la tesis de la Fiscalía sin responder a los argumentos de descargo presentados por la defensa. Para los abogados, resulta “jurídicamente grave” que el proceso avance hacia la etapa de juicio basándose en elementos que no debieron superar la audiencia preparatoria por ser contrarios a la ley.

Situación procesal actual

El 1 de julio de 2026, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karen Alarcón Macías —quien reemplazaba a la magistrada Andrea Ordóñez—, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó el auto de llamamiento a juicio contra el alcalde.

Actualmente, Alvarez cumple una orden de prisión preventiva por este caso, la cual fue dictada el 16 de marzo de 2026 por el juez Ítalo Alonso Zambrano Reyna y tiene una vigencia establecida de seis meses.

Crisis de salud en medio del encierro

Este panorama jurídico coincide con un deterioro en la salud del alcalde, cuya defensa asegura que ha perdido 65 libras desde su detención inicial en febrero. El pasado 8 de julio, Alvarez fue trasladado de emergencia en helicóptero a una clínica privada en Guayaquil debido a cálculos en la vesícula.

Sin embargo, el funcionario retornó a la cárcel el mismo día. Su defensa explicó que Alvarez optó por una intervención programada con sus médicos de confianza, denunciando que el traslado inicial se realizó sin su consentimiento y que se le negaron exámenes adicionales para descartar otras dolencias como hipertensión y pérdida acelerada de peso.

“¿Qué enfermedades nos hemos inventado?”: defensa de Aquiles Alvarez desmiente al Gobierno y asegura que se negaron exámenes médicos

Según el presidente del organismo electoral-CNE, la normativa cumple con los requisitos establecidos en la normativa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó ayer, la entrega de formularios para la recolección de firmas que respalden la iniciativa del Día Nacional de la Oración en Ecuador.

El presidente del CNE, José Cabrera, señaló que la solicitud, cumple con los requisitos establecidos en la normativa sobre mecanismos de democracia directa, por lo que votó a favor de iniciar la fase de recolección de apoyos.

La propuesta deberá reunir el respaldo del 0,25 % del registro electoral utilizado en los últimos comicios nacionales, equivalente a más de 34.000 firmas, para ser tratada por la Asamblea Nacional.

“Establecer un Día Nacional de la Oración brindaría un espacio valioso para que los ecuatorianos, desde sus diversas creencias y convicciones, puedan unirse en un clamor por la paz, la justicia, la reconciliación y la protección divina”.

La única abstención fue de la consejera Elena Nájera, quien sostuvo que Ecuador enfrenta problemas más urgentes, como la inseguridad, la crisis económica y el desempleo, y cuestionó que se impulse una iniciativa de este tipo.

Los procesos de revocatoria del mandato deben ser respondidos por el organismo electoral, tanto el 17 como el 28 de este mes.

El artículo 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado laico, lo que significa que es independiente de toda religión y no debe adoptar credos oficiales.