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El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este 24 de abril de 2026 no autorizar el enjuiciamiento penal de la legisladora oficialista Diana Jácome (ADN). Paralelamente, la institución permitió que expirara el plazo legal para tratar la situación de la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, lo que derivó en el levantamiento automático de su inmunidad parlamentaria.

Bloqueo al enjuiciamiento de Diana Jácome

Durante la Sesión 088, realizada en modalidad virtual, la moción para autorizar el proceso penal contra Jácome —derivado de una querella por calumnias de Juan Andrés González— obtuvo únicamente 54 votos a favor, frente a 84 votos en contra y tres abstenciones. Al no alcanzar los 101 votos requeridos por la ley, la solicitud de la Corte Nacional de Justicia fue rechazada.

Esta votación fue impulsada por el asambleísta de ADN, Isaac Solano, en lo que se calificó como una “estrategia evidente”, ya que se mocionó la aprobación sabiendo que no existían los votos suficientes para dar paso al trámite judicial, asegurando así la protección de la legisladora oficialista.

El “silencio administrativo” contra Mónica Palacios

En contraste con el caso de Jácome, el Pleno omitió tratar el pedido de levantamiento de inmunidad de Mónica Palacios, cuyo plazo vencía este mismo viernes 24 de abril. Al no existir un pronunciamiento expreso del Legislativo en un periodo de 30 días, se activó el mecanismo de “silencio administrativo” previsto en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), dándose la autorización judicial por concedida automáticamente.

Palacios calificó este hecho como una “persecución política” y denunció que se le privó del derecho a que el Pleno decidiera sobre su situación, tal como establece la Constitución. La sesión fue dirigida por la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno.

El precedente de Juan Andrés González y la postura de Niels Olsen

Esta metodología administrativa repite la maniobra utilizada el pasado 9 de marzo contra Juan Andrés González (RC), jefe de la bancada de la oposición, quien también perdió su inmunidad debido a que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, decidió suspender el tratamiento del pedido en el Pleno.

En aquel momento, Olsen defendió su postura a través de un video, sentenciando que “la inmunidad no es impunidad” y asegurando que los asambleístas deben responder ante la justicia como cualquier ciudadano.

Sin embargo, la crítica de la RC surge al observar que el oficialismo asegura una votación en el Pleno para proteger a sus aliados (donde la falta de votos garantiza la inmunidad), mientras que para la oposición se recurre a dejar vencer los plazos para que la protección parlamentaria caiga sin debate previo.

Flor Ramírez, comerciante de piñas y naranjas, llega al mercado a medianoche y señala que la mayor actividad se concentra entre la noche y la madrugada, cuando arriban proveedores desde otras provincias, así como compradores de mercados minoristas, kioscos, restaurantes y otros negocios.

“Sí nos afecta. Podríamos quedarnos con la carga, además del riesgo que implica. Es necesario un salvoconducto”, afirmó.

Martha Obando, quien vende plátanos, indicó que la medida representará un golpe para la economía del sector, que ya venía afectada.

“No sé qué planes tienen, pero están equivocados y esto va a afectar tanto a los mercados mayoristas como a los minoristas”, señaló.

Por su parte, Silvia Celi, comerciante de cítricos, explicó que su jornada inicia a las 00:00 y que el mayor flujo de clientes se extiende hasta las 05:00, por lo que el escenario resulta incierto durante los 15 días que durará la restricción.

El mercado Mayorista opera los siete días de la semana, las 24 horas, con la participación de comerciantes, prestadores de servicios, transporte pesado, taxis y camionetas.

Martha Telpi, gerente de operaciones del mercado, informó que este jueves 24 de abril de 2026 se buscará establecer un diálogo con el Gobierno para que los comerciantes puedan acceder a salvoconductos, al tratarse de la movilización de productos de primera necesidad.

Telpi indicó que se analizan medidas como:

• Revisión de horarios de carga y descarga
• Ajustes en los horarios de ingreso de usuarios
• Coordinación con comerciantes
• Articulación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional para reforzar la seguridad

La funcionaria advirtió que el toque de queda podría generar congestión vehicular y aglomeraciones, ya que los clientes tendrían que ingresar después de las 05:00.

“Todavía no está definido el cierre durante las seis horas de la medida. Vamos a plantear la situación del mercado, porque afectaría a 1.435 familias, sus negocios y a los usuarios que compran al por mayor”, indicó.

Telpi recordó que ni siquiera durante la pandemia se cerró el mercado, ya que se coordinó con la Policía para permitir el ingreso de camiones con alimentos y garantizar el abastecimiento.

“El Mayorista es el principal proveedor de mercados en Quito. El 51 % de los productos se distribuye a otros mercados y a la ciudadanía en general”, añadió.

En caso de no obtener salvoconductos, la central de abastos deberá coordinar con los comerciantes nuevos horarios de operación, que podrían extenderse solo hasta las 22:00.

Diversos colectivos sociales y activistas buscan dar un primer paso hacia un proceso de revocatoria del mandato de Daniel Noboa.

La iniciativa se plasmará en un encuentro convocado para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en Quito.

La convocatoria, que circula en redes sociales sin una firma formal de organizaciones sociales, propone la creación de la denominada “Plataforma Unificada para la Revocatoria del Mandato al Binomio Noboa/Pinto”.

Entre quienes promueven el encuentro figura el abogado Washington Andrade, quien difundió el llamado a través de su cuenta en la red social X.

Según el documento compartido, la reunión contempla un orden del día que incluye la constitución de la plataforma, la designación de sus coordinadores y la presentación de una aplicación digital denominada “Revoca EC”, orientada a canalizar el proceso.

¿Qué implica la revocatoria?

La revocatoria es un mecanismo de participación ciudadana reconocido en la Constitución ecuatoriana y regulado por el Código de la Democracia.

El artículo 105 de la Carta Magna establece que todas las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser removidas por decisión ciudadana mediante este procedimiento.

En el caso específico del Ejecutivo, se exige el respaldo de al menos el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral para activar el proceso.

Además, existe una condición temporal: el mandatario debe haber cumplido un año en funciones desde su posesión ante la Asamblea Nacional.

Para el actual binomio presidencial, ese plazo se alcanzará el próximo 24 de mayo de 2026, lo que abre la puerta -en términos legales- a la eventual activación de una solicitud de revocatoria.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en una fase incipiente y organizativa. El encuentro previsto en Quito será clave para determinar si los sectores convocantes logran articular una estructura común y dar viabilidad política a este mecanismo constitucional.

Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro celebra lo que denomina el fin de la sujeción de su país a las “condiciones onerosas” del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador sigue consolidando su posición como uno de los países más endeudados con el organismo multilateral, solo por debajo de Argentina, cuyas obligaciones superan los USD 57.250 millones, el 8,3% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Gustavo Petro anunció -el 22 de abril de 2026- que Colombia pagó la totalidad de una deuda de USD 5.400 millones adquirida en 2020 durante el Gobierno de Iván Duque, de derecha.

Esta línea de crédito flexible (LCF) buscaba enfrentar la emergencia sanitaria por el impacto del coronavirus. Al saldar esta obligación, Petro asegura que Colombia recupera su margen de acción y deja de seguir dictámenes externos para manejar su presupuesto.

Mientras el poder político celebra en Colombia, en Ecuador, el panorama es distinto.

Ecuador escaló posiciones -como uno de los países más endeudados con el fondo- en los últimos años, especialmente desde los Gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora, Daniel Noboa. Así el país se convirtió en el tercer deudor más grande del FMI en la región, ubicándose solo detrás de Argentina y por arriba de Costa Rica.

A enero de 2026, la deuda con el Fondo alcanza los USD 9.955 millones, un crecimiento anual del 15%. En este monto no se incluyen los USD 394 millones que el Directorio del FMI aprobó -esta semana- para desembolsar al país.

Pese a ello, es una cifra récord, pues es el organismo multilateral al que más le debe Ecuador, por arriba del BID (USD 9.158,83 millones) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una institución que es parte del Grupo Banco Mundial, con USD 7.270,42 millones.

Si analizamos la deuda per cápita del país (17,9 millones de habitantes) tomando únicamente las obligaciones pendientes con el FMI, cada ecuatoriano tendría que pagar USD 556.

Deuda seguirá en aumento

Y, la deuda con el FMI seguirá aumentando.

En la administración de Noboa, el país acordó un nuevo acuerdo con el multilateral para acceder a USD 5.000 millones debido a la falta de liquidez que afronta la administración desde hace varios años.

De ese total, Ecuador ya recibió USD 3.724 millones. Así, quedan todavía USD 1.276 millones más por desembolsar, que llegarán si el país cumple las metas del programa (cuatro revisiones más) establecidas hasta 2028.

El Gobierno de Noboa presenta estos desembolsos como una muestra de confianza internacional, sin embargo, analistas y organizaciones sociales advierten sobre el “régimen de restricciones estructurales” que este financiamiento impone, ya que cada dólar llega atado a metas que impactan en la vida social, especialmente de los más pobres.

Deuda pública de Ecuador ¿y el FMI?

El caso del FMI no es aislado. El país sigue endeudándose a nivel internacional y a nivel interno.

Según las cifras del Ministerio de Finanzas, a enero de 2026, la deuda pública totalizó los USD 88.991 millones, un 7% más que el mismo mes de 2025, cuando alcanzó los USD 83.256 millones

De ese total, la deuda interna llegó a USD 36.215 millones, un 7% más que hace un año (2.411 millones más) y la externa, a los USD 52.776 millones (USD 3.324 millones más).

Además, el país registra otros pasivos por USD 4.183 millones.

Dentro de las estadísticas, llama la atención los pagos que debe hacer el Gobierno al FMI en este año. En 2026 debe pagar USD 1.489,66 millones entre capital e intereses.

Pero 2027, 2028 y 2029 serán los años donde el país deberá abonar más al Fondo: En esos tres años deberá pagar USD 5.799 millones.

Así, los pagos debe hacerlos hasta 2032, según los registros del Ministerio de Finanzas.

El costo de los dólares del Fondo

El FMI condiciona estos recursos siempre y cuando el país realice reformas que garanticen la “sostenibilidad fiscal”. En el último acuerdo con Ecuador, las metas incluyen medidas que generan una fuerte resistencia popular y tensionan la gobernanza de Noboa.

Por ejemplo, el país se comprometió a retirar el subsidio al diésel, algo que lo cumple desde septiembre de 2025. De hecho, el Fondo calificó la medida de Ecuador como “valiente”.

Sin embargo, la eliminación del subsidio al diésel elevó su precio de USD 1,80 a arriba de los USD 3 por galón en abril de 2026. Ese incremento generó un paro indígena en octubre de 2025.

El programa con el FMI también impuso metas de consolidación fiscal que incluyen el congelamiento o limitación de la masa salarial del sector público, así como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida que el Fondo considera clave para alcanzar el orden fiscal.

Además, disminuyeron las exenciones tributarias.

El país también se comprometió a liberar las tasas de interés del sector financiero, algo que se cumple a medias.

Lo paradójico es que el país recibe dinero del Fondo, el cual es destinado, entre otras cosas, para pagar deuda del propio estado.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lanzó una alerta, este viernes 24 de abril de 2026, sobre el estado de miles de planteles a pocos días del inicio del año lectivo en el régimen Costa y Galápagos.

Según sus declaraciones, un plan oficial ya identificaba que de las 16.000 instituciones educativas del país, al menos 11.000 presentan distintos niveles de riesgo, en gran parte por los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

El dirigente fue enfático en que no se trata de un problema nuevo ni inesperado. Recordó que, desde informes previos, como el correspondiente al año lectivo 2023-2024, ya se había advertido que al menos 3.000 planteles estaban en condición de amenaza por factores como inundaciones, movimientos de tierra y deterioro estructural.

Esa información -según indicó- terminó consolidándose en un censo de infraestructura escolar que evidencia una crisis más amplia.

Quishpe cuestionó que, pese a estos diagnósticos, no exista un plan integral actualizado para enfrentar la situación.

A su criterio, el único documento operativo vigente data de febrero de 2015, lo que evidencia un rezago en la planificación estatal frente a un problema que se ha agravado con el tiempo.

“No hay otro plan”, insistió, al señalar directamente a las autoridades del Ministerio de Educación y al Gobierno.

Infraestructura

El dirigente también puso el foco en las condiciones básicas de los establecimientos.

Aseguró que muchas escuelas no cuentan con baños adecuados ni espacios seguros, lo que -advirtió- expone a estudiantes y docentes a riesgos sanitarios, especialmente en contextos de lluvias o acumulación de agua.

En ese escenario, subrayó que el derecho a la educación no puede garantizarse plenamente.

Además, vinculó la problemática con decisiones políticas recientes. Criticó que la situación de la infraestructura escolar haya sido utilizada como argumento dentro del proceso electoral, en referencia al uso de planteles como recintos de votación y al adelanto de comicios basado en informes de riesgo.

Para la UNE, este enfoque no ha ido acompañado de inversiones reales para resolver las deficiencias estructurales.

Con el retorno a clases previsto para el 4 de mayo de 2026 en la región Costa y Galápagos, Quishpe advirtió que el sistema educativo iniciará actividades en un escenario “bastante preocupante”.

Comparó esta situación con la crisis del sistema de salud pública, señalando que ambos sectores comparten un problema de fondo: la falta de inversión sostenida y planificación estructural.

El anuncio de un nuevo estado de excepción con toque de queda en nueve provincias del país, del 3 al 18 de mayo, ha reavivado un debate urgente: ¿son efectivas estas restricciones para frenar la violencia o solo ocasionan que las organizaciones criminales cambien sus horarios de operación?

El pasado 30 de marzo de 2026 concluyó el primer toque de queda decretado, este año, por el gobierno, en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Si bien la medida restringió la circulación por las calles entre las 23:00 y las 05:00, el análisis de los registros de criminalidad revela una realidad inquietante: las organizaciones delictivas no cesaron sus actividades, sino que ajustaron sus cronogramas para operar fuera de la restricción horaria.

En Guayas, la provincia más golpeada, la violencia no dio tregua. Antes del toque de queda (del 1 al 14 de marzo), se registraron 149 homicidios. Tras el inicio de la medida el 15 de marzo, y hasta el 31 de marzo, la cifra fue de 148 víctimas.

Un informe del Ministerio del Interior, sobre los homicidios registrados muestra que lo más revelador es la mutación horaria. Por ejemplo, el 28 de marzo, Guayas vivió una jornada sangrienta con 24 homicidios, pero todos ocurrieron fuera del horario restringido, concentrándose muchos de ellos entre las 06:00 y las 22:45, es decir, fuera del horario de toque de queda.

El 31 de marzo, último día del registro, los crímenes se agruparon a las 11:00, 18:40, 19:10 y 22:00, justo antes de que el reloj marcara la hora del toque de queda.

La violencia que se intensificó

Contrario a lo esperado, en Los Ríos la situación empeoró bajo el estado de excepción. Mientras que en la primera quincena de marzo se contabilizaron 29 homicidios, durante la vigencia del toque de queda la cifra ascendió a 46 casos, un incremento del 59%.

El 28 de marzo fue el día más crítico con nueve muertes, de las cuales seis ocurrieron simultáneamente a las 19:30. Otros picos de violencia se registraron a las 06:00 y a las 20:00, evidenciando que los sicarios simplemente esperaron a que terminara la restricción o actuaron en la antesala de la misma.

Homicidios al borde del toque de queda

En El Oro, se registraron 52 homicidios antes de la medida y 34 después de su implementación. Si bien hubo una reducción numérica, la letalidad se concentró en la franja vespertina y nocturna previa a las 23:00. El 17 de marzo, se reportaron muertes a las 15:00, 17:00, 20:00, 20:30 y 22:10. El patrón se repitió el 31 de marzo, con víctimas a las 21:00 y 23:30, desafiando el inicio del supuesto control militar.

Mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas hubo un impacto marginal. En esta provincia se presentaron las cifras más bajas, con apenas cuatro homicidios en todo el mes. Tres de ellos ocurrieron antes del decreto (4 y 7 de marzo) en horas de la tarde. El único homicidio registrado tras el periodo de toque de queda ocurrió el mismo 15 de marzo, pero a las 13:00. Es decir, a plena luz del día y fuera del horario de restricción nocturna.

Así, los datos muestran que el toque de queda no eliminó el delito, sino que simplemente lo obligó a cambiar de hora. Mientras el Estado se enfoca en controlar la noche, las organizaciones delictivas se escabullen en el día.