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Las acciones militares dentro del penal han sumado una capa de opacidad y violencia institucional a la crisis carcelaria.
Una serie de revelaciones provenientes del interior del centro de privación de libertad de Esmeraldas exponen una grave crisis humanitaria y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que han permanecido ocultas tras los muros.
Según testimonios de funcionarios, la situación dentro del penal es descrita como un “caos” marcado por el maltrato físico, enfermedades desatendidas y una alarmante desnutrición.
“Es un caos total acá y poco se ve para mejorar”, indicó una de las personas entrevistadas.
Los testimonios señalan directamente a militares como responsables de golpizas y tratos crueles contra las personas privadas de la libertad (PPL).
Los reos han relatado el uso de gas lacrimógeno en las madrugadas y agresiones físicas constantes, lo que ha derivado en un alto porcentaje de internos con trastornos.
De manera más grave, se denunció que muchos de los fallecimientos registrados en el último año, atribuidos oficialmente a causas como tuberculosis o suicidio, habrían sido en realidad consecuencia de probables maltratos de los uniformados.
Emergencia sanitaria
La salud de la población carcelaria se encuentra en un punto crítico. Los testimonios describen una cárcel llena de personas con anemia y bajo peso extremo, resultado de una alimentación de muy baja calidad y en cantidades insuficientes.
A esto se suma un brote severo de tuberculosis que no está recibiendo la atención necesaria. Las condiciones para el control de la enfermedad son, según los testimonios, deplorables.
- Aislamiento ineficiente: Los pacientes con tuberculosis están en celdas sin cerramientos adecuados, facilitando el contagio a otros pabellones.
- Falta de insumos: Existe una carencia persistente de medicamentos y una gestión deficiente para que estos lleguen al penal.
- Riesgo para el personal: Los trabajadores reciben apenas un par de mascarillas para todo un mes, a pesar de que su uso recomendado es de apenas medio día y enfrentan restricciones de las autoridades para realizar búsquedas activas de pacientes.
Incomunicación y falta de enfoque humanista
La administración del centro ha sido señalada por su falta de dominio del área humanista. Desde que comenzó el proceso de militarización, en enero de 2024, los internos han pasado casi todo ese tiempo en incomunicación total, teniendo derecho a las visitas durante periodos muy cortos.
Esta privación de derechos se complementa con un sistema denominado “economía cortada”, que impide a los internos acceder a otras fuentes de alimento, agravando el cuadro de desnutrición generalizada.
La cárcel de Esmeraldas tiene una capacidad para 1.110 presos. A diciembre de 2025, en esta prisión se contabilizó a 1.416 reos, según un documento oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Es decir, aquí hay un hacinamiento del 27,6%.
Corrupción interna y complicidad
A pesar de los estrictos controles, los testimonios señalan que el flujo de drogas y celulares no se ha detenido. Según los relatos de los propios PPL, son las mismas autoridades de control quienes introducen estos objetos para extorsionarlos.
Cuando los internos no logran conseguir el dinero para pagar por estos artículos ilegales, los uniformados proceden a maltratarlos físicamente como represalia.
