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La activista fue hallada sin vida el 8 de junio de 2026 en Montañita. Organizaciones nacionales e internacionales piden que el caso sea esclarecido.
Como parte de la investigación previa iniciada por la muerte de Monika Silva, la Fiscalía General del Estado informó que solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros que aporten criterios técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa.
Según la institución, el objetivo es fortalecer la recopilación de elementos que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la activista.
Silva fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026
Silva, de origen polaco y residente en Ecuador desde hace varios años, fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026 en su vivienda ubicada en Montañita, provincia de Santa Elena.
Tras conocerse el hecho, la Fiscalía abrió una investigación previa de oficio y, junto con la Policía Nacional, inició las primeras pericias, levantamiento de indicios y exámenes forenses para determinar qué ocurrió.
La activista era presidenta de la Fundación La Integridad y se había convertido en una figura conocida en Santa Elena por sus denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción, conflictos por la tenencia de tierras e irregularidades ambientales.
Meses antes de su muerte también había hecho públicas advertencias sobre supuestas amenazas en su contra y, en marzo de 2026, alertó sobre un presunto plan para atentar contra su vida.
El caso generó diversas reacciones luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, señalara que una de las hipótesis iniciales apuntaría a un posible suicidio.
Sin embargo, precisó que esa versión debía ser corroborada o descartada mediante los resultados de la autopsia y los informes de Criminalística.
Posteriormente, el abogado y experto en derechos humanos Juan Pablo Albán cuestionó esas declaraciones y sostuvo que podrían influir en el desarrollo de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
Reacciones ante la muerte de la activista
A la par, organizaciones nacionales e internacionales expresaron preocupación por el caso. La Delegación de la Unión Europea solicitó que la muerte de Silva sea investigada de manera rápida, independiente y transparente.
Diversos colectivos también recordaron el trabajo que la activista realizó en temas de control ciudadano, medioambiente y lucha contra la corrupción, mientras algunos grupos responsabilizan al Estado por no haber garantizado medidas de protección pese a las denuncias y alertas que había realizado con anterioridad.
Un acta de transcripción elaborada por la Fiscalía General del Estado, en mayo de 2026, recoge la declaración de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, quien, desde España, realizó acusaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y denunció un supuesto encubrimiento para silenciar testigos.
Graves acusaciones relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio constan en un testimonio incorporado al expediente fiscal No. 170101823101713, según Diario La Jornada de México.
Se trata de una grabación de 31 minutos y 22 segundos, cuya transcripción fue formalizada por la Fiscalía General del Estado mediante un Acta de Transcripción de Contenido Digital elaborada el 5 de mayo de 2026 en sus oficinas de Quito.
En el audio declara el presunto narcotraficante Wilmer Geovanny Chavarría Barre (alias ‘Pipo’), quien también utiliza la identidad de Danilo Ramón Fernández Calderón. El testimonio fue rendido desde España y contiene señalamientos sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Chavarría calificó el proceso en su contra como una “operación política”.
‘Pipo’ niega vínculos con la Revolución Ciudadana
Durante el interrogatorio conducido por agentes policiales y bajo la supervisión de la fiscalía ecuatoriana, Chavarría se desmarcó del expresidente y su entorno cercano.
Al ser consultado sobre sus supuestos nexos, afirmó: “Con el señor Rafael Correa no lo conozco, no he tenido ningún tipo de contacto ni con él ni con ninguno de sus allegados”. Asimismo, aseguró no conocer ni haber tenido contacto con el exvicepresidente Jorge Glas.
Chavarría calificó su implicación en el proceso como una maniobra política orquestada para forzar un testimonio incriminatorio. Según sus palabras, el proceso en su contra es un “montaje para lograr llevarme a Ecuador y presionarme a que yo dé una declaración falsa… en contra del ex presidente Rafael Correa”.
El declarante sostuvo ante las autoridades que no se prestará para “inventar hechos” o “dañar conductas a personas, terceros que no tienen nada que ver”, calificando la investigación como una “operación política” basada en testimonios fabricados.
El testigo, quien reside en Málaga tras haber fingido su muerte en 2022, insistió en que las autoridades ecuatorianas utilizaron “testigos falsos” que han cambiado sus versiones en múltiples ocasiones con el único fin de vincularlo con el magnicidio y, a través de él, atacar a figuras políticas determinadas.
‘Pipo’ acusa a Noboa de ordenar el asesinato de Villavicencio
En esa misma diligencia, Chavarría identificó a quienes, según su versión, ordenaron el magnicidio de agosto de 2023. Al ser consultado sobre quién estuvo detrás del crimen, afirmó: “Quien ordenó realmente el asesinato fue el señor Daniel Noboa y en coordinación con el ministro (del Interior) Jhon Reimberg”.
El declarante sostuvo que esta información le fue revelada por una fuente interna que trabaja directamente con el mencionado ministro. Según su testimonio, el Gobierno ecuatoriano habría utilizado su estructura para silenciar al excandidato presidencial.
El testimonio de Chavarría detalla dos motivos principales para el crimen. El primero vincula al mandatario con economías ilícitas: “Ellos se dedican al narcotráfico… las incautaciones de drogas aquí en los países europeos bajo mediante de las compañías bananeras del señor Daniel Noboa”.
Según el declarante, él es visto como un “estorbo” o competidor en el negocio del narcotráfico por parte del Gobierno.
El segundo motivo sería de carácter personal y extorsivo. Chavarría aseguró que Villavicencio poseía material sensible que comprometía la imagen del presidente: “el señor Villavicencio le tenía una grabación de audios, sí, al señor Daniel Noboa con unos chicos de 15, 16, 17 años aproximadamente, en una fiesta electrónica metiéndose tusi, porque le encanta el tusi y el alcohol,”. Según el testigo, el temor a que esta información saliera a la luz habría precipitado la orden de asesinar al candidato.
Amenazas de muerte en contra de ‘Pipo’
Chavarría también denunció haber sido víctima de presiones directas para desviar la investigación hacia figuras de la oposición. Relató que, tras su detención en Málaga en noviembre de 2025, el propio ministro Reimberg lo habría visitado en una comisaría para amenazarlo: “Él me va a hacer matar si no declaro en contra del señor Rafael Correa”.
Ante esta situación, el procesado fue enfático en su descargo de responsabilidad: “hago responsable al señor Daniel Noboa y al ministro Jhon Reimberg… por las amenazas que han creado en mi contra”.
El declarante también acusó al Gobierno de ejecutar un operativo de encubrimiento tras el asesinato de Villavicencio, afirmando que la policía mató intencionalmente a los sicarios capturados en flagrancia para evitar que revelaran quiénes los contrataron. Según Chavarría, “como al gobierno no le correspondía que esa persona hable y iban a llegar a donde verdaderamente fueron los que contrataron… entonces porque lo mataron”.
Finalmente, el acta revela detalles de su vida en España, país al que viajó en mayo de 2022 utilizando una identidad falsificada. Allí reside con su esposa, Clara Juliana Salazar Arango, y asegura ganarse la vida realizando trabajos de construcción o “chapuzas”, mientras su cónyuge trabaja en el sector de la estética.
Aquí puedes encontrar la transcripción completa de la declaración:
El pleno del CNE renovó su directiva este 11 de junio de 2026 y designó a José Cabrera como nuevo presidente del organismo electoral, poniendo fin a los ocho años de gestión de Diana Atamaint.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la designación de José Cabrera como su nuevo presidente del organismo. La elección se concretó con cuatro votos a favor, provenientes de los consejeros Elena Nájera, Esthela Acero, el propio José Cabrera y Diana Atamaint, quien hasta hoy lideró el organismo.
En la misma sesión, el pleno del CNE designó a Esthela Acero como nueva vicepresidenta del organismo electoral con tres votos a favor. La moción fue presentada por el recién electo presidente, José Cabrera, y recibió el respaldo de los consejeros Elena Nájera, el propio Cabrera y Acero, quien asumirá la segunda autoridad del organismo.
Esta decisión se produce tras la instalación de una sesión plenaria este 10 de junio de 2026, en la que se planteó la renovación de la presidencia. Las mociones de cambio surgen en un contexto de tensiones internas.
Un cambio en momento electoral
El ascenso de Cabrera y Acero a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, ocurre mientras los vocales del CNE se encuentran en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024, ya que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no ha concluido el concurso para designar a sus reemplazos. La nueva directiva asume el mando durante el calendario electoral, con la mira puesta en las elecciones seccionales y del Cpccs previstas para el 29 de noviembre de 2026.
Con esta votación, se cierra el periodo de Diana Atamaint y Enrique Pita en la presidencia y vicepresidencia, roles que desempeñaron de forma continua durante los últimos ocho años. La gestión saliente enfrentó recientemente cuestionamientos, especialmente tras el intento de extinción del partido Unidad Popular (UP), una resolución que fue finalmente anulada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al considerar que no hubo rigurosidad en los argumentos presentados.
Cabe destacar que, en aquel proceso contra Unidad Popular, la consejera Elena Nájera —quien hoy votó a favor de la nueva directiva— ya había manifestado su postura contraria a las decisiones de la administración de Atamaint. Con este movimiento, el CNE da un giro a su conducción de cara a los próximos comicios nacionales.
Desde niño quiso ser militar. Pero cuando entró en la Esmil, Michael, (nombre protegido) vivió su peor pesadilla. Esta es su historia.
Mientras usted lee esta nota, Michael, un joven de 21 años mira el techo de su habitación. No quiere comer, ni salir al sol, tan solo quiere permanecer estático sobre su cama a medio hacer.
La vida le cambió en diciembre de 2025, tras sufrir, como lo denunció ante la Fiscalía General del Estado, un abuso sexual en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) de Quito, dos meses después de su ingreso a primer año.
Denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado.
Denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado.
Siempre quiso ser militar. Sus uniformes para el diario, parada y camuflaje siguen intactos en el armario; los botines permanecen al pie de la cama, como reclamando un futuro que ya no calza.
Miriam, su madre, no lo abandona, pues ya ha tenido dos intentos de suicidio. Algunas mañanas lo motiva para que salga a trotar a la pista, a jugar fútbol, pero la respuesta es la misma: “¿Para qué?”.
La madre debió renunciar en marzo de este año a su trabajo en el municipio de Tulcán, provincia del Carchi, una vez que Michael le confesó lo que ocurrió en las barracas de la Esmil un 11 de diciembre de 2025. Desde ese día, Miriam y su esposo, invierten recursos humanos y económicos en sicólogos, abogados y medicinas, todo para el segundo de sus tres hijos. La denuncia fue planteada en marzo de 2026, pero aún no han iniciado las diligencias que el propio abogado defensor del supuesto agresor ha solicitado.
¿La imagen es todo?
Es domingo 31 de mayo de 2026 y Miriam accedió a conversar con Radio Pichincha por la plataforma Zoom. De entrada reveló que el ahora exrector de la Esmil, el coronel Jorge Tello, “ha denunciado a los abogados de la familia y a un periodista por hacer visible el tema en redes sociales”.
No puede dejar de llorar, aunque, de vez en cuando, la indignación se filtra entre las lágrimas. Reclama por la inacción de las autoridades de la Escuela Militar, quienes, al parecer, siempre estuvieron más interesadas en salvaguardar la imagen de la institución que en la salud de Michael.
El calvario de la madre empezó casi al mismo tiempo que el de su hijo. El pasado 14 de diciembre de 2025 (tres días después de la agresión), recibió una visita. Al momento de mirar a su hijo, Miriam, se sintió devastada: “Algo le pasaba, estaba hinchado, tenía la mirada perdida, enseguida lo llevamos al policlínico de la propia Esmil”.
Tras la revisión, el encargado aseguró que Michael presentaba una crisis de estrés y, como paliativo, le pusieron un suero. “Se quedó dormido sosteniéndome la mano; cuando salí para buscar unas medicinas, se despertó y comenzó a buscarme desesperado”.
De ahí en adelante, se iniciaría una serie de comunicaciones entre la familia de Michael, el sicólogo principal de la Esmil y las autoridades del Colegio, quienes le informaban sobre el estado de salud del joven afectado por “estrés”. Poco después, le comunicaron a Miriam que le retiraron el fusil de asalto a Michael (arma de dotación que reciben los cadetes). “Solo me dijeron que era por precaución, pues estaba muy nervioso”.
La guardia del horror
Jesús Cobeña, abogado de la familia, reveló los detalles sobre lo acontecido a finales del año pasado. El relato consta también en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
“Mi defendido estaba en primer año de la Esmil. El cadete estaba realizando una guardia la madrugada del 11 de diciembre de 2025 con otros compañeros. Al regresar solo a su barraca, escuchó una voz que gritó ‘pelarse’, que en el argot militar ecuatoriano implica desnudarse”.
“El cadete se desnudó, dos estudiantes de cuarto año lo llevaron a los baños, uno hizo de campana, el otro lo sostuvo y le ordenó ‘vista al cielo’. El agua de la ducha le caía en los ojos, el agresor le tapó el rostro con una toalla. Enseguida intentó masturbarlo, le tocó los testículos y, por último, quiso penetrarlo con uno de sus dedos”.
Posterior a este hecho, y como consta en el expediente, el cadete quedó tirado en el piso de la ducha. Luego de unos minutos, Michal regresó a su barraca. Al día siguiente comunicó lo ocurrido al psicólogo de la institución, el mayor Christian Murgueytio, quien le habría expresado “que este no es el único evento similar suscitado, existen otros ocasionados por un ‘depravado de cuarto año’, pero ninguna otra de las víctimas se ha atrevido a romper el silencio”, reza el texto de la denuncia.
Agresiones, muertes y tortura
Las agresiones a reclutas y cadetes en el Ecuador no son nuevas. En 1990, Amnistía Internacional, recogió el caso de Héctor Roberto Manotoa, de 20 años, quien era recluta del Colegio Militar Eloy Alfaro. Según el reporte, Manotoa fue torturado con descargas eléctricas, tras una denuncia de un robo. Fue ingresado durante siete días en un hospital militar para que se recuperase de las lesiones recibidas.
En 2001, el subteniente Julio Robles fue sometido a los denominados rituales de iniciación o “bautizos”, en el batallón de Infantería Macará en la provincia de Loja. Como consecuencia, la salud de Robles colapsó drásticamente. Fue ingresado de urgencia a una clínica en la ciudad de Loja, donde falleció. Ante la falta de garantías judiciales y la impunidad interna en Ecuador, la Cedhu y los familiares presentaron una petición formal contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2002, la Fiscalía investigó una denuncia de tortura planteada por el conscripto Wilmer Moreira. A él y otros de sus compañeros los habrían torturado con corriente eléctrica para que declararan al responsable de un robo. El hecho ocurrió en el fuerte Militar Manabí de Portoviejo.
En 2023, la Fiscalía abrió una investigación preliminar tras recibir dos denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos en la Tercera División del Ejército de Tarqui en Cuenca. Un soldado recluta y una subteniente presentaron sus denuncias alegando abuso sexual cometido por compañeros en el recinto militar.
En 2024, 18 militares fueron detenidos para diligencias en el caso de un presunto feminicidio. La víctima era la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilánez. En octubre de ese año se emitió un dictamen abstentivo, en favor de seis militares directamente involucrados con el hecho.
En junio de 2026, la familia de un joven identificado como Deivi Moreira denunció su fallecimiento ocurrido tras un incidente registrado en la Brigada Militar de Machachi.
Esto solo es un panorama, muchas otras denuncias se han presentado y otras tantas nunca se hicieron públicas. Para la activista en Derechos Humanos, Sybel Martínez, “la violencia en las instituciones militares es interpretada como temple y no como abuso. La recomendación es denunciar ante la Fiscalía y recibir contención y tratamiento sicológico por fuera de una institución que, por norma general, protege a los abusadores crónicos”.
Cronología de casos de abuso militar en Ecuador. No todos denuncian. Diseño: IA.
La baja en un día
A pesar de que aguantó lo más que pudo. Michael debió solicitar su baja en abril, la cual la tramitaron en un día, cuando por lo regular el proceso demora al menos una semana.
En cuanto al cadete agresor, se conoce extraoficialmente que está fuera de la institución, pero esta información no pudo ser confirmada. El segundo agresor, que hizo de “campana” seguiría en la Esmil. Todas “estas bajas” podrían complicar la investigación que tiene una clara demora.
“A pesar de que su vocación se mantiene intacta, mi defendido pidió la baja, pues presenta rasgos autolíticos. Ya tuvo un intento de hacerse daño tomando pastillas; antes lo intentó con el arma de dotación”.
Miriam critica también la actitud del exrector de la escuela, Jorge Tello: “Para no recurrir a la baja, le solicitamos un permiso extendido (franco especial) para que mi hijo tuviera varias sesiones seguidas con el sicólogo. Sin embargo, le negaron esa posibilidad. Ante la negativa, yo misma le pedí a mi hijo que se retirara, pues primero está la salud”.
Silencio institucional
El coronel Tello no contestó los mensajes enviados por Radio Pichincha a su teléfono para corroborar lo expresado por el sicólogo sobre otros casos similares en la institución.
Radio Pichincha solicitó al departamento de comunicación de la Esmil una versión de lo ocurrido o el contacto del nuevo rector, pero pese a la insistencia, no contestaron correos ni llamadas.
Michael ahora está en la casa de sus padres en Tulcán. Sana sus heridas en silencio junto a sus seres queridos, pero con seguridad no olvida que en el interior de la Esmil, uno de los agresores sigue en carrera para convertirse en “soldado de la patria”.
Mientras el país necesita obras de mitigación urgentes, la SNGR solo ha destinado USD 1,63 millones a bienes y servicios para inversión. Otros USD 961.000 se consumió en gastos operativos de consumo.
Mientras la Organización Meteorológica Mundial (OMM) eleva al 80% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desate antes de agosto de 2026, el Gobierno Nacional mantiene una estructura financiera que, en la práctica, deja a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) con pocos recursos para enfrentar a este fenómeno natural.
A pesar de que el Ejecutivo declaró la “prioridad nacional” para enfrentar esta amenaza mediante el Decreto Ejecutivo No. 784, los números cuentan una historia diferente.
El presupuesto de la institución rectora de los riesgos en el país es, por decir lo menos, pírrico.
El Gobierno planificó inicialmente apenas USD 15 millones para el 2026, una cifra que para mayo se infló mediante modificaciones hasta alcanzar un presupuesto codificado de USD 19,34 millones. Sin embargo, la prioridad no es la gestión de riesgos.
Según los registros del Ministerio de Finanzas, en los primeros cinco meses del año, la Secretaría de Gestión de Riesgos solo ha comprometido USD 6,12 millones,. De ese total, el 55,8% (USD 3,42 millones) se fue directamente al pago de sueldos y salarios.
Mientras el país necesita obras de mitigación urgentes, la SNGR solo ha destinado USD 1,63 millones a bienes y servicios para inversión. Otros USD 961.000 se consumió en gastos operativos de consumo.
Un plan de inversiones que olvida al Fenómeno del Niño
La revisión del Plan Anual de Inversiones (PAI) del Gobierno para este año, con corte a mayo de 2026, revela que no existe, al menos, en papel recursos destinados para enfrentan al fenómeno natural.
La Secretaría de Riesgos tiene bajo su responsabilidad cuatro proyectos estratégicos, pero ninguno menciona específicamente al fenómeno de El Niño en sus objetivos operativos. Y para colmo, hay pocos recursos y una mínima ejecución de esos proyectos.
Estos son los cuatro proyectos de inversión planificados para este año:
Fortalecimiento de capacidades de la población: Cuenta con USD 47.715 de presupuesto, pero el Gobierno no ha comprometido ni un solo centavo.
Conocimiento volcánico en Ecuador: Con un presupuesto de USD 86.755, solo ha comprometido USD 33.035 para ese proyecto.
Fortalecimiento del sistema de alerta temprana: Un proyecto vital para salvar vidas tiene asignados USD 1,57 millones para todo el año, de los cuales solo se han comprometido USD 31.033.
Gestión integral del riesgo de desastres: De sus USD 5,94 millones anuales, apenas se han devengado USD 1,57 millones.
La falta de recursos ocurre mientras el propio Ministerio de Economía admite en su informe de Riesgos Fiscales (que es parte del Presupuesto General del Estado 2026) que los desastres naturales tienen una “probabilidad media de ocurrencia e impacto fiscal alto”.
El documento oficial recuerda que, en los últimos 15 años, las acciones de emergencia han costado al país USD 11.431,63 millones. De ese total, las inundaciones y movimientos de masa —eventos típicos de El Niño— representan más de USD 4.145 millones en pérdidas.
Frente a esta magnitud, el Gobierno solo ha consignado USD 15 millones en el ítem de “Obligaciones para el reconocimiento de la materialización de riesgos fiscales” dentro del Presupuesto General del Estado 2026.
¿Y la Educación?
Otro sector que podría verse afectado por el fenómeno del Niño es el de educación. Radio Pichincha no pudo constatar a nivel de presupuesto, el monto que destinará este año para atender la emergencia.
Sin embargo, un documento de mayo de 2025, denominado “Plan Operativo para la Intervención en Infraestructura Educativa” revela que 11.446 instituciones educativas están en riesgo.
De ese total, 4.717 escuelas se ubican en zonas propensas a inundaciones, afectando potencialmente a 1,5 millones de estudiantes. Otras 6.729 instituciones están bajo amenaza de movimientos de masa.
El Ministerio de Educación calculó que se requieren USD 181,04 millones solo para prevención y mitigación. No obstante, el PAI de 2026 no refleja la inyección de estos recursos. Si el fenómeno golpea con la fuerza prevista, las necesidades financieras para la recuperación podrían escalar a la cifra de USD 2.020 millones.
Imposición a los municipios
Ante su incapacidad de gasto, el Ejecutivo ha optado por trasladar la responsabilidad a los gobiernos locales.
El COE Nacional otorgó apenas un mes de plazo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para presentar planes de acción bajo directrices estrictas de la SNGR. Entre los 11 puntos impuestos, se ordena a los alcaldes “asignar presupuesto y trabajar en planificación“, ignorando que muchos municipios dependen de transferencias estatales que sufren retrasos crónicos por la falta de liquidez en el Tesoro Nacional.
En Guayaquil, los representantes rurales denuncian que las ayudas son solo “acciones aisladas” y que el sector agrícola quedará incomunicado si no se atienden las vías internas antes del pico del fenómeno.
Situación actual
Las cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirman la magnitud de la crisis climática que atraviesa el país ante de que llegue el Fenómeno del Niño. Según el Informe de Situación (Sitrep) No. 112, con corte al 2 de junio de 2026, Ecuador ha registrado un total de 2.837 eventos adversos causados por las lluvias desde el inicio del año.
El balance humano es trágico: 17 personas han fallecido y el número de ciudadanos impactados (afectados y damnificados) asciende a 135.199 personas a nivel nacional.
El impacto no ha sido uniforme, concentrándose con especial ferocidad en la región litoral. Guayas se sitúa como la provincia más golpeada con 57.971 personas impactadas y una víctima mortal, seguida de cerca por Los Ríos, que registra 33.634 personas afectadas y 3 fallecidos. Otras provincias con daños considerables incluyen Esmeraldas (13.129 impactados), El Oro (9.092) y Manabí (6.045).
En cuanto a la naturaleza de las emergencias, las inundaciones representan el 37,72% de los casos (1.070 eventos), seguidas por los deslizamientos con un 34,12% (968 eventos). Estos fenómenos han afectado 71,06 kilómetros de vías y provocando la destrucción de 33 puentes y daños en otros 61.
Asimismo, se contabilizan 34.382 viviendas afectadas y 289 totalmente destruidas por los embates de la naturaleza. Pese a ello, solo existen 2 alojamientos temporales activos que albergan a 18 personas, mientras que 26 alojamientos ya han sido cerrados.
¿Elecciones bajo el aguacero?
En un movimiento que la oposición califica de estrategia electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026. El argumento oficial es evitar el impacto más fuerte de El Niño, previsto para inicios de 2027.
Sin embargo, informes técnicos señalan que el impacto del Niño será persistente y severo durante toda la etapa del proceso electoral de finales de 2026.
La advertencia de la OMM es clara: “Debemos prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente potente”.
Su designación permite al oficialismo mantener el control de los principales cargos del Legislativo. Con una trayectoria marcada por cargos legislativos, el juicio político contra Guillermo Lasso y su paso por el Gobierno de Daniel Noboa, Torres regresa a la cúpula parlamentaria.
Tras la reconfiguración administrativa provocada por la renuncia de Niels Olsen, el Pleno de la Asamblea Nacional designó este miércoles 10 de junio de 2026 a Esteban Torres Cobo, jefe de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), como el nuevo primer vicepresidente del Legislativo, con 84 votos a favor.
Con esta elección, el oficialismo asegura —nuevamente— los dos cargos más altos de la institución hasta mayo de 2027, trabajando en conjunto con la actual presidenta, Mishel Mancheno.
¿Un cargo estratégico?
La designación de Torres no es un trámite al aire. El puesto de primer vicepresidente adquiere posicionamiento en la coyuntura actual debido a que la presidenta Mancheno está embarazada. Esto implica que, ante una eventual licencia de maternidad, será Esteban Torres quien asuma la dirección total de la Asamblea Nacional de forma temporal.
Además, la elección de Torres cumple con el principio de paridad de género estipulado para las autoridades legislativas. Dado que la presidencia está ocupada por Mancheno y la segunda vicepresidencia por Carmen Tiupul, el cargo vacante debía recaer obligatoriamente en un hombre.
La postulación de Torres contó con el respaldo de aliados del oficialismo y legisladores que usualmente apoyan las decisiones oficialistas. Varios de ellos destacaron su experiencia política y su perfil negociador, cualidades que consideran necesarias para la gobernabilidad del Parlamento.
Por ejemplo, asambleístas como Juan Gonzaga y Cristián Benavides señalaron que su capacidad de diálogo facilitará la articulación de consensos con las distintas fuerzas, algo que, según algunos criterios, fue una debilidad en la gestión anterior.
Por otro lado, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), a través de Alfredo Serrano, ya había adelantado que no disputaría el cargo, dejando la decisión en manos de ADN. En contraste, la Revolución Ciudadana (RC) se mantuvo firme en su postura de oposición. El asambleísta Luis Fernando Molina manifestó que la elección no cambia la correlación de fuerzas y criticó lo que denomina un “bloqueo” a los procesos de fiscalización y juicios políticos contra funcionarios del régimen.
El perfil de Torres
Torres es abogado graduado por la Universidad San Francisco de Quito en 2013, donde también presidió el Consejo Estudiantil, Torres cuenta con una maestría en leyes en arbitraje y litigio comercial por la Queen Mary University of London. Su carrera política está estrechamente ligada a su ciudad natal, Ambato, donde fundó el movimiento Tiempo de Cambio en 2017.
Su ingreso a la Asamblea Nacional se dio en 2018, cuando se principalizó como legislador del Partido Social Cristiano (PSC) en reemplazo de su padre, Luis Fernando Torres. Desde entonces, su ascenso fue constante: fue reelegido en 2021 por la provincia de Tungurahua, desempeñándose como coordinador del bloque de la Lista 6 y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Torres no es ajeno a los momentos de alta tensión parlamentaria. Fue él quien presentó la denuncia por incumplimiento de funciones contra la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, proceso que culminó en su destitución. Asimismo, tuvo un rol protagónico como el segundo interpelante en el juicio político contra el ex presidente Guillermo Lasso, acompañando a Viviana Veloz (RC) en los alegatos finales antes de la firma del decreto de “muerte cruzada”.
Curiosamente, Torres ya había alcanzado la segunda vicepresidencia del Legislativo el 14 de mayo de 2023 con una votación histórica de 100 votos, aunque solo pudo ejercer el cargo por dos días debido a la disolución de la Asamblea por parte de Lasso.
Tras un breve periodo fuera del Legislativo al no alcanzar los votos en las elecciones anticipadas de 2023, Torres fue designado viceministro de Gobierno por el presidente Daniel Noboa en diciembre de ese año. Sin embargo, en septiembre de 2024 renunció a dicha función para postularse nuevamente a la Asamblea por el movimiento ADN, logrando una curul para el periodo 2025–2029.
El fin de la era Olsen
Este cambio de mando cierra el ciclo de Niels Olsen en la Asamblea, quien renunció el pasado 8 de junio de 2026 para enfocarse en una posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento oficialista. En su lugar, se principalizó la asambleísta Arianna Burgos, quien ya integró las sesiones de esta semana.
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