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Tres días después de que ocho niños abandonaran una casa de acogida en Conocoto, seis han sido encontrados y dos continúan desaparecidos. Para organizaciones de defensa de la niñez, el caso evidencia el debilitamiento del sistema de protección integral y expone la responsabilidad estatal que, advierten, no puede eludirse.
La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder ha puesto bajo escrutinio al sistema de protección de la niñez en Ecuador y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes están bajo su custodia.
Hasta este 30 de junio, seis de los ocho niños habían sido encontrados. Sin embargo, dos permanecen desaparecidos, mientras las autoridades mantienen los operativos de búsqueda. Uno de los niños fue localizado en Tulcán, un dato que incrementó la preocupación sobre la posibilidad de que hubieran sido trasladados hacia la frontera norte.
El caso ocurrió en una casa de acogida donde permanecían 29 niños. Es decir, cerca del 30 % de los menores que vivían en el centro abandonó el lugar durante un mismo episodio.
Una protección que debía ser reforzada
Las casas de acogida reciben a niños que han sido separados de sus familias por orden de una autoridad competente debido a situaciones de abandono, violencia, maltrato, negligencia, trata de personas, orfandad u otras circunstancias que ponen en riesgo sus derechos.
Se trata de una medida excepcional cuyo objetivo es brindar protección temporal mientras se trabaja en la reintegración familiar o en otra alternativa de cuidado permanente.
Precisamente por esa condición, estos niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial reforzada.
Para Efigenia Witt, presidenta de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, esa condición hace que la responsabilidad del Estado sea aún mayor.
“Cuando un niño está dentro del sistema de acogimiento, el papá es el Estado y la mamá es el Estado.”
La defensora explica que estos niños no permanecen en una casa de acogida porque tengan una red familiar que pueda responder por ellos.
“Son niños que pueden haber sido rescatados de trata de personas, víctimas de violencia, huérfanos por femicidios o menores que simplemente ya no tienen a nadie que se haga responsable de su vida”, señala.
Una alerta sobre el sistema
Para Witt, el caso no puede analizarse únicamente desde lo ocurrido en Conocoto.
A su juicio, refleja un problema mucho más profundo.
“El sistema nacional descentralizado de protección integral de derechos del niño viene siendo desmantelado de manera sistemática desde 2013 y ese proceso se aceleró brutalmente en los últimos años.”
Según explica, el sistema fue creado con presupuesto específico para la niñez y posteriormente incorporado a la Constitución de 2008 como un mandato estatal. Sin embargo, sostiene que durante los últimos años ha perdido autonomía, recursos y capacidad institucional.
Incluso cuestiona que actualmente no exista un ente rector especializado exclusivamente en niñez y adolescencia con la fortaleza suficiente para coordinar la política pública de protección, una vez que el Ministerio de Desarrollo Humano pasó a ser parte del Ministerio de Trabajo.
Un video que deja más preguntas que respuestas
Uno de los aspectos que llama la atención de la jurista es el video difundido tras la desaparición.
Las imágenes muestran únicamente a siete niños saliendo del establecimiento.
“El octavo niño no aparece en el video. Hay que saber qué pasó con ese niño y establecer si realmente salió junto al grupo o si ocurrió algo distinto”, advierte.
Para Witt, ese detalle demuestra que aún existen aspectos fundamentales que no han sido esclarecidos y que la investigación debe reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
La explicación oficial bajo cuestionamiento
Tras conocerse la desaparición, el Gobierno sostuvo que las casas de acogida no son centros de privación de libertad, por lo que los menores pudieron abandonar el lugar.
La explicación, sin embargo, no convence a la presidenta de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Mi casa tampoco es un centro de detención, pero mi hijo no sale corriendo a las siete de la mañana con destino desconocido.”
Para Witt, esa respuesta desvía el problema central.
“Lo único que explica es que la casa no tenía el cuidado y la responsabilidad sobre esos niños.”
Añade que responsabilizar implícitamente a los propios menores representa una forma de trasladar la carga hacia quienes debían ser protegidos.
¿Qué ocurrió con casi un tercio de los niños?
Otro dato que considera especialmente grave es que ocho de los 29 niños que permanecían en el centro abandonaran el establecimiento.
Desde su perspectiva, un hecho de esa magnitud difícilmente puede explicarse únicamente como una decisión espontánea.
“Puede haber existido ayuda externa o cualquier otra circunstancia. Eso es precisamente lo que debe investigar la Fiscalía”, sostiene.
Temor por redes criminales
El hallazgo de uno de los niños en Tulcán elevó la preocupación de las organizaciones que trabajan por la defensa de la niñez.
Para Witt, cada hora que pasa incrementa el riesgo de que los menores sean víctimas de delitos mucho más graves.
“¿Quién sabe si esos dos niños ya cruzaron la frontera? ¿Quién sabe si están siendo víctimas de trata, tráfico de personas, explotación sexual o trabajo infantil? Es gravísimo.”
Por ello insiste en que la prioridad absoluta continúa siendo localizarlos con vida y activar todos los mecanismos nacionales e internacionales de búsqueda.
Un sistema que sobrevive con campañas solidarias
La desaparición también evidencia lo que organizaciones sociales denuncian desde hace varios años: el desfinanciamiento de las casas de acogida.
Según Witt, existen retrasos de hasta seis meses en la entrega de recursos estatales para el funcionamiento de estos centros.
Durante ese tiempo, muchas instituciones deben organizar campañas para conseguir alimentos, leche, medicinas y cubrir necesidades básicas de los niños.
“No puede depender de la caridad que los hijos del Estado tengan qué comer.”
Recuerda que estas casas funcionan mediante convenios con el Estado, por lo que considera que el incumplimiento en los pagos termina afectando directamente la calidad de la atención.
“Lo primero que tendría que hacer el Estado es cumplir los convenios que firma, pagar a los psicólogos, a los abogados, a los guardias y garantizar que los niños tengan cubiertas sus necesidades básicas”, afirma.
La investigación no debe quedarse en Conocoto
Aunque considera indispensable esclarecer lo ocurrido dentro de la casa de acogida, Witt sostiene que la investigación no puede limitarse a un solo establecimiento.
Explica que existen manuales técnicos, protocolos, convenios y obligaciones claramente establecidos para todas las casas de acogida del país.
Por ello plantea que también deben revisarse los mecanismos de supervisión estatal, el cumplimiento de las normas y las condiciones en las que operan los demás centros.
A su criterio, la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el sistema judicial y los consejos cantonales de protección tienen responsabilidades que también deben activarse frente a este caso.
El acogimiento debe ser la última alternativa
Más allá del caso puntual, Witt sostiene que Ecuador debe fortalecer modalidades de acogimiento familiar y reducir la institucionalización prolongada.
Afirma que distintos estudios muestran que la permanencia durante años en instituciones puede afectar el desarrollo emocional, social y psicológico de los niños.
“El acogimiento institucional debe ser la última opción, pero mientras exista, tiene que ser el lugar más seguro para un niño”, sostiene.
Varios días después de la desaparición, el país continúa esperando respuestas.
La prioridad inmediata sigue siendo localizar a los dos niños que permanecen desaparecidos.
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