A solo dos días de que venza el plazo para la presentación del informe final sobre la ruta del dinero en el caso Progen (fijado para el 28 de agosto de 2026), la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destapó otro vacío legal alarmante.

Durante la comparecencia de este 26 de agosto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros reveló que la empresa estadounidense Progen Industries LLC —beneficiaria de millonarios contratos de generación de energía emergente— nunca estuvo bajo el control del Estado ecuatoriano.

Una firma sin domicilio oficial

La comparecencia de Luis Idrovo Murillo, intendente nacional y delegado del superintendente Luis Cabeza Klaere, arrojó luz sobre el estatus real de Progen. Según el registro oficial, el 25 de abril de 2025, Progen presentó una solicitud para autorizar la apertura de una sucursal y domiciliación en Ecuador.

Sin embargo, el trámite fue observado por la Superintendencia en junio de ese año debido a tres faltas graves:

1. La falta de certificación de los estatutos sociales de la matriz en Mulberry, Florida (EE. UU.).
2. La falta de aceptación expresa del apoderado designado en el país.
3. La falta de precisión sobre las actividades específicas que realizaría la sucursal.

Al no subsanarse estas observaciones, el trámite fue archivado. Por ello, al no haberse concretado la sucursal, la Superintendencia confirmó que Progen no es un ente controlado ni regulado en el país.

Esta revelación provocó la inmediata indignación de la asambleísta Ana Herrera, quien cuestionó duramente cómo el Estado, a través de Celec EP, pudo adjudicar y desembolsar millones de dólares de recursos públicos a una entidad extranjera que operaba en un limbo absoluto de control.

Pese a no tener potestad de control sobre Progen, la Superintendencia expuso una radiografía del entorno corporativo bajo la lupa de la Asamblea, dividiendo el requerimiento legislativo en dos bloques de empresas:

Grupo A: las cinco empresa activas

La Superintendencia detalló la estructura de accionistas, administradores históricos y beneficiarios finales de un primer grupo. Entre las mencionadas están:

• Astrobryxa: empresa con un capital de apenas USD 800. Registra como accionistas y beneficiarios finales a José Walter Manrique Suárez y Karla Julieta Saud Calero. Idrovo expuso que la firma reportó transferencias accionarias recientes y ha tenido ocho administradores anteriores.
• Ingeniería y Construcciones S.A. (Inycofyi): posee un capital de USD 150.000. Su actual accionista mayoritario es Fabián Esteban Yar Imbaja y su gerente general es Kristian Guillermo Nieto Hernández.
• Hingelectc: cuenta con un capital de USD 286.000. Sus accionistas son Yeimar Anthony Anthony Mora Morales y Vivian Nathaly Tobar Correa.

El problema radicó en que la Superintendencia no pudo establecer vínculos entre esas empresas y Progen.

Grupo B: empresas extintas

El análisis de un segundo grupo de nueve firmas solicitadas por la Asamblea reveló que ocho ya se encuentran canceladas.

No obstante, a pesar de su desaparición jurídica, el delegado de la Superintendencia aseguró que la cancelación de una empresa no extingue las deudas o pasivos que no hayan sido cubiertos en la liquidación, los cuales pasan a ser responsabilidad de sus últimos accionistas.

En definitiva, el debate en el pleno de la Comisión de Fiscalización no pudo profundizar públicamente en los hallazgos de fraude o desvío de fondos debido a las estrictas limitaciones que impone la Ley de Compañías.

El intendente Idrovo aclaró que, por mandato legal, las acciones de control técnico e informes de auditoría ejecutados por la Superintendencia son de carácter absolutamente reservado. Para evitar la nulidad de los procesos y la violación de la ley, Idrovo solicitó entregar toda la documentación de control por escrito en sobres cerrados y confidenciales.

El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, aceptó la propuesta y dispuso que los comisionados firmen actas individuales de responsabilidad legal para salvaguardar el sigilo de las carpetas técnicas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una revisión interna por la presunta reunión entre el director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, Roberto Pinargote, y Marcos Zambrano, candidato a la Prefectura de esa provincia por Acción Democrática Nacional (ADN).

El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó este miércoles 26 de agosto que la Dirección de Talento Humano analiza lo ocurrido y adelantó que el pleno del organismo electoral también podría adoptar medidas en los próximos días.

“Talento Humano está analizando toda la situación que se ha dado y tomará las medidas correspondientes”, señaló Cabrera.

Además, sostuvo que el pleno tomará “medidas preventivas” para garantizar tranquilidad a la ciudadanía frente al desarrollo del proceso electoral.

¿Qué dijo Roberto Pinargote sobre el encuentro?

La controversia surgió después de que Pinargote fuera captado en un hotel de Portoviejo junto a Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura de Manabí.

Según Cabrera, el funcionario electoral negó que se haya tratado de una reunión acordada con el candidato y aseguró que su presencia en el establecimiento obedeció a un encuentro de carácter personal.

“El señor Pinargote me informó que él fue a una reunión personal con el dueño del hotel (…) y nada más, que fue una casualidad”, relató el presidente del CNE.

Pese a esa explicación, Cabrera indicó que la investigación administrativa continuará para determinar las circunstancias en las que ocurrió el encuentro y establecer si corresponde adoptar alguna medida.

Nájera llevó el caso a Talento Humano

El episodio ya había provocado cuestionamientos dentro del propio CNE. Durante una sesión virtual realizada el fin de semana, los consejeros discutieron lo ocurrido y la consejera Elena Nájera expresó su preocupación por la presencia de Pinargote junto al candidato de ADN.

Cabrera explicó que inicialmente pidió a que acudiera el lunes para abordar el tema. Sin embargo, Nájera presentó posteriormente por escrito su preocupación ante la Dirección de Talento Humano, instancia que ahora se encuentra revisando el caso.

“En el pleno se tomarán acciones ya inmediatas por tranquilidad de la ciudadanía y del proceso electoral”, anticipó Cabrera, sin precisar cuáles podrían ser esas decisiones.

El encuentro ocurrió en medio de la disputa por la candidatura de Luisa González

El caso adquiere relevancia por el momento en el que se produjo. Pinargote fue visto junto al candidato de ADN en medio de la controversia electoral por la inscripción de candidaturas para la Prefectura de Manabí.

El episodio ocurrió antes de que la Junta Provincial Electoral de Manabí negara la calificación e inscripción de la candidatura de Luisa González a la Prefectura.

Precisamente, esa cercanía temporal provocó cuestionamientos entre integrantes del organismo electoral y abrió el debate sobre la actuación del director provincial.

Por ahora, Cabrera no adelantó conclusiones ni atribuyó responsabilidades a Pinargote. Señaló que será Talento Humano el que determine lo ocurrido y que, paralelamente, el pleno del CNE analizará qué medidas adoptar para evitar cuestionamientos sobre el proceso electoral en Manabí.

El proceso civil en Estados Unidos se evidencia cómo se armó la estrategia para que Progen, quien se adjudicó dos contratos eléctricos en agosto de 2024, ‘engañe’ a la Corporación Eléctrica de Electricidad (Celec) a la hora de entregar los generadores termoeléctricos para los proyectos El Salitral y Quevedo.

Allí, intervinieron las empresas InterFab Services y Southern Graphic Systems en el proceso de alteración física (repintado) y reetiquetado, haciendo que Progen presente maquinaria industrial usada y obsoleta como si fuesen equipos nuevos de paquete, logrando que la Celec desembolsara USD 104,37 en anticipos.

Progen no fabricó los motores desde cero. La empresa adquirió 21 grupos electrógenos usados, a un valor unitario de USD 425.000, para el proyecto El Salitral. Adicionalmente, adquirió otros bloques y núcleos de motores usados a través de un proveedor en India.

Para revertir el aspecto de suciedad, corrosión y desgaste de estas máquinas de segunda mano, Progen contrató a InterFab Services, de propiedad de Felix Valdez en Houston. El vicepresidente de operaciones mecánicas de Progen, W. Wade Manning, se trasladó personalmente a las instalaciones de InterFab para supervisar las operaciones, reza en los documentos del proceso judicial en EE.UU..

Durante su deposición bajo juramento el 24 de julio de 2026, Wade Manning admitió que Progen contrató a InterFab para limpiar y pintar los generadores de energía viejos.

Manning testificó que la limpieza interna se realizó utilizando alcoholes minerales con el fin de retirar los sedimentos de aceite usado y la carbonilla acumulada dentro de los cilindros. Aunque justificó la medida bajo criterios ambientales para evitar derrames durante la transportación marítima, el efecto directo del proceso fue la remoción de la evidencia de uso anterior de los motores.

Posteriormente, InterFab aplicó una capa fresca de pintura verde pálido sobre las superficies corroídas. Manning reconoció que los motores terminaron viéndose físicamente bien:

“Se veían bien, ¿verdad? ¿No es ese el propósito?”, puntualizó.

Para el proyecto de la central Quevedo, Progen realizó el mismo procedimiento de limpieza y pintura de manera directa en sus propios talleres de Mulberry, Florida, bajo la supervisión del gerente de producción, Mark Gonzalez, con excepción de dos unidades que también fueron tratadas por InterFab en Texas.

Southern Graphic Systems se encargó de poner los stickers a los motores

Para romper la trazabilidad de los fabricantes originales y ocultar que se trataba de modelos antiguos de Stewart & Stevenson y Electro-Motive Diesel (EMD) fabricados entre 2008 y 2010, Progen requería un soporte gráfico publicitario. Para este fin, contrató a Southern Graphic Systems (Southern Graphics).

Southern Graphic Systems suministró e instaló grandes calcomanías plásticas y adhesivos de alta adherencia (decals/stickers) sobre las paredes exteriores de los contenedores metálicos (housed units) que protegían los motores. Wade Manning describió literalmente este procedimiento bajo juramento:

“Ellos aplicaron las calcomanías que iban en el lateral de las unidades con cabina… en lugar de pintarlo encima, lo pegas, y ese es tu anuncio publicitario… Tu anuncio publicitario que puedes aplicar como un adhesivo en el lateral de un edificio o de un contenedor”.

Estos adhesivos proyectaban en grandes dimensiones el logotipo y la marca “Progen”.

Paralelamente, siguiendo instrucciones directas de John Manning y Andrew Williamson dadas en 2024, el personal procedió a remover físicamente las placas metálicas originales de datos e identificación de fábrica que los fabricantes genuinos Caterpillar y EMD habían remachado originalmente en los laterales de los motores.

Estas etiquetas metálicas originales fueron reemplazadas por nuevas placas con la marca Progen (modelos S-3500), donde se falsificó la información técnica, catalogándolos como equipos del año 2023 o 2024, con “cero horas de uso” y con supuesta capacidad dual de operar con combustible pesado (HFO).

El “maquillaje” de InterFab (haciendo que los motores sucios y oxidados lucieran limpios y verdes) junto con el reetiquetado de Southern Graphic Systems fue lo que permitió a la contratista simular la fabricación de equipos nuevos ante el Ecuador.

El engaño de las inspecciones visuales de AP Inspections

Con la alteración estética completada, Progen coordinó las inspecciones de la verificadora AP Inspections Latinoamerica y su filial en Texas, A.P. Inspections LLC.

La Contraloría General del Estado de Ecuador determinaría posteriormente que estas inspecciones no fueron técnicas, sino puros levantamientos de información visual y conteos de cantidades.

En los informes fotográficos emitidos por AP Inspections para habilitar los desembolsos, se observaban los equipos limpios, pintados y con calcomanías de Progen. El reporte del 14 de septiembre de 2024 concluyó textualmente que “todas las partes lucen muy bien, nuevas y debidamente fabricadas”.

Asimismo, el reporte del 16 de enero de 2025 emitido en las instalaciones de InterFab certificó de forma textual que:

“El material inspeccionado estaba 100% terminado, la inspección visual se realizó siguiendo todos los protocolos estándar internacionales y confirmando visualmente que la unidad estaba lista. Resultado completado y satisfactorio”.

Con estos informes, Celec transfirió USD 69,58 millones por El Salitral y USD 37,79 millones por Quevedo por generadores que nunca funcionaron y que no entregan ni uno de los 150 megavatios contratados.

Las auditorías periciales de Taxia confirman la estafa

El peritaje físico e independiente realizado por la firma Taxia entre julio y septiembre de 2025 en las centrales Quevedo y El Salitral confirmó de manera técnica la alteración estética denunciada.

La inspección electromecánica de las unidades suministradas en Salitral arrojó que se trataba de paquetes Stewart & Stevenson DM3580E fabricados entre los años 2008 y 2010, los cuales operaban con motores EMD de antigua generación y alternadores Kato del año 2009.

El informe final de Taxia concluyó de manera textual:

“Se evidenció indicios de la alteración de placas y re-etiquetado por parte del proveedor, sobre montando placas de identidad con las del fabricante original”.

La auditoría mecánica detectó oxidación generalizada bajo la pintura fresca verde pálido aplicada por InterFab, partes ausentes, conexiones incompletas y acumulación de carbonilla y aceite usado en los cilindros, lo que probaba un prolongado uso previo.

Asimismo, los peritos verificaron que las unidades solo contaban con infraestructura mínima para operar con diésel caro. No se encontraron las bombas, calentadores ni tuberías necesarias para el funcionamiento dual con combustible pesado (HFO), lo que redujo drásticamente la viabilidad técnica y económica del proyecto emergente y selló el perjuicio contra el Estado ecuatoriano.

Este jueves 27 de agosto de 2026, a las 16:00, el conjuez Rodrigo Sarango dará a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados al denominado caso Apagón (o caso Progen).

La decisión judicial se anunciará luego de que el magistrado suspendiera la audiencia de vinculación la noche del pasado martes 25 de agosto, tras una larga jornada de debate que se extendió por más de ocho horas.

Durante la fase de litigación de medidas cautelares, el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, fundamentó la necesidad de dictar prisión preventiva para el grupo de 10 nuevos sospechosos, compuesto por exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exasesores ministeriales:

• José Manuel de Oliveira Allu (excoordinador jurídico del Ministerio de Energía).
• Peter Christian Dreher Pozo (exasesor del Ministerio de Energía).
• José Xavier Aimara Guaita (exdirector de Planificación de Celec).
• Cristhian Andrés Dahik Quijano (exsubgerente jurídico de Termopichincha)
• Daniela Piedad Gordillo Ramírez (exsubgerente jurídica de Termopichincha).
• Marlon Iván Casillas Hernández (exadministrador de Salitral)
• José Luis Sampietro Saquicela (primer administrador de Quevedo)
• Marcos Alberto Guerrero Bravo (segundo administrador de Quevedo)
• Luis Javier Ugsha Guanotasig (exoperador de Celec).

En calidad de coautor: José Walter Manrique Suárez (pareja de Karla Saud Calero), accionista de la empresa Astrobryxa, señalado por coordinar subcontrataciones y canalizar fondos públicos del anticipo por más de USD 12,2 millones.

¿Qué sostuvo el fiscal Alarcón?

Alarcón sostuvo ante el tribunal que cualquier medida alternativa a la privación de libertad resultaría insuficiente para garantizar que los procesados comparezcan a un eventual juicio por peculado. El fiscal argumentó que los implicados disponen de movilización, solvencia económica y conexiones en el extranjero que elevan considerablemente el riesgo de evasión.

Por su parte, los defensores técnicos de los investigados intentaron desvirtuar los argumentos fiscales presentando justificativos de arraigo familiar, laboral y médico, destacando casos de vulnerabilidad de menores de edad bajo su cuidado.

Sin embargo, la Fiscalía descalificó estas alegaciones señalando que muchos de los documentos presentados eran copias simples carentes de validez legal. Asimismo, el fiscal descartó contratos de arrendamiento, correos electrónicos, certificados laborales y comprobantes de servicios básicos, aclarando además que la insistencia de las defensas en demostrar la falta de antecedentes penales de sus clientes era un criterio que no cabía analizar en esa etapa de vinculación.

De igual modo, el pedido de la entidad fiscal no se limita únicamente a la captura nacional. Debido al inminente riesgo de fuga y a que varios de los procesados clave ya no se encuentran en el país, el fiscal Alarcón solicitó formalmente que se oficie a la Policía de Integración Internacional (Interpol) para emitir la difusión roja contra cuatro de los recién vinculados:

• José Manuel de Oliveira Allu
• Peter Christian Dreher Pozo
• José Xavier Aimara Guaita
• José Walter Manrique Suárez.

En el ámbito económico, la Fiscalía también solicitó medidas de protección para el Estado ecuatoriano. Entre estas constan la retención de cuentas bancarias y pólizas de inversión en el sistema financiero nacional por un monto de USD 27.600 para cada uno de los diez sospechosos, destinado a asegurar el pago de eventuales multas.

Adicionalmente, el fiscal solicitó la prohibición de enajenar bienes en todo el territorio nacional por un total de USD 4,9 millones.

Un perjuicio que supera los USD 100 millones

El caso Apagón investiga un presunto delito de peculado derivado de los contratos de emergencia suscritos en agosto de 2024 entre Celec y Progen Industries LLC para instalar centrales de generación térmica en Salitral y Quevedo.

A pesar de que el Estado desembolsó un anticipo del 70% (USD 104,37 millones), las plantas eléctricas nunca llegaron a operar debido a que los equipos no eran nuevos, presentaban incompatibilidades técnicas y estaban obsoletos o eran usados.

Con la vinculación de este último grupo de 10 personas efectuada el pasado lunes 24 de agosto de 2026, la lista de procesados en esta causa ascendió oficialmente a 31 personas. Por disposición legal, esta diligencia amplía la etapa de instrucción fiscal por 30 días adicionales, extendiendo el cierre definitivo de las investigaciones hasta el 24 de septiembre próximo, fecha tras la cual se fijará el día para la audiencia preparatoria de juicio.

En medio de la precampaña electoral, con ocasión de los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre, la Fiscalía General del Estado difundió un video de dos minutos y 21 segundos de duración, que recopila los casos de alcaldes procesados por presuntos delitos de corrupción.

La publicación es destacada como post fijado en la red social X y entre los mencionados están los alcaldes de Guayaquil, Aquiles Álvarez; de Esmeraldas, Vicko Villacís; y de Machala, Darío Macas.

Los procesos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se iniciaron este año y según la Fiscalía, existiría un perjuicio de USD 200 millones.

La recopilación de estos casos se da en momentos en que el Gobierno lleva adelante una serie de ataques de desprestigio en contra de autoridades locales de oposición.

Coincidencialmente, quien ha liderado los operativos de detención es el ministro del Interior, John Reimberg, quien desacredita a los municipios en entrevistas, declaraciones ante medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.

En una reciente entrevista, en radio Centro de Guayaquil, Reimberg aseguró este 24 de agosto que “la mayoría de las municipalidades están entregadas a los grupos delictivos”

El ministro estuvo al frente de la operación policial en la que fue detenido el alcalde de Esmeraldas, el pasado 3 de junio en su domicilio.

Acompañó el traslado aéreo hacia Quito y en declaraciones ante la prensa afirmó que el alcalde recibió 1,4 millones en su cuenta.

Ese mismo día, en su cuenta en la red social X, Reimberg sentenció a Vicko Villacís, al asegurar que era el cabecilla del más grande caso de corrupción en Esmeraldas.

De igual manera, la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, efectuada el pasado 6 de julio, fue ampliamente difundida por el funcionario del Ejecutivo, quien adjuntó la imagen de la autoridad local en una publicación en la rd social X.

En este caso, sentenció que la detención fue por enriquecimiento ilícito, pese a que no se ha demostrado el cometimiento del delito, por estar en proceso de investigación.

En otra reciente declaración, Reimberg resaltó que el país necesita alcaldes que estén comprometidos con la misma línea del Gobierno.

La afirmación la dio, tras el anuncio de nombres de los precandidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para prefectos, alcaldes y concejales.

A esto, se suman las acusaciones del Gobierno respecto al presunto funcionamiento de salas espejo en los sistemas de videovigilancia de los municipios de Quito y Guayaquil.

En el contexto de esta campaña mediática del Gobierno en contra de alcaldes y municipios, aparece la difusión del video de la Fiscalía sobre autoridades locales procesadas,lo que ahonda la polémica en tiempos electorales.

El centro de la capital se encuentra sumido en una crisis de seguridad. A pesar del estado de excepción vigente desde el 16 de junio de 2026, y del Plan de Protección de Quito activo desde agosto, la delincuencia organizada, los robos a plena luz del día y los crímenes de sangre continúan golpeando a sus calles y asfixiando la actividad comercial.

Entre el asedio de bandas delictivas y asaltos a turistas, los moradores y comerciantes exigen con desesperación una intervención militar y policial organizada antes de que el casco colonial sea completamente dominado por el miedo.

El pasado 29 de julio de 2026, la calle Necochea, ubicada cerca del ingreso a El Panecillo —uno de los principales atractivos turísticos de la urbe—, fue escenario de un asesinato. Sicarios interceptaron un vehículo tipo SUV en el que viajaban dos ciudadanos colombianos, acabando con la vida de Amílcar Andrés N. y dejando a su acompañante herido.

Menos de un mes después, el pánico volvió a apoderarse de la concurrida zona comercial del Hermano Miguel. El lunes 24 de agosto de 2026, aproximadamente a las 15:00, una disputa entre un guardia de seguridad y un vendedor ambulante terminó en un intento de homicidio en las calles Imbabura y Chile.

Según informes judiciales, el guardia de seguridad del centro comercial, Henrry Tenorio Valencia, señaló que era de Los Lobos y disparó en el rostro del comerciante.

El turismo y los negocios locales bajo el asedio de la delincuencia

La inseguridad también ahuyenta al turismo internacional y debilita la economía local. El 16 de enero de 2026, un video difundido en redes sociales expuso a nivel mundial la vulnerabilidad de la zona.

El youtuber coreano Sanghyeok Lee fue víctima de un violento asalto por parte de tres sujetos mientras recorría en motocicleta el bulevar de la 24 de Mayo. En la grabación se observa cómo los delincuentes le arrebataron el celular y estuvieron a punto de quitarle su motocicleta. Durante el atraco. el turista gritó desesperadamente, pero ningún transeúnte acudió en su auxilio.

“Queremos operativos reales”

Los ciudadanos que viven y trabajan diariamente en el centro de Quito sienten que la presencia estatal es esporádica e insuficiente. Los testimonios directos de los moradores reflejan un temor constante que los obliga a cambiar radicalmente sus rutinas comerciales y de vida.

Cecilia Quishpe, presidenta del centro comercial Parqueadero La Merced —que alberga a 400 locales comerciales—, describió la tensa cotidianidad en el sector. “Hay demasiada inseguridad, siempre uno tiene que estar pendiente de que nada suceda”.

Quishpe criticó la falta de planificación de las autoridades policiales y señaló que los operativos no se realizan cuando son más necesarios. “No hacen los operativos en determinado momento, cuando más se debería hacer, no están aquí los policías y eso deja mucho que desear. No lo hacen de manera organizada, lo hacen de manera esporádica”.

Además, alertó sobre la aparición de bandas delictivas en los exteriores de los centros comerciales.

“Hay grupos delincuenciales que otra vez están apareciendo”.

Este sentimiento es compartido por Omar Frías, un ciudadano de la zona que presenció la balacera en el sector del Hermano Miguel y describió la situación de seguridad del centro como “bastante complicada”.

Frías resaltó la urgencia de redoblar esfuerzos y patrullajes en momentos de alta afluencia. “Lo que se pide es que en verdad haya más presencia policial y si es posible de ser militares también para que, al menos en esta época escolar, que sale bastante gente, se requiere de más presencia policial”.

La falta de garantías de seguridad ha provocado un silencioso “toque de queda” comercial autoevaluado. María Saritama, comerciante de la zona, explicó cómo la delincuencia los obliga a cerrar sus negocios mucho antes de lo habitual para proteger sus vidas.

“La inseguridad aquí en el centro de Quito es mala. Aquí hay mucha delincuencia. No nos podemos quedar en el local, máximo estamos hasta las 17:30 y ya cerramos, para evitar robos”.

Saritama rogó por una vigilancia constante en la zona. “Necesitamos la presencia de la policía, que dé la vuelta por todos estos sectores, que estén constantemente dando la vuelta, porque sí se necesita”.

Finalmente, los comerciantes también denuncian que los robos ocurren al amparo de la oscuridad de la noche y la madrugada. Anaya Andrango, que tiene un comercio en la intersección de la calle Chile y Chimborazo, solicitó la instalación de cámaras de seguridad y patrullajes en horarios críticos.

“Yo pediría también de que estén rodeando tanto en el día, en la noche y en la madrugada, porque en la madrugada rompen las puertas y entran a los locales y dejan vacío”.

Ante el reciente anuncio de la llegada de 2.000 nuevos policías a la ciudad de Quito, la exigencia unánime y urgente de los habitantes del Centro Histórico es clara: que este contingente sea destinado a patrullar sus calles vulnerables, devolviendo el orden y la paz a un sector patrimonial que hoy agoniza bajo la sombra de la delincuencia y el abandono.