La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a través de su Unidad de Negocio Electroguayas, adjudicó un millonario contrato para el arrendamiento de 45 megavatios (MW) de generación termoeléctrica a favor de la empresa Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V..

El proceso tiene como objetivo mitigar el déficit energético proyectado ante el inicio del estiaje en octubre de 2026 y evitar crisis eléctricas similares a la ocurrida en 2024.

La adjudicación se produjo pese a que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), ente rector de las compras públicas en el país, emitiera hallazgos de irregularidades que la eléctrica pública decidió desestimar bajo su propia responsabilidad.

Las observaciones ocurrieron desde la faase inicial del proceso de contratación en Santa Elena. El ente rector identificó hallazgos que, a su juicio, “atentan contra la normativa enmarcada en contratación pública”.

Uno de los puntos críticos fue la deficiencia en las proformas utilizadas para el estudio de mercado. El Sercop señaló que los proveedores Kawsus CÍA. LTDA, PowerSolutions, Geotérmica para el Desarrollo y Aggreko Energy Ecuador “no especifican los plazos para la segunda y tercera etapa de ejecución” (operación y desmovilización del proyecto), inobservando el artículo 73 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

En ese articulo se regula la determinación del presupuesto referencial, exigiendo que las entidades públicas cuenten con un valor estimado que refleje de manera real y fidedigna las condiciones del mercado al momento de publicar el procedimiento.

Adicionalmente, el Sercop reportó irregularidades en la validación de firmas electrónicas de los proformantes. Según el Oficio Nro. SERCOP-DSP-2026-4704-OF, la proforma de PowerSolutions no contaba con las firmas de sus directivos, la de Geotérmica para el Desarrollo carecía de firma electrónica y la de Aggreko se registraba como “sin firma” en el aplicativo oficial.

Celec respondió el 8 de junio de 2026 ratificando la validez del procedimiento.

La eléctrica argumentó que las etapas 2 y 3 del plazo eran fijas e inalterables por requerimiento institucional, por lo que no requerían diferenciación en las proformas.

Respecto a las firmas, Celec citó el artículo 47 del Reglamento a la LOSNCP, sosteniendo que “no estarán sujetos a la obligatoriedad de suscripción electrónica el libro de obra, proformas y las garantías”.

Ante la persistencia de las discrepancias, el Sercop emitió un pronunciamiento el 26 de mayo de 2026, indicando que “la entidad contratante bajo su exclusiva responsabilidad determinará la continuidad del procedimiento de contratación antes referido”.

La holding estatal interpretó que este pronunciamiento “no contiene disposición alguna de cumplimiento obligatorio que impida la prosecución del procedimiento”, procediendo con el avance del trámite.

Inconsistencias económicas y rectificación de última hora

La adjudicación original, recomendada el 29 de abril de 2026, se fijó en USD 59.291.622. Sin embargo, el 12 de junio de 2026, la Subgerencia Jurídica de Electroguayas detectó una inconsistencia material: el valor en el formulario de oferta económica de Comercial Laeisz era de USD 58.578.967.

La Comisión Técnica admitió que el oferente cometió un “error de cálculo matemático unilateral” al procesar las variables de su oferta, aplicando erróneamente la fórmula obligatoria de valoración establecida en los pliegos. Tras un informe aclaratorio, Celec emitió un alcance para rectificar el valor de la adjudicación y ajustarlo a los USD 58,5 millones que constaban en el formulario firmado por el proveedor.

Cierre del proceso

Hasta junio de 2026, la firma del contrato definitivo se encontraba pendiente mientras la Unidad de Negocio Electroguayas gestionaba la documentación de rigor.

El arrendamiento, pactado para un plazo de 730 días de operación comercial, obliga al contratista a instalar, operar y mantener la central termoeléctrica, mientras que el combustible diésel o HFO será suministrado directamente por Celec.

¿Quién es Comercial Laeisz?

La empresa ganadora, Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., registra operaciones en el rubro de generación desde 1997 en su país de origen. No obstante, su llegada a Ecuador generó interrogantes.

El propio ministro de Energía, Juan Carlos Blum, admitió en una entrevista a Primicias que “sí nos llamó la atención es cómo supieron, cómo vinieron, cómo llegaron“.

Pese a su trayectoria en el mercado hondureño, donde maneja una capacidad instalada de aproximadamente 80 MW, la compañía carece de evidencia actualizada de proyectos internacionales fuera de Honduras en su sitio web institucional.

Además, reportes de prensa en Centroamérica señalan que el Grupo Laeisz ha enfrentado críticas por la transparencia de sus contratos.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras denunció en 2020 que ciertos contratos entregados a la empresa incluían condiciones distintas a las bases de licitación, lo que calificaron como una decisión “ilegal y que está por fuera de los protocolos de licitación”.

Radio Pichincha se contactó con el experto eléctrico de Honduras, Samuel Rodríguez, quien destacó que esta empresa es especialista en motores a diésel, pero reconoce que el modelo de generación térmica suele ser impopular por sus costos y su impacto ambiental y quizás por eso, se generan cuestionamientos a los procesos de contratación de energía termoeléctrica.

En tanto, René Alfaro, exgerente administrativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, contó a Radio Pichincha, que Comercial Laeisz es una empresa muy conocida, tiene muchos años de experiencia en la provisión de motores de generación.

“No tengo ninguna objeción porque cumplió -en sus momentos- con sus tiempos al momento del arrendamiento de motores para la generación de energía eléctrica”, dijo Alfaro.

Proyecto clave

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) advirtió en agosto de 2025 que el sistema eléctrico nacional ya no puede abastecer la demanda proyectada con la infraestructura existente.

Según informes técnicos, el país registra un crecimiento sostenido de la demanda de alrededor de 315 MW por año, mientras la nueva generación incorporada resulta insuficiente. Las simulaciones muestran riesgos de desabastecimiento en todos los estiajes analizados.

Ante este panorama, el Ministerio de Energía y Minas dispuso a Celec gestionar la renta de 260 MW de generación firme y uno de ellos es el proyecto en Santa Elena.

La Izquierda Democrática (ID) no podrá inscribir candidaturas en la provincia de Pichincha ni en ninguno de sus cantones, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera que el proceso de elecciones primarias del partido no fue supervisado por delegados del organismo, requisito de cumplimiento obligatorio.

Ante esta decisión, Jaime Ruiz, precandidato a la Prefectura de Pichincha por la ID, acudió la tarde del 4 de agosto de 2026 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para solicitar que se garantice el derecho a la participación política de la organización y de sus simpatizantes.

“Este partido tiene trayectoria e historia. Nació en esta ciudad, creció en el país y gobernó el Ecuador con pulcritud, ejemplo e ideología”, afirmó en una entrevista con Ecuador Chequea.

Aunque Ruiz sostuvo que la Izquierda Democrática cumplió con el proceso de democracia interna establecido en el Código de la Democracia, reconoció que las elecciones primarias se realizaron sin la presencia de delegados del CNE.

“La dificultad surge porque el CNE envía delegados a unas organizaciones políticas y a otras no. Los argumentos que presenta para no designar delegados en nuestro proceso de democracia interna carecen de sustento”, manifestó.

El precandidato señaló que las objeciones planteadas por el organismo electoral son de carácter formal, pues se argumenta que el secretario de la ID registrado ante el CNE no coincide con quien suscribió la convocatoria a las elecciones internas.

“Son aspectos que no vienen al caso porque sí se cumplió con la ley. Demostramos que hubo un cambio de representante y que ese procedimiento está contemplado en la normativa”, aseguró.

Asimismo, Ruiz sostuvo que, de existir observaciones al proceso, estas debieron formularse antes de la realización de las elecciones internas y no cuando restan pocos días para la inscripción de candidaturas.

“Le pedimos al TCE una solución que garantice la participación de la Izquierda Democrática en este proceso electoral”, concluyó.

La madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026, un juez anticorrupción dispuso prisión preventiva para el alcalde de El Tambo (Cañar), René Alonso Castillo Ortiz; el concejal y presidente del Comité de Festejos, Edison Marcelo Espinoza Urgilez; y el promotor de eventos Gabriel Gerardo Ortiz Abad, dentro de una investigación por el presunto delito de peculado.

Además de la privación de libertad, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes por un monto de USD 16.515 para cada uno de los tres procesados, luego de analizar los argumentos expuestos por la Fiscalía y las defensas durante la audiencia de formulación de cargos.

Investigación por presuntas irregularidades en un concierto

La causa se centra en la organización de un concierto internacional realizado por los 33 años de cantonización de El Tambo.

De acuerdo con la investigación, para el evento se emitieron 3.200 boletos y, según un informe de la Contraloría General del Estado, existiría un perjuicio económico de USD 49.545 para el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal.

Con base en los elementos de convicción presentados durante la diligencia, Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes para los tres investigados, medidas que finalmente fueron acogidas por el juez de la causa.

El operativo y las detenciones

Los tres procesados fueron detenidos el martes 4 de agosto durante el denominado Operativo Templo del Sol, ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía.

Ese mismo día, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo permitió la captura del alcalde René Alonso Castillo Ortiz, del concejal Edison Marcelo Espinoza Urgilez y del promotor particular de eventos Gabriel Gerardo Ortiz Abad, quienes fueron trasladados a una dependencia policial mientras continuaban las diligencias investigativas.

Como parte del procedimiento también se allanaron las instalaciones del GAD Municipal de El Tambo.

Denuncia e indicios recopilados

Según la información policial, la investigación se originó tras una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos obtenidos durante las festividades de cantonización de El Tambo en 2024.

Durante los allanamientos, las autoridades levantaron varios indicios, entre ellos tres teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento, documentación, talonarios, cajas de boletos y un contrato relacionado con la organización del evento, los cuales serán incorporados a la investigación.

Este título también desenmascara las mentiras de una campaña mediática que me criminalizó, agregó el dirigente estudiantil.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Nery Padilla, informó la tarde del 4 de agosto de 2026 que obtuvo su título de psicólogo, convirtiéndose, según señaló, en el primer profesional de su familia.

“Me llena de alegría ser el primer profesional de mi hogar, provenir de un origen sencillo y de los sectores populares”, expresó.

Padilla aclaró que nunca cambió de carrera, accedió a terceras matrículas ni cursó paralelos diferentes en un mismo semestre. Asimismo, aseguró que nunca perdió el beneficio de la gratuidad gracias a su rendimiento académico, lo que le permitió ser representante ante el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central, presidente de la Asociación de Estudiantes y, posteriormente, titular de la FEUE Nacional.

“Como cientos y miles de estudiantes, debido a robo y saqueo económico que vive el país, tuve que retirarme temporalmente de la universidad. Cuando las condiciones lo permitieron, retomé mi formación sin inconvenientes hasta culminarla con éxito”, escribió.

Con este pronunciamiento, el dirigente rechazó los cuestionamientos sobre el tiempo que permaneció como estudiante universitario y denunció haber sido víctima de discriminación y racismo.

“Campañas impulsadas por mal llamados influencers, publicidad pautada, mensajes anónimos y ataques de fanáticos. A pesar de todo, nunca lograron doblegarme”, manifestó.

A criterio de Padilla, el objetivo de esas descalificaciones era silenciar su voz, debido a que fue uno de los dirigentes que denunció el deterioro de la educación superior pública en el país.

“Este título también desenmascara las mentiras de una campaña mediática que me criminalizó, me persiguió, me señaló y me atacó por ser negro, por venir de un origen humilde y, sobre todo, por mantener una postura frontal frente a las injusticias de un gobierno indolente”, concluyó.

Tras el inicio del proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026, el asambleísta Franklin Samaniego confirmó que la Revolución Ciudadana (RC) cuenta con un vehículo político para registrar a sus cuadros en Pichincha. Lo hizo este lunes 03 de julio de 2026 en declaraciones a la prensa.

Tras la suspensión de su movimiento original por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la inhabilitación del movimiento Amigo, la organización recurrió a alianzas con otros partidos para garantizar su participación.

Según Samaniego, en Pichincha se consolidaron dos alianzas estratégicas: la 2-17-60 y la 17-60, las cuales recogerán a todos los candidatos de la tendencia. Estas coaliciones cuentan con la participación de:

• Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)
• Unidad Popular (UP)
• El movimiento provincial Todos (lista 70).

El legislador describió este esfuerzo como una medida de “sobrevivir democráticamente” ante una persecución por parte de organismos como el TCE y el Consejo Nacional Electoral (CNE), a los que acusa de acomodar las reglas a favor del oficialismo. Samaniego advirtió que la “segunda fase” de este proceso será enfrentar la estrategia gubernamental para intentar proscribir a los candidatos ya inscritos.

“Hemos llegado a ese punto de que estas alianzas entre diferentes sectores para hacerle frente al oficialismo es sobrevivir democráticamente”, aseguró Samaniego.

Con base en esa información, Radio Pichincha contactó a Geovanny Atarihuana para contrastar la versión. El líder de Unidad Popular señaló que esas alianzas “se están debatiendo”. Por su parte, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Gustavo Vallejo, indicó a este medio que la posibilidad de concretar esos acuerdos “se viene discutiendo”.

Candidaturas unificadas y amenazas en el territorio

La alianza de izquierda podría incluso decantar en candidaturas únicas. Nelson Erazo, dirigente de Unidad Popular, manifestó su disposición de “dar un paso al costado” para lograr un frente unificado que derrote al oficialismo. Este acercamiento es visto como la última oportunidad de la RC para tener presencia en las seccionales de Pichincha.

“Creemos que puede salir una candidatura unificada desde los sectores sociales. Por ello, si tengo que dar un paso al costado para que eso suceda, lo haré. Es fundamental la unidad para derrotar a quienes le hacen daño al pueblo ecuatoriano”, expresó Erazo.

No obstante, el camino hacia las urnas no está exento de riesgos. Samaniego denunció la existencia de amenazas directas contra candidatos en diversas provincias, una situación que, asegura, no solo afecta a la Revolución Ciudadana sino también al Partido Social Cristiano (PSC). Asimismo, contrastó la falta de seguridad de sus representantes frente a la protección que ostenta el bloque oficialista ADN.

Ahora, más allá de la logística electoral, Samaniego adelantó que la RC ya trabaja en la campaña, centrando su discurso en el rechazo a la gestión del gobierno actual. Los ejes principales de su propuesta serán la crisis de seguridad y la deficiencia en el sistema de salud, denunciando hospitales con menos del 40% de medicamentos básicos.

Inicio de inscripciones de candidaturas

Desde las 00:00 de este domingo 2 de agosto de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó oficialmente su sistema informático para el proceso de inscripción de candidaturas.

Este proceso, en el que se elegirán autoridades como alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, se llevará a cabo exclusivamente de manera virtual hasta las 18:00 del próximo 17 de agosto.

A pesar de que el trámite es estrictamente en línea, el organismo electoral desplegó mesas de acompañamiento técnico, personal de apoyo y computadoras con conectividad en su sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional presentó el informe para segundo debate de la reforma a los Libros I, II y III del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA). El proyecto busca actualizar una normativa que data del año 2003 para alinearla con la Constitución de 2008 y los estándares internacionales de derechos humanos. El Pleno discutirá esta iniciativa el 4 de julio de 2026.

Identidad y protección frente a intervenciones irreversibles

El proyecto propone la incorporación del artículo 4.1, el cual establece que el sexo de todo recién nacido debe inscribirse obligatoriamente como hombre o mujer. Esta inscripción se basará estrictamente en la determinación de la condición biológica realizada por un profesional de la salud o la persona que asista el parto.

Según el análisis de la Comisión, esta medida busca garantizar certidumbre jurídica inicial para efectos de filiación y derechos sucesorios, considerándolo un “dato registral base” que no debe prejuzgar la identidad de género que el individuo decida autodeterminar al alcanzar la madurez.

Otro eje de la reforma es el nuevo artículo 27.1, que prohíbe explícitamente cualquier procedimiento médico, farmacológico o quirúrgico destinado a modificar el sexo biológico de niñas, niños y adolescentes.

La argumentación técnica del informe sostiene que:

• Principio de precaución: se busca proteger a los menores de intervenciones invasivas con efectos irreversibles y secuelas a largo plazo que aún no han sido suficientemente estudiadas.
• Madurez psicológica: los legisladores argumentan que la infancia es un proceso dinámico de desarrollo donde la identidad se explora, por lo que estas decisiones deben reservarse para la mayoría de edad (18 años), cuando exista plena capacidad jurídica.

En ese sentido, dentro de la fase de socialización, Germán Guerrero, médico, defendió la propuesta señalando que el pensamiento crítico no termina de desarrollarse hasta los 25 años y que permitir cambios de sexo antes de los 18 podría derivar en “arrepentimientos irreversibles”.

Ampliación de licencias de maternidad y paternidad

Por otro lado, el proyecto plantea una reforma al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para extender la licencia de maternidad a 24 semanas remuneradas. Actualmente, esta licencia es significativamente menor (12 semanas), por lo que la ampliación busca asegurar:

• La lactancia materna exclusiva
• Reducir la mortalidad infantil
• Permitir una recuperación física y mental óptima de la madre.

Además, se contempla que en casos de nacimientos múltiples, este periodo se extienda por 10 días adicionales. El sustento para esta medida es que la inversión en el desarrollo infantil temprano tiene el retorno social más alto y es clave para romper ciclos de pobreza.

Para los padres, la reforma también propone un cambio con el fin de fortalecer el vínculo temprano. Las propuestas son:

• Sector privado: el padre tendrá derecho a 30 días de licencia remunerada por parto normal.
• Sector público: se establece una licencia de cuatro semanas con remuneración completa.

El proyecto también detalla extensiones por casos especiales para el padre:

• Cinco días adicionales en casos de cesárea o nacimientos múltiples.
• Ocho días adicionales si el recién nacido es prematuro o requiere cuidados especiales.
• 25 días de licencia si el hijo nace con una discapacidad severa o una enfermedad terminal o irreversible.
• En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o la licencia, el padre podrá hacer uso de la totalidad del tiempo restante que le correspondía a ella.

De aprobarse este articulado, el Ministerio de Trabajo y el IESS deberán adecuar sus políticas para asegurar que estos nuevos plazos se cumplan de manera uniforme en todo el país.

Boletas de apremio no caducarán

La norma propone la eliminación de la caducidad de las boletas de apremio y una nueva metodología para fijar pensiones en casos de tenencia compartida. Actualmente, existe una discrepancia normativa que permitía la cesación automática de las boletas de apremio personal a los 30 días de emitidas. El informe propone reformar el Cogep para establecer que, en materia de alimentos, el transcurso del tiempo no extinga la vigencia de la boleta ni produzca su prescripción.

Bajo esta nueva normativa, la medida coercitiva se mantendrá vigente de forma automática hasta que se cumpla con la obligación alimentaria, sin necesidad de que la persona interesada presente nuevas solicitudes. Además, se recomienda que, al momento de ejecutar el apremio, la liquidación de la deuda esté debidamente actualizada para evitar injusticias procesales.

Por ejemplo, el proyecto moderniza la forma en que se determina el monto de la asistencia económica, enfocándose en la corresponsabilidad parental. Los puntos clave incluyen:

• Tenencia compartida: cuando el juez dicte esta modalidad, la pensión ya no se basará únicamente en los ingresos de un padre. Se deberá evaluar proporcionalmente la capacidad económica de ambos progenitores, considerando sus ingresos ordinarios y extraordinarios, así como sus gastos de vida, para asegurar una contribución “justa y equitativa”.
• Límites a la fijación: se prohíbe explícitamente que los jueces o mediadores fijen valores menores a los establecidos en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas.
• Costos del proceso: se propone que todos los gastos derivados del cobro coactivo, incluyendo honorarios de peritos y costos de ejecución, sean asumidos íntegramente por el deudor alimentario, evitando que este gasto recaiga sobre el progenitor custodio.

De igual modo, la reforma mantiene la jerarquía de los obligados subsidiarios en caso de ausencia o insuficiencia de recursos de los padres. En orden de responsabilidad, deberán responder los abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años y tíos.

En casos donde el demandado alegue discapacidad para no pagar, deberá demostrar que su condición le impide totalmente ejercer una actividad productiva y que carece de cualquier otra fuente de ingresos. Por otro lado, para los padres que han migrado al exterior, se obliga a los jueces a aplicar de oficio tratados internacionales para asegurar el cobro efectivo de la pensión en el extranjero.

Aquí puedes leer la propuesta completa: