Pese a las constantes incautaciones de armamento militar y policial, Ecuador avanza entre una elevada cifra de homicidios y la resiliencia criminal, manteniendo el temor en la población del país.

A pesar de las constantes intervenciones de seguridad, la población ecuatoriana continúa conviviendo con un escenario de alta violencia criminal.

Entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2026, los operativos del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, retiraron de circulación 13.551 armas de fuego en el territorio nacional con el fin de contener las amenazas delictivas.

El volumen de pertrechos incautados durante el mismo periodo incluye 507.997 municiones, 362.722 explosivos y 38.855 armas blancas.

Aunque estos decomisos buscan frenar los medios con los que las redes criminales atemorizan a la ciudadanía, el flujo del Tráfico de Armas, Municiones y Explosivos (TAMEX) se mantiene como el sostén logístico que reabastece continuamente a las mafias organizadas.

Pese a estas “significativas” incautaciones de armas, los índices de inseguridad siguen siendo alarmantes.

Homicidios en 2026

En materia de violencia letal, las estadísticas del Ministerio del Interior contabilizan 6.285 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2026.

Si bien los datos reflejan una disminución del 8,1 % en comparación con los 6.838 casos registrados en igual periodo de 2025, las cifras se sostienen en niveles elevados que impiden restablecer la tranquilidad social.

La concentración de muertes violentas se mantiene alarmante en el perfil costero del país, donde la provincia del Guayas encabeza la incidencia con 2.555 homicidios.

La violencia se distribuye en Manabí con 930 casos, El Oro con 886, Los Ríos con 683, Esmeraldas con 269, Pichincha con 203 y Santa Elena con 198, en contraste con provincias como Carchi que reporta 10 incidencias.

El impacto de esta violencia se evidencia al observar la trayectoria histórica de la última década, donde el país pasó de registrar menos de 1.400 casos anuales entre 2014 y 2019, con 1.310 en 2014 y 1.371 en 2019, a sufrir una escalada que alcanzó los 2.495 homicidios en 2020, 4.886 en 2021, 8.247 en 2022 y un pico de 9.284 en 2024.

¿Qué dice el informe de inteligencia?

Reportes del Centro Nacional de Inteligencia advierten que las estructuras delictivas muestran una marcada «resiliencia táctica» y no han sido desarticuladas.

A pesar de la presencia militar y las restricciones de movilidad, las mafias reemplazan rápidamente a sus cabecillas aprehendidos y abren rutas alternativas para mantener operaciones en narcotráfico, extorsiones («vacunas»), secuestros y minería ilegal.

El perfil de la violencia revela que la categoría de asesinato abarca el 95,16 % del total de muertes violentas, mientras que el homicidio representa el 3,66 %.

Asimismo, la delincuencia común figura como el móvil principal al concentrar el 96,44 % de las incidencias, reflejando cómo la criminalidad cotidiana golpea de forma sistemática a las familias ecuatorianas.

En el ámbito financiero, los operativos lograron afectar las economías ilícitas por un monto de 48,5 millones de dólares en los primeros diez meses del año, superando los 43 millones registrados en todo 2025 con un incremento del 12,8 %.

Pese a esta presión económica y al despliegue estatal, el flujo constante de recursos ilícitos sigue desafiando las estrategias oficiales.

Las declaraciones juramentadas del alcalde Juan Alfonso Montalván destacan por mantener un saldo constante de cero deudas o pasivos tanto en 2019 como en 2026.

El pasado 28 de octubre el alcalde del cantón Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, figura políticamente alineada con la administración del presidente Daniel Noboa, fue detenido en un operativo. La Fiscalía lo acusa de liderar una presunta red de lavado de activos que habría movilizado más de USD 3,22 millones.

La investigación pone bajo la lupa sus presuntos nexos con el crimen organizado, mientras las declaraciones patrimoniales de la Contraloría revisadas por Radio Pichincha exponen el crecimiento de su patrimonio en 108,47% sin deudas registradas, es decir, un incremento de USD 266, 447 desde que asumió la Alcaldía en 2019.

¿Y la intervención de la Asamblea?

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, cuestionó a la mayoría oficialista. Señaló que, menos de un día antes del operativo policial, se aprobó un informe sobre incrementos patrimoniales de autoridades seccionales. En ese documento, la gestión de Montalván figuraba sin observaciones de riesgo.

Luna sostuvo que los señalamientos contra un alcalde aliado al Ejecutivo evidencian, a su criterio, un uso politizado de las facultades de fiscalización de la Asamblea Nacional.

Cero deudas en sus declaraciones patrimoniales

Paralelamente a las indagaciones sobre los flujos de capitales gestionados mediante firmas constructoras, las declaraciones juramentadas de bienes del funcionario revelan una notable expansión de su patrimonio personal.

Entre los reportes oficiales correspondientes al inicio de su primera administración en 2019 y los datos consignados en 2026, el patrimonio neto de Montalván pasó de USD 243.800 a USD 508.247, lo que representa un incremento del 108%.

Esta evolución representa un crecimiento de USD 264.446 en un lapso de siete años. Una similitud en ambos informes es la ausencia de deudas o pasivos contraídos, figurando con cero dólares en ambos periodos.

El rubro con el mayor peso económico dentro del balance del burgomaestre corresponde a los bienes inmuebles situados en la provincia de Los Ríos.

En la declaración de 2019, el valor atribuido a sus propiedades alcanzaba los USD 223.756 distribuidos en cinco predios. Para el informe de 2026, el valor acumulado en bienes raíces se elevó a USD 386.102 registrando un incremento de USD 162.345 tras la incorporación de seis nuevos terrenos a su patrimonio inmobiliario entre los años 2021 y 2024.

Por otro lado, al inicio de su mandato en 2019, Montalván declaró USD 19.574 en bienes muebles, representados fundamentalmente por dos camionetas usadas y artículos de menor cuantía. Hacia 2026, esta cifra ascendió a USD 120.810 lo que representa un aumento sustancial de USD 101.236 en bienes muebles.

Este incremento responde a la suma de un equipo caminero valorado en USD 28.000, una camioneta año 2024 adquirida por USD 23.994, dos camiones matriculados en 2019 y la incorporación registrada en julio de 2026 de un bien mueble clasificado bajo la categoría de “otros” por un importe de USD 59.990.

La detención de Montalván

Juan Alfonso Montalván se convirtió en el primer alcalde de Vinces en lograr la reelección. En los comicios seccionales de 2023 obtuvo 28.346 votos, con el respaldo de una alianza que incluyó a CREO y SUMA. Su primer periodo transcurrió entre 2019 y 2023, cuando llegó al cargo con el apoyo de Fuerza Ecuador.

Su situación política y administrativa cambió la madrugada del 28 de octubre de 2026. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional ejecutaron 16 allanamientos simultáneos en Los Ríos, Azuay y Guayas.

El operativo dejó 15 personas aprehendidas. Entre ellas estaban el propio alcalde, varios de sus familiares y personas de su entorno cercano.

Según declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, Montalván es investigado como presunto cabecilla de una estructura financiera. La compañía Constructora Aldrensa habría sido utilizada para introducir recursos ilícitos en el sistema financiero formal. El monto investigado asciende a USD 3,22 millones, entre 2019 y 2026.

Las autoridades también indagan posibles vínculos financieros entre esta red y estructuras dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia organizada.

Durante las diligencias se mencionaron posibles nexos con integrantes de Los Choneros y Los Lobos. También se señalaron presuntas conexiones con causas de alto impacto nacional, como Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria. Estas vinculaciones deberán ser probadas durante el proceso judicial.

En los allanamientos se incautaron dinero en efectivo, armas y documentos. Tras las intervenciones, Montalván fue trasladado al Cuartel Modelo de Guayaquil.

Acciones en Aldresa

Según la información de la Superintendencia de Compañías, Montalván registra una inversión de apenas USD 1.250 en la Constructora Aldresa. Juana Cruz Cerezo figura como otra de las accionistas, con una participación de USD 3.750.

Aldresa está registrada en la provincia de Los Ríos, aunque tiene su sede en Guayaquil. La compañía reporta un capital suscrito de USD 5.000 y un capital autorizado de USD 10.000.

De acuerdo con el objeto social publicado en el portal, la empresa se dedica a la compra, venta, promoción, construcción y administración de bienes inmuebles. También contempla actividades como el arrendamiento, la permuta, la anticresis, las hipotecas y las fiducias. Estas operaciones abarcan propiedades urbanas y rurales.

La gerencia general está a cargo de Pedro Coello. Ronald Montalván, por su parte, figura como presidente ejecutivo.

La estrecha cercanía política con el Gobierno Nacional

La figura de Alfonso Montalván ha destacado en los últimos años por su marcada afinidad con el Gobierno del presidente Daniel Noboa Azín, relación que el propio alcalde hizo pública en diversas oportunidades.

Durante el proceso electoral presidencial de 2025, el burgomaestre difundió imágenes de su votación a favor del primer mandatario, acompañadas de mensajes de respaldo en los que manifestaba sus deseos de éxito para la gestión gubernamental y llamaba a la ciudadanía a respaldar las acciones del Ejecutivo.

Esta alianza se tradujo en una colaboración constante en territorio para la implementación de programas sociales y obras de infraestructura pública. Entre estas acciones resalta la entrega conjunta de 1.500 Bonos de Contingencia dirigidos a familias afectadas por los temporales invernales en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Desarrollo Humano, eventos en los que el alcalde ratificó su disposición para colaborar con los proyectos estatales.

Asimismo, la presencia de autoridades nacionales y legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), como la asambleísta Rosie Torres, fue recurrente en actos culturales tradicionales del cantón como la Noche Veneciana.

El respaldo institucional se evidenció de manera sustancial en el plano financiero mediante la firma de convenios de financiamiento de gran escala.

En agosto de 2026, la alcaldía de Vinces suscribió un contrato con el Banco de Desarrollo del Ecuador, representado por su gerente general Carlos Rivera Bautista, por un valor de USD 4,41 millones destinados a la construcción del sistema de alcantarillado en el sector Augusto Valencia y zonas urbanas aledañas.

El proyecto, impulsado en el marco del trabajo articulado con la administración central, proyectaba beneficiar a más de 7.600 habitantes de la localidad.

Antecedentes y el futuro judicial de la administración municipal

El proceso penal por lavado de activos no constituye el único incidente legal que ha salpicado la trayectoria del burgomaestre en fechas recientes.

En julio de 2025, Montalván fue aprehendido en la ciudad de Cuenca tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía un vehículo, registrando una concentración de 0,88 gramos de alcohol por litro de aire espirado.

En aquella ocasión, la autoridad judicial le impuso una condena de diez días de privación de libertad en un centro de detención de tránsito, además de una sanción económica y la reducción de puntos en su licencia de conducir, hecho por el cual ofreció disculpas públicas días después aduciendo que se trataba de una “lección de vida”.

Estoy aquí, en Ecuador, en Cuenca, cumpliendo con una sanción por la motivación conocida por ustedes y por la que me disculpo con mi pueblo; esta experiencia, además de un castigo legal representa un aprendizaje de vida “que no volverá a repetirse nunca”.

El panorama actual sitúa a la municipalidad de Vinces en una etapa de incertidumbre institucional mientras la Fiscalía avanza en la recolección de elementos de convicción para sustentar los cargos ante los tribunales.

Con la acumulación de evidencias físicas levantadas en los allanamientos y la custodia de los implicados, el sistema de justicia deberá determinar la responsabilidad penal del alcalde. 

La normativa penal establece penas de hasta tres años de prisión por revelar información de carácter reservado.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, está en el centro del debate político y jurídico. La controversia surgió tras defender la difusión de un video relacionado con el Caso Laberinto. En este proceso penal se investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la excandidata Luisa González.

Durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, en CNN, Neira negó que el régimen hubiera vulnerado la reserva legal al publicar el material el 23 de octubre de 2026. Según argumentó, el video se limitó a mostrar patrones transaccionales sospechosos.

Además, sostuvo que su difusión ocurrió después de que la Fiscalía concluyera la formulación de cargos, en la audiencia del día anterior.

“Cuando audiencia de formulación de cargos se activó a las 11:00 pm del 22 de octubre se perdió la reserva del caso“

Sin embargo, durante esa misma diligencia judicial surgieron cuestionamientos sobre el manejo de la información. La Fiscalía confirmó ante la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito la existencia de actuaciones y expedientes acumulados de carácter reservado. También solicitó restringir el acceso del público y de los medios de comunicación. El argumento fue la presencia de información financiera altamente delicada.

El juez de la causa acogió la restricción de la publicidad de la audiencia. La medida limitó el acceso a la sala virtual y se sustentó en la normativa aplicable a los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos.

Sanciones por difusión de información reservada

Pese a que el proceso judicial se desarrolló bajo un esquema de acceso restringido, el Ejecutivo difundió en redes sociales un video explicativo. El material detalló el supuesto modus operandi de la estructura investigada, en donde expuso chats y cifras monetarias.

Durante la entrevista, Del Rincón cuestionó esta difusión. A su criterio, el video construyó una narrativa pública de culpabilidad antes de que existiera una sentencia condenatoria.

Ante estos cuestionamientos, Neira sostuvo que la imparcialidad es una exigencia para los jueces, no para el Gobierno en su lucha contra la corrupción. Sin embargo, evitó responder sobre el manejo comunicacional del caso antes de que terminara la entrevista.

El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la difusión de información de circulación restringida. La norma establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para quien divulgue información protegida por reserva legal.

Las publicaciones del funcionario sobre casos judiciales abren el debate sobre la narrativa oficial y la presunción de inocencia.

Catorce veces. Ese fue el número de ocasiones que, según José Julio Neira, Fernando del Rincón le preguntó si el Gobierno buscaba construir una narrativa pública que presentara como culpable a Luisa González, procesada por presunto lavado de activos en el caso Laberinto. El periodista respondió que, si era necesario, formularía la pregunta una decimoquinta vez.

En la entrevista el 27 de octubre de 2026, Del Rincón cuestionó al secretario general de la Administración Pública por publicar un video que, a su juicio, daba por establecidos hechos que todavía debían examinarse dentro del proceso judicial.

Neira rechazó que su trabajo respondiera a un relato político. Defendió sus publicaciones como explicaciones técnicas sobre presuntos patrones de lavado de activos y sostuvo que al Gobierno le corresponde informar a los ecuatorianos sobre alertas de posibles irregularidades.

Sin embargo, Del Rincón insistió en que corresponde a la Fiscalía investigar y a los jueces determinar responsabilidades.

Con ese antecedente, el funcionario no respondió directamente si buscaba construir una narrativa de culpabilidad.

Laberinto: el relato antes de la sentencia

El caso Laberinto investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana, en la que Luisa González fue candidata.

Según la Fiscalía, alrededor de USD 500.000 habrían circulado mediante transferencias a proveedores de publicidad y cheques al portador para cubrir gastos electorales, con recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.

El 23 de octubre, Neira difundió un video en el que afirmó que González había financiado su campaña con dinero sin justificación verificable. También cuestionó el origen de los recursos y por qué no habrían sido declarados.

Ese mismo día, la Fiscalía informó que formuló cargos contra cuatro personas por presunto lavado de activos. Un juez ordenó prisión preventiva para González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que Estefanía Molina recibió medidas alternativas. La causa continúa en investigación y las medidas cautelares no constituyen una sentencia condenatoria.

El cuestionamiento de Del Rincón apunta a un problema de comunicación pública: cuando las explicaciones oficiales presentan acusaciones como hechos concluidos, la percepción de culpabilidad puede instalarse antes de una sentencia.

Apagón: las conexiones que expone el Gobierno

El caso Apagón muestra que las intervenciones públicas de Neira sobre investigaciones judiciales no comenzaron con Laberinto.

El 17 de junio de 2026, el funcionario defendió las acciones del Gobierno relacionadas con los contratos de generación eléctrica adjudicados a Progen Industries LLC. El 23 de junio difundió un video sobre el caso.

La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado relacionado con dos contratos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo, adjudicados a Progen durante la crisis energética de 2024.

Los contratos suman USD 149,1 millones y, según la tesis fiscal, el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 104 millones.

En mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas y, en agosto, vinculó a otras 10. En este proceso, el exministro de Energía Antonio Gonçalves fue sobreseído tras el dictamen abstentivo de la Fiscalía. Tampoco fueron involucrados altos funcionarios y ministros dentro de este proceso pese a que tuvieron un rol clave en los procesos de contratación eléctrica.

Al quedar fuera de la causa la única persona procesada con fuero de Corte Nacional, el proceso pasó a la justicia ordinaria y continúa contra los demás procesados por presunto peculado.

El 19 de mayo, la Fiscalía aclaró que los videos que circulaban en redes sociales no formaban parte del expediente fiscal ni constituían, por ese solo hecho, elementos de convicción incorporados procesalmente.

El siguiente episodio fue el caso Nudos

El 28 de septiembre de 2026, Neira presentó el denominado caso Nudos, en el que expuso presuntas irregularidades en un contrato de Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con el consorcio Autotrafo y posibles conexiones financieras con empresas vinculadas al caso Progen. El funcionario planteó la hipótesis de un presunto fraude mediante documentos y cuentas bancarias.

Su presentación incluyó una transferencia de USD 2,6 millones relacionada con un contrato de equipos eléctricos.

Neira afirmó que el fabricante había comunicado que no tenía relación con la entidad receptora del dinero y sostuvo que la carta de instrucciones utilizada para la transferencia habría sido falsificada.

A partir de estos señalamientos, planteó la posibilidad de un presunto fraude y anunció acciones legales. Además, utilizó una gráfica similar a las que la Fiscalía difunde en sus redes sociales para presentar sus casos.

Epmmop: la disputa llega a Quito

El 21 de octubre, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en dependencias del Municipio de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado.

Las diligencias se realizaron dentro de una investigación por presunto peculado relacionada con la adjudicación de dos contratos de obra pública que superan los USD 4 millones.

Un día después, Neira cuestionó adjudicaciones por cerca de USD 64 millones a proveedores que, según su publicación, estarían vinculados con una misma persona. También preguntó por los responsables de esos procesos y por los posibles beneficiarios finales.

Por separado, el concejal Michael Aulestia presentó denuncias ante la Fiscalía por presuntos delitos de peculado y lavado de activos, relacionadas con contratos municipales que, según sus cálculos, sumarían alrededor de USD 65 millones.

La Fiscalía, hasta la información publicada tras los allanamientos, no había formulado cargos en esa investigación.

¿Dónde termina la información y comienza el juicio público?

Los casos Laberinto, Apagón, Nudos y las denuncias sobre la Epmmop tienen objetos y estados procesales distintos.

La pregunta es otra: ¿qué límites debe respetar un funcionario cuando divulga información relacionada con causas penales y presenta públicamente sus hipótesis?

En la entrevista con Del Rincón, Neira defendió su derecho a informar sobre presuntas irregularidades. El periodista insistió en que corresponde a la Fiscalía investigar y a los jueces determinar responsabilidades.

Abogado advierte posibles infracciones por difusión de información reservada

El abogado Washington Andrade cuestionó que Neira, difundiera información detallada sobre el caso Laberinto y señaló que la publicación de narrativas sobre investigaciones judiciales, incluso minutos después de una detención, podría evidenciar acceso a información privilegiada.

También advirtió sobre una posible vulneración del derecho a la intimidad de los ciudadanos cuyos datos están bajo custodia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Andrade sostuvo que la difusión de videos y detalles de investigaciones que deben mantenerse bajo reserva puede afectar el derecho a la intimidad, al honor y al buen nombre, además de condicionar las actuaciones de jueces y fiscales.

Por ello, mencionó posibles infracciones como obstrucción a la justicia, difusión de información de circulación restringida, prevista en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y un presunto tráfico de influencias.

A su criterio, estos hechos evidenciarían una falta de independencia entre las instituciones de justicia y el Ejecutivo, por lo que planteó que la Fiscalía investigue la actuación de Neira y que la Asamblea Nacional examine el caso.

Una grabación entregada por el abogado asesinado Leonardo Toledo al periodista Andersson Boscán revela que el alcalde de Naranjal habría entregado el Municipio a Los Lobos.  

Una nueva denuncia sobre la presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas pone bajo cuestionamiento a la administración municipal de Naranjal, en la provincia del Guayas, y abre interrogantes sobre los vínculos políticos de su alcalde, Juan Carlos Rivera, con el oficialismo.

El periodista Andersson Boscán difundió este jueves 29 de octubre de 2026 una grabación en la que el alcalde Rivera habla sobre amenazas contra funcionarios municipales y la presunta intervención de personas vinculadas con estructuras criminales en decisiones administrativas del cabildo.

El material fue entregado a Boscán por el abogado Leonardo Toledo, asesinado recientemente en Guayaquil. Según el periodista, Toledo le pidió que no publicara la grabación mientras estuviera vivo, pues pretendía utilizarla como parte de una estrategia judicial.

La denuncia adquiere una dimensión política por la cercanía que mantiene Rivera con Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Daniel Noboa.

Rivera ganó la Alcaldía de Naranjal en las elecciones seccionales de 2023 por el movimiento CREO, del expresidente Guillermo Lasso. Posteriormente se vinculó al oficialismo y ahora busca su reelección con ADN.

Una grabación que involucra al alcalde de Naranjal

La conversación difundida por Boscán fue grabada de manera encubierta por el hijo de Gustavo Santana, un hombre señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico que fue asesinado en 2023.

Según el relato del periodista, Santana padre mantenía cercanía con una facción de Los Choneros, organización criminal que disputaba el control territorial de Naranjal con Los Lobos.

Tras el asesinato de su padre, Santana hijo acudió al abogado Leonardo Toledo para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con una propiedad rural y la supuesta intervención de personas vinculadas con Los Lobos en las decisiones del Municipio.

Toledo le habría recomendado grabar una conversación con el alcalde para obtener elementos que pudieran servir en un eventual proceso judicial.

En el encuentro, Santana cuestionó modificaciones relacionadas con el catastro y la ficha registral de una finca, procedimientos que consideraba ilegales porque, según aseguró, se habían realizado sin notificarlo.

Rivera respondió que había recibido documentación sobre el caso, pero sostuvo que no podía autorizar determinadas actuaciones.

Sin embargo, el momento más comprometedor de la conversación ocurrió cuando el alcalde se refirió a las amenazas que supuestamente enfrentaban funcionarios de su administración.

“Esos manes no mandan. No mandan, yo mando. Pero si me le ponen al financiero una pistola en la cabeza, al jurídico… Por eso Paola se fue, porque la querían matar”, se escucha decir a Rivera, según la grabación difundida por Boscán.

El alcalde también habría reconocido que se cometieron graves irregularidades dentro de la administración municipal.

Los hermanos Ochoa y el presunto control criminal del Municipio

Durante la conversación aparece el apellido Ochoa, identificado por Boscán como el de dos hermanos que presuntamente mantienen vínculos con Los Lobos y ejercen influencia sobre actividades económicas y territoriales en Naranjal.

El periodista sostuvo que los hermanos Ochoa se presentan como empresarios y propietarios de extensiones de tierra, pero que, de acuerdo con información que atribuye a fuentes policiales, estarían relacionados con actividades criminales.

Según su denuncia, esta estructura habría utilizado amenazas y violencia para apropiarse de propiedades rurales.

El Naranjal constituye un territorio estratégico para el tránsito de drogas y actividades vinculadas con la minería ilegal, lo que habría convertido al cantón en un escenario de disputas entre organizaciones delictivas.

En la grabación, Santana cuestiona directamente al alcalde por la supuesta influencia de los Ochoa.

“Usted como alcalde debe llamar al Ministerio. ¿Cómo dos Ochoa van a estar manejando todo?”, le reclama.

En otro momento, Santana insiste en que las autoridades deben intervenir para impedir que presuntos delincuentes continúen ejerciendo influencia sobre el Municipio.

Aunque Boscán interpreta estas declaraciones como evidencia del sometimiento de la administración municipal a una estructura criminal, reconoció que no podía determinar si el alcalde respondía a intereses económicos, al temor o a una combinación de ambos factores.

El asesinato de un funcionario municipal también aparece en la conversación

La grabación también hace referencia al asesinato de Franklin Osmani Torres Luna, funcionario del área de Sistemas del Municipio de Naranjal, ocurrido el 9 de marzo de 2026.

Torres, de 32 años, fue atacado a tiros por dos hombres que se movilizaban en motocicleta cuando se dirigía a su lugar de trabajo, en el centro del cantón.

Durante su conversación con Rivera, Santana menciona este crimen y plantea la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con información que manejaba el funcionario municipal.

También afirma que el arma utilizada en ese homicidio sería la misma con la que asesinaron a su padre, Gustavo Santana.

Santana incluso propone al alcalde acudir juntos ante el ministro del Interior, John Reimberg, para denunciar lo que considera una intervención de organizaciones criminales en la administración municipal.

Sin embargo, según el material difundido, Rivera no acepta expresamente la propuesta.

¿Qué sabía el Gobierno de Daniel Noboa sobre lo que ocurría en Naranjal?

Las revelaciones plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones del Estado para detectar y enfrentar la posible infiltración de organizaciones criminales en los gobiernos locales.

El caso adquiere especial relevancia por el acercamiento político de Rivera al movimiento ADN.

El periodista sostuvo que las revelaciones deberían ser atendidas por el ministro John Reimberg, al considerar que existen indicios de una posible intervención criminal en dependencias administrativas del Municipio.

El patrimonio del alcalde cayó USD 867.840 entre 2023 y 2026

A las denuncias difundidas por Boscán se suma otro elemento que merece atención: la evolución del patrimonio declarado por Juan Carlos Rivera durante su administración municipal.

De acuerdo con las cifras de las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2026, el patrimonio neto del alcalde pasó de USD 1.027.026 a USD 159.185, una reducción de USD 867.840, equivalente al 84,5%.

En 2023, Rivera registraba activos por USD 1.341.967 y deudas por USD 314.940.

Para 2026, sus activos declarados disminuyeron a USD 915.231, mientras que sus obligaciones financieras aumentaron a USD 756.045.

Uno de los cambios más significativos corresponde a los bienes inmuebles, cuyo valor declarado pasó de USD 1.016.441 en 2023 a USD 618.718 en 2026.

Esto representa una reducción de USD 397.723.

En contraste, sus deudas aumentaron USD 441.105 durante el mismo período, equivalente a aproximadamente el 140%.

El alcalde Rivera no respondió a los intentos de contacto

Boscán aseguró que intentó comunicarse con Juan Carlos Rivera antes de publicar la investigación para conocer su versión sobre las acusaciones.

Según relató, recibió aproximadamente 15 números telefónicos, pero no logró establecer contacto con el funcionario.

Este sería el segundo alcalde alineado con el oficialismo señalado por presuntos vínculos con estructuras criminales.

El pasado 28 de octubre el alcalde del cantón Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, fue detenido en un operativo. La Fiscalía lo acusa de liderar una presunta red de lavado de activos que habría movilizado más de USD 3,22 millones. Durante las diligencias se mencionaron posibles nexos con integrantes de Los Choneros y Los Lobos.