Con 77 votos en la Asamblea Nacional, se aprobó una ley que hipoteca el futuro de la seguridad social y pone en riesgo directo los fondos de...
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El perjudicado denunció que el registrador de la Propiedad de Santo Domingo de los Tsáchilas inscribió el traspaso con la complicidad del Consejo de la Judicatura de esa provincia.
El 17 de mayo de 2023, la compañía Denegsa S.A., vinculada a la familia de la asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Jadira Bayas Uriarte, vendió un terreno de 34 hectáreas, que se encontraba embargado.
La transferencia se realizó en favor de la empresa Sobalcorp, pese a que el dictamen de embargo, emitido el 2 de octubre de 2012 por el Juzgado Segundo de lo Civil de Santo Domingo, estaba inscrito en el Registro de la Propiedad.
Además, existían dos dictámenes de prohibición de enajenación de esa propiedad. La primera fue emitida por el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Pichincha por el incumplimiento del pago de tres letras de cambio por un valor total de USD 560.000, más intereses y costas procesales.
La segunda fue ordenada por el Juzgado Provincial de Coactiva de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El gerente general de la compañía Denegsa S.A. es Henry Aníbal Ayala Espinoza (pareja de Bayas), mientras que uno de sus cuatro accionistas es Julia Uriarte Solis (familiar de la legisladora).
¿Cómo se dio la venta?
Según Eduardo Velasco, defensor del ciudadano perjudicado, Luis Ballesteros, la transferencia se ejecutó el 17 de mayo de 2023 en favor de la compañía Sobalcorp S.A., de propiedad de Álvaro Fernández, quien habría actuado en la transacción como tercerista, y de Eduardo Valencia, vinculado a la defensa de los demandados.
Velasco denunció que el traspaso del terreno fue inscrito por el registrador de la Propiedad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en favor de los nuevos dueños.
Proceso judicial incidentado
Los abogados de Sobalcorp apelaron un auto de adjudicación del predio, emitido el 15 de marzo de 2024, en favor de Luis Ballesteros.
Desde entonces, el proceso judicial ha registrado varios tropiezos debido a una serie de recursos presentados por los supuestos nuevos propietarios.
Su defensa recusó a los jueces Iván León y Juan Carlos Mariño, del tribunal de Santo Domingo. Luego de ello, se designó como jueza ponente a Linda Silva Merchán, de la Unidad Multicompetente de Babahoyo.
La jueza Silva debía emitir su sentencia el 11 de noviembre de 2025, pero la audiencia fue suspendida y reprogramada por al menos tres ocasiones.
Según Velasco, todo se ha dado con una supuesta complicidad del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que afectó a su cliente.
Procesos judiciales contra Bayas
Jadira Bayas registra dos denuncias en la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas, la primera por falsificación y uso de documento falso, el 11 de marzo de 2024; y la segunda por intimidación, el 1 de febrero de 2019.
Además, registra seis procesos judiciales en el sistema público del Consejo Nacional de la Judicatura. El más relevante es por sustracción de hidrocarburos, iniciado en 2013 en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Otros tres son por violación de los deberes de funcionarios públicos, usurpación de atribuciones y de los abusos de autoridad.
A estos, se suman dos juicios por contravenciones de tránsito. En la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) Bayas registra 67 multas, 58 de ellas ya pagadas, ocho anuladas y una pendiente.
En el portal de la ANT consta que de los 30 puntos de su licencia de conducir, le quedan apenas 4,5.
Patrimonio
Jadira Bayas inició su gestión como asambleísta el 17 de noviembre de 2023, con un patrimonio de USD 1.913.885,61, según consta en el sistema público de la Contraloría General del Estado.
A pesar de las advertencias de expertos sobre posibles apagones durante la época de estiaje, la ministra de Ambiente y Energía sostiene que la generación nacional y la planificación ejecutada en el último año permiten cubrir la demanda eléctrica.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó de forma categórica la posibilidad de apagones en Ecuador luego de que Colombia suspendiera la venta de energía al país a finales de enero.
Según la funcionaria, el sistema eléctrico nacional cuenta con un margen suficiente para operar con normalidad y atender los picos de consumo.
En Ecuaviza, Manzano sostuvo que la planificación ejecutada durante el último año, sumada a la recuperación del parque térmico, permite garantizar el suministro eléctrico a nivel nacional.
“No existe posibilidad alguna de suspensión eléctrica. Ni ahora ni en el único estiaje verdadero que existe en el Ecuador, que es a partir de septiembre”, afirmó.
La ministra explicó que, pese a la interrupción de la importación de energía desde Colombia, la infraestructura propia del país es suficiente para cubrir la demanda.
Detalló que actualmente Ecuador dispone de alrededor de 5.500 megavatios (MW) de capacidad instalada, mientras que la demanda máxima alcanza los 5.200 MW.
“La demanda real inicia desde los 3.400 MW y va incrementándose a lo largo del día”, precisó.
Daniela Fonseca
La pregunta que flota en el aire es ¿cuál será el destino de los funcionarios públicos que laboran en la entidad?
El ministro del Interior, Jonh Reimberg, informó que está dialogando con el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Roberto Luque, para buscar una forma que le permita a la Policía Nacional intervenir en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y así habilitar los servicios que la ciudadanía requiere.
Desde el 30 de enero de 2026, las dependencias de la ANT a escala nacional están cerradas luego de que la Fiscalía realizó varios allanamientos donde se detuvieron a 10 personas por el presunto delito de delincuencia organizada.
Esto ocasionó que los trámites como renovación de licencias, matriculación, permisos de circulación, compra y venta de vehículos, entre otros, queden estancados hasta que nueva orden.
En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional este 2 de febrero de 2026, Reimberg detalló que la Policía continúa investigando el caso denominado Jaque. En ese sentido no descartó que más personas sean detenidas.
Competencia de tránsito
Reimberg manifestó la necesidad de cambiar las normas ecuatorianas para quitarles la competencia de tránsito a los municipios.
“Ni los grandes, medianos o pequeños están en la capacidad para llevar esa competencia, son un desastre y esa es la realidad”, agregó.
La autoridad indicó que en todas las ciudades el tráfico es un desastre e incluso, dijo que, se puede advertir que los agentes de tránsito solo se activan en ciertos horarios donde notan que pueden percibir algún tipo de beneficio.
Asimismo, detalló que actualmente la Policía Nacional está manejando el tránsito en Durán y Manta, porque tras una intervención en las agencias municipales se evidenció el desvío de fondos y contratos entregados a dedo.
El ministro no descartó que lo mismo ocurra en el resto de cantones del Ecuador. Por ello reiteró que las competencias de tránsito no están bien administradas en ningún municipio del país.
Diana Davila
El jurista presentará a la Fiscalía documentación y solicitará que se sume al expediente del caso Pendrive, actualmente en indagación previa.
En su cuenta de X, el abogado Washington Andrade expuso lo que serían las pruebas periciales que apuntan a que el dueño de la laptop en la que se redactó la sentencia que le habría entregado el presidente de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, a la jueza Nubia Vera, para que falle en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad, pertenecería a Roger Tumalli, exdirector nacional de Asesoría Jurídica.
¿Cuándo se creó el documento?
Según Andrade, la fecha de creación del documento es del 3 de diciembre de 2024 y el 17 de diciembre de ese año, Godoy habría visitado a la jueza Vera.
Para el 23 de diciembre de 2024, la jueza aceptó la acción de protección de Abad, dejando de lado el pedido de Godoy.
Es más, ese día, Vera hizo público que el presidente de la Judicatura la amenazó con destituirla si fallaba a favor de la entonces segunda mandataria.
La presión no solo habría sido desde el lado de Godoy, sino desde el ahora exdirector provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, y el asesor del titular del CJ, Jorge Carrillo.
De esta manera, la jueza expuso que Godoy le habría entregado un pendrive con los “insumos” legales de cómo debía fallar y es por eso que el caso por supuesta obstrucción a la justicia, que se encuentra aún en indagación previa, se denominó Pendrive.
La Fiscalía inició, el 26 de diciembre de 2024, la indagación previa del caso Pendrive
La Fiscalía inició la indagación el 26 de diciembre de 2024 y por el tipo de delito podría durar un año, pero puede mantenerse abierta mientras no prescriba.
El 13 de enero de 2025, Vera acudió a la Fiscalía en compañía de Andrade, quien fue su abogado, para entregar el dispositivo y que, actualmente, estaría retomando el caso.
Informe pericial
Andrade señaló que un peritaje informático confirmó la creación del archivo el 3 de diciembre de 2024, del cual se dijo que es auténtico y no fue alterado.
El informe pericial habría sido realizado por un perito acreditado al Consejo de la Judicatura y Andrade lo entregará a la Fiscalía junto con los audios expuestos, uno de la exesposa de Tumalli, María José Guadamud, de quien se divorció en un tiempo récord, 26 días, alegando la causal de “incompatibilidad en el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial”. Esto sin que la demandada sea notificada.
Andrade mencionó que la exesposa de Tumalli confirmó la versión de que sería el autor del documento de la sentencia. La mujer teme por su vida, tras recibir amenazas de muerte.
Al momento, Guadamud cuenta con medidas de protección solicitadas -días atrás- por su abogado patrocinador, para que tanto Tumalli, como Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y el vínculo social (círculo social) que la rodeaba mantengan distancia.
Esto ante las supuestas amenazas contra su vida que podrían registrarse, especialmente, de familiares de su exesposo.
Andrade entregará insumos
Por otro lado, todos los insumos que expuso Andrade en su cuenta de X también serán entregados a la Asamblea Nacional, en donde se tramita un proceso de juicio político en contra de Godoy, a quien no solo se lo cuestiona por incumplimiento de funciones, sino por una supuesta injerencia en la administración de justicia.
Según Andrade, el peritaje se realizó al correo electrónico y al archivo adjunto, que contiene el texto de la sentencia.
El documento expuesto por Andrade, que sería la supuesta sentencia señala en una parte: “el sumario administrativo contra la servidora pública María Verónica Abad Rojas impone una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 1xxxx (…)”.
Concluye que “la acción de protección es improcedente, ya que no se cumplen las excepciones señaladas por la Corte Constitucional”.
En sus posteos, el jurista señala que el documento le fue remitido por la jueza Vera como adjunto desde su correo en el que recién el 11 de enero del 2025, le pidió que vuelva a asumir su defensa.
¿Hubo presiones?
Aparentemente, el acuerdo al que llegó Vera con Godoy, cuando este pidió que se archive la querella que le puso, habría sido bajo presiones.
Una vez que la Fiscalía inició una indagación previa con el denominado caso Pendrive, Godoy interpuso una querella en contra de la jueza, la cual se aceptó a trámite el 7 de febrero de 2025.
El 6 de marzo de 2025, Vera se dio por citada. Lo hizo antes de que sea notificada.
Aparentemente, el caso quedó congelado, pues dos meses después, el 5 de mayo de 2025, Vera solicitó el abandono del proceso en fundamento al artículo 651 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), aduciendo que el último impulso del querellante (Godoy) fue el 13 de febrero de 2025.
Sin embargo, el 7 de mayo, el querellante se opuso al abandono solicitado. Y dos días después, la querellada (Vera) insistió en el abandono. Posteriormente, el 20 de mayo de 2025, el juez Marco Navarrete aceptó una recusación planteada por Godoy en contra del juez que hasta esa época fue el sustanciador del presente proceso, Carlos Figueroa. La competencia recayó en Mónica Bravo, jueza integrante del Tribunal II de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
A la jueza le correspondió, el 16 de junio, abordar un pedido de abandono de la causa, el cual fue negado.
De igual manera, negó -el 30 de junio- la renuncia de los abogados Washington Andrade, Adrián Acuña, Luis Enríquez y Esteban Rodríguez como representantes legales de Vera.
Pero ese mismo día, Vera señaló por escrito a su nueva defensa integrada por los abogados: José Moreno, Janneth Cabezas y Jorge Bedón.
Ante el pedido, el 1 de julio se concretó el reemplazo en la defensa de la querellada.
Pasaron dos meses, y el 15 de septiembre, dio inicio a la etapa de prueba para que las partes procesales la presenten.
El accionar de Godoy
La decisión de Godoy llamó la atención en relación a este caso, ya que el 18 de septiembre de 2025, solicitó la extinción de la presente acción por remisión y, en consecuencia, el archivo del proceso.
Lo hizo un día antes (19 de septiembre) de ser reelecto presidente de la Judicatura.
La remisión es entendida como un acto jurídico por el cual un acreedor perdona total o parcialmente una deuda u obligación a su deudor, extinguiendo el derecho a exigir su cumplimiento. En este caso es una forma de condonación o renuncia, que puede ser total o parcial.
En su escrito, Godoy precisó que la entonces querellada estaba de acuerdo con la decisión de manera libre y voluntaria y “reconoce que en un momento de ofuscamiento y confusión, fue utilizada por su anterior abogado Washington Andrade para protagonismo personal y beneficio de los intereses políticos del referido profesional.
Para constancia de lo expuesto, suscribieron el escrito Godoy y Vera.
Archivo de la querella
Es así que la jueza Bravo convocó el 19 de septiembre a una audiencia para que Godoy ratifique su petición de remisión, en donde presentó la prueba anunciada.
Día que también coincidió con que Godoy fuera reelecto presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) hasta el 2031, luego que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) lo designó de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El 22 de septiembre, la jueza Bravo convocó a una audiencia de conciliación y juzgamiento.
Sin embargo, Godoy desistió de la prueba, la jueza acogió el pedido de Godoy dejando sin efecto la audiencia de juzgamiento y se ratificó la comparecencia de las partes para el 29 de septiembre. Sin embargo, para esa fecha, Vera estaba delicada de salud.
Tras diferir la audiencia, el fallo de la jueza Bravo se dio el 20 de octubre en la que se aprobó la extinción del ejercicio de la acción privada del delito de calumnia por remisión, al existir un acuerdo de conciliación entre las partes. Es decir, la querella se archivó.
Abad reaccionó
La exvicepresidenta comentó en la misma red social que: “la mentira necesita de una estructura humana para sostenerse, en la cual existe miedo, sumisión y más temprano que tarde se rompe, se cae, es débil y homicida desde el principio”.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, conformó su equipo con amigos, excompañeros de academia y excolaboradores de su bufete; varios de ellos renunciaron tras cuestionamientos.
El caso Pendrive desenreda el ovillo del círculo de confianza del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, quien enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional por su presunta injerencia en la administración de justicia.
A ello se suma la situación de sus allegados: algunos renunciaron por estar vinculados con supuestas irregularidades en sus funciones y el último lo hizo ante una investigación por presunto abuso sexual. Aunque también hay otros que sirven de nexo con el Gobierno.
El caso Pendrive es clave para Godoy
El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección de la entonces vicepresidenta, Verónica Abad. Ese día hizo público que el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, la amenazó con destituirla si fallaba a favor de la entonces segunda mandataria.
La presión no solo habría sido desde el lado de Godoy, sino desde el ahora exdirector provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, y el asesor del titular del CJ, Jorge Carrillo. Incluso, Godoy le habría entregado un pendrive a la jueza con los “insumos” legales de cómo debía fallar.
Dicha acción motivó que Vera acudiera a la Fiscalía el 13 de enero de 2025, en compañía de su entonces abogado, Washington Andrade, a entregar el dispositivo.
Al momento, el caso Pendrive continúa en indagación previa por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
¿La indagación camina a un archivo?
La Fiscalía inició la indagación el 26 de diciembre de 2024 y por el tipo de delito podría durar un año, pero puede mantenerse abierta mientras no prescriba.
Según Andrade, el caso prescribiría el 17 de diciembre de 2029 (se cuenta desde la fecha de la comisión de la infracción, y la visita de Godoy a la jueza Vera fue el 17 de diciembre de 2024).
Incluso, al no haberse formulado cargos en contra de Godoy, como investigado, podría solicitar el archivo y el caso Pendrive quedaría en el recuerdo.
Todo depende del momento político por el que atraviesa Godoy en la Asamblea Nacional.
Henry Gaibor
Henry Gaibor presentó su renuncia al cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura el 22 de diciembre de 2025 y el Pleno del CJ le aceptó su salida un día después.
La dimisión llegó tras la difusión de audios que revelaron una supuesta presión en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano, por un caso de lavado de activos que involucra al narcotraficante Jezdimir Srdan.
El ahora exfuncionario confirmó su decisión mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el texto señaló que su renuncia constituye un “acto de responsabilidad institucional”. Añadió que su desempeño se basó en los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública.
En esas grabaciones se escucha a quien sería Gaibor emitir ciertas “recomendaciones” previas a la resolución del proceso penal por lavado de activos del ciudadano serbio, tomando en cuenta que su defensa -al inicio del proceso- fue Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.
Todo esto provocó presión en la Judicatura que como parte del procedimiento inició una investigación disciplinaria que está en curso.
La familia de cerca
Gaibor trabajaba con su esposa y su tía política en el Complejo Judicial Norte, en donde no solo funciona la Dirección Provincial de la Judicatura de Pichincha, sino la Unidad Anticorrupción. Sitio, en donde se habrían generado las presiones a los jueces para que fallen a favor de ciertos intereses.
La relación con Godoy era tan estrecha que incluso Gaibor junto con su esposa, Daniela Cajas, asistieron a su boda el 10 de noviembre de 2024.
Gaibor -a más de ser cercano a Godoy- y antes de ser designado director provincial de la Judicatura de Pichincha laboró como abogado litigante y procesa lista en Noboa, Peña & Torres, Abogados, actualmente la empresa es conocida como NPT Legal Holding S.A.
En ese consorcio de abogados, laboró 12 años, desde el 16 de enero de 2012 hasta el 23 de agosto de 2024.
Uno de los socios fundadores de esa empresa es Gonzalo Noboa Baquerizo, quien el 10 de abril de 2025 fue designado vicepresidente por dos años. Él es primo de Álvaro Noboa, padre del actual presidente Daniel Noboa.
Jorge Carrillo
Otro de los hombres de confianza de Godoy es Jorge Carrillo, quien se alió a Invictus Law Group, firma jurídica de Godoy y su ahora esposa, Dolores Vintimilla. Entre los socios fundadores están José Carlos García y Christian Rosero.
La firma jurídica funciona desde el 5 de mayo de 2022, en Quito. Godoy para ejercer la Presidencia de la Judicatura vendió sus acciones, en enero de 2024, a Vintimilla y meses después se casaron. García también vendió su parte a Carrillo, quien -posteriormente- vendió sus acciones a Vintimilla.
Quedando a cargo del bufete Vintimilla y Rosero.
Carrillo entró a la Judicatura el 01 de agosto de 2024 en calidad de jefe departamental nacional de Asesoría y Normativa.
Carrillo fue escalando
Para diciembre de 2025 en el distributivo del personal de la Judicatura, expuesto en el apartado de Transparencia de la página web de la Función Judicial, se observa que el cargo actual es el de subdirector nacional de Transparencia y Prevención para Órganos Jurisdiccionales, de la Unidad de Transparencia de Gestión.
Carrillo junto a Gaibor y Godoy son parte de la investigación del caso Pendrive. Pero Carrillo junto con Vintimilla fueron parte de la defensa de la exvocal del CJ, Maribel Barreno, en el caso Independencia Judicial, por obstrucción a la justicia, hasta el 6 de junio de 2024.
Dolores Vintimilla
En 2023, Vintimilla participó como candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha, en cuyo directorio, como alterna, estaba María Cantos, que era parte de la Comisión Técnica del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) que aprobó la carpeta de Godoy en el proceso de designación del presidente de la Judicatura. A más de ser abogada del ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Vintimilla fue calificada como “abogada de narcotraficantes”.
Roger Tumalli
Otro personaje parte del círculo de Godoy y a quien lo conoció en una maestría es Roger Tumalli, quien renunció al cargo de director nacional de Asesoría Jurídica del CJ luego que Radio Pichincha alertó sobre una denuncia por un caso de aparente abuso sexual. La presunta víctima es una funcionaria de la Judicatura que fue removida de su puesto y trasladada a otra dependencia.
Desde la Dirección de Asesoría Jurídica, Tumalli estaba al tanto de los procesos disciplinarios, por lo que -actualmente- se iba a convertir en juez y parte de la acción administrativa interpuesta en su contra en el caso de abuso sexual.
Además, Tumalli habría aprovechado su jerarquía para divorciarse de María José Guadamud, en un tiempo récord, de 26 días, alegando la causal de “incompatibilidad en el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial”. Esto sin que la demandada sea notificada.
Algo que llamó la atención fue lo expuesto en sus redes sociales por el abogado Washington Andrade que responsabiliza a Tumalli de ser el presunto autor de la sentencia del caso Pendrive.
Alex Gallo y Miguel Caicedo
Otra figura cercana a Godoy es Alex Gallo, quien se desempeñó como director administrativo y renunció ante una denuncia de un presunto soborno por un contrato relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de la carga vehicular de la Judicatura. El caso es investigado también por la Contraloría, luego que la Judicatura pidió la intervención.
La denuncia sobre este caso involucraría también al subdirector nacional de Servicios Generales, Miguel Caicedo. Ellos habrían solicitado dinero a cambio de asegurar un contrato por más de USD 232.000.
El proveedor denunció a los dos funcionarios, el mismo día en el que el contrato iba a ser adjudicado (19 de enero de 2026). Tras conocer la situación, el Pleno de la Judicatura desvinculó a los dos funcionarios.
Las coimas para los proveedores -aparentemente- empezaban con el 14% y se le habría mencionado al proveedor que otros pagaban entre el 18% y 20%.
Más investigados
En tanto, la Fiscalía General del Estado investiga a Godoy, Vintimilla y cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
La indagación se activó tras denuncias presentadas en diciembre de 2025 por el exdiputado Jorge Moreno Ordóñez y por Juan Francisco Morales Suárez, expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, quienes ya fueron notificados oficialmente sobre el inicio formal del proceso penal.
Según los denunciantes, Godoy habría sido designado como presidente de la Judicatura con presuntas irregularidades y, una vez en el cargo, habría estructurado una red para obtener beneficios económicos, junto con su cónyuge y personas de su entorno.
La investigación también alcanza a Francisco Rosero Utreras, socio de Godoy y funcionario de la Judicatura, así como a siete integrantes de la comisión ciudadana de selección que intervino en su designación.
Otros amigos
Y aunque no trabaja en la Judicatura, una de las personas que sería un nexo con el Ejecutivo es Fausto Jarrín, asesor externo del presidente Daniel Noboa.
Jarrín es amigo de Godoy, incluso estuvo presente en su boda.
Al igual que estuvo en el matrimonio de Godoy, la exsecretaria Jurídica de la Presidencia y actual asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno. Incluso, la asambleísta Mónica Palacios presentó ante la Fiscalía una noticia criminis por el supuesto nexo de Mancheno con Godoy.
Palacios acusa a Mancheno, quien se desempeña además como primera vicepresidenta de la Asamblea, de haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.
Una de las pruebas radicaría en que el mejor amigo de la asambleísta oficialista es el Director del Consejo de la Judicatura en Chimborazo.
Cercanos a Godoy
Godoy también tiene a sus amigos de “farra”. Trascendió que en el grupo estarían algunos directores de la institución.
Por otro lado, la exvocal de la Judicatura, Solanda Goyes, en entrevistas con medios de comunicación, señaló que la esposa del Contralor General del Estado, Tatiana Orellana, también sería parte del círculo de Godoy y tendría a su tía política, Vilma Armijos, en el cargo de directora del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.
GODOY Y SUS NEXOS
Este es el entorno de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura.
El 58 % responsabiliza al presidente Noboa de la situación actual del país.
El 76 % de los ciudadanos considera que Mario Godoy debe dejar el Consejo de la Judicatura, según una encuesta realizada por Intellectio, Investigación y Estrategia en enero de 2026.
Francisco Delgado, representante de la firma, explicó que la situación del presidente de la Judicatura —quien enfrenta un juicio político en la Asamblea por presunto incumplimiento de funciones— genera gran atención entre la ciudadanía.
El sondeo también revela un marcado pesimismo: el 58 % de los encuestados cree que este año al país le irá mal o muy mal, mientras que el 25 % opina que será regular y solo el 17 % considera que las cosas mejorarán.
Respecto a la gestión de Daniel Noboa, el 66 % de los encuestados la evalúa como negativa, el 18 % como regular y el 16 % como positiva. En otras palabras, siete de cada diez ecuatorianos califican su gestión como mala o muy mala, puntualizó Francisco Delgado.
Entre los principales problemas identificados por los ciudadanos se encuentran la corrupción, la inseguridad, la falta de inversión pública, el desempleo y la precarización laboral.
En cuanto a la inseguridad, el 49 % de los encuestados estima que la solución pasa por mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, mientras que el 58 % responsabiliza al presidente Noboa de la situación actual del país.
La encuesta se realizó entre el 15 y 21 de enero de 2026, con una muestra de 1.100 ecuatorianos mayores de 16 años a nivel nacional.Licenia Espinel
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