El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, conversó con Punto Noticias y calificó la detención de su cliente como una “cortina de humo”.
Según Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, la detención de su cliente en la semana del juicio político en contra de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, no es coincidencia.
“Evidentemente se busca crear una cortina de humo. No existe un delito precedente de lavado de activos, por esa razón no se justifica la detención preventiva”.
García confirmó, además, que Alvarez siempre tuvo el dispositivo de geolocalización (grillete) en una de sus piernas y no se lo puede “sacar”.
“No contemplo la posibilidad se le confirme la prisión, aunque se haya abusado justamente de este mecanismo durante los últimos años”.
García confirmó su confianza de que se apliquen estándares judiciales en este proceso, sobre todo por parte de los denominados “Jueces Anticorrupción”.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, tras un allanamiento que realizó la Fiscalía en su vivienda.
La Fiscalía informó que la mañana de hoy ejecutó un operativo en el marco del caso “Goleada” donde se investiga el delito de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
La Fiscalía y Policía ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa. En esa lista están los hermanos del alcalde, Xavier y Antonio Alvarez.
Juan Cabezas
El alcalde de Guayaquil fue trasladado desde el Cuartel Modelo para enfrentar la audiencia, mientras su detención genera una fuerte reacción política y ciudadana a nivel nacional.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llegó cerca de las 10:10 de este martes 10 de febrero de 2026 al Complejo Judicial Norte de Quito, donde se desarrollará la audiencia de formulación de cargos dentro del denominado caso “Goleada”, según confirmó la Fiscalía General del Estado.
Álvarez arribó al recinto judicial junto a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, así como otros detenidos, en el marco del operativo ejecutado por la Fiscalía durante la madrugada.
En esta causa, el Ministerio Público investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Detención y operativos nocturnos
La detención del burgomaestre se produjo la madrugada de este martes, tras un allanamiento realizado en su vivienda, hecho que fue confirmado por su abogado defensor, Ramiro García, en declaraciones a Radio Pichincha.
Según la información oficial, el operativo incluyó múltiples allanamientos que se extendieron hasta aproximadamente las 07:00, con la aprehensión de 11 personas en total. Entre ellas constan los hermanos del alcalde.
La Fiscalía detalló que las detenciones se ejecutaron con fines de formulación de cargos.
Tras su aprehensión, Álvarez permaneció inicialmente en el Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, desde donde fue trasladado a Quito para su comparecencia.
Postura de la defensa
El abogado Ramiro García cuestionó la legalidad y el momento de la detención, al señalar que coincide con la semana del juicio político contra Mario Godoy.
A su criterio, se trataría de una maniobra para desviar la atención pública.
“El alcalde siempre ha tenido el dispositivo de geolocalización y no existe un delito precedente que justifique una detención preventiva”, sostuvo el jurista, quien expresó su confianza en que los denominados jueces anticorrupción apliquen estándares judiciales adecuados en el proceso.
Reacciones políticas y denuncias de persecución
La detención de Álvarez provocó una inmediata ola de pronunciamientos desde distintos sectores políticos que calificaron el hecho como un episodio de persecución judicial.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo al alcalde y afirmó que la justicia debe actuar con respeto al debido proceso y sin arbitrariedades.
En la misma línea, el expresidente Rafael Correa criticó duramente el accionar de las instituciones judiciales.
El asambleísta Roque Ordóñez y el parlamentario andino Virgilio Hernández señalaron que existiría un uso político del sistema judicial, con señalamientos directos al gobierno de Daniel Noboa.
Movilizaciones ciudadanas en Guayaquil
En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron en los exteriores del Cuartel Modelo, en Guayaquil, para expresar su respaldo al alcalde. Con pancartas y consignas como “Aquiles estamos contigo”, los asistentes calificaron el proceso como una persecución política y anunciaron nuevos plantones conforme avance la investigación fiscal.
Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre los elementos de convicción que sustentan la formulación de cargos, mientras la audiencia se desarrollará en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Simpatizantes califican el proceso como persecución política y anuncian nuevos plantones mientras avanza la investigación fiscal.
Decenas de ciudadanos se concentraron la mañana de este martes en los exteriores del Cuartel Modelo, en Guayaquil, para expresar su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, detenido durante la madrugada en el marco de una investigación penal.
Los asistentes llegaron con pancartas, camisetas y consignas como “Aquiles estamos contigo”, en una manifestación que se desarrolló de forma pacífica.
Entre los presentes estuvo Eddie Arévalo, quien se trasladó desde el noroeste de la ciudad y calificó la detención como una persecución política.
“Durante todo su periodo se le ha impedido trabajar. No se han cansado de poner bloqueos en la ciudad. Este es otro caso más. Hay una evidente persecución política”, sostuvo.
En paralelo, organizaciones barriales anunciaron un nuevo plantón para la tarde de este martes en los exteriores de la Fiscalía de La Merced, como parte de las acciones de respaldo al alcalde, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.
Álvarez fue detenido junto a sus hermanos Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, Xavier Álvarez, y otras ocho personas, dentro del denominado caso Goleada.
En este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Se conoce que hasta las 07:00, de este día, continuaron los allanamientos, donde también estarían siendo investigadas personas cercanas a Aquiles Alvarez.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, tras un allanamiento que realizó la Fiscalía en su vivienda, así lo confirmó el abogado Ramiro García a Radio Pichincha.
La Fiscalía informó que la mañana de hoy ejecutó un operativo en el marco del caso “Goleada” donde se investiga el delito de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El abogado de Álvarez detalló que el alcalde se encuentra detenido en el Cuartel Modelo, ubicado en el norte de Guayaquil, para posteriormente ser trasladado a la Unidad Judicial de Quito.
Se conoce que hasta las 07:00, de este día, continuaron los allanamientos, donde también fueron detenidos Antonio y Xavier A., hermanos del burgomaestre.
“La Fiscalía y Policía ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa”, detalló.
El abogado Felipe Rodríguez explicó en su cuenta de X, que la detención con fines de comparecencia tiene el fin de llevar, al procesado, como privado de la libertad a una audiencia de formulación de cargos, es decir, para procesarle penalmente.
“Ello debe ocurrir dentro de 24 horas. ¿Cuándo Fiscalía elige esta segunda modalidad? Cuando va a solicitar prisión preventiva. La idea es: te capturo y te proceso, para que no puedas huir, y luego logro que reemplacen la detención por prisión (la cual ya puede durar hasta 1 año)”, escribió
A criterio de Rodríguez, en el transcurso del día la Fiscalía buscará que le dicten prisión preventiva al alcalde de Guayaquil.
Dato
El alcalde también es investigado en el caso Triple A, por presunto tráfico de combustibles.
Diana Davila
La propuesta de reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas generó un amplio malestar entre los legisladores de la Revolución Ciudadana en la Comisión del Derecho al Trabajo y entre el personal militar, por los cambios propuestos al sistema de pensiones y la falta de socialización del proyecto.
Asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional frenaron el avance del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa). La norma no consiguió los votos suficientes para que el informe pase a primer debate.
La decisión dejó en suspenso una iniciativa que propone modificaciones sensibles al sistema de pensiones de los militares, especialmente para quienes se encuentran en servicio activo o próximos al retiro.
La sesión, realizada la tarde del viernes 30 de enero de 2026, evidenció fuertes cuestionamientos al contenido y al procedimiento seguido para elaborar el informe. El documento, de casi 500 páginas, fue remitido a los legisladores apenas un día antes de su tratamiento. Cuatro asambleístas de la RC y una legisladora expulsada de Pachakutik coincidieron en que la falta de socialización y el poco tiempo para revisar el texto vulneraron el debate informado en un tema de alto impacto social y económico.
Además, según fuentes internas, Radio Pichincha ya había advertido un fuerte malestar entre el personal militar. Esta ley sería una de las razones por las que el presidente Daniel Noboa adelantó su retorno al país y abandonó Panamá a finales de enero. Desde la Presidencia se alegó entonces una “emergencia”.
Alertas por regresividad de derechos y falta de socialización
Uno de los principales focos de crítica de la propuesta impulsada es la introducción de cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones de retiro. Esta reforma afecta de forma directa a los uniformados que aún están en servicio activo, en especial a quienes acumulan 20 años o más de aportes y reclaman que se respeten las condiciones vigentes antes de octubre de 2016.
Los legisladores de la RC, Roberto Cuero, Humberto Alvarado y Juan Pablo Molina, advirtieron que el informe no recoge todos los aportes realizados durante el trámite en comisión y calificaron el documento como apresurado.
Cuero cuestionó que un informe de esa magnitud se entregue con tan poco tiempo de anticipación. De su lado, Alvarado alertó que elevar los años de aportación —de 20 a 25 o incluso 26 años— podría contravenir el principio constitucional de no regresividad de derechos. El asambleísta insistió en que, antes de modificar las reglas del retiro militar, se requiere una auditoría integral a las empresas del Issfa.
Molina, por su parte, señaló preocupaciones adicionales sobre la administración de las 10 compañías vinculadas a las Fuerzas Armadas. Algunas de ellas dirigidas por las mismas personas. A su criterio, el debate sobre la seguridad social militar no puede desligarse de una revisión profunda de la gestión institucional y financiera del Issfa.
En la misma línea, Carmen Tiupul —legisladora exPachakituk— observó que el proyecto no se socializó correctamente. Además, aseguró que desde su despacho se recibieron reclamos de personal militar que se siente excluido del proceso. Asimismo, llamó la atención sobre el incremento de años de servicio y la aplicación de un descuento adicional del 1% al personal pasivo.
Explicación de la reforma
La discusión en torno a la reforma al régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas gira en un punto sensible: las condiciones para acceder al retiro y al pago de la pensión militar.
El nuevo proyecto plantea un incremento en los años de aporte para el retiro forzoso y voluntario de los militares, así como una reducción en la base de cálculo de las pensiones. Estos cambios constituyen los ejes centrales de la propuesta que el Issfa impulsa con el argumento de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El 8 de diciembre, el director del Issfa, Ignacio Fiallo, remitió el proyecto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, luego de que el Consejo Directivo aprobara las reformas. El documento se envió para que continúe su trámite en la Asamblea Nacional y se inicie el proceso de socialización con el personal militar.
Tiempo mínimo de servicio
La propuesta regula el tiempo mínimo de servicio para el retiro y la cesantía de los uniformados. En ese marco, eleva de 20 a 25 años el requisito para la terminación de carrera o salida forzosa, y lo incrementa a 26 años en el caso de la salida anticipada o voluntaria.
Según el sustento técnico incluido en el proyecto, estas modificaciones responden a problemas estructurales de financiamiento del sistema de pensiones. El documento señala que el aumento de la esperanza de vida —que actualmente se ubica en 73 años para los hombres y 80 años para las mujeres— generó un desbalance entre los años de aporte y el tiempo durante el cual se pagan las pensiones. Bajo el esquema vigente, los militares pueden retirarse con 20 años de servicio y recibir pensiones por más de cuatro décadas, una situación que, según el Issfa, compromete la sostenibilidad de cualquier sistema de seguridad social.
Reducción de la base reguladora de la pensión
Otro de los cambios propuestos es la reducción de la base reguladora de la pensión por retiro voluntario, que pasaría del 85% al 80%. Este punto se ha convertido en uno de los nudos críticos del proyecto que actualmente se analiza en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, la iniciativa plantea que los pensionistas aporten el 1% de su pensión al Seguro de Enfermedad y Maternidad del Issfa, una medida que también genera reparos dentro de las Fuerzas Armadas.
El proyecto provocó inquietud e incertidumbre entre el personal militar. Uniformados en servicio activo califican la propuesta como regresiva en materia de derechos, al considerar que modifica condiciones bajo las cuales planificaron su carrera y su retiro.
Oficialismo defendió el informe, pero no logró los votos
Desde el bloque de Gobierno, el presidente de la comisión, Eckenner Recalde (ADN), defendió la legitimidad del informe. Aseguró que su elaboración comenzó en junio de 2025. Según él, con la participación de personal en servicio activo y pasivo, asesores y abogados.
A favor del informe votaron los legisladores oficialistas Eckenner Recalde, Paola Jaramillo, Christopher Jaramillo, Naila Quintana y Elizabeth Vega. En contra se pronunciaron Roberto Cuero, Humberto Alvarado y Juan Pablo Molina (RC), junto con Carmen Tiupul. Fernando de la Torre (RC) optó por la abstención. Con ese resultado —cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención— la comisión no alcanzó la mayoría requerida. Posteriormente, el voto dirimente no se aplicó, lo que llevó a la suspensión de la sesión.
Marco Criollo
La empresa dejó una infraestructura seriamente afectada al momento de la reversión, se advierte.
El Frente de Defensa Petroleo Ecuatoriano alertó que, en un informe técnico, contratado por el propio Ministerio de Energía y Ambiente, se determina que la empresa privada, que operó en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), tuvo una gestión ineficiente e incumplió con temas contractuales, dejando un perjuicio al Estado por USD 94,38 millones.
La evaluación técnica detalla que los equipos e instalaciones críticas del OCP presentan un deterioro avanzado, obsolescencia y falta de mantenimiento, comprometiendo la seguridad, confiabilidad y continuidad del sistema.
“Esta realidad descarta cualquier posibilidad responsable de privatización en las condiciones actuales”, se agrega en el comunicado.
El informe elaborado por la empresa Tecnie Oil & Energy evidenciaría que la operadora privada no cumplió con su obligación contractual de mantener el oleoducto en condiciones adecuadas.
“La empresa dejó una infraestructura seriamente afectada al momento de la reversión”, se reitera.
El Frente de Defensa Petrolera detalló que el Estado deberá invertir más de USD 94 millones para:
Restauración de tanques
Restauración de ductos
Restauración de sistemas de protección
Reparación de estaciones
Restauración de equipos críticos
Restauración de facilidades marítimas
“Fueron años de mantenimiento insuficiente”, se menciona.
Otro de los temas que llama la atención de la organización es que la empresa privada no repuso la tubería entregada en préstamo por parte de Petroecuador y utilizada para atender emergencias por eventos de fuerza mayor, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.2 del contrato.
Con todos estos antecedentes el Frente cuestionó cómo es que el Gobierno asumió la administración del OCP, el 30 de noviembre de 2024, sin pedir respuestas a la empresa privada.
“Han transcurrido 14 meses, aún no se han ejecutado las acciones necesarias para exigir las responsabilidades”, puntualiza.
La organización solicitó la intervención de la Contraloría, mediante una auditoría especial al proceso de transferencia, administración y operación del OCP durante el periodo de gestión privada.
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