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La designación de Juan Carlos Aveiga como ministro de Salud marca un nuevo cambio en la cúpula del sector, que ya suma ocho titulares durante el gobierno de Daniel Noboa.
El sistema sanitario de Ecuador enfrenta otro periodo de inestabilidad tras el reciente cambio en la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP). Con la designación de Juan Carlos Aveiga Parra, oficializada este viernes 10 de julio mediante el Decreto Ejecutivo 446, el gobierno de Daniel Noboa alcanza la cifra de ocho titulares en esta cartera de estado en menos de tres años de administración.
La salida de Jaime Otton Bernabé Erazo, quien permaneció casi tres meses en el cargo tras su nombramiento el 27 de abril de 2026, consolida al Ministerio de Salud como una de las áreas con mayor recambio dentro del Ejecutivo. Esta rotación constante superó incluso los registros de la emergencia sanitaria por Covid-19 (2017-2021), periodo en el que el país tuvo seis ministros de Salud bajo la gestión de Lenín Moreno.
La lista de autoridades que han desfilado por esta cartera durante el actual Gobierno incluye a:
Franklin Encalada (desde el 23 de noviembre de 2023)
Manuel Antonio Naranjo
Edgar Lama
Juan Bernardo Sánchez
Jimmy Martin
María José Pinto (vicepresidenta encargada)
Jaime Otton Bernabé Erazo
Juan Carlos Aveiga Parra (actual).
Crisis hospitalaria y desafíos pendientes
Esta falta de continuidad administrativa ocurre en un contexto crítico para la salud pública. El sistema enfrenta constantes denuncias por la falta de medicamentose insumos, fallas en la atención de enfermedades catastróficas, equipos médicos fuera de servicio y excesivas demoras en la asignación de citas.
Además, la gestión de Jaime Bernabé al frente del Ministerio estuvo marcada por la aparición de un impedimento legal registrado en el Ministerio de Trabajo, que fue levantado poco después, situación que generó cuestionamientos sobre su habilitación para ejercer el cargo antes de su reemplazo.
José Julio Neira, quien sería pariente lejano de Karla Saud Calero, aseguró que el Ejecutivo comenzó “inmediatamente a trabajar en su proceso de extradición al Ecuador”.
El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze, informó este 9 de julio de 2026 de la captura de la lobista esmeraldeña Karla Saud Calero, una pieza clave dentro de los fallidos contratos eléctricos con Progen en 2024.
“Esto es lo que pasa cuando hay un gobierno comprometido en combatir la corrupción: Gracias a la Policía Nacional del Ecuador. Karla Saud Calero fue detenida en España”, sentenció el funcionario, detallando que la detención se logró mediante una notificación roja de Interpol.
Neira aseguró que el Ejecutivo comenzó “inmediatamente a trabajar en su proceso de extradición al Ecuador”.
Dentro del caso Apagón en cortes ecuatorianas, Karla Julieta Saud Calero fue procesada como coautora del presunto delito de peculado relacionado con contratos eléctricos suscritos durante la crisis energética de 2024. El juez dispuso notificación roja de la Interpol ante la orden de prisión preventiva solicitada.
Karla Saud también es parte del proceso judicial en los Estados Unidos, específicamente en la demanda civil que Celec presentó ante la Corte del Distrito Medio de Florida, pues la mencionada es investigada en EE. UU. como parte de un presunto “esquema fraudulento” perpetrado por una “empresa criminal” (Progen) que malversó casi USD 110 millones aprovechando la crisis energética.
El rol de Karla Saud
Karla Saud Calero no es una desconocida en los pasillos de la contratación pública.
Según las investigaciones impulsadas por el Gobierno, Saud construyó desde 2016 una “red de contactos y lobby” en sectores estratégicos como el eléctrico y de medicinas, lo que le permitió que Progen se adjudique dos contratos, como Quevedo y El Salitral.
En el esquema judicial, Saud figura como la propietaria de Astrobryxa S.A., la subcontratista ecuatoriana que recibió flujos financieros millonarios de la empresa estadounidense Progen Industries.
La demanda en Florida sostiene que Progen “reclutó a Astrobryxa” para participar en una “empresa criminal” bajo la Ley RICO.
El objetivo era claro: utilizar a Astrobryxa como vehículo para canalizar los fondos públicos ecuatorianos. Los registros bancarios del Regions Bank confirman que la firma de Saud recibió aproximadamente USD 15,2 millones, dinero que luego se repartió entre otros beneficiarios.
A pesar de estas acusaciones, Saud dio una versión en marzo de 2026 desde Los Ángeles, intentando minimizar su papel. La empresaria aseguró que su intervención se limitó a ser la “vocera, interlocutora, traductora y facilitadora del diálogo” entre Progen y Celec, negando categóricamente la entrega de sobornos.
Sin embargo, para la justicia ecuatoriana, Saud Calero es coautora del delito de peculado en el denominado “Caso Apagón”, participando en un esquema que abusó de la crisis energética nacional.
Chatarra repintada
Para entender la relevancia de la detención de Saud, es necesario recordar el origen del desfalco.
En agosto de 2024, Celec adjudicó a Progen dos contratos de emergencia para instalar 150 MW en las centrales de Quevedo y El Salitral. El Estado transfirió anticipos por casi USD 110 millones, pero el país recibió “cero vatios” de energía.
Los peritajes técnicos de la firma Taxia revelaron una estafa técnica sin precedentes: en lugar de equipos nuevos fabricados en 2023, Progen entregó “chatarra” usada de los años 2008-2010.
Los equipos presentaban una “aplicación superficial de pintura sobre capa original y óxido” para simular un estado nuevo, y las placas de identificación habían sido adulteradas para ocultar al fabricante original. Al mismo tiempo, el dinero de la emergencia se desviaba para “lujos personales” del CEO de Progen, Andrew Williamson, incluyendo pagos de tarjetas American Express y manutención infantil.
Neira pone en riesgo el caso en EE.UU.
Irónicamente, el mismo José Julio Neira que hoy celebra la captura de Saud es quien ha puesto en riesgo la recuperación de los activos en los Estados Unidos.
El 17 de junio de 2026, Neira publicó un video en X mostrando un memorando legal estratégico marcado como “Privilegiado y Confidencial”. Esta filtración, realizada “sin la autorización ni conocimiento de los abogados”, expuso números de cuenta y montos de transferencias que estaban bajo una orden de protección judicial.
La defensa de Progen ha capitalizado este error de inmediato.
Los abogados de la firma estadounidense presentaron una moción exigiendo que Celec entregue su estrategia secreta de rastreo financiero, alegando que el Estado renunció al privilegio abogado-cliente mediante la publicación de Neira.
“La divulgación no correspondió a una filtración accidental, sino a una comunicación institucional”, argumenta la defensa de Progen, solicitando además sanciones por “mala fe procesal”.
El nexo familiar oculto
La trama se complica aún más con el reciente descubrimiento de los vínculos sanguíneos entre el acusador y la acusada.
Durante meses, la demanda de Celec se basó en la premisa de que el fraude fue facilitado por un parentesco entre Karla Saud y el entonces gerente de la estatal, Fabián Calero. Sin embargo, los registros del Registro Civil desmintieron ese vínculo, revelando una realidad incómoda: Karla Saud y José Julio Neira son parientes, según un reportaje de Expreso.
Se trata de una relación lejana pero verificable: “El padre de Karla Saud, Carlos Eduardo Saud Saud, es primo hermano de Julio Hanze Saud, abuelo de Julio José Neira”, lo que los convierte en primos en segundo grado.
La gasolina Extra/Ecopaís subió USD 0,91 y el diésel aumentó USD 1,50 más por galón desde que llegó Daniel Noboa al poder en noviembre de 2023.
A partir de las 00:00 de este domingo 12 de julio de 2026, los ciudadanos encontrarán valores reducidos en las estaciones de servicio gracias a la implementación del Decreto Ejecutivo No. 444. Esta normativa, firmada por el presidente Daniel Noboa el 9 de julio en Guayaquil, modifica la fórmula de cálculo para evitar que la volatilidad internacional dispare los costos internos.
La aplicación de la nueva metodología técnica establece valores específicos para el mercado nacional. El galón de las gasolinas Extra y Ecopaís se fijará en USD 3,26, mientras que el Diésel Premium costará USD 3,18 y estarán vigentes hasta el 11 de agosto de 2026.
Eso significa que el precio de las gasolinas sufrirá una reducción de USD 0,05 centavos, mientras que el diésel tendrá una reducción de casi USD 0,07 centavos.
Estos cálculos fueron realizados por representantes de las empresas comercializadoras que prefirieron no ser identificadas y para ello, se basaron en las fluctuaciones del mercado internacional y en la evolución de precios en el mercado local y en las fórmulas establecidas en los decretos ejecutivos activos, como el 444.
Nuevos precios de los combustibles tras el nuevo Decreto 444:
Sin la vigencia del Decreto 444, el sistema de bandas —que permite alzas de hasta el 5% mensual— habría empujado el precio de la gasolina Extra a USD 3,41.
Actualmente, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís está en USD 3,31, mientras que el galón del diésel está en USD 3,25. Los precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026.
Analistas del sector petrolero incluso advertían que, debido a la crisis energética global, el valor real de las gasolinas Extra y Ecopaís sin intervención estatal podría haber escalado hasta los USD 3,48 por galón. En el caso del diésel, la proyección sin decreto situaba el costo en USD 3,40, frente al valor reducido que ahora entrará en vigor.
¿Cómo baja el precio?
El Gobierno nacional justifica esta reforma como una herramienta para “amortiguar” las fluctuaciones extraordinarias del mercado internacional. Técnicamente, el decreto incorpora una “Disposición General Tercera” que activa un mecanismo excepcional de reducción cuando se cumplen tres condiciones simultáneas:
Una disminución bimensual del Precio de Paridad de Importación (PPI) igual o superior al 15%.
Un incremento trimestral previo acumulado superior al 50%.
Que el precio en terminal esté operando en su límite superior de variación del 5%.
Una vez activado, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) aplica una reducción del 10% de la variación acumulada del PPI de los dos últimos meses, con un tope máximo de reducción de 1,5 puntos porcentuales.
Cálculo político
Analistas consultados por Radio Pichincha señalan que la decisión presidencial no se lee únicamente en clave económica, sino también electoral.
Ecuador se encamina a las elecciones seccionales de noviembre de 2026, donde se elegirán alcaldes y prefectos.
Pero eso no es todo. La administración de Noboa toma esta medida en un contexto de fragilidad política. Según encuestas de junio de 2026 del CIESS, el 78% de la población califica la situación del país como “mala” o “muy mala”, con sentimientos dominantes de miedo e indignación.
Además, el costo de vida ha pasado factura a la gestión. El 73% de los encuestados admite haber cambiado sus hábitos de consumo debido al incremento sostenido de los combustibles.
Al frenar el alza este 12 de julio, el Ejecutivo intenta detener el deterioro de su imagen pública y evitar que el malestar social se desborde en las urnas.
Alzas sostenidas
Desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, el país experimenta un incremento de los precios de los combustibles, motivado por el retiro gradual de subsidios para “sanear” las finanzas públicas.
Al inicio de su gestión, el galón de diésel costaba USD 1,75 y el de Extra/Ecopaís a USD 2,40.
A junio de 2026, los incrementos son evidentes: la gasolina Extra ha subido un 37,92% (USD 0,91 centavos más) y el diésel un alarmante 85,71%, el equivalente a USD 1,50 más por galón.
Este ajuste responde en gran medida a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa crediticio de USD 5.000 millones.
La beneficiaria es la empresa ATIMASA S.A., una vieja conocida de la institución bajo la sombra de la multinacional Primax.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) adjudica un nuevo y cuantioso contrato de combustible para mover 292 vehículos durante un plazo de 410 días.
La beneficiaria es la empresa ATIMASA S.A., una vieja conocida de la institución que, bajo la sombra de la multinacional Primax, asegura un negocio cuyo costo se dispara en comparación con su acuerdo anterior.
El nuevo contrato, signado con el código PE-SNAI-2026-001, se adjudica por un valor de USD 409.416,47. Esta cifra representa un salto abismal frente al contrato Nro. 009-2024, suscrito apenas en octubre de 2024 con la misma Atimasa, que entonces tenía un valor de USD 251.401,04. En menos de dos años, el costo del servicio para el mismo parque automotor de 292 vehículos aumentó en más de USD 158.000, un 62% más entre ambos contratos.
¿Por qué aumentó el costo?
En el Informe de Necesidad del 23 de marzo de 2026, la administración del contrato reconoce abiertamente la crisis de costos que atraviesa el sector.
Marcia Victoria Muela Chumaña, administradora del contrato anterior, señala en su memorando de octubre de 2025 que, tras la emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 126 (retiro del subsidio), el precio del diésel premium escaló a USD 2.80 por galón. Actualmente el precio de ese hidrocarburo está en USD 3,25, el cual estará vigente hasta el 11 de julio de 2026.
En tanto, las gasolinas Extra y Ecopaís tienen un costo actual de USD 3,31 por galón. Y, la Súper fluctúa entre los USD 5,60 y USD 5,80.
El documento oficial señala que, “considerando el Decreto Ejecutivo Nro 126, y el alto incremento en el consumo mensual del combustible, solicito a su autoridad, disponga a quien corresponda iniciar un nuevo proceso de contratación”.
El SNAI, al planificar su presupuesto referencial, asume esta nueva estructura de costos como inevitable. Por ejemplo, detalló un gasto mensual de casi USD 23.000 en septiembre de 2025, cuando un año antes el consumo apenas rozaba los USD 9.600.
Un proceso sin competencia real
El camino hacia la adjudicación de Atimasa estuvo marcado por la falta de rivales. El primer intento de contratación, el proceso PE-SNAI-2025-001, terminó en fracaso.
César Augusto Calderón Villota, Coordinador General Administrativo Financiero del SNAI, resolvió “declarar desierto el Procedimiento Especial por no haberse presentado oferta alguna“.
Sin embargo, tras la reapertura del proceso en 2026, Atimasa aparece como el único oferente con una propuesta técnica y económica que se ajusta al nuevo presupuesto.
La Comisión Técnica no dudó en calificar a la empresa con el máximo puntaje: “concluye que la oferta presentada por Atimasa S.A. cumple con todos los requisitos mínimos requeridos por el SNAI, obteniendo además una calificación total de 100 puntos”.
Incluso ante errores en la oferta, la Comisión Técnica actuó con celeridad para “convalidar” las fallas. Se cuestionó, por ejemplo, que una empleada de Atimasa figurara como “Ejecutivo de Cuentas” cuando el pliego exigía un “Supervisor”. La empresa simplemente respondió que la funcionaria tiene la experiencia necesaria y la Comisión aceptó la explicación sin más.
El costo de la operatividad
El SNAI justifica este gasto alegando que sin combustible la seguridad del país colapsaría.
El contrato Nro. 004-2026 fue firmado el 18 de mayo de 2026.
Exgobernador de Sucumbíos recuerda que el Plan Colombia dejó enfermedades, violencia y destrucción de cultivos, por lo que pide al Gobierno de Daniel Noboa activar planes de contingencia.
Tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia, quien ha anunciado una política de “mano dura” que incluye el retorno de las fumigaciones aéreas y bombardeos en zonas fronterizas, la preocupación se apodera del cordón fronterizo norte.
William Barba, abogado y exgobernador de la provincia de Sucumbíos, advierte que el escenario actual es mucho más complejo que el de hace dos décadas y que el Estado ecuatoriano carece de una planificación adecuada para enfrentar los efectos colaterales de estas medidas.
Para Barba, el anuncio de bombardeos hacia los cultivos cocaleros en departamentos como Putumayo y Nariño tendrá una afectación directa en provincias ecuatorianas como Carchi y Sucumbíos.
“La gente del sector sur del país analiza con preocupación este tema porque sabe que va a venir una represión hacia los cultivadores”, indicó.
El exgobernador señala tres puntos críticos que diferencian este momento de los acontecimientos surgidos en el Plan Colombia:
Dependencia económica fronteriza: Barba subraya que la falta de presencia del Estado colombiano en su frontera sur llevó a que, incluso, ciudadanos ecuatorianos migren para trabajar como “raspachines” (recolectores de hoja de coca) en el lado colombiano. Una ofensiva militar generaría una crisis económica inmediata en estas familias.
De la guerrilla a las disidencias: A diferencia del pasado, donde se enfrentaba a una “guerrilla revolucionaria”, hoy el conflicto involucra a disidencias que han implantado una estrategia de miedo, extorsión y “vacunas” que afectan el territorio ecuatoriano.
Minería ilegal: Barba identifica a esta actividad como un factor nuevo y descontrolado que no tenía la escala actual durante el primer Plan Colombia. Esta actividad está hoy vinculada directamente al narcotráfico y al lavado de activos, complicando las operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
En este contexto, Barba solicitó al gobierno de Daniel Noboa que esté preparado y tenga una planificación, especialmente sobre los temas migratorio, de salud y seguridad.
Las alertas sísmicas no predicen un terremoto. Su función es detectar las primeras ondas generadas por un sismo y enviar un aviso inmediato a los teléfonos ubicados en zonas donde el movimiento aún no ha llegado con mayor intensidad.
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a poner en evidencia la importancia de las alertas tempranas en los teléfonos móviles. En un país sísmico como Ecuador, mantener esta función activada puede brindar segundos valiosos para ponerse a salvo.
El fuerte terremoto en Venezuela encendió las alertas no solo entre la población de ese país, sino también en la región.
En video publicados en redes sociales se visualizó como varias personas recibieron una notificación en sus teléfonos segundos antes de sentir el movimiento, una tecnología que ha demostrado ser una herramienta clave para reducir riesgos durante una emergencia.
En Ecuador, donde los sismos forman parte de la realidad geológica del país, especialistas insisten en la importancia de verificar que estas alertas estén activadas en los dispositivos móviles.
Las alertas sísmicas no predicen un terremoto. Su función es detectar las primeras ondas generadas por un sismo y enviar un aviso inmediato a los teléfonos ubicados en zonas donde el movimiento aún no ha llegado con mayor intensidad.
Aunque el margen suele ser de apenas unos segundos, ese tiempo puede ser suficiente para alejarse de ventanas, detener un vehículo de manera segura, protegerse bajo una mesa resistente o evacuar áreas de mayor riesgo cuando las condiciones lo permitan.
Ecuador se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. La historia reciente del país recuerda eventos de gran magnitud, como el terremoto del 16 de abril de 2016, que dejó cientos de víctimas y miles de afectados.
Desde entonces, la cultura de prevención ha cobrado mayor importancia, y la tecnología se ha convertido en un aliado para fortalecer la respuesta ciudadana.
¿Cómo funcionan las alertas sísmicas?
Los sistemas de alerta temprana utilizan información obtenida por redes de monitoreo sísmico y sensores instalados en millones de teléfonos inteligentes.
Cuando se detecta un terremoto de magnitud considerable, el sistema calcula qué zonas sentirán el movimiento más intenso y envía una notificación automática antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas.
Es importante recordar que la velocidad con la que viaja la señal electrónica es mayor que la velocidad de las ondas sísmicas, razón por la cual algunas personas pueden recibir el aviso segundo antes de experimentar el temblor.
Radio Pichincha te enseña paso a paso como activar la alerta de sismos en Android:
Los teléfonos Android incorporan el Sistema de Alertas de Sismos, desarrollado por Google y disponible en varios países
Para activarlo:
Abra la aplicación Configuración.
Ingrese a Seguridad y emergencia.
Seleccione Alertas de sismos.
Active la opción Usar alertas de sismos.
Verifique que la Ubicación del dispositivo permanezca activada y que el teléfono tenga acceso a internet.
En algunos modelos, la ruta puede variar ligeramente y aparecer dentro de Ubicación o Seguridad, dependiendo del fabricante
¿Cómo activar las alertas en un iPhone?
Los dispositivos iPhone no cuentan con el mismo sistema de detección sísmica de Android.
Sin embargo, Apple permite recibir las alertas oficiales emitidas por las autoridades cuando están disponibles. Para mantener habilitadas estas notificaciones es necesario hacer el siguiente procedimiento:
Abra Configuración.
Seleccione Notificaciones.
Desplácese hasta el final de la pantalla.
Active Alertas de Emergencia o Alertas Gubernamentales, según la versión de iOS.
Es importante que el usuario mantenga el sistema operativo actualizado para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
Recordatorio
Especialistas en gestión de riesgos recuerdan que ninguna aplicación o sistema puede predecir un terremoto. Las alertas tempranas funcionan únicamente cuando el sismo ya ha comenzado y existe tiempo suficiente para advertir a las personas ubicadas lejos del epicentro.
Por ello, recomiendan complementar esta herramienta con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en el hogar y el lugar de trabajo, preparar una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados por las autoridades.
Una acción sencilla que puede marcar la diferencia
Activar las alertas sísmicas toma menos de un minuto y no tiene costo.
Aunque el aviso pueda ofrecer apenas unos segundos de anticipación, ese tiempo puede ser determinante para proteger la vida y reducir el riesgo de lesiones.