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El Cpccs resolvió unificar los procesos para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador y a su vocal suplente, utilizando la misma terna enviada por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La decisión fue aprobada por mayoría y generó críticas dentro del propio organismo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) volvió a colocar en el centro del debate el proceso de designación de autoridades judiciales. Con una votación dividida, el pleno del organismo resolvió unificar los procesos para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador y a su suplente.
La resolución se adoptó este 9 de marzo de 2026 y modifica el curso de dos procedimientos que originalmente se tramitaban por separado. Aunque la mayoría de consejeros defendió la medida como una salida administrativa frente a un escenario no previsto en la normativa, dentro del propio pleno surgieron advertencias sobre eventuales vulneraciones a principios jurídicos como la seguridad jurídica.
Un solo proceso para dos designaciones
El Cpccs decidió fusionar los procesos de designación de la presidencia de la Judicatura y de su vocal suplente. El argumento central de la mayoría fue que ambas vacantes provienen de la misma terna remitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, por lo que —según el informe jurídico que sustentó la resolución— la unificación permitiría actuar bajo criterios de eficacia y eficiencia administrativa.
El documento sostiene que la salida de Mario Godoy generó una situación no contemplada en el reglamento vigente. Según esa interpretación, al haberse activado previamente el mecanismo para cubrir la vocalía suplente, el Cpccs podría utilizar la misma terna enviada por la Corte Nacional para resolver ambas designaciones.
La lista de postulantes remitida por la Corte está integrada por:
- Mercedes Johanna Caicedo Aldaz
- Óscar Gonzalo Chamorro González
- María Fernanda Morejón Villavicencio
En términos prácticos, esta decisión redefine el camino para designar a quien presidirá el órgano encargado de administrar el sistema judicial ecuatoriano.
Advertencias sobre seguridad jurídica
La resolución fue defendida por el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni. Él sostuvo que no existe impedimento para unificar los procesos cuando las vacantes se originan en la misma fuente institucional. Bajo esa lógica, el organismo podría avanzar en una sola designación utilizando la terna previamente enviada por la Corte Nacional.
Sin embargo, la decisión estuvo lejos de generar consenso. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán expresaron reparos tanto al informe jurídico como a la decisión de la mayoría. Bonifaz advirtió que el proceso ya arrastraba cuestionamientos desde etapas previas. Particularmente desde la decisión que permitió la inhabilitación de Alexandra Villacís, lo que —según su criterio— afectó la transparencia del procedimiento.
Cuarán, en cambio, centró su crítica en la base jurídica de la resolución. Señaló que el informe carece de una motivación suficiente y que no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que autorice expresamente la unificación de ambos procesos ni la reutilización de la misma terna para designaciones distintas.
Desde su perspectiva, avanzar bajo esa interpretación podría vulnerar el principio de seguridad jurídica, al aplicar una solución administrativa a un escenario que no está previsto en la normativa.
Ahora, esta controversia refleja, una vez más, la fragilidad institucional que rodea la designación de autoridades judiciales en Ecuador. El Cpccs, organismo encargado de seleccionar a varias autoridades clave del Estado, vuelve a enfrentar cuestionamientos internos por la supuesta falta de sustento normativo y por sus implicaciones en el control del órgano encargado de la administración de justicia.
