La Asamblea Nacional debatirá este miércoles, en primera instancia, el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa), una propuesta impulsada por ADN para reformar el sistema de seguridad social militar y “garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas” (Issfa).

Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencia entre organizaciones de pensionistas y sectores políticos que consideran que implica una reducción de derechos para los miembros de la institución militar.

La bancada de la Revolución Ciudadana adelantó su rechazo al proyecto mediante un comunicado difundido este 24 de junio.

En el documento, el bloque legislativo sostiene que la propuesta afectaría a más de 121.000 miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas al incrementar los años requeridos para acceder a la jubilación, reducir el monto de las pensiones, modificar las condiciones para viudas y familiares, y aplicar cambios que, según sus críticos, alterarían las reglas para quienes ya se encuentran en servicio.

Cambios

Entre los principales cambios planteados consta el aumento del tiempo de servicio para acceder al retiro militar.

El requisito mínimo pasaría de 20 a 25 años para la terminación de carrera y se fijaría un mínimo de 26 años para quienes soliciten una baja voluntaria.

Además, la pensión dejaría de calcularse con base en el último haber militar y se establecería un promedio de los últimos 48 meses de remuneraciones, o de los últimos 60 meses en determinados casos de retiro anticipado.

La propuesta también contempla modificaciones para los derechohabientes. La pensión de montepío se calcularía sobre el 80% de la pensión que recibía o habría recibido el militar fallecido.

Asimismo, se establece una distribución fija de los beneficios entre cónyuges e hijos y se limita la cobertura de salud para hijos dependientes hasta los 21 años. Adicionalmente, pensionistas y beneficiarios deberán aportar el 1 % de su pensión para financiar el seguro de salud.

Reacciones

Henry Peláez, director nacional del Frente Nacional de Pensionistas, cuestionó la elaboración del proyecto y aseguró que el sector no fue convocado para participar en su construcción.

Según indicó, el texto fue elaborado por el Issfa y remitido a la Asamblea Nacional sin incorporar los planteamientos de los pensionistas. A criterio del dirigente, las reformas representan una regresión de derechos y afectarían especialmente al personal militar que actualmente se encuentra en servicio activo.

Desde el Gobierno y los impulsores de la reforma se argumenta que los cambios responden a disposiciones de la Corte Constitucional y buscan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Además, sostienen que los derechos adquiridos de quienes ya se encuentran jubilados serán respetados. No obstante, el debate se instala en medio de posiciones encontradas sobre el impacto que la ley tendría en las futuras generaciones de militares y sus familias.

El presidente Daniel Noboa aprovechó este miércoles, 24 de junio de 2026, una actividad oficial en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), en Manta, para enviar un mensaje político en medio del debate sobre los pedidos de revocatoria de mandato que han surgido en las últimas semanas.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que mientras sus opositores impulsan ese mecanismo, su Gobierno se enfoca en consolidar su gestión y proyectarse hacia una eventual reelección.

“Mientras algunos hablan de crisis, nosotros entregamos obras y financiamiento. Mientras algunos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección”, expresó Noboa ante estudiantes, autoridades y asistentes al evento, donde destacó programas de apoyo e iniciativas de financiamiento impulsadas por el Ejecutivo.

Oposición

El jefe de Estado también lanzó críticas contra quienes cuestionan la gestión gubernamental y, según afirmó, buscan obstaculizar los proyectos que se ejecutan desde el Gobierno.

“Esa gente que hoy quiere parar el progreso de este país jamás ha dado nada para ustedes, jamás los ha apoyado”, manifestó durante su discurso.

Además, rechazó los señalamientos de sectores de oposición respecto al respaldo estatal a la educación y a los programas sociales. En ese contexto, pidió a la ciudadanía evaluar las acciones concretas de su administración.

“No se dejen llevar por la oposición que dice que no apoyamos a la educación. Nosotros damos apoyo a los más necesitados de este país”, sostuvo.

Los ataques del Gobierno de Daniel Noboa al canal de televisión Ecuavisa, por sus investigaciones sobre los contratos fallidos con la empresa estadounidense Progen, tienen un protagonista de por medio.

Se trata de Xavier Noboa Alvarado, primo del presidente de la República, quien es el segundo accionista más grande del medio de comunicación.

Xavier Noboa es hijo de Luis Noboa Pontón, quien a su vez es hermano de Alvaro Noboa Pontón y tío de Daniel Noboa Azín.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Compañías, el 19 de diciembre de 2008, Xavier Noboa Alvarado adquirió acciones de Ecuavisa Guayaquil en dos operaciones: una por USD 972.000 y la otra por USD 272.060.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2011, registró un aumento por suscripción de capital por USD 100.000.

Actualmente posee un total de acciones por USD 1.580.070, equivalente al 20% del paquete accionario.

Además, Xavier Noboa posee el cargo de Vicepresidente de Contenidos en Ecuavisa, por lo que tiene poder de decisión respecto a lo que se difunde en los noticieros y en otros programas.

El pasado 17 de junio, el Secretario General de la Administración, José Julio Neira, acusó a Ecuavisa y a Diario Expreso de ser medios aliados de quienes habrían recibido dinero de los contratos con Progen.

“Inventaban narrativas en sus medios aliados para posicionar que en el caso Progen estarían vinculados altos funcionarios del Gobierno, les hemos demostrado que este caso de corrupción tiene nombres y apellidos y hoy se les cayó el relato”, expresó en un video referente a una investigación realizada por el Gobierno.

Dos días después, el viernes 19 de junio, el periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera, anunció en sus redes sociales que decidió suspender la investigación del caso Progen, tras denunciar represalias del Gobierno en contra de su esposa y de su hijo.

Los dos contratos fallidos

En agosto de 2024, en medio de una severa crisis energética, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adjudicó a Progen Industries dos contratos de generación terrestre: la central Quevedo I (50 MW por USD 49,7 millones) y la central Salitral (100 MW por USD 99,4 millones). Los acuerdos exigían la entrega de generadores nuevos (cero horas) fabricados no antes de 2023.

Sin embargo, los proyectos resultaron ser un fracaso total y no entregan ni un solo megavatio al país.

Celec terminó unilateralmente los contratos en junio de 2025 tras descubrir un esquema de fraude trasnacional. Los peritajes técnicos de la firma Taxia revelaron que Progen entregó maquinaria usada y obsoleta (paquetes de 2008-2010) con componentes de hasta 20 años de antigüedad, los cuales fueron repintados para ocultar el óxido y tenían placas de identificación adulteradas. Además, las unidades eran técnicamente inviables al no poder operar con el combustible HFO pactado.

A pesar de los pagos millonarios, el avance real en Quevedo es de apenas el 13,23% y en Salitral el 16,45%, sin que Ecuador haya recibido un solo megavatio de energía.

El perjuicio económico para el Estado ecuatoriano asciende a casi USD 110 millones transferidos a una cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama (USD 69,58 millones por Salitral y aproximadamente USD 38−USD 40 millones por Quevedo).

Las investigaciones judiciales en EE. UU. determinaron que, para el 30 de enero de 2026, dicha cuenta registró un saldo de 0 dólares. Los fondos públicos fueron drenados para lujos personales de los directivos, incluyendo USD 1,5 millones para tarjetas American Express del CEO Andrew Williamson, pagos de manutención infantil y transferencias a empresas intermediarias como Astrobryxa S.A. (USD 20 millones) e Inycofyi (USD 3,25 millones).

Celec busca ahora recuperar estos activos mediante un fideicomiso constructivo bajo la Ley RICO en las cortes de Estados Unidos.

Así, expertos y analistas políticos se preguntan: ¿Por qué un medio de comunicación del que es accionista un primo del presidente Noboa, destinó grandes espacios al caso Progen, por el que el Estado perdió más de USD 110 millones? y ¿cuál fue el interés detrás de esas publicaciones?

Según el periodista de investigación, Andrés Durán, de por medio existirían disputas económicas relacionadas con herencias lo que habría obligado al periodista (y al canal Ecuavisa) a frenar sus reportajes sobre el caso Progen.

El coordinador de la bancada oficialista ADN, Esteban Torres, afirmó que el juicio político planteado contra la exministra de Energía, Inés Manzano, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, seguirá su trámite en la Asamblea Nacional, aunque evitó anticipar cuál será la postura definitiva de su bloque frente al proceso.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos por el caso Progen y de las críticas hacia ADN por haber frenado anteriormente iniciativas de fiscalización relacionadas con los contratos de generación eléctrica.

La prioridad de ADN es la vía penal

Torres marcó distancia entre la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía y el juicio político impulsado en el Legislativo.

Según indicó, el expediente penal busca determinar responsabilidades que podrían derivar en sanciones como prisión y recuperación de recursos públicos, mientras que el juicio político corresponde a una evaluación de responsabilidades políticas.

“Cualquier escenario se podría dar”, respondió al ser consultado sobre una eventual posición de ADN respecto al proceso de censura.

El legislador señaló que el pedido de juicio político ya fue remitido a la Unidad Técnica Legislativa para la verificación de requisitos y aseguró que, de cumplirse los parámetros establecidos, podría avanzar dentro de la Asamblea.

Sin embargo, evitó comprometer el respaldo de su bancada y reiteró que la decisión se tomará más adelante. “Todo a su debido tiempo”, manifestó.

Respecto a una posible vinculación penal de Manzano y Luque dentro del caso Progen, Torres sostuvo que hasta el momento no existen elementos materiales que los relacionen con las transferencias económicas que forman parte de la investigación.

Según explicó, las más de 700 transferencias incorporadas al expediente fiscal gracias a mecanismos de cooperación penal internacional no involucran a ninguno de los dos funcionarios.

“Si existieran las debidas pruebas, por supuesto que sí, pero si no existen las pruebas, tampoco por presión política o mediática se tiene que vincular a nadie”, afirmó el asambleísta.

No obstante, insistió en que las personas señaladas por ADN en su pedido de vinculación habrían recibido transferencias y, presuntamente, participado en la distribución de recursos que calificó como parte de un “atraco” al Estado.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes que ha puesto en la mira a su recurso más valioso: los jóvenes.

El “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029: Ecuador Defiende” revela un panorama desolador, donde la población de entre 12 y 34 años no solo es la principal víctima de la violencia letal, sino también el objetivo prioritario de reclutamiento para las estructuras criminales que buscan asegurar su “continuidad generacional”.

Las estadísticas oficiales de la Policía Nacional integradas en el informe muestran una concentración alarmante de la violencia en los rangos etarios más tempranos. Los grupos de 18 a 34 años concentran, en promedio, más del 57% de las víctimas de homicidios intencionales en el país.

Sin embargo, el dato que ha encendido las alarmas máximas es el incremento exponencial de asesinatos de adolescentes. Entre 2024 y 2025, los homicidios de menores de entre 12 y 17 años crecieron un 44,35%, pasando de 372 a 537 casos anuales.

“La violencia letal no solo se concentra en población relativamente joven, sino que se está desplazando hacia edades cada vez más tempranas. Esto demanda un mayor desarrollo e implementación de políticas integrales de prevención, protección y reducción del reclutamiento que prioricen de manera urgente a la juventud y adolescencia”, indica el Ministerio del Interior en el diagnóstico del plan.

De la exclusión al sicariato

El informe identifica que el reclutamiento no es un evento aleatorio, sino un proceso sistémico que aprovecha las “condiciones de vulnerabilidad social y económica”. Los grupos de delincuencia organizada (GDO) utilizan a niños y adolescentes como “mano de obra”.

Las tareas asignadas a estos menores van desde el microtráfico de droga y la vigilancia territorial (“campaneros”) hasta la extorsión y el sicariato. El atractivo de estas estructuras suele basarse en promesas de éxito rápido frente a la falta de oportunidades legítimas.

Al respecto, el Plan cita la investigación de Barragán Bórquez (2019), quien tras entrevistar a adolescentes en reclusión, identificó que uno de los principales atractivos del crimen organizado es la posibilidad de acceder a una vida de lujos.

“A pesar de su carácter efímero, esta promesa resulta más seductora que la precariedad y la falta de oportunidades que caracterizan sus contextos de origen”.

Uno de los últimos casos se dio el 17 de junio de 2026. Dos menores de edad, de 15 y 16 años, camuflaron sus armas de fuego dentro de un peluche y un ramo de flores para evadir los controles del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. En este lugar asesinaron a Carlos Suástegui Villanueva, alias ‘Suástegui’, identificado como un cabecilla de la banda criminal Los Águilas (brazo armado del grupo delictivo Los Choneros).

La narcocultura y el asedio digital

El “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” advierte que la normalización de la violencia se ha infiltrado en el tejido social a través de la denominada narcocultura, que presenta la ilegalidad como una vía de escape a la pobreza.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en una herramienta de captación. El informe menciona la advertencia de Unicef que dice: “Las redes sociales y los medios digitales cumplen un rol en la difusión de la violencia de los grupos delictivos y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”.

A esto se suma la crisis del núcleo familiar. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) resaltó que en contextos familiares, donde se evidencia falta de cuidado y supervisión adecuada, aumenta la probabilidad de que los niños se vean expuestos a dinámicas delictivas.

Sistema penitenciario

La crisis se refleja con crudeza en las cárceles del país. El 43,5% de las personas privadas de libertad (PPL) tiene entre 18 y 30 años, lo que evidencia el “inicio temprano de la carrera delincuencial”, fruto del reclutamiento por parte de los GDO.

Sin un sistema de clasificación técnica eficiente, estos jóvenes suelen sufrir una “contaminación criminológica”, donde las prisiones, en lugar de rehabilitar, terminan funcionando como “nodos de coordinación criminal y reclutamiento”.

Frente a esta “emergencia generacional”, el Estado ecuatoriano emitió en julio de 2025 la “Estrategia para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes”.

El Plan 2026-2029 propone como eje central implementar acciones de prevención integral en territorios críticos para reconstruir el tejido social y proteger a la niñez. Entre las metas se incluye alcanzar a más de 4,5 millones de beneficiarios mediante programas de habilidades socioemocionales y permanencia escolar para 2029.

Este 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para informar sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y a los controles de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Ese proceso de fiscalización se inició por una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea con 143 votos. La principal alerta, presentada por el Ministerio del Interior, apunta a la existencia de una supuesta “sala espejo” que habría operado en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil.

Según Reimberg, esta estructura paralela —presuntamente instalada por disposición de Fernando Cornejo, exdirectivo de Segura EP— permitía a usuarios con privilegios manipular cámaras de videovigilancia, redirigirlas para evitar zonas críticas y extraer información sensible sin control policial. Además, aseguró que los registros de auditoría se eliminaban cada 60 días.

Sin embargo, durante la sesión de la comisión, la presidencia de la mesa no otorgó la palabra a legisladores de distintas bancadas. Al concluir la comparecencia, varios asambleístas denunciaron ante los medios de comunicación un supuesto silenciamiento y señalaron que el proceso de fiscalización estaría siendo utilizado como una “cortina de humo” para desviar la atención de casos que involucran al entorno presidencial.

El caso Porsche y la sombra del Grupo Noboa

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) manifiesta que la narrativa oficialista sobre una “red de espionaje” es una cortina de humo para sepultar el denominado caso Porsche. Este caso vincula un vehículo de una de las empresas de la familia del presidente Daniel Noboa con la escena de un presunto acto de terrorismo en Guayaquil.

La polémica se centra en los hechos ocurridos tras una explosión con bombas en la Bahía de Guayaquil, registrada el 3 de junio de 2025. Según detalló el asambleísta Juan Andrés González (RC), apenas cinco minutos después de que la policía detuviera en su domicilio de la Isla Trinitaria a Iván Ballesteros —implicado en el atentado—, un vehículo Porsche Cayenne llegó al lugar.

Las investigaciones y la trazabilidad de las cámaras de Segura EP revelaron que dicho automóvil pertenece a la empresa Industrial Molinera, propiedad del Grupo Noboa. Esta revelación llevó a los legisladores de oposición a exigir que la fiscalización no se limite al supuesto uso irregular de las cámaras, sino que aclare por qué un bien del entorno presidencial apareció en un contexto de terrorismo de Estado o posible “autoatentado”.

En ese contexto, para los asambleístas Jahiren Noriega y Juan Andrés González, la intervención del Gobierno en Segura EP busca desacreditar el sistema que permitió estos hallazgos.

Noriega subrayó que, irónicamente, fue gracias a la tecnología de videovigilancia municipal que se pudo documentar la trazabilidad del Porsche, así como resolver otros casos graves como el de los niños asesinados en las Malvinas. González denunció que el Gobierno intenta criminalizar a quienes realizaron la fiscalización original:

“Cuando un ladrón corrupto es captado por cámaras, los culpables resultan ser quienes pusieron las cámaras”, expresó.

Además, reveló que está siendo objeto de persecución judicial, habiendo sido notificado por la Fiscalía por presunta “asociación ilícita” tras denunciar los nexos del vehículo del Grupo Noboa.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, intentó desviar el foco del caso Porsche, calificándolo como un tema que ya está en manos de la Fiscalía y exhortando a los legisladores a preguntar directamente a dicha institución. En su lugar, el Gobierno insiste en la existencia de una “sala espejo” en el Palacio Municipal, desde la cual se habría realizado espionaje político bajo órdenes de exdirectivos.

Entre los hallazgos mencionados por el ministro se encuentran:

• Conexiones Privadas: la sala funcionaba mediante enlaces de la empresa Telconet.
• Capacidad de Manipulación: los administradores tenían privilegios para mover cámaras y evitar zonas críticas, así como extraer grabaciones históricas sin revisión policial, vulnerando la cadena de custodia.
• Borrado de Evidencias: el sistema estaba configurado para que los registros de auditoría se almacenaran solo por 60 días, lo que garantizaba que cualquier rastro de manipulación se borrara automáticamente.

No obstante, la oposición reafirma en que no se puede ignorar que el “aparataje del Estado” se ha volcado contra los legisladores justo cuando la verdad sobre el Porsche y otros contratos, como el caso Progen, empezó a salir a la luz.

Denuncias de silenciamiento en la comisión

Una de las mayores polémicas surgió cuando el presidente oficialista encargado de la comisión, Andrés Castillo, cerró la fase de preguntas alegando que la “Comisión General” no podía durar más de 30 minutos según el reglamento.

Jahiren Noriega (RC) tildó de “profundamente vergonzoso” el desarrollo de esa sesión. Expresó que es la segunda vez que se impide a los legisladores realizar las preguntas que el país requiere. Según Noriega, el manejo de la comisión busca evitar respuestas sobre por qué un vehículo del Grupo Noboa estuvo presente en la escena de un atentado en Guayaquil.

Asimismo, esta acción fue recibida con expresiones de “arbitraria” y “discriminatoria” por parte de la asambleísta Mariana Yumbay (Pachakutik), quien denunció un silenciamiento deliberado hacia quienes piensan distinto, tanto en el Pleno como en las comisiones.

Yumbay calificó la comparecencia del Ministro del Interior como “un show más” en el que las autoridades hablan lo que consideran pertinente pero se imposibilita profundizar en la verdad. Además, denunció una actitud “machista e irrespetuosa” por parte de Castillo, quien se refirió de forma despectiva a la “risita” de las asambleístas mientras aplicaba de forma rígida la normativa para cortar el debate.