El exalcalde de Machala, Mario Minuche, lanza una bomba política. En una declaración sin precedentes, califica al facho Daniel Noboa de ...
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El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la apelación de la Revolución Ciudadana. El movimiento busca frenar el adelanto de las elecciones seccionales programadas para noviembre de 2026.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), convirtiéndose en la última vía legal dentro de la justicia electoral para intentar frenar el adelanto de las elecciones seccionales.
La decisión fue oficializada mediante un auto de admisión emitido el 14 de abril de 2026 por el juez sustanciador Ángel Torres Maldonado. Este recurso surge tras la impugnación presentada por Gabriela Rivadeneira, presidenta nacional de RC, en contra de un auto previo dictado el 6 de abril que inicialmente había inadmitido su reclamo.
Documento en el que se certifica que el TCE admitió a trámite un recurso de apelación de la RC.
El contexto de la apelación
El movimiento busca dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 27 de marzo de 2026, la cual dispuso adelantar los comicios seccionales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. El CNE justificó este cambio basándose en alertas de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño.
Mientras que otros recursos de apelación presentados por el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento L.I.D.E.R. fueron rechazados y archivados por el pleno del TCE, la causa de la Revolución Ciudadana continúa vigente bajo el número 050-2026-TCE.
Tras la admisión firmada por el juez Torres, el expediente será remitido a los demás magistrados para su revisión y estudio. El Pleno del TCE, encargado de dictar una sentencia definitiva, está conformado por los jueces:
Ivonne Coloma (Presidenta del organismo).
Ángel Torres.
Patricio Maldonado.
Guillermo Ortega.
Richard González.
En caso de que el tribunal electoral ratifique el adelanto de las elecciones, la última vía de resolución será la Corte Constitucional. En esa instancia ya existen al menos seis demandas adicionales contra la modificación del calendario electoral.
El borrador de decreto estará en consulta pública hasta el 21 de abril y sustituye el esquema general por uno escalonado según el tipo de producto.
El Gobierno de Colombia publicó un borrador de decreto que propone aplicar aranceles diferenciados del 35%, 50% y 75% a productos provenientes de Ecuador, en respuesta a las recientes medidas comerciales adoptadas por el presidente Daniel Noboa, quien elevó los gravámenes hasta el 100% para bienes colombianos.
El documento, que plantea una modificación al Decreto 170 de 2026, se encuentra en fase de consulta ciudadana entre el 17 y el 21 de abril. La propuesta sustituye el esquema anterior -que fijaba un arancel general del 30%- por un sistema escalonado enfocado en productos específicos.
Tres niveles de aranceles según el tipo de producto
En el nivel más alto, con tarifas del 75 %, se incluyen productos considerados estratégicos o sensibles para la industria colombiana.
Entre ellos constan:
Arroz
Azúcar
Café
Aceites vegetales
Plásticos
Químicos
Textiles
Metales
Así como autopartes, pinturas y materiales de construcción.
En un segundo nivel, con aranceles del 50%, se ubican bienes como camarón, pescado, conservas, llantas, madera y papel.
Finalmente, el nivel más bajo, del 35%, contempla productos como banano, plátano, fréjol, ciertos productos pesqueros y algunos químicos.
Según el Gobierno colombiano, la medida no será de carácter general, sino que se aplicará únicamente a un listado específico de subpartidas arancelarias.
Contexto de fricción bilateral
La iniciativa surge en medio de un creciente distanciamiento comercial entre ambos países.
Desde Ecuador, el Ejecutivo defendió el incremento arancelario como parte de una “tasa de seguridad”, argumentando que existe una falta de control en la frontera por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado oficialmente sobre el nuevo borrador.
Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ya había anticipado en declaraciones previas que no espera cambios en la postura de su homólogo colombiano frente a los temas de seguridad fronteriza.
Cabe mencionar, que meses atrás cuando Colombia presentó una propuesta similar con aranceles del 50 %, que finalmente no llegó a implementarse.
Esta vez, el nuevo esquema amplía el rango de tarifas y redefine el alcance de la medida, lo que podría marcar un nuevo punto de tensión en la relación comercial bilateral.
Daniel Noboa impulsa una reforma para trasladar la designación de autoridades de control del Cpccs a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el cambio no modifica la lógica del sistema y podría mantener el peso de las mayorías políticas en estos nombramientos.
Daniel Noboa vuelve a apostar por las urnas para redefinir el sistema de designación de autoridades de control en Ecuador. Esta vez, no plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como intentó en 2025, sino el traslado de sus funciones hacia la Asamblea Nacional.
La propuesta llega tras un primer revés en la Corte Constitucional, que dejó claro -en la sentencia- que eliminar el organismo mediante enmienda era inviable por implicar una alteración estructural del Estado.
Con ese precedente, el Ejecutivo reformuló su estrategia en septiembre de 2025.
Seis meses después, el máximo órgano de control constitucional emitió un dictamen favorable, con observaciones menores, lo que permitió que el 5 de abril de 2026 el Gobierno remita la pregunta de referendo al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el Código de la Democracia, el proceso aún requiere ajustes finales y un decreto ejecutivo para su convocatoria, pero el calendario político ya está en marcha:
Si se cumplen los plazos, la consulta podría coincidir con las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
De concretarse, Noboa pondrá a prueba su capital político por tercera ocasión en referendos en apenas tres años (donde cada llegó a costar alrededor de USD 60 millones).
¿Despolitización o traslado del poder?
La pregunta del referéndum es:
“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs enmendando la Constitución?”
El argumento oficial apunta a “tecnificar” los procesos y evitar la concentración de poder. Sin embargo, el diseño propuesto mantiene la lógica actual del Cpccs:
Postulación ciudadana
Veedurías
Conformación de ternas.
El cambio sustancial es que la decisión final recaerá en el Pleno de la Asamblea con mayoría absoluta (77 votos), un número que fácilmente alcanza el oficialismo (ADN). Es decir, el ganador ya no será el mejor puntuado, como es el proceso de decisión actual en el Cpccs.
En la práctica, esto significa que el bloque político dominante tendrá la capacidad de definir quién ocuparía cargos clave como:
Fiscalía
Contraloría
Defensoría del Pueblo
Procuraduría
Superintendencias
Consejeros del CNE
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El esquema contempla tres vías de designación.
La primera, mediante postulaciones ciudadanas evaluadas por comisiones técnicas que ordenarán a los candidatos y remitirán informes vinculantes.
La segunda, a partir de ternas enviadas por el Presidente para entidades como las superintendencias y la Procuraduría.
Y, la tercera, un mecanismo específico para el Consejo de la Judicatura, con participación de delegados de las funciones del Estado, un asambleísta y representantes académicos.
Aunque el Ejecutivo introduce plazos —60 días para que las comisiones presenten listas y 90 días para completar designaciones— y mecanismos de cierre automático en caso de bloqueo legislativo, persistirían vacíos relevantes. Pues, el documento remitido por Noboa no detalla el funcionamiento operativo ni el financiamiento de estas comisiones.
Además, el cambio elimina el criterio meritocrático directo —el mejor puntuado— y lo sustituye por una decisión política final, según la propuesta del Ejecutivo.
Para la analista Caroline Ávila Nieto, el problema no se resuelve con el simple traslado de competencias. Si bien reconoce que la Asamblea ofrece mayor exposición pública y potencial escrutinio mediático —a diferencia de un Cpccs con débiles contrapesos—, advierte un riesgo estructural:
“Cuando existe una mayoría consolidada, las designaciones pueden responder a los intereses del poder de turno. Se corre el riesgo de repetir prácticas previas a 2008, donde el control institucional quedaba alineado con el Ejecutivo o el Legislativo”, sostiene.
Ávila plantea que, sin mecanismos adicionales —como comités consultivos independientes o instancias técnicas no partidistas que incidan públicamente—, la reforma podría sustituir un problema por otro. La clave, dice, está en construir contrapesos reales que no dependan exclusivamente de acuerdos políticos, en un contexto donde la cultura democrática y la capacidad de consensos siguen siendo frágiles.
Un sistema en crisis
El quiebre político de 2017, encabezado por Lenín Moreno alejándose de la Revolución Ciudadana, marcó un punto de inflexión. El referéndum de 2018 cesó a los consejeros y dio paso a un Cpccs transitorio con facultades extraordinarias, liderado por Julio César Trujillo (+). Desde entonces, lejos de estabilizarse, el organismo se convirtió en un espacio de disputa entre fuerzas políticas, sin mayorías claras y con constantes conflictos internos:
Procesos de designación inconclusos
Autoridades prorrogadas
Entidades clave —Fiscalía, Contraloría, CNE o Defensoría del Pueblo— operando bajo cuestionamientos.
Así, la propuesta de Noboa intenta responder a ese desgaste, pero abre otra pregunta de fondo, según expertos:
¿Si el problema es la politización del sistema, trasladar la decisión al órgano más político del Estado podría profundizar la misma lógica que se busca corregir?.
Transición larga y efectos inmediatos
El plan del Ejecutivo no solo redefine el modelo, también implica una transición prolongada. Según la propuesta, todos los procesos de designación en curso en el Cpccs quedarían anulados, lo que retrasaría la renovación de autoridades por cerca de 27 meses. A esto se suman los plazos legislativos: seis meses para enviar leyes complementarias y hasta un año —prorrogable— para su trámite.
En total, el rediseño institucional tardaría más de dos años en consolidarse.
Siete armas desaparecieron tras la captura de los asaltantes. Los peritos solo pudieron examinar un revólver inservible y cinco armas operativas.
En el expediente judicial 17U05-2024-00005, que relata la incursión terrorista contra TC Televisión, ocurrida el 9 de enero de 2024, subyace una contradicción técnica que marcó el desarrollo del juicio: la desaparición documental de siete armas de fuego entre el momento de la captura de los delincuentes y la entrega de pruebas periciales.
Mientras la Policía reportó inicialmente un arma por cada detenido, es decir, 13 armas de fuego; la ciencia forense solo pudo certificar la existencia de seis armas.
Tras la neutralización del ataque, el Teniente Coronel Luis Carrión, entonces subjefe de la Policía Judicial Zona 8, suscribió junto a su equipo un parte de aprehensión que no dejaba lugar a dudas: cada uno de los 13 implicados (11 adultos y dos menores) portaba un arma de fuego.
Durante la audiencia de juzgamiento, la Secretaria del Tribunal leyó la distribución detallada de ese informe policial:
Pistolas: Asignadas a Jonathan Mora Padilla, Juan Carlos Pachito, Miguel Alejandro Brito y Adán Quiñonez.
Revólveres: Atribuidos a Joshua Sánchez Rojas, Juan José Mendoza, Charles Suárez Vera y Héctor Ortiz Teyes.
Escopetas (cartucheras): Registradas a nombre de Marlon Mero, Axel Medranda, Manuel Alexander Gutiérrez y Jorge Antonio Ayoví.
Subametralladora: Asignada a Jordán Tigua Pincay.
Con este hecho se estableció una responsabilidad individual directa para cada asaltante. Sin embargo, al ser interrogado por las defensas de los procesados —durante la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, en septiembre de 2024—, el propio Teniente Coronel Carrión admitió que “en total son cinco armas de fuego”, aunque no pudo determinar a quién correspondía cada una.
Cinco armas y un revólver que no funcionaba
Cuando las evidencias llegaron a manos del perito acreditado en balística, la cifra oficial de 13 armas se redujo drásticamente. En su testimonio, el perito confirmó haber recibido bajo cadena de custodia únicamente seis armas de fuego reales:
Una escopeta industrial Mossberg calibre 12GA.
Una escopeta industrial Jaguar calibre 16.
Una subametralladora artesanal APROS 9mm.
Una pistola industrial Ruger 9mm con serie erradicada.
Un revólver industrial Taurus calibre 38.
Un revólver artesanal calibre 38 sin marca ni serie, que no funcionaba.
Según el perito, el arma seis “no se encontró apta para producir disparos”, debido a que tenía desprendido el seguro del tambor y la aguja percutora no incidía con fuerza suficiente.
Reclamo
Esta discrepancia por las 13 armas reportadas, pero solo seis halladas y periciadas, fue el pilar del alegato de clausura del abogado Hilario Villamar, defensor del procesado Charles Suárez Vera —fallecido este 13 de abril de 2026, en la Cárcel del Encuentro.
Villamar calificó el parte policial como una mentira procesal. “¿Dónde están las otras (armas) restantes?, ya que, si son seis y hay 13, habría una diferencia de siete, por lo cual es una nueva falacia que existe en este parte policial, por parte de la Policía”, indicó.
El jurista denunció que los agentes “inculpan a cada uno (de los detenidos), poniéndole un arma ficticia, aumentando las que realmente eran para tratar de incriminar a estas personas”.
La postura de Fiscalía
Ante el evidente vacío de armamento físico para cubrir a todos los sentenciados, el fiscal Carlos Bonoso León recurrió a la figura de la “asociación armada”.
En su contrarréplica, Bonoso argumentó que para configurar el terrorismo bajo el artículo 366 del COIP, el nexo causal “no va al porte de armas, no va al porte explosivo, no va a quien causó el daño”.
Según la tesis fiscal, al actuar como un grupo coordinado que incursionó conjuntamente, existía un “dominio funcional del hecho”. Esto permitió que, legalmente, los 11 adultos fueran sentenciados como autores directos, sin que importara si portaban una de las seis armas reales, una de las siete armas “ficticias” del parte policial o simplemente un teléfono celular para recibir órdenes del jefe.
El jefe sería Willian Alcívar, alias Negro Willy, La Firma o Comandante Willy, líder de Los Tiguerones. Él actualmente vive libre en España, ya que el gobierno ecuatoriano no cumplió “a tiempo con requisitos formales exigidos para su entrega”, indicó el juez de la causa.
Así, tras conocerse que seis de los procesados por este asalto murieron dentro de prisión y que la Fiscalía pidió destruir los equipos tecnológicos de los delincuentes, la huella de quién portaba qué aquella tarde de enero queda sepultada bajo los escombros de una logística criminal que la ciencia forense solo pudo probar a medias.
Todo esto dentro de un caso que ocasionó que el presidente Daniel Noboa decrete un conflicto armado interno en Ecuador. Una medida que se ha extendido hasta la actualidad.
La funcionaria ha ocupado cargos en Celec, el IESS y el Ministerio de Producción. Actualmente labora en EP Petroecuador.
Diana León ha pasado por varias instituciones públicas en los últimos meses y actualmente se desempeña como subgerente de Cumplimiento en EP Petroecuador.
Diana León, subgerente de Cumplimiento de EP Petroecuador. Imagen de Quipux.
Trayectoria cuestionada
Su trayectoria incluye cuestionamientos durante su paso por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y señalamientos por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) por una presunta falta de verificación en contratos millonarios en su gestión como oficial de cumplimiento antisoborno.
Celec emprendió acciones legales contra Progen y Austral Technical Management (ATM) por millonarios contratos fallidos de generación eléctrica en 2024, donde se detectaron equipos antiguos entregados como nuevos, pagos anticipados sin avances, incompatibilidad técnica y falta de permisos, causando perjuicios económicos y retrasos críticos en el suministro eléctrico.
La Contraloría y Celec detectaron esas irregularidades, y se observó que la oficial de cumplimiento antisoborno no hizo una verificación exhaustiva y emitió un criterio a favor de Progen, es decir, León.
Avaló la emergencia en el IESS
Tras salir de Celec, la funcionaria ocupó el cargo de procuradora general del IESS entre el 22 de octubre y el 8 de diciembre de 2025, en el contexto de la emergencia institucional.
Fue en el IESS donde avaló la emergencia para la compra de medicamentos e insumos. Inicialmente, esta tuvo una vigencia de 60 días, inició el 26 de septiembre de 2025 y, a finales de noviembre, se amplió por un mes adicional debido a los resultados limitados en la contratación.
También emitió el informe favorable para HealthBird, una de las marcas del conglomerado empresarial estadounidense OneNest, que intentó ingresar al Ecuador a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el fin de brindar una transformación digital al Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS) del IESS.
La serie de cuestionamientos —sobre todo mediáticos— al proceso contractual provocó la salida de HealthBird.
La propuesta más alta
A fines de 2025, en un comunicado, HealthBird explicó que su misión era clara: simplificar y fortalecer la atención en salud, no solo física sino también mental de las personas, ofreciendo una amplia gama de productos en materia de seguridad.
Cabe aclarar que el IESS recibió cuatro proformas para definir el precio referencial del Sistema de Administración y Gestión en Salud. Estas fueron las propuestas:
CNT-HealthBird: USD 37,7 millones
ESPE Innovativa: USD 29,3 millones
High Tech Software SAS: USD 19,6 millones
Technobridge: USD 9,8 millones
Technobridge fue el presupuesto más bajo.
La salida de HealthBird de Ecuador provocó un “remezón” dentro del IESS, que derivó en la renuncia de León.
Para la funcionaria, hubo una mala interpretación de la relación entre HealthBird y el IESS.
Otros cargos hasta llegar a Petroecuador
Posteriormente, León ocupó por un breve período el cargo de subsecretaria de Regulación y Control en el Ministerio de Producción, entre el 16 y el 21 de enero de 2026.
Finalmente,desde el 7 de abril de 2026, asumió funciones como subgerente de Cumplimiento en EP Petroecuador.
La subgerencia fue creada mediante una resolución del directorio de la estatal petrolera, emitida el 22 de agosto de 2024.
La dependencia reemplaza a la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos y tiene como objetivo fortalecer los principios éticos y de cumplimiento dentro de la organización, alineando sus operaciones con altos estándares legales y de integridad.
Su misión es establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para que la empresa pública desarrolle sus actividades conforme a la normativa vigente, promoviendo una cultura de cumplimiento en materia de antisoborno, anticorrupción, antilavado de activos e integridad entre sus colaboradores y demás partes interesadas.
Funcionaria del IESS también estuvo en Petroecuador
Al frente de la estatal petrolera también estuvo María Daniela Conde. Ella se desempeñó como gerente general subrogante y renunció a su cargo el 26 de marzo de 2026.
Conde inició su actividad en el sector público en 2024. Pasó por la Presidencia de la República y luego por el IESS, donde se desempeñó como coordinadora nacional institucional de Inteligencia de la Salud entre el 29 de enero de 2024 y el 9 de enero de 2025, antes del ingreso de Diana León.
Tras su salida del IESS, regresó a la Presidencia y posteriormente fue designada viceministra de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía, cargo que ocupó del 10 de julio al 25 de noviembre de 2025.
Dos días después, el 27 de noviembre de 2025, pasó a Petroecuador como gerente general subrogante. El 27 de marzo de 2026, Conde registró en la Contraloría el fin de su período.
Contaba con la confianza de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano; sin embargo, en el ámbito interno han circulado versiones de que su salida estaría relacionada con la presunta autorización de la adjudicación de un proceso contractual a la oferta más baja.
Las sesiones itinerantes de la Asamblea Nacional abren un debate sobre su costo real. Aunque se afirma que cada jornada cuesta USD 30.000, el reglamento vigente, los viáticos, los traslados y la logística institucional evidencian que el gasto podría ser significativamente mayor.
El traslado del Pleno de la Asamblea Nacional a distintas provincias del país se convirtió en una práctica recurrente durante 2026. Bajo el argumento de “acercar el Legislativo a la ciudadanía”, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, defendió estas sesiones fuera de Quito como un mecanismo para facilitar el acceso de gremios, medios locales y organizaciones sociales que no pueden movilizarse a la capital.
En ese contexto, provincias como Guayas, Azuay y El Oro fueron escenario de debates y aprobaciones de leyes relevantes, entre ellas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), normativa minera y legislación sobre vivienda social. La narrativa oficial insiste en que este modelo fortalece la democracia territorial.
Pero ese discurso convive con una cifra que abrió el debate este 15 de abril de 2026: cada jornada fuera de Quito implica, según Olsen, un gasto aproximado de USD 30.000. Un monto que, lejos de cerrar la discusión, plantea nuevas preguntas sobre el verdadero costo operativo de esta estrategia.
Viáticos, normativa interna y un gasto que escala
La versión de austeridad expuesta por la Presidencia de la Asamblea entra en tensión con el reglamento interno vigente. El 4 de marzo de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría oficialista, aprobó una actualización normativa que amplía y detalla los beneficios económicos para legisladores y funcionarios durante desplazamientos.
El documento establece viáticos diarios de USD 150 para asambleístas, autoridades del CAL y la Presidencia cuando realizan viajes dentro del país. En paralelo, el personal de seguridad y la Escolta Legislativa recibe USD 80 diarios. Estas disposiciones contradicen la idea de que los traslados no generan pagos adicionales directos a los legisladores.
A partir de estos valores, el costo real de cada sesión itinerante adquiere otra dimensión. Solo considerando a los 151 asambleístas, el pago de viáticos suoera los USD 22.000 por día. Si se suma el personal técnico, administrativo y de seguridad —que, según fuentes cercanas al Legislativo, bordea más 80 personas adicionales— el gasto en viáticos podría acercarse a los USD 40.000 por jornada.
Estas cifras coinciden con estimaciones extraoficiales que sitúan el costo total entre USD 40.000 y USD 45.000 por sesión, superando ampliamente el cálculo inicial difundido por la Presidencia. En términos acumulados, las cuatro salidas registradas (dos a Samborondón, una a Cuenca y otra a Machala) podrían haber representado un gasto superior a USD 160.000. Incluso tomando como referencia la cifra más conservadora de Olsen, el total rebasa los USD 120.000.
El contingente que se moviliza incluye:
Equipos técnicos
Secretaría General
Personal de tecnologías de la información
Protocolo
Comunicación institucional
Guardia legislativa
Asesores y seguridad asignada a ciertos asambleístas.
No se trata, por tanto, de una operación mínima, sino de una estructura institucional completa que se desplaza.
Ahora, la logística de transporte constituye otro componente clave que complejiza la factura final. Cada legislador tiene derecho a un pasaje aéreo semanal de ida y vuelta para asistir a sesiones, lo que incrementa de forma sostenida el presupuesto institucional.
Registros internos, a los que accedió Radio Pichincha, evidencian que un boleto en la ruta Quito-Guayaquil oscila entre USD 228. Por otro lado, un viaje aéreo Quito-Machala bordea los USD 290 por viaje redondo. Solo en septiembre de 2025, la Asamblea comprometió cerca de USD 960.000 en contratos de pasajes aéreos, lo que da cuenta de una política de movilidad intensiva que se mantiene en el tiempo.
Para quienes optan por el traslado terrestre, el CAL estableció un subsidio de USD 0,35 por kilómetro recorrido. Este mecanismo, aunque menos visible que los vuelos, también suma al costo global de cada desplazamiento y refuerza la idea de que la movilidad legislativa está respaldada por múltiples vías de financiamiento.
Entre la presencialidad y la alternativa virtual
El énfasis en sesiones presenciales fuera de Quito ocurre en un contexto en el que la tecnología permite realizar debates virtuales con costos significativamente menores. A pesar de ello, la actual administración legislativa opta por mantener la presencialidad total como eje de su gestión.
Olsen sostiene que el gasto se justifica si permite fortalecer el vínculo con la ciudadanía, insistiendo en que “es lo que cuesta estar más cerca de las personas”. Esta postura, no obstante, contrasta con un escenario nacional en el que la austeridad en el uso de recursos públicos es una exigencia constante.
De hecho, la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, cuestiona la cifra dada por el presidente del Parlamento. Yumbay afirmó que el gasto por sesión no se justifica cuando el país enfrenta una crisis en el sistema de salud, con falta de dinero para medicamentos e insumos básicos, además de una “inseguridad campante”.
Cuestionó que, mientras el país sufre inseguridad, algunos asambleístas se movilizan con hasta cinco guardaespaldas pagados. Señaló que mientras unos legisladores arriesgan la vida caminando en condiciones difíciles, otros se “encierran” en lugares como la Universidad Ecotec en Guayas con esquemas de seguridad total.
Asimismo, desmintió que los viajes permitan un acercamiento con la población. Según la legisladora, tras haber recorrido varias provincias, no se han reunido con gremios ni actores locales. En su lugar, sostuvo que las comisiones se limitan a convocar a funcionarios del mismo gobierno, como gobernadores, jefes políticos o ministros —a quienes se refirió como “su gallada”—, sin escuchar las “crudas situaciones” que vive el pueblo en territorio.
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