A raíz de esto, se desencadenó una balacera que terminó con el deceso de cinco personas, entre ellas dos policías. La noche de este jueves,...
Buscar en esta Página
LO ÚLTIMO
Tv
Noticias
Actualidades
Nuevas Publicaciones
Gustavo Petro y Rafael Correa se encontraron en México en un momento clave para el progresismo latinoamericano.
El expresidente colombiano y el exmandatario ecuatoriano conversaron sobre el futuro de la región, la integración latinoamericana, la lucha contra el narcotráfico y los desafíos que enfrenta el progresismo.
Petro planteó la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación entre los sectores progresistas de América Latina, mientras Correa continúa siendo una de las voces más críticas frente al gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
En este contexto, Rafael Correa entrevistó a Gustavo Petro para su programa “Conversando con Correa”, una conversación en la que ambos expresan sus visiones sobre América Latina, la política regional y el futuro de los proyectos progresistas.
Una veintena de currículums con iniciales atribuidas a Roberto Luque, José Manuel de Oliveira, Jaime Belles y un externo identificado como “Valentín” apuntan a una presunta influencia sobre nombramientos en Celec, CNEL y el Ministerio de Energía. Parte de los funcionarios señalados terminó ocupando cargos vinculados a áreas estratégicas relacionadas con los contratos de Progen.
El corto paso de Roberto Luque por el Ministerio de Energía habría estado acompañado de una amplia renovación de funcionarios en puestos estratégicos del sector eléctrico. Una veintena de hojas de vida con anotaciones manuscritas se encuentra ahora en el centro de las revelaciones sobre cómo se habrían gestionado esas designaciones.
Los documentos contienen sumillas como “r.l.”, “j.o.”, “j.b.” y “Valentín” o “v.e.”. Según Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad, las iniciales corresponderían a Roberto Luque; José Manuel de Oliveira Allú, excoordinador jurídico del Ministerio; Jaime Belles, exasesor de Luque; y Valentín Elizalde, respectivamente.
Según Expreso, Calero denunció que detrás de estas carpetas existió un esquema para distribuir cargos del nivel jerárquico superior.
De acuerdo con su versión, Luque habría dado la orden de asumir esas designaciones, mientras Victoria Hidalgo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), habría coordinado los listados de aspirantes referidos.
La documentación, según lo revelado por Expreso, fue encontrada en una caja en el despacho de De Oliveira e incautada por la Fiscalía en 2025.
Los nombres que sí llegaron a puestos estratégicos
Expreso cotejó una veintena de sumilladas en las hojas de vida y se establece cómo fue el control de los nombramientos estratégicos.
Uno de los casos corresponde a César Xavier Cabezas. Su hoja de vida contiene las anotaciones “CNEL”, “GYE”, “Dir. Jurídico en Matriz” y “(De Oliveira)”. Posteriormente, Cabezas ejerció ese cargo entre julio de 2024 y mayo de 2025.
En su currículum, además, aparecen como referencias personales Erick Leuschner Luque, primo del entonces ministro, y el propio De Oliveira.
Otro nombre, según detalla Expreso, es Manuel Enrique Barberán Cedeño, quien asumió la gerencia de Electroguayas y cuya hoja de vida llevaba la sumilla “j.o.”. Durante su administración firmó un contrato con Austral Technical Management (ATM) y solicitó la contratación de Álex Dueñas Calero, hermano de Karla Saud, representante de Progen.
Posteriormente, un hijo de Barberán recibió el 50% de las acciones de Marvellous S.A., compañía que pertenecía a Saud.
Termopichincha, en el centro de las designaciones
Las hojas de vida también conducen hasta Termopichincha, unidad de negocio de Celec donde se adjudicaron a Progen los contratos para las centrales de generación de El Salitral y Quevedo.
Entre las carpetas sumilladas constan Carlos Iván Villacís Moya, quien llegó a la Subgerencia Técnica; Christian Dahik, a la Subgerencia Jurídica; e Irving Daniel Segura Castro, quien ocupó la Gerencia.
También aparece Gonzalo Guerrón, cuya hoja de vida tendría una sumilla atribuida a Inés Manzano. Guerrón llegó a la Gerencia de Termopichincha en diciembre de 2024, después de la salida de Byron Orozco.
Su llegada ocurrió en un momento clave: Orozco se había negado a firmar una adenda relacionada con Progen. Con el cambio de administración se modificaron posteriormente hitos contractuales mientras la empresa ya registraba incumplimientos.
Las conexiones se extienden a otras áreas. Bajo las iniciales “j.b.” aparece Héctor Vicente Solórzano Constante, familiar de Jaime Belles, quien ingresó como asesor de Gerencia de Celec. Según Calero, sus atribuciones estaban relacionadas con la gestión y revisión de pólizas de seguros.
Referencias que conducen a contratistas de Progen
Para Expreso, las hojas de vida también muestran conexiones fuera de Celec y CNEL. En el Ministerio de Energía, las iniciales combinadas “v.e./j.b.” aparecen en el currículum de Doménica María López Arboleda, quien fue designada asesora ministerial.
Entre sus referencias personales figuraba Fabián Yar, representante de Inicofyi, empresa relacionada con pólizas de Progen y que obtuvo subcontratos de obra civil para las centrales térmicas de El Salitral y Quevedo.
López Arboleda también había trabajado con Inicofyi en 2023 y posteriormente volvió a mantener vínculos profesionales con Yar. En 2026 se convirtió en su socia en una empresa energética y consta como su abogada en un proceso relacionado con pólizas.
En el área de Tecnologías de la Información del Ministerio también aparece Xavier Alonso Vásquez. Su hoja de vida habría ingresado bajo la referencia de “Valentín” y contenía como contactos a directivos del estudio jurídico Pino Elizalde.
Luque rechaza que se le atribuya una irregularidad
La defensa de Roberto Luque cuestionó las afirmaciones. Aníbal Quinde, abogado del exministro, sostuvo que el escrito presentado por Calero contiene contradicciones frente a su declaración inicial y añade hechos posteriormente.
Quinde aseguró que la documentación no atribuye a Luque actos irregulares ni gestiones destinadas a beneficiar a Progen o a otros proveedores.
“El ingeniero Luque ha dado y seguirá dando la cara, y es el primer interesado en que la verdad prevalezca”, señaló su abogado a Expreso.
Las hojas de vida, sin embargo, abren una nueva arista alrededor de la administración del sector eléctrico: no solo quiénes fueron designados durante aquel periodo, sino quién recomendó sus nombres y qué participación tuvieron posteriormente en empresas y áreas relacionadas con contratos que hoy forman parte de las investigaciones por el caso Progen.
Los casos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se dispararon desde 2024, con el inicio del conflicto armado interno, y alcanzaron su nivel más alto en 2026.
El año 2026 ha marcado un hito sombrío para el sistema de justicia y de derechos humanos en el Ecuador. Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, entre enero y julio de 2026 hubo 147 denuncias por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, consolidándose como la cifra más alta registrada en los últimos 11 años.
Este incremento representa una escalada dramática frente a años anteriores, confirmando una tendencia crítica de abuso en el uso de la fuerza pública en el país. Esto, debido a que este delito ocurre cuando hay abuso policial o militar. Es decir, ocurre cuando un miembro de las fuerzas de seguridad estatales utiliza la fuerza de manera exagerada, violenta e innecesaria, sobrepasando los límites que la ley le permite.
Así, las cifras proporcionadas por la Fiscalía demuestran que el panorama cambió drásticamente a partir del año 2024, cuando hubo 124 denuncias, entre enero y julio. En el 2025 la cifra se mantuvo. Pero en 2026 subió a 147 denuncias.
¿Qué establece el COIP sobre la extralimitación?
La extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es un delito tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador.
Para Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el desborde estadístico de este año no es una coincidencia, sino la consecuencia directa de decisiones gubernamentales y discursos políticos que han promovido la impunidad.
Sin embargo, Bastias señaló que la realidad de las violaciones de derechos humanos podría ser aún más alarmante, porque muchos casos culminan con fallecimientos de personas bajo custodia.
“El problema con este delito, y eso es algo que tiene que corregirFiscalía, es que muchos de los casos deberían investigarse por ejecución extrajudicial, porque se observa que como resultado de esa observancia ydeluso legítimo de la fuerza, hay una muerte.Y toda muerte bajo custodia tiene que investigarse como una ejecución extrajudicial.Pero lamentablemente se la rectifica como extralimitación. Entonces, no nos permite ver si hay muchos más casos de ejecución en los últimos años”.
No obstante, Bastias indicó que las 147 denuncias registradas en los primeros siete meses de 2026 reflejan, por sí solas, una situación sumamente alarmante. “De todas maneras, es un índice grave sobre el nivel de abuso policial y militar que hay en Ecuador”.
Al indagar sobre el origen del repunte abrupto del delito, que inició en 2024, Bastias señala directamente a las políticas de militarización y al mensaje político emitido desde el Ejecutivo tras la declaración del conflicto armado interno.
“Es absolutamente lógico que desde esta movilización irresponsable y legal del personal militar haya un incremento de abuso de personal militar. Nosotros lo advertimos, que esa falsa declaratoria de conflicto armado interno iba a generar en la práctica graves violaciones a derechos humanos”.
Casos
La crudeza de las estadísticas se ha visto materializada durante el 2026 a través de procesos judiciales, donde las agresiones graves contra ciudadanos desarmados conmocionaron a la población.
El pasado 21 de mayo, la Fiscalía procesó a seis policías en servicio activo tras un operativo violento registrado en el sector de Iñaquito, al norte de la capital.
Según la acusación fiscal, el incidente se produjo cuando una familia que salía de un recorrido, en una “chiva”, fue interceptada por los policías en el estacionamiento de un local de comida, en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas.
Para despejar la vía pública, uno de los uniformados golpeó con su motocicleta a una niña que formaba parte del grupo. Ante el inmediato reclamo del padre, los policías reaccionaron de manera arbitraria y excesiva: rociaron gas pimienta de manera indiscriminada delante de dos niños, propinaron golpes de puño, patadas y toletazos a las víctimas.
Debido a ello, una de las víctimas sufrió un severo trauma facial, fracturas en su mano (falange y metacarpiano) y recibió una incapacidad física de alrededor de 90 días.
Apenas un mes después, el 29 de junio de 2026, la Unidad Judicial Albán Borja en Guayaquil dictó un llamamiento a juicio penal contra tres policías en servicio activo por este mismo delito.
Según el expediente, tras detener a un ciudadano en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y Plaza Dañín, para hacer efectiva una boleta de apremio por pensión de alimentos, los oficiales lo trasladaron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la Kennedy Norte.
En la UPC se produjo una discusión sobre la devolución de las pertenencias de la víctima. Según la investigación judicial, los policías procedieron a golpear brutalmente al ciudadano mientras este se encontraba esposado y bajo su custodia.
La gravedad de la agresión fue tal que, tras ser ingresado en la Unidad de Aseguramiento del SNAI, el personal médico ordenó su traslado urgente de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Abel Gilbert Pontón, con lesiones severas en el ojo izquierdo, el tórax y las costillas.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores alertó que los despidos en el sector público y gobiernos locales podrían profundizar la situación laboral.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aseguró que la situación laboral en Ecuador atraviesa un escenario crítico y afirmó que más del 70% de los trabajadores se encuentra entre el desempleo, subempleo y condiciones laborales precarias.
“Tenemos ya más del 70% de trabajadores en condiciones de desempleo, subempleo y condiciones precarias. Apenas tres de cada 10 trabajadores tienen empleo”, señaló Bedoya a Corape.
El dirigente sindical sostuvo que incluso una parte de quienes cuentan con trabajo enfrenta problemas de estabilidad laboral, principalmente por contratos temporales de tres o seis meses.
Bedoya advirtió que este panorama podría agravarse por la salida de funcionarios públicos y la reducción de personal en distintas instituciones.
También expresó preocupación por las reformas relacionadas con las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados.
A su criterio, una reducción de recursos podría terminar afectando puestos vinculados con servicios sociales y otras competencias que actualmente prestan los gobiernos locales.
Reducción en el sistema público
El presidente del FUT aseguró que existen alertas sobre posibles reducciones de personal en municipios de ciudades como Cuenca y Guayaquil, lo que, según su análisis, incrementaría las dificultades para acceder a un empleo estable.
Bedoya también puso en duda que el crecimiento del empleo reportado por el Gobierno represente una recuperación sostenida del mercado laboral.
“A pesar de que las cifras dadas por el Gobierno decían que ha habido un incremento del empleo, eso se contrapone a lo que se vive. Es decir, no hay un proceso de sostenibilidad”, afirmó.
Para el dirigente sindical, el principal problema no se limita a la cantidad de puestos de trabajo disponibles, sino también a su calidad y estabilidad, en un contexto en el que asegura que la precarización continúa afectando a una amplia mayoría de trabajadores en Ecuador.
El TCE, tribunal encargado de la justicia electoral, suma innumerables fallos que ponen en duda su imparcialidad en la víspera de nuevas elecciones.
Esta es la cuarta entrega del acróstico que analiza la posibilidad de la existencia de una dictadura en Ecuador. Es el turno de la letra “T” dedicado al Tribunal Contencioso Electoral.
En la primera se profundizó alrededor de “Democracia en Dictadura”, en la segunda sobre “Independencia de Poderes”, en la tercera, el tema fue: “Concentración de Poder”.
Un organismo surgido de la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el paso de los años, se convirtió en una barrera o un tapón para la democracia ecuatoriana.
El Tribunal Contencioso Electoral es una institución “pequeña” dentro del diseño estatal; apenas son cinco jueces titulares y cinco suplentes los que, desde 2023, han generado un escenario favorable a los intereses del oficialismo.
Según un principio de la ciencia política moderna: “Las instituciones se legitiman en sus actos” y, desde allí, esta institución ha quedado debiendo.
De acuerdo con una nota de Radio Pichincha, entre mayo de 2024 y julio de 2025, el TCE produjo al menos 15 fallos en contra de movimientos políticos, líderes y representantes de la oposición.
Aquí un resumen: el Pleno del TCE ordenó el archivo definitivo del proceso de revocatoria contra Daniel Noboa; la suspensión de movimientos políticos de oposición una y otra vez; la anulación de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad y, de paso, la descalificación de Jan Topic en la última elección presidencial.
Eso no es todo. En 2024, el TCE sancionó al alcalde de Quito con una multa y la obligación de disculparse públicamente por infracciones graves; además, generó incertidumbre en la resolución del calendario electoral.
Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, el problema del TCE no es de diseño ni de institucionalidad.
Si el tema recae totalmente en la actuación de los jueces, en las “personas”, encontrar una solución se agrava, al punto que parece que el país se encuentra en un callejón sin salida.
¿Un pecado original?
Hasta 2007, la Función Electoral estaba compuesta por un solo órgano: el Tribunal Supremo Electoral, que durante 61 años estuvo a cargo de los procesos electorales en el país.
Virgilio Hernández, exasambleísta constituyente de Montecristi, explica en este audio la génesis del Contencioso Electoral.
Como explica, se buscaba darle a la función electoral un nuevo diseño independiente y autónomo para la resolución de conflictos de orden jurídico. ¿Qué ocurrió en el camino? La consulta nuevamente la resuelve Virgilio Hernández.
En 1968, el exfiscal de la Alemania Occidental y Premio Nobel de la Paz acuñó una directriz política que hasta ahora se repite: “Atrevámonos a más democracia”. Brandt sostenía que, ante las crisis sociales, la solución era abrir los canales de participación y no cerrarlos.
En el caso ecuatoriano, el sistema incluye una serie de “pesos y contrapesos” frente al exceso de algunas personas e instituciones. Para el caso del TCE, la Asamblea Nacional, como primera institución de la democracia, debería intervenir. No obstante, como precisa Virgilio Hernández, otra salida reside en el propio mandante: la ciudadanía.
Creció en tamaño y punto
El pasado marzo, el TCE se trasladó a su nueva sede ubicada en la Avenida Patria y 12 de Octubre, en la denominada Quinta Presidencial, donde en algún momento estuvo la sede tanto de la Embajada de los Estados Unidos como de la Fiscalía. Como reportó Radio Pichincha, de esta forma quiso poner punto final a un peregrinaje por varios espacios de la capital.
Es un inmueble de 5.000 metros cuadrados en el que trabajan menos de 200 empleados. La institución parece haber crecido en tamaño, pero sus fallos polémicos, lo han vuelto un verdadero “tapón”, “un muro” que levanta más opacidad ante el próximo proceso electoral.
Celec flexibilizó las condiciones de contratación y pago que permitieron transferir USD 104,4 millones a Progen, pese a que los generadores no llegaron a operar. La investigación penal concentra las acusaciones en técnicos y mandos medios y deja fuera a las principales autoridades políticas.
El denominado Caso Apagón (o Caso Progen) dejó al descubierto una de las tramas de presunto peculado más lesivas para el sector eléctrico ecuatoriano, con un perjuicio estimado en USD 104,4 millones por la adquisición de generadores de emergencia que, al día de hoy, no han producido un solo megavatio de energía.
Sin embargo, a medida que la Fiscalía General del Estado amplía la instrucción fiscal e incorpora nuevos nombres hasta alcanzar 31 procesados, hay incógnitas que causan conflicto: la persecución penal avanza con fuerza sobre los mandos medios, técnicos de carrera y administradores de contrato, mientras las altas esferas de decisión política y los diseñadores de la centralización contractual esquivan el banquillo de los acusados.
La renuncia de un anticipo y los pagos en el extranjero
Para entender cómo se entramó el caso, es necesario retroceder a agosto de 2024, cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió dos contratos de emergencia con la firma estadounidense Progen Industries LLC por un total de USD 149,1 millones para las centrales de Salitral y Quevedo.
La clave de la adjudicación e inmediata distracción de fondos públicos radicó en que Progen renunció voluntariamente a recibir el anticipo legal de ley (que correspondía al 30%). Según la tesis de la Fiscalía, esta renuncia tuvo como objetivo evadir la presentación de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos exigidas por la ley ecuatoriana.
Al amparo de esta flexibilización, funcionarios de Celec y del Ministerio de Energía, como el exsubgerente jurídico de Termopichincha Christian Dahik, elaboraron y aprobaron contratos con fórmulas de pago que eliminaron la presentación de pólizas idóneas para asegurar los recursos entregados.
Para sustituir el anticipo de ley, las partes acordaron el denominado “Hito 1”, estableciendo que el Estado pagaría el 70% del monto total de los contratos directamente en el extranjero.
En lugar de que estos millonarios desembolsos estuvieran condicionados a la llegada de los generadores a Ecuador, a su montaje o a la demostración técnica de que funcionaban, las condiciones de cobro fueron flexibilizadas al extremo.
Se determinó que el pago de este primer hito se cobraría en el extranjero contra la sola presentación del listado de empaque (packing list) e informes de inspección visual en las fábricas de Estados Unidos. Es decir, solo se exigió un documento que señalaba las cantidades, pesos, descripciones y números de serie de los equipos que se planeaba enviar.
Se omitió cualquier verificación técnica o de operatividad en el sitio de destino.
La red de prórrogas, bloqueos y motores usados
Mediante este mecanismo flexibilizado, se transfirieron USD 104,4 millones a la cuenta de Progen Industries LLC en el Regions Bank en Birmingham, Alabama, EE.UU., provenientes de los dos contratos de emergencia suscritos en agosto de 2024 para las centrales de Salitral y Quevedo.
En la central Salitral (USD 99,4 millones), el entonces administrador Marlon Casilla negó inicialmente una prórroga de 55 días a la contratista por falta de sustento técnico. No obstante, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un criterio a la subgerenta jurídica de Termopichincha, Daniela Piedad Gordillo.
Con base en un informe favorable de Gordillo, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas que sumaron 57 días.
Estas ampliaciones ficticias permitieron que Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,58 millones el 1 de octubre de 2024, a pesar de que al vencerse el plazo acumulado de 177 días (27 de febrero de 2025), el proyecto registraba un 0% de avance y ningún generador operaba en el sitio.
Por otro lado, en la central Quevedo (USD 49,7 millones), el administrador José Luis Sampietro determinó arbitrariamente postergar el inicio contractual al 3 de septiembre de 2024 y, en octubre, recomendó dos prórrogas que sumaron 35 días alegando afectaciones por los huracanes Helene y Milton.
Sampietro otorgó estas ventajas sin exigir a Progen la documentación legal que probara el impacto de dichos fenómenos. Al vencerse definitivamente el contrato principal el 10 de diciembre de 2024, y encontrándose el vínculo extinto, Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron de forma extemporánea el contrato complementario TPI-CON-0001-25 el 11 de enero de 2025.
Este instrumento, avalado jurídicamente por Daniela Gordillo, concedió 62 días adicionales de gracia para blindar a la empresa de multas por mora y fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones transferidas a Alabama.
El bloqueo en Houston y las irregularidades
La pieza clave para encubrir el estado real de los equipos de generación eléctrica, según el expediente, fue José Walther Manrique Suárez, gerente de la firma Astrobryxa S.A. (subcontratista local de Progen que captó USD 12,2 millones del anticipo público sin tener relación contractual directa con Celec).
En septiembre de 2024, durante una inspección de la comitiva técnica de Celec en las bodegas de Houston, EE.UU., Manrique Suárez se presentó utilizando el alias falso de “Walter Suárez”. De acuerdo con los testimonios judiciales, Manrique Suárez y la exlobista de Progen, Karla Saud Calero, bloquearon físicamente a la delegación de técnicos ecuatorianos.
Cuando los ingenieros de Celec intentaron retirar los plásticos protectores para fotografiar, examinar y registrar las placas de los motores, los sospechosos impidieron la verificación. Esta obstrucción física evitó constatar a tiempo que las unidades termoeléctricas eran obsoletas y reacondicionadas.
Por ello, aunque Progen se obligó contractualmente a entregar generadores nuevos con año de fabricación de 2020 en adelante (y específicamente de 2023 o 2024 para Salitral y Quevedo), los peritajes técnicos y las auditorías de la Contraloría General del Estado destaparon las fallas.
Las inspecciones posteriores y las consultas directas al fabricante Electro Motive Diesel (EMD) confirmaron los siguientes hallazgos técnicos criminales:
Antigüedad: las unidades entregadas eran motores usados de 2009 (modelo 20/645) y 2019 (modelo 20/710). El propio fabricante EMD certificó oficialmente que el modelo 20/710 se dejó de producir en 2019 y el 20/645 en 2009, haciendo imposible que existieran unidades nuevas de 2023 o 2024.
Incompatibilidad de combustible: EMD ratificó que estos motores no pueden operar con el combustible pesado (HFO6 o Fuel Oil 6) exigido estrictamente en las especificaciones técnicas ecuatorianas.
Adulteración de seriales y placas: los peritajes de la Contraloría detectaron generadores con placas limadas, doble estampado de números de serie superpuestos para ocultar su procedencia e históricos adulterados.
Ineficiencia: el respaldo fotográfico evidenció que el factor de potencia estaba marcado con un valor de 0,7 en lugar del 0,8 exigido, lo que disminuye drásticamente la eficiencia de los equipos y genera severas pérdidas de energía.
La concentración del castigo en los “mandos medios y bajos”
A pesar de que el entramado requirió de una estructura de decisiones coordinada, el proceso penal se ha concentrado de manera casi exclusiva en el personal técnico y en los mandos medios de Celec. Las defensas técnicas cuestionaron que la Fiscalía dirija la prisión preventiva y los cargos de peculado hacia los escalones más bajos del organigrama estatal.
Un caso de este sesgo procesal quedó expuesto con la vinculación de José Xavier Aimara Guaita, exdirector de Planificación de Celec. La Fiscalía le dictó prisión preventiva acusándolo de haber “presionado” al comité técnico para que se emitiera la declaratoria de emergencia que sirvió de marco para contratar a Progen. Pero, la defensa de Aimara argumentó que él actuó estrictamente como un técnico sin capacidad de decisión política ni de manejo de fondos públicos.
En contraste, Gabriela Rodríguez Morejón, directora jurídica de Celec que elaboró y dio forma legal a dicho documento de emergencia, no fue procesada por la Fiscalía. De acuerdo con los registros del caso, Rodríguez Morejón habría sido colocada en el cargo por el exministro Roberto Luque.
Asimismo, las acusaciones penales recaen sobre:
Los subgerentes jurídicos de Termopichincha, como Cristhian Andrés Dahik y Daniela Piedad Gordillo, procesados por emitir los criterios y elaborar los contratos con cláusulas flexibilizadas.
Los exadministradores de los contratos, como Luis Ugsha, Marlon Casilla, José Luis Sampietro y Marcos Guerrero, imputados como autores directos por firmar informes de avance de hitos u omitir alertas entrega de equipos usados.
Los comités de mercado y técnicos, integrados por funcionarios de carrera como Marvin Rubio Zapata y Daniel Suárez Quilumbango, quienes realizaron tareas operativas de revisión documental.
Frente al masivo procesamiento de técnicos, la responsabilidad de los altos mandos del Ministerio de Energía está en incógnita.
En la audiencia del 24 de agosto de 2026, la Fiscalía expuso un memorando firmado el 23 de abril de 2024 por el entonces ministro Roberto Luque. En dicho documento, Luque ordenaba que cualquier proceso de contratación eléctrica de emergencia debía pasar previamente por su coordinador jurídico de confianza, José Manuel de Oliveira, hoy prófugo de la justicia.
A pesar de haber firmado la orden de centralización que canalizó y viabilizó todo el flujo contractual que desembocó en el millonario perjuicio estatal, el exministro Roberto Luque no se encuentra procesado en la causa. Mientras tanto, la actual ministra de Energía, Inés Manzano, mantuvo en su equipo de trabajo a José Manuel de Oliveira, y la justicia continúa concentrando su fuerza sobre los técnicos operativos que alertaron o ejecutaron tareas administrativas.
.gif)
