Una veintena de currículums con iniciales atribuidas a Roberto Luque, José Manuel de Oliveira, Jaime Belles y un externo identificado como “...
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El Comité de Pacientes cuestiona que el área de hospitalización oncohematológica, inaugurada en enero de 2025, todavía no haya atendido a pacientes, pese a la inversión de casi un millón de dólares.
El Comité de Pacientes del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo lanzó una alerta sobre la situación del piso 10 de hospitalización de Oncohematología, un área que fue repotenciada con una inversión cercana al millón de dólares, pero que, según la organización, permanece sin atender pacientes.
De acuerdo con la información difundida por el Comité, la repotenciación tuvo un costo de USD 908.751,94 y permitió incrementar en un 50 % la capacidad instalada para la atención oncohematológica.
La unidad fue inaugurada en enero de 2025. Sin embargo, la alerta señala que, hasta ahora, no ha atendido a ningún paciente.
El piso cuenta con 35 camas y un área destinada al trasplante de médula ósea, infraestructura diseñada para atender a pacientes con enfermedades oncohematológicas.
El llamado se realizó en el contexto del Día Mundial de la Leucemia, con un mensaje dirigido a las autoridades sanitarias para que el área pueda entrar en funcionamiento.
Según el dato citado por el Comité, en Ecuador se registran aproximadamente entre 880 y 900 muertes anuales por leucemia, de acuerdo con información del Observatorio Global del Cáncer.
El expresidente Rafael Correa informó que la Revolución Ciudadana alcanzó acuerdos y alianzas con 27 organizaciones políticas nacionales y locales para las elecciones seccionales. Según las cifras difundidas, el movimiento inscribió 2.512 candidaturas.
El expresidente Rafael Correa informó que la Revolución Ciudadana (RC5) logró inscribir 2.512 candidaturas para las elecciones seccionales, proceso en el que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y vocales de juntas parroquiales.
“La dictadura nos ha hecho daño, pero no nos ha vencido”, expresó Correa al presentar el balance de candidaturas de su organización política. Además, aseguró que la RC alcanzó acuerdos y alianzas con 27 organizaciones políticas nacionales y locales para participar en los próximos comicios.
¿Cuántas candidaturas inscribió la RC?
El mayor número de inscritos corresponde a las vocalías de juntas parroquiales: la organización registró 1.413 candidaturas.
Para las prefecturas, la RC inscribió 16 candidaturas, mientras que para las alcaldías registró 120 candidatos.
En cuanto a las concejalías, fueron inscritas 726 candidaturas urbanas escaños y 237 rurales.
“Ha sido un trabajo titánico”, agregó el expresidente al felicitar a la directiva, militancia y candidatos de la Revolución Ciudadana por el proceso de inscripción.
El tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia analizará el pedido presentado por la defensa del expresidente, quien fue sentenciado por cohecho junto con otras 19 personas.
La defensa del expresidente Lenín Moreno solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la suspensión condicional de la pena de cinco años que recibió por cohecho en el caso Sinohydro.
Moreno no quiere ir a la cárcel
El pedido será tratado este lunes 7 de septiembre de 2026, durante una audiencia en la que se analizará si el exmandatario cumple los requisitos para acceder a la suspensión condicional de la pena.
David Meza, abogado de Moreno, señaló en Ecuavisa que presentar esta solicitud no supone reconocer la culpabilidad de su defendido.
La sentencia contra Moreno fue dictada el pasado 28 de agosto, dentro del proceso en el que otras 19 personas también fueron condenadas.
El mismo recurso fue solicitado por otros 12 procesados, por lo que la diligencia podría extenderse debido a la cantidad de pedidos que deberán ser revisados.
De concederse la suspensión, Moreno no cumpliría la condena en prisión, pero tendría que someterse a las condiciones que establezca el juzgador.
Su abogado mencionó entre ellas no volver a cometer un delito, garantizar la reparación integral al Estado por los valores que determine el tribunal y ofrecer disculpas públicas.
Mientras se resuelven estas solicitudes, los condenados mantienen las medidas cautelares que les fueron impuestas, entre ellas la presentación periódica cada 15 días.
Lo que establece el COIP
El artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite solicitar la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Entre ellos están que la pena prevista para la conducta no exceda de cinco años, que la persona sentenciada no tenga otra sentencia o proceso en curso y que sus antecedentes personales, sociales y familiares, así como las características de la conducta, permitan establecer que no es necesaria la ejecución de la pena.
El artículo 631 establece las condiciones que pueden aplicarse durante el período de suspensión. Entre ellas constan residir en un domicilio determinado, no salir del país sin autorización judicial, reparar los daños o garantizar el pago de la reparación integral, presentarse periódicamente ante la autoridad designada y no reincidir.
El control del cumplimiento corresponde al juez de garantías penitenciarias y, si existe un incumplimiento, puede ordenarse la ejecución de la pena, según el artículo 632.
Mientras el artículo 633 establece que, una vez cumplidas las condiciones y los plazos, la condena puede extinguirse mediante la resolución correspondiente.
Trama de sobornos y medidas cautelares
La condena contra Moreno está relacionada con la investigación de una presunta trama de sobornos vinculada con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, este esquema habría movilizado aproximadamente USD 76,1 millones, de los cuales más de USD 1 millón habría beneficiado presuntamente al expresidente y a miembros de su entorno familiar.
A la par del pedido de suspensión condicional de la pena existe otra discusión sobre las medidas cautelares de los 20 condenados.
La Fiscalía solicitó una audiencia para revisarlas, pero el tribunal de la CNJ que dictó la sentencia considera que no tiene competencia para resolver el pedido, debido a que las medidas fueron impuestas durante una etapa procesal anterior. El problema está ahora en establecer qué autoridad puede asumir esa revisión.
El conjuez Olavo Hernández, quien conoció la etapa inicial del proceso, ya no está a cargo de ese despacho.
Para el abogado Diego Camacho, las medidas tenían como finalidad garantizar la comparecencia de los procesados durante el juicio, objetivo que se cumplió, por lo que cuestiona que el expediente sea devuelto al juzgador que intervino inicialmente.
El abogado Washington Andrade mantiene una posición distinta y considera que la revisión debería corresponder al juez que dictó originalmente las medidas o, si este ya no ocupa el despacho, a otro magistrado designado para asumir esa función.
Los electores pueden verificar en línea el recinto al que deberán acudir. La revisión es importante ante posibles cambios en el domicilio electoral o en el lugar asignado para sufragar.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la plataforma para que los ciudadanos consulten su lugar de votación de cara a las próximas elecciones.
La herramienta permite conocer con anticipación el recinto electoral asignado y verificar si existen cambios respecto de procesos anteriores.
La consulta cobra especial importancia para quienes realizaron modificaciones en su domicilio electoral, pues podrían haber sido asignados a un recinto distinto al que acudieron anteriormente.
Por ello, los electores pueden revisar su información antes de la jornada electoral y comprobar la provincia, cantón, parroquia y recinto en los que les corresponde sufragar.
Una vez ingresados los datos, el sistema desplegará la información electoral del ciudadano, incluido el recinto asignado y las indicaciones para llegar al lugar.
Revisar estos datos con anticipación permitirá identificar posibles cambios de recinto y evitar contratiempos o confusiones el día de las elecciones.
Los registros de la Comisión Federal Electoral de EE.UU. detallan que John Manning realizó nueve contribuciones financieras directas utilizando como empleador a la contratista Progen. Estos aportes, efectuados entre julio y septiembre de 2025, totalizan USD 398,19 y se canalizaron a través de dos comités políticos republicanos.
John B. Manning, presidente y director ejecutivo (CEO) de la contratista estadounidense Progen Industries LLC, figura oficialmente como aportante financiero de la campaña de Donald Trump y del Partido Republicano en EE. UU. para las elecciones de mitad de mandato y las de 2028.
Trump es aliado del Gobierno de Daniel Noboa y de la derecha latinoamericana.
Los registros de la Comisión Federal Electoral (FEC), una agencia reguladora independiente del gobierno de los Estados Unidos que administra y hace cumplir las leyes de financiamiento de campañas electorales, revelan que Manning realizó estas contribuciones entre julio y septiembre de 2025.
Manning es clave en el caso Progen, pues esta compañía recibió USD 104 millones de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para el desarrollo de dos proyectos eléctricos y así enfrentar la crisis energética de 2024 en los primeros meses de la administración de Daniel Noboa.
Sin embargo, los proyectos termoeléctricos fracasaron y no entregan ni un solo megavatio de los 150 planificados para el país.
Pese a ser el líder de esta empresa, el fiscal Carlos Alarcón decidió no formular cargos en su contra, excluyéndolo de la principal investigación penal local conocida como ‘caso Apagón’.
Aportes económicos de Manning a la campaña de Donald Trump
Los registros de la FEC detallan que John Manning realizó nueve contribuciones financieras directas utilizando como empleador a la contratista Progen. Estos aportes, efectuados entre julio y septiembre de 2025, totalizan USD 398,19 y se canalizaron a través de dos comités políticos republicanos.
El primer beneficiario fue Never Surrender, Inc., un comité de acción política (PAC de liderazgo) vinculado a Donald Trump. Manning le destinó seis transferencias de USD 40,34 cada una (sumando USD 242,04) en tres fechas: dos el 3 de julio, dos el 3 de agosto y dos el 17 de septiembre de 2025.
El segundo destinatario de los recursos fue Trump National Committee JFC, Inc., un comité de recaudación conjunta de la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC). A esta entidad, el CEO de Progen transfirió tres aportes de USD 52,05 en las mismas fechas de 2025, acumulando USD 156,15.
Estas transacciones ocurrieron en el contexto del millonario financiamiento de campaña del entorno de Trump, cuyas organizaciones recaudaron más de USD 400 millones hasta fines de 2025.
Los desembolsos de Manning levantan cuestionamientos locales sobre si los contratos energéticos adjudicados a Progen por el Gobierno de Daniel Noboa guardan relación con estas fuerzas políticas estadounidenses.
Exclusión fiscal en Ecuador
Mientras la Fiscalía de Ecuador procesa actualmente a 31 personas dentro de la causa penal por el ‘caso Apagón’, las imputaciones se concentran en funcionarios y técnicos de la Celec.
El fiscal Carlos Alarcón decidió dejar fuera de la investigación a John Manning, a pesar de que el empresario lideró presencialmente las maniobras de Progen en el país.
Manning viajó a Ecuador del 10 al 14 de noviembre de 2024 para evitar que los contratos de Quevedo (USD 49,7 millones) y El Salitral (USD 99,4 millones) colapsaran por los incumplimientos y retrasos de la contratista. El 14 de noviembre de 2024, Manning se reunió en Cuenca con la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, con el fin de frenar la terminación unilateral del acuerdo y eludir multas contractuales de USD 2.000 diarios, según señala un reportaje de Expreso.
Su gestión dio resultados: el 11 de enero de 2025, Termopichincha suscribió la adenda clave TPI-CON-0001-25. El acuerdo complementario modificó el contrato de Quevedo y dividió el hito de pago del 70% en cinco embarques prorrateados del 14% cada uno, dando liquidez a Progen sin haber entregado un solo megavatio.
Gonzalo Guerrón, gerente de Termopichincha, firmó la adenda tras la salida de Byron Orozco, quien habría renunciado por negarse a hacerlo.
Adicionalmente, el exministro Roberto Luque y el exsecretario de la Administración Arturo Félix Wong admitieron haber chateado con el directivo al ser quien lideraba el proyecto. Luque incluso viajó en mayo de 2024 a las instalaciones de Progen en Florida para reunirse con Manning.
En el plano mediático, Manning intervino el 13 de diciembre de 2024 en Radio Centro con el periodista Carlos Vera, donde admitió que voló a Ecuador “con la única intención de estar presente en la modificación del contrato y hacerlo viable”.
Leonardo Stagg, abogado defensor en el caso, ratificó que Manning participó de forma directa en inspecciones, renegociaciones y comunicaciones, posicionándose como el principal beneficiario de la ruta del dinero público.
El desvío de fondos públicos
La exclusión penal de Manning contrasta con las acciones civiles interpuestas por Celec ante la Corte del Distrito Medio de Florida (Caso No. 8:25-cv-03433-WFJ-SPF) por fraude, conspiración y violación de la Ley RICO.
La demanda acusa a Manning de liderar un esquema que desvió casi USD 110 millones de anticipos públicos.
Las investigaciones bancarias de Regions Bank revelaron que la cuenta donde Celec depositó los fondos fue vaciada sistemáticamente hasta cero mediante transferencias a las cuentas de Manning, su esposa Jennifer, sus hijas Danielle y Laura, y su yerno Shane Lawlor.
Celec alega -en EE.UU.- que el empresario financió con el dinero público la construcción de su mansión en Drew Court y Ollie Road, Lakeland.
Asimismo, el testimonio bajo juramento de su hermano y exvicepresidente de la firma, W. Wade Manning, reveló que John Manning y el director de operaciones Andrew Williamson le ordenaron verbalmente retirar las placas metálicas originales de motores usados de 2008 y 2010.
En su lugar, remacharon placas falsas marca Progen para simular que eran equipos nuevos fabricados en 2023 o 2024 con ‘cero horas de uso’.
Wade Manning denunció además que su hermano tiene un patrón histórico de crear empresas de generadores —como Motor Works y Genertek— que luego disuelve dejando sueldos sin pagar.
Aunque la justicia de Ecuador mantiene un proceso paralelo (No. 17721-2025-00200G) contra John Manning por peculado, con penas de 10 a 13 años, el fiscal Carlos Alarcón mantiene al directivo fuera del proceso penal del caso Apagón en el ámbito nacional.
Cientos de manifestantes bloquearon las vías cercanas a la Capitanía del Puerto de Manta y pidieron información por los pescadores desaparecidos y retenidos.
La tensión, la indignación y el gas lacrimógeno se tomaron las calles aledañas a la Capitanía del Puerto de Manta, la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026.
Cientos de familiares, armadores y pescadores de Manta, Jaramijó, Santa Marianita, El Aromo y Las Piñas se concentraron para exigir respuestas inmediatas ante la oleada de ataques y hundimientos de embarcaciones pesqueras ecuatorianas por parte de fuerzas militares extranjeras.
La indignación popular estalló tras conocerse que, en menos de 24 horas, entre el 2 y el 3 de septiembre, las embarcaciones ‘Conquista 2’ y ‘OM2’ fueron interceptadas y destruidas por la Marina de los Estados Unidos, dejando a cerca de 37 trabajadores del mar en una situación de total vulnerabilidad.
Aunque un comunicado oficial de la Armada del Ecuador emitido, la noche del 3 de septiembre, aseguró que se coordina el retorno a tierra firme de un grupo de 28 pescadores, las familias denuncian inconsistencias en las cifras y una alarmante desprotección estatal.
El clamor de las madres en la calle
Con pancartas que rezaban “Queremos justicia”, “paren las injusticias”, “no más abuso” y “dejen trabajar tranquilos a nuestros pescadores”, las familias cerraron temporalmente las vías de acceso, lo que provocó una fuerte reacción policial con el despliegue de unidades antimotines desde Portoviejo y el uso de gas lacrimógeno para dispersar la protesta.
En medio de los disturbios, el llanto de desesperación de una madre de ocho hijos conmovió a los presentes mientras increpaba a las autoridades y a la fuerza pública.
“Nosotros queremos a nuestros hijos aquí. ¿Por qué hacen esto? Si nosotros somos padres de familia. ¿Qué pasa con el Gobierno?”.
Familias desmienten acusaciones de narcotráfico
El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y las fuerzas militares extranjeras han justificado estos abordajes en el Pacífico bajo el argumento de que las naves pesqueras actúan como estaciones flotantes de reabastecimiento para el narcotráfico, vinculada principalmente al grupo Los Choneros.
Mientras que el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que estas acciones son operaciones conjuntas entre Ecuador y EE.UU. y forman parte de una investigación relacionada con embarcaciones utilizadas para facilitar el envío de drogas.
Sin embargo, los familiares rechazan categóricamente que se les tilde de criminales y denuncian que la destrucción sistemática de los barcos mediante explosivos o incendios busca borrar la evidencia de atropellos a los derechos humanos.
Alexandra, familiar de uno de los tripulantes del ‘Conquista 2’, desmintió la narrativa oficial de las fuerzas extranjeras.
“Pienso yo que esto ya está dicho de cosas ilícitas. Yo creo que si ellos hubieran sido personas inteligentes, lo que hubieran hecho era haber abordado el barco y haberlos traído hasta aquí sin necesidad de estarlos quemando. Ellos tenían que traer pruebas y evidencias para que así constara de que están haciendo algo ilícito”.
Esta situación ha sembrado el pánico en las caletas pesqueras de Manabí. Leonardo Alonso, presidente de la Asociación Pesquera Santa Marianita, advirtió sobre las catastróficas consecuencias económicas y psicológicas para el sector.
“El sector pesquero, los pescadores están muy temerosos, no quieren salir y los que se encuentran afuera en alta mar obviamente no quieren regresar porque esto le puede suceder a cualquiera”.
Para los líderes comunitarios de Manta, estos incidentes no son hechos aislados, sino que forman parte de una preocupante pérdida de soberanía nacional y la repetición de un patrón sistemático de abusos que recuerda a casos dolorosos como el de la embarcación ‘Fiorella’, cuyos ocho pescadores cumplen más de siete meses de desaparecidos tras ser acorralados por un avión vinculado a la CIA, en enero pasado.
Eduardo Jurado Santana, presidente de la Junta Cívica de la parroquia Los Esteros, fue enfático en señalar la complicidad estatal y la ilegalidad de las operaciones de la marina estadounidense en el territorio marítimo ecuatoriano.
“Es lamentable que el Estado ecuatoriano, cancillería, Armada no hayan y no presenten la verdadera razón del por qué. Vuelvo a repetir, señores, si hoy viene alguien y te mete un tiro y te dice ‘después voy a revisar tu mochila’, ah, nos equivocamos, señores. Aquí los pescadores necesitan mayor organización. El pescador es el que alimenta al pueblo ecuatoriano y no puede seguir siendo atropellado”.
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