Confundida con la prometida de alias “El Marino”, Micaela Morales sigue sufriendo las consecuencias de un error periodístico. Aunque...
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En el lugar de los hechos se encontraron panfletos con la frase “Prohibido robar”, un mensaje que apunta a una posible disputa entre estructuras delictivas que operan en la zona.
La confirmación oficial llegó horas después del hallazgo, pero la escena ya había estremecido a la provincia del Guayas. La Policía Nacional identificó a las ocho víctimas cuyos restos —sus cabezas, colocadas en sacos de yute— fueron abandonados en el kilómetro 66, en el recinto Villanueva, cantón Naranjal.
El descubrimiento ocurrió en la madrugada del sábado 14 de febrero. A partir de ese momento intervinieron unidades de Criminalística y la Fiscalía, que realizaron las pericias técnicas necesarias para establecer la identidad de los fallecidos y avanzar en la reconstrucción del crimen.
Siete de los ocho hombres eran oriundos de la provincia de Manabí. Tres residían en Manta, parroquia Eloy Alfaro: Kelvin Efraín M., Luis Jonhy Z. y Josué Gregorio R. En Portoviejo fueron identificados Edisson Rodolfo M., Segundo Víctor M. y los hermanos Bryan Steven y Cristopher Jean Q.
La octava víctima fue identificada como Limber Romero B., domiciliado en la provincia del Guayas. De acuerdo con información policial, varios de los fallecidos registraban antecedentes penales.
En ese sentido, el jefe policial de la Subzona Guayas indicó que, según los primeros elementos recabados, el asesinato múltiple se habría perpetrado al menos dos días antes del hallazgo. Las investigaciones ahora se concentran en determinar el sitio exacto donde ocurrió el crimen, establecer la cadena de responsabilidades y precisar la dinámica de los hechos.
En el lugar se encontraron panfletos con la frase “Prohibido robar”, un mensaje que apunta a una posible disputa entre estructuras delictivas que operan en la zona. Este tipo de advertencias, utilizadas como mecanismos de intimidación y control territorial, refuerza la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a pugnas internas en el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las diligencias.
Dos vías permanecen completamente cerradas en el país, una en la región Sierra y otra en la Amazonía.
El feriado de Carnaval arrancó con complicaciones para los viajeros de Pichincha. Aunque la vía Mitad del Mundo – Río Blanco finalmente fue habilitada, el panorama vial a escala nacional sigue lejos de la normalidad.
Reapertura tras 13 horas de trabajos
La Prefectura de Pichincha confirmó la habilitación de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco luego de 13 horas continuas de intervención para retirar material producto de un deslave. El cierre impactó de forma directa a quienes intentaban viajar hacia la Costa.
La interrupción trasladó la presión vehicular hacia la vía Alóag – Santo Domingo, que también registró complicaciones ante el incremento abrupto del flujo automotor.
Nuevos cierres en la Sierra y la Amazonía
Mientras se restablecía el tránsito en esa vía, el reporte del ECU 911 correspondiente al 15 de febrero de 2026 alertó sobre otras dos vías completamente cerradas en el país, una en la región Sierra y otra en la Amazonía.
En la Sierra, la vía Cuenca – Cañar – Alausí permanece inhabilitada a la altura del sector General Morales. En el sitio trabaja personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte, que ejecuta labores para recuperar la conectividad en ese tramo.
En la Amazonía, por segundo día consecutivo, continúa cerrada la ruta San Luis – Túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en el kilómetro 105, debido a la pérdida de mesa vial.
A este escenario se suman 44 vías adicionales que se encuentran parcialmente habilitadas en distintos puntos del país, según el consolidado oficial.
Radio Pichincha te cuenta el detalle de las vías cerradas y parcialmente habilitadas:
Una extrabajadora revela cómo operaba el esquema: fotos falsas, contratos con cláusulas ocultas y sorteos casi imposibles mientras decenas de personas siguen esperando la devolución de su dinero.
“Sí se engañaba a los clientes”. La frase la dice con pausa una joven que trabajó durante poco tiempo en una concesionaria de vehículos que ofrecía autos a crédito “sin revisar historial crediticio” y con entregas inmediatas.
Desde adentro -asegura- fue testigo de un mecanismo sistemático para atraer personas a través de redes sociales, presionarlas para firmar contratos y mantenerlas pagando cuotas por vehículos que, en muchos casos, nunca existieron.
Su testimonio coincide con las denuncias de cerca de un centenar de personas que se han acercado a varias empresas con el afán de adquirir un automóvil y que hoy aseguran sentirse estafadas.
Publicidad en redes y promesas imposibles
El primer paso del esquema comenzaba en plataformas como Marketplace o Facebook.
Los anuncios ofrecían vehículos “sin garante, sin revisar buró de crédito y con entrega rápida”.
El gancho era potente. Personas que no calificaban para un crédito bancario veían allí su única alternativa.
“Nos decían que publiquemos mensajes tipo ‘¿Te damos tu carro sin revisar tu historial crediticio?’”, relata la excolaboradora.
Imagen referencial de venta de autos en Marketplace. (Foto: Canva),
Cuando los interesados dejaban su número, el personal los contactaba y empezaba una conversación cuidadosamente estructurada: preguntar qué modelo buscaban, cuánto podían dar de entrada y en cuánto tiempo deseaban recibir el auto.
Para ello, los empleados contaban con una lista detallada de vehículos: año, kilometraje, motor, capacidad, valor de entrada y cuotas.
Sin embargo, según la fuente, ese inventario no correspondía a unidades reales en el patio.
“El lugar era un taller vacío. No había carros”, afirma.
Fotografías robadas y llamadas sin registro
El siguiente paso era enviar imágenes del supuesto vehículo.
Las fotografías -según la denunciante- eran tomadas de aplicaciones externas donde se ofertan autos. Incluso se recortaban marcas de agua para simular que las imágenes pertenecían al concesionario.
“Mandábamos todas las fotos: interior, exterior, tablero, todo, como si el carro estuviera ahí”, explica.
La presión interna era clara, mentir.
“Te decían que digas que el carro estaba en el patio, que incluso podían darse una vuelta con el chofer. Como nadie grababa las llamadas, se inventaba lo que fuera necesario”.
La estrategia generaba confianza suficiente para que el cliente acudiera con el dinero de entrada.
El contrato y la letra pequeña
Una vez en oficina, el interesado firmaba un contrato.
A simple vista, el documento detallaba cuotas y montos; pero en la letra pequeña se establecía que el acceso al vehículo estaba condicionado a un “sorteo” o “licitación”.
En la práctica, el nombre del cliente ingresaba a una especie de tómbola junto al de cientos o miles de personas.
Solo quien resultara ganador recibiría el vehículo. El resto debía esperar otro sorteo… y seguir pagando.
“Si no salía tu nombre, perdías la entrada. Te decían que esperes al siguiente sorteo, pero tenías que continuar con las cuotas”, relata la extrabajadora.
Algunos clientes -cuenta- vendían sus propios vehículos o comprometían ahorros familiares para cubrir la entrada inicial, convencidos de que el auto sería entregado en días.
Sin auto
Hay quienes entregaron USD 600 o USD 700 como abono inicial y pagaron durante varios meses cuotas que sumaron USD 1.500 o USD 3.000.
“Me dijeron que en 15 días me entregaban el carro. Después me pidieron otra letra. Luego otra. Y así”, relata uno de los afectados, que decidió dejar de pagar tras meses sin respuestas claras.
El patrón se repite: se ofrece un vehículo “por licitación”, se solicita un depósito adicional para “agilitar papeles” y la entrega se posterga indefinidamente.
Fallos judiciales y multas
En uno de los casos, un cliente que pagó USD 5.000 acudió a un consorcio de abogados.
El juez dispuso la devolución del dinero en un plazo no mayor a 30 días, además de una multa de USD 2.000 por publicidad engañosa, el pago de honorarios legales y dos salarios básicos adicionales.
El abogado Henry Caliz, quien ha recibido múltiples consultas por situaciones similares, advierte que estos esquemas funcionan bajo la figura de consorcios.
“Ofrecen la posibilidad de adquirir un auto con montos iniciales bajos, pero en realidad condicionan la entrega a sorteos o a la cancelación total del valor”.
“En el mejor de los casos entra a un sorteo. En la mayoría, no le entregan el vehículo y tampoco le devuelven el dinero si quiere retirarse”, sostiene.
Un negocio que se repite
Aunque existen denuncias contra varias empresas del sector, el mecanismo descrito por la extrabajadora revela un patrón: publicidad agresiva en redes, ausencia de inventario real, contratos con cláusulas poco visibles y una estructura que prioriza el ingreso constante de dinero por nuevas inscripciones.
Para muchos afectados, el atractivo era claro: obtener un auto sin historial crediticio impecable.
Sin embargo, especialistas recomiendan desconfiar de ofertas que prometen entregas inmediatas sin evaluación financiera y revisar cuidadosamente los contratos antes de firmar.
La extrabajadora admite que decidió retirarse al comprender el alcance del engaño.
“Sí daba pena, porque la gente venía ilusionada. Pero si no ganaban el sorteo, no había carro”.
Mientras continúan las quejas y procesos judiciales, decenas de personas siguen esperando recuperar su dinero o recibir un vehículo que, según el testimonio recogido, nunca estuvo en el patio.
Daniela Fonseca
El Pleno de la Asamblea sesionará este miércoles para decidir sobre la censura y destitución de Mario Godoy, acusado de ‘manifiesta inoperancia’ en la Judicatura tras la salida del juez Carlos Serrano.
En el marco del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno a las 10:00 de este miércoles 18 de febrero de 2026, para tratar como único punto del orden del día el juicio político contra el titular de la Judicatura. Durante esta sesión, existe una alta probabilidad de que Godoy sea destituido y censurado.
Solo una prueba inclinó la balanza
El juicio político fue impulsado por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), que acusaron a Godoy de incumplimiento de funciones:
Supuesta interferencia en procesos judiciales
Conflicto de intereses
Omisión en la protección de jueces
Encubrimiento institucional del entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor.
Sin embargo, tras la sustanciación de pruebas de cargo y descargo en la Comisión de Fiscalización, el caso terminó concentrándose solamente en un punto: el testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano. El juez denunció falta de garantías para continuar en funciones, vulnerabilidad en su seguridad e integridad física, y una situación que lo llevó a renunciar y salir del país.
En ese sentido, el informe motivado fue categórico al señalar una “manifiesta inoperancia” en la respuesta institucional frente a la crisis que terminó con la salida del juez.
Aunque el oficialismo matiza el alcance de las acusaciones —el legislador Ferdinan Álvarez sostuvo que no existen pruebas de presiones directas de Godoy contra Serrano y que ese punto no forma parte central del juicio—, el expediente sí configuraría, según la comisión, el incumplimiento previsto en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial: manifiesta inoperancia en el ejercicio del cargo.
Bancadas anunciaron su voto
El escenario político es adverso para el titular de la Judicatura. Solo con las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana se superaría el umbral de 101 votos necesarios para censurar y destituir a Godoy. ADN, junto a aliados, puede alcanzar más de 80 voluntades, entre asambleístas propios, independientes y exintegrantes de otras fuerzas políticas. Mientras que la RC cuenta con 62 legisladores. En total, se alcanzarían más de 140 voluntades.
Desde la RC, la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio, acusó al oficialismo de intentar “lavarse las manos” tras haber sostenido políticamente a Godoy durante 54 días. Sostiene que el proceso recoge la indignación ciudadana frente a una justicia golpeada por denuncias de corrupción. Cuestiona que el oficialismo haya retrocedido solo después de asegurar, según su versión, cuotas de control institucional.
En contraste, ADN asegura que respaldará el informe de la Comisión de Fiscalización por coherencia jurídica y no por lo que califica como un “show” político de la oposición. Álvarez enfatizó que su bloque votará en función del expediente.
A ello se suman el respaldo anticipado del Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas de Pachakutik.
Desde el PSC, el asambleísta Alfredo Serrano, días antes, ratificó su voto por la destitución. Señaló que el juicio responde al clamor ciudadano y a revelaciones periodísticas sobre presuntas redes de corrupción en la justicia.
En la misma línea, Alex Toapanta, de Pachakutik, confirmó que su organización política respaldará la censura. Afirmó que Godoy debería dar un paso al costado para defenderse en libertad y cuestionó que, dentro del proceso, se haya presentado como prueba una memoria flash con una sentencia presuntamente ya redactada, lo que calificó como alarmante. De igual modo, la asambleísta Cecilia Baltazar, ex Pachakutik, adelantó que el grupo de cuatro legisladores que actúa junto a ella respaldará la censura.
La Presidencia de la República hará las renovaciones en dos baños sociales y en un inodoro del Secretario de Integridad Pública.
Por la renovación total de dos baños sociales y uno privado en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, la Presidencia de la República desembolsará USD 130.317 (IVA incluido), proveniente de recursos públicos.
Resumen del proceso publicado en el Portal de Compras Públicas.
El proceso se denomina: “Adecuación funcional y arquitectónica de los baños sociales de la planta alta, baños sociales de la planta baja y del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública, ubicados en el Palacio de Carondelet”.
Fue publicado el pasado 27 de enero de 2026 en el Portal de Compras Públicas y se encuentra en la etapa de apertura de ofertas.
Su adjudicación, de acuerdo al cronograma, será para el 24 de febrero.
¿Un cuarto de baño integral?
De acuerdo con documentos del Portal de Compras Públicas, el baño -ubicado en las oficinas del Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze – será renovado en su totalidad.
Sin contar con el trabajo de ingeniería hidrosanitaria, el nuevo baño del funcionario -quien tiene 12 responsabilidades en el sector público ecuatoriano- costará USD 6.901.
Cabe anotar que es un baño pequeño de 2 x 1 metros cuadrados, al que también se le cambiará la cerradura, para más y mejor privacidad de Neira, quien también ostenta el cargo de director del Servicio de Contratación Pública (Sercop).
El baño es de uso exclusivo de Secretario de Integridad Pública.
Para lavarse bien las manos
Los gastos principales provienen de la compra y colocación de un mesón lavamanos de más de USD 2.129,77, la renovación del porcelanato en pisos y paredes y la compra y colocación de dos espejos de USD 406 cada uno y un inodoro alargado de USD 422.
El nuevo lavamanos e inodoro de José Julio Neira. Entre ambos se invertirá USD 2.551
Radio Pichincha constató en una conocida empresa nacional que el inodoro más costoso llega a los USD 455. Ese modelo cuenta con descarga sensorial, ya no es necesario bajar la palanca o aplastar un botón.
Otros gastos suntuosos
En total, solo en cinco mesones lavamanos para los tres baños en renovación en Carondelet, la Presidencia de la República invertirá más de USD 11.140,49.
También se gastarán, en total, más de USD 17.000 en porcelanato y USD 1.625 en espejos.
El contrato concluirá en 60 días, es decir, en abril de 2026.
Porcelana y granito
Augusto Araujo, ingeniero civil, que trabaja en Quito, sostiene que algunos rubros están elevados, como el relativo al mesón lavamanos de monolítico.
Menciona también el rubro de USD 400 por un espejo instalado. “Incluso el relativo al porcelanato que en el mercado está entre USD 27 y USD 30 el metro; en el nuevo proyecto se cobrará USD 128: lo que es demasiado”, sostuvo.
Deficiencias funcionales
De acuerdo al análisis técnico del proceso de contratación, se observó que las baterías sanitarias, si bien se encuentran operativas, presentan deficiencias funcionales.
Joaquín Moscoso, exdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, considera que la valoración de los rubros no guarda ninguna relación con el carácter patrimonial de la edificación.
“No puede aducirse que el encarecimiento de la obra tiene que ver con la condición patrimonial del inmueble”, sostuvo.
Agregó que un bien inmueble patrimonio como es el Palacio de Carondelet deberá presentar el proyecto al Municipio de Quito, a fin de que se brinde la autorización respectiva, lo que podría retrasar el proceso.
Cabe recordar que el Palacio es la casa del poder presidencial en Ecuador, desde el inicio de la época republicana.
Su construcción fue impulsada por Francisco Luis Héctor de Carondelet, presidente de la Real Audiencia entre 1799 y 1807.
Las posiciones adelantadas por las bancadas en la Asamblea configuran un escenario adverso para Mario Godoy, cuya permanencia en el Consejo de la Judicatura depende ahora de una votación que se perfila con mayoría en su contra.
La cuenta regresiva para la permanencia de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura está en marcha. El escenario político en la Asamblea Nacional del Ecuador apunta a una censura con números suficientes y, posiblemente, holgados. Si las posturas anunciadas se mantienen,su destitución no sería un desenlace incierto sino una formalidad legislativa.
Solo una prueba inclinó la balanza
El juicio político fue impulsado por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), que acusaron a Godoy de incumplimiento de funciones:
Supuesta interferencia en procesos judiciales
Conflicto de intereses
Omisión en la protección de jueces
Encubrimiento institucional del entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor.
Sin embargo, tras la sustanciación de pruebas de cargo y descargo en la Comisión de Fiscalización, el caso terminó concentrándose solamente en un punto: el testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano. El juez denunció falta de garantías para continuar en funciones, vulnerabilidad en su seguridad e integridad física, y una situación que lo llevó a renunciar y salir del país.
En ese sentido, el informe motivado fue categórico al señalar una “manifiesta inoperancia” en la respuesta institucional frente a la crisis que terminó con la salida del juez.
Aunque el oficialismo matiza el alcance de las acusaciones —el legislador Ferdinan Álvarez sostuvo que no existen pruebas de presiones directas de Godoy contra Serrano y que ese punto no forma parte central del juicio—, el expediente sí configuraría, según la comisión, el incumplimiento previsto en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial: manifiesta inoperancia en el ejercicio del cargo.
¿Los votos sobrarán?: las posiciones ADN y RC
El escenario político es adverso para el titular de la Judicatura. Solo con las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana se superaría el umbral de 101 votos necesarios para censurar y destituir a Godoy. ADN, junto a aliados, puede alcanzar más de 80 voluntades, entre asambleístas propios, independientes y exintegrantes de otras fuerzas políticas. Mientras que la RC cuenta con 62 legisladores. En total, se alcanzarían más de 140 voluntades.
Desde la RC, la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio, acusó al oficialismo de intentar “lavarse las manos” tras haber sostenido políticamente a Godoy durante 54 días. Sostiene que el proceso recoge la indignación ciudadana frente a una justicia golpeada por denuncias de corrupción. Cuestiona que el oficialismo haya retrocedido solo después de asegurar, según su versión, cuotas de control institucional.
“Están liquidados: sin apoyo ciudadano y sin autoridad moral para hablar de lucha anticorrupción, antimafias o antinarcos. Solo retroceden cuando ya aseguraron el control de la justicia junto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, acusó Veloz.
En contraste, ADN asegura que respaldará el informe de la Comisión de Fiscalización por coherencia jurídica y no por lo que califica como un “show” político de la oposición. Álvarez enfatizó que su bloque votará en función del expediente.
¿Y las otras bancadas?
A ello se suman el respaldo anticipado del Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas de Pachakutik.
Desde el PSC, el asambleísta Alfredo Serrano, días antes, ratificó su voto por la destitución. Señaló que el juicio responde al clamor ciudadano y a revelaciones periodísticas sobre presuntas redes de corrupción en la justicia.
En la misma línea, Alex Toapanta, de Pachakutik, confirmó que su organización política respaldará la censura. Afirmó que Godoy debería dar un paso al costado para defenderse en libertad y cuestionó que, dentro del proceso, se haya presentado como prueba una memoria flash con una sentencia presuntamente ya redactada, lo que calificó como alarmante. De igual modo, la asambleísta Cecilia Baltazar, ex Pachakutik, adelantó que el grupo de cuatro legisladores que actúa junto a ella respaldará la censura.
Cronograma en la Asamblea
Una vez aprobado el informe en la Comisión, este podrá remitirse al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, hasta el domingo 15 de febrero. Olsen deberá ponerlo en conocimiento de los 151 legisladores en un plazo de dos días y convocar, hasta en cinco días, a la sesión de juicio político donde Godoy y sus interpelantes presentarán sus alegatos finales.
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