El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra un consumo promedio de aproximadamente USD 6.400 mensuales en taxis para movilizar a sus servidores en Pichincha, según el informe de necesidad elaborado por la propia institución para justificar una nueva contratación.

El documento señala que este monto corresponde al consumo promedio mensual de los funcionarios de la Dirección Nacional y de la Dirección Zonal 9.

Y el gasto no apunta a desaparecer en el corto plazo.

El SRI abrió el proceso LICS-SRI-2026-90002, con un presupuesto referencial de USD 233.292,60, sin IVA, para contratar nuevamente el servicio durante 1.095 días, equivalentes a tres años.

USD 6.400 al mes durante otros tres años

El cálculo utilizado para el nuevo proceso prácticamente replica el consumo mensual que el SRI ya registra.

De los USD 233.292,60 presupuestados, USD 230.400 están destinados directamente a las carreras de taxi.

Si esa cifra se divide entre los 36 meses contemplados para la contratación, el resultado es exactamente:

USD 6.400 mensuales.

Los otros USD 2.892,60 corresponden a un eventual servicio de apoyo administrativo si la empresa adjudicada trabaja mediante tickets manuales o vouchers. Si se utiliza una aplicación móvil, el valor contractual previsto para el servicio es de USD 230.400.

La propia institución explica en los estudios que “la proyección de gasto se estableció de acuerdo al promedio de consumo mensual del proceso vigente”.

Es decir, para calcular la nueva contratación, el SRI proyectó mantener durante otros tres años el nivel de consumo que actualmente registra.

Esto no significa que cada mes necesariamente se desembolsarán USD 6.400. El contrato establece pagos mensuales únicamente por los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

¿Por qué el SRI gasta en taxis?

La explicación institucional está relacionada con la capacidad de su propia flota.

El SRI señala que la Dirección Nacional dispone de 15 vehículos institucionales. Sin embargo, cinco están asignados a autoridades y solamente 10 atienden los requerimientos de movilidad institucional.

A esto se suma que los mantenimientos preventivos y correctivos pueden reducir temporalmente la disponibilidad de los automotores.

La institución concluye que esa capacidad es insuficiente para cubrir la demanda y utiliza taxis para trasladar a sus servidores.

Entre las actividades que justifican estos viajes están las:

• Audiencias judiciales
• Controles tributarios
• Notificaciones de trámites
• Preventivas de clausura
• Inspecciones contables
• Operativos de incautación
• Auditorías a contribuyentes
• Reuniones con organismos públicos
• Traslado de documentación

746 servicios de taxi en un mes

Solo en mayo de 2026, el SRI contabilizó 746 servicios de taxi, equivalentes a un promedio aproximado de 24,87 diarios.

Para la nueva contratación, el proveedor deberá garantizar un mínimo de 30 vehículos.

Según la entidad, esta cantidad permitirá disponer del servicio durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de atender solicitudes simultáneas y contingencias operativas.

El universo potencial de usuarios alcanza aproximadamente 1.500 servidores pertenecientes a la Dirección Nacional y a la Dirección Zonal 9, según consta en los pliegos.

Esto no significa que los 1.500 funcionarios utilicen taxis todos los meses. Los documentos únicamente establecen que esa es la cantidad aproximada de servidores de las dependencias que requieren el servicio.

El gasto viene desde años anteriores

El 12 de diciembre de 2023, el SRI suscribió un contrato por USD 199.686 para este servicio, con un plazo máximo de 1.095 días o hasta consumir el monto disponible.

Posteriormente, el 3 de julio de 2026, fue necesario suscribir un contrato complementario por USD 15.974.

Entre ambos instrumentos suman USD 215.661.

Ahora, mientras ese contrato complementario todavía puede mantenerse vigente hasta noviembre de 2026, el SRI tramita la contratación que permitirá continuar utilizando taxis durante otros tres años.

El propio informe institucional reconoce que se trata de un servicio estandarizado y de adquisición frecuente, debido a que la necesidad de movilización es permanente.

La relación entre los procesos judiciales y la política electoral vuelve a marcar el escenario de cara a los comicios de noviembre de 2026. Un antecedente ocurrió en las elecciones de 2025, cuando tres procesados del caso Triple A se candidatizaron. Ahora, el caso Goleada vuelve a poner en evidencia el cruce entre causas penales y candidaturas en el actual proceso electoral.

Ambos expedientes, que investigan presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustibles, evidencian cómo las candidaturas a cargos de elección popular son utilizadas como herramientas de defensa legal dentro de los tribunales.

Caso Goleada: una postulación sin calificación

El caso Goleada investiga el presunto delito de lavado de activos a través de una aparente estructura empresarial relacionada con la comercialización irregular de combustibles, la cual involucra a 17 personas naturales y 9 personas jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos, su madre y su esposa.

Durante el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa técnica del procesado Gastón Aparicio Loy Correa solicitó al juez suspender de inmediato el proceso alegando que su cliente se había inscrito para participar en las elecciones seccionales de noviembre de 2026 como candidato a concejal de Guayaquil.

La defensa basó su argumento en el artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia, el cual prohíbe que los candidatos calificados sean procesados penalmente o privados de la libertad durante el periodo de elecciones.

“los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados”, excluyendo únicamente situaciones de flagrancia, delitos de carácter sexual y violencia de género o intrafamiliar.

Con el fin de salvaguardar el debido proceso y evitar futuras nulidades, el juez anticorrupción Jairo García dispuso una suspensión provisional de la diligencia y requirió con carácter urgente una certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que emitiera detalladamente el estado legal de las candidaturas de Loy Correa y otros 16 implicados bajo investigación.

En efecto, la respuesta del organismo electoral, remitida el 16 de agosto de 2026, confirmó que cuatro de los 17 investigados consultados registraban formularios de inscripción para los comicios en Guayaquil:

• Fiorella María Ycaza Saman (esposa del alcalde Aquiles Alvarez): inscrita para la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
• Gastón Aparicio Loy Correa: inscrito para concejal urbano suplente por el Partido Sociedad Patriótica (PSP).
• Pedro Juan Hidalgo Elinan: inscrito para concejal urbano suplente por el PSP.
• David Andrés Álvarez Kronfle (primo del alcalde): inscrito para concejal urbano suplente por el PSE.

Sin embargo, el informe técnico del CNE certificó expresamente que todas estas postulaciones se encontraban bajo el estatus de “sin calificación y sin resolución”, por lo que no existían aprobaciones en firme ni recursos pendientes.

“Ninguno de los ciudadanos detallados cuenta con una resolución de calificación emitida por la autoridad electoral competente; por ende, no existen resoluciones de aprobación, fechas de firmeza ni recursos electorales pendientes”, detalló el organismo electoral.

Respecto a los otros trece procesados de la nómina —entre ellos el alcalde Alvarez y sus hermanos Xavier y Antonio—, el ente rector del sufragio certificó que no constaban registros de postulación en sus bases de datos.

Ante la respuesta, el juez García levantó la suspensión y ordenó la continuación inmediata de la audiencia preparatoria de juicio.

En su resolución, el magistrado argumentó que la “mera postulación”, la generación de formularios o la finalización administrativa del trámite de inscripción ante un partido político no pueden equipararse jurídicamente a una candidatura debidamente calificada por la autoridad electoral.

“la mera postulación, generación o impresión de formularios, registro de inscripción ante una organización política a cargo informática o finalización administrativa del trámite de inscripción, no puede equipararse a una candidatura calificada por la autoridad electoral competente”, expresó el juez García.

Al no haberse cumplido el presupuesto temporal de una candidatura en firme, el juzgador determinó que el supuesto blindaje del Código de la Democracia es jurídicamente inaplicable en este punto, impidiendo que el trámite electoral sea usado como un mecanismo automático para paralizar la administración de justicia penal.

Actualmente, el juez Jairo García, sustanciador del proceso, está suspendido por 30 días sin remuneración por una causa distinta al caso Goleada. La medida fue impuesta por el Consejo de la Judicatura durante una sesión extraordinaria este 21 de agosto de 2026. Con esta suspensión, el proceso quedaría en suspenso.

Previamente, García había previsto reinstalar la audiencia el 24 de agosto. La fecha fue fijada después de que Gastón Loy, candidato a las seccionales, cambiara de abogado el 18 de agosto. Su nuevo defensor solicitó tiempo para revisar el expediente.

Caso Triple A: un antecedente en la formulación de cargos

El precedente sentado por la justicia en el caso Goleada es similar con lo sucedido el 16 de diciembre de 2024 en el caso Triple A. En ese proceso penal, la Fiscalía General del Estado intentó formular cargos contra varias personas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

No obstante, durante la presentación de su teoría del caso, el fiscal a cargo notificó formalmente al juez que no era posible iniciar el proceso penal en contra de otros tres presuntos involucrados.

La razón jurídica fue que estos ciudadanos contaban con candidaturas debidamente calificadas por el CNE para los comicios generales de 2025, gozando de inmunidad temporal.

De acuerdo con los registros del proceso y las investigaciones de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, los implicados que eludieron temporalmente la acción penal en el caso Triple A bajo el estatus de candidatos calificados fueron:

• Xavier Alvarez: hermano del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien se postuló como candidato a asambleísta alterno bajo el auspicio del movimiento Centro Democrático.
• Antonio Alvarez: hermano del burgomaestre, inscrito y calificado como primer suplente al Parlamento Andino, también por el movimiento Centro Democrático.
• César Bravo: Identificado dentro de las investigaciones como el operador de confianza y mano derecha de los hermanos Alvarez en sus compañías de combustibles. El propio cooperador eficaz del caso, José Cevallos Avellán, relató en su testimonio que Bravo “eludió la acción de la justicia tras inscribirse como candidato de elección popular”.

La pausa procesal se ejecutó, asimismo, bajo la aplicación del artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia.

A pesar de la efectividad que tuvo este mecanismo de defensa electoral en diciembre de 2024 para el caso Triple A, la protección jurídica concluyó una vez proclamados los resultados de los comicios generales de 2025.

Al no conservar candidaturas en firme para el siguiente ciclo electoral, la inmunidad temporal cesó. Actualmente, tanto los hermanos Alvarez como su colaborador César Bravo han sido incorporados formalmente al sistema judicial y forman parte de la lista de personas naturales procesadas por presunto lavado de activos en el caso Goleada.

Lo que sigue

Una vez que se proclaman oficialmente los resultados, los procesos penales pueden activarse o continuar, y únicamente los candidatos que resulten ganadores de la contienda gozarán de fuero de Corte Nacional o provincial, según corresponda.

El destino de ocho pescadores ecuatorianos, desaparecidos desde el pasado 20 de enero de 2026 a bordo de la embarcación pesquera Fiorella, ha escalado a una crisis diplomática y de derechos humanos de alcance internacional.

Ante la falta de resultados tras meses de búsqueda, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió un conjunto de acciones urgentes exigiendo al Estado ecuatoriano una investigación exhaustiva y la localización inmediata de los tripulantes.

Según los registros oficiales, el barco zarpó de Jaramijó y Manta, en la provincia de Manabí, el 13 de enero, perdiéndose todo contacto días después. Según las primeras investigaciones, la embarcación pesquera habría sido atacada por miembros de la CIA.

Una búsqueda sin rastros

Según el Ministerio de Defensa, a través de la Armada del Ecuador, activó los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR) apenas se recibió la alerta. Durante semanas, se desplegaron medios aeromarítimos y cálculos de deriva técnica para cubrir un área de aproximadamente 250 millas náuticas cuadradas.

En un informe oficial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, defendió la actuación de las Fuerzas Armadas, declarando que se ejecutó la búsqueda de manera “integral, técnica y progresiva”, abarcando tanto el punto de desaparición como las áreas ampliadas determinadas por análisis de deriva. “Sin que hasta la presente fecha se haya logrado la localización de la embarcación ni de sus tripulantes”, señaló.

Debido a la ausencia de indicios tras más de un mes de operaciones, el caso fue declarado en “fase pasiva” el 27 de febrero de 2026, aunque se mantiene la vigilancia permanente y la difusión a la comunidad marítima.

La sombra de la desaparición forzada

El Comité de la ONU ha solicitado que la estrategia de búsqueda tome en cuenta la posibilidad de una desaparición forzada, debido a denuncias sobre presuntas interceptaciones de naves militares extranjeras en aguas internacionales, en el contexto de acuerdos de cooperación de seguridad de Ecuador con los Estados Unidos.

Así, el Comité de las Naciones Unidas requirió al Estado ecuatoriano la búsqueda y localización de los pescadores, así como la “protección de su vida e integridad personal”, orientadas a fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Incluso existen alegaciones de los familiares que sugieren que los pescadores podrían encontrarse en El Salvador, basándose en casos previos donde tripulaciones ecuatorianas fueron repatriadas tras ser interceptadas en altamar por fuerzas extranjeras.

Obstáculos en la investigación judicial

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación previa por el delito de desaparición involuntaria, en la ciudad de Manta. Sin embargo, la institución ha señalado dificultades operativas críticas para avanzar en el caso.

Jorge Baño Salcedo, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, detalló que al tratarse de una desaparición ocurrida en alta mar, su institución no cuenta con el apoyo operativo directo de la Policía.

“Lo que restringe las capacidades investigativas en territorio marítimo. En este contexto, la responsabilidad de búsqueda recae principalmente en las Fuerzas Armadas y la Capitanía del Puerto, sin que hasta el momento se haya logrado una coordinación efectiva y sostenida con estas entidades”.

Por su parte, la Unidad Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía ha manifestado que su actuación se limita a las disposiciones que emita la Fiscalía. El reporte policial indica que se están realizando análisis de redes telefónicas y rastreo de posibles localizaciones bajo autorización legal.

“No es posible que la Policía Nacional atienda todas las recomendaciones planteadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ya que la investigación no es competencia de la Policía Nacional, sino de la Fiscalía General del Estado”, menciona en el informe.

Así, mientras las instituciones estatales coordinan sus informes de cumplimiento para enviarlos a Ginebra, los familiares de los ocho pescadores del Fiorella continúan en la incertidumbre.

Un incendio en la zona de Kirisch-Kenia, al pie del imponente monte Ololowke de más de 1.000 metros, donde quedaron esparcidos los restos de un helicóptero caído y los restos de siete personas, complicaba las tareas de recuperación tras la tragedia ocurrida hoy.

Este accidente aéreo terminó con la vida de Michele Sensi-Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y exministro de Gobierno ecuatoriano.

Kirish es una zona ideal para el turismo de aventura y el avistamiento de elefantes, hienas y cebras. Hay que recordar que, antes de su paso por el sector público, Sensi fue accionista de la empresa Savone S.A., que se dedicaba a actividades de aviación comercial y turística.

Sensi era un empresario e inversor dinámico; antes de su paso por la política, gerenció las firmas Senco, dedicada al caucho, Sensiestudio, enfocada en la fabricación de plástico y Prolab-Biotechnology. Su relación con Noboa era muy cercana y habría arrancado desde las épocas colegiales.

Siendo las 12:00, el Gobierno no había hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el tema tras la noticia. Daniel Noboa, presidente de la República, se encuentra en China, donde desarrolla una agenda bilateral que incluyó una cita de alto nivel con Xi Jinping, presidente del Gobierno chino.

En la delegación que se encuentra en Pekín aparecen: José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, e Irene Vélez, secretaria de la Administración, entre otros.

No le gustaban las fotos

La huella en la administración pública de Michele Sensi-Contugi, el hombre al que no le gustaban las fotos ni los medios de comunicación, arrancó y terminó con este Gobierno. Según el medio La Nación, Sensi-Contugi fue uno de los aportantes de la campaña de Daniel Noboa con USD 25.000.

Su recorrido

En enero de 2024 fue nombrado director general del Centro de Inteligencia Estratégica; poco después, en marzo de ese mismo año, fue designado delegado permanente del presidente de la República ante Petroecuador, y asimismo recibió las delegaciones del Ejecutivo ante CNEL, Celec y Flopec.

En abril de 2024 fue nombrado ministro de Gobierno, pero apenas cuatro meses después retornó al Centro de Inteligencia Estratégica.

Estos cambios generalmente involucran la salida del círculo cercano de Noboa, pero no fue su caso. Es que el CIES no es un ministerio convencional.

Es el organismo encargado de la inteligencia estratégica del Estado, por lo que su titular tiene acceso a información relacionada con seguridad nacional, crimen organizado, amenazas internas y externas, y operaciones de inteligencia. Por esa razón, se puede decir que hoy murió el funcionario que estaba al frente del principal organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano.

Hace poco, en junio de 2026, Noboa emitió el Decreto 421 para determinar el nivel de riesgo por el que atravesaba Sensi-Contugi y establecer si requería o no de protección especial.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Goleada, donde se investiga una presunta red de lavado de activos ligada a la comercialización irregular de combustibles, entró en una nueva pausa.

El juez anticorrupción de la causa, Jairo García, dispuso suspender la diligencia hasta el próximo lunes 24 de agosto de 2026.

La decisión responde a la necesidad de otorgar un tiempo prudencial a la nueva defensa técnica de uno de los principales procesados para que pueda examinar el expediente penal.

Un cambio de abogado en plena diligencia

El detonante de esta suspensión fue la situación jurídica de Gastón Aparicio Loy Correa. Durante la jornada del martes 18 de agosto, Loy Correa pidió la palabra para anunciar al magistrado que retiraba su confianza a su entonces defensor técnico, Fernando Chávez.

Chávez venía de solicitar una suspensión de siete días bajo el argumento de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía definir si la candidatura inscrita de Loy Correa para concejal de Guayaquil ya había sido calificada para gozar de inmunidad.

En reemplazo de Chávez, Loy Correa designó a Santiago Mestanza como su nuevo abogado patrocinador. De inmediato, Mestanza solicitó formalmente suspender la audiencia y pidió un plazo de al menos 15 días para poder revisar el voluminoso expediente fiscal y estructurar una defensa técnica adecuada.

Ante este escenario, el juez García decidió sobre la petición. Aunque inicialmente contempló una suspensión de tres días (hasta el domingo 23 de agosto), la insistencia del nuevo defensor sobre la complejidad del expediente llevó al magistrado a fijar la reinstalación de la audiencia para el lunes 24 de agosto.

25 de 26 defensas terminaron sus intervenciones

Antes de que se hiciera efectiva la suspensión total del proceso, el juez García aplicó un juicio de proporcionalidad para evitar que la audiencia se estancara por completo. Dispuso que los abogados de los restantes coprocesados, quienes ya se encontraban debidamente preparados, continuaran con la exposición de sus argumentos.

De esta manera, la audiencia se reinstaló este miércoles 19 de agosto. Antes del mediodía, las defensas de 25 de los 26 investigados en la causa —con la única excepción de Gastón Loy— concluyeron sus ponencias.

La gran mayoría de los abogados defensores centró sus alegatos en solicitar la nulidad procesal relacionado con la duración de la instrucción fiscal. Las defensas sostienen que la Fiscalía extendió las investigaciones más allá de los 120 días permitidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que exigieron anular todo lo actuado posterior al vencimiento de dicho plazo:

• Gabriela Moreira (abogada de Antonio Alvarez y César Bravo) alegó que el periodo legal de instrucción feneció el 11 de junio de 2026, solicitando la nulidad absoluta de cualquier diligencia efectuada después de esa fecha.
• Joseph Sánchez (defensor de Patricio Peñaherrera) argumentó que la instrucción se prolongó durante 139 días. Debido a esto, pidió al juez declarar la nulidad de las actuaciones desde el 29 de mayo, día en que se cumplió el límite de 120 días.
• Carlos Soria (abogado de Pablo Ricardo Pita y del asambleísta Raúl Chávez) señaló que el plazo concluyó el 12 de junio de 2026, exigiendo al magistrado de la causa la expulsión de todo elemento incorporado con posterioridad.

Asimismo, varios juristas expusieron vicios particulares relacionados con las garantías de sus defendidos. Por ejemplo, la defensa del legislador Raúl Chávez, liderada por Carlos Soria, cuestionó la competencia del juez del caso.

Soria argumentó una vulneración al fuero personal de Chávez, anunció su protesta formal y exigió que el despacho judicial se inhiba de seguir conociendo la causa, remitiendo de inmediato el expediente a la Corte Nacional de Justicia bajo una declaración de “nulidad absoluta e insalvable”.

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, Julio César Cueva, expuso vicios de procedimiento y nulidad que habrían afectado de manera directa el derecho a la defensa de la autoridad municipal durante la instrucción fiscal.

De igual modo, el jurista Carlos Luis Sánchez, representante de David Alvarez Kronfle y Carlos Asanza, denunció que la Fiscalía vulneró el principio de contradicción al agregar elementos de convicción de manera tardía sin dar acceso oportuno para preparar sus argumentos.

Adicional, alegó que se configura una violación al principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho), ya que ambos ciudadanos ya se encuentran bajo procesamiento penal por los mismos sucesos en el denominado caso Triple A.

Audiencias suspendidas

El caso Goleada arrastra un largo historial de suspensiones e incidentes desde su convocatoria original para el 16 y 17 de julio, la cual quedó sin efecto por una recusación presentada por los abogados del alcalde de Guayaquil.

Posteriormente, se registraron retrasos debido a la coincidencia con audiencias de otros casos (como el caso Grillete), la inasistencia de defensores particulares y previos cambios de abogados de otros procesados, sumando un total de cinco diferimientos y múltiples suspensiones antes de este último incidente.

Ahora, una vez que se reinstale la diligencia el lunes 24 de agosto y el nuevo abogado de Loy Correa exponga sus observaciones, se dará paso a la réplica del fiscal de la causa, Dennis Villavicencio.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional instaló este miércoles 19 de agosto de 2026 su sesión ordinaria 061 para fiscalizar la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen Industrias LLC a personas naturales y jurídicas.

En primera instancia, la comisión convocó a la directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alexandra Verónica Navarrete, quien no asistió a la comparecencia. Además, durante la sesión se registraron varios incidentes relacionados con:

• Aclaraciones sobre la situación tributaria de la empresa investigada
• Las restricciones legales para divulgar información de carácter reservado.

Iniciada la reunión, se dio lectura a la excusa de la directora general, quien delegó su comparecencia a un equipo técnico liderado por Mauricio Coronado, subdirector general de Cumplimiento Tributario.

Progen Industrias LLC es “no residente”

Durante su intervención, Mauricio Coronado aclaró que inicialmente existía una confusión en el catastro tributario con un homónimo ecuatoriano (“Progen S.A.”).

No obstante, tras un alcance enviado por la propia Asamblea Nacional, se precisó que la indagación apunta a Progen Industrias LLC, una compañía extranjera que no es residente fiscal en Ecuador y que nunca ha registrado un domicilio fiscal en el país.

Esta condición de “no residente” exime a la empresa de ciertas formalidades tributarias locales. Coronado explicó que, por esta razón, el SRI no posee cierta información requerida por los legisladores, como el reporte de operaciones y transacciones económicas financieras (Rotep).

Además, durante el debate tampoco se precisaron los plazos para obtener respuestas definitivas a las solicitudes planteadas por los asambleístas. La legisladora Herrera advirtió que la comisión dispone de apenas 30 días para presentar su informe de fiscalización. Entre los pedidos formulados constan:

• Información de la empresa Progen: un reporte tributario y de transacciones de la empresa Progen Industrias LLC, incluyendo el reporte Rotep.
• Análisis de transacciones: información para verificar la veracidad tributaria de las transacciones, la legitimidad de los gastos deducibles, la existencia de operaciones comerciales reales (realidad económica) y posibles esquemas de simulación fiscal.
• Datos fiscales específicos: copias de las declaraciones de impuestos, el historial de pago de tributos y la información sobre los accionistas de las empresas involucradas.

Al respecto, el subdirector del SRI explicó que determinar formalmente si existieron operaciones simuladas o esquemas de evasión requiere agotar procesos de control y determinación que suelen demorar entre 4 y 6 meses.

Coronado defendió el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los contribuyentes. Recordó que los actos tributarios no están en firme hasta que se resuelvan las instancias administrativas o judiciales correspondientes.

La reserva de la información y la ruta de nombres específicos

Al final de la sesión, el asambleísta Ferdinán Álvarez intentó presionar por nombres y estados de control específicos, mencionando de forma directa a ciudadanos como Karla Saud, José Luis Hidalgo Fernández y Alex Dueñas Calero.

Ante esto, el delegado de la administración tributaria se amparó estrictamente en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual otorga carácter reservado a los planes y programas de control.

Coronado enfatizó que, para evitar violar la ley o entorpecer los procesos, el SRI no puede emitir pronunciamientos públicos sobre casos particulares en el pleno de la comisión.

Sin embargo, aclaró que la institución está preparando un paquete de información detallada (que incluye declaraciones, pago de impuestos y accionistas) para entregar de manera formal a los despachos legislativos bajo el respectivo traslado de reserva.

La sesión concluyó sin resoluciones definitivas.