La Fiscalía informó que registra 60 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con GAD entre 2010 y 2026, una cifra muy inferior a los más de 400 reportes que, según la Contraloría, existen desde 2016.
Este 17 de julio de 2026, en una sesión de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional se reveló una amplia desconexión entre organismos de control del Estado. Mientras la Contraloría General del Estado reportó cientos de informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) relacionados con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la Fiscalía General del Estado solo reconoce haber recibido una fracción de estos.
Durante su comparecencia, Israel Carrión, coordinador de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, informó que la institución registra únicamente 60 informes con IRP a nivel nacional en un periodo que abarca desde enero de 2010 hasta julio de 2026.
Esta cifra contrasta por mucho con los datos que manejaba la Asamblea. La resolución del Pleno que dio inicio al proceso de fiscalización mencionaba 206 investigaciones tan solo entre los años 2024 y 2026.
Incluso, la presidenta de mesa, Nathaly Farinango, señaló que existen más de 400 informes con indicios penales reportados desde el año 2016. Ante esta diferencia, el delegado de la Fiscalía señaló que su institución abre una investigación por cada informe que ingresa y que corresponde a la Contraloría aclarar por qué sus registros son superiores.
Estado de las investigaciones y distribución geográfica
De los 60 informes con indicios penales que la Fiscalía reconoce haber recibido a nivel nacional, la provincia del Guayas lidera ampliamente la estadística con 19 casos. Le siguen en relevancia:
- Santo Domingo con 8 informes
- Tungurahua con 6
- Cotopaxi y Morona Santiago con 4 casos cada una.
Otras provincias presentan registros menores, como Pastaza (3), Azuay, Pichincha y Chimborazo (2 cada una), mientras que una larga lista de provincias —incluyendo Manabí, Loja, Imbabura, Cañar, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe— registran apenas un caso procesado en los últimos 16 años. Llama la atención la ausencia total de registros en provincias como Santa Elena, un hecho que los legisladores cuestionaron y cuya respuesta fue delegada a la Contraloría.
Ahora, el estado actual de estas 60 causas muestra una efectividad reducida en términos de condenas finales. Según Carrión, la situación procesal se divide de la siguiente manera:
- 29 casos fueron archivados, representando casi la mitad de los informes recibidos.
- Ocho casos concluyeron con sentencia condenatoria.
- Ocho se encuentran todavía en fase de investigación previa, la cual mantiene carácter reservado.
- Cinco finalizaron con sobreseimiento y tres terminaron con sentencias que ratificaron la inocencia de los procesados.
- Los expedientes restantes se encuentran en etapas de instrucción fiscal, llamamiento a juicio o en recursos de casación.
La Fiscalía detalló que el peculado constituye la mayoría de las investigaciones abiertas bajo estos indicios. No obstante, el espectro de presuntas irregularidades en los GAD también incluye:
- Tráfico de influencias
- Falsificación de documentos
- Falsificación de firmas
- Enriquecimiento ilícito
- Falsificación de instrumentos públicos
Cuestionamientos en la Asamblea
La asambleísta Mónica Alemán señaló que la resolución del Pleno, que dio pie a la fiscalización, mencionaba 206 investigaciones tan solo para el periodo 2024-2026. “Creo que desde ahí una resolución tendría que ser corregida”, sentenció, sugiriendo que el proceso partió de datos inexactos.
Alemán también recordó que la Asamblea tiene facultades para fiscalizar a las funciones del Estado, pero no directamente a los GAD, para lo cual ya existen órganos específicos en el Cootad.
Ante los cuestionamientos, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, defendió la validez del proceso. Sostuvo que no existe error en la resolución del Pleno, ya que esta se elaboró con base en información y documentación oficial proporcionada por la Contraloría. Farinango subrayó que la finalidad de la fiscalización es precisamente contrastar por qué la CGE reporta más de 400 indicios desde 2016 mientras que la Fiscalía maneja registros mucho menores.
La asambleísta Liliana Durán cuestionó la eficacia de la persecución penal. “Nos preocupa porque nos dice un número de 60… ¿qué porcentaje evidencia un avance efectivo hacia la judicialización?”, preguntó al delegado de la Fiscalía. Además, Durán criticó por qué en los informes de ambas instituciones no aparece ningún caso de la provincia de Santa Elena, a pesar de ser de conocimiento público diversas situaciones irregulares en dicha zona.
Por su parte, el legislador Adrián Castro sugirió que, técnicamente, un solo informe de auditoría podría contener varios indicios penales, lo que explicaría parte de la diferencia. Sin embargo, coincidió en la necesidad de un cotejamiento urgente de datos.
Una aclaración obligatoria
Al cierre de la sesión, la Comisión de Régimen Económico concluyó que es imperativo solicitar a la Contraloría una explicación detallada por escrito sobre el paradero y estado de los más de 150 informes que no aparecen en los registros de la Fiscalía.
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