El acuerdo se suscribió con Pedidos Ya, Uber Eats, InDrive, Rappi, Volt Delivery. Y permitirá verificar la identidad de los repartidores du...
Buscar en esta Página
LO ÚLTIMO
Tv
Noticias
Actualidades
Nuevas Publicaciones
Aunque ADN se presenta como una fuerza política de renovación, gran parte de su crecimiento se apoyó en la incorporación de figuras provenientes de otras organizaciones. Legisladores y candidatos con pasado en el PSC, RC, CREO, ID y Pachakutik forman hoy parte de la estructura del oficialismo.
A pesar de que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) fundamentó su ascenso electoral bajo la consigna de construir un “nuevo Ecuador” con rostros alejados de las prácticas tradicionales, la realidad de su estructura partidista cuenta una historia distinta.
Ante la falta de cuadros propios y perfiles territoriales, la organización liderada por Daniel Noboa recurrió constantemente y sistemáticamente a la incorporación de figuras provenientes de diversas vertientes políticas para llenar sus vacantes en el Gabinete, la Asamblea y las listas seccionales.
Un crecimiento basado en ‘camisetazos’
El ascenso del oficialismo en el Parlamento fue meteórico. En las elecciones de agosto de 2023, ADN obtuvo apenas 14 legisladores electos. Sin embargo, mediante un proceso de “diálogos y camisetazos”, la bancada logró sumar 22 integrantes en menos de siete meses, alcanzando las 36 curules y desplazando a Construye como segunda fuerza política.
Para el periodo legislativo 2025-2029, la tendencia se mantiene: de las 66 curules conseguidas por ADN, el 40% (28 legisladores) posee un pasado partidista en otras organizaciones. Esta diversidad incluye antecedentes en partidos como: el Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC), CREO, Izquierda Democrática (ID), Pachakutik, entre otros.
Entre los nombres más destacados se encuentran asambleístas nacionales y provinciales que ocuparon cargos de relevancia bajo otras banderas. Por ejemplo, la líder de la lista nacional, Annabella Azin, registra un pasado en el extinto PRIAN.
Asimismo, el actual candidato a la Alcaldía de Samborondón y expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, proviene del gobierno de Guillermo Lasso (CREO), mientras que asambleístas como Esteban Torres y Diana Jácome tienen raíces en el PSC. Jácome, de hecho, militaba y realizaba proselitismo político bajo el paraguas de Alianza País.
Desde el PSC, también hubo figuras que cambiaron de camiseta y pasaron a ADN: Esteban Torres (exjefe de bancada y ahora primer vicepresidente a la Asamblea con ADN), las hermanas Lucía y Paola Jaramillo, Andrés Guschmer (exconcejal de Guayaquil y actual precandidato a la Prefectura del Guayas), Andrés Castillo Maldonado y la propia Cynthia Viteri, quien se sumó hace pocas semanas para disputar la Alcaldía de Guayaquil.
De la RC desertaron Ferdinan Álvarez, Henry Bósquez, Milton Aguas, Sergio Peña, Jhajaira Urresta, entre otros. De Construye y su entorno (Gente Buena) se incorporaron Nataly Morillo (actual ministra de Gobierno), Jorge Chamba, Fernando Jaramillo, etc.
La Izquierda Democrática aportó a Eckenner Recalde, quien llegó a ser segundo vicepresidente de la Asamblea. De Pachakutik se sumó Fabiola Sanmartín y José Nango. De Avanza aparece Adrián Castro.
Del Gabinete a las urnas: la estrategia para las seccionales
Ahora, ante la falta de perfiles propios y la corta existencia de la organización, el Gobierno optó por extraer a esas mismas figuras para convertirlos en candidatos a alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.
Esta movilización masiva de cuadros hacia las papeletas locales busca evitar que el Gobierno se quede sin aliados en la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados, un escenario que dificultaría la gestión territorial y que, de hecho, ha obligado al oficialismo a suspender movimientos como la Revolución Ciudadana o Amigo, o a sacar del camino a candidatos fuertes de las principales ciudades, como Cristian Zamora (Cuenca) o Aquiles Alvarez (Guayaquil).
Por ejemplo, resaltan los siguientes nombres para candidaturas locales:
Niels Olsen: renunció para postularse como candidato a la Alcaldía de Samborondón. Su salida se registró previamente, en junio de 2026.
Andrés Guschmer: dejó su cargo para participar como candidato a la Prefectura de Guayas.
Ana Belén Tapia: presentó su dimisión para optar por la Prefectura de Napo.
Francisco Cevallos Macías: candidato a la Alcaldía de Milagro.
Jadira Bayas: dejó su cargo para competir por la Alcaldía de Santo Domingo.
El proceso de inscripción formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) es 100% virtual y tiene como fecha límite este lunes 17 de agosto de 2026 a las 18:00. Para aquellos que dejan la Asamblea Nacional, la normativa del Artículo 93 del Código de la Democracia establece que las renuncias son irrevocables, por lo que no podrán retornar a sus curules independientemente del resultado en las urnas.
ADN se presenta como la fuerza del cambio. En efecto, así lo dijo el primer mandatario en una entrevista. No obstante, su movimiento está repleto de rostros que ya habían ocupado cargos, votado leyes y disputado elecciones bajo otras banderas.
Durante el fin de semana, el numero de inscripciones aumentó. El sistema estará abierto hasta hoy (17 de agosto de 2026), hasta las 18:00.
El cierre del plazo para la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones seccionales marca la jornada informativa.
Partidos y movimientos políticos completan su registro para los comicios del 29 de noviembre de 2026, a pocas horas del cierre. El sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo informó el organismo, permanecerá habilitado, exclusivamente, hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto.
El número de inscritos aumentó el fin de semana. A dos días del cierre de inscripciones para las elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral registraba 17.934 postulaciones. Ayer domingo, en cambio, esa cifra creció a 27.215 candidaturas presentadas a escala nacional.
Novedades en Guayaquil
Como lo reportó Radio Pichincha, Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, formalizó su candidatura a la Alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), mientras que Sofía Espín y José Francisco Cevallos inscribieron sus postulaciones para la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, respectivamente.
La candidatura de Ycaza cuenta con el auspicio del PSE, lista 17.
Al menos siete candidatos más buscarán la alcaldía de esa ciudad; entre ellos, Susan Santistevan por CREO, Cynthia Viteri por ADN, Andrés Roche por el PSC, Mónica Luzárraga por Alianza Despierta y Unidad por la Patria, y Antonio García por Sociedad Patriótica.
En Quito y otras ciudades
En Quito, capital del Ecuador, Pabel Muñoz buscará la reelección. Entre los demás postulantes se encuentran Jorge Yunda y Wilson Merino.
En Cuenca, en cambio, el actual prefecto, Juan Cristóbal Lloret, buscará la Alcaldía por la alianza La Provincia en Marcha, integrada por Renovación (lista 33) y el Partido Socialista Ecuatoriano (lista 17).
Una vez que cierre la inscripción de candidaturas, las 24 Juntas Provinciales Electorales revisarán la documentación presentada por las organizaciones políticas.
Durante esta etapa pueden presentarse objeciones, impugnaciones y recursos ante las autoridades electorales.Las objeciones pueden ser presentadas únicamente por otros candidatos y dirigentes de organizaciones políticas.
El listado oficial de candidaturas inscritas se dará a conocer el 9 de noviembre de 2026, mientras que la campaña electoral arrancará el 12 de ese mismo mes.
El espionaje está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero para personal de Inteligencia y uniformados, ¿abarca también a funcionarios públicos?
En los últimos meses, la palabra espionaje ha aparecido constantemente dentro del discurso del ministro de Interior, John Reimberg. Específicamente, este funcionario ha mencionado este tema al asumir el manejo de las salas de videovigilancia tanto en Quito en agosto, como en Guayaquil, en febrero de 2026.
Su discurso sobre las “salas espejo” y hasta de “espionaje” generaron la respuesta del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que rechazó, a través de la red X, cualquier uso para estos fines de las imágenes obtenidas a través del monitoreo que estaba a cargo de los municipios de Quito o Guayaquil.
Parte del post del Alcalde de Quito Pabel Muñoz en respuesta a John Reimberg.
No obstante, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, informó que la Policía inició un inventario técnico para determinar el estado de los equipos, su ubicación exacta y, fundamentalmente, “a quiénes se reportaba la información captada”.
Un delito tipificado
En el artículo 354 del Código Orgánico Integral Penal, (COIP), el espionaje está tipificado como un delito con al menos cuatro especificaciones. El artículo en mención se refiere como posible sujeto de sanción, “al servidor militar, policial o de servicios de inteligencia”. La sanción mencionada es de una pena privativa de libertad de siete a diez años para quien obtenga, intercepte, o envíe “información clasificada”.
Imagen Código Orgánico Integral Penal
Según el abogado penalista Jesús Cobeña, este delito tipificado en el COIP no abarca a funcionarios públicos municipales. “Estos tipos penales requieren de un sujeto activo calificado y éstos son unicamente servidores policiales o militares, si no contemplan esa calidad, simplemente no se podría configurar el delito”. Agrega, además, que cualquier interpretación extensiva está prohibida por el mismo COIP.
Otro abogado, como es Jorge Luis Cáceres, concuerda que este tipo de delito es para personas involucradas en temas de inteligencia, en especial personal militar o policial. “Los civiles no están involucrados con temas de espionaje, que más bien, están vinculados a temas de guerra entre Estados”, sostuvo.
En cambio, para un militar retirado y experto en aviación, el espionaje, en condiciones normales, se utiliza para saber “secretos” de otros Estados, “lo que hace el Gobierno es usar esa figura para posicionar que la oposición espía a las fuerzas de seguridad para alertar a los grupos delincuenciales”. De acuerdo con el entrevistado, se debería tener pruebas para hablar de espionaje desde el primer momento y no buscarlas, posteriormente, a cualquier acción.
Fiorella Ycaza formalizó su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), mientras Sofía Espín y José Francisco Cevallos inscribieron sus postulaciones para la Prefectura y Viceprefectura del Guayas.
A pocas horas de que venza el plazo oficial para el registro de postulaciones, el tablero electoral de la provincia del Guayas se reconfigura con nombres definitivos.
Este domingo 16 de agosto, Fiorella Ycaza, esposa del actual alcalde Aquiles Alvarez, formalizó su inscripción para la Alcaldía de Guayaquil ante la Delegación Provincial Electoral del Guayas.
La candidatura de Ycaza cuenta con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17, organización que se ha convertido en el nuevo respaldo del movimiento de la oposición en la ciudad.
Durante el acto, Ycaza estuvo acompañada por Sofía Espín, quien inscribió su candidatura a la Prefectura del Guayas. Ambas figuras llegaron a la delegación electoral en el norte de Guayaquil junto a otros candidatos y concejales en funciones del municipio.
Asimismo, José Francisco Cevallos, exfutbolista y político, también registró su nombre para la viceprefectura de la provincia.
El registro de Ycaza se produce en un escenario legal complejo, pues la aspirante está procesada en el llamado caso Goleada por presunto lavado de activos. Sin embargo, de acuerdo con el Código de la Democracia, una vez que su candidatura sea calificada, Ycaza obtendría inmunidad electoral, lo que impediría que sea procesada o encarcelada hasta que se proclamen los resultados de los comicios.
Las organizaciones políticas tienen hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 para ingresar sus expedientes en el sistema informático del CNE. Tras este paso, la Junta Provincial del Guayas iniciará una revisión minuciosa de cada perfil, incluyendo una fase de posibles impugnaciones antes de que las candidaturas queden en firme para las elecciones del 29 de noviembre.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, aseguró que la Ley Antimafias será una de las primeras normas que llegará al Pleno. La agenda legislativa también contempla cambios al COIP, a la Ley de Tránsito y una actualización de la Ley de Inquilinato.
La Ley Antimafias, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los cambios a la Ley de Inquilinato forman parte de las prioridades que la Asamblea Nacional se ha trazado hasta mayo de 2027. En total, el Legislativo prevé aprobar 34 proyectos de ley durante este año legislativo.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, explicó este lunes, 17 de agosto de 2026, en una entrevista con Teleamazonas, que la nueva agenda se concentra en tres ejes:
Seguridad y lucha contra la corrupción
Desarrollo humano y modernización del Estado
Desarrollo económico y productivo.
Dentro del primer eje, Mancheno ubicó a la Ley Antimafias como una de las principales prioridades y señaló que ha solicitado que el proyecto sea llevado con urgencia al Pleno.
“Es una herramienta fundamental para el bloque de seguridad”, sostuvo la titular del Legislativo, quien señaló que la propuesta busca dotar de nuevos mecanismos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado transnacional.
Todo ello, también lo explicó en la presentación de la Agenda Parlamentaria el jueves 13 de agosto de 2026.
Ley Antimafias apunta a los recursos del crimen organizado
Según Mancheno, uno de los principales objetivos de la iniciativa es afectar la estructura económica de las organizaciones criminales, especialmente aquellas vinculadas con delitos como narcotráfico y trata de personas.
La propuesta también contempla que determinados bienes relacionados con estas estructuras puedan ser utilizados con fines sociales, sin esperar necesariamente a que concluya el proceso de traspaso de dominio, que puede extenderse durante un largo periodo.
Cerca de 100 propuestas se concentran en las reformas al COIP
Otro de los cuerpos legales que tendrá un peso importante dentro de la agenda será el Código Orgánico Integral Penal. Mancheno explicó que el proyecto reúne cerca de 100 propuestas de reforma, algunas de ellas planteadas previamente de manera individual por distintos asambleístas.
La intención es que esas iniciativas sean analizadas y consolidadas en la comisión correspondiente antes de que el proyecto llegue al Pleno para su debate.
A esta discusión se suma la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que, según la presidenta de la Asamblea, requiere un análisis amplio debido a la extensión y complejidad de sus reformas.
Ley de Inquilinato también entrará en proceso de actualización
La agenda legislativa no se limitará a seguridad. Dentro del eje de desarrollo humano y modernización del Estado, la Asamblea plantea actualizar normas que, según Mancheno, mantienen disposiciones que ya no responden a la realidad actual del país.
Entre ellas está la Ley de Inquilinato.
La presidenta del Legislativo sostuvo que esta normativa necesita una modernización “urgente” e incluso señaló que existen disposiciones que todavía contienen referencias económicas expresadas en sucres, pese a que Ecuador adoptó oficialmente el dólar hace más de dos décadas.
La actualización de esta ley se suma a una eventual reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se plantea incorporar mecanismos de capacitación constante, evaluación y acceso a becas para los servidores legislativos.
Asamblea se propone aprobar 34 leyes hasta mayo de 2027
Para intentar cumplir la meta de 34 proyectos aprobados, Mancheno anunció la implementación de un tablero de seguimiento o dashboard legislativo con el que la Presidencia de la Asamblea controlará el avance de las comisiones, el cumplimiento de los plazos y la producción normativa.
El seguimiento incluirá también parámetros relacionados con la participación ciudadana, los aportes de la academia y los acuerdos internacionales considerados durante la construcción de las leyes.
“Los resultados son las leyes que constan en el Registro Oficial”, afirmó Mancheno, quien sostuvo que la evaluación de la Asamblea dependerá finalmente de que las normas aprobadas tengan un efecto concreto en la vida de los ciudadanos.
El canciller Roberto Kury durante su paso como gerente de CNT, cambió -en 2024- el objeto social de Easynet S.A. (con capital totalmente estatal), al pasar de tres a 23 actividades para proveer bienes y servicios especialmente a la holding estatal. La sociedad anónima brinda hasta el servicio de transporte.
La contratación pública es una de las patas cojas del Gobierno y una muestra de ello son los fallidos contratos eléctricos con Progen. Otro caso, que todavía no ha recibido la debida atención, es la extraña relación comercial y societaria que existe entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Easynet S.A.
Al respecto surgen las siguientes dudas: ¿Easynet S.A. es realmente una sociedad anónima? ¿es una subsidiaria de CNT? o ¿es una empresa pública? Radio Pichincha te cuenta:
La dueña del 100% de esa empresa es la CNT, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Esta sociedad anónima, constituida en Guayaquil con un capital suscrito de USD 1.863.055, está tan vinculada a CNT que opera en el mismo edificio donde funciona la corporación. Desde el 8 de julio de 2026, el presidente de Easynet es Andrés Stanley Wierdak Barba, quien actualmente es el Coordinador Ejecutivo del CNT.
Pese a que tiene una dependencia total de CNT, Easynet está constituida como una sociedad anónima, que supuestamente le permitiría no aplicar la ley de contratación pública y “escapar” de la acción de la Contraloría.
Sin embargo, la norma ecuatoriana establece que las sociedades anónimas con capital estatal deber estar subordinadas a la ley de contratación pública y a las auditorías de la Contraloría. Pero, aquello no ocurría.
En una reforma incorporada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) a la Ley de Compañías (mediante un artículo innumerado a continuación del Art. 300) se determina que las sociedades anónimas cuyo capital esté integrado “única o mayoritariamente” por recursos públicos, empresas públicas o sociedades con accionista único estatal, se regirán por la LOEP para todos los efectos, excepto para asuntos de carácter societario, en los cuales siguen bajo la Ley de Compañías.
Concurrentemente, el numero 1 del Art. 212 de la Constitución establece que una de las funciones de la Contraloría General del Estado, es “Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.
De hecho, Easynet registra tan solo dos contratos subidos en el portal del Sercop en los últimos seis años. Estos dos contratos fueron adjudicados entre 2022 y 2023:
-En agosto 2023 se adjudicó un contrato de CNT para la implementación de sistemas de conectividad de redes por un valor adjudicado de USD 2,26 millones.
-En 2022, Easynet también se adjudicó otro contrato de CNT, por más de USD 13,7 millones.
Proveedores que denunciaron irregularidades señalaron que es curioso que, aunque solo se hayan registrado dos contratos en el Sercop, no se haya registrado muchos más suscritos con proveedores privados.
Una ‘silenciosa y secreta’ relación entre CNT e Easynet
La información sobre la relación comercial que tiene Easynet es escasa. Por ejemplo, en su página web, que está en construcción, hay varios documentos sobre proveedores calificados, contratos con poca información y detalles de algunos servicios, pero nada más.
En la página web de CNT, además, existe prácticamente una nula información sobre su relación con Easynet.
Asimismo, en el último informe de rendición de cuentas de Easynet disponible en Internet, data de 2024. Con ese documento y cruzando con información disponible en la Súper de Compañías, se puede establecer una relación de dependencia total y alianza estratégica con la CNT, pues Easynet funciona como brazo operativo y aliado estratégico de la corporación para la ejecución técnica en territorio. Sus principales funciones son:
Actúa como distribuidor regional para la comercialización de productos y servicios de CNT EP.
Easynet es responsable, por ejemplo, de la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de conectividad de redes de “Última Milla” para atender a clientes corporativos y gubernamentales de CNT EP a nivel nacional.
Posee contratos para la reventa bajo marca blanca de todos los servicios de la Corporación, contando con licencia de ISP3 otorgada por Arcotel.
CNT EP otorgó a Easynet el uso de una torre de telecomunicaciones en el Cerro del Carmen mediante la figura de comodato por 5 años.
Los dos únicos contratos de Easynet disponibles en el Sercop fueron suscritos para prestar bienes y servicios a CNT. Además, CNT, al ser accionista único, decidió la absorción de pérdidas, tal como consta en los estados financieros.
Bajo esa dependencia total, la CNT estaría ‘usando’ a Easynet S.A. para saltarse la ley y contratar de forma directa, tal como denuncian varios proveedores a Radio Pichincha.
El resto sí, Easynet no
Para dimensionar este controversial esquema jurídico de operación y contratación, tomemos como ejemplo a la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ).
El Ministerio de Ambiente y Energía es dueña del 77% de la EEQ (el 13% restante se distribuye entre el Municipio de Quito, los Concejos Provinciales de Pichincha y Napo y comerciantes e industriales). Pese a ser una sociedad anónima, todos los contratos están bajo la Ley de Contratación Pública y, por ende, está sometida a la vigilancia y control de la Contraloría General del Estado.
Cabe resaltar que todas las empresas eléctricas son sociedades anónimas con capital estatal, como Celec, CNEL, Emelnorte y otras.
“Easynet hace una especie de tercerización”
Radio Pichincha recibió una serie de denuncias sobre la forma en cómo transacciona Easynet, según las cuales, esta sociedad anónima que opera con recursos públicos se estaría saltando los controles estatales y las leyes de contratación pública para servir como intermediaria entre CNT y los proveedores privados.
Para entender, este medio recogió textualmente lo que señaló un proveedor de servicios de consultoría de telecomunicaciones:
“Nosotros proveemos servicios de telecomunicaciones. En un mundo ideal y apegado a la ley, CNT, que requiere estos servicios, debería lanzar esa compra a través de un proceso de contratación pública. Pero, como no quieren pasar por este proceso que es largo y engorroso, deciden usar a Easynet para que ella compre o adquiera el servicio.
Para hacerlo, CNT usa el régimen especial, es decir, de empresa pública a empresa pública, por lo tanto, es una contratación directa sin el proceso habitual.
Luego, Easynet hace una especie de tercerización y contrata directamente con un proveedor privado para que este brinde el servicio a CNT, sin que se conozca, públicamente los datos de los valores y las condiciones específicas del acuerdo entre las partes.
¿Cómo paga Easynet? Para que obtenga liquidez, CNT da un anticipo a Easynet dentro del proceso de régimen especial y, posteriormente, esta le paga al proveedor. Los montos entregados ni la recepción del bien o servicio pasan por el control estatal”.
¿Con Roberto Kury empezó todo?
“Ecuador sale al mundo”, señaló días atrás el canciller Roberto Kury, en su intención de allanar el camino del gobierno para cumplir objetivos. Hace más de un año hizo algo parecido durante su paso como gerente de la CNT.
Lo primero que hizo fue añadir una serie de actividades comerciales a Easynet que, hasta mayo de 2024, solo tenía tres actividades en su objeto social, según reza en documentos en la Superintendencia de Compañías.
En esa lista de actividades estaban:
Prestación de servicios de telecomunicación de tecnología IP o cualquiera otra; radiocomunicaciones; compraventa de bienes y servicios tangibles de telecomunicaciones.
Administración o mantenimiento de sistemas de sotfware y hardware para internet o cualquier otra red.
Y, operar sistemas de televisión codificada, por cable o cualquier otro medio electromagnético directa o satelital.
Este objeto social se mantuvo tal cual desde 2005, incluso, cuando la sociedad anónima pasó a manos de CNT.
Pero, el objeto social se amplió a 23 actividades bajo la administración de Roberto Kury Pesantes, quien se desempeñó como Gerente General de la CNT entre febrero de 2024 y mayo de 2025, en los primeros meses de la administración del Presidente Daniel Noboa.
Luego, Kury asumió el Ministro de Telecomunicaciones y actualmente es el Canciller de Ecuador.
¿Cómo lo hizo? Por ser gerente de CNT, Kury también presidía la junta de accionistas de Easynet. En esa instancia solicitó (siendo CNT la única accionista) el cambió el objeto social. La propuesta fue planteada en junio de 2024.
Así, por pedido de Kury, Javier Francisco Santelli De Luca, gerente general de Easynet para la época, realizó una reforma parcial al estatuto social de la compañía, con el que se incorporaron más actividades. La reforma fue suscrita por Kury, Santelli de Luca y Pablo Carrillo, presidente de Easynet (quien también se desempeñaba como Coordinador Ejecutivo de CNT).
La empresa pasó de tener un objeto social de tres actividades a más de 23, entre ellas: realizar consultorías, construcción de infraestructura de telecomunicaciones, actividades de venta y reventa de servicios de telecomunicaciones, atención al cliente, ventas, encuestas, telemedicina, alquiler de vehículos para prestar servicios relacionados a telecomunicaciones, fibra óptica, venta de celulares y tablets y repotenciación de espacios públicos respecto a la tecnología.
En ese documento notarizado en la Notaria Vigésima Tercera de Guayaquil y disponible en la ‘Súper’ de Compañías, se señala que “la compañía podrá además, realizar cualquier clase de contrato con empresas públicas, mixtas y privadas del país o fuera del mismo. Podrá intervenir en licitaciones (…), podrá importar, comprar, permutar y disponer, por cuenta propia, de acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías de responsabilidad limitada”.
También se facultó a Easynet a realizar a nombre propio o de terceros, la importación, exportación, compraventa, arrendamiento, asociación con personales naturales o jurídicas nacionales o extranjeros dedicadas al ramo.
Dentro de las 23 actividades incorporadas en la razón social destaca la facultad de Easynet para alquilar vehículos para prestar servicios relacionados a telecomunicaciones.
Contradicción
La Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente que las entidades que brindan el servicio de transporte tienen que tener un objeto único. De hecho, para la constitución de estas empresas, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solicita un informe de constitución previa, en donde se establece como actividad única la prestación de servicios de transporte público en sus diferentes modalidades.
Lo paradójico es que Easynet tiene otras 22 actividades adicionales, muy diferentes a la provisión de transporte.
A Kury le salió el tiro por la culata
Ante los primeros cuestionamientos, en octubre de 2024, Kury consultó a la Procuraduría -tal como reza en el informe de auditoría de 2025 de Easynet S.A.- si la mencionada sociedad anónima es una empresa subsidiaria de la CNT. Esto, con la finalidad de que la Procuraduría determine si Easynet estaba o no bajo el paraguas de normativo de la contratación pública.
Pero Kury se llevó una sorpresa, pues, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Compañías que emita el criterio jurídico. Y, en noviembre de 2024, esta entidad concluye que, en efecto, Easynet S.A. “no se constituye en empresa subsidiaria de CNT EP”.
Pero, en enero de 2025, mediante Oficio No. 10168, Juan Carlos Larrea, procurador del Estado amplía la respuesta a Kury. Reconoce que, si bien Easynet no es una empresa subsidiaria de CNT, los asuntos societarios deben sujetarse a la Ley de Compañías, pero al mismo tiempo le recuerda que dicha sociedad anónima debe sujetarse a la Ley de Empresas Públicas, es decir, al régimen de contratación y por ende, al control de la Contraloría.
A pesar de ello, Easynet seguiría manejándose como una sociedad anónima, pues, no tiene procesos de contratación vigentes actualmente en el Sercop, pese a que su dueña es CNT. Esta dinámica ocurre incluso, tras la salida de Kury de la gerencia de la holding estatal.
Radio Pichincha consultó con la Contraloría sobre el Plan Anual de Control 2026, para determinar si Easynet estaba bajo el radar de control y monitoreo. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
También pedimos una versión a Easynet y CNT sobre todas estas observaciones detalladas en este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
.gif)
