Solo falta que el Consejo de la Judicatura realice el trámite administrativo para que se concrete el regreso del juez. A través de sus red...
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La Asamblea aprobó la reforma al Cootad que obliga a los GAD a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obra pública, pero la nueva definición excluye varios servicios sociales y de salud, que pasarán a ser considerados gasto corriente.
Con un mínimo de 77 votos, la Asamblea Nacional del Ecuador dio luz verde a la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, una norma enviada por el Ejecutivo y tramitada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa.
Así el Ejecutivo reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para establecer una regla fiscal rígida: los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.
Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%.
Según el bloque oficialista, la intención es frenar el crecimiento del gasto corriente —especialmente en su componente burocrático— y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura básica y servicios esenciales, como:
Agua potable
Saneamiento
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Vialidad urbana.
La ponente del proyecto, Valentina Centeno, sostuvo que la reforma “hace justicia con los recursos públicos” y que ahora corresponde fiscalizar que el dinero se invierta en cerrar brechas históricas. También anticipó que defenderán la ley ante eventuales demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.
Sin embargo, la discusión no se limita a porcentajes. El núcleo del conflicto radica en la reclasificación de qué se considera inversión. Bajo la nueva lógica, varias actividades sociales y de salud que hoy se contabilizan como inversión pasarían a ser catalogadas como gasto corriente, lo que reduce el margen para financiarlas si los gobiernos locales deben cumplir estrictamente con el 70% en obra física.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, detalló que el Municipio recibe en promedio USD 370 millones anuales del Presupuesto General del Estado y genera otros USD 370 millones por ingresos propios, lo que suma cerca de USD 740 millones. Según explicó, el 100% de las transferencias estatales ya se destina a inversión, mientras que los ingresos propios cubren el funcionamiento institucional.
“Nosotros no invertimos el 70%, sino el 100 % y hasta más de todo lo que nos destina el Gobierno cada año”, afirmó. Para Muñoz, el problema no es la meta porcentual, sino la redefinición de inversión, que —a su juicio— restringe la autonomía financiera de los GAD y concentra en el Ejecutivo la capacidad de decidir qué rubros califican.
Advirtió que la eliminación de las partidas 71 (personal para inversión) y 78 (transferencias sociales) impediría financiar:
Sueldos de servidores sociales
Actividades extracurriculares
Parte del subsidio al transporte municipal: Metro, Trole y Ecovía.
Personal de servicios, obras y bienes de empresas municipales
El programa Quito Wawas
Parroquias rurales
Becas
Fonquito
Fondos culturales
Programas escolares.
Efectos a la Prefectura de Pichincha
Desde la Prefectura de Pichincha, Paola Pabón sostuvo que la reforma retiraría alrededor de USD 1.000 millones a los GAD para concentrarlos en el Ejecutivo. Calificó la norma como inconstitucional y señaló que la modificación del artículo 198 del Cootad altera la clasificación del gasto y complica el cumplimiento de la regla fiscal del 70% para inversión y 30% para gasto corriente.
En el caso de Pichincha, estimó una afectación cercana a USD 50 millones si la ley rige, con riesgos para programas como Warmi Pichincha, Pichincha Humana y las escuelas deportivas.
En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora advirtió que la nueva regla obligaría a cerrar o reducir programas sociales para evitar sanciones. Explicó que iniciativas de atención a mujeres víctimas de violencia, apoyo a niños en situación vulnerable, servicios de salud mental o incluso el funcionamiento de la Guardia Ciudadana pasarían a contabilizarse como gasto corriente.
Además, alertó sobre penalidades que reducirían transferencias del 21% al 15% y del 10% al 5% en ingresos permanentes y no permanentes, lo que —según dijo— se traducirá en menor recursos para los territorios.
La prefecta de Pichincha Paola Pabón envió un mensaje esperanzador a los usuarios de los programas sociales y aseguró que se mantendrán los servicios médicos.
A diario, cientos de personas en situación de vulnerabilidad llegan a los 11 centros de salud de “Pichincha Humana” para obtener turnos con médicos especialistas o realizarse exámenes. Estos espacios se han convertido en una alternativa fundamental ante la limitada presencia del Estado en el sector de la salud, evidenciada en la falta de presupuesto, medicamentos, insumos, equipos y profesionales en hospitales y unidades médicas.
Sandra Noboa es usuaria de los servicios de salud de la Prefectura de Pichincha desde hace dos años. Relata que llegó con problemas de columna y escasa movilidad en las piernas; sin embargo, tras recibir 12 atenciones, volvió a caminar.
Para Noboa, estos centros son esenciales porque ofrecen atención especializada a bajo costo.
“Por fuera, esta misma terapia me cuesta USD 45 y acá USD 8”, comentó.
También destacó la calidad del servicio y la alta demanda.
“Se ve que es muy bueno; si no fuese así, no habría tanta cola”, remarcó.
Pedido al Gobierno
Mónica Medina, paciente desde hace tres años, instó al Gobierno a dejar de lado la politiquería y permitir que las prefecturas mantengan los servicios de salud.
Olga Chamorro, auxiliar en enfermería, trabaja en en el Gobierno Provincial desde hace 18 años. Ha sido testigo del crecimiento del sistema de atención, que inicialmente llegó a las parroquias rurales mediante ferias de salud y que hoy cuenta con infraestructura propia en sus 11 centros.
Chamorro explicó que la demanda aumentó tras la pandemia, cuando Pichincha Humana brindó apoyo en vacunación y detección del COVID-19.
“A partir de ahí, Pichincha amplió los beneficios (…). Tenemos bastante demanda. Llegan pacientes de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la red de salud pública que no son atendidos en sus hospitales”, señaló.
Para personas vulnerables
Kenia Maigua, presidenta de Pichincha Humana, afirmó que estos centros constituyen una opción indispensable para la población más vulnerable, que no puede acceder a especialistas debido a los altos costos del sector privado.
“Aquí la consulta médica general está en USD 4; con un especialista es USD 8,50 (…) Nuestra demanda se incrementó desde el 2019”, detalló.
Maigua indicó que, en 2025, más de 300.000 personas acudieron a los 11 centros de salud y más de 50.000 se beneficiaron de las ferias médicas en territorios rurales.
La funcionaria advirtió que todo este sistema se verá afectado tras la aprobación de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
“A nivel de toda la provincia, los 11 cerrarían completamente y la población ya no tendría acceso a nuestros servicios”, puntualizó.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios de los programas sociales.
“¡Resistiremos! Nuestros programas de atención social van a seguir funcionando. Hemos resistido tres gobiernos neoliberales y esta no será la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañados de los usuarios de los programas sociales; esto no termina”, afirmó.
Diana Davila
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles, lo que reconfigura la política comercial de Washington y pone en pausa decisiones para Ecuador.
La política comercial de Estados Unidos dio un giro abrupto este viernes 20 de febrero de 2026.
La Corte Suprema de ese país declaró ilegal el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) para imponer aranceles globales, una herramienta que el presidente Donald Trump había utilizado para fijar sobretasas “recíprocas” a casi todos sus socios comerciales, incluido Ecuador.
¿Se cae la sobretasa del 15%?
Para Ecuador, el efecto inmediato podría ser la suspensión o eliminación de ese recargo, aunque el escenario no está completamente despejado.
El exministro de Producción y Comercio Exterior Daniel Legarda en diálogo con el Universo, advirtió que Washington buscará otras vías legales para mantener instrumentos arancelarios, posiblemente recurriendo a secciones como la 232 o la 301, que sí contemplan gravámenes, pero con mayor control legislativo.
“Las opciones serán más limitadas y requerirán mayor involucramiento del Congreso”, sostiene Legarda. A su juicio, la incertidumbre seguirá marcando la política comercial estadounidense en los próximos meses.
Desde otra perspectiva, el analista económico Alberto Acosta consideró que el impacto del fallo es inmediato.
Señaló que Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares recaudados bajo estos aranceles -más de USD 133.000 millones hasta diciembre de 2025- si prosperan las demandas empresariales.
Además, prevé una caída de la tasa arancelaria efectiva mientras el Ejecutivo redefine su estrategia.
“No es el fin del proteccionismo, pero sí un golpe directo al instrumento de coerción”, afirmó.
Tras conocerse la sentencia, Trump calificó el fallo como “profundamente decepcionante” y anunció su intención de imponer un nuevo arancel global del 10%, asegurando que cuenta con “alternativas muy poderosas” para sostener su agenda comercial.
Para Ecuador, el escenario combina alivio potencial e incertidumbre estratégica. La caída de la sobretasa al 10% abarataría el ingreso de productos como flores, banano, cacao y manufacturas. Pero la volatilidad normativa en Washington obliga a actuar con cautela.
¿El ART entra en zona gris?
La decisión judicial también reconfigura el debate sobre el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que Ecuador y Estados Unidos prevén firmar en las próximas semanas.
El acuerdo contemplaba eliminar sobretasas para 130 productos adicionales, que se sumarían a los 104 que ya habían sido exceptuados.
Sin embargo, con la herramienta arancelaria declarada ilegal, la urgencia política del tratado cambia.
Para Acosta, Ecuador debería pausar la firma hasta que se aclare el nuevo marco legal en Washington.
A su criterio, firmar ahora implicaría ceder acceso estructural al mercado ecuatoriano a cambio de un problema que la propia justicia estadounidense acaba de desactivar.
Además, considera que se abre una ventana para exigir la inclusión de productos estratégicos que quedaron fuera del ART, como camarón, atún y brócoli, que en conjunto superan los USD 2.200 millones en exportaciones anuales hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Trabajo publicó un acuerdo ministerial que permite crear un “banco de horas” que permitirá jornadas móviles y pondrá el tiempo del trabajador a disposición del empleador.
El Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2026-046, suscrito el 18 de febrero de 2026 por el Ministerio del Trabajo, introduce en la normativa ecuatoriana un sistema de cómputo de“horas efectivamente trabajadas” que, según especialistas, configura un banco de horas.
Aunque el límite legal de 40 horas semanales se mantiene, la forma de distribuirlas y compensarlas cambia. Y con ello, el eje del debate: por primera vez de forma expresa, un trabajador podría quedar debiendo horas al empleador.
¿Cómo funciona el banco de horas?
El artículo 8 permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de cinco días .
El artículo 9 autoriza implementar un sistema de registro contable de “horas efectivamente trabajadas”, que podrán acumularse o compensarse posteriormente .
En este esquema:
No hay recargos si no se superan las 40 horas semanales.
El empleador puede llevar un control acumulativo del tiempo trabajado.
Las horas pueden redistribuirse dentro de la semana o incluso compensarse después.
La norma señala que este mecanismo no puede implicar renuncia de derechos mínimos . Sin embargo, su aplicación práctica es lo que genera preocupación.
El punto crítico: la “deuda de horas”
Para la abogada laboralista Angie Toapanta, el cambio más sensible no es solo la redistribución de la jornada, sino la posibilidad de generar una deuda de tiempo.
“El trabajador podría, por ejemplo, no completar las 40 horas a la semana y en ese caso tendría una deuda de horas con el empleador que se podría cubrir la siguiente semana o el siguiente mes sin recargo.”
Esto implica un giro en la lógica tradicional del derecho laboral. Históricamente, cuando un trabajador excede la jornada, el empleador paga recargos.
Con el banco de horas, si el trabajador no alcanza las 40 horas en determinado período, podría quedar obligado a compensarlas después. Según Toapanta:
“Eso queda a disposición del empleador, y la persona trabajadora no tendría mucho poder de decisión.”
Jornadas móviles y disponibilidad permanente
El banco de horas no solo permite acumulación, sino también fragmentación.
“Si es que puede trabajar 5 horas en la mañana, 5 en la tarde y 2 en la noche, eso podría ser plenamente factible y cambiar día tras día y semana tras semana.”
En este modelo, el tiempo del trabajador queda sujeto al llamado del empleador. Aunque no se superen las 40 horas semanales, la organización diaria puede variar constantemente.
El impacto no sería solo salarial, sino en la vida personal:
“Más allá de los pagos, genera un efecto hacia la vida de las personas trabajadoras, quienes ya no podrán organizar el tiempo por fuera del trabajo, ya que todo ese tiempo va a estar a disposición del empleador.”
El argumento del “mutuo consentimiento”
El acuerdo señala que el banco de horas solo puede aplicarse por consentimiento libre, expreso y voluntario, mediante contrato o adenda.
No requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo; basta el acuerdo individual.
Aquí surge el debate central: si en una relación laboral subordinada existe verdadera capacidad de negociación.
¿Está vigente el acuerdo?
Aunque el ministro ha señalado que el acuerdo no estaría vigente, el texto fue suscrito el 18 de febrero de 2026 y establece que rige desde su firma. Jurídicamente, mientras no exista derogatoria expresa, es decir, la norma puede aplicarse.
Sofía Montoya
La propuesta del Ejecutivo busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para que los municipios y prefecturas destinen el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.
Con 77 votos a favor, la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En la sesión estuvieron presentes 150 asambleístas al momento de la votación.
La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%. Sin embargo, los gobiernos seccionales cuestionan esta propuesta. Señalan que estarían perdiendo autonomía y pondría en riesgo varios proyectos y programas sociales, cuyos rubros, en parte, están dentro del gasto corriente.
Horas antes, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) y ex aliados del oficialismo anunciaron su rechazo y su voto en contra a la reforma al Cootad. Argumentaron que esta norma afectaba la autonomía de los GAD, su presupuesto y programas sociales.
Así fue el debate
13:35 | “Este proyecto de ley es como un 3% más de IVA; es un impuesto más”
Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que el contenido del proyecto de ley no guarda coherencia con su supuesto objetivo. Advirtió que los parámetros previstos para su cumplimiento podrían convertir a los GAD en sujetos de sanciones.
Sostuvo que la iniciativa contraviene el artículo 271 de la Constitución, que establece los valores mínimos que deben transferirse a los gobiernos autónomos descentralizados, y cuestionó: “¿Cómo una ley puede estar por encima de lo que dispone la Constitución?”. No obstante, reconoció que existen municipios y prefecturas que no invierten adecuadamente sus recursos.
Como ejemplo, señaló que los municipios y la prefectura de la provincia de Santa Elena reciben alrededor de USD 60 millones y que, con la aplicación de la norma, ese monto podría reducirse a USD 43 millones. Coincidió en que la reforma implicaría una disminución cercana a USD 1.000 millones para municipios y prefecturas a escala nacional.
“Este proyecto de ley es como un 3% más de IVA; es un impuesto para los ciudadanos”, afirmó.
A su criterio, lo que debería impulsarse es la destitución de autoridades que incumplen con la ejecución presupuestaria en obras, y no un mecanismo que, si la institución no cumple, termine reduciendo recursos que afectan directamente a la población. También cuestionó el destino de los fondos recortados y advirtió que podrían quedarse en las arcas del Gobierno Central “y ya sabemos cómo funciona eso”.
Con estas declaraciones, el PSC ratificó su rechazo y su voto en contra de la reforma a los GAD.
13:22 | ¿Y los independientes?
Pablo Jurado, asambleísta independiente, sostuvo que desde el Ejecutivo se respalda únicamente a quienes son afines al Gobierno. No obstante, consideró que la propuesta puede convertirse en un punto de partida para una transformación estructural y señaló que “todo se puede ir perfeccionando” en el camino.
Añadió que en varios ámbitos es necesario dar pasos hacia adelante y expresó su respaldo a la reforma impulsada por el presidente Daniel Noboa.
13:10 | “Esa norma es un atentado directo a la autonomía territorial”
Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, recalcó que miles de ciudadanos expresaron su rechazo al proyecto de ley y sostuvo que “esa norma es un atentado directo a la autonomía territorial”.
Señaló que la propuesta excluye rubros que sostienen programas sociales y advirtió que podría afectar empleo e ingresos. Según explicó, “el salto al 70% implicaría mover más de USD 130 millones”, lo que se traduciría en una reducción de la operación básica de los gobiernos locales.
Criticó que alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos locales solicitaron comparecer, pero no fueron recibidos en la comisión respectiva. Añadió que ya se advirtieron impactos concretos en programas sociales, inversión local y capacidad operativa. Frente a este escenario, informó que presentaron un informe de minoría en el que dejan constancia de que los vicios estructurales que atraviesa la norma ameritan su archivo.
12:50 | Partido Social Cristiano también cuestiona la reforma
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) sostiene que la narrativa gubernamental es engañosa. El socialcristiano aseguró que el cambio en los componentes del 70/30 implicará una merma anual cercana a los USD 1.000 millones para los GAD. El legislador advierte que, si un alcalde o prefecto no cumple con la nueva distribución, el Gobierno podría retener recursos provenientes de ingresos petroleros y tributarios.
“Se castiga a la población por la eventual ineficiencia de la autoridad”, señaló, marcando una línea roja para su bancada.
Desde este sector también se habla de presión financiera. Serrano menciona que existe inquietud en gobiernos seccionales y entre entidades que otorgan créditos a municipios, lo que habría intensificado el cabildeo interno en provincias para alinear a los asambleístas locales en contra de la iniciativa.
Serrano advirtió que, si un municipio o prefectura supera el límite de gasto corriente, la reducción de recursos podría alcanzar aproximadamente un 16% de sus rentas, afectando directamente a la población y no a la autoridad responsable.
Afirmó que la norma es de imposible cumplimiento. Señaló que, tras más de 200 años de República, todavía existen cantones sin acceso a agua potable y cuestionó: “¿Qué les hace pensar que con la aplicación de esta reforma va a cambiar todo?”.
Sostuvo que la ley termina sancionando a la población de ciudades, parroquias y barrios, cuando el pueblo no debería asumir las consecuencias de la gestión de determinadas autoridades locales. Además, advirtió que la propuesta otorga al Ministerio de Finanzas la facultad de determinar qué municipio o prefectura cumple o no con los porcentajes establecidos y, en función de ello, reducir sus asignaciones presupuestarias.
“De tal manera, es imposible que apoyemos esta reforma”, concluyó Serrano.
12:38 | Pachakutik votará en contra de la reforma al Cootad
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, cuestionó el fondo de la reforma y sostuvo que, a través de este tipo de iniciativas, se pretende modificar en la práctica el contenido de la Constitución. Recordó que otras leyes recientemente aprobadas ya enfrentan demandas de inconstitucionalidad y advirtió que esta propuesta podría seguir el mismo camino.
A su criterio, el proyecto no responde a una crisis inmediata que justifique su tratamiento. Señaló que afecta la autonomía política, económica y financiera de los GAD. Explicó que el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes que reciben los gobiernos locales se destinan a gestión de riesgos, desarrollo productivo, alcantarillado y otros programas sociales. Según dijo, en la práctica esos porcentajes podrían reducirse del 21% al 15% en ingresos permanentes y del 10% al 5% en no permanentes.
También alertó que la reforma incorpora un inciso que redefine qué partidas pueden contabilizarse como inversión, excluyendo los subgrupos presupuestarios 71 y 78.
El subgrupo 71 corresponde a la contratación de personal vinculado a proyectos de obra pública —como operadores, técnicos o mecánicos—.
El grupo 78 contempla transferencias y donaciones orientadas a inversión social.
Al no considerarse como inversión, advirtió, estos rubros dificultarían que los GAD cumplan los nuevos porcentajes progresivos exigidos: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% en 2028.
12:30 | Revolución Ciudadana rechaza reforma
El asambleísta de la RC, Diego Salas, advirtió que, en la práctica, la reforma podría terminar afectando la prestación de servicios básicos. Señaló que la propuesta no evalúa calidad ni resultados, sino únicamente porcentajes de ejecución. Cuestionó que, si un GAD no alcanza el 70% de asignación a inversión, se le pueda recortar el presupuesto.
Sostuvo que esto implicaría dejar sin brigadas a los adultos mayores y reducir servicios sociales. Recordó que el informe de minoría califica la norma como una “camisa de fuerza”: se exige mayor ejecución, pero se limitan equipos técnicos y componentes operativos necesarios para cumplirla.
También criticó que el Gobierno Central mantenga una deuda superior a USD 1.000 millones con los gobiernos locales. Añadió que, según los escenarios planteados, el recorte presupuestario podría superar los USD 950 millones, lo que afectaría presupuestos ya aprobados para este año, pese a que la obligación regiría de inmediato.
Reiteró que, según datos de la AME, los municipios dependen en gran medida de estas asignaciones, lo que impactaría especialmente a los cantones más pequeños. Además, cuestionó que las autoridades locales no hayan sido escuchadas y que se las haya excluido del debate en la Comisión de Desarrollo Económico.
“Esa madre, ese productor, ese niño, esa ambulancia no necesitan un porcentaje bonito; necesitan un Estado serio que no castigue a la ciudadanía. Por la seguridad y continuidad de los servicios básicos, esta reforma no puede aprobarse tal como está”, concluyó.
12:10 | Valentina Centeno defiende la reforma
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN) defendió el proyecto como un mecanismo para ordenar las finanzas locales sin reducir los presupuestos asignados ni alterar la regla constitucional de asignación mínima. Además, subrayó que, tras el primer debate realizado el 14 de febrero, se excluyó a las juntas parroquiales rurales, acogiendo el planteamiento del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopre).
Centeno también destacó que la reforma incorpora obligaciones de transparencia y rendición de cuentas trimestrales bajo el esquema 70/30. Según su explicación, el objetivo es asegurar que los recursos se orienten prioritariamente a infraestructura y servicios públicos.
Centeno sostuvo que uno de cada dos ecuatorianos no cuenta con acceso a alcantarillado. Señaló que las provincias más afectadas son Chimborazo, Guayas y Pichincha. En ese sentido, citó cifras del INEC y afirmó que la falta de servicios básicos incide en la desnutrición crónica infantil, debido al consumo de agua contaminada. Además, cuestionó que varias alcaldías prioricen conciertos y actividades de entretenimiento en lugar de invertir en obras esenciales.
También se refirió al gasto que calificó como excesivo. Según un reporte del Ministerio de Finanzas, los municipios destinan el 64% de su presupuesto al gasto corriente. En 2024, dijo, los GAD asignaron alrededor de USD 953 millones a este rubro. Además, mencionó cifras sobre remuneraciones y señaló que existen funcionarios en municipios que perciben salarios de hasta USD 4.500 mensuales, mientras otros superan los USD 2.000.
11:57 | Se instala la sesión en Samborondón
Cerca del medio día de este 20 de febrero se instaló la sesión con el siguiente orden del día:
El segundo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)
El primer debate de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
10:00 | Ciudadanos marchan en Samborondón contra la reforma al Cootad
Decenas de ciudadanos se concentraron la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 en la vía que conduce a la Universidad Ecotec, en Samborondón, para expresar su rechazo a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que será tratada en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Con pancartas y consignas como “No al manoseo de los recursos de los GAD”, “Fuera Noboa” y “No se permitirá el saqueo a los GAD”, los manifestantes cuestionaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, al considerar que afectaría la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.
En la protesta participaron también asambleístas, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de varias localidades del Guayas y de otras provincias.
El asambleísta Peña, expulsado de la Revolución Ciudadana y aliado al Gobierno, podría ser sentenciado a cinco años de prisión.
La audiencia de juzgamiento en el caso “Danubio”, en el que es procesado el asambleísta independiente y aliado al Gobierno, Sergio Peña, fue convocada por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil para el próximo 18 de marzo de 2026.
Peña, quien fue expulsado de la Revolución Ciudadana, podría enfrentar una condena de cinco años de prisión, por el delito de asociación ilícita.
El caso “Danubio” investiga una presunta red de corrupción dedicada a la venta de cargos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Según la Fiscalía, Peña habría gestionado cargos directivos en el Senae a cambio de pagos, que habrían alcanzado hasta los USD 3 millones.
Diferimientos constantes
Las investigaciones se iniciaron en 2021 y la primera convocatoria a la audiencia de juicio fue fijada para el 9 de noviembre de 2023, pero desde entonces el proceso ha registrado una serie de trabas que ha impedido que los procesados sean juzgados.
La audiencia de juzgamiento fue diferida en ocho ocasiones debido a distintos recursos y argumentos planteados por la defensa de los procesados.
Para garantizar que la novena convocatoria se instale, la jueza ponente Kelttya López Burgos dispuso que se oficie a la Defensoría Pública del Guayas para que asigne abogados a los ocho procesados.
Burgos advirtió que no se permitirán más dilaciones. “Se convoca a las partes procesales con antelación a la audiencia de juzgamiento, se les advierte que no se aceptará más dilataciones, como cambio de abogados a último momento, enfermedades de último momento, calamidades de último momento, etc”, resaltó en su providencia.
Peña alineado con ADN
Sergio Peña se alió al movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), desde el primer día en que se instaló la Asamblea Nacional, el 14 de mayo de 2025.
En la sesión inaugural, Peña votó con el Gobierno para la elección de las nuevas autoridades legislativas y desde entonces respalda los proyectos y mociones de iniciativa del oficialismo.
El 29 de mayo de 2025 el movimiento Revolución Ciudadana expulsó al legislador, quien se declaró independiente.
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