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Tras varios días de búsqueda y angustia, los familiares de los ocho jóvenes desaparecidos en Daule recibieron sus restos luego de que las autoridades concluyeran el proceso de identificación. Las autopsias determinaron que las víctimas fueron asesinadas con disparos.

Tras días de angustia e incertidumbre, los familiares de los ocho jóvenes desaparecidos en Daule finalmente recibieron sus restos la tarde de este jueves 4 de junio de 2025. El proceso de entrega se llevó a cabo en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, desde donde partió una masiva caravana fúnebre con destino al sector de La T de Daule, lugar de origen de las víctimas.

Un adiós marcado por el dolor y la exigencia de justicia

Pasadas las 18:30, los féretros abandonaron las instalaciones forenses luego de que Medicina Legal y la Fiscalía concluyeran las pericias de identificación. Horas antes, el coronel Galo Muñoz, comandante de la Zona 5 de la Policía, había confirmado que siete de los ocho cuerpos hallados en la vía Jujan-Babahoyo ya estaban plenamente identificados. Según el testimonio de los allegados, se espera que reciban santa sepultura este viernes en su localidad.

Los informes de las autopsias revelaron detalles cruentos sobre el crimen: las ocho víctimas fallecieron a causa de disparos de arma de fuego en el cráneo. Además, los expertos determinaron que los cuerpos tenían más de 48 horas de fallecidos al momento de su hallazgo el miércoles 3 de junio.

Las víctimas

El grupo estaba compuesto por jóvenes de entre 15 y 31 años, dedicados a actividades agrícolas, estudios y mecánica:

• Jeremy Castro López (23 años)
• Anthony Martínez (23 años)
• Juan Carlos Martínez (24 años)
• Ariel Vera (20 años)
• Jackson C. (17 años)
• Roy M. (15 años)
• Andy Sáenz (31 años)
• Ricardo Castro (28 años).

La pesadilla para estas familias comenzó el domingo 31 de mayo de 2026, cuando los ocho ciudadanos salieron en cuatro motocicletas desde Daule hacia Milagro para realizar un trámite relacionado con la compra de un vehículo. Tras perderse el contacto con ellos, sus familiares iniciaron intensas jornadas de búsqueda y protestas.

Finalmente, sus restos fueron localizados el 3 de junio dentro de sacos de yute a un costado de la carretera. La Policía Nacional señaló que el sitio del hallazgo es una escena secundaria, lo que implica que los jóvenes fueron asesinados en otro lugar y luego trasladados allí.

Aunque en el sitio se encontró un mensaje presuntamente atribuido a una organización delictiva, las autoridades mantienen la investigación bajo estricta reserva y aún no han definido una línea clara sobre los responsables materiales e intelectuales de este múltiple crimen.

La causa se originó tras un reporte de operaciones inusuales de la UAFE y derivó en allanamientos en cuatro provincias.

La jueza Silvana Velasco acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Blindaje.

Al fundamentar su decisión, la jueza Velasco concluyó que no era procedente aplicar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga de los procesados y que la medida resulta necesaria para garantizar su comparecencia durante el proceso penal.

La resolución fue emitida la tarde de este jueves 4 de junio de 2026, durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos.

Medidas cautelares para el alcalde y el resto de procesados

En esta diligencia, la jueza analizó exclusivamente las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, ya que la formulación de cargos corresponde únicamente al Ministerio Público, representado en este caso por la fiscal provincial de Pichincha y Galápagos, Alexandra Zurita.

Además de la prisión preventiva, la jueza acogió las medidas cautelares de carácter real solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la prohibición de enajenar bienes inmuebles, la retención e inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de transferencia de dominio de varios bienes identificados durante la investigación.

Según el abogado Gustavo García, quien ejerce la defensa del alcalde, estas disposiciones recaen sobre cuentas bancarias, vehículos e inmuebles que fueron individualizados por la Fiscalía.

La audiencia se desarrolló luego de los allanamientos realizados la madrugada del miércoles en Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos y Guayas, dentro de una investigación que se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La reserva

La Fiscalía informó que el caso permaneció bajo reserva judicial desde noviembre de 2025, medida que posteriormente fue prorrogada.

Tras la diligencia, García, abogado de Villacís y de otros tres procesados, cuestionó la decisión de solicitar prisión preventiva.

Sostuvo que la Fiscalía no presentó elementos de convicción suficientes para justificar que los investigados representen un riesgo de fuga o que puedan obstaculizar la investigación, requisitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) para la aplicación de esta medida cautelar.

El jurista también criticó la reserva de la investigación. Explicó que la causa permaneció reservada durante 180 días y que, al cumplirse ese plazo, la Fiscalía solicitó una ampliación de 30 días adicionales.

Sin embargo, señaló que la formulación de cargos se adelantó al 3 de junio, por lo que la propia Fiscalía pidió levantar la reserva.

A criterio de García, durante casi siete meses los investigados no tuvieron conocimiento formal de las diligencias realizadas ni la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Asimismo, sostuvo que el expediente contiene informes de la UAFE y de instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y registros de propiedad, pero aseguró que no existen peritajes que permitan sustentar las acusaciones de lavado de activos.

“Lo que tiene la Fiscalía son indicios y conjeturas, no elementos de convicción”, manifestó.

Respecto al origen de los recursos investigados, García reiteró que los fondos provendrían de pagos ordenados judicialmente a favor de trabajadores de Petroecuador.

Procedencia del dinero

Según explicó García, alrededor de 100 empleados obtuvieron aproximadamente USD 15 millones mediante acciones de protección y parte de esos recursos fue destinada al pago de honorarios profesionales de los abogados que participaron en esos procesos, entre ellos Villacís.

El abogado insistió en que el delito de lavado de activos exige demostrar el origen ilícito de los recursos y argumentó que resulta incompatible sostener esa acusación cuando el dinero proviene de pagos ejecutados mediante resoluciones judiciales.

Añadió que, si existieran irregularidades en la obtención de dichas sentencias, correspondería investigar otros posibles delitos, pero no necesariamente lavado de activos.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, expuso que esta investigación fue desarrollada durante 12 meses por la Fiscalía, la Policía Nacional y la UAFE, período en el que se identificó una presunta estructura que habría movilizado aproximadamente USD 15 millones mediante empresas vinculadas y operaciones financieras complejas.

Los procesados

• Vicko Alfredo Villacís Tenorio: alcalde de Esmeraldas.
• Luis Jheovanny Reyna Tenorio: señalado por Fiscalía como beneficiario de recursos relacionados con una acción de protección vinculada a trabajadores de Petroecuador. La jueza pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que atienda su enfermedad catastrófica (cáncer).
• Juan Alberto Lastre Castillo: abogado patrocinador de una acción de protección mencionada en la investigación.
• Diego Geovanny Montaño Tenorio: ayudante judicial de la Unidad Judicial de Atacames.
• Carol Zuleyka Lemos Hurtado: funcionaria del Municipio de Esmeraldas y vinculada a una organización no gubernamental.
• Jonathan Geovanny Monte Baguí: técnico de ventanilla de la Unidad Judicial de Atacames.
• Jorge Bolívar Pinos Galindo: juez de Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas. Aunque su defensa pidió que se lo envié a la Cárcel 4, la jueza consideró que el SNAI debe decidir.
• Kleber Andrés Salcedo Tomalá: exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames.

La filtración de un audio de la exministra Inés Manzano reavivó la controversia por el caso Progen al revelar una presunta coordinación con la asambleísta Diana Jácome para frenar la fiscalización legislativa. El contenido abrió interrogantes sobre un posible tráfico de influencias.

La reciente filtración de una grabación de la exministra de Energía, Inés Manzano, puso bajo sospecha una presunta estrategia de coordinación con la asambleísta de ADN, Diana Jácome, para evadir el control legislativo sobre los fallidos contratos con la empresa Progen.

Esta “estrategia” habría permitido a la Comisión de Transparencia, presidida por Jácome, arrebatar la competencia de fiscalización a otras mesas lideradas por la oposición, neutralizando así el primer intento de juicio político por irregularidades en contratos eléctricos que superan los USD 100 millones.

¿Se configuró el delito de tráfico de influencias?

La punto de análisis radica en si esta interacción entre la legisladora y la exfuncionaria constituye un presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La sospecha se fortalece al observar una correlación directa entre lo sugerido en el audio y la realidad legislativa: la Comisión de Garantías Constitucionales intentó investigar el caso en junio de 2025, pero su intención fue bloqueada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para derivar el proceso a la comisión controlada por el oficialismo.

Además, la instrucción, según el audio revelado, de que las comparecencias fueran “escuetas” parece haberse ejecutado con precisión. Durante las sesiones, funcionarios como el viceministro Fabián Calero evitaron profundizar en las irregularidades de los contratos, centrándose en generalidades sobre la crisis energética.

Este proceso culminó el 19 de diciembre de 2025 con un informe que no estableció responsabilidades políticas contra los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, cumpliendo al pie de la letra la estrategia de “sepultar” la fiscalización.

La respuesta oficial: entre la evasión y la amenaza

Frente a la gravedad de los señalamientos, la defensa de Diana Jácome careció de argumentos técnicos o aclaraciones contundentes. Este 3 de junio de 2026, la legisladora se limitó a señalar que en el material difundido no aparece su voz ni mensajes de texto de su autoría, calificando la grabación como una “conversación de terceros”.

No obstante, durante su comparecencia ante los medios, se mostró visiblemente nerviosa e insegura, optando por el ataque personal en lugar de las explicaciones técnicas. En lugar de esclarecer los hechos, Jácome utilizó una retórica hostil contra la oposición, tildando de “delincuentes” a los asambleístas de la Revolución Ciudadana y cerrando su intervención con una amenaza política directa: “vayan y compren la pijama naranja”.

Esta actitud fue interpretada como un intento de victimización para desviar la atención de las pruebas que sugieren una trama de impunidad diseñada desde el seno de la Asamblea Nacional.

Diana Jácome ofrece respuestas escuetas sobre el presunto blindaje a Inés Manzano en el caso Progen y responde con amenazas a la oposición

Acciones legales y el fantasma de otros casos

El paralelismo con el denominado “Caso Ligados” es inevitable. En ese caso son procesados consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por una supuesta red de asociación ilícita.En aquel proceso, la Fiscalía allanó oficinas e incautó teléfonos celulares para recabar pruebas de asociación ilícita.

Ahora, ante la evidencia de una posible coordinación para blindar a funcionarios públicos, surge la interrogante de si la justicia actuará con la misma celeridad en este caso, solicitando la incautación de los dispositivos electrónicos de Manzano y Jácome para verificar la existencia de chats o instrucciones directas.

Mientras tanto, la oposición anunció que presentará denuncias ante el Comité de Ética y el CAL por el vínculo de los legisladores de ADN con el Gobierno para frenar el control político. Pese a los intentos de bloqueo, el proceso de fiscalización tomó un nuevo impulso con la calificación de un juicio político contra Manzano por presunto incumplimiento de funciones, un trámite que el oficialismo intentó declarar “cerrado” prematuramente.

Un informe pericial incorporado al expediente del caso Sinohydro, por presunto cohecho, detalla transacciones realizadas desde empresas vinculadas a Conto Patiño.

En el expediente fiscal del caso Sinohydro consta, como anexo, un informe elaborado por la perita economista Annabeleé Arellano, en el que se detallan cientos de operaciones financieras y transferencias bancarias realizadas desde cuentas vinculadas a empresas de Conto Patiño, amigo del expresidente Lenín Moreno. Las transacciones sumarían más de USD 5,6 millones.

Parte de esos movimientos económicos habrían beneficiado a miembros de la Iglesia, a una aseguradora, fundaciones, una empresa maderera y personas naturales que no fueron incluidas dentro de la causa impulsada por la Fiscalía.

Las transferencias y pagos se habrían realizado desde las cuentas relacionadas con Comercial Recorsa, una de las compañías vinculadas a Conto Patiño, la cual habría sido usada para canalizar pagos ilícitos provenientes de la empresa china Sinohydro.

De acuerdo con el informe al que accedió Radio Pichincha, estos son los presuntos beneficiarios de esos pagos:

• Sacerdotes, curas y representantes religiosos.
• Instituciones vinculadas a la Iglesia Católica.
• Fundaciones y organizaciones privadas.
• Aseguradoras.
• Empresas madereras.
• Personas naturales y jurídicas que recibieron transferencias y cobro de cheques.

Entre los beneficiarios que constan en la lista de 587 transacciones ejecutadas figuran el exarzobispo de Quito, Fausto Trávez; monseñor Mario Ruiz, arzobispo emérito de Portoviejo (fallecido en 2020); las Madres Siervas de María; la Fundación Colegio Americano de Quito; la Fundación Casa del Sagrado Corazón; la Fundación Irfeyal; la Fundación Zoológica del Ecuador; Aseguradora del Sur; Industria Maderera Ecuatoriana; el Colegio Menor; además de otras personas naturales y jurídicas.

De ese listado se observa que la transacción de mayor valor corresponde a Sinohydroon (nombre que aparece escrito en el listado), por más de USD 1,3 millones, realizada el 8 de julio de 2015.

Le sigue Valley Vient Bussines, con USD 300.000. Posteriormente se registra una transacción a Fausto Trávez por USD 200.000, efectuada el 18 de marzo de 2014, así como a la Fundación Irfeyal por USD 200.000 y a Pakakunaga Cía. Ltda. por USD 100.000.

También consta Young Min Chun con USD 100.000, además de una transacción por USD 100.000 bajo el nombre Fundación Sagrado Corazón.

Asimismo, se identifican transacciones dirigidas a sacerdotes con montos que van desde USD 25.000, USD 30.000 y USD 50.000. Este último valor, por ejemplo, fue recibido en una de sus operaciones por el Padre Ángel Marquina. Sin embargo, el más frecuente en las operaciones era Mons. Mario Ruiz.

Pedidos de información

Radio Pichincha realizó 10 pedidos de información tras localizar los contactos de las personas naturales y jurídicas mencionadas en este reportaje que habrían recibido montos significativos de empresas vinculadas a Conto Patiño. Hasta el cierre de este trabajo respondieron tres entidades: la Arquidiócesis de Quito, las Madres Siervas de María y el Colegio Menor.

En el caso de Sinohydroon, que según el informe recibió el monto más alto, no fue posible obtener una versión. Una búsqueda en los registros de la Superintendencia de Compañías no arrojó resultados con ese nombre.

Una situación similar ocurrió con Valley Vient Bussines, Pakakunaga Cía. Ltda. y Young Min Chun. Si bien se encontraron registros con denominaciones parecidas, ninguno coincidía exactamente con los nombres que constan en el informe pericial.

La Arquidiócesis de Quito respondió a través de José Colmenárez, delegado de Comunicación. En su contestación señaló que monseñor Alfredo José Espinoza Mateus ejerce las funciones de arzobispo de Quito desde el 2 de mayo de 2019.

La institución fue consultada sobre la existencia de archivos o información relacionada con las transferencias mencionadas en el informe, particularmente aquellas vinculadas con el exarzobispo Fausto Trávez. Sin embargo, la respuesta indicó que Espinoza “no tuvo participación ni conocimiento directo de los hechos y transferencias a los que hace referencia su comunicación, los cuales, según la documentación adjunta, habrían ocurrido con anterioridad a su designación como Arzobispo de Quito”.

La Arquidiócesis añadió que, por ese motivo, no le es posible pronunciarse sobre hechos respecto de los cuales no tuvo intervención alguna. No obstante, señaló que “sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra disposición para colaborar con cualquier requerimiento de información que se encuentre dentro de nuestras competencias y posibilidades institucionales”.

Madres Siervas de María reconocen “donación”

Sor Yesenia Perea, actual superiora de la Comunidad de Siervas de María en Quito, señaló que, tras revisar los archivos correspondientes a 2013, año al que se hace referencia en el pedido de información realizado por Radio Pichincha, constató que “efectivamente en el mes de julio de dicho año consta que hemos recibido una generosa donación de USD 20.000 por parte del señor Conto Patiño para el mantenimiento de la casa”.

A través de un correo electrónico, indicó que desconoce el motivo de dicha donación. No obstante, facilitó el contacto de la madre Diana Taborda, quien se desempeñaba como superiora en 2013. Radio Pichincha también dirigió un pedido de información a Taborda y se encuentra a la espera de una respuesta.

Por su parte, el Colegio Menor también respondió al requerimiento de información. Mónica Chiriboga, directora general de la institución, evitó pronunciarse sobre el tema.

La directiva señaló que “siendo que estos datos se encontrarían dentro de un proceso penal, no podemos pronunciarnos sobre los mismos, al desconocer a quien pueden referirse con detalle y razón”. Añadió que “por esta razón, el canal idóneo para su investigación, sería el propio expediente fiscal”.

¿Cuándo se reveló la información?

El tema salió a relucir durante el primer día de la audiencia de juicio del caso Sinohydro por el presunto delito de cohecho, el 11 de mayo de 2026.

En esa jornada, el abogado José Molina Gallegos, defensor de Eduardo Carmigniani Valencia, expuso sus alegatos iniciales y reveló que Conto Patiño realizó cientos de operaciones financieras y transferencias bancarias a favor de personas naturales y jurídicas.

Según señaló, muchas de ellas estarían vinculadas con la Iglesia Católica y no fueron procesadas penalmente por la Fiscalía.

Tras la diligencia, Molina sostuvo que el caso refleja una “imputación selectiva” y cuestionó los criterios utilizados para determinar quiénes fueron incluidos en el proceso penal.

En entrevista con Radio Pichincha, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a la legalidad de los pagos efectuados a instituciones religiosas o privadas, sino a la forma en que se formularon los cargos.

“Yo no estoy cuestionando que la Iglesia lo haya hecho o haya recibido en forma indebida. Lo que digo es por qué para unos el recibir un recurso en una cuenta constituye una infracción y para otros no; tenemos que ser iguales para todos”, manifestó el jurista.

Reiteró que, a su criterio, existe una “imputación selectiva” en este caso, pues considera que la formulación de cargos no se realizó con la debida objetividad al momento de determinar quiénes debían ser procesados.

Molina también sostuvo que la existencia de transferencias o pagos no constituye automáticamente el delito de cohecho. En ese sentido, argumentó que para configurar esa infracción debe existir la entrega de una dádiva o soborno a cambio de un beneficio específico.

“El hecho de recibir dinero en una cuenta producto de una transacción no puede constituir cohecho. El cohecho significa entregar una dádiva, un soborno a cambio de un determinado servicio, lo que evidentemente no ha sucedido”, afirmó.

Además, cuestionó que existan personas e instituciones que recibieron recursos desde las mismas cuentas investigadas, pero que no fueron procesadas dentro de esta causa.

El total de dinero entregado mediante las operaciones analizadas dentro de la pericia ascendería a más de USD 5,6 millones.

El informe pericial consta en los anexos del expediente

Molina explicó que toda esta información consta dentro de los anexos del expediente fiscal y no corresponde a documentación nueva presentada durante el juicio.

El documento mencionado en audiencia corresponde al anexo denominado “Beneficiarios de transferencias enviadas y pago de cheques de las cuentas bancarias de las compañías Comercial Recorsa C.A.”, elaborado por la perito economista Annabeleé Arellano dentro de la investigación fiscal.

Según lo expuesto por el abogado a Radio Pichincha, el informe pericial consta en los anexos incorporados al expediente de Fiscalía entre las fojas 13.000 a más de 14.200 y desde las fojas 21.000 a 25.000.

De acuerdo con Molina, en dichas pericias aparecen más de 100 personas e instituciones que habrían recibido recursos mediante aproximadamente 587 transacciones.

“Eso sabe Fiscalía desde hace mucho tiempo. Fiscalía cuenta con una pericia contable en la cual se demostró claramente, no ahora, desde la época de la instrucción fiscal, que existían estos pagos”, sostuvo.

El esquema expuesto por Fiscalía

Durante su alegato inicial, el fiscal Carlos Leonardo Alarcón sostuvo que Comercial Recorsa y Recorsa S.A., compañías vinculadas a Conto Patiño, habrían sido utilizadas como estructuras para canalizar pagos ilícitos provenientes de la empresa china Sinohydro.

La compañía china habría transferido aproximadamente USD 76 millones para asegurar el financiamiento y la ejecución de la obra, monto equivalente al 4% del contrato adjudicado para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Según la Fiscalía, los recursos habrían sido distribuidos mediante un esquema de presuntos sobornos que involucró al núcleo familiar de Moreno y Patiño, además de funcionarios públicos, abogados, diplomáticos chinos y representantes de Sinohydro.

Respecto al núcleo familiar de Patiño, el fiscal expuso que habrían recibido más de USD 58,8 millones a través de cuentas personales, corporativas y compañías nacionales e internacionales.

Sin embargo, la defensa de Carmigniani sostiene que dentro del mismo expediente fiscal existen otros pagos y transferencias que no fueron considerados dentro de la acusación penal.

La demanda de Celec presentada en Estados Unidos sostiene que autoridades ecuatorianas recibieron alertas técnicas sobre los motores ofertados semanas antes de adjudicar los proyectos de Salitral y Quevedo.

La demanda enmendada presentada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ante una corte de Florida sumó un nuevo capítulo al caso Progen y expone que el Gobierno ecuatoriano habría recibido advertencias formales sobre presuntas inconsistencias técnicas de la oferta antes de firmar los contratos emergentes para enfrentar la crisis eléctrica.

Según Diario Expreso, el documento judicial, ingresado el 2 de junio de 2026, la empresa estadounidense Progen Industries basó parte de su propuesta en la utilización de motores relacionados con la tecnología EMD, fabricada por Caterpillar.

Sin embargo, el distribuidor exclusivo de esa marca para Ecuador comunicó oficialmente que no mantenía ninguna relación comercial con Progen y que tampoco existían registros de que esa firma hubiera adquirido o instalado motores EMD en sus equipos.

La acusación de Celec, respaldada por el denominado “Anexo L”, sostiene que Resource Power Group (RPG), representante autorizado de EMD en la región, remitió comunicaciones en julio de 2024 al entonces gerente de Termopichincha, Byron Orozco, y al entonces ministro de Energía, Antonio Gonçalves, alertando sobre las inconsistencias.

De acuerdo con esas cartas, Progen nunca había comprado motores EMD y, además, el modelo EMD 645 ofertado para generación eléctrica dejó de ensamblarse para ese tipo de aplicaciones en 2015. RPG también advirtió que el uso de combustible pesado (HFO) ofrecido por la empresa no contaba con certificación del fabricante.

La respuesta de Progen

La documentación incorporada al proceso revela que, tras recibir las observaciones, Byron Orozco solicitó explicaciones al presidente de Progen, Andrew Williamson.

En su respuesta, Williamson habría reconocido que los equipos ofertados no utilizaban motores EMD, sino una supuesta marca propia denominada “Progen”, para la cual remitió una patente notariada.

Además, aseguró que la empresa no tenía ninguna relación con EMD ni con RPG y que lo ofertado correspondía a un sistema de inyección capaz de operar con combustible HFO.

Pese a estas aclaraciones y a las alertas técnicas recibidas, los contratos fueron suscritos el 2 de agosto de 2024. Según la demanda, Celec terminó transfiriendo USD 107,37 millones a una cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama.

La tesis del “maquillaje” de motores usados

Uno de los aspectos más delicados de la demanda presentada en Estados Unidos es la descripción de la presunta adquisición de equipos usados para cumplir los contratos.

Celec sostiene que, una vez recibido el dinero, Progen compró 21 motores antiguos a la empresa Apollo Electric, en Texas, por aproximadamente USD 425.000 cada uno.

Posteriormente, según la acusación, estos habrían sido enviados a talleres industriales para retirar señales de desgaste, eliminar etiquetas originales y repintarlos con el objetivo de presentarlos como equipos nuevos fabricados en 2023.

La acción judicial también señala que los administradores de los contratos emitieron informes favorables y validaron los equipos como nuevos y aptos para su operación, permitiendo así la liberación de los desembolsos económicos.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas, reconociendo la responsabilidad del Estado. Aunque las familias aceptaron el acto de reparación, insistieron en que aún falta conocer toda la verdad y alcanzar justicia plena.

El comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar Machuca, ofreció este 4 de junio de 2026 disculpas públicas a los familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. El evento, realizado en el Hemiciclo de la Rotonda en el Malecón Simón Bolívar en Guayaquil, dio cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro menores afrodescendientes.

El reconocimiento del Estado

Durante su intervención, Salazar leyó textualmente el escrito dispuesto por la Corte, admitiendo que la noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares privaron de su libertad a los niños de forma “ilegal, arbitraria e ilegítima”.

“Reconocemos con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso”, manifestó el comandante, subrayando que las Fuerzas Armadas incumplieron su función principal de proteger a los ciudadanos.

Además de la desaparición, el alto mando admitió que la respuesta oficial fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”, y que declaraciones previas del Ministerio de Defensa contribuyeron a estigmatizar a las víctimas y sus familias, reforzando prejuicios sobre la niñez pobre y afrodescendiente de Guayaquil.

El General se comprometió a que este acto no sea un “gesto simbólico vacío” y aseguró que se adoptarán protocolos específicos para la actuación con menores y formación permanente en derechos humanos.

El sentir de las familias

La ceremonia inició con la llegada de los padres, recibidos con aplausos y al son del Chihualo, música tradicional afroecuatoriana para despedir a los niños. Los testimonios de los familiares -entre lágrimas y desconsuelo- reflejaron un dolor profundo, pero también una disposición al perdón. Ronny Medina, padre de Steven, describió el impacto de la tragedia como algo que marcó sus vidas para siempre.

“No sabíamos qué hacer, nos sentíamos muertos en vida, no sabíamos… como que nos arrancaron el alma del pecho”, expresó visiblemente afectado.

Medina agradeció el apoyo constante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de los vecinos que no los abandonaron en su búsqueda. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a otros padres que aún no encuentran a sus hijos, pidiendo que se haga justicia para todos.

Por su parte, Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, destacó que su resistencia durante este año y medio ha sido posible gracias a su fe. En un gesto que conmovió a los presentes, Arroyo se dirigió directamente a los militares:

“Yo los perdono de todo corazón. Solamente les digo algo: que la Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, más el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia”.

Este sentimiento fue compartido por Silvana Lajones, madre de Steven, quien afirmó: “Acepto la disculpa pública porque yo no soy Dios para juzgar”. Katy Bustos, madre de Ismael y Josué, también aceptó las disculpas e hizo un llamado a la paz y la fortaleza, citando pasajes bíblicos para sobrellevar lo que calificó como “el dolor más grande para una madre”.

Johanna Arboleda, madre de Nehemías, fue enfática al declarar que su vida permanece “incompleta”. Para ella, el acto no cierra el ciclo sin una respuesta definitiva:

“Yo lo único que quiero saber… es la verdad, qué pasó con nuestros hijos”. Arboleda también pidió que estos hechos no se repitan jamás con ningún otro niño en el país.

Críticas a la militarización y deuda pendiente

Ana Lorena Delgadillo, relatora del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, enfatizó que la desaparición de los niños de las Malvinas es uno de los capítulos más dolorosos de la región, agravado por la discriminación contra la niñez afrodescendiente.

Tomando como ejemplo la experiencia de México, Delgadillo afirmó que la presencia del ejército en las calles no disminuye la violencia, pero sí aumenta las violaciones a los derechos humanos y la opacidad en la información. Instó al Estado ecuatoriano a crear estadísticas claras de desaparecidos y mecanismos de búsqueda urgente bajo el principio de “nunca sin las familias”.

“Cuando hay impunidad, se manda el mensaje de que esta violencia está permitida”, sentenció.

Entre tanto, el Defensor del Pueblo, César Palacios, sostuvo que no hay seguridad legítima sin dignidad humana ni autoridad fuerte sin límites constitucionales. Señaló que los miembros de la fuerza pública que abusan de su poder no solo dañan a las víctimas, sino que traicionan a su propia institución.

Finalmente, subrayó que la protección de la infancia no se resuelve solo con reacciones institucionales, sino con inversión social, educación y espacios seguros en territorios históricamente abandonados.

“La paz no se recupera solo con operativos, se reconstruye desde la casa”, concluyó.

Cierre con incidentes

Pese a la solemnidad inicial, el acto concluyó con incidentes cuando familiares de otras 51 personas desaparecidas levantaron carteles exigiendo respuestas para sus casos. La tensión escaló tras un altercado entre la seguridad del comandante y acompañantes de las víctimas, lo que provocó que el General Salazar abandonó el lugar rápidamente entre gritos de protesta que calificaban al gobierno de “asesino” y “mataniños”.

Aunque las disculpas fueron aceptadas, las familias recalcaron que la justicia aún tiene pendientes, especialmente en lo referente a las denuncias de tortura que no han sido totalmente resueltas.