A partir del 1 de junio de 2026, declarar impuestos ya no será suficiente. El Servicio de Rentas Internas (SRI) implementará un cambio clave en el sistema tributario: toda declaración de IVA deberá ir acompañada del pago inmediato para ser considerada válida.

De lo contrario, será tratada como “no presentada”, con las respectivas sanciones.

La medida, contenida en una resolución emitida este año, responde a una estrategia clara del Estado: asegurar que los valores recaudados -especialmente aquellos retenidos como IVA- lleguen efectivamente a las arcas fiscales y no permanezcan como obligaciones pendientes en manos de los contribuyentes.

¿Qué cambia exactamente?

De acuerdo con Francisco Carrillo, experto tributario, hasta ahora, los contribuyentes podían presentar su declaración de IVA y diferir el pago mediante distintas modalidades, generando una deuda que luego acumulaba intereses.

Con el nuevo esquema, ese margen desaparece.

En términos prácticos:

• Declarar sin pagar equivale a no haber declarado.
• El pago debe ejecutarse dentro del mismo proceso o hasta la fecha límite.
• Si se declara antes del vencimiento, el pago también debe realizarse en ese momento.

Este ajuste afecta a casi todos los contribuyentes: régimen general, RIMPE emprendedor y quienes declaran IVA mensual o semestral.

La única excepción -por ahora- son exportadores habituales registrados, aunque esta exclusión será temporal.

¿Por qué el SRI toma esta decisión?

El argumento oficial es técnico, pero también fiscal: Según Carillo, el IVA facturado o retenido no pertenece al contribuyente, sino al Estado.

“Sin embargo, en la práctica, muchos utilizaban esos valores como liquidez temporal, postergando su entrega al fisco”.

Con este cambio, el SRI busca cerrar ese “vacío” y mejorar la recaudación efectiva.

Multas y recargos: el costo de no pagar a tiempo

Las consecuencias económicas no son menores. Carillo explico que si un contribuyente no cumple con el pago inmediato:

• Se aplica una multa de hasta el 3% del impuesto causado.
• Se suman intereses mensuales definidos por el SRI.

Por ejemplo, en una obligación de USD 100.000 no pagada a tiempo, el recargo puede superar los USD 3.600 entre multas e intereses, según cálculos explicados por Carillo.

Impacto: presión sobre el flujo de caja

Aunque el cambio no altera la forma de declarar, sí modifica la planificación financiera, especialmente para emprendedores y pequeñas empresas.

El problema central es el flujo de caja:

• Empresas que venden a crédito deberán pagar impuestos antes de recibir el dinero.
• Se elimina la posibilidad de “apalancarse” con valores retenidos.
• Se exige mayor liquidez inmediata.

En palabras de expertos, el sistema obliga a una “culturización financiera”, pero también puede generar tensiones en negocios con ingresos diferidos.

Recomendaciones para evitar sanciones

Frente a este nuevo escenario, el especialista sugiere:

1. Declarar con anticipación, al menos dos días antes del vencimiento.
2. Planificar el flujo de caja, considerando el pago inmediato del IVA.
3. Revisar condiciones comerciales, especialmente en ventas a crédito.
4. Evitar declarar sin fondos disponibles, para no caer en incumplimiento automático.

¿Un ajuste técnico o una necesidad fiscal?

Más allá del discurso técnico, el trasfondo es evidente, el Estado necesita liquidez, expone Carrillo.

Este tipo de medidas apunta a acelerar el ingreso de recursos en un contexto económico donde la recaudación se vuelve prioritaria.

Para los contribuyentes, el mensaje es claro: ya no basta con cumplir en papel. Ahora, el cumplimiento es con pago inmediato.

Daniela Fonseca

De acuerdo con este organismo independiente, la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) permitió que cinco postulantes continúen en el concurso a pesar de no haber presentado la documentación obligatoria en la forma debida.

El caso de José de la Gasca

Entre los nombres señalados por la Comisión Cívica destaca el de José Javier de la Gasca López-Domínguez, uno de los perfiles con mayor visibilidad en el proceso debido a que fue exministro de Gobierno del actual presidente Daniel Noboa. Según el análisis técnico, De la Gasca debió ser inadmitido debido a una falta en su formulario de declaración de conflicto de intereses, un documento obligatorio para todos los aspirantes.

Según detalla el informe, en lugar de presentar el formulario diseñado para los aspirantes a la Fiscalía General del Estado, utilizó el formato destinado a quienes buscaban integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

Para la Comisión Cívica, este error tiene las siguientes implicaciones:

• Invalidez del documento: el uso de un formato que no corresponde al proceso actual implica que la presentación no es válida.
• Incumplimiento reglamentario: al no utilizar el “formato único” establecido por el Cpccs para este concurso específico, se incumple con la entrega de un documento obligatorio en la forma debida,.

Para la Comisión Cívica, el uso de un formato incorrecto invalida la presentación del documento, lo que debería haber resultado en su exclusión inmediata del concurso.

Otros aspirantes que debieron ser inadmitidos

Asimismo, según ese mismo informe, otros cuatro aspirantes que debieron ser inadmitidos son:

• Luis Augusto Rosero Méndez: su expediente no contenía el certificado obligatorio emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este documento es indispensable para acreditar que el postulante no ha ejercido cargos de elección popular ni ha formado parte de directivas de partidos o movimientos políticos en los últimos cinco años.
• Rubén Darío Balda Zambrano: fue señalado por omitir el certificado de no encontrarse suspendido en el ejercicio de su profesión. Sin este documento, la Comisión Cívica sostiene que no es posible validar si el aspirante incurre en una de las inhabilidades establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
• Sandra Patricia Morejón Llanos: al igual que en el caso anterior, su postulación carecía del certificado que demuestre que no está suspendida profesionalmente. Al no presentar el documento, la Comisión considera que su idoneidad no pudo ser verificada conforme a las prohibiciones legales vigentes.
• Bolívar Augusto Espinoza Astudillo: su exclusión técnica se debe a una omisión física en su expediente digital. Según el informe, en la documentación publicada faltan las fojas de la 69 a la 97, lo cual impide la verificación de requisitos fundamentales y documentos habilitantes críticos, como sus certificaciones laborales y su historial del IESS.

Concurso para Fiscal General: antecedentes

De hecho, el 13 de abril de 2026, el coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, también denunció que el postulante José de la Gasca, a quien llamó el “apadrinado del Gobierno”, fue admitido a la fase de méritos sin cumplir con los diez años de experiencia legal requeridos ni presentar el certificado obligatorio de no pertenecer a directivas de partidos políticos.

Por su parte, De la Gasca reaccionó demandando que se aparte a Egas de la veeduría, acusándolo de actuar como un actor político.

Ahora, de acuerdo con el acta del sorteo, De La Gasca será evaluado por David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección y representante de la Función Ejecutiva, quien es identificado como un funcionario de confianza de la actual ministra Zaida Rovira. Un panorama que abrió cuestionamientos en la veeduría ciudadana.

Postulantes que sí debieron ser admitidos

Ahora, según el documento, existen tres postulantes que fueron inadmitidos por la Comisión Ciudadana de Selección oficial, pero que, tras una revisión técnica e independiente, sí debieron ser admitidos por cumplir con los requisitos reglamentarios.

Los postulantes y las razones que sustentan su idoneidad, según la veeduría ciudadana, son:

Luis Alberto Ordóñez Córdova:

• Motivo de inadmisión oficial: la autoridad oficial alegó una declaración juramentada incompleta y un presunto impedimento por deuda con la CNT.
• Justificación de la Comisión Cívica: el postulante sí declaró no tener sentencias por violencia familiar en sus formularios y su expediente cuenta con tres certificados del Ministerio de Trabajo que acreditan que no tenía impedimentos para ejercer cargos públicos al momento de postularse. Además, la Comisión verificó que en las fuentes públicas actuales no registra ningún impedimento vigente.

Luis Manuel Flores Idrovo:

• Motivo de inadmisión oficial: se argumentó que su declaración juramentada estaba incompleta, lo que supuestamente impedía verificar si había cumplido medidas de rehabilitación por violencia intrafamiliar.
• Justificación de la Comisión Cívica: el informe paralelo señala que el candidato sí declaró no haber sido condenado por tales delitos y que esta información fue validada tanto en su formulario de conflicto de intereses como en la revisión de fuentes públicas.

Christian Kerlin Ayala Piedra:

• Motivo de inadmisión oficial: la Comisión oficial no pudo validar las firmas electrónicas de sus certificados de la UAFE y del Consejo de la Judicatura contenidos en el medio magnético (CD).
• Justificación de la Comisión Cívica: tras revisar físicamente el expediente, la veeduría confirmó que el postulante sí presentó ambos certificados debidamente firmados, cumpliendo con la entrega de la documentación requerida.

Concurso para Fiscal General: aquí puedes ver el informe completo:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó este viernes, 24 de abril de 2026, a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo Aldaz, como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ). Caicedo, quien encabezaba la terna enviada por el presidente de la CNJ, Marco Rodríguez, asumirá la presidencia de la institución, cargo que se encontraba encargado a Damián Larco tras la destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional.

La decisión fue tomada con cinco votos a favor provenientes del:

• Presidente del Cpccs, Andrés Fantoni
• La vicepresidenta Jazmín Enríquez
• Los vocales David Rosero, Roberto Gilbert y Johanna Verdesoto.

En contraste, las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra. Esta última advirtió sobre supuestas irregularidades en las etapas previas del proceso de selección. Junto a Caicedo, se nombró a Ramón Echaiz Lavayen como vocal suplente, ambos para cumplir el periodo 2025-2031.

Diagnóstico de Mercedes Caicedo en su plan de trabajo

Durante la presentación de su plan de trabajo ante el pleno del Cpccs, Mercedes Caicedo reconoció que la justicia ecuatoriana atraviesa una crisis de credibilidad. En su intervención, señaló que los operadores de justicia actuales llegaron a representar a “mafias” y “delincuencia” en lugar de garantizar la imparcialidad.

La nueva funcionaria identificó siete debilidades críticas en el sistema judicial, entre las que destacan:

• Procesos disciplinarios discrecionales
• Infraestructura tecnológica fragmentada
• Retrasos procesales significativos
• Débil interoperatividad
• Ineficiencias presupuestarias
• Falta de credibilidad de los operadores de justicia ante la ciudadanía.

Para enfrentar este escenario, Caicedo estima necesaria una inversión aproximada de USD 200 millones, destinados a la adquisición de inmuebles, contratación de personal administrativo y nuevos jueces.

Caicedo y su rol en la Corte Nacional

Caicedo fue la presidenta e integrante de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Integró el Tribunal que sentenció el 30 de junio de 2025 al exvicepresidente Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí junto con Marco Rodríguez, actual presidente de la Corte Nacional, y Javier De la Cadena. Dos meses antes (abril 2025), hizo pública una denuncia por amenazas en su contra, luego de la sentencia del caso Metástasis por delincuencia organizada. En aquella época dijo:

“Desde hace algunos meses, personas cuya identidad desconozco han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme. Aunque no es lo correcto, era posible, así que decidí hacer caso omiso y callar, sin dar mayor importancia, sin miedo. Sin embargo, lo que no entendí como posible es que se acerquen a mi hogar”, declaró la magistrada en la red social X.

En Tribunales coincidió con Marco Rodríguez

El 25 de noviembre de 2024, integró el Tribunal que, junto con Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, sentenció a 20 de los 21 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Una de las causas que Caicedo no logró sostener fue el caso Helicópteros Dhruv. Aunque, como jueza ponente del Tribunal integrado por Marco Rodríguez y Byron Guillén, mantuvo su postura, la mayoría aprobó el sobreseimiento debido a la caducidad de la causa. Por ese proceso enfrentó un expediente disciplinario en el Consejo de la Judicatura, del cual se desprendió una sanción por falta leve.

Asimismo, el 1 de diciembre de 2021, como parte del Tribunal conformado por los jueces Byron Guillén y Adrián Rojas, ratificó la inocencia del exasambleísta Galo Lara en el caso Quinsaloma.

Próximos pasos

Tras la resolución del Cpccs, el organismo deberá notificar formalmente a la Asamblea Nacional. Corresponderá al presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocar a una sesión del Pleno para la posesión oficial de Caicedo y Echaiz en sus nuevas funciones.

El FMI advierte que Ecuador enfrenta riesgos políticos y sociales que pueden frenar sus reformas. Señala tensiones con Colombia que afectan comercio y energía. También alerta por la inseguridad y el descontento social. El acuerdo por USD 5.000 millones depende de la estabilidad política y económica.

A pesar del reciente éxito en los mercados internacionales y la aprobación de la quinta revisión de su programa crediticio (USD 394 millones), Ecuador se enfrenta a un panorama complejo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió las alarmas sobre una serie de riesgos internos y externos. Destacó la fragmentación política y el descontento social como factores que podrían descarrilar la implementación de las reformas estructurales necesarias para la sostenibilidad del país.

El fantasma del bloqueo político

El informe técnico de abril de 2026, al que accedió Radio Pichincha, identifica explícitamente un riesgo de “punto muerto político renovado”. Aunque el presidente Daniel Noboa logró consolidar una mayoría tras su reelección en abril de 2025, el organismo advierte que el apoyo público y político podría debilitarse, impidiendo que el gobierno complete su agenda de reformas.

Este escenario, calificado con una probabilidad “media” pero de impacto “alto”, resultaría en una pérdida de acceso al financiamiento internacional y una peligrosa acumulación de atrasos en los pagos que golpearía el crecimiento económico.

Pero esa fragmentación que alerta el FMI —actualmente— no solo se vive en las instituciones, sino también en las calles. El organismo internacional advierte que el alto costo de la vida y la desigualdad pueden detonar inestabilidad política, afectando la capacidad de reforma del Estado.

Un ejemplo es el descontento social en el sector de la salud. Recientemente, el Hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los centros más importantes de Quito, se convirtió en el epicentro de protestas tras el despido de personal médico y la falta de insumos.

Esa acción, según denuncias de los propios médicos, se repite en varios hospitales del Ecuador, incluso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A eso se suma las denuncias de pacientes por desabastecimiento crónico de insumos, medicamentos y reactivos

De hecho, los mismos médicos, con carteles, advertían “No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa”.

Asimismo, según denuncias gremiales, la crisis de gestión provocó que, de las 75 camas del servicio de cirugía, solo funcionen 28, dejando a más de 1.000 pacientes de traumatología en lista de espera. El organismo internacional subraya que este tipo de descontento social es un riesgo directo para la confianza económica y la estabilidad del programa.

El frente externo: la ruptura comercial con Colombia

A la inestabilidad interna se suma un factor de riesgo imprevisto a inicios de 2026: el deterioro de las relaciones con Colombia. Lo que comenzó como desacuerdos en materia de seguridad derivó en la aplicación de una “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas que escaló del 30% al 50%, y que tiene previsto alcanzar el 100% a partir del 1 de mayo de 2026.

Esta fricción ya tiene consecuencias tangibles:

• Energía en riesgo: Colombia suspendió las ventas de electricidad a Ecuador el 22 de enero de 2026, poniendo en duda el suministro durante los periodos de sequía. Incluso, según denuncias, en los últimos días se registran apagones no justificados que se extienden por varias horas.
• Guerra de tarifas: el gobierno ecuatoriano elevó en un 900% la tarifa que pagaba Colombia por transportar su petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
• Impacto en medicinas: se advierte que el incremento arancelario afectará sensiblemente el costo de las medicinas importadas.

Inseguridad: otro eje crítico

Asimismo, el staff del FMI destaca que la situación de seguridad en el país es crítica. En el informe publicado este 22 de abril se señala que “los homicidios aumentaron un 30% en 2025, manteniéndose en un nivel históricamente alto”.

El organismo multilateral subraya que la violencia no es uniforme, sino que está “altamente concentrada, con el 90% de los homicidios ocurriendo en las provincias costeras”, zonas que albergan a la mitad de la población nacional.

Este fenómeno no es visto solo como un problema de orden público, sino como un lastre macroeconómico. En su Matriz de Evaluación de Riesgos, el FMI señala explícitamente que una “alta inseguridad reduciría la actividad doméstica, el turismo y los ingresos fiscales, además de disuadir la inversión a largo plazo”.

Ahora, más allá de la violencia física, el FMI pone el foco en la infraestructura financiera del crimen. El acuerdo enfatiza que fortalecer la capacidad para combatir actividades ilícitas es “esencial para salvaguardar la integridad financiera”. Aunque el FMI reconoce que Ecuador cumplió con la meta de aprobar un Plan de Acción Estratégico contra el Lavado de Activos, en enero de 2026, advierte que existen brechas de implementación significativas.

Pero el staff del FMI fue enfático en señalar que la efectividad del régimen de lavado de activos es limitada, priorizando el cumplimiento formal sobre la acción concertada contra las finanzas criminales. En este escenario la recomendación del organismo es clara: se debe adoptar un enfoque de “seguir el dinero” para desarticular la rentabilidad de las redes delictivas.

Metas incumplidas y el camino a seguir

De igual modo, el informe revela que Ecuador ya incumplió las metas fiscales cuantitativas programadas para finales de enero de 2026. El déficit superó el objetivo en un 1.1% del PIB, debido a menores ingresos petroleros y un gasto mayor al previsto en medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel. Por esta última razón, el Gobierno anunció que ya no se hará cargo de las compensaciones a transportistas por el alza de ese combustible y dejó en manos de los municipios la decisión sobre el alza de pasajes.

Ante este escenario, el FMI recomienda al gobierno ecuatoriano intensificar el diálogo con la sociedad para explicar los beneficios de las reformas y priorizar el gasto social como una barrera contra la inestabilidad. El éxito del acuerdo de USD 5.000 millones depende ahora de la capacidad del Ejecutivo para navegar las “complejidades sociopolíticas de larga data”.

¿Por qué Colombia celebra su libertad financiera mientras Ecuador se aferra al Fondo Monetario Internacional?

A enero de 2026, la deuda con el Fondo alcanzaba los USD 9.955 millones, un crecimiento anual del 15%. Si analizamos la deuda per cápita tomando únicamente las obligaciones con el FMI, cada ecuatoriano asumiría un monto de USD 556.

Tres personas fueron asesinadas la noche de este jueves 23 de abril, en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro. Ellos perdieron la vida en una balacera que dejó seis personas heridas.

El hecho violento ocurrió en un callejón señalado por moradores como un punto conflictivo vinculado al consumo y expendio de drogas. En este lugar, las personas se encontraban reunidas en el exterior de una vivienda, participando en un juego de naipes, cuando fueron sorprendidas por un grupo de sicarios.

Este hecho delictivo no fue el único reportado en estas últimas horas. Otro ataque armado se dio la noche de este 22 de abril, al interior de una barbería de Machala, dejando como saldo tres personas heridas.

Mientras que la tarde del 23 de abril, el exasambleísta y actual presidente del Movimiento Autonómico Regional (MAR), Montgómery Sánchez Ordóñez, fue víctima de un atentado a tiros. El ataque ocurrió mientras el político se disponía a retirar a sus hijos de una actividad deportiva.

Un trimestre de terror

Los hechos criminales en Machala no son aislados, sino que forman parte de una ola de violencia que existe en la urbe desde hace meses, pero se agudizaron este año.

Según datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2026 se registraron 113 asesinatos en Machala. Esta cifra es la más alta registrada en toda su historia. Una cifra que representa un salto de 48,7% frente a 2025, cuando se registraron 76 casos.

El contraste es todavía más abrupto si se compara los crímenes de 2026 con los de 2024: el incremento llega a 1.312%, lo que refleja un cambio drástico en la tendencia reciente. Frente a 2023, el alza fue de 85%; y, en relación con 2022, de 264%, lo que confirma que el repunte de 2026 es la culminación de varios años de crecimiento sostenido.

La comparación con los años anteriores evidencia aún más la magnitud del aumento: respecto a 2021, los homicidios crecieron 494,7%; frente a 2020, 841,7%; y en relación con 2019, el salto fue de 1.783%. Si se mira más atrás, 2026 supera en 5.550% a 2018, cuando apenas se contabilizaron dos asesinatos, y en 1.312,5% a 2017, que cerró con ocho casos.

Bombas y terror

Parte de este terror que existe en Machala lo ocasionan los grupos de delincuencia organizada, que no han dudado en utilizar explosivos para someter a la población.

La madrugada del miércoles 24 de febrero de 2026, explosivos detonaron en casas de dos abogados. La primera explosión destruyó por completo una vivienda, de la que solo quedaron escombros, además, la onda expansiva afectó un vehículo que estaba estacionado en la parte exterior y tres casas cercanas. Mientras que en el segundo incidente, resultó afectado un vehículo privado.

Apenas dos días después, el 26 de febrero, Machala volvió a convertirse en escenario de terror tras registrarse dos ataques con explosivos en viviendas ubicadas en los sectores Urdesa Este y el casco central.

Los atentados dejaron una persona herida, dos inmuebles destruidos y daños en varias casas aledañas, además de una iglesia cercana.

¿Por qué hay tanta violencia?

Una de las causas principales para que exista tanta violencia en Machala es la ruptura del grupo criminal Los Lobos, que se dividieron en Lobos Box y Lobos Espejo.

Según informes policiales, estos grupos inicialmente se repartieron el territorio, pero debido a un asesinato ocurrido en mayo de 2024, ambas bandas iniciaron una guerra que se ha extendido por todas las calles de la capital de El Oro.