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La norma reformó el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) e introdujo límites. La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.
La reforma fiscal que modifica el esquema de asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) enfrenta otro frente judicial a día seguido. Este 25 de febrero de 2026, la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados —vigente desde el 21 de febrero de 2026 tras su publicación oficial— acumuló su tercera demanda de inconstitucionalidad y se alista una cuarta.
La norma reformó el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) e introdujo límites. La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%. Sin embargo, los gobiernos seccionales cuestionan esta propuesta. Señalan que estarían perdiendo autonomía y pondría en riesgo varios proyectos y programas sociales, cuyos rubros, en parte, están dentro del gasto corriente.
Restricciones presupuestarias y amenaza de recortes
Más allá del porcentaje obligatorio, la ley incorpora otros mecanismos de control y sanción. Los GAD están obligados a presentar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo puede aplicar reducciones económicas previstas en la Constitución, que oscilan entre el 30% y el 50% del presupuesto institucional.
Hasta este 25 de febrero de 2026, tres acciones habían sido presentadas ante la Corte:
- Una por el concejal de Quito Andrés Campaña.
- Otra por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), la Federación de Barrios de Quito y su núcleo de Pichincha.
- Una tercera por el movimiento Unidad Popular.
A estas se sumará la demanda anunciada por la Prefectura de Pichincha, tras una resolución adoptada por su Consejo Provincial este miércoles.
Todas coinciden en dos ejes: presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo y contradicciones de fondo con la Constitución en materia de competencias y asignaciones presupuestarias de los GAD. Además, solicitan medidas cautelares para suspender la aplicación de la ley mientras se emite un fallo definitivo.
Un precedente reciente a dos leyes urgentes
El desenlace dependerá exclusivamente de los jueces constitucionales. En septiembre de 2025, ese mismo tribunal dejó sin efecto las leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional, al determinar que no cumplieron con los requisitos formales para su trámite y aprobación en la Asamblea. Aquella decisión marcó un precedente frente al uso recurrente de la figura de urgencia económica.
Sin embargo, el contexto actual es distinto. Tras la campaña de presión política que el oficialismo emprendió en agosto de 2025 contra los magistrados constitucionales, los pronunciamientos sobre leyes urgentes del Ejecutivo comenzaron a dilatarse. Prueba de ello es que más de 20 demandas de inconstitucionalidad permanecen pendientes de resolución respecto a normas como las leyes de Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Fiscal.
