La reforma a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía avanza hacia su segundo debate envuelta en cuestionamientos que apuntan a un debilitamiento de salvaguardas ambientales, una ampliación de prerrogativas para el sector extractivo y posibles conflictos de interés en su trámite legislativo. Las críticas se concentran en:
- La flexibilización de controles
- La expansión de plazos para la exploración minera
- La militarización de territorios
- La apertura a una mayor participación privada en el ámbito eléctrico.
Los puntos en cuestionamiento de la norma
El primer eje controvertido es la sustitución de la licencia ambiental por una autorización administrativa en determinadas fases del proceso minero. Para colectivos ambientales y legisladores de oposición, este cambio constituye una “regresión normativa” que reduce el control previo del Estado y rebaja los estándares de protección de la naturaleza.
A ello se suma la incorporación del silencio administrativo positivo: si la autoridad no responde en seis meses a los estudios de regularización, la autorización se entenderá concedida. Sus detractores advierten que los derechos de la naturaleza no pueden depender de la inacción burocrática.
La reforma también amplía de ocho a 15 años el plazo máximo de exploración, lo que, según sus críticos, permite la ocupación prolongada de territorios sin obligación inmediata de explotación, favoreciendo la especulación.
En paralelo, crea las denominadas “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica”, que habilitan la intervención de Fuerzas Armadas para resguardar operaciones e infraestructura. Organizaciones sociales sostienen que esta figura puede traducirse en militarización de zonas mineras, criminalización de la resistencia comunitaria y uso de recursos públicos para proteger intereses privados.
En materia energética, la iniciativa amplía las causales para delegar de manera excepcional el servicio eléctrico a empresas privadas. Para sectores de oposición, esta disposición desnaturaliza el carácter excepcional previsto en la Constitución y configura una privatización encubierta.
El proyecto incorpora también la figura de clústeres mineros —definidos como conjuntos articulados de actividades extractivas, logísticas e industriales en un mismo territorio— con el argumento de mejorar eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, expertos alertan que este modelo puede subordinar la planificación territorial y el uso de recursos estratégicos como el agua a la lógica extractiva, especialmente en ecosistemas megadiversos como la Amazonía.
En ese contexto, existe preocupación de que la agilización de trámites y la transición automática entre fases mineras reduzcan la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas a un procedimiento meramente formal.
Comparecencias y el respaldo oficial
Mientras estas observaciones se acumulan, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió la noche del 22 de febrero de 2026 a cinco actores vinculados al sector minero que respaldaron la propuesta enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La sesión se realizó dos días después del tratamiento del informe para primer debate en el pleno, efectuado el viernes anterior en Samborondón, provincia del Guayas.
Entre los comparecientes estuvo el delegado del Ministerio de Defensa, Francisco Chamorro, quien transmitió el apoyo del ministro Gian Carlo Loffredo. Su intervención se centró en el artículo que crea las áreas mineras con protección de seguridad estratégica. Según explicó, esta figura permitirá declarar zonas protegidas mediante acto administrativo motivado
Esto con el fin de que las Fuerzas Armadas intervengan para neutralizar amenazas, prevenir minería ilegal, sabotajes u ocupaciones, y resguardar personal e infraestructura sin necesidad de decretar estado de excepción. “Esta ley nos permitirá actuar de manera excepcional cuando la amenaza sea evidente”, señaló.
La Comisión también escuchó a abogados vinculados al sector, como Carlos Torres, de la firma CorralRosales, y Alejandro Pérez, así como a Andreina Zarabia, gerente general de Condormining Corporation del Proyecto Cóndor. La ejecutiva expuso que la empresa tramita la licencia ambiental para explorar 12 concesiones y que, en paralelo, fromalizó a más de 1.000 mineros que operaban ilegalmente en sus áreas. Afirmó que, de obtener la licencia, podrían generarse hasta USD 700 millones en regalías para el Estado.
Ricardo Freire, director de la Corporación de Competencia Económica, Regulación y Consumo (CERC), sugirió perfeccionar la regulación de clústeres mineros e incorporar un artículo que obligue a los solicitantes de derechos mineros a revelar a sus beneficiarios reales, como mecanismo de transparencia y prevención de lavado de activos, en línea con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿En peligro Galápagos?
De su lado, la asambleísta Verónica Íñiguez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), cuestionó que se haya convocado principalmente a actores con intereses corporativos alineados al proyecto, dejando fuera a ambientalistas y especialistas críticos. Durante la sesión, presentó un video de una activista que rechazó la sustitución de la licencia ambiental por una autorización administrativa.
Íñiguez también denunció la incorporación, en el informe para segundo debate, de un artículo que permitiría la explotación de materiales pétreos en Galápagos, pese a que el texto original no contemplaba actividad minera en ese territorio. Recordó que meses atrás el asambleísta David Arias había planteado una reforma similar y que, tras abstenerse en el primer debate, ahora su voto podría inclinar la balanza.
La legisladora expresó que existiría un interés familiar en el negocio de materiales pétreos, lo que, a su juicio, configura un posible conflicto de interés. Además, mencionó que la ministra Manzano visitó las islas después de que Arias solicitara incluir a Galápagos en la reforma, y que el resultado de esas gestiones se refleja en el nuevo informe.
Al cierre de la sesión, legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) plantearon incorporar artículos adicionales, entre ellos una propuesta de Evelyn Pico para permitir la minería artesanal con permisos de operación de hasta diez años. Está previsto que la Comisión se reinstale en sesión virtual para votar el informe para segundo y definitivo debate, que luego deberá ser remitido al pleno.
El oficialismo sostiene que la reforma simplifica trámites y fortalece la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. La oposición, en cambio, advierte que el proyecto reconfigura el equilibrio entre desarrollo extractivo, protección ambiental y derechos colectivos, en un escenario donde —según denuncia— las voces críticas han tenido escaso espacio en la discusión legislativa.
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