La asambleísta de Revolución Ciudadana cuestionó el proceso electoral y aseguró que se estaría utilizando a las juntas provinciales para dej...
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Durante su permanencia en la casa de salud, Álvarez estuvo acompañado por su esposa, Fiorella Ycaza.
Tras permanecer cerca de cuatro días en la Clínica Alcívar, donde fue sometido a una cirugía de vesícula, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado nuevamente a la cárcel de El Encuentro durante la madrugada de este martes 6 de octubre de 2026.
Julio César Cueva, abogado de Alvarez, detalló que el traslado se realizó a las 02:36 y explicó que la hora no fue informada previamente por motivos de seguridad.
El 4 de octubre, el mismo jurista había señalado que, debido a la evolución favorable de su defendido, era posible que recibiera el alta médica ese mismo lunes.
Esposa denunció restricciones para visitarlo
Durante su permanencia en la casa de salud, Alvarez estuvo acompañado por su esposa, Fiorella Ycaza, quien el pasado 2 de octubre denunció en sus redes sociales que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no le permitía visitar al alcalde en el centro penitenciario.
Ycaza cuestionó esta restricción al señalar que Alvarez no tiene una sentencia condenatoria en firme y que actualmente cumple prisión preventiva.
Diana Davila
Según una evaluación preliminar, el fallecimiento habría ocurrido debido a una ingesta excesiva de alcohol.
La tarde de este lunes 5 de octubre de 2026, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) encontró a un hombre sin vida en los exteriores de la Iglesia de San Francisco, ubicada en el Centro Histórico de Quito.
Los funcionarios, que realizan recorridos por el sector para supervisar el uso adecuado del espacio público, advirtieron las circunstancias en las que se encontraba el hombre, identificado como Jorge Alejandro P., por lo que alertaron a la Policía Nacional.
Según una evaluación preliminar, el fallecimiento habría ocurrido debido a una ingesta excesiva de alcohol. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante el procedimiento correspondiente a cargo de Medicina Legal.
“Se continúan ejecutando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer con absoluta precisión las causas exactas del suceso, conforme a la ley”, señaló la autoridad.
Al lugar también llegó la exconviviente del hombre, quien tenía 54 años, y tras reconocerlo informó que se dedicaba a la venta ambulante en la zona.
Diana Davila
Según testigos, los presuntos responsables del ataque se movilizaban en una motocicleta. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Un hombre de nacionalidad extranjera fue asesinado la tarde del lunes 5 de octubre de 2026, en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. El hecho ocurrió frente a una mecánica ubicada en la avenida Teniente Hugo Ortiz y la calle Prado.
Aproximadamente a las 18:40, el ECU 911 recibió una alerta sobre el ataque armado registrado en el lugar.
La víctima fue identificade como Yhonny Amundaray, de 35 años, quie habría salido del taller para comprar comida y, al regresar, fue interceptado por sujetos que le dispararon.
Al lugar, acudieron agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron la escena para recoger indicios y recabar información que permita identificar y localizar a los responsables del crimen.
Testigos hablan de una motocicleta
Según testigos, los presuntos responsables del ataque se movilizaban en una motocicleta. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.
La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias del asesinato y establecer la identidad de los responsables.
Diana Davila
Ante el riesgo en 368 recintos, el CNE no descarta suspender las votaciones en esas zonas sin alterar la posesión del 14 de mayo. Sin embargo, el Inhami limita la previsión del clima a una semana previa, y analistas advierten que la medida vulneraría la democracia.
El pasado 15 de septiembre de 2026, Christian Díaz, director de Seguridad y Gestión de Riesgos del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió que 368 recintos electorales se encuentran en zonas de riesgo de cara a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026.
Según el funcionario, 257 de estos puntos son vulnerables a inundaciones, principalmente en la Costa, mientras que 111 enfrentan amenaza de taludes y deslizamientos de tierra.
José Cabrera, presidente del CNE, aclaró que el marco legal faculta al organismo a tomar medidas operativas extraordinarias frente a situaciones de fuerza mayor.
Cabrera enfatizó que el Código de la Democracia autoriza el aplazamiento o la suspensión de los comicios en sectores específicos, disponiendo para ello de recintos auxiliares o de contingencia para reubicar las mesas de sufragio.
En caso de una catástrofe de gran magnitud que afecte a zonas enteras, el titular del CNE explicó que la votación en esos recintos podría reprogramarse para llevarse a cabo durante los meses de diciembre, enero o febrero.
No obstante, remarcó que cualquier ajuste en el cronograma tiene un límite inamovible: la fecha constitucional del 14 de mayo, día en que obligatoriamente deben posesionarse las nuevas autoridades electas.
¿Pronóstico anticipado?
Pese a los planes de contingencia presentados por la autoridad electoral, la posibilidad de prever con exactitud el impacto del clima cuenta con severas limitaciones científicas.
Javier Macas, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhami), precisó que la institución emite informes con alto grado de certeza únicamente con una semana de anticipación.
Macas señaló que, si bien el Inhami elabora reportes especiales por provincias a requerimiento del CNE, formular un pronóstico exacto para finales de noviembre desde este momento es prácticamente imposible por la variabilidad de los modelos.
Por ello, los análisis definitivos para orientar al organismo electoral se concentrarán durante el propio mes de noviembre para reducir el margen de error.
Pese a lo expuesto, el CNE adelantó las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, justificándolo en informes sobre riesgos climáticos que amenazaban a 218 recintos, una cifra incluso menor a la actual.
En contraste, la politóloga y abogada Melania Carrión cuestionó estos cálculos y relativizó la dimensión real del riesgo. A su juicio, la medida buscaba desincentivar la participación electoral en la costa rural, beneficiando a las organizaciones políticas con mayor despliegue y capacidad organizativa.
Además, Carrión alertó sobre un riesgo sistémico, pues la reducción de los tiempos de campaña dificultaría el conocimiento de las propuestas ciudadanas y generaría una ventana de oportunidad para la infiltración de capitales del crimen organizado.
¿No hay sustento jurídico?
El abogado y analista político Santiago Cahuasquí sostuvo que el CNE tiene el deber de reubicar los recintos vulnerables para garantizar el derecho fundamental al voto.
El experto aclaró que, de acuerdo con el artículo 147 Código de la Democracia, se requeriría que al menos el 30% de los recintos a nivel nacional no puedan votar para declarar la nulidad total de un proceso, un umbral al que no llegan los 368 puntos identificados.
Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos:
Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el treinta por ciento de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte los resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales.
Cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el treinta por ciento de juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales.
Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad.
Al igual que Carrión, Cahuasquí cuestionó la decisión previa del CNE de modificar el calendario electoral. El analista reveló que la institución omitió informes de organismos internacionales que pronosticaban precipitaciones más intensas en noviembre que a inicios de 2027.
A su juicio, la reubicación de recintos debe obedecer a parámetros estrictamente empíricos bajo veeduría ciudadana y de los partidos, evitando decisiones antojadizas en un contexto signado por la falta de control sobre el uso de recursos públicos con fines proselitistas desde el Ejecutivo e irregularidades en la cancelación de organizaciones políticas.
Desgaste institucional
Por su parte, el analista político David Chávez calificó esta coyuntura dentro del proceso electoral “más anómalo y menos democrático desde el retorno a la democracia”.
Chávez coincidió en que una eventual suspensión en estos recintos no respondería a un interés real de proteger a la población, sino que serviría de pretexto político para intervenir en los resultados ante la previsión de un desempeño adverso del gobierno oficialista, especialmente en la región litoral.
De acuerdo con el analista, la gestión del Ejecutivo enfrenta una marcada erosión por la persistencia de la crisis de seguridad y los apagones eléctricos, que ya generan severos perjuicios mediante cortes industriales programados.
Chávez concluyó que, ante el agotamiento de la narrativa del “anticorreísmo” como única estrategia de gobierno y la pérdida de respaldo popular respecto a periodos anteriores, las maniobras administrativas sobre las zonas de riesgo buscarían contener la derrota electoral en un escenario de creciente descontento social.
Desde el análisis jurídico y político, la gestión de estas zonas de riesgo genera profundas objeciones.
Mónica Heller dijo que empresarios han permanecido en Ecuador pese a las crisis y la inseguridad. Registros de contratación pública muestran que Promodann, operadora del Hotel Dann Carlton Quito, compañía que actualmente preside, también ha mantenido relaciones comerciales con instituciones estatales.
“¡Los valientes seguimos aquí!”. Con esa frase, Mónica Heller respondió a las declaraciones de María Paz Jervis, quien había señalado que pocas veces había visto a un sector empresarial “con tanto miedo”.
Heller cuestionó esa afirmación y reivindicó a quienes, desde su perspectiva, han sostenido empresas en Ecuador en medio de diferentes crisis.
“Que una directora ejecutiva gremial cuestione la valentía de quienes sí somos empresarios, es inaceptable. Calificarnos como miedosos expone su desconocimiento o se limita a un criterio discursivo”, escribió.
Y agregó:
“Quienes somos empresarios y hemos luchado por años en este país, lo hemos hecho aún con inseguridad, violencia, crisis económicas y políticas, cambios de moneda y mucho más. ¡Los valientes seguimos aquí!”.
Heller preside la Cámara de Comercio de Quito y actualmente se desempeña como presidenta ejecutiva de la compañía que opera el Hotel Dann Carlton Quito.
Según el registro societario revisado, fue nombrada para ese cargo el 14 de abril de 2023 y su designación quedó registrada el 28 del mismo mes. Antes de asumir la presidencia ejecutiva, Heller se desempeñó como directora financiera de la empresa.
Pero la actividad comercial de Promotora Hotel Dann Carlton Quito, Promodann Cía. Ltda, no se ha desarrollado únicamente frente al sector privado.
Los documentos revisados muestran adjudicaciones provenientes de instituciones públicas para servicios de hospedaje, alimentación, eventos y catering.
Procesos identificados entre 2014 y 2024 suman USD 327.909.
La cifra no representa necesariamente la totalidad de contratos que Promodann haya mantenido con instituciones estatales a lo largo de su historia. Corresponde exclusivamente a cinco procesos revisados.
Del CNE a Cancillería
Uno de los contratos de mayor cuantía identificados corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En enero de 2018, el organismo electoral adjudicó a Promodann un contrato por USD 121.017 para brindar hospedaje, alimentación y salones de eventos a los observadores electorales que participaron en el referéndum y consulta popular de ese año.
El presupuesto referencial del procedimiento ascendía a USD 130.751.
Seis años después, Promodann volvió a aparecer como adjudicataria del CNE.
El 22 de marzo de 2024, la empresa recibió una adjudicación por USD 65.205 para la contratación de hospedaje y servicios conexos destinados al programa de observación electoral y cooperación del referéndum y consulta popular de 2024.
El presupuesto referencial era de USD 66.965.
En este caso existe una diferencia temporal relevante: Heller ya constaba como presidenta ejecutiva de la compañía desde abril de 2023.
USD 116.400 desde Cancillería
Otro de los procesos revisados corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 27 de junio de 2024, Promodann recibió una adjudicación por USD 116.400 para prestar el “servicio de catering protocolar” para la Cancillería.
El procedimiento contemplaba un presupuesto referencial de USD 120.000 y un plazo de 245 días.
Así, solo las dos adjudicaciones identificadas durante 2024 -CNE y Cancillería- alcanzan USD 181.605.
Hospedaje y alimentación para el Comando Conjunto
La relación comercial con entidades estatales también aparece en 2023.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adjudicó a PROMODANN USD 12.756, el 8 de junio de ese año.
El servicio contratado consistía en alojamiento y alimentación para delegados extranjeros que participarían en la XIX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza Ecuador-Colombia, prevista entre el 12 y 16 de junio en Quito.
El presupuesto referencial fue de USD 13.499.
La adjudicación ocurrió semanas después de que el nombramiento de Heller como presidenta ejecutiva quedara registrado.
El contraste entre el discurso y los contratos
Para el analista político, Gabriel Morejón, el punto de discusión no está en que una empresa privada contrate con instituciones públicas. De hecho, remarcó que “contratar con el Estado, participar en una empresa mixta o recibir una concesión no es un delito”.
Su cuestionamiento apunta al contraste entre esas relaciones comerciales y el discurso utilizado para reivindicar a determinados empresarios como quienes han resistido por cuenta propia las adversidades del país.
“Una cosa es defender al empresario que arriesga capital. Y otra muy distinta es construir un discurso en el que unos serían los ‘valientes’ que sobreviven solos frente al Estado, cuando tu propia trayectoria empresarial y la de tu entorno incluye contratos públicos”, señaló.
Así, según su análisis, la discusión no radica en la legalidad de contratar con el Estado, sino en el contraste entre el discurso empresarial de Heller y el hecho de que la compañía que dirige también ha tenido al sector público entre sus clientes.
En una grave falla de los protocolos de custodia, un privado de la libertad presuntamente vinculado a la mafia albanesa escapó caminando por el acceso principal de un hospital público.
Un privado de la libertad vinculado a la mafia albanesa se fugó de una casa de salud del Ministerio de Salud, ubicada en el noroeste de Guayaquil.
Según lo detallado en un reporte oficial, la persona privada de libertad abandonó la instalación médica saliendo por la puerta principal del recinto.
La fuga se concretó a pesar de que el individuo se encontraba bajo la custodia y cuidado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Dicha entidad no se ha pronunciado sobre el tema, hasta el cierre de esta edición.
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