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Un grupo de 14 procesados como autores del presunto delito de peculado, entre los que destaca el exministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, buscará que se revoque la medida cautelar que a algunos los mantiene privados de su libertad y que a otros enfrentan órdenes de captura.
El denominado caso Apagón, que investiga un presunto peculado por los fallidos contratos energéticos de USD 104 millones a favor de la empresa Progen durante la última crisis eléctrica en 2024, cobraría un nuevo rumbo.
El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ha convocado oficialmente a una audiencia oral, pública y contradictoria para el próximo miércoles 15 de julio de 2026, a las 08:30, con el fin de resolver los recursos interpuestos contra la prisión preventiva dictada en mayo pasado.
La diligencia, que se desarrollará en el octavo piso de la Corte Nacional, contará con la presencia del tribunal integrado por los jueces Julio Inga Yanza (ponente), Daniella Camacho Herold y Manuel Cabrera Esquivel.
En esta sesión, un grupo de 14 procesados como autores del presunto delito de peculado, entre los que destaca el exministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, buscará que se revoque la medida cautelar que a algunos los mantiene privados de su libertad y que a otros enfrentan órdenes de captura.
Los procesados que fundamentarán su apelación son: Gabriela Toazo Caiza, Luis Paul Flores, Nelson Castro Rodríguez, Celso Sánchez Chacán, Romel Llumiquinga, Marco Chicaiza Santos, Javier Lasluiza Navarrete, Gonzalo Guerrón López, Octaviano Antonio Gonçalves Savinovich, Juan Carlos Cornejo Segovia, Julio Montesdeoca Escobar, Daniel Suárez Quilumbango, Holger Jaramillo Suntaxi y Marcos Poma Jumbo.
El caso Apagón
Cabe resaltar que dentro de la causa del caso Apagón, la Fiscalía procesa a 21 personas por el presunto delito de peculado, entre ellas el exministro Goncalves, además de exfuncionarios del sector eléctrico y representantes de Progen.
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de instrucción fiscal, período en el que la Fiscalía y las defensas continúan incorporando elementos de convicción, receptando versiones y practicando diligencias para sustentar sus posiciones dentro del proceso.
Esta fase comenzó el 22 de mayo de 2026 y tiene una duración de 90 días, por lo que está previsto que concluya el 20 de agosto de 2026.
Una vez finalizada la instrucción fiscal, la Corte Nacional de Justicia deberá convocar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que se determinará si existen los elementos suficientes para llamar a juicio a los 21 procesados.
Denuncias de irregularidades y falta de notificaciones
Pese a la cercanía de esta audiencia, la defensa técnica del exministro Gonçalves, liderada por Leonardo Stagg, denunció -este lunes 6 de julio de 2026- graves fallas procesales que podrían poner en riesgo la validez del caso.
Según Stagg, la Fiscalía ha omitido notificar debidamente a los principales actores extranjeros.
“Tal como lo hemos advertido desde el inicio de este proceso, Andrew Williamson Scott continúa sin haber sido debidamente notificado. Para el día de hoy estaba prevista, nuevamente, la recepción de su versión; sin embargo, dicha diligencia no podrá llevarse a cabo mientras él y John B. Manning no sean notificados conforme a derecho mediante los mecanismos de asistencia penal internacional, tal como esta defensa lo ha solicitado de manera reiterada”, señaló el jurista.
Para Stagg, la falta de vinculación formal de Williamson Scott, representante de Progen Industries LLC, constituye una “grave irregularidad procesal que puede generar una causal de nulidad”, perjudicando la eficacia de la investigación y prolongando la vinculación de personas que considera inocentes.
El abogado ha cuestionado duramente al fiscal general (e) Carlos Alarcón, señalando que “el mejor abogado que puede tener Progen es el fiscal general” debido a las supuestas omisiones en la trazabilidad de los fondos y el enfoque de la acusación.
La tesis de la defensa
Mientras la Fiscalía acusa a Gonçalves como responsable de los fondos, la defensa sostiene que los desembolsos a favor de Progen fueron autorizados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) en ejercicio de su autonomía.
“Celec gozaba de autonomía administrativa, financiera y jurídica, por lo que el Ministro (Goncalves) no tenía competencia ni control alguno sobre los procesos de contratación, ejecución contractual, inspecciones, certificaciones, autorizaciones de pago, transferencias o administración de los recursos de la empresa pública”, explicó Stagg.
Ante lo que califican como una fiscalía “negligente”, la defensa ha tomado la iniciativa de buscar la “ruta del dinero” en Estados Unidos, presentando denuncias ante el FBI, el FinCEN y el Internet Crime Complaint Center (IC3). El objetivo es transparentar el destino de los USD 104 millones transferidos a cuentas en el exterior y determinar quiénes fueron los verdaderos beneficiarios.
A la fecha, el expediente cuenta con más de 30.000 páginas y decenas de testimonios, pero según la defensa, no existe un solo documento que vincule directamente a Gonçalves con la suscripción de contratos o la orden de transferencias irregulares.
La audiencia del 15 de julio marcará, por tanto, una especie de termómetro sobre la solidez de las pruebas de la Fiscalía frente a los reclamos de libertad de los procesados.
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