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A pocos meses de las elecciones seccionales, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos penales por presunta comercialización ilegal de combustible, lavado de activos e incumplimiento de decisiones de autoridad. Actualmente acumula tres órdenes de prisión preventiva y dos llamados a juicio causas simultáneas.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, atraviesa el momento más crítico de su gestión pública al enfrentar un triple frente judicial que lo mantiene recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Actualmente, el funcionario acumula tres órdenes de prisión preventiva por los casos denominados Triple A, Goleada y Grillete, procesos que avanzan de forma simultánea en distintas etapas procesales.
Caso Triple A: presunta comercialización ilegal de combustible
El proceso más avanzado es el caso Triple A, en el cual Alvarez es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de productos derivados de petróleo. La teoría de la Fiscalía sostiene que empresas vinculadas al alcalde y su familia habrían desviado combustible subsidiado, generando un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 61,5 millones.
Debido a estas acciones, el alcalde y otros 22 procesados (16 personas naturales y 6 jurídicas) son investigados bajo el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El proceso no solo recae sobre el burgomaestre. Entre los llamados a juicio también figuran sus hermanos, Xavier y Antonio Alvarez, además de sus primos Andrés y Fernando Viteri.
En el caso específico de Aquiles Alvarez, su situación cambió el pasado 8 de marzo de 2026. En esa fecha, el Tribunal de Garantías Penales acogió el pedido de la fiscal Ruth Amoroso para sustituir sus medidas cautelares por la prisión preventiva.
Esta decisión se fundamentó en acusaciones de presuntas irregularidades en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que el funcionario debía portar. Desde el 9 de marzo, Alvarez permanece en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Cronograma del juicio
La fase de juzgamiento, que se inició formalmente en marzo, avanza con la presentación de la carga probatoria de la Fiscalía. Durante los primeros días de audiencia, la entidad presentó las siguientes pruebas para sustentar su acusación:
- 110 pruebas documentales
- 24 testimonios
Tras una breve pausa, el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, convocaron a la reinstalación de la audiencia de juicio. Las diligencias se llevarán a cabo de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito durante los días 18, 19, 24, 25 y 26 de julio de 2026.
En estas fechas, se espera que continúe el desahogo de pruebas que determinará la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil en este supuesto esquema de comercialización ilegal.
Caso Goleada: presunto lavado de activos y nueva prisión preventiva
Simultáneamente, Alvarez enfrenta el caso Goleada, donde se investiga el presunto delito de lavado de activos que involucra a 26 personas naturales y jurídicas. El pasado 6 de julio de 2026, el juez Jairo García dictó una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde y sus hermanos, Antonio y Xavier Alvarez.
La decisión del magistrado se fundamentó en la aparición de nuevos elementos societarios y patrimoniales recabados durante la instrucción fiscal, los cuales aumentarían el riesgo de que los procesados puedan obstaculizar el curso normal del proceso.
Para el alcalde de Guayaquil, esta representa su tercera orden de prisión vigente, la cuál también cumple en la cárcel del Encuentro. En el caso del lavado de activos, la normativa establece que la prisión preventiva puede extenderse hasta por un año.
Apelaciones y cronograma procesal
Ante la resolución judicial, la defensa de los hermanos Alvarez presentó un recurso de apelación el 8 de julio, argumentando que la medida es susceptible de revisión y cuestionando que la solicitud de la Fiscalía se dio en la fase final de la instrucción fiscal. Mientras se resuelve este recurso en la Corte Provincial, la Policía Judicial solicitó aclaraciones al juez sobre la localización y captura de Antonio y Xavier Alvarez, quienes no se encuentran detenidos hasta el momento.
El caso Goleada se encamina ahora a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El magistrado fijó los días 16 y 17 de julio de 2026 para la instalación de esta diligencia, la cual se desarrollará de manera virtual. En esta instancia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio contra los 26 implicados para determinar si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.
Esta causa judicial inició el 10 de febrero de 2026, tras una serie de allanamientos a los domicilios de los investigados. Inicialmente, los hermanos Alvarez ya recibieron una orden de prisión preventiva el 11 de febrero, pero fue revocada el 2 de abril por un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, permitiendo que Antonio y Xavier recuperaran su libertad en ese entonces.
El Caso Grillete: presunto incumplimiento de decisiones de autoridad
El tercer proceso, conocido como caso Grillete, llevó a que una jueza de Samborondón llamara a juicio a Alvarez el pasado 1 de julio. Se le acusa de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad tras haber sido encontrado sin el dispositivo de vigilancia electrónica durante un allanamiento en su domicilio.
La investigación penal tuvo su génesis el 10 de febrero de 2026. En esa fecha, mientras agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaban un allanamiento en el domicilio del alcalde por una causa distinta (el caso Goleada), se identificó que Alvarez no portaba el dispositivo electrónico. Según los informes oficiales, el grillete fue encontrado tirado en el piso de su dormitorio.
Ante este hallazgo, la Fiscalía inició una instrucción fiscal basándose en que el burgomaestre se habría retirado el aparato sin contar con la debida autorización judicial.
Pruebas contra Aquiles Alvarez en este caso
Para sustentar el llamado a juicio, la fiscal Lisset Barragán presentó un conjunto de 25 elementos de convicción ante la justicia. Entre las pruebas se encuentran:
- Manipulación técnica: una pericia al dispositivo electrónico determinó la ausencia de un tornillo de seguridad. Según la Fiscalía, esta alteración física habría impedido que el sistema generara las alertas automáticas de “pulsera quitada” al momento de ser removida.
- Alertas del SNAI: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) registró un total de 33 alertas relacionadas con irregularidades en el funcionamiento del dispositivo de Alvarez.
- Testimonios y pericias: se incluyeron partes policiales del operativo del 10 de febrero, pericias de audio y video, y el reconocimiento del lugar de los hechos.
Entre tanto, la defensa del alcalde de Guayaquil cuestionó la validez legal de la resolución, denunciando que la magistrada admitió elementos cuya utilización como prueba está “expresamente prohibida” por la normativa procesal penal.
A través de un comunicado oficial, los defensores de Alvarez señalaron que la resolución judicial carece de un análisis autónomo y motivado, limitándose a recoger la tesis de la Fiscalía sin responder a los argumentos de descargo presentados por la defensa. Para los abogados, resulta “jurídicamente grave” que el proceso avance hacia la etapa de juicio basándose en elementos que no debieron superar la audiencia preparatoria por ser contrarios a la ley.
Situación procesal actual
El 1 de julio de 2026, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karen Alarcón Macías —quien reemplazaba a la magistrada Andrea Ordóñez—, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó el auto de llamamiento a juicio contra el alcalde.
Actualmente, Alvarez cumple una orden de prisión preventiva por este caso, la cual fue dictada el 16 de marzo de 2026 por el juez Ítalo Alonso Zambrano Reyna y tiene una vigencia establecida de seis meses.
Crisis de salud en medio del encierro
Este panorama jurídico coincide con un deterioro en la salud del alcalde, cuya defensa asegura que ha perdido 65 libras desde su detención inicial en febrero. El pasado 8 de julio, Alvarez fue trasladado de emergencia en helicóptero a una clínica privada en Guayaquil debido a cálculos en la vesícula.
Sin embargo, el funcionario retornó a la cárcel el mismo día. Su defensa explicó que Alvarez optó por una intervención programada con sus médicos de confianza, denunciando que el traslado inicial se realizó sin su consentimiento y que se le negaron exámenes adicionales para descartar otras dolencias como hipertensión y pérdida acelerada de peso.
