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¡Estrategia descarada! Noboa propone "pan y circo" con cerveza barata mientras la salud colapsa.En medio del arranque del Mundial 2026, el presidente Daniel Noboa anuncia con bombos y platillos la eliminación temporal del impuesto ICE para la cerveza y bebidas de moderación, prometiendo una rebaja del 20%. Analizamos la indignación ciudadana ante esta burda maniobra de "pan y circo": ¿cómo es posible que quiten impuestos al alcohol para mantener entretenido al país mientras los hospitales públicos siguen desabastecidos, sin medicinas y la crisis de seguridad no da tregua? ¡No te dejes engañar por las pantallas gigantes! ¡EXIGE RESPUESTAS CON NOSOTROS! Déjanos tu fuerte comentario: ¿Qué opinas de priorizar la cerveza barata por encima de las medicinas en los hospitales?
El organismo internacional expresó su preocupación por el fallecimiento de la activista en Santa Elena y exhortó al Estado ecuatoriano a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción y defensora de derechos humanos en la provincia de Santa Elena, quien fue hallada sin vida en su domicilio el pasado 8 de junio de 2026.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y personas cercanas.
Además, recordó la importancia de garantizar investigaciones diligentes cuando las víctimas son personas defensoras de derechos humanos.
En su pronunciamiento, el organismo instó al Estado ecuatoriano a desarrollar una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de la activista.
La Comisión señaló que entre las líneas de investigación debe considerarse una posible relación entre el hecho y las actividades de defensa de derechos humanos que desarrollaba, así como las denuncias de presuntos actos de corrupción que realizó en los últimos años.
La CIDH enfatizó que, de acuerdo con los estándares interamericanos, cuando una persona defensora es asesinada o fallece en circunstancias que generan dudas, las autoridades tienen la obligación de analizar si su labor social, comunitaria o de denuncia pudo constituir un móvil del hecho.
El pronunciamiento internacional se suma a los pedidos realizados por organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y fundaciones nacionales e internacionales, que en los últimos días han solicitado transparencia, independencia y celeridad en las investigaciones para determinar qué ocurrió con Monika Silva.
En poco más de un año de gestión legislativa, ADN enfrentó dos casos desgastantes. Mientras la censura de Mario Godoy avanzó impulsada por la presión ciudadana y las denuncias públicas, el caso Progen está marcado por bloqueos a los procesos de fiscalización.
En poco más de un año de gestión legislativa, el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) enfrenta un desgaste político derivado de dos casos que ponen en duda su narrativa anticorrupción.
La censura del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsada por la indignación social, y el bloqueo sistemático de la fiscalización en el Caso Progen.
Mario Godoy: la presión ciudadana primó por sobre la voluntad política
El bloque gobiernista enfrentó su primera gran “piedra de tranca” en la Asamblea Nacional con el caso de Mario Godoy Naranjo, quien terminó siendo censurado y destituido de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) el 18 de febrero de 2026.
Ese proceso lo impulsaron cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana, liderados por Viviana Veloz.
La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, lideró ese juicio político contra Mario Godoy.
Lo que inicialmente se percibió como un intento de blindaje por parte del Gobierno, terminó en una votación histórica de 148 votos a favor de la censura, forzada en gran medida por la indignación social y las revelaciones de graves conflictos de interés.
A diferencia de otros procesos legislativos, la salida de Godoy no fue una iniciativa espontánea de la bancada oficialista, sino el resultado de una intensa presión de diversos sectores sociales, incluyendo la academia y gremios de abogados.
De hecho, a través de redes sociales, analistas y activistas denunciaron la inoperancia del funcionario para proteger la integridad del sistema judicial. Por ello, ese proceso de censura en logró, en gran parte, por una “ciudadanía activa”.
Incluso —al inicio del proceso— entre los pasillos del Parlamento se rumoreaba que ADN no iba a los votos para la censura de no ser por el cerco mediático y social que rodeó al exfuncionario.
Aunque legisladores oficialistas como Ferdinan Álvarez y Ana Belén Tapia sostuvieron que su bloque nunca tuvo la intención de “blindar” a Godoy, la desconfianza ciudadana se alimentó de la lentitud inicial para iniciar el proceso de responsabilidad política.
El núcleo de la polémica fue el testimonio del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció haber sido víctima de presiones por parte de Henry Gaibor (funcionario de confianza de Godoy) en la Judicatura para beneficiar en una sentencia al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
La situación se tornó insostenible cuando se reveló que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, había sido la abogada defensora de dicho criminal.
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue censurado en el Pleno de la Asamblea en febrero de 2026.
Estas revelaciones, sumadas a la “manifiesta inoperancia” para brindar seguridad al juez Serrano —quien tuvo que abandonar el país por amenazas de muerte—, hicieron que cualquier intento de apoyo político por parte del oficialismo resultara costoso para su imagen pública.
El caso siguión su curso en el CAL, en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La gestión de este caso dejó una huella pálida en ADN. Aunque el bloque terminó liderando la moción de censura para demostrar que “no tapan a nadie”, analistas advierten que el episodio debilitó la bandera de lucha anticorrupción del Ejecutivo.
Por ello, para muchos sectores, la censura de Godoy fue una “batalla ganada” por la presión ciudadana y el escándalo judicial.
Caso Progen: un bloqueo constante en todas las instancias parlamentarias
El caso Progen se consolidó como el mayor desafío ético para el bloque oficialista, revelando un manual de ‘bloqueo’ sistemático en todas las instancias de la Asamblea Nacional para “sepultar” la fiscalización de contratos eléctricos fallidos por USD 149,1 millones.
Este esquema de protección, que evita el escrutinio de un perjuicio al Estado superior a los USD 100 millones, provocó un fuerte golpe a la credibilidad del Gobierno.
La estrategia de blindaje comenzó en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo dominado por el oficialismo y sus aliados.
En tres ocasiones distintas, el CAL operó para neutralizar el control político: primero, archivando juicios políticos contra la exministra Inés Manzano bajo argumentos administrativos.
Y, segundo, mediante una resolución que arrebató la investigación a las comisiones lideradas por la Revolución Ciudadana.
La exministra Inés Manzano funge como una de las principales protagonista en el caso Progen.
Al entregar la competencia exclusiva de fiscalización a la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, el CAL aseguró que el ritmo y el contenido de la investigación permanecieran bajo control absoluto del Gobierno.
Esto impidió que cualquier otra mesa legislativa requiriera comparecencias sobre el tema.
Dentro de la Comisión de Transparencia, la fiscalización fue neutralizada mediante un informe de mayoría que eximió de toda responsabilidad política a los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, trasladando la culpa únicamente a funcionarios de rango medio.
La revelación de un audio de julio de 2025 expuso la presunta “movida” coordinada entre Manzano y Jácome para que las comparecencias de los funcionarios fueran “escuetas”, con la instrucción clara de no profundizar en los problemas de los contratos de Progen.
Durante el proceso, la mayoría oficialista implementó otras tácticas de bloqueo, como impedir la reproducción de videos comprometedores contra el exministro Luque y evitar las comparecencias de las máximas autoridades ante la comisión.
Asimismo, con el respaldo del expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, el oficialismo evitó que los informes sean debatidos por los 151 legisladores en el Pleno del Parlamento, declarando que el trámite “ya concluyó” tras ser remitido a la Contraloría y Fiscalía.
Esta decisión dejó en el limbo el informe de minoría de la oposición, que sí detallaba responsabilidades políticas directas por la adquisición de equipos que “chatarra”, que no aportaron energía al sistema interconectado ecuatoriano.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impidió el tratamiento del caso Progen en todas las instancias legislativas.
El último intento de fiscalización fue el 9 de junio de 2026. Ese día el oficialismo dejó fuera un pedido para exhortar a la Fiscalía General del Estado a entregar audios, videos y chats recabados por la Comisión de Evaluación de Celec sobre la adquisición de generadores, elementos que, según el legislador, no han sido incorporados en las investigaciones actuales. Tres días antes, en la Comisión de Fiscalización, legisladores del Gobierno impidieron el avance de otro proceso de juicio político contra Manzano.
La central termoeléctrica de 125 MW sufrió un incendio en su torre de enfriamiento. Autoridades estiman que la recuperación tomará entre nueve y doce meses, mientras expertos advierten sobre un mayor déficit de generación para finales de 2026.
La central termoeléctrica Esmeraldas I, una de las principales plantas de generación térmica del país, permanecerá fuera de operación entre nueve meses y un año tras el incendio registrado el pasado 5 de junio de 2026 en su torre de enfriamiento.
La información fue confirmada por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, a Primicias, quien reconoció que la salida de esta infraestructura representa una pérdida significativa para el sistema eléctrico nacional.
El incidente ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de mantenimiento en la planta, ubicada en la provincia de Esmeraldas.
Siniestro
Según Blum, tras el siniestro se dispuso el cambio de administración de la central y la adopción de medidas correctivas para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse. No obstante, admitió que la paralización de la unidad deja un vacío importante en la capacidad de generación del país.
Mientras continúan las inspecciones técnicas, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó que especialistas de Termoesmeraldas y representantes de la aseguradora realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.
A ello se suma otro desafío: la antigüedad de los equipos.
El ingeniero Gabriel Secaira a Primicias le señaló que el generador principal de Esmeraldas I data de la década de 1980 y se encuentra cerca del final de su vida útil, por lo que considera necesario reemplazarlo por tecnología moderna con sistemas automatizados de control.
Estiaje
La situación genera preocupación debido a la cercanía de la próxima temporada de estiaje, que en Ecuador suele extenderse entre octubre y marzo.
Durante ese período disminuyen los caudales de los ríos y, por consiguiente, la producción hidroeléctrica, fuente que actualmente cubre la mayor parte de la demanda nacional.
Entre el 1 y el 10 de junio de 2026, las hidroeléctricas aportaron el 87,1% de la energía consumida en el país, mientras que las termoeléctricas contribuyeron con apenas el 12%.
El ministro Blum advirtió que, en un escenario extremo de sequía y reducción de generación hídrica, Ecuador podría enfrentar un déficit cercano a los 1.300 megavatios durante el estiaje 2026-2027.
Sin embargo, expertos consideran que la cifra podría ser incluso mayor debido a la salida de Esmeraldas I.
Se estima que el sistema dispondría de alrededor de 760 MW de generación térmica, incluyendo las barcazas contratadas por el Gobierno, lo que dejaría una brecha considerable frente a una demanda máxima que puede alcanzar los 5.400 MW en determinadas horas.
Con la salida prolongada de Esmeraldas I, el desafío para garantizar el suministro eléctrico durante el próximo estiaje se vuelve aún más complejo.
Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil y garantiza la protección de los menores, miles de niños continúan vendiendo productos en las calles, trabajando en el campo o expuestos a condiciones que vulneran sus derechos.
Cada vez que un niño se acerca a un a mesa de restaurante para vender chocolates, caramelos o rosas, se hace visible una realidad que persiste en Ecuador.
Mientras algunas familias disfrutan de una comida o celebran una ocasión especial, miles de menores recorren calles, semáforos y mercados buscando ingresos para ayudar a sostener sus hogares.
La escena se repite a diario en ciudades y comunidades rurales. Y aunque muchas veces se ha normalizado, detrás de ella existe una problemática que sigue afectando a cientos de miles de niños y adolescentes en el país.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, las cifras recuerdan que Ecuador aún tiene una deuda pendiente con su niñez.
Más de 279.000 menores trabajan en el país
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 7,01% de los niños y adolescentes entre 5 y 14 años realiza algún tipo de trabajo. Esto equivale a 279.791 menores que desarrollan actividades laborales en distintas partes del país.
La cifra representa un incremento respecto a 2022, cuando el indicador se ubicó en 5,78% y afectaba a 218.321 niños. También supera el 6,60% registrado en 2023, evidenciando que el problema volvió a crecer en los últimos años.
La serie histórica muestra que el trabajo infantil ha mantenido niveles preocupantes durante la última década.
En 2018 alcanzó el 6,93% (249.306 menores), en 2019 llegó al 7,67% (280.749), en 2021 se ubicó en 6,98% (260.567), mientras que en 2024 volvió a superar la barrera del 7%, convirtiéndose en uno de los porcentajes más altos registrados desde antes de la pandemia.
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de 138 millones de niños continúan en situación de trabajo infantil. De ellos, 54 millones realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo.
Aunque la Constitución ecuatoriana prohíbe el trabajo de menores de 15 años y establece la obligación estatal de erradicar progresivamente esta práctica, la realidad demuestra que las normas todavía no logran traducirse plenamente en protección efectiva.
Una realidad que atraviesa generaciones
La abogado y antropólogo Alfredo Endara explica que el trabajo infantil forma parte de una problemática histórica en Ecuador.
Según señala, existen generaciones enteras de ecuatorianos que crecieron vinculadas al trabajo desde edades tempranas, especialmente en sectores agrícolas y rurales. En algunos casos, los niños nacían y crecían dentro de haciendas donde sus padres también laboraban.
“Los niños han sido parte de la mano de obra durante décadas. No se trata de casos aislados, sino de una práctica arraigada en determinadas dinámicas económicas y sociales”, sostiene.
El especialista advierte que el fenómeno no distingue entre campo y ciudad. Mientras en las zonas rurales muchos menores participan en actividades agrícolas consideradas “normales”, en los centros urbanos aparecen otras expresiones como la venta ambulante, la mendicidad o el reciclaje informal.
El peso de la pobreza
Detrás de la mayoría de historias de trabajo infantil existe un factor común: la pobreza.
Para el sociólogo Jorge Torres, las dificultades económicas que enfrentan miles de familias terminan empujando a los niños hacia actividades laborales.
“La falta de empleo estable, de oportunidades y de acceso a servicios básicos genera un efecto que se reproduce de generación en generación. Muchos niños dejan la escuela para ayudar a sus hogares y, sin educación, corren el riesgo de repetir el mismo ciclo cuando sean adultos”, explica.
La preocupación es aún mayor cuando el trabajo interfiere con la educación. Menos tiempo en las aulas significa menos oportunidades para construir un proyecto de vida diferente.
Por ello, Torres insiste en que las políticas públicas deben enfocarse no solo en retirar a los menores del trabajo, sino también en garantizar que permanezcan dentro del sistema educativo.
Leyes que existen, pero no siempre se cumplen
El abogado laboralista Robinson Hidalgo considera que uno de los principales problemas radica en la débil aplicación de las normas existentes.
A su criterio, la persistencia del trabajo infantil responde tanto a factores económicos como a la falta de controles efectivos.
“La pobreza, la necesidad económica de las familias y las limitaciones para acceder a una educación de calidad siguen impulsando esta práctica. Pero también existe una insuficiente supervisión de las condiciones laborales y una aplicación limitada de la normativa”, señala.
Hidalgo advierte además que el sistema de protección presenta importantes vacíos. Según datos citados por el especialista, apenas el 12% de las denuncias relacionadas con explotación laboral infantil termina en sanciones y solo el 34% de los casos identificados recibe cobertura de programas de reinserción.
Estas cifras reflejan las dificultades que aún enfrenta el Estado para garantizar que los niños alejados del trabajo puedan volver a estudiar y desarrollarse en condiciones adecuadas.
Más allá de vender caramelos
La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como toda actividad que priva a los niños de su niñez, afecta su dignidad o perjudica su desarrollo físico y psicológico.
No se trata únicamente de labores pesadas o peligrosas. También incluye actividades que interfieren con la educación, obligan a abandonar la escuela o exigen combinar largas jornadas laborales con el estudio.
Por eso, la imagen de un niño vendiendo dulces en una calle o limpiando parabrisas en un semáforo no debe verse como una muestra de esfuerzo o emprendimiento, sino como una señal de alerta sobre derechos vulnerados.
Una responsabilidad de toda la sociedad
Cada 1 de junio, durante el Día del Niño, abundan los discursos sobre protección, educación y bienestar infantil. Sin embargo, once días después, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil recuerda una realidad menos visible, pero igualmente urgente.
La erradicación del trabajo infantil no depende únicamente de las autoridades. También requiere el compromiso de la sociedad para denunciar situaciones de explotación, apoyar la permanencia de los niños en las escuelas y rechazar la normalización de prácticas que afectan su desarrollo.
Mientras miles de menores continúen cambiando los juegos por jornadas de trabajo, los derechos de la infancia seguirán siendo una promesa incumplida. En Ecuador, más de 279.000 niños aún esperan que esa deuda histórica empiece finalmente a saldarse.
Peleas grabadas que circulan en redes sociales, ataques con armas blancas, humillaciones públicas y agresiones a padres de familia reflejan una problemática que expertos vinculan con la normalización de la violencia, la crisis de salud mental y el debilitamiento de los entornos de protección.
Un estudiante arrodillado frente a un inodoro mientras otro intenta sumergirle la cabeza. Alrededor, varios adolescentes no intervienen. Sacan sus teléfonos y graban.
La escena, registrada en una unidad educativa de Quito y difundida en redes sociales a inicios de mayo de 2026, duró apenas unos segundos, pero reabrió una pregunta que cada vez preocupa más a padres, docentes y especialistas: ¿por qué la violencia entre adolescentes parece estar escalando?
No se trata de un hecho aislado.
El 30 de mayo de 2026, en el noroeste de Guayaquil, una pelea entre dos estudiantes terminó con la madre de una de las jóvenes golpeada y lanzada al suelo cuando intentaba separar a las adolescentes.
Los videos muestran cómo un hombre la toma del cabello y la derriba, mientras decenas de estudiantes observan y registran la escena con sus celulares.
A estos casos se suman otros episodios recientes: un adolescente herido con arma blanca durante una riña en Alangasí y otra brutal agresión en Ciudad Bicentenario, Calderón, a pocos metros de una institución educativa.
La violencia escolar ya no ocurre únicamente dentro de las aulas. Ahora también se traslada a los parques, las calles y las plataformas digitales, donde las agresiones encuentran una audiencia inmediata.
Las cifras detrás de los videos
Aunque muchos de estos hechos alcanzan notoriedad por su difusión en redes sociales, las estadísticas oficiales muestran que el problema viene creciendo desde hace varios años.
El Ministerio de Educación expone más de 55.534 alertas de riesgos psicosociales entre 2022 y 2025, de las cuales cerca del 40% se registraron únicamente durante 2025.
El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo, reconoce reconoce que la violencia entre estudiantes constituye una de las formas más frecuentes de agresión dentro de las instituciones educativas, especialmente a través del acoso escolar y las agresiones físicas.
Quito, por ejemplo, forma parte de los cantones priorizados por este plan, con 494 establecimientos educativos bajo seguimiento.
Sin embargo, para muchos docentes, estas cifras apenas reflejan una parte de la realidad.
Diego Fernández, ciudadano que ha visto enfrentamientos estudiantiles en el sur de Quito, sostiene que las “batallas campales” entre adolescentes ocurren con frecuencia y que muchos casos nunca llegan a denunciarse.
¿Qué está pasando con la juventud?
Para la psicóloga clínica Gaby Fraga, el problema tiene raíces profundas.
La especialista recuerda que uno de cada cinco niños experimenta algún tipo de violencia durante su desarrollo y advierte que Ecuador sigue siendo una sociedad donde muchos actos agresivos aún se justifican o minimizan.
La violencia, explica, no aparece de manera espontánea en la adolescencia. Generalmente es el resultado de:
Aprendizajes previos
Conflictos familiares no resueltos
Exposición constante a conductas violentas
Dificultades para gestionar emociones
Además, considera que uno de los síntomas más graves de esta crisis no es únicamente la agresión, sino la reacción del entorno.
“Nadie detiene la pelea, todos sacan el celular”, afirma.
Para la especialista, los adolescentes no solo están expuestos a más violencia, sino que las redes sociales han transformado estas escenas en contenidos que se comparten y viralizan.
En lugar de buscar ayuda o proteger a la víctima, muchos optan por grabar, una conducta que, según explica, evidencia una preocupante normalización de la agresión y una pérdida progresiva de la empatía colectiva.
Prevención
El psicólogo educativo Sergio Pazmiño coincide en que el país necesita fortalecer los sistemas de prevención, atención y reparación de la violencia escolar.
A su criterio, hacen falta procesos permanentes de capacitación, sensibilización y levantamiento de información para detectar tempranamente conductas de riesgo.
Mientras tanto, la docente Ronny Escobar considera que las familias deben recuperar un papel más activo en la formación de los estudiantes.
Propone fortalecer las escuelas para padres y retomar clubes y actividades extracurriculares que permitan a los adolescentes desarrollar habilidades sociales y aprovechar mejor su tiempo libre.
Para Carolina Encalada, madre de familia, la seguridad tampoco puede limitarse a las puertas de los planteles.
Cree que muchos enfrentamientos se organizan fuera de las instituciones educativas e incluso con la participación de personas mayores de edad que incentivan las agresiones.
El protocolo existe, pero el desafío es aplicarlo
Frente a casos de bullying o violencia entre estudiantes, el Ministerio de Educación cuenta con un protocolo obligatorio para todas las instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares del país.
El documento establece que, una vez detectado o confirmado un hecho de violencia, las autoridades educativas y los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) deben activar medidas de protección, evitar la revictimización y garantizar la restitución de derechos.
Entre las principales acciones están:
Acompañamiento psicológico para víctimas y agresores
Seguimiento permanente de los estudiantes involucrados
Derivación a atención especializada
Activación de redes de apoyo
Garantía de continuidad educativa
Y, cuando sea necesario, la reubicación del estudiante afectado.
Además, el protocolo establece que toda la comunidad educativa tiene la obligación de actuar frente a un hecho de violencia y denunciarlo ante las autoridades correspondientes, priorizando siempre la protección inmediata del estudiante afectado.
El desafío va más allá de las sanciones
El Ministerio de Educación ha anunciado nuevas estrategias para el período lectivo 2025-2026, entre ellas la incorporación de contenidos relacionados con seguridad, prevención y convivencia escolar, además del fortalecimiento de los DECE y de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.
Pero para los especialistas, ninguna medida será suficiente si la violencia continúa normalizándose en el hogar, en los barrios y en el entorno digital.
Cada nuevo video viral parece durar apenas unos segundos en las redes sociales. Sin embargo, detrás de esas imágenes quedan adolescentes con secuelas emocionales, familias fracturadas y comunidades educativas obligadas a preguntarse si la escuela sigue siendo un espacio seguro.
La discusión ya no es únicamente cómo sancionar a quienes agreden. La pregunta de fondo es cómo evitar que las nuevas generaciones aprendan que la violencia es una forma válida de resolver sus conflictos.
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