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Radio Pichincha conoció que dejará de circular la versión impresa de diario Expreso y en adelante, solo se centrarán en la versión digital.
La directiva de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), dueña de diarios de circulación nacional como Expreso y Extra, convocó a sus accionistas a una Junta General Extraordinaria para el próximo martes 13 de octubre de 2026 a las 11:00 en Guayaquil.
La cita institucional tiene como propósito central evaluar la situación financiera de la compañía, autorizar la venta de sus bienes inmuebles y resolver de manera definitiva la venta de las marcas comerciales de la empresa.
La convocatoria, suscrita el 2 de octubre de 2026 por el presidente ejecutivo Galo Martínez Leisker, ocurre luego de la intervención a Granasa, por parte de la Superintendencia de Compañías a inicios de año. Además, esta situación de Granasa se da en medio de las acciones emprendidas por el Gobierno de Daniel Noboa por ‘controlar’ a Expreso.
Radio Pichincha conoció que periodistas del medio fueron notificados sobre el cese definitivo de las publicaciones impresas de Diario Expreso. Así, tras esa decisión, el medio Expreso solo tendrá presencia digital, a través de su página web.
Tras la suspensión de las ediciones impresas de Expreso, la casa editorial concentrará sus actividades exclusivamente en mantener la circulación de Diario Extra.
Presiones estatales
La decisión de liquidar las marcas y activos de Granasa sucede a una constante escalada de presiones oficiales que forzó la salida de voces críticas de ese medio.
El 12 de agosto de 2026, la empresa notificó la desvinculación del periodista y opiniónista Roberto Aguilar, conductor del pódcast Politizados. La salida se produjo el mismo día en que Aguilar difundió su columna “El anticorreísmo sintético del servicial José Julio Neira“, en la que cuestionaba al Secretario General de la Administración Pública.
Aguilar reveló que autoridades del Ejecutivo exigieron en reiteradas ocasiones a la gerencia de Granasa la salida de cronistas incómodos —como el propio Aguilar, Martín Pallares y el abogado Eduardo Carmigniani— a cambio de frenar el hostigamiento estatal y empresarial.
“No hay otra razón para mi salida que las presiones de personas del Gobierno. Este es un triunfo del Gobierno de Daniel Noboa”, aseveró Aguilar.
El periodista denunció además que funcionarios del régimen amenazaron a los anunciantes privados con ordenarles auditorías del Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que derivó en la pérdida masiva de pauta y dejó ediciones del periódico completamente desprovistas de publicidad comercial. El representante legal de la empresa, Eduardo Carmigniani, confirmó que varios anunciantes retiraron sus avisos del diario.
Un año de asedio
Las acciones estatales contra la casa editorial comenzaron a intensificarse en septiembre de 2025.
El 11 de septiembre de 2025, el SRI inició procesos de auditoría tributaria contra 15 distribuidores mayoristas de periódicos de Granasa.
Luego, el 21 de septiembre de 2025, el entonces Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, acusó públicamente a Expreso de utilizar a 75 canillitas para lavar USD 5 millones y a 36 proveedores para blanquear USD 6 millones adicionales en la trama Sinohydro.
Tras ello, la Fiscalía ejecutó siete allanamientos en Guayaquil el 26 de septiembre de 2025 dentro de la operación “Fénix 294–Canillita” por presunta evasión fiscal de USD 600.000. Sin embargo, una auditoría independiente realizada por la firma Ernst & Young confirmó que los pagos de los distribuidores coincidían de forma exacta con la facturación de Granasa, desbaratando la acusación oficial.
Tras el inicio de acciones penales por presunta asociación ilícita contra los directivos, los diarios Expreso y Extra circularon -a finales de abril de 2026- con sus portadas en blanco como medida de protesta.
Presiones al paquete accionario
En paralelo, el Ejecutivo desplegó mecanismos para incidir en la estructura societaria de la empresa. El 24 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Compañías —dirigida por Luis Cabezas-Klaere, autoridad designada a partir de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa— revirtió la venta del 40% de las acciones de Granasa realizada en 2020 a favor de Ingrid Martínez Leisker por USD 1 millón, traspasándolas a la firma en disolución Veranera S.A. y nombrando como liquidador a Carlos Cadena Asencio.
A inicio de ese mes, el 3 de diciembre de 2025, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) compró el 2,56% de las acciones de Granasa por USD 64.000 al accionista Carlos Alfonso Martínez Bruno, luego las vendió a la Presidencia de la República.
Y, el 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino oficialmente a Granasa a petición de Inmobiliar, argumentando la negativa del diario a entregar expedientes legales y listas de sus asesores jurídicos entre 2022 y 2025, información protegida por el secreto profesional entre cliente y abogado.
Mapa de medios, a favor del Gobierno
El cierre de la circulación impresa de Diario Expreso y la venta de la marca comercial y de los activos de Granasa se producen mientras figuras vinculadas al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) adquieren otros medios de comunicación.
En agosto del año anterior, el asambleísta alterno de ADN, Luis Ricardo Alvarado Campi, adquirió por USD 2,6 millones el medio digital La Posta y Radio Centro a través de la empresa Galamedios, representada legalmente por Víctor Guivernau, esposo de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
Así, el gobierno impulsa una estrategia para controlar a medios de comunicación y a periodistas clave.
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