La grabación sugiere maniobras para controlar las comparecencias legislativas y limitar la fiscalización sobre las cuestionadas contratacion...
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Con el ascenso de Mancheno, el movimiento ADN mantiene la conducción del Parlamento, el cual deberá elegir próximamente a un nuevo primer vicepresidente hombre para completar el CAL y garantizar la paridad de género.
Este 8 de junio de 2026, la asambleísta Mishel Andrea Mancheno Dávila asumió oficialmente la Presidencia de la Asamblea Nacional. Su ascenso al cargo se dio de forma inmediata tras la renuncia irrevocable de Niels Olsen Peet, quien dejó la titularidad del Legislativo para participar como precandidato a la Prefectura del Guayas en los próximos comicios.
Mancheno, representante de la provincia de Chimborazo por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), se desempeñaba como primera vicepresidenta desde el 14 de mayo de 2025, cargo para el cual fue elegida con 79 votos. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su rol consistía en reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, lo que se concretó este lunes durante la sesión 98 del Pleno.
La nueva titular del Parlamento posee una formación académica multidisciplinaria, siendo abogada e ingeniera comercial con una maestría en Derecho de la Empresa obtenida en España. Su carrera en el sector público es extensa, habiendo ocupado funciones en:
El Ministerio del Trabajo
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa)
El Registro Civil
El Ministerio de Salud Pública.
Uno de sus roles más sonado fue el de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República bajo la administración de Daniel Noboa, donde participó en el análisis de asuntos legales estratégicos para el Ejecutivo.
¿Qué sucederá ahora?
Esta no es la primera vez que ocurre una sucesión de este tipo por motivos electorales. Durante el periodo legislativo anterior, se dio un caso similar:
Henry Kronfle (PSC) renunció a la Presidencia de la Asamblea para candidatizarse a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2025.
Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), quien era la primera vicepresidenta en ese momento, asumió la conducción del Legislativo tal como lo dicta la normativa.
Ahora, con la llegada de Mancheno a la Presidencia, el Legislativo continuará bajo la dirección del bloque oficialista ADN. Sin embargo, su ascenso genera una vacante en la primera vicepresidencia que el Pleno deberá suplir próximamente. Por criterios de paridad de género, el nuevo primer vicepresidente deberá ser un hombre, dado que tanto la Presidencia como la segunda vicepresidencia —ocupada por Carmen Tiupul— están lideradas por mujeres.
Para esta designación se requerirá el respaldo de la mayoría absoluta(77 votos). Mientras se define este cargo, Mancheno ya ejerce sus facultades, habiendo retomado tras su posesión el tratamiento de informes de fiscalización en el hemiciclo.
Álvaro Ignacio Guivernau Becker, quien dirigía la empresa cuando ocurrió la incautación de droga en Posorja, fue reemplazado en febrero de 2026, mientras la investigación judicial sigue sin detenidos ni sentenciados.
Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, ya no figura como gerente general de la empresa Blasti S.A., compañía que estuvo en el centro de la atención pública tras el hallazgo de 2,6 toneladas de cocaína ocultas en uno de sus contenedores en el puerto de Posorja.
De acuerdo con los registros societarios, Guivernau dejó el cargo y el 24 de febrero de 2026, fue designado como nuevo gerente general Daniel Patricio Correia Peñaherrera.
El cambio se produjo casi once meses después de que la Policía Nacional decomisara el cargamento de droga, entre el 27 y 28 de marzo de 2025.
Cuando ocurrió la incautación, Guivernau Becker era el principal representante administrativo de Blasti S.A. La empresa también tiene otra conexión con el entorno del presidente Daniel Noboa: su presidenta es Silka Sánchez, identificada como una de las colaboradoras más cercanas de Álvaro Noboa, padre del mandatario.
Un proceso judicial sin avances
A más de un año del operativo antidrogas, el caso permanece estancado en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Hasta el momento no existen personas sentenciadas ni detenidas por este proceso.
Los seis procesados -cuatro trabajadores operativos de Blasti S.A. y dos accionistas de la empresa transportista Sstrans S.A.- enfrentan el caso bajo medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Incluso, uno de los investigados, Petter Cedeño Lamilla, obtuvo autorización judicial para cumplir esas presentaciones desde el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar, tras argumentar que había adquirido nuevos compromisos laborales.
Las audiencias preparatorias de juicio tampoco han logrado instalarse. La primera convocatoria, prevista para el 6 de febrero de 2026, fue suspendida por la ausencia de abogados defensores. La diligencia fue reagendada para el 12 de marzo del mismo año, pero nuevamente no pudo desarrollarse.
El “conductor fantasma”
Otro de los elementos que sigue sin resolverse es la ubicación del conductor identificado con el alias de “Pedro González”, quien, según la investigación, habría trasladado el contenedor contaminado utilizando placas vinculadas a la empresa Sstrans S.A.
Las indagaciones policiales determinaron que la cédula registrada para esa persona era falsa, por lo que hasta la fecha se desconoce su verdadera identidad y paradero.
Aunque la Revolución Ciudadana esté suspendida de manera ilegal e ilegítima, tenemos un partido nacional que nos va a auspiciar, remarcó Rivadeneira.
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció que los candidatos de esa organización política ya cuentan con el auspicio de un partido nacional para participar en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
“Aunque la Revolución Ciudadana esté suspendida de manera ilegal e ilegítima, tenemos un partido nacional que nos va a auspiciar”, afirmó en un video difundido a través de redes sociales.
En el pódcast La Dominga, Rivadeneira evitó revelar el nombre de la organización política que respaldará las candidaturas del movimiento. Sin embargo, adelantó que en los próximos días se realizarán nuevos anuncios relacionados con la participación electoral de la Revolución Ciudadana.
“Ya nos pondremos de acuerdo para dar una información certera y apropiada, que dé garantías y que nos permita decir que la RC ya no está en la Lista 5, sino en tal lista”, manifestó.
La dirigente reconoció que la suspensión de la organización y la necesidad de buscar el respaldo de otra agrupación política para participar en los comicios no deberían ocurrir en un Estado de derecho.
No obstante, aseguró que, pese a las dificultades, la Revolución Ciudadana estará presente en la papeleta de este año.
“Esto evidencia una ruptura del Estado de derecho, pero aun con todas las trabas, la Revolución Ciudadana va a participar”, sostuvo.
397 MW generan las termoeléctricas flotantes administradas por Elecaustro en el Río Guayas.
El transporte de fuel oil para la operación de las centrales de generación termoeléctrica flotante, ubicadas a lo largo del Río Guayas bajo administración de la Empresa Generadora del Austro (Elecaustro), tendrá un millonario costo de USD 133.423.750, más IVA.
Elecaustro lleva adelante un proceso para la contratación del “Servicio de logística y transporte marítimo de combustible fuel oil para las centrales de generación termoeléctrica flotante temporal de Elecaustro”, el cual tiene como fecha de adjudicación el próximo 3 de julio.
El contrato contempla el transporte marítimo de 423.765.000 galones durante 730 días, desde el puerto de Balao, en Esmeraldas, hasta las centrales flotantes ubicadas en Las Esclusas.
Para el transporte se utilizarán un buque tanque que operará desde Balao hasta Punta Arenas (Puná) y un buque alijador que hará el traslado desde Punta Arenas hasta las Esclusas.
Elecaustro arrienda temporalmente centrales de generación termoeléctrica flotante, que operan con fuel oil, con una capacidad máxima de 397 MW.
El informe de necesidad señala que la demanda de combustible aumentará con la incorporación de las nuevas centrales: Esclusas V, Esclusas VI y Ecuagran II, por lo que se requiere garantizar el abastecimiento oportuno de fuel oil.
Las centrales de generación de Elecaustro, Las Esclusas y Ecuagran, se encuentran ubicadas sobre el Río Guayas, por lo que su acceso natural y directo es por vía fluvial-marítima.
Actualmente, no existe infraestructura terrestre de descarga ni conexión mediante ductos entre tierra firme y las centrales flotantes.
Además, los servicios de transporte de combustible, a cargo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) vencen el próximo 15 de junio.
¿Costo elevado?
Elecaustro y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) contrataron entre 2024 y 2025 con la empresa turca, Karpowership, tres barcazas para la generación de 300 MW por un valor de USD 250 millones.
Los contratos contemplaron que la empresa extranjera cubra el costo del transporte de combustible.
En el caso de la primera barcaza, contratada por USD 114 millones para generar 100 MW durante 630 días, el costo de transporte fue de entre USD 12,5 y USD 13,5 millones.
Déficit de energía
El Operador Nacionalidad e Electricidad (Cenace) recomendó garantizar la permanencia de la generación arrendada para evitar racionamientos, ante la constatación de un alto riesgo de déficit de energía.
Un informe de Cenace estableció un déficit de potencia de 1.439,8 MW para 2026 y del 17% para el estiaje del periodo 2026-2027.
Las Siervas de María reconocieron una donación y figuran en el expediente del caso Sinohydro.
La Comunidad de Siervas de María en Quito figura como beneficiaria de USD 50.000 provenientes de cuentas relacionadas con Comercial Recorsa, una de las compañías vinculadas a Conto Patiño, quien actualmente es procesado por el presunto delito de cohecho dentro del caso Sinohydro junto con el expresidente Lenín Moreno.
Dos transacciones a favor de congregación religiosa
El monto consta en dos transacciones registradas en un informe pericial incorporado al expediente fiscal. La primera corresponde al 7 de junio de 2013 por USD 20.000 y la segunda al 4 de octubre del mismo año por USD 30.000.
Ambas figuran en el anexo denominado “Beneficiarios de transferencias enviadas y pago de cheques de las cuentas bancarias de las compañías Comercial Recorsa C.A.”, elaborado por la perita economista Annabeleé Arellano dentro de la investigación fiscal del caso Sinohydro, que actualmente se encuentra en etapa de juicio.
El informe pericial
El informe pericial registra cerca de 587 transacciones realizadas a más de 100 personas naturales y jurídicas, por un monto superior a USD 5,6 millones. Entre los beneficiarios consta la congregación religiosa, que no fue incluida dentro de la causa impulsada por la Fiscalía.
La tesis de la Fiscalía sostiene que entre 2008 y 2018 operó una presunta estructura de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de al menos USD 76 millones al Estado ecuatoriano. Según la teoría del caso, Lenín Moreno, amigo de Conto Patiño, habría facilitado durante su período como vicepresidente la contratación con la empresa china Sinohydro.
En ese contexto, el fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón, ha sostenido que Comercial Recorsa y Recorsa S.A., compañías vinculadas a Conto Patiño, habrían sido utilizadas como estructuras para canalizar pagos ilícitos provenientes de Sinohydro.
Siervas de María reconocen una donación
Aunque en el informe pericial aparece la denominación Madres Siervas de María, el nombre oficial de la congregación es Siervas de María Ministras de los Enfermos, comunidad con presencia en Quito desde 1948.
El 29 de mayo de 2026, Radio Pichincha solicitó información a la congregación respecto de las transferencias registradas en el informe, en particular la correspondiente a USD 20.000. Se consultó sobre la naturaleza de esos recursos, si correspondían a préstamos, donaciones u otro tipo de aportes, así como sobre su destino institucional.
Informe pericial sobre lista de beneficiarios de transferencias de Recorsa. Foto: captura del Informe.
Sor Yesenia Perea, actual superiora de la Comunidad de Siervas de María en Quito, señaló que, tras revisar los archivos correspondientes a 2013, constató que “efectivamente en el mes de julio de dicho año consta que hemos recibido una generosa donación de USD 20.000 por parte del señor Conto Patiño para el mantenimiento de la casa”.
A través de un correo electrónico, indicó que desconoce el motivo de dicha donación. Además, facilitó el contacto de la madre Diana Taborda, quien se desempeñaba como superiora de la comunidad en 2013. Radio Pichincha también dirigió un pedido de información a Taborda y se encuentra a la espera de una respuesta.
Correo de la Comunidad Madres Siervas de María. Foto: Captura.
La religiosa añadió que la congregación se dedica al cuidado de enfermos a domicilio durante las noches y que los servicios que presta son gratuitos.
Antecedentes
Las Siervas de María Ministras de los Enfermos mantienen presencia en Quito desde 1948. Su labor se centra en la atención de enfermos a domicilio, el acompañamiento espiritual y actividades asistenciales.
La congregación también tiene presencia en Guayaquil y forma parte de la obra internacional iniciada en Madrid, España, en 1851. Su fundadora fue María Soledad Torres, canonizada por el papa Pablo VI en 1970.
La comunidad religiosa pasó a ser una congregación de derecho pontificio el 18 de septiembre de 1867, quedando bajo la autoridad directa del Vaticano. Al momento de la muerte de su fundadora existían 46 comunidades en Europa y Latinoamérica.
Actualmente, las Siervas de María tienen presencia en 22 países de América, Europa y África.
Abogados coinciden que lejos de garantizar un trabajo digno, la cartera que fue dirigida por Harold Burbano, se ocupó de reglamentar la precarización.
La muerte de un joven empleado durante un asalto a un supermercado ubicado en el norte de Quito desató una ola de denuncias en redes sociales sobre las condiciones laborales que enfrentan miles de jóvenes, que buscan generar ingresos para financiar sus estudios o sostener a sus familias.
Los gritos de dolor de la hermana de la víctima, identificada como David V., conmovieron a la ciudadanía. La mujer denunció que su familiar trabajaba hasta después de las 22:00 y que debía arreglárselas por su cuenta para regresar a su hogar desde el sector de El Inca, pese al contexto de inseguridad que atraviesa el país.
Asimismo, cuestionó que el establecimiento no contara con personal de seguridad, pese a que solo acepta pagos en efectivo y no mediante transferencias o tarjetas de crédito, una condición que podría convertirlo en un objetivo más atractivo para la delincuencia.
Esta realidad conectó con otras personas que no dudaron en usar las redes sociales para contar sus propias experiencias y a la vez de preguntarse ¿Quién cuida de los trabajadores? ¿Dónde estuvo el entonces Ministerio de Trabajo en estos caso?.
No solo en supermercado. En las gasolineras es lo mismo. Mi esposo trabaja ahí, de igual manera fue víctima de tres atentados y sigue igual como si nada, no hay guardias. No les importa la vida de los empleados
escribió Inés
En este supermercado ni siquiera pagan el básico y peor horas extras. Salen a las 22:30 y no es justo
indicó Narcisa Fuentes
Todas las líneas de supermercado tienen trabajadores con 12 horas, no te dan transporte, el pago de hora extra es de USD 1,66 sea el día que sea, sábado o domingo
dijo Gina
Este tipo de horarios de trabajo se ve mucho en los centros comerciales
comentó Sharet
Ahora las empresas están cambiando de nombre, hacen renunciar a los empleados para no pagar liquidaciones. Antes las empresas tenían que velar por la seguridad del trabajador hasta llegar a casa, pero los trabajadores debían coger siempre la misma ruta. El Ministerio de Trabajo ahora no sirve
mencionó la usuaria Simurg570.
Algo similar pasa en otro supermercado, hay locales que no tienen guardias e incluso los que tienen guardia se van antes de que los empleados cierren el local, lo sé porque mi esposo labora en ese lugar y le toca arriesgarse a hacer cierre de caja con un compañero ya que el guardia se va tipo 19:00 e incluso antes, mientras en estos locales la obligación es cerrar entre 21:30 a 22:00
escribió Vanesa.
Estamos pasando por una precariedad laboral y por necesidad toca aceptar. Ahora la mayoría es bajo factura, te matas estudiando, teniendo un título de tercer y cuarto nivel para que por un cargo de coordinación o gerencial te ofrezcan USD 700 o para otros cargos quieren que hagas lo que hacen cinco personas por un sueldo mínimo. Actualmente son abusivos y por poco quieren que se les trabaje gratis. Antes no era así, se conseguían buenos trabajos nada de contratos emergentes o productivos, había mucho respeto, hasta el ambiente laboral era bonito
contó la usuaria Cherry_lenita.
Son más de 300 mensajes de personas contando sus experiencias.
Opinión jurídica
La abogada laboralista Angie Toapanta señaló que algunos modelos de negocio, como los supermercados, buscan reducir costos para maximizar ganancias. A su criterio, esto se refleja en jornadas extensas, trabajadores que desempeñan múltiples funciones, cajeros sin una silla para sostenerse, personal reducido en atención al público y condiciones de seguridad deficientes.
“Situaciones como la ocurrida en el norte de Quito debieron concitar la atención del entonces Ministerio del Trabajo para exigir el cumplimiento de los derechos laborales”, puntualizó.
Toapanta lamentó que, en lugar de fortalecer las garantías laborales, la cartera de Estado que fue dirigida por Harold Burbano haya impulsado regulaciones que, a su juicio, favorecen la flexibilización del trabajo.
“Se extendió la jornada ordinaria de ocho a 10 horas diarias, legalizando condiciones que ya existían en supermercados y centros comerciales. Este tipo de empleo, ocupado mayoritariamente por jóvenes, combina salarios bajos con condiciones precarias”, afirmó en entrevista con Radio Pichincha.
La jurista explicó que la aplicación del banco de horas también podría derivar en jornadas fragmentadas, lo que implica mayores gastos en transporte y alimentación, además de una reducción del ingreso efectivo disponible para el trabajador.
“Son miles las personas que hoy desempeñan sus labores en condiciones de mayor exposición frente a la inseguridad: personal de seguridad privada, trabajadores del sector salud, trabajadoras del hogar, trabajadores autónomos e informales, repartidores de plataformas digitales, transportistas y vendedores, entre otros”, señaló.
La especialista sostuvo que gran parte de estos trabajadores desarrolla sus actividades sin suficientes garantías de seguridad, una responsabilidad que, en su criterio, corresponde tanto a los empleadores como al Estado.
“El Ministerio del Trabajo no anunció inspecciones en el supermercado donde ocurrió el crimen, pero sí ha actuado con diligencia en otros casos de naturaleza política. El IESS tampoco se ha pronunciado. Ambas instituciones deben recordar que su rol es vigilar, controlar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, sin distinción”, cuestionó.
Flexibilización laboral y riesgos
El abogado Patricio Morales coincidió con Toapanta y criticó la falta de un listado público de las empresas que se acogieron a la denominada jornada laboral eficiente, contemplada en el Acuerdo Ministerial 059. No obstante, precisó que los sectores que más utilizan este mecanismo pertenecen a las industrias manufacturera, florícola y de consumo masivo.
“Este tipo de grupos corporativos agrupa cadenas de establecimientos donde, aprovechando la posición de desventaja y necesidad del trabajador, suelen imponerse turnos rotativos y horarios más extensos para cubrir las necesidades del negocio”, manifestó.
Morales recordó que esta modalidad permite reorganizar la jornada para que los trabajadores laboren hasta 10 horas diarias, siempre que no se excedan las 40 horas semanales, condición que debe registrarse administrativamente ante el Ministerio del Trabajo.
“Este tipo de políticas, promovidas bajo enfoques neoliberales, parten de la premisa de que reducir costos empresariales, disminuir regulaciones y facilitar modalidades contractuales más flexibles incrementa la inversión y genera empleo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, jurídica y de derechos humanos, suelen trasladar una parte importante de los riesgos económicos y sociales de las empresas a los trabajadores”, afirmó.
El abogado agregó que, en muchas ocasiones, los empleados reciben instrucciones para proteger activos y custodiar bienes de las compañías sin contar con protocolos de seguridad acordes a los riesgos derivados de la situación de inseguridad que vive el país.
“Cuando un trabajador teme perder su empleo, es menos probable que denuncie deficiencias de seguridad o se niegue a realizar tareas peligrosas”, advirtió.
Morales sostuvo que la flexibilización laboral, sin mecanismos robustos de protección social, tiende a favorecer la rentabilidad empresarial a costa de transferir mayores riesgos a los trabajadores.
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