ARTUR ESTUDIO NOTICIAS NACIONALES

Videos en TikTok promocionan un servicio que garantiza hasta 1.000 puntos; la práctica es ilegal y vulnera la transparencia del proceso de ingreso.

En TikTok circulan videos promocionales que ofrecen un supuesto “servicio académico” para rendir el examen de admisión en nombre de aspirantes a la Universidad Central del Ecuador.

En los anuncios, una cuenta identificada como “Studix” asegura contar con un “equipo especializado” que responde la prueba por el postulante y promete puntajes entre 900 y 1.000 puntos, calificados como de excelencia académica.

“Rendimos el examen por ti”, repite el mensaje difundido en la red social.

La oferta incluye “cero estrés” y resultados garantizados para ingresar a la carrera deseada.

En la sección de comentarios, varios usuarios solicitan más información, preguntan por los costos y consultan cómo acceder al servicio.

La promoción de este tipo de prácticas generó preocupación en la comunidad académica, ya que implica suplantación de identidad y fraude en un proceso público de acceso a la educación superior.

¿Cómo es el examen de admisión?

De acuerdo con la información oficial publicada por la Universidad Central, el proceso de admisión contempla una evaluación de capacidades y competencias estructurada en tres dominios:

• Dominio lógico
• Dominio verbal
• Dominio numérico

La institución iniciará en marzo de 2026 la etapa 4 del proceso de admisión 2026, correspondiente al primer período académico.

A través de sus redes sociales difundió una guía tutorial con los pasos para cumplir correctamente con la Evaluación de Capacidades y Competencias.

Una práctica ilegal y antiética

Expertos en educación superior consultados advierten que ofrecer rendir un examen en nombre de otra persona no solo es antiético, sino que podría configurar delitos como suplantación de identidad, falsificación de datos y fraude informático.

Además, este tipo de servicios vulnera el principio de mérito y transparencia que rige el acceso a las universidades públicas.

El ingreso irregular de un postulante no solo afecta la equidad del sistema, sino que también perjudica a quienes se preparan de manera legítima.

Las autoridades universitarias suelen establecer mecanismos de verificación de identidad durante las evaluaciones, especialmente cuando estas se realizan en modalidad virtual, precisamente para evitar este tipo de irregularidades.

Riesgos para los aspirantes

Más allá del aspecto legal, quienes contratan estos servicios se exponen a estafas.

En muchos casos, no existe garantía real de que el supuesto “equipo académico” cumpla lo ofrecido. Tampoco hay certeza sobre el manejo de datos personales sensibles que se comparten para acceder al examen.

Pese al estado de excepción, la provincia registró un aumento de asesinatos del 18,75% en apenas un año.

La violencia se acentúa en la provincia costera de Los Ríos. El enero de 2026 fue el más sangriento e inseguro que vivieron sus pobladores en toda su historia.

Según datos del Ministerio del Interior, en esta provincia se cometieron 95 asesinatos en 2026. Esta cifra es mayor en 18,75%, respecto a los 80 asesinatos que se cometieron en 2025, en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, el ministro del Interio, John Reimberg, señaló que esta provincia tenía índices altos, pero luego de atacar el problema llegaron al “4%”, tergiversando la cifra de criminalidad.

Pero no es todo. La cifra del 2026 supera a lo ocurrido en enero de 2024, que tuvo 74 homicidios. Y también es mayor respecto a enero de 2023, que registró 63 asesinatos.

Las cifras muestran que el día más violento que se vivió en enero de 2026 en Los Ríos fue, tristemente, el 1 de enero. Apenas inició el año se cometieron en esta provincia 10 asesinatos. De estos crímenes, siete ocurrieron en el cantón Buena Fe.

Hechos que no han cesado, pese al estado de excepción decretado en la provincia, para combatir a grupos delictivos organizados. 

Sectores más peligrosos

A lo largo de enero de 2026, los crímenes en Los Ríos ocurrieron en distintos sectores. El más afectado fue el cantón de Buena Fe, que registró 20 asesinatos.

En segundo lugar se encuentra Babahoyo con 14 homicidios. Mientras que en Quevedo se registraron 12 asesinatos. En tanto Puebloviejo y Vinces tuvieron 10 homicidios cada uno.

Mientras que en el cantón de Quinsaloma se registraron nueve homicidios. En Urdaneta, siete. Mientras que en Ventanas y Montalvo hubo cinco homicidios. En Baba hubo dos crímenes. Y Palenque tuvo un asesinato.

Edison Paucar

El movimiento indígena asegura que la norma vulnera la autonomía de prefecturas y municipios y advierte que acudirá a la Corte Constitucional una vez que sea publicada en el Registro Oficial.

El movimiento político Pachakutik resolvió presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), al considerar que la normativa desarticula el régimen de descentralización y debilita la autonomía de prefecturas y municipios.

La decisión fue adoptada el viernes 20 de febrero durante un Consejo Político Nacional desarrollado en Quito, en el que participaron autoridades electas del movimiento, la dirigencia de la Conaie y otros actores políticos y sociales.

El presidente Daniel Noboa ya remitió la ley al Registro Oficial, por lo que, una vez que entre en vigencia con su publicación, podrá ser impugnada ante la Corte Constitucional.

La organización sostiene que el nuevo marco legal altera competencias y afecta la capacidad de gestión territorial de los gobiernos seccionales.

A la acción anunciada por Pachakutik se sumarían otras autoridades locales y fuerzas políticas.

Cuestionamientos a la descentralización

Pachakutik argumentó que la ley representa un retroceso en el modelo de descentralización establecido en la Constitución, al centralizar decisiones y limitar márgenes de autonomía financiera y administrativa.

Dirigentes presentes en la reunión señalaron que la defensa del régimen autonómico no es solo una disputa política, sino una garantía para que municipios y prefecturas puedan ejecutar obras y políticas públicas sin depender de decisiones centralizadas.

Otras resoluciones adoptadas

Durante el mismo Consejo Político Nacional, Pachakutik aprobó una serie de resoluciones relacionadas con la coyuntura nacional.

Entre ellas, respaldó la convocatoria al proceso de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa.

Además, expresó su rechazo al acuerdo ministerial que plantea jornadas laborales de hasta 12 horas a cambio de más días de descanso, al considerar que la medida afecta derechos laborales.

Daniela Fonseca

El programa que brinda atención gratuita en temas legales, psicológicos y de trabajo social, se encuentra en riesgo tras la aprobación de las reformas al Cootad.

Cada 22 horas, una mujer es víctima de femicidio en el país. Así lo revela un informe de la Alianza Feminista para el Monitoreo de Femicidios en Ecuador (Aldea), publicado el 29 de enero de 2026. De ese total, 126 eran madres que dejaron en la orfandad a 50 menores de edad.

Con el objetivo de trabajar en la prevención y rescatar a las mujeres de contextos de violencia, la Prefectura de Pichincha creó el programa Warmi Pichincha en 2020, que brinda servicios gratuitos de protección y apoyo en sus 11 centros distribuidos en toda la provincia.

Teresa Ochoa es usuaria de Warmi desde hace dos años y destacó el respaldo de los profesionales que laboran en el programa.

“Aquí nos abrieron las puertas desde el primer momento. El trato con amor me emociona. Sin yo pagar dinero me están dando el servicio de psicología”, comentó.

En los centros se ofrece atención gratuita en trabajo social, asesoría legal y psicología.

“Le dan importancia a nuestros casos (…) nos llaman y escriben todo el tiempo; ni en la familia se siente ese respaldo”, mencionó.

Petra Marcano llegó hace un año al centro Warmi ubicado en las calles Santa Prisca y 10 de Agosto, al norte de Quito. Desde entonces, asegura que su vida cambió por completo.

“En cualquiera de los 11 centros eres bien atendida, sin restricción de nacionalidad, género o edad”, acotó.

Marcano quedó desempleada hace dos años, por lo que no podría pagar servicios privados de atención.

“Warmi es una familia que ha dado el apoyo; nos ayudan sin ningún interés (…) Yo he cambiado bastante, tenía miedo a todo. Ahora sé que voy a salir adelante, voy a llegar al éxito; me dieron motivación, confianza y me siento empoderada”, señaló.

Atenciones

En cinco años, los 11 centros han brindado ayuda a 12.538 mujeres.

Erika Daza, psicóloga del programa, indicó que las usuarias también reciben orientación mediante el Call Center 166, cuando aún no se sienten seguras de acudir a un centro.

“Procuramos que la víctima esté estable y tenga regulación emocional. Tenemos casos en los que llevamos trabajando tres meses y otros un año; es un proceso integral”, enfatizó.

Con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el programa corre peligro, puesto que la Prefectura de Pichincha vería limitada la asignación de recursos para inversión social. Sin embargo, Paola Pabón envió un mensaje esperanzador a las usuarias.

“¡Resistiremos! Nuestros programas de atención social van a seguir funcionando. Hemos resistido tres gobiernos neoliberales y esta no será la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañados de los usuarios de los programas sociales; esto no termina”, remarcó.

 Diana Davila

El exprofesor había recibido una condena de 17 años y cuatro meses de prisión en primera instancia y enfrentaba otras investigaciones por presuntas agresiones contra al menos 20 estudiantes.

El exprofesor de educación física de un plantel educativo de Sangolquí, sentenciado por abuso sexual contra tres menores de edad, falleció en las últimas horas, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.

La causa de su muerte no ha sido esclarecida oficialmente. Sin embargo, una fuente señaló para Ecuavisa que se cumplieron los procedimientos legales correspondientes y que el fallecimiento fue debidamente verificado por las autoridades competentes.

En octubre de 2025, Steeven Joel P. fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual en contra de tres estudiantes.

La sentencia fue emitida en primera instancia, lo que le permitía al procesado apelar la decisión o incluso interponer un recurso de casación.

Al momento de su muerte, el exdocente no se encontraba en prisión. Cumplía un régimen de presentaciones periódicas ante la autoridad judicial mientras avanzaban las etapas procesales.

De acuerdo con los registros, su última comparecencia se realizó en enero de este año.

Además de la condena ya dictada, existían otras investigaciones abiertas en su contra.

Las indagaciones preliminares apuntaban a que al menos 20 niños y niñas podrían haber sido víctimas de agresiones durante el tiempo en que ejerció funciones en la institución educativa.

Con su fallecimiento, la sentencia impuesta y las causas penales pendientes quedarán extinguidas conforme a lo que establece la normativa penal vigente, que dispone la terminación de la acción y la pena en caso de muerte del procesado.

El caso generó conmoción en la comunidad de Sangolquí y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control y protección dentro de los entornos educativos, especialmente frente a denuncias que involucran a personal docente y a menores de edad.

La Asamblea aprobó la reforma al Cootad que obliga a los GAD a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obra pública, pero la nueva definición excluye varios servicios sociales y de salud, que pasarán a ser considerados gasto corriente.

Con un mínimo de 77 votos, la Asamblea Nacional del Ecuador dio luz verde a la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, una norma enviada por el Ejecutivo y tramitada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa.

Así el Ejecutivo reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para establecer una regla fiscal rígida: los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.

Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%.

Según el bloque oficialista, la intención es frenar el crecimiento del gasto corriente —especialmente en su componente burocrático— y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura básica y servicios esenciales, como:

• Agua potable
• Saneamiento
• Alcantarillado
• Tratamiento de aguas residuales
• Vialidad urbana.

La ponente del proyecto, Valentina Centeno, sostuvo que la reforma “hace justicia con los recursos públicos” y que ahora corresponde fiscalizar que el dinero se invierta en cerrar brechas históricas. También anticipó que defenderán la ley ante eventuales demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

Servicios sociales y de salud pasan a ser “gasto”

Sin embargo, la discusión no se limita a porcentajes. El núcleo del conflicto radica en la reclasificación de qué se considera inversión. Bajo la nueva lógica, varias actividades sociales y de salud que hoy se contabilizan como inversión pasarían a ser catalogadas como gasto corriente, lo que reduce el margen para financiarlas si los gobiernos locales deben cumplir estrictamente con el 70% en obra física.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, detalló que el Municipio recibe en promedio USD 370 millones anuales del Presupuesto General del Estado y genera otros USD 370 millones por ingresos propios, lo que suma cerca de USD 740 millones. Según explicó, el 100% de las transferencias estatales ya se destina a inversión, mientras que los ingresos propios cubren el funcionamiento institucional.

“Nosotros no invertimos el 70%, sino el 100 % y hasta más de todo lo que nos destina el Gobierno cada año”, afirmó. Para Muñoz, el problema no es la meta porcentual, sino la redefinición de inversión, que —a su juicio— restringe la autonomía financiera de los GAD y concentra en el Ejecutivo la capacidad de decidir qué rubros califican.

Advirtió que la eliminación de las partidas 71 (personal para inversión) y 78 (transferencias sociales) impediría financiar:

• Sueldos de servidores sociales
• Actividades extracurriculares
• Parte del subsidio al transporte municipal: Metro, Trole y Ecovía.
• Personal de servicios, obras y bienes de empresas municipales
• El programa Quito Wawas
• Parroquias rurales
• Becas
• Fonquito
• Fondos culturales
• Programas escolares.

Efectos a la Prefectura de Pichincha

Desde la Prefectura de Pichincha, Paola Pabón sostuvo que la reforma retiraría alrededor de USD 1.000 millones a los GAD para concentrarlos en el Ejecutivo. Calificó la norma como inconstitucional y señaló que la modificación del artículo 198 del Cootad altera la clasificación del gasto y complica el cumplimiento de la regla fiscal del 70% para inversión y 30% para gasto corriente.

En el caso de Pichincha, estimó una afectación cercana a USD 50 millones si la ley rige, con riesgos para programas como Warmi Pichincha, Pichincha Humana y las escuelas deportivas.

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora advirtió que la nueva regla obligaría a cerrar o reducir programas sociales para evitar sanciones. Explicó que iniciativas de atención a mujeres víctimas de violencia, apoyo a niños en situación vulnerable, servicios de salud mental o incluso el funcionamiento de la Guardia Ciudadana pasarían a contabilizarse como gasto corriente.

Además, alertó sobre penalidades que reducirían transferencias del 21% al 15% y del 10% al 5% en ingresos permanentes y no permanentes, lo que —según dijo— se traducirá en menor recursos para los territorios.