El riesgo también alcanza a los hombres, quienes pueden desarrollar lesiones que podrían convertirse en precancerosas. Un estudio realiza...
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En lo que va del año, 23 homicidios se cometen cada día. En promedio, una persona es asesinada cada 62 minutos.
Sandra Argüello Delgado y Dennis Rodríguez Capa disfrutaban dentro de una discoteca, la noche la noche del domingo 26 de abril de 2026, en Machala, provincia de El Oro.
Alrededor de las 20:30, dos sicarios ingresaron al local simulando ser clientes. Tras localizar a Argüello y Rodríguez, les dispararon a quemarropa hasta matarlos.
Este asesinato es parte de los 2.778 crímenes cometidos entre enero y abril de 2026, según un informe oficial del Ministerio del Interior. Así, la cifra de este cuatrimestre es la segunda más alta registrada en la historia del Ecuador, y solo es superada por los 3.148 asesinatos ocurrido en el mismo periodo de 2025.
Pero no es todo. La cifra de 2026 equivale, en promedio, a 695 asesinatos por mes. 23 homicidios al día. Una persona asesinada cada 62 minutos.
Cifras
Los 2.778 homicidios entre enero y abril de 2026, convierten a este año en el segundo más violento de la historia, solo por detrás de 2025, cuando se contabilizaron 3.148 asesinatos en el mismo período. Aunque el número representa una reducción de 370 crímenes respecto al año pasado —equivalente al 11,7 %—, los niveles de violencia siguen siendo alarmantes.
Las estadísticas muestran además un incremento drástico frente a años anteriores. En comparación con 2024, cuando se reportaron 1.957 homicidios, 2026 registra 821 muertes violentas más. Frente a 2023, con 2.343 casos, el aumento es de 435 asesinatos. La diferencia es aún más marcada respecto a 2022, año en el que hubo 1.358 homicidios: en apenas cuatro meses de 2026 se cometieron 1.420 crímenes más.
El contraste con la década pasada evidencia la magnitud de la crisis de seguridad. En 2021 se registraron 697 homicidios en el mismo período; en 2020 fueron 397; y en 2019, 371. Esto significa que 2026 multiplica por casi siete los asesinatos reportados hace apenas seis años.
La Asamblea Nacional cerró su primer año marcada por el dominio del oficialismo en el manejo de los cambios del orden del día. La mayoría de estas modificaciones terminaron en resoluciones de respaldo a decisiones y acciones del Gobierno.
En su primer año de gestión, la Asamblea Nacional tramitó 111 modificaciones a su agenda original (cambios de orden del día), transformando lo que debería ser un procedimiento rutinario en el principal campo de batalla entre el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) y la oposición de la Revolución Ciudadana (RC).
De estas solicitudes, 74 fueron aprobadas por la mayoría legislativa, lo que representa que el 66,6% (aproximadamente el 67%) de los cambios de agenda se convirtieron en resoluciones o exhortos de apoyo directo a la gestión del presidente Daniel Noboa.
ADN domina el tablero legislativo
La balanza de poder en el uso de esta herramienta parlamentaria se inclina drásticamente hacia el Gobierno. Según los datos oficiales, de los 74 cambios aprobados, 64 fueron impulsados por ADN y 4 por independientes aliados, dejando apenas 6 propuestas exitosas para la Revolución Ciudadana. Esta disparidad no es casual; en los primeros meses de 2026, el oficialismo llegó a superar el 90% de las solicitudes tratadas en el Pleno.
Los temas que lograron colarse en el orden del día bajo el ala del oficialismo incluyen el respaldo a la conducción macroeconómica, el apoyo a operativos militares contra el crimen organizado y el reconocimiento al reposicionamiento de Ecuador en el escenario internacional. A continuación, se desglosa algunos de los temas principales:
Respaldo a la gestión del Gobierno y otros asuntos
Apoyo a medidas económicas: resoluciones de respaldo a decretos ejecutivos sobre conducción macroeconómica, disminución del riesgo país y programas de redistribución de recursos.
Gestión internacional: apoyo al reposicionamiento del Ecuador ante la comunidad internacional y avances en negociaciones para la exención del Visado Schengen.
Situación en Venezuela: pronunciamientos sobre las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro en Ecuador (narcotráfico y migración) y respaldo a acciones para la restauración democrática en ese país.
Relaciones comerciales: respaldo a procesos de negociación económica y comercial con los Estados Unidos.
Procesos Democráticos: resoluciones de apoyo al contenido y finalidad del Decreto Ejecutivo No. 153 para convocar a una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente.
Organizaciones terroristas: respaldar la declaratoria del Gobierno contra grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.
Acciones de seguridad: resoluciones para destacar el trabajo coordinado en la captura de criminales internacionales (como alias ‘Pipo’ en España) y respaldo a operativos militares en provincias como Los Ríos.
Minería ilegal: apoyo a las acciones gubernamentales para desarticular estructuras vinculadas a la minería ilegal y sus presuntos nexos políticos.
Comparecencias: pedidos para que autoridades como el Presidente del Consejo de la Judicatura o el Superintendente de Economía Popular y Solidaria informen sobre irregularidades judiciales o el cierre de instituciones financieras (como la Cooperativa CREA).
Municipio de Quito: fiscalización de procesos de contratación pública, como la adquisición de trolebuses eléctricos en Quito o negligencias administrativas en la paralización del Metro de Quito.
Para la bancada de la Revolución Ciudadana, la dinámica de los cambios de orden del día es una estrategia de exclusión. Los legisladores de la RC denuncian que sus pedidos son sistemáticamente relegados al cuarto lugar en la lista de solicitudes —detrás de las tres propuestas permitidas por ley— lo que impide que sean siquiera mencionados o debatidos.
El bloque de la oposición lidera las estadísticas de rechazo, acumulando 32 de 37 solicitudes negativas registradas en un año.
Esta pugna política tiene un costo operativo para el Legislativo. El tratamiento de estos cambios suele extenderse por dos horas o más, restando tiempo para el debate de leyes de fondo. El propio presidente de la Asamblea, Niels Olsen, reconoció que estas persistentes modificaciones modifican el desarrollo normal de las sesiones. Sin embargo, legalmente se ve obligado a darles trámite una vez ingresadas.
La Asamblea cierra su primer año marcada por el predominio del oficialismo que, según los registros parlamentarios, concentra gran parte de sus intervenciones en respaldar decisiones y acciones del Gobierno. A su vez, la tensión permanente entre ADN y la Revolución Ciudadana anticipa una agenda legislativa atravesada por disputas políticas, donde el oficialismo mantiene, por ahora, un amplio control sobre la dinámica y la narrativa parlamentaria.
Varios funcionarios de las empresas distribuidoras de combustibles -que hablaron con Radio Pichincha- señalaron que este control a través de un formulario es “una práctica precaria y vulnerable al maquillaje de cifras”.
Tras el desabastecimiento de combustible que sacudió a Quito y Guayaquil entre el 9 y el 12 de mayo de 2026 se conoció más detalles sobre los controles que hace la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) a las comercializadoras por supuestos incumplimientos.
En tanto, el sector privado denuncia una “cacería de brujas” y revela que el control del stock nacional en las gasolineras -por parte de la ARCH- se realizaría a través de una herramienta gratuita de encuestas (formulario): Google Forms.
Así, las estaciones de servicio deben reportar el inventario disponible en los tanques de cada estación y así evitar supuestos desabastecimientos de combustible, tal como ocurrió la semana pasada.
Este control -sin dar detalles del mismo- fue destacado por la ARCH en un comunicado de prensa este 18 de mayo de 2026.
Funcionarios de las empresas distribuidoras de combustibles que hablaron con Radio Pichincha señalaron que este control a través de un formulario es “una práctica precaria y es vulnerable al maquillaje de cifras”.
Google Forms (o Formularios de Google) es una herramienta gratuita de administración de encuestas y recolección de datos. Permite crear formularios y cuestionarios personalizados desde el navegador web para organizar registros, planificar eventos o realizar evaluaciones en tiempo real.
¿Cómo arrancó este control?
Todo se remonta al 24 de noviembre de 2025. A través de la Circular Nro. ARCH-CNCH-2025-0011-CIR, la ARCH dispuso a las comercializadoras del segmento automotriz: “Crear una cuenta de correo electrónico en la plataforma (Gmail)” y “designar un representante para que como delegado, sea el responsable del ingreso de la información”.
La circular establece que esta información “debe cargarse en el link creado a cada comercializadora, a partir del 1 de diciembre de 2025 y, de manera diaria hasta la 09:00 AM”.
¿Un verdadero control?
Para los expertos del sector, el problema es estructural.
“Un verdadero sistema de control debería tener telemetría en las estaciones de servicio y deben estar conectadas a la ARCH con las seguridades del caso”, afirma una fuente de la industria.
Al carecer de esta tecnología, el Estado depende de la “disciplina” de los distribuidores, quienes a menudo no reportan por la complejidad del proceso manual.
La telemetría es la tecnología que permite medir magnitudes físicas o químicas y transmitir estos datos de forma automática desde dispositivos remotos a un sistema central.
¿”Maquillaje” de cifras?
Una de las mayores críticas a este sistema de control radica en la imposibilidad de una verificación física y en tiempo real del ‘stock’ de combustible.
En las estaciones de servicio que no cuentan con telemetría propia, el personal debe recurrir al “aforo manual para tener la lectura de tanques“. Este vacío de supervisión directa abre la puerta a irregularidades: “Por la falta de verificación, se pueden maquillar las cifras del stock”, denuncia un funcionario de una empresa de distribución de combustible.
Además, los horarios de control complican la veracidad de la data, pues ciertos controles deben realizarse a las 18:00, señalan trabajadores de una gasolinera al norte de Quito.
De hecho, a esa hora existe gran demanda de combustible, lo que dificulta el registro manual y provoca que muchas empresas omitan el reporte para no interrumpir la atención al cliente.
Crisis, sanciones y “cacería de brujas”
Ante las denuncias ciudadanas por el desabastecimiento hace una semana, la ARCH informó que intensificó operativos liderados por su director, Christian Puente, buscando frenar supuestas “prácticas de acaparamiento”.
Sin embargo, la respuesta administrativa final fue la sanción.
El 18 de mayo de 2026, mediante un comunicado oficial, la ARCH anunció el inicio de procesos sancionatorios contra 18 comercializadoras por no reportar los stocks de 448 gasolineras durante los días de escasez.
La Agencia defiende su método (por medio de Google Forms) alegando que “la información solicitada es una herramienta que permite verificar la cantidad de producto disponible para atender la demanda de la ciudadanía”.
Según la entidad, el incumplimiento de este registro diario “obstaculiza la oportuna gestión de despacho” y podría derivar en multas o suspensión de actividades.
Los distribuidores de combustibles tienen otro criterio.
“No es el primer gobierno en el que estamos expuestos a una cacería de brujas”, sentenció Rosero, añadiendo que la ARCH pretende sancionar a las comercializadoras “por no reconocer una falla interna”.
Para el gremio, el verdadero problema del desabastecimiento es la caída de la producción de diésel y gasolinas debido a los problemas operativos en la Refinería Esmeraldas, que actualmente opera solo al 40,97% de su capacidad, pese a los intentos de la estatal petrolera Petroecuador de recuperar la planta de refinanción, que tiene una capacidad instalada de procesar 110.000 barriles diarios.
Un sistema de trazabilidad que no funciona
Pero el formato en Google Forms no es el único mecanismo de control que tiene el Gobierno.
Desde las empresas distribuidoras señalan que el Gobierno también tiene un “sistema de trazabilidad comercial“, pero aseguran que “no les funciona”, razón por la cual se refugiaron en el link de Google Forms a finales del año pasado.
Por ahora, la seguridad y confiabilidad de los inventarios de combustible del país sigue dependiendo de que un delegado de la empresa distribuidora abra un correo de Gmail y cargue datos que nadie puede contrastar en el momento.
En medio de esta situación, la sombra del desabastecimiento y la manipulación de cifras permanece latente entre los ciudadanos.
Una encuesta realizada en Quito y Guayaquil muestra que la percepción ciudadana sobre el Presidente se mantiene mayoritariamente desfavorable, en medio de preocupaciones por inseguridad, economía y gobernabilidad.
La percepción ciudadana sobre el presidente Daniel Noboa muestra señales de desgaste. Una encuesta realizada por Ciees durante mayo de 2026 revela que el 74% de los consultados otorga una evaluación negativa a la gestión del mandatario, mientras que el 77% afirma que no tiene confianza en él.
Los resultados corresponden a un levantamiento efectuado entre el 16 y 17 de mayo de 2026 mediante entrevistas cara a cara en hogares de Quito y Guayaquil.
Según la ficha técnica, el estudio incluyó 820 casos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±4%.
En el indicador de calificación presidencial, Daniel Noboa alcanza un 26% de valoración positiva, lo que implica que casi tres de cada cuatro personas encuestadas mantienen una percepción desfavorable sobre su administración.
El dato más crítico aparece en el componente de confianza. Solo el 23% de los encuestados manifestó confiar en el Presidente, frente a un 77% que expresó desconfianza.
La cifra refleja una brecha mayor que la registrada en la evaluación de desempeño y sugiere que el cuestionamiento ciudadano no se limita a la gestión gubernamental, sino también a las expectativas sobre el rumbo político del Ejecutivo.
Situación del país
El estudio también muestra un contexto general de pesimismo ciudadano. El 80% de los encuestados considera que la situación actual del país es mala o muy mala, mientras apenas el 20% mantiene una visión optimista.
Entre los principales problemas identificados por la ciudadanía aparece en primer lugar la inseguridad con el 49%, seguida por la economía con el 26% y el mal gobierno o corrupción con el 22%.
La encuesta sostiene que estas preocupaciones ya no se concentran en un solo eje y reflejan una acumulación de malestares sociales e institucionales.
Aunque el sondeo se desarrolló únicamente en Quito y Guayaquil -y no representa a todo el país-, los resultados muestran un escenario complejo para el Gobierno, marcado por bajos niveles de confianza y una percepción predominantemente negativa sobre la administración de Daniel Noboa.
Tres integrantes de la comisión técnica enviada a Houston dejaron constancia en video de que los equipos para Salitral y Quevedo “no servían” y la compra no debía concretarse.
Un video difundido por el periodista Anderson Boscán reabrió el debate sobre el caso Progen y el proceso de contratación de generación termoeléctrica ejecutado durante la crisis energética de 2024.
En el material se observa a tres funcionarios que integraron una comisión técnica enviada por el Estado ecuatoriano a Houston, Estados Unidos, quienes aseguran haber detectado presuntas anomalías durante la inspección de los equipos que Ecuador iba a adquirir para las centrales de Salitral y Quevedo.
Según el relato presentado, los funcionarios grabaron el video el 19 de septiembre de 2024 en un hotel de Houston con el objetivo de dejar constancia de lo ocurrido durante la verificación técnica y por temor a posibles represalias.
Los integrantes de la comisión sostienen que revisaron equipos en instalaciones vinculadas al proceso y afirman que, a su criterio, esos generadores “no servían” y que la compra no debía concretarse.
Además, se exhibieron fotografías que, según el reportaje, corresponderían a equipos observados durante la visita técnica y que fueron descritos como estructuras con señales de desgaste y reacondicionamiento.
Imágenes difundidas por Andersson Boscán.
De acuerdo con la exposición realizada en el programa, el contrato con Progen ascendió a cerca de USD 149 millones para la provisión de 50 generadores destinados a atender la emergencia eléctrica: 29 para Salitral y 21 para Quevedo.
Posteriormente la Contraloría determinó un perjuicio económico relacionado con esta contratación y actualmente existe un proceso penal con decenas de personas vinculadas al caso.
Uno de los puntos centrales del reportaje es la denuncia de que los técnicos habrían entregado información y evidencia a la Fiscalía General del Estado, incluyendo registros audiovisuales, fotografías y reportes sobre el estado de los equipos observados durante la inspección.
Boscán sostiene que ese material no está dentro del expediente conocido públicamente y cuestiona por qué no habría sido incorporado dentro de las actuaciones judiciales.
En el programa también se afirmó que uno de los funcionarios habría denunciado amenazas relacionadas con el proceso de contratación y que existieron medidas de protección posteriores.
Boscán además adelantó que el 19 de mayo de 2026 revelará conversaciones que, según afirmó, corresponderían a la supuesta estructura que habría operado dentro del caso Progen.
El presidente Daniel Noboa reconoció las afectaciones económicas provocadas por el reciente toque de queda aplicado en varias provincias y cantones del país. Sectores económicos y expertos cuestionan su efectividad y el impacto sobre la actividad comercial.
En un mensaje dirigido a la nación a través de redes sociales, este martes 19 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa reconoció abiertamente las afectaciones y el impacto económico que las recientes medidas de restricción de movilidad generaron en la población ecuatoriana. El mandatario admitió que el toque de queda, vigente entre el 3 y el 18 de mayo, representó un periodo de dificultades para diversos sectores de la sociedad.
Intervención de un minuto: ¿qué dijo Noboa?
Durante su intervención, Noboa dirigió sus palabras específicamente a quienes vieron alterada su cotidianidad y sus ingresos debido a las restricciones nocturnas. “Sé que el toque de queda significó sacrificios para familias y emprendedores que todos los días luchan por salir adelante”, aseveró el jefe de Estado.
Este reconocimiento responde al impacto directo que las disposiciones gubernamentales tuvieron sobre la dinámica comercial del país, especialmente en las nueve provincias y cuatro cantones donde rigió la medida.
Por esa razón, el presidente calificó estas acciones como “decisiones difíciles”, pero “necesarias” para permitir que el Bloque de Seguridad actuara en los “territorios más golpeados por el crimen organizado”. Según el discurso de Noboa, las medidas impuestas buscaron “proteger y mejorar la vida de los ecuatorianos” mediante la recuperación de territorios.
¿Y los resultados?
Para balancear el reconocimiento de las afectaciones, el Ejecutivo presentó cifras que, a su juicio, justifican las restricciones:
Una disminución del 39% homicidios a escala nacional durante el mes de mayo.
La captura de 717 personas vinculadas a estructuras criminales.
El decomiso de 9,2 toneladas de droga y la desarticulación de 153 bases logísticas delictivas en 15 días.
Sin embargo, las cifras presentadas por el Gobierno sobre el toque de queda corresponden a resultados habituales del trabajo diario de la Policía Nacional y no necesariamente al impacto de un estado de excepción. Así lo afirmó Renato Rivera, especialista en seguridad y crimen organizado.
Según Rivera, existe un desgaste en el uso de decretos de emergencia, ya que estas medidas no logran justificar por sí solas una reducción de la violencia criminal. El experto cuestionó además el manejo de las estadísticas oficiales y sostuvo que la disminución de homicidios intencionales responde a tendencias previas y no a la restricción de libertades.
De su lado, Hugo Acero Velázquez, experto en seguridad, calificó como limitada la eficacia de los estados de excepción y los toques de queda prolongados aplicados en Ecuador para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Según el analista, estas medidas generan alivios temporales, pero no logran desarticular las economías criminales ni afectar a las estructuras de mando de las organizaciones delictivas.
Entre tanto, el sector gastronómico ecuatoriano reportó una caída en ventas de entre el 40% y el 70% debido a la aplicación del toque de queda en varias provincias y cantones del país. Así lo afirmó Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec), quien aseguró que en Quito las afectaciones han sido especialmente severas.
En declaraciones a Radio Pichincha, Vivero sostuvo que la medida aplicada en la capital fue “totalmente desproporcionada e innecesaria”, ya que Quito no estaba acostumbrado a restricciones de movilidad de este tipo, por el contrario era una ciudad que estaba recuperando su actividad nocturna.
A pesar de que el toque de queda concluyó oficialmente el lunes 18 de mayo, el mandatario aseguró que el Estado continuará con las operaciones de control para sostener la economía familiar.
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