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La Policía Nacional, a través de su unidad de investigación digital, rastrea un creciente número de casos de ofertas en internet que en realidad esconden redes de explotación.

Los delincuentes operan en plataformas digitales y redes sociales, donde prometen dinero fácil y rápido a cambio de fotografías o videos. Sin embargo, detrás de estas propuestas se ocultan estructuras dedicadas a la explotación sexual y la pornografía infantil.

El coronel Edwin Iñiguez, jefe nacional de Trata de Personas, explicó a Ecuarisa que estas ofertas buscan captar víctimas mediante engaños económicos.

Según el oficial, las organizaciones criminales se enfocan en perfiles vulnerables como menores de edad, jóvenes, migrantes y personas con necesidades económicas urgentes.

Desde el año pasado, esta unidad policial ha capturado a 133 sospechosos y ha logrado rescatar a 127 víctimas.

“Generalmente, quienes caen en explotación sexual o trata de personas son personas en situación de vulnerabilidad. Hemos identificado casos de ciudadanos venezolanos y colombianos que migran al país con ofertas laborales engañosas y terminan siendo explotados”, explicó Iñiguez.

Las redes de trata también utilizan estrategias de proximidad para captar víctimas. En algunos casos, sus integrantes se infiltran en espacios cotidianos como gimnasios para generar confianza.

Gimnasios, espacios utilizados para captar víctimas

José, un joven de 20 años, relató que él y su esposa fueron abordados en un gimnasio por una mujer que les propuso vender fotos y videos en redes sociales. El pago variaba según el tipo de contenido, siendo mayor si la esposa participaba.

La pareja consideró sospechosa la oferta y decidió cambiar de lugar de entrenamiento por seguridad.

Cifras alarmantes en 2026

El capitán Wladimir Ortega, de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), informó que 1.055 menores han sido rescatados en lo que va de 2026 tras ser víctimas de diferentes formas de explotación, incluida la sexual.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía a denunciar cualquier caso sospechoso a través de las líneas:

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o directamente en la Fiscalía

El número de personas que padece hambre en Ecuador ha llegado a una cifra alarmante. Los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas registran que más de 2,82 millones de personas tienen problemas para acceder a la comida en el país.

Se trata del 15% de los 17,9 millones de habitantes que tiene el país, que vive con inseguridad alimentaria, eso significa que de cada 100 personas, 15 tienen hambre en Ecuador.

Esos datos convierten a Ecuador en el tercer país de Latinoamérica con la mayor prevalencia de dificultades en el acceso a alimentos. En una situación más delicada aún se encuentra Honduras, con el 17% de su población con problemas alimenticios; y Haití, con la peor cifra del mundo, el 53%.

De hecho, un análisis técnico del economista Andrés Mideros señala que el costo de la vida aumenta en Ecuador.

Así, la canasta básica familiar pasó de USD 801 a USD 829 entre marzo de 2025 y marzo de 2026, es decir, un crecimiento anual de 3,5%, presionando las condiciones materiales de reproducción cotidiana de los hogares. “El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos”, puntualizó.

Este valor de la canasta básica cubre 75 productos esenciales para un hogar promedio de cuatro miembros, con un salario básico unificado de USD 482, lo que genera una brecha significativa para cubrir gastos familiares.

En base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se observa que alrededor del 60% de los hogares “no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, por lo que cada aumento en su costo implica una reducción efectiva del bienestar”, concluye el análisis de Mideros.

Los países con la peor seguridad alimentaria 

De acuerdo al Mapa del Hambre del PMA, que monitorea la situación de seguridad alimentaria de más de 90 países, la situación más complicada se concentra en países de África y Oriente Medio.

Sudán del Sur es el país con la peor seguridad alimentaria del mundo, empatado con Haití, con el 53%. A continuación se sitúan Yemen, con el 52%, y Sudán del Sur, con el 41%.

Según el organismo internacional, la organización humanitaria más grande del mundo, 318 millones de personas padecen hambre aguda en 68 países del mundo. Se trata del doble de la cifra registrada en 2019.

Causas del hambre

Las principales causas son los conflictos armados, pues casi el 70 % de las personas con inseguridad alimentarias viven en países afectados por conflictos; la crisis climática, que destruyen cosechas y medios de subsistencia; la economía, con un crecimiento mundial y unas tensiones económicas que afectan especialmente a los países de renta baja y media; y los desplazamientos forzosos, pues quienes los padecen tienen un acceso limitado al empleo, a medios de subsistencia, alimentos y refugio.

El Mapa del Hambre, que controla la situación en tiempo real, destaca que el impacto del conflicto iniciado hace casi dos meses en Oriente Medio ha puesto a 45 millones en riesgo.

Además, destaca como países en riesgo extremo, a Nigeria, Sudán, Yemen, Sudán del Sur y Gaza. Todos ellos tienen poblaciones clasificadas en la fase 5 de la clasificación de catástrofe y hambruna, representando el nivel más grave de inseguridad alimentaria aguda, donde la inanición y la muerte son evidentes.

Fuente: RT, Redacción propia

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que, ante el incremento del precio del diésel y el fin de la compensación estatal previsto para abril de 2026, el sector analiza varias alternativas, entre ellas reducir la operación en un 20 % o incrementar la tarifa del pasaje.

La decisión de retirar el subsidio al diésel es una de las medidas que adoptó el Gobierno de Daniel Noboa, por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, desde septiembre de 2025, el precio de este hidrocarburo se actualiza mes a mes de acuerdo a los precios internacionales del petróleo y su variación depende de una banda de precios, es decir, el costo puede aumentar hasta un 5% mensual y puede disminuir hasta un 10%.

Brunis indicó que actualmente operan 3.060 unidades en la provincia, por lo que una eventual reducción implicaría que solo funcione el 80% de la flota. Esto también supondría disminuir la frecuencia de los recorridos: de seis vueltas por ruta, pasarían a realizarse cuatro.

Cabe resaltar que la decisión de retirar el subsidio por parte de Daniel Noboa implica un efecto para los Municipios del país, que tienen la competencia de transporte.

En busca de soluciones

En ese contexto, el dirigente Carlos Brunis informó que han mantenido reuniones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien habría mostrado apertura al diálogo y se comprometió a revisar las propuestas del sector.

“Existe una tarifa socialmente justa y otra técnica; hemos planteado buscar un punto medio”, señaló en entrevista con Primera Plana.

Brunis explicó que, cuando el diésel se ubicaba en USD 2,80 por galón, se estableció una tarifa de USD 0,62. Sin embargo, con el combustible por encima de los USD 3, ese valor podría incrementarse. Por ello, el sector plantea que el Municipio subsidie a los transportistas, al igual que ocurre con las líneas municipales.

“El alcalde ha manifestado que en la segunda quincena de mayo nos reuniremos para que presenten un planteamiento”, indicó Brunis, quien además expresó que esperan la participación de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

El dirigente agregó que otra alternativa es que el Gobierno extienda la compensación por cuatro meses adicionales, hasta agosto de 2026, como se planteó inicialmente, aunque también han solicitado que el beneficio se mantenga hasta diciembre.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició un proceso para contratar servicios de pautaje en medios tradicionales y digitales por un monto que supera los USD 2,5 millones, bajo la figura de régimen especial y contratación directa.

De acuerdo con la información del proceso de contratación, el servicio de pautaje tiene como finalidad difundir y posicionar la gestión institucional del IESS a nivel nacional, mediante campañas en medios tradicionales (radio, televisión, prensa y vía pública) y plataformas digitales.

La contratación contempla la planificación, ejecución y monitoreo de estas estrategias comunicacionales durante un plazo de 365 días, es decir, un año completo, con el objetivo de ampliar el “alcance de los mensajes institucionales y mejorar la percepción pública de la entidad”.

El proceso se encuentra en la fase de audiencia de preguntas y aclaraciones.

El 27 de abril de 2026 está previsto como fecha límite para la presentación de propuestas y, ese mismo día, se realizará la apertura de ofertas. La adjudicación del contrato está prevista para el 6 de mayo de 2026.

Cuestionamientos

La decisión generó cuestionamientos desde el ámbito político y médico.

El asambleísta Franklin Samaniego denunció que esta inversión se realiza mientras el sistema enfrenta problemas estructurales como desabastecimiento de medicamentos, retrasos en pagos a prestadores externos y fallas operativas que afectan directamente a afiliados y jubilados.

A esta crítica se suma Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien advierte una desconexión entre las prioridades institucionales y la realidad hospitalaria.

“La salud pública ya no está en terapia intensiva, está en el corredor de la muerte”, afirmó, al tiempo que señaló problemas de ejecución presupuestaria y falta de gestión efectiva.

En contraste, los informes internos del IESS sostienen que la inversión en comunicación responde a una “necesidad técnica comprobada” para garantizar el acceso a información pública, combatir la desinformación y fortalecer la imagen institucional.

Sin embargo, el debate se instala en el uso de recursos en medio de una crisis sanitaria persistente: mientras la institución apuesta por mejorar su posicionamiento y alcance mediático, médicos y usuarios insisten en que la prioridad urgente sigue siendo el abastecimiento, la atención oportuna y la sostenibilidad del sistema de salud pública en el país.

El Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social publicado en el Decreto Ejecutivo 366, establece nuevas reglas para vigilar de forma directa las comunicaciones y visitas de las personas privadas de libertad.

La normativa abre la puerta al monitoreo, grabación e incluso restricción de estos contactos cuando existan riesgos para la seguridad penitenciaria.

El reglamento es claro: las llamadas telefónicas, la correspondencia, las visitas presenciales y las telemáticas podrán ser supervisadas por las autoridades penitenciarias.

Según el documento, estos mecanismos podrán activarse cuando existan indicios de amenazas, coordinación criminal o alteraciones del orden interno.

En lo referente a visitas, las autoridades podrán suspenderlas, restringirlas o reprogramarlas si detectan riesgos para la seguridad o situaciones de emergencia.

Incluso, el ingreso de visitantes estará sujeto a estrictos protocolos de registro y verificación, mientras que las listas de contactos de cada interno serán analizadas por sistemas de inteligencia penitenciaria para identificar posibles vínculos con actividades ilícitas.

En este contexto, las nuevas disposiciones también reavivan cuestionamientos recientes sobre restricciones en el acceso a la defensa legal.

Uno de los casos más comentados fue el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuyo abogado, Ramiro García, denunció públicamente que no se le permitió ingresar a visitarlo, pese a tratarse de un derecho fundamental.

Otras medidas

Además, el decreto introduce una medida clave en la estrategia de seguridad: el bloqueo e inhibición de señales de comunicación no autorizadas dentro de los centros de privación de libertad.

También refuerza el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la vigilancia electrónica, alineándose con estándares internacionales que promueven reducir el hacinamiento carcelario.

En paralelo, establece una clasificación más estricta de los centros de privación de libertad según niveles de riesgo -máxima, media y mínima seguridad- y criterios técnicos que incluyen infraestructura, perfil de los internos y capacidad de control.

El proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado suma una nueva controversia tras el sorteo de expedientes para la fase de méritos. David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección y representante de la Función Ejecutiva, resultó asignado para calificar las carpetas de los dos postulantes con mayor exposición política:

• El exministro de Gobierno, José Javier de la Gasca (expediente 128).
• El actual fiscal subrogante, Carlos Leonardo Alarcón (expediente 134).

Esta coincidencia despierta suspicacias en la veeduría ciudadana, que califica el hecho como una “casualidad” que beneficia a los aspirantes cercanos al poder.

El hombre de confianza de Zaida Rovira y denuncias de agresión

David Flores Brandt es identificado como un funcionario de extrema confianza de la actual ministra Zaida Rovira. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada a la de Rovira, desempeñándose actualmente como su Viceministro de Desarrollo Económico.

Según los registros, Flores acompañó a la actual ministra en al menos tres instituciones diferentes, ocupando puestos de alta jerarquía bajo su mando.

• Cuando Rovira fue Gobernadora del Guayas, Flores se desempeñó como servidor público en dicha entidad.
• Posteriormente, cuando ella asumió el Ministerio de Gobierno, él ocupó el cargo de Asesor 2.
• Finalmente, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde Rovira ejerce como titular, Flores rotó por múltiples subsecretarías (Articulación Territorial, Protección Especial y Gestión Intergeneracional) y direcciones administrativas, hasta alcanzar su cargo actual como Viceministro de Desarrollo Económico de esa misma cartera.

Escándalo

Ahora bien, la relación entre Flores y Rovira también está marcada por escándalos de gestión. Durante su paso por la Subsecretaría de Protección Especial del MIES, bajo la administración de Rovira, Flores Brandt fue el centro de una denuncia en la Casa Hogar Enríquez Gallo.

Un reporte de la revista digital La Periodica señala que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito dictó medidas de protección que prohibieron a Flores acercarse a dicha casa hogar, luego de que adolescentes denunciaran haber sido víctimas de amenazas, golpes y hostilidad por parte del funcionario.

Incluso se reportó un incidente en febrero de 2025 donde se habría lanzado gas lacrimógeno a los menores y un joven con discapacidad habría sido agredido físicamente por el funcionario.

Además, en la Función Judicial registra juicios por alimentos, terminación de relaciones laborales, haberes e indemnizaciones laborales y aplicación del Principio de Oportunidad.

A pesar de estos antecedentes y de registrar —también— denuncias en la Fiscalía por usurpación de funciones públicas e intimidación, Flores Brandt se mantiene como la pieza clave del Ejecutivo en la comisión que puntuará la formación y experiencia de tres de los 28 aspirantes a la Fiscalía.

Denuncias de amenazas contra la veeduría

Asimismo, el 21 de abril de 2026, el coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, denunció públicamente haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección y representante de la Función Ejecutiva en el proceso.

Según el relato de Egas, tras concluir la sesión del sorteo de expedientes, Flores Brandt se le acercó de forma hostil para advertirle: “una cosa es aquí y otra es afuera”. Ante la gravedad de la advertencia, el veedor responsabilizó directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa por su integridad física y la de los demás integrantes de la vigilancia ciudadana, calificando el concurso como un “gran fraude”.

“El comisionado del Gobierno, David Flores, luego de los reclamos por sorteo que de “casualidad” le dio la calificación de méritos a los postulantes De La Gasca y Alarcón, me amenazó. No me van a callar, es todo un gran fraude este concurso”, comentó el veedor Egas.

Concurso para Fiscal General: antecedentes

En esa misma línea, el 13 de abril de 2026, Egas también denunció que el postulante José de la Gasca, a quien llamó el “apadrinado del Gobierno”, fue admitido a la fase de méritos sin cumplir con los diez años de experiencia legal requeridos ni presentar el certificado obligatorio de no pertenecer a directivas de partidos políticos. Por su parte, De la Gasca reaccionó demandando que se aparte a Egas de la veeduría, acusándolo de actuar como un actor político.

El certamen avanza actualmente con 28 postulantes admitidos (19 hombres y nueve mujeres) hacia la fase de calificación de méritos, que representa 50 de los 100 puntos totales. Para esta etapa se utilizará una plataforma tecnológica exclusiva que registrará cada actividad de los comisionados en tiempo real.

Todo esto ocurre mientras la veeduría intenta reestructurarse tras la renuncia irrevocable de diez miembros anteriores, quienes dimitieron alegando una grave falta de garantías y de acceso a la información del proceso.