
ADN archivó el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, con 81 votos a favor de la moción impulsada por José Nango. El Pleno acogió el informe de la Comisión de Fiscalización, que concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar un incumplimiento de funciones.
La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados decidieron enviar al archivo el juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, este 31 de julio de 2026. La moción de archivo fue aprobada con 81 votos a favor y 58 en contra, imponiéndose la tesis de que la oposición no logró demostrar un incumplimiento de funciones.
Argumentos para el archivo
El proceso, impulsado por legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), señalaba a Manzano por presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos con la empresa Austral Technical Management (ATM). Sin embargo, el informe de la Comisión de Fiscalización —aprobado por el Pleno— concluyó que existía una “insuficiencia probatoria” para establecer responsabilidad política.
Entre los puntos clave que sustentaron el archivo se detalló que:
- Gran parte de las pruebas presentadas por la RC se basaban en redes sociales y notas de prensa sin peritajes de autenticidad.
- Se acreditó que el pago del 60% del contrato con ATM se procesó antes de que el encargo ministerial de Manzano fuera registrado formalmente.
- Varios testigos clave solicitados por la parte acusadora, como el exministro Roberto Luque, no acudieron a comparecer.
Reacciones divididas en el Pleno
Desde el bloque gubernamental, el asambleísta Luigi García (ADN) abrió la discusión defendiendo la gestión de la Comisión de Fiscalización. Aseguró que el proceso se llevó de forma “pública y transparente” y que, tras el análisis, no se encontró una vinculación causal que permitiera sustentar el juicio político.
En sintonía con esta postura, José Nango, legislador aliado del gobierno, reconoció la gravedad de la crisis eléctrica de 2024 y la existencia de irregularidades en la contratación con la empresa ATM. No obstante, fue señaló que los interpelantes no pudieron demostrar la participación de Manzano en dichos eventos, por lo que él mismo mocionó el archivo de la causa.
En la acera opuesta, el legislador Lenin Barreto (RC) arremetió contra el argumento oficialista, cuestionando que se pretenda eximir de responsabilidad a Manzano por el solo hecho de que su firma no aparezca en los contratos. Barreto calificó la contratación de los generadores eléctricos como “fraudulenta” y criticó la inacción de los funcionarios de alto nivel ante las alertas de incumplimiento.
Uno de los argumentos más tensos del debate lo protagonizó Alfredo Serrano (PSC), quien se opuso tajantemente al archivo. Serrano detalló que la exministra ignoró diversas alertas y, por el contrario, impulsó el proceso cuestionado. Su intervención cerró con una fuerte carga ética al declarar:
“Concluir que no ha habido responsabilidad política sería manchar mi conciencia y no podría dormir en paz”.
La división también se hizo evidente en las expectativas sobre los legisladores independientes. Previo a la votación, Barreto había expresado sus dudas sobre la verdadera autonomía de estos asambleístas frente a la bancada oficialista.
Por su parte, el independiente Juan Gonzaga se manifestó inicialmente en contra del archivo, argumentando que el país necesitaba mayor transparencia e información sobre los contratos fallidos durante la emergencia eléctrica. Finalmente, la tesis del oficialismo prevaleció con 81 votos a favor, imponiéndose sobre los 58 legisladores que buscaban la interpelación.
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