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La reforma fiscal para los GAD llega este viernes 20 de febrero de 2026 al Pleno en medio de fuertes cuestionamientos por la exclusión de alcaldes y prefectos del debate en comisión y por el posible impacto en la autonomía y los programas sociales de los municipios.
A pocas horas del segundo y definitivo debate en el Pleno, la reforma urgente sobre el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no solo enfrenta un pulso legislativo, sino una abierta confrontación con alcaldes y prefectos que denuncian exclusión y posibles recortes encubiertos.
El proyecto, denominado como Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), calificado como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, será tratado este viernes 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Samborondón, en medio de un clima de malestar político creciente.
Reclamos por falta de socialización y puertas cerradas
El principal reproche de autoridades locales y de varias bancadas es que la propuesta avanzó con la exclusión de alcaldes y prefectos. Para el informe de segundo debate, la Comisión de Desarrollo Económico —presidida por Valentina Centeno (ADN)— recibió únicamente a cinco comparecientes:
- Un delegado de la Contraloría
- Dos constitucionalistas
- La viceministra de Finanzas
- El subsecretario de Planificación.
Sin embargo, más de una docena de autoridades solicitaron ser escuchados para exponer observaciones. Ninguna de esas peticiones fue aceptada. Entre quienes pidieron audiencia constan:
- La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga
- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez
- La prefecta de Pichincha, Paola Pabón
- El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora
- El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando.
Desde la bancada Revolución Ciudadana (RC) también se presentó un listado de nombres que, a su criterio, debían comparecer:
- Pabel Muñoz (Quito)
- Orli Flores (Sozoranga)
- Pedro Solines (Milagro)
- Mercedes Luque (junta parroquial de Calderón)
Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reunió a alcaldes bajo el evento denominado “Diálogo de alcaldes y alcaldesas: presupuesto para el desarrollo de Ecuador”. Pese a ser un problema de interés nacional que involucra a los 223 cantones del Ecuador, las 23 prefecturas del país y a las 408 juntas parroquiales, solo las autoridades de 23 cantones fueron convocados en un diálogo con el Gobierno Nacional.
El nudo del 70/30 y el temor a despidos masivos
El proyecto establece que los GAD deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en infraestructura y servicios públicos, y un 30% a gasto corriente.
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) advirtió que, si un municipio o prefectura supera el límite de gasto corriente, la reducción de recursos podría alcanzar aproximadamente un 16% de sus rentas, afectando directamente a la población y no a la autoridad responsable. Sostuvo que el Gobierno aún no tiene asegurados los 77 votos necesarios y que depende de legisladores independientes o exintegrantes de otras bancadas, incluidos asambleístas que abandonaron la RC.
De no alcanzarse la mayoría, el texto podría entrar en vigencia por el ministerio de la ley como decreto-ley. Esto abriría la puerta a demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con pedidos de medidas cautelares.
En el plano local, la preocupación es concreta. En Quito, el alcalde Pabel Muñoz alertó que la reclasificación de ciertos pagos como gasto corriente implicaría el despido de cerca de 5.000 trabajadores vinculados a programas sociales. Enumeró posibles impactos en iniciativas como:
- Quito Wawas y educación inicial (más de 5.000 niños)
- 20 unidades educativas municipales, entre ellas Sebastián de Benalcázar, Antonio José de Sucre, Eugenio Espejo, Fernández Madrid, Bicentenario, Calderón y Quitumbe.
- El hospital del día del norte, centros de salud y programas de salud mental
- Casa Somos (más de 50 espacios)
- El programa 60 y PiQuito (más de 600 beneficiarios)
- Comedores comunitarios
- Casa Hogar para adultos mayores abandonados.
También advirtió que fondos de capital semilla para emprendedores, subsidios al transporte municipal (Metro, Ecovía y Trolebús), así como teatros, museos y bibliotecas podrían verse comprometidos. Según Muñoz, el Municipio de Quito ya cumple con la regla 70/30 y el gasto en fiestas o conciertos es marginal.
Desde Cuenca, el alcalde Cristian Zamora calificó de “desalmados” a los legisladores de ADN que respaldaron el informe, acusándolos de usar el argumento del despilfarro como “cortina de humo” para retirar miles de millones a los territorios que atienden a poblaciones vulnerables. Anunció que recorrerá los programas sociales municipales para informar a los beneficiarios sobre quiénes respaldan la reforma.
¿Quiénes si apoyan la iniciativa?
El asambleísta Edmundo Cerda, expulsado de Pachakutik, afirmó que junto a José Nango y José Nantipia analizaron el proyecto y considera que no reducirá de forma significativa los presupuestos provinciales y municipales. A su juicio, la norma apunta a mejorar la eficiencia administrativa y a evitar que ciertos GAD destinen entre el 70% y el 80% a gasto corriente y apenas entre el 20% y el 30% a inversión.
En la misma línea, el oficialista Esteban Torres sostuvo que la regla ya existe pero no se cumple, especialmente en varios municipios grandes y pequeños. Recordó que los municipios pequeños dependen casi totalmente de transferencias estatales, mientras que los grandes generan más ingresos propios. Paradójicamente, dijo, muchos municipios pequeños y medianos sí respetan la proporción 70/30.
Marco Criollo
