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Durante el último año, ADN utilizó el control del CAL, la Comisión de Transparencia y el Pleno de la Asamblea para frenar juicios políticos, bloquear comparecencias y evitar que el caso Progen avance hacia un debate legislativo amplio.
En el último año, la Asamblea Nacional se convirtió en el principal escenario de una pugna donde el bloque oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), desplegó una serie de estrategias reglamentarias y políticas para bloquear y deslindarse de las responsabilidades políticas derivadas de los fallidos contratos termoeléctricos con la empresa Progen.
A través del control de organismos clave de la Legislatura como el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Pleno del Parlamento y la Comisión de Transparencia, el oficialismo logró evitar que los ministros del Gobierno de Daniel Noboa enfrenten las consecuencias de un perjuicio al Estado superior a los USD 100 millones.
1. El CAL como primer filtro de protección
La estrategia de protección comenzó a evidenciarse en agosto de 2025. En ese entonces, el CAL, dominado por legisladores oficialistas y aliados, decidió archivar la primera solicitud de juicio político planteada por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) contra la entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. El argumento oficial para desechar el trámite fue una supuesta falta de firmas de respaldo, lo que impidió que la acusación por incumplimiento de funciones y responsabilidad política pasara siquiera a la fase de calificación.
Dos meses después, el escenario se repitió. El 4 de octubre de 2025, el consejo —presidido por el titular de la Asamblea, Niels Olsen— inadmitió un nuevo pedido contra Manzano. En esta ocasión, el CAL se amparó en un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL). El documento señalaba que la solicitud no cumplía con los requisitos determinados en el artículo 131 de la Constitución.
Para la oposición, estas decisiones no han sido técnicas, sino “maniobras de ADN” destinadas a garantizar la impunidad de los funcionarios vinculados.
Además de archivar los juicios, el CAL operó para quitar la investigación de manos de la oposición. En junio de 2025, mediante la Resolución CAL-NAOP-2025-2027-049, el consejo dispuso que la competencia exclusiva para fiscalizar los contratos de Progen y ATM recaería en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Diana Jácome (ADN).
“Disponer que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social es competente para conocer el proceso de fiscalización y control político de los contratos suscritos por la Celec EP con la empresa Porgen Industries LLC, por cuanto fue la que previno en el conocimiento de la causa; y por lo tanto, ninguna otra comisión puede interferir en el proceso de fiscalización, ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre esta materia o asunto“, dicta la resolución del CAL.
Esta decisión fue clave: mientras la oposición buscaba que el caso fuera tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales (donde contaba con mayoría), el traslado a la Comisión de Transparencia dejó el proceso en manos de la mesa presidida por Jácome. La resolución del CAL estipuló explícitamente que “ninguna otra comisión puede interferir en la fiscalización”. Con ello aseguró que el ritmo y el contenido de la investigación permanecieran bajo control oficialista.
Nuevo pedido de juicio político
A pesar de los bloqueos previos, la pugna en el CAL no termina. Este 27 de mayo de 2026, los asambleístas Blasco Luna y Lenín Barreto, ambos de RC, presentaron un segundo pedido de juicio político contra Inés Manzano, fundamentado en informes de Contraloría y nuevas evidencias de irregularidades. Una vez más, la responsabilidad del proceso recae en el CAL.
Desde el oficialismo, el nuevo jefe de bloque de ADN, Esteban Torres, ya adelantó la postura gubernamental de minimizar la iniciativa, sugiriendo que se debe esperar a que la justicia ordinaria actúe antes de proceder en lo político. Mientras tanto, el CAL se mantiene como el filtro principal que decide qué llega a debatirse en el Pleno y qué queda sepultado bajo formalidades administrativas.
2. Blindaje en la Comisión de Transparencia
Tras seis meses de una accidentada fiscalización en 2025, el oficialismo, a través de la Comisión de Transparencia, logró neutralizar las responsabilidades políticas del Gobierno en el caso Progen. El proceso culminó el 19 de diciembre de 2025 con la aprobación de un informe de mayoría que eximió de toda culpa a Roberto Luque e Inés Manzano, trasladando la carga de las irregularidades exclusivamente a funcionarios de rango medio y organismos de control externo.
La sesión decisiva se realizó de forma virtual a partir de las 20:00, lo que generó críticas de la oposición, que calificó el procedimiento como un intento de evadir el escrutinio público “entre gallos y media noche”. Con los votos de los asambleístas de ADN Diana Jácome (presidenta de mesa), Jorge Chamba, Jorge Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano, junto al aliado Edmundo Cerda, la comisión cerró el paso a cualquier sanción política contra las máximas autoridades del sector energético.
El argumento del oficialismo, defendido por Jácome y Chamba, fue que la responsabilidad administrativa y técnica de los contratos con Progen y ATM recayó en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y no en el Ministerio de Energía. Según el informe aprobado, no se desprendieron “actos u omisiones imputables” a los ministros bajo el artículo 131 de la Constitución. Con ello, la investigación final actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía y la Contraloría.
Durante el desarrollo de la fiscalización, la mayoría oficialista fue señalada por implementar tácticas de bloqueo sistemático. Una de las más notorias ocurrió cuando el asambleísta Blasco Luna (RC) intentó reproducir —mientras tenía uso de su palabra— un video como prueba de que el exministro Roberto Luque conocía los detalles técnicos de los equipos en Estados Unidos.
En un descuido, Diana Jácome fue captada con el micrófono abierto instruyendo al secretario: “No le comparta. No”, impidiendo que el material se visualizara en la sesión virtual.
Además, la comisión bloqueó sistemáticamente las comparecencias de Luque y Manzano. A pesar de los insistentes pedidos de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), los ministros nunca acudieron a la mesa legislativa para responder por el perjuicio estatal.
El cierre definitivo del debate en 2026
El blindaje en la comisión no terminó en 2025. El 11 de mayo de 2026, la mayoría oficialista volvió a operar para impedir el tratamiento del caso. Blasco Luna elevó un pedido para exhortar al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, a que el Pleno tratara los informes de fiscalización sobre los contratos suscritos entre la empresa pública Celec EP y las compañías Progen y Austral Technical Management SAS (ATM), que fueron de USD 149,1 millones.
Los legisladores Jácome, Chamba y Serrano votaron en contra de ese cambio del orden del día para exhortar al debate nacional, calificando el pedido como “improcedente por procedimiento parlamentario”.
Para el oficialismo, la labor de la comisión ya concluyó. De hecho, Jorge Chamba sostienen que el Legislativo “ya cumplió con su responsabilidad” y que ahora es la justicia ordinaria la que debe actuar, una postura que la oposición denuncia como un esquema de impunidad diseñado para proteger la imagen del Ejecutivo.
3. El bloqueo del debate en el Pleno
A través de una combinación de interpretaciones reglamentarias y el uso táctico de la agenda legislativa, el bloque oficialista y la presidencia del Parlamento lograron que los informes de fiscalización no sean conocidos ni debatidos por los 151 legisladores.
El episodio más reciente de este bloqueo ocurrió el 20 de mayo de 2026. Ese día, el asambleísta Lenin Barreto (RC), presentó una solicitud formal para modificar el orden del día e incluir la comparecencia ante el Pleno de los exministros Roberto Luque, Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
Sin embargo, el bloque de ADN argumentó que el artículo 129 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL) limita a solo tres los puntos de cambio del orden del día por sesión. El oficialismo priorizó y aprobó tres mociones de respaldo a la gestión de Daniel Noboa. Al agotarse el cupo legal de modificaciones, el pedido sobre el caso Progen quedó excluido de la jornada.
Postura de Niels Olsen
A esta estrategia se sumó la postura oficial de la máxima autoridad de la Legislatura. El pasado 14 de mayo de 2026, durante su rendición de cuentas anual, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, confirmó que la fiscalización parlamentaria del caso Progen “ya concluyó” dentro de la Comisión de Transparencia y que el informe no será elevado al Pleno.
Olsen argumentó que, una vez que el informe de mayoría —aprobado por ADN en diciembre de 2025— fue remitido a la Contraloría General del Estado, el trámite legislativo se dio por terminado. “El informe ya está cerrado en la Comisión”, sentenció, dejando en el limbo el informe de minoría presentado por la oposición, el cual sí detallaba responsabilidades políticas contra los ministros Luque e Inés Manzano.
Con estas acciones, el oficialismo logró evitar que el caso más sensible de la crisis energética sea discutido en la máxima instancia de representación popular, mientras la oposición denuncia un “bloqueo legislativo” diseñado para garantizar la impunidad de las autoridades involucradas en los fallidos contratos.
