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La Fiscalía General del Estado informó que mantiene 206 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con gobiernos locales entre 2024 y 2026. El peculado encabeza las investigaciones con 101 casos, seguido por la falsificación y uso de documento falso con 83 expedientes.
En una comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, el coordinador general de asesoría jurídica de la Fiscalía General del Estado, Israel Carrión, rectificó las cifras de investigaciones penales en los gobiernos locales.
El delegado informó que la institución tiene en su poder 206 informes con indicios de responsabilidad penal que involucran a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a nivel nacional, correspondientes al 1 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2026.
Esta cifra rectifica los datos presentados por la misma FGE el 17 de julio, cuando reportó solo 60 casos, provocando alertas en la mesa legislativa debido a que las estadísticas no coincidían con las de la Contraloría General del Estado.
Según explicó Carrión, el desfase original se debió a fallas de estandarización en el sistema informático de la Fiscalía, denominado SIAF 2.0. El funcionario detalló que la información primaria se extrajo de este software, el cual está:
“atado a la información que pudo registrar en su momento el digitador, que en ocasiones se puede poner el número de IRP o en otras ocasiones no”.
Este error de ingreso manual obligó a la Fiscalía a realizar un “barrido” de información de campo a nivel nacional. Tras coordinar de manera directa con todas las fiscalías provinciales, los agentes del Ministerio Público lograron consolidar la cifra real de 206 expedientes vinculados a prefecturas y municipios.
Peculados y falsificación: los delitos más recurrentes
Las irregularidades identificadas por la Fiscalía se concentran mayoritariamente en delitos contra la administración pública. El peculado encabeza la lista con 101 casos, seguido por la falsificación y uso de documento falso, que registra 83 casos.
Adicionalmente, el organismo fiscalizador reporta:
- 14 casos por tráfico de influencias
- Cuatro por perjurio
- El resto por suplantación de identidad o acceso no consentido a sistemas informáticos de las entidades públicas.
En ese sentido, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, cuestionó que, a pesar de tratarse del presunto desvío de recursos públicos y de existir resoluciones de priorización emitidas por el Pleno de la Asamblea Nacional, el avance en las instancias judiciales sigue siendo lento.
Las estadísticas presentadas por la Fiscalía confirman que 187 casos (el 90.8%) permanecen en fase de investigación previa, mientras que:
- Tres se encuentran en instrucción fiscal
- Uno en etapa de vinculación
- Siete con archivo solicitado
- Cuatro con archivo aceptado
- Cuatro pendientes de apertura.
Carrión defendió el accionar de la Fiscalía argumentando que estos no son ilícitos simples de indagar. Al tratarse de delitos de corrupción pública, la institución requiere realizar pericias altamente técnicas y complejas —tales como análisis contables, financieros y de contratación pública— para determinar con precisión el perjuicio económico causado al Estado.
A estas trabas técnicas se suma el factor de alto déficit de fiscales a nivel nacional para procesar la carga laboral.
El Oro y Azuay lideran las alertas
El desglose geográfico de los 206 informes muestra que las presuntas irregularidades están dispersas por todo el país, aunque con focos muy definidos. La provincia de El Oro concentra la mayor cantidad de alertas con 30 informes con IRP, seguida por Azuay con 24 casos y la provincia amazónica de Morona Santiago con 20.
Otras provincias con cifras importantes son Pichincha y Sucumbíos, ambas con 16 casos, mientras que Guayas y Loja registran 11 casos cada una, e Imbabura cuenta con 10 reportes.
En el extremo opuesto, provincias costeras como Santa Elena registran únicamente un caso en el periodo evaluado.
