La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, señaló este jueves 10 de septiembre de 2026 que el déficit presupuestario de USD 83 millones limita la capacidad de la institución para contratar cerca de 700 jueces que, según indicó, hacen falta en el sistema judicial.

Explicó que el Consejo solicitó para el próximo año un presupuesto de más de USD 400 millones, pero el techo asignado estaría en los USD 360 millones.

Durante una entrevista en A Primera Hora, Caicedo sostuvo que, ante la falta de recursos, la Judicatura debe optimizar el personal disponible y redistribuir a los jueces de acuerdo con la carga procesal.

Según explicó, existen dependencias con menor cantidad de causas y otras en las que los jueces superan el 100% de su capacidad de trabajo.

La funcionaria aclaró, sin embargo, que el problema no se limita al presupuesto. Señaló que también existe una elevada cantidad de causas pendientes y que la institución implementa planes de descongestión y depuración para agilizar trámites que no requieren audiencias y reducir la carga procesal.

Supresión de unidades anticorrupción

En ese contexto, Caicedo defendió la decisión de suprimir las unidades especializadas en anticorrupción y aseguró que la medida no significa eliminar las competencias para conocer estos casos. Explicó que los jueces serán integrados a otras dependencias penales que registran una mayor carga procesal.

La presidenta de la Judicatura sostuvo que la decisión responde a varias razones y no únicamente al déficit presupuestario. Como ejemplo, mencionó que las unidades anticorrupción registraron 6.669 causas, de las cuales 3.698 correspondían a actos urgentes, y señaló que parte de estos trámites puede resolverse mediante una sola resolución, sin necesidad de audiencia.

Sobre las críticas por las audiencias que se han diferido tras la supresión de estas unidades, Caicedo afirmó que entre 2021 y 2026 se registraron 733 audiencias fallidas y 418 diferidas en esos despachos.

Añadió que la Resolución 187-2026 establece que las causas con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de anuncio de decisión, resolución y sentencia continuarán a cargo de los mismos jueces hasta su conclusión.

Concurso para jueces nacionales

Caicedo también aseguró que el concurso para jueces nacionales comenzará este año. Indicó que el reglamento ya está listo y que, mientras el Consejo de Participación Ciudadana concluye el proceso para seleccionar a los veedores, la Judicatura trabaja en el diseño de las metodologías y en la preparación de las distintas etapas del concurso.

La presidenta del organismo señaló que también se analiza la contratación de una empresa para realizar las pruebas de confianza y afirmó que las reglas y parámetros de esta etapa estarán definidos antes de la convocatoria.

Según Caicedo, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana comunique la conformación de los veedores, la Judicatura podrá convocar al concurso, que, aseguró, se iniciará durante 2026.

La legitimidad de las operaciones militares entre el Gobierno de Estados Unidos y Ecuador han sido cuestionadas por Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

El foco de la controversia gira en torno a una interrogante fundamental: ¿cómo es posible que las autoridades califiquen a estas embarcaciones como apoyos del crimen organizado cuando, previo a su salida, fueron abordadas e inspeccionadas por las propias Fuerzas Armadas sin hallar irregularidad alguna?

De acuerdo con las investigaciones independientes llevadas a cabo por HRW —que incluyeron verificación de rutas y recolección de testimonios—, se logró constatar que las naves atacadas eran embarcaciones pesqueras.

En su intervención, Juanita Goebertus reveló que existe documentación oficial que desmiente la narrativa de flagrancia o de falta de control previo.

“Tenemos directamente en uno de los casos de las embarcaciones la certificación de que la Guardia Costera ecuatoriana, antes del ataque con drones, abordó uno de los barcos para verificar y hacer una inspección y los dejó continuar con su itinerario de pesca porque no había nada sospechoso, todos esos pescadores sin antecedentes judiciales”.

A pesar de haber superado dicho abordaje y contar con la autorización estatal para continuar su faena marítima, la nave fue posteriormente atacada y destruida en alta mar bajo acusaciones de narcotráfico.

Control en el puerto

Las declaraciones de HRW contradicen la postura del Comando Sur de Estados Unidos y del Gobierno ecuatoriano. La fuerza militar estadounidense justificó los hundimientos argumentando que las naves servían como puntos de abastecimiento de combustible para el grupo delictivo Los Choneros.

En esa misma línea, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseveró que los barcos habían sido investigados previamente y defendió la contundencia de las intervenciones. “No hay ningún error”.

Esta justificación ha generado fuertes inconsistencias jurídicas. El abogado Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuestionó por qué no se actuó en tierra si se contaba con información de inteligencia previa.

“Si hay información de inteligencia, ¿por qué no procesas penalmente a las personas antes de salir a alta mar? ¿La aprehensión fue en flagrancia entonces? ¿Por qué destruyes la prueba?”.

Investigación

Para la directora de HRW, el problema de fondo radica en que se está ejecutando una estrategia de choque visual que no desarticula las estructuras delictivas y vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Juanita Goebertus concluyó que combatir al crimen organizado exige inteligencia financiera e institucional, en lugar de acciones de alto impacto publicitario.

“Se están violando derechos humanos de los ecuatorianos, pero además les están vendiendo una política de seguridad que será muy buena para poner el video en redes sociales, en X y demás, pero para combatir al crimen organizado se necesita una investigación en serio”, indicó en una entrevista con CNN.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) alista el inicio inmediato de la venta de sus bienes inmuebles subutilizados e inactivos a nivel nacional. La medida responde de forma directa a la disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, quien ordenó generar liquidez mediante la enajenación de activos inmobiliarios de la entidad antes de discutir cualquier reforma al sistema de pensiones.

En una entrevista en Teleamazonas este 10 de septiembre de 2026, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, explica que los equipos técnicos de infraestructura y de las direcciones provinciales realizan un levantamiento catastral en las 24 provincias.

Este catastro abarca actualmente 1.387 predios registrados con un avalúo catastral superior a los USD 1.000 millones, aunque su valor comercial estimado resulta significativamente más alto.

Cordovez destaca que la ejecución del plan empezará sin dilaciones sobre una primera lista ya seleccionada:

“El objetivo es empezar de manera inmediata con la venta de estos bienes, tenemos 175 bienes identificados a nivel nacional principalmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Azuay. Tenemos terrenos, tenemos edificios, tenemos casas; son bienes que han estado abandonados por más de 20 años”.

El funcionario añade que el estado de abandono derivó en problemas legales adicionales: “En algunos casos incluso nos han invadido ciertos terrenos, también ciertos edificios; estamos trabajando en la regularización de los mismos para poderlos liquidar, poderlos vender”.

Destino de los recursos

Frente a los reparos de gremios y colectivos que cuestionan el manejo del patrimonio de los afiliados, Cordovez enfatiza que el proceso no constituye una privatización ni reduce el patrimonio de la seguridad social. La operación consiste en convertir activos fijos en activos corrientes (efectivo o caja) para inyectar liquidez directa al fondo de salud y fortalecer la sostenibilidad del fondo de pensiones.

Esta venta masiva se ampara legalmente en la Ley 39 (publicada el 28 de julio de 2004). Dicha norma dispone de forma explícita que los activos improductivos del IESS deben subastarse públicamente y que el dinero obtenido se destine obligatoriamente a los fondos de pensiones y de salud de la institución.

Otras estrategias del IESS: Recuperar la mora patronal y más afiliados

La venta de inmuebles forma parte de una estrategia financiera integral con la que las autoridades buscan estabilizar las cuentas de la seguridad social. Entre las principales líneas de acción destacan el cobro de la mora patronal y el incremento de afiliados

La deuda acumulada por empleadores en mora supera los USD 2.700 millones. En lo que va de 2026, la gestión de cobro ha permitido recuperar cerca de USD 560 millones, según Cordovez.

En tanto, sobre el incremento de afiliados, Cordovez dijo que la institución proyecta sumar más de 100.000 afiliados adicionales en 2026. Para atraer a más trabajadores informales y jóvenes, la entidad apuesta por mejorar los servicios de salud y promover productos del Biess, como el plan Credicasa a una tasa de interés del 2,99%.

Deuda con prestadores externos y estado de las medicinas

En el ámbito sanitario, Cordovez admitió que la deuda con prestadores externos asciende a USD 1.400 millones. No obstante, sostiene que el IESS mantiene pagos mensuales, sumando desembolsos por más de USD 600 millones a clínicas y centros privados.

Dentro de ese monto, resalta que el IESS ha pagado más de USD 100 millones a 98 dializadoras con convenio activo, garantizando que los pacientes renales no sufran interrupciones en sus tratamientos vitales.

Respecto a las medicinas, el funcionario indica que el abastecimiento nacional pasó del nivel crítico inicial al 73% actual, fijando la meta de alcanzar el 80% en octubre de 2026 mediante un sistema de compras centralizadas y asignaciones presupuestarias directas.

Reforma a la seguridad social y ‘Dedalus’

En cuanto al debate sobre una reforma legal estructural a la seguridad social en la Asamblea Nacional, Cordovez dijo que “actualmente estamos esperando el resultado de los estudios actuariales para poder tomar esa decisión, todavía no lo tenemos sobre la mesa. Estamos analizando los datos”.

Finalmente, sobre la reciente adjudicación de un contrato de USD 240 millones por siete años realizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a la Empresa Pública CNT para implementar la plataforma médica internacional Dedalus, Cordovez aclara la postura del Seguro Social.

Afirma que el IESS no está cerrado a integrarse a dicha herramienta si demuestra ser positiva, pero recuerda que la institución opera de forma independiente con su propio sistema, Phuyu Salud (contratado también con CNT).

Según Cordovez, dicha plataforma interna permitió elevar el agendamiento a 1,3 millones de citas mensuales, con la proyección de incrementar la atención médica en un 27% durante este año.

El Comité de Pacientes del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo lanzó una alerta sobre la situación del piso 10 de hospitalización de Oncohematología, un área que fue repotenciada con una inversión cercana al millón de dólares, pero que, según la organización, permanece sin atender pacientes.

De acuerdo con la información difundida por el Comité, la repotenciación tuvo un costo de USD 908.751,94 y permitió incrementar en un 50 % la capacidad instalada para la atención oncohematológica.

La unidad fue inaugurada en enero de 2025. Sin embargo, la alerta señala que, hasta ahora, no ha atendido a ningún paciente.

El piso cuenta con 35 camas y un área destinada al trasplante de médula ósea, infraestructura diseñada para atender a pacientes con enfermedades oncohematológicas.

El llamado se realizó en el contexto del Día Mundial de la Leucemia, con un mensaje dirigido a las autoridades sanitarias para que el área pueda entrar en funcionamiento.

Según el dato citado por el Comité, en Ecuador se registran aproximadamente entre 880 y 900 muertes anuales por leucemia, de acuerdo con información del Observatorio Global del Cáncer.

El expresidente Rafael Correa informó que la Revolución Ciudadana (RC5) logró inscribir 2.512 candidaturas para las elecciones seccionales, proceso en el que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y vocales de juntas parroquiales.

“La dictadura nos ha hecho daño, pero no nos ha vencido”, expresó Correa al presentar el balance de candidaturas de su organización política. Además, aseguró que la RC alcanzó acuerdos y alianzas con 27 organizaciones políticas nacionales y locales para participar en los próximos comicios.

¿Cuántas candidaturas inscribió la RC?

El mayor número de inscritos corresponde a las vocalías de juntas parroquiales: la organización registró 1.413 candidaturas.

Para las prefecturas, la RC inscribió 16 candidaturas, mientras que para las alcaldías registró 120 candidatos.

En cuanto a las concejalías, fueron inscritas 726 candidaturas urbanas escaños y 237 rurales.

“Ha sido un trabajo titánico”, agregó el expresidente al felicitar a la directiva, militancia y candidatos de la Revolución Ciudadana por el proceso de inscripción.

La defensa del expresidente Lenín Moreno solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la suspensión condicional de la pena de cinco años que recibió por cohecho en el caso Sinohydro.

Moreno no quiere ir a la cárcel

El pedido será tratado este lunes 7 de septiembre de 2026, durante una audiencia en la que se analizará si el exmandatario cumple los requisitos para acceder a la suspensión condicional de la pena.

David Meza, abogado de Moreno, señaló en Ecuavisa que presentar esta solicitud no supone reconocer la culpabilidad de su defendido.

La sentencia contra Moreno fue dictada el pasado 28 de agosto, dentro del proceso en el que otras 19 personas también fueron condenadas.

El mismo recurso fue solicitado por otros 12 procesados, por lo que la diligencia podría extenderse debido a la cantidad de pedidos que deberán ser revisados.

De concederse la suspensión, Moreno no cumpliría la condena en prisión, pero tendría que someterse a las condiciones que establezca el juzgador.

Su abogado mencionó entre ellas no volver a cometer un delito, garantizar la reparación integral al Estado por los valores que determine el tribunal y ofrecer disculpas públicas.

Mientras se resuelven estas solicitudes, los condenados mantienen las medidas cautelares que les fueron impuestas, entre ellas la presentación periódica cada 15 días.

Lo que establece el COIP

El artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite solicitar la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Entre ellos están que la pena prevista para la conducta no exceda de cinco años, que la persona sentenciada no tenga otra sentencia o proceso en curso y que sus antecedentes personales, sociales y familiares, así como las características de la conducta, permitan establecer que no es necesaria la ejecución de la pena.

El artículo 631 establece las condiciones que pueden aplicarse durante el período de suspensión. Entre ellas constan residir en un domicilio determinado, no salir del país sin autorización judicial, reparar los daños o garantizar el pago de la reparación integral, presentarse periódicamente ante la autoridad designada y no reincidir.

El control del cumplimiento corresponde al juez de garantías penitenciarias y, si existe un incumplimiento, puede ordenarse la ejecución de la pena, según el artículo 632.

Mientras el artículo 633 establece que, una vez cumplidas las condiciones y los plazos, la condena puede extinguirse mediante la resolución correspondiente.

Trama de sobornos y medidas cautelares

La condena contra Moreno está relacionada con la investigación de una presunta trama de sobornos vinculada con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, este esquema habría movilizado aproximadamente USD 76,1 millones, de los cuales más de USD 1 millón habría beneficiado presuntamente al expresidente y a miembros de su entorno familiar.

A la par del pedido de suspensión condicional de la pena existe otra discusión sobre las medidas cautelares de los 20 condenados.

La Fiscalía solicitó una audiencia para revisarlas, pero el tribunal de la CNJ que dictó la sentencia considera que no tiene competencia para resolver el pedido, debido a que las medidas fueron impuestas durante una etapa procesal anterior. El problema está ahora en establecer qué autoridad puede asumir esa revisión.

El conjuez Olavo Hernández, quien conoció la etapa inicial del proceso, ya no está a cargo de ese despacho.

Para el abogado Diego Camacho, las medidas tenían como finalidad garantizar la comparecencia de los procesados durante el juicio, objetivo que se cumplió, por lo que cuestiona que el expediente sea devuelto al juzgador que intervino inicialmente.

El abogado Washington Andrade mantiene una posición distinta y considera que la revisión debería corresponder al juez que dictó originalmente las medidas o, si este ya no ocupa el despacho, a otro magistrado designado para asumir esa función.