El Gobierno busca generar liquidez para fortalecer el fondo de pensiones y financiar los servicios de salud. Daniel Noboa, informó que di...
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La declaración de John Manning terminó en un tenso enfrentamiento, en el que insultó a un abogado de Celec y abandonó momentáneamente la diligencia.
Una declaración bajo juramento de John B. Manning, director ejecutivo de Progen Industries, suma nuevos elementos al litigio que mantiene la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) contra la compañía estadounidense por los contratos destinados a enfrentar la crisis eléctrica de 2024.
Según Primicias, el testimonio fue receptado el 18 de agosto de 2026, en las oficinas de la firma Greenberg Traurig, en Tampa, Florida. La transcripción, de unas 400 páginas y divulgada el 1 de septiembre, recoge las respuestas del empresario sobre los equipos adquiridos para las centrales termoeléctricas de Quevedo y El Salitral.
El punto más contundente de la diligencia ocurrió cuando Manning fue interrogado sobre los generadores que llegaron a Ecuador y los cuestionamientos respecto a que se trataba de equipos antiguos y usados, pese a que los contratos contemplaban maquinaria nueva.
“Porque no es lo que entregamos. En realidad, nunca entregamos nada”, respondió Manning bajo juramento.
El empresario sostuvo que Progen no llegó a entregar el producto terminado y atribuyó esa situación a la terminación anticipada de los contratos por parte de Celec, que, según su versión, impidió completar el montaje de los equipos.
La declaración ocurre en medio de la demanda presentada por Celec contra Progen en Estados Unidos por un supuesto fraude relacionado con cerca de USD 110 millones destinados a la contratación de generación eléctrica. Paralelamente, en Ecuador avanzan investigaciones penales relacionadas con estas contrataciones.
Risas, insultos y un gesto contra los abogados de Celec
La diligencia también estuvo marcada por momentos de tensión. El abogado de Celec, Daniel Pulecio-Boek, cuestionó a Manning por sonreír y reír mientras respondía preguntas relacionadas con el estado físico y técnico de los equipos.
La confrontación aumentó cuando el interrogatorio se concentró en el destino de los recursos y las condiciones de los generadores.
En un momento de la declaración, Manning decidió interrumpir el interrogatorio y lanzó un insulto contra Pulecio-Boek:
“Voy a tomar un descanso. Y puedes besarme el trasero por ello”.
Posteriormente se levantó y abandonó la sala sin esperar la autorización del delegado de la Corte. El abogado de Celec dejó constancia en el registro de que, mientras salía, Manning realizó un gesto obsceno con el dedo hacia los representantes legales de la estatal ecuatoriana.
Cuando la diligencia se retomó, su abogado, Adolfo Jiménez, le pidió que se disculpara. Manning explicó entonces que su reacción respondió a la presión que enfrentaba mientras defendía los intereses comerciales de Progen.
Más allá del enfrentamiento, la declaración deja una admisión relevante dentro del litigio: el propio CEO de Progen reconoció bajo juramento que la compañía no llegó a entregar generadores funcionales al Estado ecuatoriano, mientras continúa la disputa judicial para determinar qué ocurrió con los recursos desembolsados y las responsabilidades derivadas de los contratos de emergencia eléctrica.
Conversaciones de WhatsApp entre John Manning, máximo directivo de Progen, y Karla Saud muestran que el empresario cuestionó que se presentaran como “nuevos” motores que, según sus propios mensajes, eran remanufacturados. Los chats constan dentro del expediente judicial que se tramita en Florida, Estados Unidos.
Nuevos documentos incorporados al litigio que enfrenta la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) contra Progen Industries y Astrobryxa en Estados Unidos ponen bajo la lupa la documentación utilizada para los proyectos de generación eléctrica contratados para Quevedo y El Salitral.
La información fue revelada por Diario Expreso, que accedió a una serie de conversaciones de WhatsApp entre Karla Saud y John Manning, máximo directivo de Progen. Los intercambios corresponden al 5 de julio de 2024 y forman parte del expediente judicial presentado ante una corte de Florida.
Los documentos revisados muestran que Saud envió a Manning varios archivos PDF relacionados con certificaciones de Progen. En la conversación aparecen, entre otros, documentos identificados como “Progen’s certificate Quevedo.pdf” y “Certificate Progen.pdf”.
“La carta de Quevedo nos llevará a la cárcel”
Uno de los mensajes más contundentes aparece después de que Manning revisara la documentación correspondiente al proyecto de Quevedo.
“Karla, la carta de Quevedo nos llevará a la cárcel”, escribió Manning.
En el mismo mensaje, el empresario explicó las características de los equipos. Según Manning, los grupos generadores eran unidades recién empaquetadas, pero contenían motores remanufacturados, a los que se incorporaban componentes nuevos.
El directivo fue todavía más explícito sobre el riesgo de presentar esos motores como nuevos: “Estamos cometiendo fraude si decimos que son motores nuevos”.
La conversación resulta relevante porque los cuestionamientos alrededor de los contratos de emergencia han girado precisamente en torno a las condiciones de los equipos que Progen se comprometió a entregar a Ecuador.
Ante el problema advertido, Manning planteó modificar la forma de describir la maquinaria y utilizar expresiones como “unidades recién ensambladas” o “unidades recién empaquetadas”, según consta en los chats incorporados al expediente.
Manning también cuestionó una garantía de 40 años
Las dudas del CEO de Progen no terminaron allí. Horas después, Manning volvió a escribir a Saud para preguntarle: “¿De qué se trata la garantía de 40 años?”.
En esa misma parte de la conversación se menciona que las unidades destinadas a Quevedo eran conjuntos generadores recién empaquetados y ensamblados. Los mensajes también muestran intercambios sobre la apostilla de documentos.
Previamente, Manning había hablado sobre la necesidad de imprimir documentación, certificarla ante un notario y enviarla ese mismo día.
Los chats forman parte ahora de la documentación presentada dentro del proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos y en el que Celec mantiene una disputa con Progen y Astrobryxa por los contratos energéticos.
Mientras el caso continúa en los tribunales estadounidenses, Karla Saud es requerida por la justicia ecuatoriana, mientras que John Manning no figura, hasta el momento, entre los procesados en Ecuador por este caso.
El Ministerio de Salud autorizó un gasto de USD 240 millones el domingo 30 de agosto de 2026. A las 21:31 se solicitó el trámite y a las 21:34 el ministro firmó la aprobación electrónica, viabilizando este proceso exprés con CNT, empresa que subcontratará a Dedalus.
La presión social y política y las reiteradas denuncias de diversos sectores obligaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) a subir al portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el expediente del proceso precontractual para digitalizar el sistema hospitalario público.
Con este contrato, el MSP busca una plataforma para obtener historias clínicas electrónicas, gestión hospitalaria, interoperabilidad, administración de medicamentos, laboratorios, imágenes, camas, facturación, analítica y seguimiento de pacientes.
El plazo de ejecución del mismo será de 2.649 días (aproximadamente 7,2 años), contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
El proceso en el Sercop se tramita bajo el Régimen Especial, es decir, entre entidades públicas y tiene como único invitado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual a su vez, contratará la empresa italiana Dedalus.
Ese proceso se lo viene cocinando desde abril pasado cuando la vicepresidenta María José Pinto se reunió con Vincenzo Dell’ Isola, director regional para Italia y América Latina de Dedalus, con quien analizó la implementación del sistema HIS (Hospital Information System), una plataforma para integrar y modernizar la gestión de datos clínicos.
Con este acuerdo tácito, el proceso de contratación -que tiene un presupuesto referencial de USD 240,26 millones, avanzó prácticamente en silencio, pero recién, a finales de agosto, se publicó en el Sercop. La convocatoria oficial se publicó el lunes 31 de agosto a las 17:00.
El Ministerio de Salud prevé adjudicar el contrato a CNTel próximo 9 de septiembre de 2026.
La rapidez con la que las autoridades del MSP elaboraron los informes técnicos, las viabilidades financieras y las autorizaciones presupuestarias plurianuales del contrato expone una serie de presuntas irregularidades administrativas y técnicas.
Los documentos del expediente demuestran que la institución estructuró y aprobó la arquitectura legal y financiera de este contrato millonario en un lapso de apenas 72 horas, concentradas durante un solo fin de semana.
Un fin de semana maratónico
El desarrollo del proceso de contratación fue rápido. Radio Pichincha accedió al proceso y detectó que el MSP ajustó y emitió todas las certificaciones de planificación de este millonario contrato en un tiempo récord.
Por ejemplo, el viernes 28 de agosto, la CNT entregó formalmente al MSP su propuesta técnico-comercial detallada, que consta de 89 páginas, fijando el precio del servicio en USD 240,26 millones. Ese documento fue clave para que la contratante realice el estudio de mercado con una sola propuesta.
Ese mismo día, 12 directores nacionales del MSP elaboraron y suscribieron el Informe Técnico de Necesidad y el Estudio de Mercado para determinar el presupuesto referencial, que tuvo como base única y exclusivamente la propuesta de CNT.
Por la rapidez en la elaboración de informes, el sábado 29, el equipo de Tecnologías del MSP detectó un error en la fecha del Estudio de Mercado, el cual constaba con fecha de suscripción del “27 de agosto”, es decir, un día antes de que CNT entregara la proforma técnica.
Para subsanarlo, la Directora de TIC (e), María Mercedes Idrovo, emitió una Fe de Erratas para corregir la fecha formal al 28 de agosto.
En esa misma jornada de sábado, el MSP gestionó y obtuvo la Certificación POA y la aprobación del Aval Plurianual, firmados electrónicamente por el Ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, para comprometer fondos públicos hasta el año 2033.
Mientras que un día después, el domingo, la Dirección de Contratación Pública del MSP emitió la Certificación PAC Nro. 464 para incluir este proceso en la planificación anual del Ministerio.
Horas más tarde, a las 21:31, la Dirección de TIC envió el memorando solicitando la autorización de gasto del proyecto. A las 21:34, el ministro Aveiga firmó electrónicamente la sumilla de autorización de gasto por los USD 240,2 millones.
Y, finalmente, a primera hora del lunes 31, la Dirección Financiera emitió la Certificación Presupuestaria Anual para este año 2026. De inmediato, el Ministro de Salud expidió la Resolución 0012-R aprobando los pliegos y declarando oficialmente abierto el procedimiento de Régimen Especial.
Esta secuencia evidenciaría la imposibilidad física para que las diferentes áreas del MSP realizaran un análisis previo, evaluación técnica profunda o un control financiero de la propuesta de 89 páginas de CNT.
¿CNT, un intermediario?
Aunque el MSP dirige la invitación a la holding estatal CNT, los pliegos técnicos confirman que la empresa de telecomunicaciones no cuenta con la capacidad de proveer de forma autónoma la solución y actuará como una especie de intermediaria técnica para contratar a la empresa privada italiana Dedalus.
En la propuesta técnica de CNT EP se describe expresamente que se proveerán “servidores de monitoreo dedicados de Dedalus (dimensionados separadamente)”.
Pero la propuesta de CNT se basa en parte, en la oferta que Dedalus le hizo a esta holding estatal.
Dedalus presentó -el 10 de junio- a CNT el “Plan de Habilitación Tecnológica para la digitalización de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, bajo un modelo Saas”. Lo hizo casi dos meses antes de que el proceso se suba al sistema del Sercop.
El presupuesto referencial de la propuesta de Dedalus ascendió a USD 117 millones más IVA, monto que no incluye la infraestructura tecnológica. Mientras que CNT cotizó el servicio al Ministerio de Salud por más de USD 240 millones. Lo que significa un incremento de USD 123 millones, el equivalente al 105%.
Este mecanismo de intermediación se produce en un escenario de cuestionamientos hacia las tácticas de CNT para contratar.
Recientemente, una investigación periodística de Radio Pichincha reveló que la estatal de telecomunicaciones utiliza a su subsidiaria Easynet S.A. (de su propiedad exclusiva) como un canal paralelo para contratar servicios tecnológicos con proveedores privados, saltándose los procedimientos del portal de compras públicas y evadiendo los controles y auditorías previas de la Contraloría General del Estado.
Un estudio de mercado con un solo oferente
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 461 establecen que la formulación de los presupuestos referenciales de las compras estatales debe ser el resultado de un “análisis de mercado exhaustivo y objetivo”.
El artículo 73 del Reglamento de la LOSNCP dispone que las entidades contratantes revisen las adjudicaciones similares de los últimos dos años para identificar precios históricos y evitar el sobreprecio.
Sin embargo, el Estudio de Mercado firmado por los 12 directores nacionales del MSP el 28 de agosto de 2026 anuló cualquier posibilidad de competencia y comparación de precios. Pues, la cartera de estado declaró en su informe que, tras realizar búsquedas en el portal de Sercop bajo las palabras clave «Servicio Integral», «Implementación», «Plataforma Interoperable» y «Atención Digital», “no se encontraron procesos similares al objeto de contratación” en los últimos dos años.
Al declarar la inexistencia de antecedentes comparables, el MSP argumentó la imposibilidad de aplicar metodologías de comparación de precios unitarios o análisis inflacionarios.
En su lugar, el MSP envió el 27 de agosto un correo electrónico solicitando una cotización formal únicamente a CNT.
Al recibir la respuesta de CNT al día siguiente, el MSP adoptó de forma íntegra e idéntica la proforma del oferente mayor a USD 240 millones como el presupuesto referencial oficial del Estado, procediendo de inmediato a emitir la resolución de inicio precontractual para invitar exclusivamente a CNT a presentar la oferta oficial para el contrato.
Vulneraciones al control de la Contraloría
La celeridad por arrancar el concurso precontractual antes de finalizar agosto de 2026 generó alertas dentro de la propia institución.
El lunes 31 de agosto, la Directora de Contratación Pública (e), Slendy Alejandra Arellano, advirtió por escrito en la Hoja de Ruta del trámite, recordando a la unidad de TIC que la justificación técnica, económica y financiera es de su exclusiva responsabilidad y exigiendo explícitamente realizar “las gestiones correspondientes conforme con la normativa legal vigente, revisión y controles establecidos en la norma de control interno de la Contraloría”.
Al contrastar el proceso contractual con el Acuerdo No. 004-CG-2023 de la Contraloría, se evidencian vulneraciones directas a cuatro disposiciones de control interno obligatorias:
1. Incumplimiento de la Formulación Independiente del Presupuesto
La norma de control interno de la Contraloría exige que los presupuestos de contratación estatal se formulen de manera independiente, técnica y objetiva por parte de la entidad contratante, precautelando el correcto uso de los recursos.
Así, el MSP estaría violando esta disposición al no calcular de manera propia las tarifas, costos de conectividad y licenciamientos de software, limitándose a copiar textualmente la proforma económica provista por CNT EP el 28 de agosto de 2026 y elevándola a la categoría de presupuesto referencial oficial.
2. Incumplimiento con la “Planificación con Anticipación Suficiente“
La Contraloría determina que toda compra de bienes y servicios debe solicitarse, evaluarse y autorizarse con la anticipación suficiente que permita la verificación y el control previo de las ofertas.
El hecho de que el MSP haya analizado la propuesta tecnológica de 89 páginas de CNT EP (base para el estudio de mercado), emitido un informe de erratas, certificado el PAC, certificado el POA y aprobado el Aval Plurianual de inversión en un solo fin de semana de inactividad administrativa, demostraría la inexistencia de una planificación con anticipación suficiente, imposibilitando un control previo real antes de la autorización del gasto.
3. Incumplimiento de la “Gestión de Riesgos en Almacenamiento en la Nube y Proveedores en Disolución”
La NCI 410 (numerales 4 y 5) de la norma establece que, al contratar servicios tecnológicos basados en procesamiento de terceros (SaaS) o almacenamiento de información crítica en la nube, la institución debe realizar obligatoriamente un análisis exhaustivo de riesgos y de costo/beneficio, asegurando planes de contingencia ante eventuales quiebras o salidas del mercado del proveedor.
El MSP habría ignorado esta norma de seguridad al predeterminar el software de Dedalus como el núcleo técnico de la plataforma digital. Los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías demuestran que la filial local de la proveedora de software, Dedalus Global Services Ecuador S.A. (constituida en Quito con un capital de USD 800), entró oficialmente en proceso de disolución el 13 de marzo de 2026.
4. Incumplimiento del Mecanismo de Control por Oposición
La norma exige que las entidades públicas incorporen un Oficial de Seguridad de la Información independiente de la Unidad de TIC, constituyendo un mecanismo de control por oposición para supervisar las decisiones tecnológicas.
En el expediente precontractual de este proceso millonario, la elaboración, validación, revisión y aprobación del software y de la nube de Google se habrían concentrado de forma acumulativa en la propia Dirección de TIC del MSP, anulando cualquier mecanismo de oposición o auditoría interna independiente de seguridad tecnológica antes del inicio del proceso.
Pese a todas las observaciones, el proceso precontractual de la plataforma nacional de salud digital continúa su marcha. Tras la audiencia de preguntas y aclaraciones celebrada el 1 de septiembre de 2026, CNT tenía plazo hasta las 09:00 del 2 de septiembre de 2026, para subir formalmente al portal de Sercop la misma oferta técnico-económica de USD 240,2 millones que el Ministerio de Salud Pública ya aprobó y presupuestó a su medida el fin de semana pasado.
La barcaza llegó a Ecuador en febrero de 2025.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) habría suspendido el proceso de contratación para renovar el servicio de la barcaza de Karpowership, que cuenta con una capacidad de generación termoeléctrica de entre 90 y 110 megavatios.
El contrato, por USD 42,7 millones, era gestionado desde julio de 2026 por la Empresa Pública Electro Generadora del Austro (Elecaustro), con el objetivo de mantener la barcaza operativa durante seis meses más en el sector de Las Esclusas, en el sur de Guayaquil.
Dato
La barcaza llegó a Ecuador en febrero de 2025.
La suspensión del proceso en el Sercop se produce en medio de las alertas por un posible estiaje durante el segundo semestre de 2026, situación que podría afectar la generación hidroeléctrica del país.
Gustavo Petro y Rafael Correa se encontraron en México en un momento clave para el progresismo latinoamericano.
El expresidente colombiano y el exmandatario ecuatoriano conversaron sobre el futuro de la región, la integración latinoamericana, la lucha contra el narcotráfico y los desafíos que enfrenta el progresismo.
Petro planteó la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación entre los sectores progresistas de América Latina, mientras Correa continúa siendo una de las voces más críticas frente al gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
En este contexto, Rafael Correa entrevistó a Gustavo Petro para su programa “Conversando con Correa”, una conversación en la que ambos expresan sus visiones sobre América Latina, la política regional y el futuro de los proyectos progresistas.
Una veintena de currículums con iniciales atribuidas a Roberto Luque, José Manuel de Oliveira, Jaime Belles y un externo identificado como “Valentín” apuntan a una presunta influencia sobre nombramientos en Celec, CNEL y el Ministerio de Energía. Parte de los funcionarios señalados terminó ocupando cargos vinculados a áreas estratégicas relacionadas con los contratos de Progen.
El corto paso de Roberto Luque por el Ministerio de Energía habría estado acompañado de una amplia renovación de funcionarios en puestos estratégicos del sector eléctrico. Una veintena de hojas de vida con anotaciones manuscritas se encuentra ahora en el centro de las revelaciones sobre cómo se habrían gestionado esas designaciones.
Los documentos contienen sumillas como “r.l.”, “j.o.”, “j.b.” y “Valentín” o “v.e.”. Según Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad, las iniciales corresponderían a Roberto Luque; José Manuel de Oliveira Allú, excoordinador jurídico del Ministerio; Jaime Belles, exasesor de Luque; y Valentín Elizalde, respectivamente.
Según Expreso, Calero denunció que detrás de estas carpetas existió un esquema para distribuir cargos del nivel jerárquico superior.
De acuerdo con su versión, Luque habría dado la orden de asumir esas designaciones, mientras Victoria Hidalgo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), habría coordinado los listados de aspirantes referidos.
La documentación, según lo revelado por Expreso, fue encontrada en una caja en el despacho de De Oliveira e incautada por la Fiscalía en 2025.
Los nombres que sí llegaron a puestos estratégicos
Expreso cotejó una veintena de sumilladas en las hojas de vida y se establece cómo fue el control de los nombramientos estratégicos.
Uno de los casos corresponde a César Xavier Cabezas. Su hoja de vida contiene las anotaciones “CNEL”, “GYE”, “Dir. Jurídico en Matriz” y “(De Oliveira)”. Posteriormente, Cabezas ejerció ese cargo entre julio de 2024 y mayo de 2025.
En su currículum, además, aparecen como referencias personales Erick Leuschner Luque, primo del entonces ministro, y el propio De Oliveira.
Otro nombre, según detalla Expreso, es Manuel Enrique Barberán Cedeño, quien asumió la gerencia de Electroguayas y cuya hoja de vida llevaba la sumilla “j.o.”. Durante su administración firmó un contrato con Austral Technical Management (ATM) y solicitó la contratación de Álex Dueñas Calero, hermano de Karla Saud, representante de Progen.
Posteriormente, un hijo de Barberán recibió el 50% de las acciones de Marvellous S.A., compañía que pertenecía a Saud.
Termopichincha, en el centro de las designaciones
Las hojas de vida también conducen hasta Termopichincha, unidad de negocio de Celec donde se adjudicaron a Progen los contratos para las centrales de generación de El Salitral y Quevedo.
Entre las carpetas sumilladas constan Carlos Iván Villacís Moya, quien llegó a la Subgerencia Técnica; Christian Dahik, a la Subgerencia Jurídica; e Irving Daniel Segura Castro, quien ocupó la Gerencia.
También aparece Gonzalo Guerrón, cuya hoja de vida tendría una sumilla atribuida a Inés Manzano. Guerrón llegó a la Gerencia de Termopichincha en diciembre de 2024, después de la salida de Byron Orozco.
Su llegada ocurrió en un momento clave: Orozco se había negado a firmar una adenda relacionada con Progen. Con el cambio de administración se modificaron posteriormente hitos contractuales mientras la empresa ya registraba incumplimientos.
Las conexiones se extienden a otras áreas. Bajo las iniciales “j.b.” aparece Héctor Vicente Solórzano Constante, familiar de Jaime Belles, quien ingresó como asesor de Gerencia de Celec. Según Calero, sus atribuciones estaban relacionadas con la gestión y revisión de pólizas de seguros.
Referencias que conducen a contratistas de Progen
Para Expreso, las hojas de vida también muestran conexiones fuera de Celec y CNEL. En el Ministerio de Energía, las iniciales combinadas “v.e./j.b.” aparecen en el currículum de Doménica María López Arboleda, quien fue designada asesora ministerial.
Entre sus referencias personales figuraba Fabián Yar, representante de Inicofyi, empresa relacionada con pólizas de Progen y que obtuvo subcontratos de obra civil para las centrales térmicas de El Salitral y Quevedo.
López Arboleda también había trabajado con Inicofyi en 2023 y posteriormente volvió a mantener vínculos profesionales con Yar. En 2026 se convirtió en su socia en una empresa energética y consta como su abogada en un proceso relacionado con pólizas.
En el área de Tecnologías de la Información del Ministerio también aparece Xavier Alonso Vásquez. Su hoja de vida habría ingresado bajo la referencia de “Valentín” y contenía como contactos a directivos del estudio jurídico Pino Elizalde.
Luque rechaza que se le atribuya una irregularidad
La defensa de Roberto Luque cuestionó las afirmaciones. Aníbal Quinde, abogado del exministro, sostuvo que el escrito presentado por Calero contiene contradicciones frente a su declaración inicial y añade hechos posteriormente.
Quinde aseguró que la documentación no atribuye a Luque actos irregulares ni gestiones destinadas a beneficiar a Progen o a otros proveedores.
“El ingeniero Luque ha dado y seguirá dando la cara, y es el primer interesado en que la verdad prevalezca”, señaló su abogado a Expreso.
Las hojas de vida, sin embargo, abren una nueva arista alrededor de la administración del sector eléctrico: no solo quiénes fueron designados durante aquel periodo, sino quién recomendó sus nombres y qué participación tuvieron posteriormente en empresas y áreas relacionadas con contratos que hoy forman parte de las investigaciones por el caso Progen.
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