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Uno de cada cinco homicidios en Ecuador tiene como víctima a una persona menor de edad. El investigador Andrés Mideros advierte que la crisis responde a una combinación de austeridad, ausencia del Estado y expansión del crimen organizado, con impactos desproporcionados en poblaciones empobrecidas y afroecuatorianas.
Ecuador atraviesa un punto de quiebre: entre enero y marzo de 2026 se registraron 156 homicidios intencionales de niñas, niños y adolescentes, según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia.
La cifra revela una dimensión más profunda de la crisis: uno de cada cinco homicidios en el país tiene como víctima a una persona menor de edad.
Lejos de ser un fenómeno aislado, la tendencia se concentra en la adolescencia. En ese mismo período se contabilizan 148 homicidios en jóvenes de entre 12 y 17 años, el nivel más alto registrado. La mayoría de estos crímenes —93,2%— se comete con armas de fuego, en un contexto donde un menor muere cada 14 horas.
La violencia, además, tiene un mapa claro. Más de la mitad de los casos se concentran en Guayas y, en general, en provincias de la Costa, donde confluyen economías ilegales, desigualdad y débil presencia estatal.
“No es casualidad”: una crisis estructural
Para Andrés Mideros, profesor investigador de FLACSO Ecuador, estas cifras deben leerse como el resultado de procesos acumulados en el tiempo. El país, explica, atraviesa desde 2019 una combinación de austeridad fiscal, debilitamiento del Estado y expansión del crimen organizado, agravada por los efectos de la pandemia.
“Hemos pasado de una desprotección de medios de subsistencia a una desprotección de la vida”, señala.
En ese contexto, la violencia no se distribuye de forma homogénea.
“La violencia recae sobre la infancia, y se concentra en los más empobrecidos y racializados”.
El investigador advierte que el deterioro económico es clave para entender este escenario. Actualmente, seis de cada diez hogares no cubren la canasta básica, mientras la informalidad laboral ronda el 70%. La falta de políticas productivas y de recuperación económica ha profundizado la precariedad y reducido las oportunidades, especialmente en territorios históricamente excluidos.
El peso del racismo estructural
Uno de los hallazgos más críticos es la desigualdad en el impacto de la violencia. Los datos muestran una sobrerrepresentación de niñas, niños y adolescentes afroecuatorianos entre las víctimas.
La tasa de homicidios en niñez y adolescencia pasó de 0,6 por cada 100.000 en 2018 a 8,4 en 2025. Sin embargo, en población afroecuatoriana alcanza 14,6, evidenciando una brecha significativa.
“Hay un doble problema: la violencia cae sobre niños y niñas, pero además sobre determinados niños y niñas”, explica Mideros.
Este patrón se refleja también en el territorio. Provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí y Los Ríos concentran los casos, en zonas donde coinciden pobreza, alta informalidad y presencia de economías ilícitas.
Reclutamiento y economías ilegales
El impacto de la violencia no se limita a las víctimas mortales. También se expresa en el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales, un fenómeno que, según Mideros, está directamente vinculado a la precariedad económica.
“El reclutamiento siempre es forzado, aunque no necesariamente con violencia directa”, explica. En muchos casos, las bandas captan a menores a través de necesidades básicas: alimentación, ingresos o protección.
En territorios donde el Estado está ausente, estas estructuras terminan reemplazando funciones esenciales, consolidando su control social y territorial.
Detenciones: la otra cara de la misma crisis
El aumento de la violencia también se refleja en el número de adolescentes en conflicto con la ley. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 888 aprehensiones y detenciones, lo que representa un incremento del 34,7% respecto al mismo período de 2025.
En promedio, 10 adolescentes son detenidos cada día, y cerca de una cuarta parte portaba armas. Al igual que en los homicidios, la mayoría de estos casos se concentra en la Costa, replicando el mismo patrón territorial.
Para Mideros, estas cifras no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de una misma dinámica social:
“En un lugar donde no hay Estado, las bandas reemplazan funciones básicas”.
El riesgo: una generación marcada por la violencia
El investigador advierte que la crisis no solo responde a la ausencia de políticas públicas, sino también a la pérdida de capacidad estatal para garantizar derechos fundamentales. Incluso, señala, existen casos en los que agentes estatales estarían involucrados en violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas.
Esto agrava la desconfianza institucional y profundiza la vulnerabilidad de la población.
Las consecuencias de esta crisis van más allá del presente. Sin cambios estructurales, la tendencia apunta a mayores niveles de desigualdad, debilitamiento del tejido social y reproducción de la violencia.
Mideros insiste en que el país enfrenta un momento decisivo, donde la respuesta no puede limitarse a medidas de seguridad, sino que requiere una transformación profunda del rol del Estado y de las políticas públicas.
Un acuerdo mínimo
Frente a este escenario, plantea una urgencia básica:
“Al menos un acuerdo nacional debe ser proteger la vida de los niños y las niñas en igualdad de condiciones”.
Según Mideros, lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el presente y el futuro de toda una generación.
