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La Fiscalía investiga a 21 personas por presuntas irregularidades en contratos con Progen para proyectos termoeléctricos en Quevedo y El Salitral.
La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para 19 procesados, entre ellos el exministro Antonio Goncalves, dentro de la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Apagón, por el presunto delito de peculado. Además, pidió la difusión roja de Interpol para otros dos investigados.
Para Williamson Andrew Scott, representante de Progen, y Karla Julieta Saud Calero, el fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón, pidió al juez nacional Vinicio Rodríguez que se emita difusión roja de la Interpol, debido a que los procesados residen en los Estados Unidos.
El pedido fue realizado este viernes 15 de mayo de 2026, luego de que Alarcón concluyera la presentación de los más de 150 elementos de convicción relacionados con los contratos de generación eléctrica investigados.
Fiscalía señala que no caben medidas alternativas
Alarcón consideró que no caben medidas alternativas por existir riesgo de fuga y realizó la individualización de la medida cautelar contra los procesados.
Entre los procesados constan el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves; el exgerente de Celec, Fabián Calero; y Williamson Andrew Scott, presidente de Progen Industries LLC, además de funcionarios, técnicos y responsables vinculados con los proyectos termoeléctricos.
El juez Rodríguez, quien reemplaza al magistrado Edison Cantos, a cargo de la dirección de la audiencia, suspendió la diligencia y convocó para el miércoles 20 de mayo de 2026.
La próxima semana el magistrado escuchará las alegaciones de las partes procesales y resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra los 21 procesados, de los cuales la entidad calificó a 19 como autores y a dos como coautores del presunto delito de peculado.
Presentación de elementos de convicción
Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía estarían relacionados con el presunto delito de peculado en contratos de emergencia para generación eléctrica suscritos durante la crisis energética de 2024.
Según la Fiscalía, el presunto perjuicio económico al Estado asciende a USD 104,3 millones, correspondientes al anticipo del 70% entregado a la empresa Progen Industries LLC en dos contratos para la adquisición de generadores eléctricos destinados a las subestaciones de Quevedo y El Salitral.
Omisión de procedimientos
La Fiscalía sostuvo que, durante la emergencia energética, se habrían omitido procedimientos de contratación pública en las etapas precontractual, contractual y de ejecución.
Durante su intervención, Alarcón indicó que los contratos para los proyectos Quevedo y El Salitral fueron adjudicados pese a observaciones técnicas e inconsistencias detectadas en las ofertas presentadas.
Los contratos para las centrales termoeléctricas de Quevedo y El Salitral alcanzaron un monto total de USD 149,1 millones.
También señaló que los equipos entregados no habrían cumplido con las especificaciones requeridas y que, hasta el momento, las unidades de generación no han entrado en funcionamiento.
Pagos realizados
En la audiencia, la Fiscalía expuso que se realizaron pagos superiores a USD 69 millones a través del Regions Bank.
Como parte de los elementos presentados constan informes técnicos, versiones de funcionarios y detalles sobre inspecciones efectuadas en Estados Unidos a los motores ofertados por la empresa contratista.
Los abogados de algunos investigados señalaron presuntas irregularidades relacionadas con la notificación a la empresa Progen y el acceso al expediente.
Los 21 procesados
La Fiscalía dio a conocer el grado por el que están procesando a cada una de las 21 personas.
Según la entidad, 19 serían autores directos del presunto delito de peculado y apenas a dos los calificó de coautores.
- Gonzalo Efraín Guerrón López (autor).
- Octaviano Antonio Goncalves Savinovich, exministro de Energía y Minas (autor).
- Fabián Mauricio Calero Freire, exgerente de Celec (autor).
- Marvin Bryan Rubio Zapata (autor).
- Daniel Eduardo Suárez Quilumbango (autor).
- Julio Eduardo Montesdeoca Escobar (autor).
- Celso David Sánchez Chacán (autor).
- Nelson Antonio Castro Rodríguez (autor).
- Luis Paúl Flores Armas (autor).
- Byron Fernando Orozco Moreno (autor).
- Gabriela Alexandra Toazo Caiza, funcionaria de Celec EP, (autora).
- Juan Carlos Cornejo Segovia (autor).
- Carlos Iván Villacís Moya, funcionario de Celec EP (autor).
- Holger Santiago Jaramillo Suntaxi (autor).
- Karla Julieta Saud Calero (coautora).
- Williamson Andrew Scott (coautor).
- Marcos Vinicio Poma Jumbo (autor).
- Marco Antonio Chicaiza Santos (autor).
- Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga (autor).
- Javier Lasluiza Navarrete (autor).
- César Augusto Toledo Zapata (autor).
Audiencia minuto a minuto
16:21 | Audiencia se reinstalará el 20 de mayo
La diligencia se reinstalará el miércoles 20 de mayo de 2026, a las 08:30.
16:10 | Reparación integral
Para garantizar una posible reparación integral al Estado, la Fiscalía solicitó la prohibición de enajenar bienes, debido al presunto perjuicio económico que asciende a USD 104,3 millones.
Según la exposición fiscal, cada uno debería responder por un monto aproximado de USD 27.600
16:05 | Coautores del presunto delito
Para Williamson Andrew Scott, representante de Progen, y Karla Julieta Saud Calero. el fiscal Carlos Leonardo Alarcón pidió al juez Vinicio Rodríguez que se emita difusión roja de la Interpol, debido a que los procesados residen en los Estados Unidos.
15:23 | Pedido de prisión preventiva
El fiscal sostuvo que, debido a la gravedad del presunto delito contra la administración pública, cometido —según indicó— en las fases precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a un contratista incumplido, solicitó prisión preventiva para 19 procesados.
Además, argumentó que una medida cautelar alternativa sería insuficiente y que la capacidad económica de los investigados representaría un posible riesgo de fuga.
15:19 | Medidas cautelares
Con el fin de garantizar la comparecencia de los 21 procesados, la Fiscalía individualizó el pedido de medidas cautelares.
El fiscal presentó más de 150 elementos de convicción.
15:16 | Elementos de convicción
Fiscalía presentó elementos de convicción contra 14 personas, así como elementos comunes para todos.
14:32 | Se reinstala la audiencia
El fiscal Carlos Leonardo Alarcón continúa con la exposición de los elementos de convicción.
12:56 | Suspenden audiencia
El juez Vinicio Rodríguez suspendió la audiencia, la cual se reinstalará a las 14:15.
12:49 | Declaran a Progen contratista incumplido
Durante su intervención, el fiscal expresó que Celec dispuso la terminación del contrato suscrito entre Termopichincha y Progen, al considerar a la empresa como contratista incumplida, y solicitó el reembolso de un valor liquidado superior a USD 18,5 millones.
El contrato había sido firmado el 2 de agosto de 2024 entre Gonzalo Guerrón, gerente de la Unidad de Negocio Termopichincha (quien reeplazó a Byron Orozco), y Williamson Andrew Scott, representante de Progen.
Sin embargo, la Cámara de Comercio de Quito, instancia en la que se tramitan temas de arbitraje y mediación, solicitó que no se ejecute la decisión adoptada por Celec.
12:30 | Celec tenía la orden de ejecución
El fiscal Alarcón señaló que se dispuso a CELEC iniciar procedimientos especiales bajo la declaratoria de emergencia para la contratación del proyecto Quevedo (50 MW) y del proyecto El Salitral (100 MW), con presupuestos estimados de USD 49 millones y USD 97 millones, respectivamente.
La medida contemplaba la contratación en el marco de la situación de emergencia energética en 2024, con el objetivo de agilizar la ejecución de los proyectos de generación eléctrica, para evitar apagones.
Asimismo, dijo que se delegó a las unidades de negocio la ejecución de todos los procedimientos correspondientes en cada una de las fases contractuales, a fin de dar cumplimiento a la declaratoria de emergencia.
11:13 | Progen pidió modificar contrato
Progen solicitó la modificación del primer hito contractual para habilitar pagos parciales, una vez que ya tenía domicilio en Ecuador.
Sin embargo, dicha adenda para pagos parciales fue negada, por observaciones planteadas por el administrador del contrato.
Para el 27 de febrero de 2025, se informó que el proyecto se encontraba próximo a la terminación del contrato. Mientras, Marcos Guerrero, administrador del contrato, solicitó la ampliación.
En relación con el contrato original, que contemplaba un anticipo del 70%, se planteó que dicho valor se cancele en pagos parciales. No obstante, la contratista alegó un supuesto desequilibrio económico como sustento para una adenda, tema que fue tratado en una reunión entre el entonces viceministro Fabián Calero (designado el 12 de octubre de 2024 por la ministra Inés Manzano), Gonzalo Guerrón, gerente de la Unidad de Negocio Termopichincha, abogados y representantes de Progen.
10:17 | Informe de Contraloría
Según un informe de la Contraloría General del Estado citado por el fiscal general del Estado, Carlo Leonardo Alarcón, los hallazgos se desprenden de una inspección realizada a los grupos electrógenos relacionados con la empresa Progen.
El documento señala que se efectuó un levantamiento de información en fábrica, sin que se realizara una verificación comparativa de las especificaciones técnicas con las características reales de los equipos.
09:25 | Elementos comunes
Se expusieron elementos de convicción en contra de Marcos Vinicio Poma Jumbo, Marco Antonio Chicaiza Santos y Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, dentro del caso Apagón, los cuales estuvieron relacionados con los términos de referencia de los contratos.
El fiscal avanza con la exposición de elementos de convicción contra Gabriela Alexandra Toazo Caiza y Carlos Iván Villacís Moya, funcionario de Celec.
Según la Fiscalía, habrían estado a cargo de la revisión de oferentes para la contratación de emergencia del proyecto Quevedo.
De igual manera, los dos funcionarios estuvieron a cargo de la revisión de oferentes de Salitral.
09:22 | Alerta: Progen no entregó anticipo
Progen desistió de la entrega del anticipo al considerar que esto retrasaría la ejecución de la obra, lo cual, según Alarcón, se contradice con la ficha técnica elaborada para la contratación.
09:17 | Contratos de emergencia
Al leer la ficha técnica para la contratación, Alarcón señaló que la Unidad de Negocio podrá contratar bienes y servicios, incluso con empresas extranjeras, en el marco de la declaratoria de emergencia.
Según la ficha, esas adquisiciones se ejecutarían una vez formalizado el respectivo contrato, sin que se excluya la entrega de garantías indispensables para el correcto uso de los recursos públicos.
Además, menciona que las contrataciones no podrán extenderse más allá de lo estrictamente necesario para atender la emergencia, caso contrario dejarían de considerarse como tales.
09:07 | Reinstalación de la audiencia
El magistrado reinstala la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas.
El fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón, se refirió a la relación entre Gonzalo Efraín Guerrón López, exgerente de la Unidad de Negocios Termopichincha; Byron Orozco, quien también se desempeñó como gerente de la misma unidad; y Williamson Andrew Scott, representante de Progen.
08:55 | Juez establece reglas
El juez nacional Vinicio Rodríguez fija las reglas para la audiencia. Señaló la prohibición de grabar la diligencia.
08:30 | Reacción de abogado de Goncalves
En el caso Apagón, la defensa del exministro Antonio Goncalves cuestionó la acusación formulada por presunto peculado, al señalar que se le atribuye responsabilidad por decisiones que, según sostiene, no estaban bajo el control directo de su cliente.
El abogado Leonardo Stagg argumentó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) opera con autonomía administrativa, financiera y jurídica, lo que implicaría que la gestión y ejecución de los contratos corresponde a sus propios niveles técnicos y administrativos.
La defensa añadió que los desembolsos a la empresa Progen se efectuaron desde cuentas de Celec y bajo la responsabilidad de los administradores contractuales, por lo que considera que la tesis de la Fiscalía no toma en cuenta la distribución de competencias dentro de la empresa pública.
