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Cada día, millones de mujeres en Ecuador sostienen la vida. Cocinan, limpian, cuidan a niñas, niños, personas mayores o enfermas. Lo hacen dentro y fuera de sus hogares. Lo hacen, muchas veces, sin reconocimiento, sin derechos garantizados y sin remuneración justa.
Este 30 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, esa realidad vuelve al centro del debate público. No se trata solo de una fecha simbólica: es un recordatorio de que el trabajo de cuidados —históricamente asignado a las mujeres— sigue siendo uno de los pilares menos valorados de la economía y de la sociedad.
“Es súper importante posicionar el trabajo de los cuidados”, afirma Nathalia Cárdenas, asesora nacional de Primera Infancia de Plan International. “Por eso nuestra campaña se llama El cuidado sostiene la vida, para visibilizar y también celebrar este trabajo tan importante”.
Aunque pocas veces se reconoce como tal, el trabajo de cuidados tiene un peso económico enorme. Según datos del INEC, representa alrededor del 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Es decir, si se contabilizara como cualquier otro sector productivo, sería uno de los más importantes de la economía ecuatoriana.
Sin embargo, esta contribución sigue siendo invisibilizada.
Actividades como cocinar, limpiar o cuidar no son percibidas como trabajo formal, sino como una “obligación natural” de las mujeres. Esta idea, profundamente arraigada, perpetúa desigualdades estructurales.
“Mientras más derechos laborales existan para las mujeres, mejores van a ser los cuidados para nuestra primera infancia”, enfatiza Cárdenas.
Uno de los principales problemas es la falta de acceso a información. En Ecuador, solo el 22,35% de las trabajadoras remuneradas del hogar conoce sus derechos laborales.
En la práctica, esto significa que ocho de cada diez mujeres desconocen que tienen derecho a salud, vacaciones, liquidación o seguridad social.
“Una mujer que conoce sus derechos laborales puede actuar, pero una mujer que se organiza con otras se transforma”, señala Cárdenas.
La falta de conocimiento no solo limita la capacidad de exigir condiciones dignas, sino que perpetúa relaciones laborales desiguales y situaciones de vulnerabilidad.
El trabajo de cuidados no solo está invisibilizado: también está profundamente desigual.
En promedio, las mujeres en Ecuador dedican 31 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres apenas alcanzan las 11 horas. Es casi el triple.
Esta sobrecarga tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres: limita su acceso al empleo, a la educación y a su autonomía económica.
“Nosotras mismas a veces no reconocemos que somos trabajadoras del hogar”, reflexiona Cárdenas. “Salimos del trabajo y llegamos a cocinar, limpiar, cuidar… es una doble jornada permanente”.
Frente a esta realidad, iniciativas como el proyecto “Más derechos, mejores cuidados” buscan transformar no solo las condiciones laborales, sino también las normas sociales que sostienen la desigualdad.
Uno de sus ejes clave es trabajar con hombres y promover lo que denominan “masculinidades transformadoras”: cuestionar la idea de que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.
Actualmente, solo el 29% de los hombres participantes del proyecto muestra actitudes positivas hacia la igualdad de género. Aunque es un avance, evidencia el largo camino que queda por recorrer.
“El cuidado no es algo natural de las mujeres, es una construcción social. Hombres y mujeres tenemos las capacidades para cuidar”, insiste Cárdenas.
El trabajo de cuidados también está estrechamente vinculado con la violencia de género. Su invisibilización y precarización crean entornos propicios para abusos y vulneraciones.
“Estamos hablando de dos temas invisibilizados: el cuidado y la violencia de género. Por eso es urgente ponerlos sobre la mesa”, advierte.
Además, la falta de corresponsabilidad impacta incluso en espacios laborales: permisos para cuidar a un hijo enfermo siguen siendo más aceptados para mujeres que para hombres, reforzando estereotipos y desigualdades.
Aunque existen marcos normativos que reconocen derechos, el principal desafío sigue siendo su aplicación efectiva.
“Uno de los retos más grandes es aterrizar las leyes a la vida real”, explica Cárdenas.
Por eso, el trabajo no solo debe centrarse en reformas legales, sino en fortalecer la agencia de las mujeres, promover redes comunitarias y garantizar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
La Corporación Participación Ciudadana expresó su preocupación frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, una medida que, aunque se enmarca en sus competencias, podría tener implicaciones en el funcionamiento del sistema democrático.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que este cambio impacta principios fundamentales como la equidad en la contienda electoral.
Según el pronunciamiento, el adelanto del calendario electoral afecta a varias organizaciones políticas que se encontraban en pleno proceso de estructuración interna con miras a los comicios originalmente previstos para febrero de 2027.
En ese sentido, advierte que modificar una fecha previamente aprobada y socializada vulnera la seguridad y certeza jurídica, al alterar las reglas del juego en medio del proceso.
La organización también alertó que esta decisión podría debilitar la confianza en el árbitro electoral.
En su criterio, el CNE debe garantizar independencia e imparcialidad, adoptando resoluciones basadas en criterios técnicos y no coyunturales.
“Cuando estas decisiones afectan a los actores en contienda, se erosiona la confianza en los árbitros democráticos”, señala el documento, que cierra con un llamado a resguardar los principios que sostienen el sistema electoral.
Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrentó -en una entrevista en Ecuavisa este 30 de marzo de 2026- duros cuestionamientos sobre la resolución de adelantar las elecciones seccionales de 2027 a noviembre de 2026.
La entrevista estuvo marcada por la insistencia del periodista en obtener una base legal clara, algo que el funcionario no pudo precisar en el momento.
Pita señaló, además, que el organismo tomó la decisión de adelantar las elecciones de febrero de 2027 a noviembre de 2026 hace un par de semanas, pero la concretó el viernes 20 de marzo sin consultar a ningún partido o movimiento político, ya que, según dijo, esa es potestad de los cinco consejeros.
Sin embargo, cuando el Pleno del CNE sesionó, la vocal Elena Nájera reclamó que los informes en los que se habla de la situación climática y las recomendaciones de cambio de fechas le llegaron apenas la noche anterior y dejó entrever la posibilidad de que los otros cuatro consejeros sí conocían con anterioridad la intención de trasladar el proceso electoral para este mismo 2026.
En ese contexto, Pita indicó que la ley faculta al organismo electoral a tomar precauciones para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas; no obstante, al ser consultado sobre cuál es el artículo normativo que respalda el cambio de fechas, el vicepresidente del CNE no supo responder.
“El CNE tiene la libertad de fijar la fecha en la que se determinan las elecciones. No tengo el artículo, pero si alguien se siente perjudicado siempre puede asistir al TCE (Tribunal Contencioso Electoral) para expresar la violación de la norma”, remarcó en entrevista con Ecuavisa.
Desde el inicio, el entrevistador calificó la medida de “paradoja llamativa” señalando que muchos no lo ven como precaución, sino como un “pretexto” que “rompe con el principio de confianza”. Ante la pregunta directa sobre qué norma ampara esta decisión, Pita se limitó a mencionar informes de riesgos, lo que provocó una repregunta inmediata: “¿Cuál es el artículo de la ley electoral o de la Constitución, ingeniero, que los faculta a adelantar, a irrespetar el calendario electoral que ustedes mismos elaboraron?”.
Tras varios intentos de evadir la precisión jurídica alegando que los calendarios son solo “referenciales”, el periodista insistió: “¿En qué parte está escrito que se puede adelantar una elección?”. Ante la presión, Pita tuvo que admitir: “Bueno, no tengo el artículo exactamente en este momento”.
Otro punto crítico fue el origen del informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) que advierte sobre el fenómeno de El Niño.
¿Quién les garantiza a ustedes objetividad e independencia de ese informe? ¿Ustedes validaron con algún organismo especializado en la materia o simplemente les dijeron que va a llover bastante y entonces empezaron a construir un calendario?, le preguntaron a Pita, quien defendió que el CNE debe regirse por las “consideraciones nacionales”.
Finalmente, a Pita se le recordó que el país ha tenido procesos electorales en situaciones de crisis real: “Hubo elecciones en plena pandemia… ¿qué tiene este riesgo del 2027 que no tuvo ninguna de las emergencias reales que el país ha vivido?”.
Mientras Pita sostiene que solo están “adaptando” el proceso, expertos y organizaciones políticas advierten que la Corte Constitucional podría anular la decisión por carecer de sustento en la Carta Magna
El vicepresidente de la institución reconoció que el CNE no trabajó con ninguna organización científica, más allá de analizar informes de organismos internacionales que advierten de condiciones severas en la próxima estación invernal; sin embargo, también mencionó que no podrían usarlos como referencia directa porque son datos mundiales.
Pese a ello, el funcionario defendió el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que advierte una estación invernal fuerte, con posible colapso de puentes y carreteras, así como aislamiento de poblaciones en febrero de 2027. Al ser consultado sobre si tiene la certeza de que en noviembre, en cambio, habrá buen clima, Pita se limitó a decir que no existen alertas para esa fecha.
A criterio de Enrique Pita, solo la Revolución Ciudadana se ha quejado del cambio de fecha de las votaciones y, en ese sentido, instó a que cualquier reclamo se presente ante las instancias pertinentes.
Las viviendas que se levantan alrededor de la comuna Juntas del Pacífico tienen un elemento común: pequeños tanques de agua al lado de los baños, en patios al aire libre o apegados en los portones.
Los cerca de 3.000 habitantes de este sector, perteneciente a la parroquia rural Julio Moreno, en la provincia de Santa Elena, no tienen hasta ahora agua potable.
Los pobladores para asearse o realizar sus quehaceres diarios, necesitan guardar agua en los tanques. Caso contrario, se quedan sin este recurso básico.
Ana Castro tiene 82 años y nació en esta comuna. Toda su vida ha vivido aquí y hoy tiene una pequeña tienda. Sentada en la puerta de su negocio, cuenta que a diario pasa un tanquero vendiendo agua.
“Un tanque vale USD 2,50”, dice. Y luego cuenta que también recoge agua del canal para lavar los trastes o la ropa. “Pero si queremos tomar agua, nos toca comprarle al tanquero”.
Cerca de la tienda hay un pequeño restaurante. Los clientes del sitio son trabajadores de otros cantones, que han llegado a la comuna a realizar algún trabajo.
Pero también llegan al restaurante agentes estatales que laboran en la Cárcel del Encuentro o familiares y abogados que intentan visitar a algún privado de libertad.
“Para el negocio necesitamos agua. Entonces, hace tiempo, aquí pusieron una bomba. Pero también nos toca comprar agua de los tanqueros”, dice Blanca Ramírez, que labora en el lugar.
Este es uno de los reclamos que tienen los pobladores de la comuna Juntas del Pacífico. Un recinto que cobró notoriedad desde que el presidente Daniel Noboa ordenó construir una cárcel de máxima seguridad al lado del poblado.
“Nosotros no queríamos la cárcel. Salimos a protestar pero nadie nos escuchó. Luego, funcionarios del gobierno indicaron que harían obras en el pueblo, que harían un centro de salud, que darían trabajo a la gente. Pero hasta ahora nada ha cambiado. Estamos olvidados totalmente”, agrega Ramírez.
Una de las grandes promesas que intenta cumplir el presidente Daniel Noboa apunta al sistema penitenciario.
En medio de la campaña electoral de 2023, Noboa ofreció utilizar barcazas como prisiones, capaces de navegar en el mar territorial ecuatoriano, con capacidad para 400 reclusos. Esta idea luego se modificó y el mandatario planeaba construir una prisión para 100 reclusos en la Antártida.
Al no consolidarse ninguna de las dos ideas, el 21 de junio de 2024, Noboa apareció en un terreno baldío ubicado al lado de la comuna Juntas del Pacífico. Acompañado de volquetas y militares, Noboa anunció la construcción de la cárcel, para albergar a 800 reos de extrema peligrosidad.
“Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos. Un símbolo del inicio de una nueva era para la paz”, señaló Noboa.
El gobierno informó que la cárcel estaría completamente lista luego de 300 días. Es decir, los trabajos culminarían en abril de 2025. Sin embargo, esta planificación no se ha cumplido hasta el día de hoy y la información relacionada con la construcción fue declarada como reservada por un lapso de 10 años.
El miércoles 25 de marzo de 2026, este medio de comunicación evidenció la entrada y salida de camiones y volquetas de la Cárcel del Encuentro, ingresando materiales de construcción o sacando tierra. Al conversar con distintos abogados que han ingresado al lugar, confirmaron que aún se realizan obras dentro del presidio.
Los constantes movimientos de estos carros pesados tienen enfadados a los pobladores, debido a que las únicas dos carreteras de ingreso a la comuna se encuentran destruidas.
“Estamos con peligro. Los tráilers viran aquí. A veces están los niños afuera y tenemos peligro que los maten. Hace como un mes me mataron dos perros. Yo reclamé, porque mis perros me acompañaban a la finca. Y les pedí que tengan cuidado”, señala la agricultora Felicidad Moncayo.
En el recinto Buenos Aires, en una de las entradas a la comuna, Ángel Robles corrobora estas declaraciones. “La calle de ingreso la han destruido las volquetas. Eso estaba cuidado y ahora está destruido”, dice.
Quienes ingresan por cualquiera de las dos vías, sea por el recinto Buenos Aires o por el kilómetro 30 Vía a la Costa, se enfrentan a un viaje de una hora, rodeado de pura vegetación y unas poquísimas viviendas que aparecen de vez en cuando, atravesando baches profundos, zonas donde la calzada ya no existe y sobresalen solo piedras filudas y lodo.
Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha atravesado estas vías en seis ocasiones. Sus travesías por estas rutas desoladas iniciaron de forma abrupta, tras conocer que el alcalde fue trasladado a esta prisión de máxima seguridad, el 8 de marzo de 2026, pese a no tener ninguna sentencia en su contra.
“El viaje es muy complicado. Los caminos son de segundo orden. No es fácil llegar acá. Aparte que es una ruta tradicionalmente peligrosa. Peligrosa, incluso, en cuanto a la seguridad personal”.
Sistema de georreferenciación activo
Las protestas contra la Cárcel del Encuentro han estado desde el primer día. Cuando el gobierno anunció la construcción de esta prisión, los pobladores realizaron plantones y pedían que se lleven el presidio a otro lugar.
Para mitigar estas manifestaciones, funcionarios del gobierno ofrecieron públicamente construir una cancha de césped sintético, dos pabellones escolares y un centro de salud. Actualmente, estas obras ya están levantadas, sin embargo, el centro de salud aún no funciona y los pobladores se quejan porque no tiene cerramiento.
Pero no es todo. Los pobladores también señalan que la cancha no cuenta con graderíos para la gente y los pabellones escolares no tienen ventilación ni se arregló el piso.
Este medio consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre todas las obras complementarias que se construirán en la comunidad y el cronograma de planificación, pero hasta la publicación de esta crónica no hubo respuesta.
En medio de este ambiente de decepción, los moradores coinciden en que la seguridad ha mejorado en la comunidad Juntas del Pacífico, debido a que militares o policías transitan por el lugar, cuando se dirigen o salen de la cárcel. Incluso, un puesto militar se encuentra ubicado en la mitad del poblado, en ocasiones acompañado por una o dos tanquetas.
Sin embargo, los moradores no están tranquilos. Sienten que la presencia de la prisión podría cambiar su realidad en cualquier momento. Por ejemplo, el miércoles 25 de diciembre de 2024, hubo un ataque con explosivos contra el centro de rehabilitación social. Como resultado de este acto terrorista, un trabajador de 27 años murió.
En la comuna todos hablan de la Cárcel del Encuentro como un rumor lejano. Ningún poblador ha podido ingresar al lugar. Lo que saben es por las conversaciones de los funcionarios que trabajan en el lugar, que sueltan en las tiendas o en los restaurantes.
Esta cárcel de máxima seguridad está ubicada a 10 minutos del poblado, viajando en carro. Las personas que atraviesan esta ruta se encuentran con cuatro filtros antes de ingresar a la prisión.
Ana Morales, del Comité de familiares por una vida digna dentro y fuera de las cárceles, es una de las personas que ha llegado hasta la comuna Juntas del Pacífico. “La movilidad para ir allá es terrible. He visitado tres veces, acompañando a muchos familiares”, dice.
La activista social señala que solo ha podido ingresar hasta el primer filtro, pese a que cuando estuvo ahí llevaba una boleta de excarcelación.
“Ahí te dicen, usted no puede ingresar, no puede dejar la boleta de excarcelación. Entonces, si yo no puedo ingresar o no puedo dar la boleta de excarcelación, ¿cómo sacan a mi privado de libertad? No, usted tiene que esperar que entre el director, me han dicho. Él revisa y, si cumple con los requisitos, él sale o no libre”.
Según datos del SNAI, con corte al 6 de marzo de 2026, hay 633 presos dentro de la Cárcel del Encuentro. Este número se podría traducir en el número de abogados o familiares que podrían llegar a la comuna Juntas del Pacífico a reactivar la economía.
Cuando le comento esto a la agricultora Felicidad Moncayo, ella acaricia a unos perros cansados y sedientos que se acuestan a su lado. Y dice que en la zona crece plátano verde, aguacate, naranja, zapote. Los enumera como si fueran una lista de lo que todavía resiste. Luego deja algunas frutas sobre la vereda caliente, para que les ilumine el sol.
“Aquí se da de todo. Pero no me hago ilusiones. Nadie hace el gasto. Por eso nos toca llevar las frutas a venderlas a Guayaquil o Santa Elena. Y ahora gastamos más en el viaje por esas feas carreteras”.
Apenas a unos kilómetros de la agricultora, la cárcel sigue en construcción. Mientras en la comuna la sed que se siente recuerda a cada momento que el agua aquí se debe comprar.
El sistema eléctrico de Ecuador está en el ojo del huracán: Los embalses del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral se vacían a un ritmo alarmante por el inicio del estiaje, hay una reducción en las operaciones de Coca Codo Sinclair, las centrales térmicas operan con equipos “chatarra” y la falta de energía desde Colombia, así como los fracasos para concretar proyectos eléctricos clave.
En ese escenario, en donde se ya se avizora que podrían registrarse apagones en el último trimestre de 2026, tal como ocurrió en 2024, el Gobierno busca que ese ‘toletazo’ no le afecta, al menos así lo señalan analistas y consultores a Radio Pichincha.
En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutó una maniobra que analistas califican como un salvavidas político para el régimen de Daniel Noboa.
La tarde de este viernes 17 de marzo de 2026, el Pleno del CNE decidió adelantar las elecciones seccionales para el domingo 29 de noviembre de 2026, una fecha estratégicamente ubicada antes de que el estiaje alcance su punto más crítico y los apagones afecten los intereses políticos, sobre todo, del partido oficialista ADN.
Bajo el argumento de mitigar los riesgos del invierno y el Fenómeno de El Niño, el CNE actualizó el calendario que originalmente preveía el sufragio para febrero de 2027.
El economista Alberto Acosta Burneo y otros expertos señalan que el trasfondo es puramente pragmático: el desgaste del Gobierno y la inminente crisis de falta de luz.
Analistas políticos destacan que este adelanto busca dos objetivos: evitar que los ciudadanos voten en medio de racionamientos de energía prolongados y aprovechar la suspensión de movimientos opositores como la Revolución Ciudadana (RC), que actualmente cumple una sanción de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral.
Al mover las urnas a noviembre, el Gobierno intenta que el descontento social por la oscuridad no pase factura a sus candidatos para alcaldías y prefecturas.
La situación técnica del país desmiente el optimismo oficial.
El analista energético Jorge Luis Hidalgo describe una infraestructura “absolutamente rebasada y ajustada” donde cualquier falla técnica o climática provoca una “neumonía” inmediata al sistema. Según Hidalgo, el problema hoy no es solo de energía almacenada, sino de la falta de potencia instantánea para cubrir los picos de demanda, que en este mes han superado los 5.274,46 MW, una cifra récord en Ecuador.
La pérdida de Colombia, que suspendió la venta de energía en enero de 2026 por razones diplomáticas y climáticas, ha dejado al Sistema Nacional Interconectado (SNI) vulnerable y sin reservas. Sin este respaldo, Ecuador depende de un parque térmico obsoleto y de hidroeléctricas que se quedan sin agua.
El embalse de Mazar, considerado el “corazón y pulmón” del sistema por su capacidad de regular el caudal del río Paute, registra una caída preocupante. Con corte al 27 de marzo de 2026, el embalse cumplió 15 días consecutivos de descenso, perdiendo 8,38 metros de altura en ese periodo.
Su cota cayó de los 2.154,03 msnm el 12 de marzo a los 2.148,02 msnm el 24 de marzo.
Aún más alarmante es la caída del caudal de ingreso a Mazar, que se redujo de 231,12 m³/s a apenas 25,72 m³/s, una disminución cercana al 99%. Esta falta de lluvias en el Austro obliga al país a forzar la operación de Coca Codo Sinclair (CCS), la cual también agoniza.
La central más grande del país apenas logra generar entre 500 y 600 MW debido a que su caudal cayó a 132,33 m³/s y a que el exceso de sedimentos obliga a paralizar turbinas constantemente.
Frente a este escenario, el exministro de Energía Fernando Santos Alvite y un exgerente general de Celec coinciden en que las promesas gubernamentales de incorporar 1.659 MW son, en gran medida, un engaño técnico. El exgerente de Celec, quien prefirió no ser identificado, califica este anuncio como “altamente improbable”, señalando que si logran incorporar la mitad sería un éxito notable.
El desglose del plan oficial revela que el 42% de esa energía es simplemente el regreso a operación de centrales que estaban en mantenimiento, como la Unidad 5 de Coca Codo o la Unidad 2 de Sopladora, y no generación nueva.
El resto depende de alquileres de barcazas y del fallido proyecto Esmeraldas III.
En la anterior emergencia, Celec impulsó una serie de proyectos para inyectar de generación termoeléctrica al país, pero la mayoría fracasó: los dos contratos con Progen están paralizados y generaron millones en pérdidas.
Mientras que el contrato con Austral Technical Management (ATM), en Esmeraldas, también fracasó, casi en su totalidad
El Estado ya pagó USD 71,4 millones (el 80% del contrato) por una planta a ATM que expertos califican como un “cementerio de generadores oxidados”. De los 48 motores entregados, 30 están calibrados a 50 hercios, una frecuencia incompatible con la red de 60 hercios de Ecuador.
La ministra de Energía Inés Manzano anunció que a finales de marzo entrarán en operación apenas 30 MW de este contrato, apenas una tercera parte de lo pactado originalmente para enero de 2025. La operación es tan precaria que, al no haberse terminado el tanque de combustible, Celec debe movilizar tanqueros cada una o dos horas para mantener encendidos los pocos motores operativos.
Para superar en algo los riesgos de crisis eléctrica, el Gobierno ha pedido a las empresas privadas que enciendan sus generadores propios, ofreciendo compensaciones que rondan los USD 0,28 por kWh.
Actualmente, el sector privado autogenera unos 170 MW diarios, pero esta medida es una “última línea de defensa” ante una red que ya no puede cubrir la demanda interna sola.
Informes internos del Cenace confirman que entre el 18 y 19 de marzo ya se realizaron desconexiones de carga de hasta 44 MW debido al déficit de potencia, a pesar de que la narrativa oficial lo atribuía a “lluvias” o “toques de queda”.
La advertencia de Fernando Santos Alvite es lapidaria:
“La verdadera crisis comenzará en octubre”.
El exministro explica que el embalse de Mazar se vacía completamente tras los meses secos de agosto y septiembre. Sin el suministro de Colombia, los meses de octubre, noviembre y diciembre serán fatales con cortes de luz casi garantizados.
Es precisamente este pronóstico técnico el que explicaría la prisa del CNE, tal como lo aseguró el economista Acosta Burneo.
Al fijar las elecciones para el 17 de noviembre de 2025, el Gobierno buscaría que el proceso electoral ocurra antes del impacto más crítico por posibles cortes de luz. Jorge Luis Hidalgo advierte que la dependencia de barcazas es una “solución de corto plazo” que no resuelve los cuellos de botella en la transmisión ni la falta de inversión estructural.
Así, el sistema eléctrico corre el riesgo de colapsar a finales de año, mientras el CNE cambia las reglas del juego para las próximas elecciones.
ARTUR ESTUDIO NOTICIAS NACIONALES 2026 - Tatiano Gorozabel Rivera