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Mauricio Torres, contralor general del Estado, defendió los exámenes especiales que se realizan a los jueces de la Corte Constitucional (CC) y aseguró que se ejecutan de manera técnica y profesional.
El funcionario detalló que estos procesos no son nuevos y que se desarrollan desde 2025 para seis magistrados: Tres exámenes ya terminaron, otros tres están en ejecución y más adelante se iniciarán tres más, para completar la auditoría a los nueve jueces de la CC.
“Lo hacemos de manera técnica; yo jamás intervengo en las auditorías”, aseguró.
Cabe destacar que, precisamente el año pasado, cuando iniciaron las auditorías, comenzó una campaña de desprestigio contra los jueces de la CC, a quienes el Gobierno calificó como “enemigos del Ecuador” por acoger demandas de inconstitucionalidad sobre las leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la de Integridad Pública y una en materia de seguridad.
El 12 de agosto de 2025, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa movilizó más de 700 buses desde diferentes partes del país para que la ciudadanía participe de una manifestación contra los magistrados en Quito.
En esa medida de hecho, incluso se colocaron enormes pancartas con sus fotografías y un título que decía: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Ese día, el mandatario enfatizó: “No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus rostros ante toda la sociedad”.
Sin embargo, para el contralor Mauricio Torres, los exámenes especiales a los magistrados de la CC no tienen relación con temas políticos y, más bien, responsabilizó a los propios jueces de politizar el trabajo del ente de control.
“Nosotros tenemos cerca de 500 declaraciones juramentadas realizadas, de las cuales casi el 60 % han salido con indicios de responsabilidad penal. Lo hemos hecho en la Asamblea, con fiscales, jueces, alcaldes y varias autoridades, y nunca hubo este problema. La CC le está dando otro giro; hay personas a las que les conviene desprestigiar a la institución”, reprochó.
Respecto a los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) contra los jueces Ali Lozada y José Luis Terán, el titular de la Contraloría mencionó que esto se debe a que sus declaraciones no coinciden con lo examinado en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y patrimonios.
Mauricio Torres detalló que los funcionarios auditados tienen facilidades para justificar las inconsistencias encontradas e incluso pueden enviar contadores o abogados para que conversen con el auditor.
“Al juez Ali Lozada se le hizo la comunicación, tuvo el borrador y luego cinco días adicionales para que entregue la información. De acuerdo con eso, son los resultados que han salido”, reiteró.
Ahora los IRP están en manos de la Fiscalía, que, según Torres, deberá abrir una investigación y convocar a los auditados para que ejerzan su defensa.
“El auditor entrega las evidencias a la Fiscalía y ahí se determina si hay o no enriquecimiento ilícito. Nosotros encontramos indicios, pero la Fiscalía debe ir más allá”, puntualizó.
Los jueces están siendo examinados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2025.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentó este 2 de abril de 2026 una nueva audiencia judicial en la que su defensa buscó dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra dentro del caso Goleada, donde es investigado por presunta delincuencia organizada.
La diligencia se reinstaló pasadas las 09:30, tras un primer intento fallido que quedó suspendido el 30 de marzo de 2026, luego de que el juez que conocía el proceso se declarara incompetente para resolver la apelación.
Aproximadamente 40 minutos después de iniciada la audiencia en la Corte Provincial de Pichincha, la jueza que conoce el caso Goleada resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva dictada contra Alvarez. Sin embargo, aunque su recurso fue acogido, no recuperará la libertad, ya que mantiene vigentes otras causas judiciales en su contra, entre ellas el caso Triple A.
El tribunal sostuvo que, en la audiencia de formulación de cargos —momento en el que se dictó la prisión preventiva contra Alvarez—, los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no resultan suficientes para sustentar la existencia del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Asimismo, la jueza concluyó que la dinámica descrita por la Fiscalía como lavado de activos no correspondería necesariamente a ese tipo penal, sino que más bien apuntaría a un posible hecho delictivo específico de lavado de activos, cuyo origen estaría presuntamente vinculado a ilícitos relacionados con el almacenamiento ilegal de combustibles.
Durante su análisis, la magistrada también observó inconsistencias en la argumentación fiscal. Señaló que en la audiencia de formulación de cargos no se mencionó que el presunto esquema de lavado de activos involucrara al club Barcelona SC, argumento que fue introducido únicamente en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación.
De igual manera, indicó que, si bien en los reportes de los allanamientos se levantaron indicios —como soportes de papel con características similares a billetes—, estos no fueron incorporados ni expuestos por la Fiscalía en la audiencia inicial, lo que debilita su valor dentro del proceso.
Apenas iniciada la audiencia, la estrategia de la defensa de Alvarez se centró en solicitar la nulidad del proceso, bajo el argumento de un supuesto doble juzgamiento vinculado a investigaciones por lavado de activos.
Sin embargo, la jueza rechazó este planteamiento, al considerar que no existe tal vulneración. Además, descartó la aplicación del fuero de corte, al señalar que los hechos investigados no guardan relación con las funciones de Alvarez como alcalde.
En el caso Goleada, la Fiscalía investiga la existencia de un presunto entramado empresarial que habría sido liderado por los hermanos Alvarez Henriques, con el objetivo de cometer delitos como lavado de activos y defraudación tributaria. La investigación incorporó elementos adicionales, como chats que vincularían a otros actores, entre ellos Raúl Chávez.
La situación judicial de Alvarez se agravó el pasado 8 de marzo de 2026, cuando fue trasladado a la Cárcel del Encuentro tras una audiencia relacionada con el caso Triple A, en la que se le dictó una segunda prisión preventiva.
Según la versión oficial del Ejecutivo, expuesta por el ministro del Interior, John Reimberg, la decisión respondió a “razones de seguridad”. El traslado se sustentó en un informe reservado del SNAI, que advertía posibles riesgos contra la integridad del alcalde en el centro penitenciario de Latacunga.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió el pasado 26 de marzo de 2026 la Circular NRO. NAC-DGECCGC26-00000002, un documento que pone fin a la exoneración del IVA para al menos 60 productos alimenticios, obligándolos a tributar con una tarifa del 15%.
Esta medida, firmada por la directora Alexandra Navarrete, no introduce cambios normativos, sino que establece un criterio interpretativo obligatorio basado en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), con la que se busca “aclarar” qué productos, debido a su grado de procesamiento o procedencia, no califican para el beneficio del 0% de IVA.
La aplicación de esta circular es inmediata, lo que subirá los precios de ciertos productos en las perchas de las tiendas y supermercados.
A continuación se detalla la clasificación de los productos que tendrán el IVA al 15%, según la Ley de Régimen Tributario Interno:
1. Lácteos y derivados:
2. Carnes procesadas y productos del mar:
3. Panadería, pastelería y fideos:
4. Bebidas, infusiones y otros:
Se mantiene la tarifa 0% para productos alimenticios en estado natural, siempre que no hayan sido objeto de procesos que modifiquen su naturaleza, como:
Se permite la aplicación de procesos mínimos siempre que no impliquen transformación del producto.
Cuando los productos se comercialicen en conjunto (lotes, combos o presentaciones agrupadas), si al menos uno de los bienes está gravado con tarifa 15%, todo el conjunto estará sujeto a dicha tarifa.
Esta aclaración que hizo el SRI implica un mayor control por parte del SRI en la correcta aplicación del IVA, especialmente en sectores como:
Radio Pichincha tomó al azar varios productos en el Supermaxi y constató que sufrirán un salto significativo en el costo final.
Por ejemplo, la leche deslactosada de 1 litro en funda subirá de USD 0,83 a USD 0,95.
La pierna de pavo horneada pasa de USD 17,12 a USD 19,69, mientras que el fideo instantáneo “Rapidito” que ahora cuesta USD 0,65, subirá a USD 0,75. Incluso productos de consumo masivo como el encebollado de atún (enlatado) pasará de USD 1,84 a USD 2,12.
Freddy Cevallos, abogado tributarista y analista económico, explica que este incremento lo paga directamente el ciudadano: “Eso lo asume el consumidor final, o sea, usted y yo“.
Otros analistas consideran que técnicamente se trata de una reforma tributaria encubierta.
La controversia principal radica en la clasificación de estos alimentos. Cevallos hace una lectura sobre esta clasificación que hizo el SRI: “La perspectiva que está dando el Gobierno es de que son productos suntuarios, los cuales no se incluye en la canasta básica“.
Sin embargo, los datos de consumo contradicen esta visión.
Jonathan Baez, economista e investigador, advierte que el incremento de los precios afectará a los sectores más pobres. Según su análisis de la estructura de gastos por deciles, el atún y los fideos son vitales para los hogares vulnerables.
“Tanto el atún como los fideos conforman parte de los 15 principales gastos del Decil 1. Eso implicaría que el aumento de su precio golpearía la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables”, afirma Baez.
Para él, esta política es un “HoodRobin”: “Aquel que toma de las personas vulnerables para darle a los más ricos”.
Baez critica duramente la gestión del presidente Daniel Noboa, señalando que “con el aumento del IVA al 15%, a inicios de 224, le quitó poder adquisitivo a las personas, lo que disminuyó el consumo y, por consiguiente, el empleo”.
Desde una perspectiva técnica, Jorge García Guerrero, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ofrece matices sobre cómo esto afectará las estadísticas oficiales.
García considera que, “a priori… casi con seguridad esos productos no van a estar en la canasta básica y tampoco en la canasta vital, ya que son productos que en principio se plantean como procesados”.
No obstante, admite que “muchos de esos productos tendrán un impacto en la canasta de investigación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -un indicador mensual que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en Ecuador- y eventualmente puedan tener algún tipo de impacto en la medición de la inflación”.
A pesar de que el pan corriente y la leche entera de producción nacional mantienen el 0% de IVA, la circular grava ahora productos como pasteles, galletas, pan de molde, pan de yuca y yogures saborizados.
García advierte que el consumo de los hogares podría mutar ante el alza, pues el impacto real dependerá del peso de estos productos en el presupuesto familiar:
“Debería reflejarse también el volumen de consumo que tienen esos productos y podría mirarse cómo tendrían una consecuencia dentro de sus hogares, ya sea por demandar un mayor presupuesto o por simplemente dejar de consumir”.
A febrero de 2026, la Canasta Familiar Básica se ubicó en USD 837,52, mientras que el ingreso familiar promedio fue de USD 899,73, según el INEC.
La medida no ha pasado inadvertida para el sector industrial. Gremios industriales ya han solicitado al SRI que reconsidere esta aclaración, temiendo una caída mayor en el consumo.
Por otro lado, la administración tributaria defiende la medida como necesaria para la transparencia recaudatoria.
Así, la discusión entre si un fideo instantáneo o una leche deslactosada son “lujos” o “necesidades” queda abierta, pero para expertos como Baez, la respuesta es clara: se está “recurriendo nuevamente y de forma explícita al bolsillo de las familias” para sostener una política de ajuste que asfixia a las capas medias y bajas de la sociedad ecuatoriana.
Asimismo, en la Asamblea ya se anunció la fiscalización de esta circular del SRI. Dina Farinango, legisladora indígena de Pachakutik, inició un proceso de fiscalización por el supuesto “paquetazo” que elevó el 15% del IVA a más de 60 productos básicos.
“Es un golpe directo a la mesa y a la economía de las familias ecuatorianas”, puntualizó Farinango en su cuenta de X.
La circular del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la que se habla de más de 60 productos de la canasta básica que deberían gravarse con el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generó reacciones y preocupaciones en el sector industrial, que envió un oficio a la entidad exponiendo los puntos críticos de la medida.
La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil señalan, en primer lugar, el impacto económico que generaría la aclaración del SRI. Afirman que, además de alterar la estructura de costos y complicar la planificación tributaria y comercial, la medida también afectaría los precios de los productos de consumo masivo, incremento que deberá ser asumido por las familias.
Los industriales advierten que existe una vulneración al principio de legalidad tributaria, ya que este tipo de decisiones no se toman mediante una circular administrativa, sino que deben estar especificadas en la Ley de Régimen Tributario Interno. En su artículo 55, por ejemplo, se contempla con el 0 % de IVA a productos como la leche, el queso, el yogur o el pan, sin mencionar excepciones.
Respecto al pan, se señala que no pagará IVA aquel que esté definido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2945; sin embargo, los empresarios sostienen que esta precisión tampoco está contemplada en la Ley Tributaria.
La composición del pan debe incluir:
• Agua potable
• Levadura activa, fresca o seca, natural o leudantes químicos
• Sal
• Grasa vegetal
• Azúcar
Como ingredientes opcionales:
• Leche o sus derivados
• Aditivos para alimentos
Otra de las preocupaciones de los industriales es que el SRI podría solicitarles la presentación de declaraciones sustitutivas con el pago de impuestos, intereses y multas, en caso de haber aplicado tarifas incorrectas en el pasado.
Las empresas piden dialogar con las autoridades del SRI a fin de analizar los efectos de la circular y reconsiderar el ajuste.
Diana Davila
El escenario electoral hacia 2027 comienza a tomar forma en medio de una coyuntura marcada por la inestabilidad política en Guayaquil. La posible candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía surge en paralelo a la crisis que atraviesa la ciudad tras la situación judicial del actual alcalde Aquiles Alvarez, quien permanece en prisión preventiva en los casos Goleada, Triple A y el grillete electrónico.
En este contexto, el presidente Daniel Noboa, durante una entrevista radial, al ser consultado sobre si Azín aceptaría el reto de competir por la Alcaldía de Guayaquil, respondió que la ciudad “necesita una alcaldesa de ese nivel” y que, por su vocación, “le cambiaría completamente la cara a Guayaquil”. Estas declaraciones abren la puerta a una candidatura y evidencian cómo el debate electoral empieza a girar en torno a figuras cercanas al poder presidencial.
Pero ¿cuáles son los registros que presenta actualmente la asambleísta de ADN Annabella Azín en cuanto a su gestión legislativa y perfil público? La nota revisa:
Mientras su nombre gana espacio en el debate electoral, los indicadores de gestión legislativa de Azín muestran un desempeño limitado en comparación con otros integrantes de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con los reportes parlamentarios de cuórum, registra 61 asistencias (marcadas como “presente”) entre el 14 de mayo de 2025 y el 24 de marzo de 2026, ubicándose entre las cifras más bajas (55%). Ahora, en comparación con otros asambleístas la diferencia es notoria:
En términos de producción normativa, la diferencia es aún más extensa. Azín presentó un solo proyecto de ley desde el inicio de su periodo legislativo. Su iniciativa, tramitada en la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, propone la prevención, desintoxicación y reinserción de niños, niñas y adolescentes frente al consumo de drogas y el reclutamiento delictivo. Fue presentada el 16 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en fase de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Este nivel de actividad es distinto, por ejemplo, con el de Franklin Samaniego y Diego Salas. Ambos legisladores de la RC cuentan con nueve proyectos de ley registrados en el mismo periodo, posicionándose entre los legisladores más activos.
El bajo perfil legislativo de Azín también se evidencia en su participación en el Pleno. De acuerdo con los registros oficiales, acumula nueve intervenciones entre el 14 de mayo de 2025 y el 30 de marzo de 2026. Esta cifra es considerablemente inferior frente a otros legisladores que superan las 30 participaciones.
Entre sus coidearios, Andrés Castillo lidera con 39 intervenciones, Adrián Castro con 37, Ana Belén Tapia con 34 e Inés Alarcón con 33. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC) posee 38.
En el ámbito judicial, la trayectoria de Azín incluye procesos en materia civil y penal. Uno de los casos más relevantes, según el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), corresponde a un juicio por cobro de dinero iniciado por Nancy Mireya Saltos Cedeño, en representación de la empresa Ameripriv Cia. Ltda., por servicios de seguridad prestados en una propiedad en Villamil Playas.
El proceso, identificado como 09333-2017-00730, concluyó con una sentencia favorable a la demandante el 1 de abril de 2019, que obligó a Azín a pagar USD 39.640 más intereses y costas. Al no concretarse el pago voluntario, en agosto de 2019 se dictó un mandamiento de ejecución por USD 74.880,35, lo que derivó en medidas como el embargo de cuentas bancarias en mayo de 2021.
Posteriormente, este caso se acumuló a un proceso concursal por insolvencia (09333-2023-00370), iniciado en marzo de 2023. Aunque inicialmente se dispusieron medidas como interdicción, embargo y prohibición de salida del país, Azín canceló la totalidad de la deuda mediante cheque certificado. El 18 de mayo de 2023, el juez ordenó el archivo definitivo del caso.
En paralelo, consta una querella penal privada (proceso 24281-2014-0162G) presentada en 2014 por representantes de la Comuna Engunga, en el cantón La Libertad. Este expediente presenta un estado incierto: su último registro data de junio de 2015 y no existe información clara sobre una resolución final. Los documentos disponibles se limitan a aspectos procesales y no detallan los hechos que originaron la denuncia.
En el plano económico, una de las cinco declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado —específicamente la del 14 de mayo de 2025, correspondiente al inicio de su periodo legislativo— registra un patrimonio total de USD 13.064.153,07. Este monto se compone principalmente de activos financieros e inversiones inmobiliarias. El desglose incluye:
No registra acciones, cuentas por cobrar ni activos digitales. En cuanto a pasivos, la asambleísta declara no tener deudas u obligaciones pendientes al momento de su declaración.
La carrera política de Azín se remonta a su participación en el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian), liderado por Álvaro Noboa. En 2006 alcanzó la mayor votación como diputada en las elecciones generales, en las que su entonces pareja fue derrotada por el expresidente Rafael Correa.
El giro político se produjo en 2007, cuando la llegada de Correa a la Presidencia implicó la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ante ese escenario, Azín renunció a su curul y se postuló como asambleísta constituyente por Guayas, desde donde se opuso al proceso impulsado por el exmandatario.
El 30 de septiembre de 2007 fue electa para integrar la Asamblea de Montecristi, que redactó la Constitución de 2008. Aunque el proceso fue respaldado en las urnas, Azín, en su criterio, sostuvo que se trató de un intento de concentración de poder. Su participación concluyó con la clausura de la Constituyente el 25 de octubre de 2008. Posteriormente, fue candidata a la Vicepresidencia en 2009 y 2013 junto a Álvaro Noboa, sin lograr éxito electoral.
ARTUR ESTUDIO NOTICIAS NACIONALES 2026 - Tatiano Gorozabel Rivera