Luisa González cuestionó la legitimidad de Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria nacional de Acción Democrática Nacional (ADN), para objetar su candidatura a la Prefectura de Manabí por Pachakutik.

El pronunciamiento de González se produjo después de que la Junta Provincial Electoral de Manabí resolviera negar la inscripción de su candidatura y la de Gabriel Giler, quien integra la fórmula para la Viceprefectura.

La decisión del organismo electoral se adoptó tras analizar y aceptar las objeciones presentadas contra la lista auspiciada por Pachakutik.

González centró sus cuestionamientos en la facultad legal que tendría Mancheno para intervenir como impugnante dentro del proceso de calificación de candidaturas.

González cuestiona la representación legal de Mancheno

A través de sus redes sociales, González sostuvo que el artículo 101 del Código de la Democracia establece quiénes están facultados para presentar objeciones contra una candidatura durante el proceso electoral.

Según su interpretación de la norma, este procedimiento corresponde al representante legal de una organización política o al procurador común cuando se trata de alianzas.

Bajo ese argumento, González señaló que Mancheno, pese a ejercer como secretaria nacional de ADN, no tendría la representación legal del movimiento oficialista y, por tanto, cuestionó la validez de la objeción presentada en su contra.

El cuestionamiento apunta directamente al procedimiento que antecedió a la resolución de la Junta Provincial Electoral, debido a que una de las objeciones aceptadas fue precisamente la planteada por la dirigente de ADN.

“Mejor expidan un decreto y designen directamente a los alcaldes, prefectos y autoridades que sean del agrado del Gobierno”. Con esa frase, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, lanzó este sábado 22 de agosto una dura crítica sobre el desarrollo del proceso electoral.

La legisladora reaccionó a las decisiones que se han producido alrededor de la participación de organizaciones y candidaturas de cara a las elecciones seccionales. Según Veloz, existiría una sucesión de acciones destinadas a limitar la presencia de sectores de oposición en las papeletas.

“¡Ya basta! Primero nos arrebataron a Revolución Ciudadana. Luego fueron por el Movimiento AMIGO. Y ahora utilizan las juntas provinciales para sacar de la papeleta a la oposición”, escribió en su cuenta de X.

A partir de ese señalamiento, Veloz cuestionó incluso el gasto de recursos públicos para organizar las elecciones si, desde su perspectiva, no existe una competencia electoral en igualdad de condiciones.

“¿Para qué seguir gastando millones en elecciones? Mejor expidan un decreto y designen directamente a los alcaldes, prefectos y autoridades que sean del agrado del Gobierno”, manifestó.

La asambleísta continuó su pronunciamiento con cuestionamientos sobre las garantías democráticas dentro del proceso.

“Cierren las urnas, eliminen la competencia y dejen de fingir que aquí existe democracia. Acaben con la farsa”, agregó.

Además, expuso que “Acaben con la farsa. Si van a escoger a dedo a los ganadores, al menos tengan la decencia de no llamar a eso democracia”.

Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exviceministro de Electricidad, entregó a la Fiscalía General del Estado un informe escrito de 43 páginas dentro del caso Progen.

Calero, quien se encuentra fuera del país y enfrenta una orden de prisión preventiva, denunció que la Fiscalía le negó en tres ocasiones consecutivas la posibilidad de rendir su versión de manera telemática a través de Zoom, un beneficio que sí se otorgó a otros procesados en la causa.

Según el exfuncionario, la convocatoria para su comparecencia física fue fijada deliberadamente para el 21 de agosto de 2026, un día después del cierre de la instrucción fiscal (fijada para el 20 de agosto), con el supuesto propósito de excluir sus descargos del expediente oficial.

A continuación, se detallan algunos de los puntos del expediente de 43 fojas con el que Calero busca desmarcarse del presunto peculado en la fallida compra de motores de generación de energía, que no aportaron un megavatio al país.

Lo que expuso Calero

Calero sostiene que la gestión y negociación con los oferentes de soluciones térmicas durante la emergencia energética de 2024 estuvo centralizada y dirigida por el propio Ministerio de Energía y Minas, liderado en ese momento por Roberto Luque.

• Reuniones privadas: el exgerente afirma que la cartera de Estado gestionó de forma privada y directa las reuniones con los proveedores de energía, citas a las cuales él nunca fue convocado ni participó. Asegura haber conocido estos acercamientos únicamente a través de copias de correos electrónicos dirigidos al ministro Luque.
• Matriz de estandarización: de acuerdo con el documento, el Ministerio estructuró una matriz de Excel para estandarizar las ofertas recibidas. Como prueba, Calero citó una propuesta enviada por Gustavo Arrobo, representante de ATM, tras reunirse con las autoridades ministeriales el 24 de abril de 2024.
• Control absoluto de contratos: mediante el circular oficial N.° MEM-MEM-2024-0003-CIR del 23 de abril de 2024, el ministro Luque dispuso que todo proceso de contratación por la emergencia debía ser obligatoriamente canalizado y aprobado de forma previa por la Coordinación General Jurídica del ministerio, encabezada por José Manuel de Oliveira.

Por ello, uno de los componentes de la declaración apunta a la figura de José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, a quien la Fiscalía solicitó vincular formalmente al proceso.

Calero describe a de Oliveira como un personaje que “se movía en las sombras a su conveniencia”, ejerciendo presiones constantes a través de llamadas y mensajes de texto.

De acuerdo con el relato, de Oliveira llamaba repetidamente a Byron Orozco -quien finalmente firmó los contratos con la empresa Progen- para exigirle acelerar y concretar los procesos de contratación pública.

Designaciones impuestas

La versión de Calero también describe cómo el Ministerio de Energía intervino administrativamente en Celec. Indica que el ministro Luque dispuso la designación de personal específico en partidas de asesores de la gerencia de la corporación para mantener una coordinación directa con su despacho.

Entre estas figuras destaca a Victoria Hidalgo (presentada como delegada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), quien habría sido la encargada de definir las contrataciones en la matriz y las unidades de negocio de Celec.

De igual modo, Calero relata que durante su posterior paso por el Viceministerio de Electricidad, se detectó información administrativa sensible:

• Una serie de hojas de vida y un listado consolidado del personal ingresado a la institución se encontraban ocultos en una caja dentro del despacho de José Manuel de Oliveira.
• Esta anomalía fue reportada a la fiscal Luzmila Llugcha. Tras esto, la Fiscalía realizó un allanamiento donde se incautaron los expedientes, los cuales estaban en poder de Ney Ochoa (asesor técnico de Inés Manzano y cónyuge de la ministra de Finanzas, Sariha Moya).
• Entre los nombramientos cuestionados constaban el de Christian Dahik como subgerente jurídico y Carlos Villacís como subgerente técnico en la unidad Termopichincha.

El viaje a Estados Unidos

Respecto a la inspección técnica realizada a las instalaciones de Progen en Tampa, Florida, Calero desmarca por completo el financiamiento de Celec.

El exgerente explica que la logística del viaje no fue planificada ni pagada por la corporación pública, sino que fue coordinada directamente por el Ministerio de Energía.

Esto se dio tras una invitación enviada por Karla Saud (representante de Progen) al asesor ministerial Peter Derher. Calero asegura que al llegar a Florida debió trasladarse por sus propios medios hasta la sede de la empresa proveedora, donde coincidió con Saud, Andrew Williamson y John Maining, personas a las que afirma no haber conocido antes de esa fecha.

Los 10 argumentos de descargo de Fabián Calero

En la parte final de su declaración escrita, Calero resume su defensa técnica y jurídica a través de 10 puntos para deslindarse de cualquier responsabilidad penal o administrativa en el presunto peculado:

1. Sin beneficio económico: no ha recibido ningún beneficio financiero ni forma parte de las rutas de dinero investigadas por la Fiscalía.
2. Sin nexos con Progen: inexistencia de contacto previo o vínculos familiares con Karla Saud o delegados de la contratista.
3. Sin rol en los TDR: no participó en la elaboración de los términos de referencia (TDR) de las centrales térmicas Salitral y Quevedo.
4. Sin firma de contratos: no suscribió los contratos de emergencia ni aprobó pagos directos a los proveedores.
5. Sin coacción técnica: no ejerció presiones ni amenazas sobre las comisiones técnicas o administradores de los contratos.
6. Sin alertas técnicas: asegura que nunca recibió alertas técnicas formales que le advirtieran sobre el uso de equipos en mal estado o repotenciados.
7. Agenda centralizada: la gestión de recursos emergentes y la agenda internacional estuvieron centralizadas en el Ministerio de Energía.
8. Sin adendas: no autorizó adendas contractuales durante los procesos de emergencia.
9. Patrimonio justificado: su patrimonio se encuentra justificado y no cuenta con observaciones de la Contraloría General del Estado.
10. Víctimas de una estafa: sostiene firmemente que Celec y Termopichincha fueron víctimas de un engaño y perjuicio económico por parte de Progen —firma que recibió USD 104 millones “a cambio de nada”— empleando información técnica falsa para ganar el concurso.

Con estos argumentos de descargos integrados formalmente al expediente judicial, la defensa de Fabián Calero busca que la Fiscalía realice una valoración antes de emitir un dictamen final.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra un consumo promedio de aproximadamente USD 6.400 mensuales en taxis para movilizar a sus servidores en Pichincha, según el informe de necesidad elaborado por la propia institución para justificar una nueva contratación.

El documento señala que este monto corresponde al consumo promedio mensual de los funcionarios de la Dirección Nacional y de la Dirección Zonal 9.

Y el gasto no apunta a desaparecer en el corto plazo.

El SRI abrió el proceso LICS-SRI-2026-90002, con un presupuesto referencial de USD 233.292,60, sin IVA, para contratar nuevamente el servicio durante 1.095 días, equivalentes a tres años.

USD 6.400 al mes durante otros tres años

El cálculo utilizado para el nuevo proceso prácticamente replica el consumo mensual que el SRI ya registra.

De los USD 233.292,60 presupuestados, USD 230.400 están destinados directamente a las carreras de taxi.

Si esa cifra se divide entre los 36 meses contemplados para la contratación, el resultado es exactamente:

USD 6.400 mensuales.

Los otros USD 2.892,60 corresponden a un eventual servicio de apoyo administrativo si la empresa adjudicada trabaja mediante tickets manuales o vouchers. Si se utiliza una aplicación móvil, el valor contractual previsto para el servicio es de USD 230.400.

La propia institución explica en los estudios que “la proyección de gasto se estableció de acuerdo al promedio de consumo mensual del proceso vigente”.

Es decir, para calcular la nueva contratación, el SRI proyectó mantener durante otros tres años el nivel de consumo que actualmente registra.

Esto no significa que cada mes necesariamente se desembolsarán USD 6.400. El contrato establece pagos mensuales únicamente por los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

¿Por qué el SRI gasta en taxis?

La explicación institucional está relacionada con la capacidad de su propia flota.

El SRI señala que la Dirección Nacional dispone de 15 vehículos institucionales. Sin embargo, cinco están asignados a autoridades y solamente 10 atienden los requerimientos de movilidad institucional.

A esto se suma que los mantenimientos preventivos y correctivos pueden reducir temporalmente la disponibilidad de los automotores.

La institución concluye que esa capacidad es insuficiente para cubrir la demanda y utiliza taxis para trasladar a sus servidores.

Entre las actividades que justifican estos viajes están las:

• Audiencias judiciales
• Controles tributarios
• Notificaciones de trámites
• Preventivas de clausura
• Inspecciones contables
• Operativos de incautación
• Auditorías a contribuyentes
• Reuniones con organismos públicos
• Traslado de documentación

746 servicios de taxi en un mes

Solo en mayo de 2026, el SRI contabilizó 746 servicios de taxi, equivalentes a un promedio aproximado de 24,87 diarios.

Para la nueva contratación, el proveedor deberá garantizar un mínimo de 30 vehículos.

Según la entidad, esta cantidad permitirá disponer del servicio durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de atender solicitudes simultáneas y contingencias operativas.

El universo potencial de usuarios alcanza aproximadamente 1.500 servidores pertenecientes a la Dirección Nacional y a la Dirección Zonal 9, según consta en los pliegos.

Esto no significa que los 1.500 funcionarios utilicen taxis todos los meses. Los documentos únicamente establecen que esa es la cantidad aproximada de servidores de las dependencias que requieren el servicio.

El gasto viene desde años anteriores

El 12 de diciembre de 2023, el SRI suscribió un contrato por USD 199.686 para este servicio, con un plazo máximo de 1.095 días o hasta consumir el monto disponible.

Posteriormente, el 3 de julio de 2026, fue necesario suscribir un contrato complementario por USD 15.974.

Entre ambos instrumentos suman USD 215.661.

Ahora, mientras ese contrato complementario todavía puede mantenerse vigente hasta noviembre de 2026, el SRI tramita la contratación que permitirá continuar utilizando taxis durante otros tres años.

El propio informe institucional reconoce que se trata de un servicio estandarizado y de adquisición frecuente, debido a que la necesidad de movilización es permanente.

La relación entre los procesos judiciales y la política electoral vuelve a marcar el escenario de cara a los comicios de noviembre de 2026. Un antecedente ocurrió en las elecciones de 2025, cuando tres procesados del caso Triple A se candidatizaron. Ahora, el caso Goleada vuelve a poner en evidencia el cruce entre causas penales y candidaturas en el actual proceso electoral.

Ambos expedientes, que investigan presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustibles, evidencian cómo las candidaturas a cargos de elección popular son utilizadas como herramientas de defensa legal dentro de los tribunales.

Caso Goleada: una postulación sin calificación

El caso Goleada investiga el presunto delito de lavado de activos a través de una aparente estructura empresarial relacionada con la comercialización irregular de combustibles, la cual involucra a 17 personas naturales y 9 personas jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos, su madre y su esposa.

Durante el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa técnica del procesado Gastón Aparicio Loy Correa solicitó al juez suspender de inmediato el proceso alegando que su cliente se había inscrito para participar en las elecciones seccionales de noviembre de 2026 como candidato a concejal de Guayaquil.

La defensa basó su argumento en el artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia, el cual prohíbe que los candidatos calificados sean procesados penalmente o privados de la libertad durante el periodo de elecciones.

“los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados”, excluyendo únicamente situaciones de flagrancia, delitos de carácter sexual y violencia de género o intrafamiliar.

Con el fin de salvaguardar el debido proceso y evitar futuras nulidades, el juez anticorrupción Jairo García dispuso una suspensión provisional de la diligencia y requirió con carácter urgente una certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que emitiera detalladamente el estado legal de las candidaturas de Loy Correa y otros 16 implicados bajo investigación.

En efecto, la respuesta del organismo electoral, remitida el 16 de agosto de 2026, confirmó que cuatro de los 17 investigados consultados registraban formularios de inscripción para los comicios en Guayaquil:

• Fiorella María Ycaza Saman (esposa del alcalde Aquiles Alvarez): inscrita para la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
• Gastón Aparicio Loy Correa: inscrito para concejal urbano suplente por el Partido Sociedad Patriótica (PSP).
• Pedro Juan Hidalgo Elinan: inscrito para concejal urbano suplente por el PSP.
• David Andrés Álvarez Kronfle (primo del alcalde): inscrito para concejal urbano suplente por el PSE.

Sin embargo, el informe técnico del CNE certificó expresamente que todas estas postulaciones se encontraban bajo el estatus de “sin calificación y sin resolución”, por lo que no existían aprobaciones en firme ni recursos pendientes.

“Ninguno de los ciudadanos detallados cuenta con una resolución de calificación emitida por la autoridad electoral competente; por ende, no existen resoluciones de aprobación, fechas de firmeza ni recursos electorales pendientes”, detalló el organismo electoral.

Respecto a los otros trece procesados de la nómina —entre ellos el alcalde Alvarez y sus hermanos Xavier y Antonio—, el ente rector del sufragio certificó que no constaban registros de postulación en sus bases de datos.

Ante la respuesta, el juez García levantó la suspensión y ordenó la continuación inmediata de la audiencia preparatoria de juicio.

En su resolución, el magistrado argumentó que la “mera postulación”, la generación de formularios o la finalización administrativa del trámite de inscripción ante un partido político no pueden equipararse jurídicamente a una candidatura debidamente calificada por la autoridad electoral.

“la mera postulación, generación o impresión de formularios, registro de inscripción ante una organización política a cargo informática o finalización administrativa del trámite de inscripción, no puede equipararse a una candidatura calificada por la autoridad electoral competente”, expresó el juez García.

Al no haberse cumplido el presupuesto temporal de una candidatura en firme, el juzgador determinó que el supuesto blindaje del Código de la Democracia es jurídicamente inaplicable en este punto, impidiendo que el trámite electoral sea usado como un mecanismo automático para paralizar la administración de justicia penal.

Actualmente, el juez Jairo García, sustanciador del proceso, está suspendido por 30 días sin remuneración por una causa distinta al caso Goleada. La medida fue impuesta por el Consejo de la Judicatura durante una sesión extraordinaria este 21 de agosto de 2026. Con esta suspensión, el proceso quedaría en suspenso.

Previamente, García había previsto reinstalar la audiencia el 24 de agosto. La fecha fue fijada después de que Gastón Loy, candidato a las seccionales, cambiara de abogado el 18 de agosto. Su nuevo defensor solicitó tiempo para revisar el expediente.

Caso Triple A: un antecedente en la formulación de cargos

El precedente sentado por la justicia en el caso Goleada es similar con lo sucedido el 16 de diciembre de 2024 en el caso Triple A. En ese proceso penal, la Fiscalía General del Estado intentó formular cargos contra varias personas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

No obstante, durante la presentación de su teoría del caso, el fiscal a cargo notificó formalmente al juez que no era posible iniciar el proceso penal en contra de otros tres presuntos involucrados.

La razón jurídica fue que estos ciudadanos contaban con candidaturas debidamente calificadas por el CNE para los comicios generales de 2025, gozando de inmunidad temporal.

De acuerdo con los registros del proceso y las investigaciones de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, los implicados que eludieron temporalmente la acción penal en el caso Triple A bajo el estatus de candidatos calificados fueron:

• Xavier Alvarez: hermano del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien se postuló como candidato a asambleísta alterno bajo el auspicio del movimiento Centro Democrático.
• Antonio Alvarez: hermano del burgomaestre, inscrito y calificado como primer suplente al Parlamento Andino, también por el movimiento Centro Democrático.
• César Bravo: Identificado dentro de las investigaciones como el operador de confianza y mano derecha de los hermanos Alvarez en sus compañías de combustibles. El propio cooperador eficaz del caso, José Cevallos Avellán, relató en su testimonio que Bravo “eludió la acción de la justicia tras inscribirse como candidato de elección popular”.

La pausa procesal se ejecutó, asimismo, bajo la aplicación del artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia.

A pesar de la efectividad que tuvo este mecanismo de defensa electoral en diciembre de 2024 para el caso Triple A, la protección jurídica concluyó una vez proclamados los resultados de los comicios generales de 2025.

Al no conservar candidaturas en firme para el siguiente ciclo electoral, la inmunidad temporal cesó. Actualmente, tanto los hermanos Alvarez como su colaborador César Bravo han sido incorporados formalmente al sistema judicial y forman parte de la lista de personas naturales procesadas por presunto lavado de activos en el caso Goleada.

Lo que sigue

Una vez que se proclaman oficialmente los resultados, los procesos penales pueden activarse o continuar, y únicamente los candidatos que resulten ganadores de la contienda gozarán de fuero de Corte Nacional o provincial, según corresponda.

El destino de ocho pescadores ecuatorianos, desaparecidos desde el pasado 20 de enero de 2026 a bordo de la embarcación pesquera Fiorella, ha escalado a una crisis diplomática y de derechos humanos de alcance internacional.

Ante la falta de resultados tras meses de búsqueda, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió un conjunto de acciones urgentes exigiendo al Estado ecuatoriano una investigación exhaustiva y la localización inmediata de los tripulantes.

Según los registros oficiales, el barco zarpó de Jaramijó y Manta, en la provincia de Manabí, el 13 de enero, perdiéndose todo contacto días después. Según las primeras investigaciones, la embarcación pesquera habría sido atacada por miembros de la CIA.

Una búsqueda sin rastros

Según el Ministerio de Defensa, a través de la Armada del Ecuador, activó los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR) apenas se recibió la alerta. Durante semanas, se desplegaron medios aeromarítimos y cálculos de deriva técnica para cubrir un área de aproximadamente 250 millas náuticas cuadradas.

En un informe oficial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, defendió la actuación de las Fuerzas Armadas, declarando que se ejecutó la búsqueda de manera “integral, técnica y progresiva”, abarcando tanto el punto de desaparición como las áreas ampliadas determinadas por análisis de deriva. “Sin que hasta la presente fecha se haya logrado la localización de la embarcación ni de sus tripulantes”, señaló.

Debido a la ausencia de indicios tras más de un mes de operaciones, el caso fue declarado en “fase pasiva” el 27 de febrero de 2026, aunque se mantiene la vigilancia permanente y la difusión a la comunidad marítima.

La sombra de la desaparición forzada

El Comité de la ONU ha solicitado que la estrategia de búsqueda tome en cuenta la posibilidad de una desaparición forzada, debido a denuncias sobre presuntas interceptaciones de naves militares extranjeras en aguas internacionales, en el contexto de acuerdos de cooperación de seguridad de Ecuador con los Estados Unidos.

Así, el Comité de las Naciones Unidas requirió al Estado ecuatoriano la búsqueda y localización de los pescadores, así como la “protección de su vida e integridad personal”, orientadas a fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Incluso existen alegaciones de los familiares que sugieren que los pescadores podrían encontrarse en El Salvador, basándose en casos previos donde tripulaciones ecuatorianas fueron repatriadas tras ser interceptadas en altamar por fuerzas extranjeras.

Obstáculos en la investigación judicial

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación previa por el delito de desaparición involuntaria, en la ciudad de Manta. Sin embargo, la institución ha señalado dificultades operativas críticas para avanzar en el caso.

Jorge Baño Salcedo, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, detalló que al tratarse de una desaparición ocurrida en alta mar, su institución no cuenta con el apoyo operativo directo de la Policía.

“Lo que restringe las capacidades investigativas en territorio marítimo. En este contexto, la responsabilidad de búsqueda recae principalmente en las Fuerzas Armadas y la Capitanía del Puerto, sin que hasta el momento se haya logrado una coordinación efectiva y sostenida con estas entidades”.

Por su parte, la Unidad Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía ha manifestado que su actuación se limita a las disposiciones que emita la Fiscalía. El reporte policial indica que se están realizando análisis de redes telefónicas y rastreo de posibles localizaciones bajo autorización legal.

“No es posible que la Policía Nacional atienda todas las recomendaciones planteadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ya que la investigación no es competencia de la Policía Nacional, sino de la Fiscalía General del Estado”, menciona en el informe.

Así, mientras las instituciones estatales coordinan sus informes de cumplimiento para enviarlos a Ginebra, los familiares de los ocho pescadores del Fiorella continúan en la incertidumbre.