Los internos fallecidos presentaban signos de tuberculosis, desnutrición crónica y otras patologías no tratadas oportunamente.
Familiares de personas privadas de libertad denunciaron que 18 reclusos fallecieron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, entre el domingo 1 y lunes 2 de febrero de 2026.
Los reos fallecidos presentaban signos de tuberculosis, desnutrición crónica y otras patologías, informaron fuentes policiales.
Una madre de un joven —que falleció en la prisión— señaló que un reo, que salió en libertad, fue quien le dio la noticia. Ella preguntó a las autoridades pero nadie le confirmaba la información, hasta este martes.
Otra madre señaló, en Ecuavisa, que su hijo solo estuvo seis meses en el reclusorio. Pero la tuberculosis terminó rápidamente con su vida.
Malas condiciones
Los familiares de los presos fallecidos también denunciaron la demora en la entrega de los cadáveres. Ana Morales, del colectivo “Familiares por una Vida Digna”, señaló que a los familiares les dan totalmente embalada la caja con el cadáver de sus seres queridos.
“Solamente les dan por el reconocimiento, por fotos, porque no se pueden acercar por el tema de la contaminación, ya que tienen ocho días, a veces hasta 10 días, en un estado ya putrefacto”, señaló.
El proceso se aplazó por un “conflicto en la agenda judicial”, según informó el Distrito Este de Nueva York.
Por: Luis Miguel Barros Ch., periodista ecuatoriano acreditado en Estados Unidos.
La audiencia contra José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal “Los Choneros”, que inicialmente estaba previsto para enero de 2026 y luego reprogramado para el 12 de febrero del mismo año, sufrió una nueva postergación mientras el caso avanza bajo la figura de “caso complejo”.
Alias ‘Fito’ fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos tras su captura el 25 de junio de 2025 en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El cabecilla criminal fue localizado oculto en un búnker subterráneo construido bajo una mansión de lujo.
Posteriormente, el 20 de julio de 2025, fue trasladado a territorio estadounidense en un avión del Departamento de Justicia, convirtiéndose en el primer líder criminal extraditado por Ecuador tras la aprobación de esta figura legal en el país.
Actualmente, Macías permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC Brooklyn), en Nueva York, a la espera de juicio. Las autoridades estadoun idenses lo acusan de varios delitos federales, entre ellos:
Conspiración internacional para la distribución de cocaína
Distribución internacional de cocaína
Uso de armas de fuego para el narcotráfico
Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia Ecuador, y
Conspiración para la compra ilegal de armamento
El 21 de julio de 2025, alias ‘Fito’ compareció por primera vez ante la Corte Federal de Brooklyn, en una audiencia que se extendió por aproximadamente 20 minutos ante una jueza de instrucción.
En esa diligencia, el acusado se declaró “no culpable” y se fijó una nueva audiencia para enero de 2026, la cual fue posteriormente aplazada al 12 de febrero y ahora nuevamente diferida.
La postergación se produjo luego de que el juez Frederick Block declarara el proceso como un “caso complejo”, una clasificación que permite suspender los plazos del juicio rápido y otorga más tiempo tanto a la Fiscalía como a la defensa para revisar una extensa cantidad de pruebas.
Por su parte, Alexei Schacht, abogado defensor de Macías, ha señalado públicamente que, pese a la declaración de inocencia de su cliente, mantienen conversaciones con la Fiscalía de Brooklyn para alcanzar lo que calificó como un “buen acuerdo”.
Dicho arreglo podría evitar un juicio prolongado y derivar en una reducción de la sentencia. Además, trascendió que alias ‘Fito’ estaría dispuesto a proporcionar información relevante sobre rutas del narcotráfico a cambio de beneficios judiciales.
Según autoridades estadounidenses, de ser hallado culpable, Macías podría enfrentar una pena mínima de 20 años de prisión si coopera con la justicia. En caso contrario, y si el juicio sigue su curso regular, podría ser condenado hasta a cadena perpetua por los cargos que enfrenta.
Mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos, en Ecuador las diligencias contra el líder de “Los Choneros” permanecen suspendidas, ya que la legislación ecuatoriana no permite juzgar a una persona por estos delitos en ausencia del acusado.
La ausencia de estos productos coincide con la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a importaciones colombianas.
La tensión comercial entre Ecuador y Colombia empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Un recorrido realizado por Radio Pichincha en varios supermercados de Quito permitió constatar la escasez de productos de origen colombiano en las perchas, una señal temprana del impacto que ya generan las recientes medidas arancelarias entre ambos países.
La ausencia de estos productos coincide con la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a importaciones colombianas, bajo el argumento de reforzar la seguridad en la frontera norte. Sin embargo, el efecto inmediato no se ha limitado al plano diplomático o comercial, sino que comienza a trasladarse al consumo interno y a la oferta disponible para los ciudadanos.
Una respuesta comercial que agrava el escenario
La reacción de Colombia no se hizo esperar. El país vecino aplicó aranceles a productos ecuatorianos clave, entre ellos arroz, aceites y productos pesqueros. Además, interrumpió la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador. Esta combinación de medidas profundizó la pugna bilateral y elevó la incertidumbre en sectores productivos y comerciales de ambos lados de la frontera.
Perchas de supermercados de Quito vacías. Foto: Radio Pichincha.
Los productos en la mira del intercambio bilateral
El conflicto arancelario afecta a un abanico amplio de bienes que forman parte habitual del comercio entre Ecuador y Colombia. Entre los productos más importados desde Colombia hacia el mercado ecuatoriano se encuentran:
Cosméticos
Plásticos y manufacturas de plástico
Vehículos y partes
Café
Productos farmacéuticos y otros químicos
Máquinas y aparatos eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos
Confites
Preparaciones para lavar
Papel, cartón y sus manufacturas
Velas
Gremios amenazan con bloquear la frontera
La tensión en la frontera norte se intensificó en el Puente Internacional de Rumichaca, donde el gremio de transporte pesado del Carchi realizó la Marcha por la dignidad fronteriza, mientras que, del lado colombiano, el gremio de importadores advirtió que podría bloquear el paso fronterizo si no se derogan de forma total los aranceles recíprocos entre ambos países.
Los gremios exigen al Gobierno de Daniel Noboa la eliminación inmediata de la tasa del 30% aplicado a productos colombianos.
La movilización ecuatoriana arrancó cerca de las 10:20, cuando decenas de camiones iniciaron una caravana rumbo a Rumichaca.
La evacuación de las pruebas de descargo de Mario Godoy en la Comisión de Fiscalización se estancó tras una suspensión impulsada por la mayoría de ADN, que aceptó el argumento del titular de la Judicatura sobre la falta de respuestas a pedidos de información. La decisión permitió que Godoy evite exponer su defensa en esta fase del juicio político.
La evacuación de la prueba de descargo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, dentro del juicio político en su contra, quedó postergada en la Comisión de Fiscalización de ADN de la Asamblea Nacional. La sesión, prevista para evacuar su defensa, terminó suspendida en medio de cuestionamientos por presuntas maniobras dilatorias y acusaciones de falta de imparcialidad.
Godoy compareció parcialmente la tarde de este martes, 3 de febrero de 2026, ante la mesa legislativa, luego de que cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) impulsaran el proceso en su contra. No obstante, la sesión fue interrumpida por decisión del presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN). Él acogió el pedido del funcionario de suspender la diligencia debido a la ausencia de respuestas a solicitudes de información realizadas por el propio Godoy a dos entidades estatales que él considera claves para su defensa.
Pruebas de cargo avanzan, descargos quedan en pausa
La sesión se instaló a las 10:55 y arrancó con la exposición de las pruebas de cargo presentadas por los legisladores de la RC. En esta fase, los proponentes del juicio insistieron en que Godoy habría ejercido presiones indirectas para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos.
En este contexto, los acusadores también volvieron a cuestionar el papel de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy y exabogada de Srdan. Asimismo, mencionaron el caso de Henry Gaibor, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura y cercano al titular del organismo, quien presuntamente habría presionado al juez Carlos Serrano, integrante del tribunal que dictó la sentencia, junto a Cristian Fierro, contra el ciudadano serbio.
Alrededor de las 15:20, Mario Godoy tomó la palabra y solicitó que se garanticen su derecho a la defensa y el debido proceso. Informó que había solicitado información a la Judicatura —entidad que él preside—, al Ministerio del Interior y a la Contraloría General del Estado como parte de su prueba documental. Sin embargo, desde la Secretaría de la comisión se confirmó que únicamente la Contraloría respondió, mientras que los otros dos pedidos siguen pendientes.
Acto seguido, sostuvo que no podía continuar con su defensa porque no contaba con documentación que había solicitado a esas entidades. Bajo ese argumento, pidió que su abogado, Stalin Raza, sea acreditado para asumir la exposición de pruebas en los siguientes días.
Defensa técnica, choques políticos y denuncias de parcialidad
El argumento fue reforzado por su abogado, Stalin Raza, a quien el presidente de la comisión permitió intervenir. El jurista solicitó la suspensión de la sesión para garantizar que su defendido cuente con el tiempo y los medios necesarios para presentar su prueba documental.
La intervención del abogado detonó un nuevo cruce entre los asambleístas de la Revolución Ciudadana y Ferdinan Álvarez. Viviana Veloz recordó que se trata de un juicio político y no de un proceso penal, por lo que la obligación de defenderse recae exclusivamente en el funcionario acusado.
En medio de los reclamos, la asambleísta Ana Herrera (RC) apeló la presidencia de la comisión. Alegó falta de imparcialidad y violación del procedimiento parlamentario. La apelación se negó con seis votos de los legisladores oficialistas y sus aliados. Finalmente, Álvarez retomó la conducción de la sesión y aceptó suspenderla. Argumentó que la decisión buscaba “no afectar el derecho a la defensa” de Mario Godoy.
Duras críticas desde la Revolución Ciudadana
Tras la suspensión, los asambleístas de la RC endurecieron su discurso. Franklin Samaniego cuestionó que Godoy no haya evacuado la única prueba con la que contaría hasta el momento.
“No evacuaron la prueba documental que es la única que tienen y mañana van a esperar los testimonios para luego tratar de refutar todo”, afirmó.
Añadió que Godoy se quedará hasta el final del proceso para escuchar a los comparecientes y recién después utilizar su documentación, advirtiendo que los testigos ratificarán los hechos y que existe un mismo modus operandi con personajes que se repiten en cada caso.
Viviana Veloz, por su parte, aseguró que “Mario Godoy es el símbolo del narcotráfico”. Sostuvo que el narcotráfico logró infiltrar al Estado, denunció persecución política, activación de trollcenters y acciones judiciales en contra de los proponentes del juicio.
En el mismo pronunciamiento, Veloz afirmó que la responsabilidad política de Godoy ya se demostró. “Hemos destruido toda duda razonable de que es culpable políticamente”, señaló, al mencionar pruebas documentales, procesos judiciales, audios, notas de prensa y un documento de la Fiscalía.
Ana Herrera, miembro de la mesa de Fiscalización, también calificó lo ocurrido como “realmente vergonzoso” y aseguró que no existe imparcialidad en la comisión. Denunció que la bancada oficialista estaría intentando sostener a Mario Godoy, permitiéndole escuchar primero las pruebas de cargo para luego excusarse de presentar las suyas y habilitar la intervención de un abogado.
“Este no es un juicio político de un bloque, es un juicio de la ciudadanía que espera una respuesta clara y transparente de la Asamblea”, advirtió.
Marco Criollo
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, evitó sustentar directamente sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización. En lugar de asumir su defensa, intentó delegar la exposición a su abogado. Viviana Veloz recordó que se trata de un juicio político y no de un proceso penal, por lo que la obligación de defenderse recae exclusivamente en el funcionario acusado.
La fase de actuación de pruebas del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, arrancó este martes 3 de febrero en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en medio de tensiones, reclamos procedimentales y un hecho central que marcó la jornada: el titular de la Judicatura eludió sostener personalmente su defensa y buscó trasladarla a su abogado.
La sesión, que se extendió por más de cinco horas, evidenció un nuevo choque entre oficialismo y oposición y dejó abierta la controversia sobre el trato diferenciado que estaría recibiendo Godoy en un proceso que, por su naturaleza, exige que el acusado comparezca y responda directamente ante los legisladores.
Godoy pide que su abogado lo defienda
Aunque Godoy estuvo presente en el salón José Mejía Lequerica, su intervención se diluyó rápidamente. Pasadas las 15:25, cuando debía iniciar la presentación de sus pruebas de descargo, el presidente del CJ cuestionó la inclusión de un audio que alude a la supuesta elaboración de una sentencia para la jueza Nubia Vera. Argumentó que ese material no cumple con estándares de custodia ni reserva y que no está dispuesto a participar en un eventual “delito”.
Acto seguido, sostuvo que no podía continuar con su defensa porque no contaba con documentación que había solicitado a entidades como el propio Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior. Bajo ese argumento, pidió que su abogado, Stalin Raza, sea acreditado para asumir la exposición de pruebas en los siguientes días.
La postura se objetó inmediatamente por los legisladores de la Revolución Ciudadana. Viviana Veloz recordó que se trata de un juicio político y no de un proceso penal, por lo que la obligación de defenderse recae exclusivamente en el funcionario acusado. Pese a ello, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), abrió la puerta para que el defensor técnico intervenga.
Ana Herrera apeló la presidencia de la Comisión
La decisión de permitir que el abogado tome la palabra detonó un nuevo enfrentamiento en la mesa legislativa. La asambleísta Ana Herrera apeló la presidencia de la comisión. Consideró que se estaba otorgando un privilegio indebido al presidente de la Judicatura, en abierta contradicción con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Asimismo, desde la bancada de la RC se cuestionó que la mayoría oficialista esté forzando interpretaciones procedimentales. Esto con el fin de evitar que Godoy responda directamente por las acusaciones en su contra.
“La evacuación de pruebas corresponde al acusado, no a un defensor técnico. Eso solo está previsto para el Presidente de la República”, insistieron los legisladores, aunque reconocieron no contar con los votos suficientes para revertir la decisión.
En medio de este escenario, Ferdinan Álvarez anunció la suspensión de la presentación de las pruebas documentales de Godoy. Y, posteriormente suspendió la sesión para el miércoles 4 de febrero a las 10:30.
Negación de los cargos y cuestionamiento a las pruebas
Antes de ceder la palabra a su abogado, Mario Godoy negó de forma tajante cualquier vínculo con estructuras criminales o actos de favorecimiento al narcotráfico. “Lo niego categóricamente. No existe ninguna prueba que me conduzca a aquello”, sostuvo.
El presidente del CJ descalificó el sustento del juicio político. Afirmó que gran parte de la acusación se basa en artículos periodísticos y audios que, según dijo, no cuentan con pericias técnicas ni respaldo probatorio suficiente.
Sin embargo, para la oposición, la jornada dejó en evidencia que Godoy optó por dilatar el proceso y evitar una defensa directa frente a las acusaciones. Mientras que, la Comisión de Fiscalización —de mayoría gobiernista— continúa tomando decisiones que alimentan las dudas sobre la imparcialidad del trámite.
El perjudicado denunció que el registrador de la Propiedad de Santo Domingo de los Tsáchilas inscribió el traspaso con la complicidad del Consejo de la Judicatura de esa provincia.
El 17 de mayo de 2023, la compañía Denegsa S.A., vinculada a la familia de la asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Jadira Bayas Uriarte, vendió un terreno de 34 hectáreas, que se encontraba embargado.
La transferencia se realizó en favor de la empresa Sobalcorp, pese a que el dictamen de embargo, emitido el 2 de octubre de 2012 por el Juzgado Segundo de lo Civil de Santo Domingo, estaba inscrito en el Registro de la Propiedad.
Además, existían dos dictámenes de prohibición de enajenación de esa propiedad. La primera fue emitida por el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Pichincha por el incumplimiento del pago de tres letras de cambio por un valor total de USD 560.000, más intereses y costas procesales.
La segunda fue ordenada por el Juzgado Provincial de Coactiva de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El gerente general de la compañía Denegsa S.A. es Henry Aníbal Ayala Espinoza (pareja de Bayas), mientras que uno de sus cuatro accionistas es Julia Uriarte Solis (familiar de la legisladora).
¿Cómo se dio la venta?
Según Eduardo Velasco, defensor del ciudadano perjudicado, Luis Ballesteros, la transferencia se ejecutó el 17 de mayo de 2023 en favor de la compañía Sobalcorp S.A., de propiedad de Álvaro Fernández, quien habría actuado en la transacción como tercerista, y de Eduardo Valencia, vinculado a la defensa de los demandados.
Velasco denunció que el traspaso del terreno fue inscrito por el registrador de la Propiedad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en favor de los nuevos dueños.
Proceso judicial incidentado
Los abogados de Sobalcorp apelaron un auto de adjudicación del predio, emitido el 15 de marzo de 2024, en favor de Luis Ballesteros.
Desde entonces, el proceso judicial ha registrado varios tropiezos debido a una serie de recursos presentados por los supuestos nuevos propietarios.
Su defensa recusó a los jueces Iván León y Juan Carlos Mariño, del tribunal de Santo Domingo. Luego de ello, se designó como jueza ponente a Linda Silva Merchán, de la Unidad Multicompetente de Babahoyo.
La jueza Silva debía emitir su sentencia el 11 de noviembre de 2025, pero la audiencia fue suspendida y reprogramada por al menos tres ocasiones.
Según Velasco, todo se ha dado con una supuesta complicidad del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que afectó a su cliente.
Procesos judiciales contra Bayas
Jadira Bayas registra dos denuncias en la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas, la primera por falsificación y uso de documento falso, el 11 de marzo de 2024; y la segunda por intimidación, el 1 de febrero de 2019.
Además, registra seis procesos judiciales en el sistema público del Consejo Nacional de la Judicatura. El más relevante es por sustracción de hidrocarburos, iniciado en 2013 en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Otros tres son por violación de los deberes de funcionarios públicos, usurpación de atribuciones y de los abusos de autoridad.
A estos, se suman dos juicios por contravenciones de tránsito. En la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) Bayas registra 67 multas, 58 de ellas ya pagadas, ocho anuladas y una pendiente.
En el portal de la ANT consta que de los 30 puntos de su licencia de conducir, le quedan apenas 4,5.
Patrimonio
Jadira Bayas inició su gestión como asambleísta el 17 de noviembre de 2023, con un patrimonio de USD 1.913.885,61, según consta en el sistema público de la Contraloría General del Estado.
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