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La prisión de Machala se ha consolidado como uno de los puntos más conflictivos del mapa penitenciario ecuatoriano.
La tarde del sábado 7 de marzo de 2026, el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los centros de rehabilitación del país.
Los fallecidos, identificados como José Guerra y Brayan Avilés, habían ingresado a prisión preventiva apenas once días antes, procesados por el violento asesinato de Viviana Cerón, esposa de un reconocido empresario minero de la zona.
Mientras la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) investigan si estas muertes responden a un “ajuste de cuentas” o a un evento fortuito, el suceso no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis estructural que ha vuelto a niveles críticos.
Machala: El nuevo epicentro de la violencia
La prisión de Machala se ha consolidado como uno de los puntos más conflictivos del mapa penitenciario ecuatoriano. Operando con una sobrepoblación del 41%, el hacinamiento ha forzado a que miembros de facciones rivales, como las de Los Lobos, compartan celdas, lo que ha desencadenado masacres sangrientas.
Tan solo en 2025, este centro registró más de 60 víctimas mortales, incluyendo una masacre el 9 de noviembre donde 32 internos murieron por asfixia y disparos.
Un sistema que retrocede a cifras de 2018
A inicios de 2026, la situación carcelaria en Ecuador atraviesa un nuevo fondo. Aunque en 2023 el hacinamiento logró reducirse a un mínimo histórico del 4% mediante indultos masivos y beneficios de prelibertad durante el gobierno de Guillermo Lasso, esa tendencia se revirtió drásticamente con el cambio de mandato.
La implementación de la política de ‘mano dura’ y la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa en enero de 2024, llevaron a la detención masiva de miles de personas vinculadas a bandas catalogadas como terroristas. Esta estrategia saturó rápidamente las celdas:
- Para finales de 2025, la población carcelaria alcanzó las 36.616 personas, con una tasa de sobreocupación nacional del 36,53%.
- Al cierre de enero de 2026, el sistema reportó 37.034 presos, marcando un hacinamiento del 34,87%, el registro más crítico desde 2018.
Violencia y falta de control
El quiebre de la seguridad interna se remonta a diciembre de 2020 tras el asesinato de alias ‘Rasquiña’, líder de Los Choneros, lo que desató una guerra fragmentada entre bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers por el control de las rutas del narcotráfico y los pabellones. Desde entonces, más de 940 presos han sido asesinados en las cárceles del país.
En la actualidad, el panorama se agrava no solo por la violencia armada, sino por las condiciones de vida. En centros como la Penitenciaría del Litoral, que cerró 2025 con un 58% de hacinamiento, se reportaron cientos de muertes adicionales vinculadas a la desnutrición y epidemias de tuberculosis.
Pese a intentos estatales como la habilitación de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena —un recinto de máxima seguridad que ya opera al 98% de su capacidad—, el sistema penitenciario sigue demostrando que la falta de espacio y la guerra entre estructuras criminales continúan dictando la ley
