La inseguridad que enfrenta el sistema educativo en Guayas continúa escalando.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Guayas, Gabriela Menéndez, informó que alrededor de 1.000 denuncias de extorsión han sido presentadas por docentes en la provincia entre 2025 y 2026, una cifra que, según el gremio, refleja el deterioro de las condiciones de seguridad para maestros, estudiantes y comunidades educativas.

Menéndez aseguró que los casos de amenazas, extorsiones y hechos violentos se han incrementado de forma sostenida.

Además, recordó que en menos de dos semanas fueron asesinadas dos maestras, situación que, afirmó, evidencia el nivel de riesgo al que está expuesto el personal educativo.

“Hoy ser maestra y ser mujer representa un doble factor de vulnerabilidad en medio de la violencia que vive el país”, señaló.

Reunión con autoridades

La dirigente también cuestionó una reunión realizada el pasado 24 de junio en Guayaquil, convocada por la Subsecretaría de Educación junto con la Policía Nacional, en la que participaron directivos de instituciones educativas de la provincia.

Según explicó, durante ese encuentro se les pidió recorrer los alrededores de los planteles e informar sobre situaciones de riesgo, una disposición que la UNE considera improcedente.

A criterio del gremio, esa responsabilidad corresponde a las autoridades encargadas de la seguridad pública y no a los directivos de las instituciones educativas, quienes también se encuentran expuestos a amenazas.

“No se puede trasladar a los rectores y directores una función que pone en riesgo su integridad y que le corresponde al Estado garantizar”, sostuvo Menéndez.

Ya hubo denuncias

La problemática no es nueva. En junio de 2025, la UNE Guayas ya había alertado que al menos 200 docentes habían sido víctimas de extorsiones y amenazas de muerte en la provincia. En ese mismo período, el Ministerio de Educación confirmó haber recibido 72 denuncias relacionadas con estos delitos.

Ante este escenario, la UNE solicitó al Gobierno la declaratoria de emergencia educativa en Guayas para fortalecer las medidas de protección dentro y fuera de las instituciones educativas. Sin embargo, según el gremio, hasta la fecha esa petición no fue atendida.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi enfrenta la mayor crisis financiera desde su creación.

La institución denunció que apenas cuenta con recursos para cubrir salarios hasta el 31 de julio de 2026 y advirtió que, de no recibir una asignación extraordinaria, su continuidad está comprometida.

Estudiantes y autoridades de Amawtay Wasi alertaron que el recorte del 69% de su presupuesto amenaza con dejar sin clases a cerca de 2.500 estudiantes, de los cuales alrededor del 70% son mujeres, muchas provenientes de comunidades indígenas, rurales y de escasos recursos.

El escenario contrasta con los millonarios procesos de contratación para la adquisición de pasajes aéreos impulsados por otras universidades públicas y por el propio Ministerio de Educación.

Un contraste que genera cuestionamientos

Mientras Amawtay Wasi busca recursos para sobrevivir, otras instituciones públicas continúan destinando importantes montos a la contratación de agencias de viaje para la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales.

La Universidad de Cuenca inició un proceso de licitación por USD 640.000, sin IVA, para contratar una agencia que administre la emisión de pasajes durante un período de 976 días.

La propia institución justifica el proceso señalando que el contrato vigente ya ejecutó más del 93% de los recursos asignados y que suspender el servicio afectaría actividades académicas, de investigación y cooperación internacional.

No se trata de un gasto aislado. En 2023, esa misma universidad adjudicó otro contrato similar por USD 471.420, también para la adquisición de pasajes nacionales e internacionales.

La Universidad Central del Ecuador registró igualmente este tipo de contrataciones, aunque con montos considerablemente menores y en otros años.

En 2022 adjudicó un contrato por USD 53.307 para cubrir los desplazamientos de docentes hacia eventos académicos y científicos.

A estos procesos se suma ahora el Ministerio de Educación, entidad que asumió las competencias de educación superior tras la fusión con la Senescyt.

La cartera abrió este mes una contratación por USD 560.010.60, más IVA, para la emisión de pasajes durante un año. De acuerdo con los términos de referencia, el contrato contempla la compra de 2.371 boletos nacionales y 53 internacionales hasta abril de 2027.

¿Son gastos necesarios o un problema de prioridades?

La contratación de pasajes aéreos no es, por sí misma, una irregularidad. Las universidades públicas mantienen convenios internacionales, programas de investigación, movilidad docente y participación en congresos científicos que requieren desplazamientos permanentes.

Sin embargo, el contexto presupuestario actual ha llevado a especialistas a preguntarse si el sistema de educación superior está priorizando correctamente sus recursos.

El doctor en Ciencias Sociales Jaime Chuchuca sostiene que el acceso a estos beneficios no alcanza a la mayoría de la comunidad universitaria.

“Es de conocimiento público que la gran mayoría de docentes y estudiantes no accede a este beneficio de pasajes aéreos. Existen invitaciones para eventos nacionales e internacionales, pero en muchos casos los propios docentes terminan cubriendo sus gastos. En los eventos nacionales, la mayoría viaja por transporte terrestre.”

Para el académico, la discusión no pasa únicamente por el monto de los contratos, sino por la transparencia sobre quiénes acceden a estos recursos.

“En una sociedad donde muchos estudiantes a veces no tienen ni para pagar el pasaje de bus, cabe preguntarse qué círculo realmente accede a estos privilegios.”

La importancia de la movilidad académica

Especialistas en gestión universitaria consultados sobre este tipo de procesos coinciden en que la movilidad académica forma parte del funcionamiento normal de una universidad.

La participación en congresos internacionales, proyectos científicos, redes de investigación, intercambios y cooperación técnica exige desplazamientos frecuentes, especialmente en instituciones con alta producción científica.

No obstante, Carmelo Márquez, docente universitario advierten que, no sería técnicamente correcto comparar de forma directa los presupuestos de Amawtay Wasi con los de universidades de mayor tamaño, ya que cada institución tiene una misión, una oferta académica y requerimientos diferentes.

Pero, considera legítimo preguntarse si, en medio de una crisis presupuestaria que pone en riesgo la continuidad de una universidad pública, el Estado debería revisar la asignación de recursos y establecer prioridades que garanticen primero el funcionamiento de todas las instituciones.

Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, calificó como una medida temporal la compensación económica implementada por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles.

En ese sentido, insistió en la necesidad de diseñar políticas públicas de largo plazo para atender los problemas estructurales del sector, entre ellas la creación de un Ministerio de Transporte.

“El sector ha sido olvidado históricamente y necesitamos una solución definitiva”, afirmó durante una entrevista en FM Mundo.

Aunque Ortiz reconoció que el transporte pesado no ha sido beneficiario de los mecanismos de compensación implementados por el Ejecutivo, sostuvo que la crisis afecta a todo el sistema de transporte.

En el caso de su gremio, explicó que se ha planteado una metodología para establecer una tarifa basada en el número de kilómetros recorridos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Tránsito. La propuesta contempla un sistema de bandas que permita ajustar las tarifas en función de las variaciones en el precio de los combustibles.

Por otro lado, el dirigente rechazó la fusión del Ministerio de Transporte, al considerar que la cartera de Estado ya tenía una capacidad limitada para responder a las necesidades del sector.

“Pretender fusionar el Ministerio de Transporte es debilitar la poca estructura institucional que tenemos dentro del Gobierno”, sostuvo.

El presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado reiteró que los cerca de 230.000 conductores del sector atraviesan una situación crítica y de asfixia económica. Además, cuestionó que actualmente se pague un diésel con precios cercanos a los internacionales sin que exista una mejora en la calidad del combustible.

“Estamos asumiendo costos cada vez más altos sin recibir mejores condiciones para operar”, concluyó.

La empresa Progen Industries LLC retiró formalmente ante la Corte Federal de Florida la solicitud para obligar a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a entregar un memorando reservado sobre el rastreo y recuperación de fondos, luego de que la estatal eléctrica cediera y proporcionara el documento voluntariamente.

Según un escrito presentado ante el juez William Jung, los demandados consideraron que “la cuestión ha perdido su objeto” al haber obtenido finalmente la hoja de ruta de la defensa ecuatoriana el pasado 8 de julio de 2026.

¿Qué contiene el memorando entregado?

El documento en disputa, titulado “Financial Tracing Strategy” (Estrategia de Rastreo Financiero), fue elaborado el 12 de junio de 2026 por el bufete Greenberg Traurig. Este informe de 15 páginas constituye el cerebro de la operación legal de Ecuador en Estados Unidos y detalla con los pasos dados para recuperar los activos malversados.

Entre los datos que ahora están en manos de Progen constan:

• El detalle de 41 citaciones (subpoenas) dirigidas a bancos y terceros para identificar el flujo de dinero.
• Información sensible sobre números de cuentas y el monto exacto de 14 transferencias realizadas desde las cuentas de Progen en el Regions Bank.
• La identidad de los receptores del dinero y un inventario de los bienes identificados durante la investigación financiera.
• Un análisis sobre las posibilidades reales de recuperar los USD 104 millones, incluyendo un diagnóstico que reconocería internamente las severas dificultades para recobrar gran parte del dinero.

El error de José Julio Neira que forzó la entrega

Este revés de Celec tiene su origen en una “irresponsabilidad” —según términos de analistas jurídicos— cometida por el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze. El 17 de junio de 2026, Neira, quien integra el Directorio de la estatal eléctrica, publicó en su cuenta de la red social X un video informativo que mostraba y explicaba el contenido del memorando confidencial.

Progen capitalizó este desliz argumentando que Celec perdió el privilegio abogado-cliente al divulgar voluntariamente contenido amparado por una orden de protección. La defensa de la contratista sostuvo ante la Corte que “el documento dejó de ser confidencial” y que la publicación de Neira no fue un error accidental, sino una “comunicación institucional preparada para respaldar la narrativa del Gobierno” con fines políticos internos.

Contexto de un desfalco millonario

El litigio en Florida busca resarcir al Estado ecuatoriano por un perjuicio de casi USD 110 millones derivados de contratos de emergencia firmados en agosto de 2024 para mitigar la crisis energética. Celec acusa a Progen de conformar una “empresa criminal” bajo la Ley RICO para estafar al país entregando maquinaria usada de los años 2008-2010, “repintada sobre el óxido”, en lugar de los equipos nuevos de 2023 prometidos.

A pesar de los desembolsos masivos, los peritajes técnicos han revelado que las plantas de Quevedo y El Salitral registran un avance real inferior al 17%, resultando en “cero vatios” para el sistema eléctrico nacional.

Mientras tanto, el rastro del dinero muestra que la cuenta bancaria que recibió los fondos estatales fue vaciada mediante transferencias inmediatas a cuentas personales y lujos de los directivos, registrando hoy un saldo de 0 dólares.

Con el retiro de la moción de Progen marca el cierre de un incidente que ha dejado a la defensa ecuatoriana en una posición de vulnerabilidad. Al poseer ahora la estrategia de rastreo de Celec, los demandados conocen de antemano quiénes serán los próximos objetivos de las citaciones judiciales y qué activos están bajo la lupa del Estado.

Este episodio ocurre en paralelo a la reciente captura en España de la lobista Karla Saud Calero, señalada como pieza clave en la trama y quien habría recibido directamente USD 15,2 millones a través de su empresa Astrobryxa.

No obstante, el éxito de la extradición de Saud y la recuperación de los fondos en Florida dependen de la integridad de un proceso que hoy tambalea debido a las filtraciones e imprecisiones de los propios funcionarios gubernamentales.

Cinco días después de que se conociera la detención de Karla Saud en España, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició el trámite para solicitar su extradición dentro del denominado Caso Apagón, en el que se investiga un presunto delito de peculado.

Saud recuperó su libertad el pasado 10 de julio de 2026, luego de que un tribunal de Madrid le concediera medidas cautelares mientras se resuelve su situación judicial.

El presidente de la CNJ, Marco Rodríguez, remitió al juez nacional Rodrigo Sarango los oficios enviados por Interpol y la Cancillería ecuatoriana relacionados con la aprehensión de la procesada, que habría permanecido detenida apenas un día en territorio español.

Con base en esa información, el magistrado emitió la solicitud formal de extradición y adjuntó la orden de prisión preventiva que pesa sobre Saud dentro de la investigación.

El documento, al que tuvo acceso Ecuavisa, señala:

“Iniciar el procedimiento de extradición activa, a fin de que, por intermedio de los canales diplomáticos previstos en la Ley de Extradición y en los instrumentos internacionales aplicables, se requiera al Reino de España la entrega de la referida procesada al Estado ecuatoriano, con el objeto de que comparezca ante la justicia nacional para someterse al proceso penal instaurado en su contra”.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya definió el rumbo que tomará el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.

Con una mayoría de seis votos a favor y cuatro abstenciones, la mesa legislativa resolvió rechazar la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por los asambleístas interpelantes de la Revolución Ciudadana, al tiempo que dejó establecida la hoja de ruta para las comparecencias que buscarán determinar la responsabilidad política de la exfuncionaria en los casos Progen y ATM.

El bloqueo a la “prueba nueva”

La controversia de la sesión de este 13 de julio giró en torno al pedido de los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto para incluir expedientes íntegros de la Contraloría General del Estado y de la Comisión de Transparencia.

El oficialismo, liderado por la bancada de ADN, argumentó que dichos documentos no califican como “prueba nueva” según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que los proponentes conocían su existencia desde antes de presentar la solicitud de juicio el 17 de junio de 2026.

Durante la sesión, el asesor de la Comisión, Álvaro Salazar, expuso la solicitud presentada por los asambleístas interpelantes y recordó que la legislación vigente solo permite incorporar pruebas no anunciadas previamente cuando estas no existían o eran desconocidas para quien las presenta al momento de plantear el juicio político.

La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia señaló que los interpelantes incluso hicieron referencia a estos informes en su solicitud inicial, por lo que debieron entregarlos oportunamente. Por su parte, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, defendió la decisión:

“Nosotros no podemos corregir errores de los solicitantes… si usted conocía de la existencia de este informe, tenía que anunciarlo previamente”, dijo Álvarez.

Asimismo, el presidente de la mesa Legislativa enfatizó que actuar de otro modo vulneraría el debido proceso y que la comisión debe ser objetiva, rechazando las críticas que sugieren una protección a Manzano.

Denuncias de quienes impulsan el juicio político

La respuesta de los proponentes no se hizo esperar. Lenin Barreto denunció que se están “estropeando los procedimientos legislativos” al impedir el acceso a expedientes que, según él, develarían una “maraña íntegra de corrupción” en los contratos de generación eléctrica (Progen y ATM) que habrían causado un perjuicio de más de USD 170 millones.

De su lado, Blasco Luna, visiblemente molesto, acusó a la comisión de aplicar un “doble rasero”, cuestionando por qué se facilitan trámites para la defensa de la exministra mientras se bloquea información relevante para la acusación.

Luna insistió en que buscan transparencia y que “mientras más información tengamos, le hace bien a la comisión y al país”. Además, los legisladores de la Revolución Ciudadana recalcaron que su intención era alimentar el proceso con fundamentos sólidos ante la demanda ciudadana de justicia.

Cronograma definido y la polémica de la presencialidad

Tras resolver el incidente de las pruebas, la Comisión ratificó que la etapa de práctica de pruebas, iniciada el 12 de julio, durará diez días. El cronograma de comparecencias aprobado es notablemente reducido, contemplando únicamente tres testimonios clave:

1. Roberto Luque, exministro de Ambiente y Energía.
2. Antonio Goncalves, exministro de Energía.
3. Fabián Calero, exgerente de Celec.

La sustanciación formal continuará este martes 14 de julio a las 15:00. Ahora, un punto de quiebre adicional es la asistencia física de Inés Manzano. Mientras Blasco Luna exige su comparecencia presencial basándose en el artículo 81.1 de la norma, calificando cualquier ausencia como una “burla al pueblo”, Ferdinan Álvarez recordó que la Constitución permite que los interpelados ejerzan su defensa a través de abogados.

“Primero hay que embarazar y luego ser padre”, respondió Álvarez de forma coloquial al ser consultado sobre qué medidas tomará la comisión si la exministra no asiste personalmente. La meta institucional es cerrar el caso y elaborar el informe correspondiente antes de que finalice el mes de julio.