El juicio por el denominado caso Triple A volvió a revelar inconsistencias tras la difusión de detalles contenidos en el expediente judicial que sugieren que la denuncia original fue producto de una cadena de presiones políticas.

Según los testimonios y documentos del proceso, la denunciante Nicole Bermúdez no habría actuado por iniciativa propia, sino bajo la coacción de José Manuel de Oliveira, quien a su vez habría seguido órdenes superiores de José Julio Neira, actual secretario de Administración Pública.

Este proceso investiga una presunta red de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos que habría causado un perjuicio al Estado superior a los USD 61 millones. Entre los 15 procesados naturales y seis jurídicos destaca el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien rindió su testimonio apenas este domingo 26 de julio de 2026.

El eslabón operativo: Oliveira sobre Bermúdez

Según la ampliación de versión rendida por Bermúdez el 20 de enero de 2025, el alcance a la denuncia que dio origen al caso no fue un producto de su investigación técnica como funcionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), sino un documento armado por Oliveira. Bermúdez testificó que Oliveira le entregó borradores ya preparados, indicándole específicamente qué datos de despachos y cantidades debía incluir para que coincidieran con la tesis de la acusación.

“Como tercer punto, debo hacer mención al alcance presentado en este despacho en el mes de agosto del 2024 alcance en el que hacía mención a un delito como es Delincuencia Organizada, debo mencionar que este alcance no fue elaborado por mí, yo como funcionaria recibí la orden directa del aquel entonces funcionario del Ministerio de Energía y Minas el señor abogado Jose Manuel Oliveira quien ostenta el cargo de Coordinador Jurídico”, detalló Bermúdez.

La presión de Oliveira tenía como objetivo jurídico incorporar de manera forzada el delito de delincuencia organizada. Bermúdez afirmó que, aunque ella pudo realizar cambios menores en los textos, Oliveira le exigió la firma del documento bajo el argumento de que eran disposiciones superiores que ella debía cumplir como parte de su rol en la institución.

El testimonio de la exfuncionaria describe un proceso donde Oliveira le proporcionaba informes técnicos que ella no había elaborado pero que estaba obligada a validar con su firma.

Asimismo, en su declaración judicial, Bermúdez admitió que muchas de las inconsistencias en volúmenes de combustible reportadas originalmente no eran conclusiones propias, sino datos suministrados por la oficina jurídica de Oliveira para dar cuerpo a la denuncia por presunta comercialización ilícita.

“Debo mencionar que si yo hubiera considerado tal vez un delito como lo menciona el alcance de delincuencia organizada, pues lo más lógico era que la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e hidrocarburos, nos haya hecho conocer la investigación realizada con hecho y argumentos el cual le hubiera dado valor jurídico al alcance”, asegura en su versión ampliada.

Según su versión, la denuncia no contaba con el respaldo de una investigación concluyente de la unidad especializada de la Policía, sino que se basaba en datos presuntivos del SRI y despachos de Petroecuador.

“Existieron dos borradores el borrador que me fue entregado por el señor Jose Manuel Oliveira tenia acusaciones graves que incluso fue puesto en redes sociales, borrador al cual yo pude cambiar y puedo decir que ese fue el que yo firme el que fue presentado en esta Fiscalia, debo también mencionar que el hecho que yo denuncie fue un hecho presuntivo deinvestigación tributaria”, agregó.

El origen de la orden: Neira sobre Oliveira

Pero, según la declaración ampliada, Oliveira no fue el de la iniciativa. Nicole Bermúdez manifestó que Oliveira no actuaba por iniciativa propia, sino que justificaba sus exigencias alegando presiones directas de José Julio Neira.

Bermúdez relató en el expediente judicial que, en los momentos en que se le obligaba a firmar borradores de la denuncia con cargos agravados, Oliveira le reiteraba que se trataba de órdenes dadas por Neira. Para ese momento, Neira se desempeñaba como Secretario de Integridad Pública o Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Esta cadena de mando habría sido el motor para transformar una investigación técnica sobre volúmenes de combustible en una acusación penal por delincuencia organizada. De acuerdo con lo expuesto por la defensa de los procesados, Oliveira funcionaba simplemente como el ejecutor operativo de una estrategia diseñada desde la oficina de Neira.

“Jose Manuel Oliveira, quien ostenta el cargo de Coordinador Jurídico, me indico que este alcance debía de ser puesto en este despacho por presiones que se encontraba recibiendo del señor Jose Julio Neira, a lo que yo varias veces le solicite de donde sacaba las cantidades y despachos de los volúmenes que según se comercializaba estas estaciones de servicio, el señor Jose Manuel Oliveira insistía en que tenia que ponerse el alcance como ellos lo habían elaborado”, contó Bermúdez.

Ahora, a pesar de la gravedad de los señalamientos que constan en el proceso judicial, Neira no ha emitido pronunciamientos oficiales respecto a su presunta participación en la manipulación de la denuncia original. La única vez que Neira se refirió sobre este asunto fue una entrevista en 2024, donde calificó de “valiente” a Bermúdez por haber denunciado, antes de que ella revelara que lo hizo bajo coacción.

Para la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, estas evidencias confirman que el Caso Triple A fue un proceso “armado” desde las altas esferas políticas.

Un caso “armado” bajo sospecha

Estas revelaciones sirvieron de base para que la defensa de Aquiles Alvarez califique al proceso como una estructura “armada” con fines políticos. El abogado Julio César Cueva señaló que, ante estas evidencias de coacción, el caso no solo está “caído”, sino “enterrado”.

La situación se torna más compleja debido a que Nicole Bermúdez se encuentra actualmente desaparecida y no asistió a la audiencia de juicio para ratificar estas presiones de manera presencial ante el Tribunal. Por su parte, José Manuel de Oliveira abandonó el país en mayo de 2026 y enfrenta otros procesos legales.

Este lunes 27 de julio de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) instaló la audiencia de prueba y alegatos dentro de la causa No. 086-2026-TCE contra la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Sin embargo, la exfuncionaria no asistió presencialmente. Ella solicitó comparecer de manera virtual a través de la plataforma Zoom, pero tampoco lo hizo.

Ante la ausencia física de la exfuncionaria, el abogado Diego Analuisa asumió la representación y cuestionó la validez de los argumentos que sustentan la denuncia por supuestos incumplimientos de funciones.

El conflicto nació cuando Atamaint, en su calidad de autoridad del CNE, impulsó y votó a favor de una resolución que extinguió la personería jurídica de Unidad Popular, argumentando falta de afiliados suficientes. No obstante, esa resolución fue anulada por el propio TCE, permitiendo al partido participar en los próximos comicios.

¿Qué dijeron las partes?

La decisión de Atamaint de no asistir personalmente fue criticada por los dirigentes de la organización política Unidad Popular, que impulsa la queja por supuestos incumplimientos de la normativa electoral.

Geovanni Atarihuana, director nacional de la organización, calificó la actitud de la exfuncionaria como una falta de voluntad para “mirar a los ojos a sus acusadores”. Atarihuana señaló además que se desconoce el paradero actual de Atamaint, quien renunció a su cargo el 20 de julio, y cuestionó que se encuentre fuera del país para evitar responder ante la justicia.

De su lado, Analuisa sostuvo que, tras revisar la reproducción de las pruebas presentadas por Atarihuana, no se logró verificar fehacientemente que Atamaint haya clausurado de forma arbitraria la reinstalación de una sesión del CNE con el objetivo de evitar el trámite de un recurso de corrección. Según el abogado, “no se logra acreditar o verificar los hechos” denunciados, refiriéndose a la sesión del 3 de mayo de 2026.

La defensa también abordó la acusación relacionada con la supuesta falta de entrega del Registro de Organizaciones Políticas aprobado para los comicios de noviembre. Al respecto, Analuisa explicó que la información fue gestionada a través de los canales oficiales, señalando que en la página web del CNE se publicó un enlace donde constaba el estatus de Unidad Popular, el cual figuraba como “cancelada” pero con recursos pendientes en el TCE.

Con base en estos argumentos, el equipo jurídico de Atamaint solicitó formalmente al juez electoral Patricio Maldonado que la acción de queja sea desestimada y enviada a los archivos del tribunal por falta de sustento legal.

Pronunciamiento de los dirigentes

Durante la jornada, en los exteriores de la entidad, los líderes sociales expresaron su rechazo a la gestión de Atamaint, a quien acusan de haber convertido al organismo electoral en un “operador político del Gobierno”.

Atarihuana afirmó que Atamaint actuó como un “instrumento” del presidente Daniel Noboa para proscribir opciones políticas diversas, mencionando no solo el intento de cancelar la personería de Unidad Popular, sino también procesos contra otras organizaciones como Revolución Ciudadana, Amigo y Construye.

Denunció que la expresidenta suspendió sesiones del CNE de forma deliberada, a pesar de tener quórum, para evitar pronunciamientos que garantizaban derechos de participación.

De su lado, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ratificó el respaldo de las organizaciones sindicales y sociales a las acciones legales contra Atamaint. Sostuvo que la exfuncionaria intentó ilegalizar a Unidad Popular de manera ilegítima y que su gestión fue responsable de sanciones contra sectores ambientales y ecologistas, siguiendo mandatos del gobierno actual.

Posibles consecuencias legales

El juez de la causa, Juan Patricio Maldonado Benítez, advirtió previamente que, de no presentarse de forma presencial o justificar debidamente su falta, la diligencia podría llevarse a cabo en rebeldía.

Aunque la ley no permite la destitución en este tipo de acciones de queja (especialmente tras su renuncia), Atamaint podría enfrentar multas económicas que oscilan entre uno y 30 salarios básicos unificados si se determina su responsabilidad en los incumplimientos legales denunciados.

La dirigencia de Unidad Popular espera que el TCE actúe en derecho y que el proceso sirva como un precedente.

Una nueva polémica envuelve al exministro de Energía, Roberto Luque, en el caso de los fallidos contratos de generación termoeléctrica con la empresa estadounidense, Progen.

Según chats revelados por los medios Teleamazonas y Diario Expreso, el Ceo de Progen, John B. Manning, escribió a Luque la noche del 25 de septiembre de 2024 para gestionar un primer desembolso por USD 69,5 millones, por el contrato de la central termoeléctrica Salitral, de 100 MW.

El mensaje, a través de whatsapp dirigido a Luque, se dio tras una reunión telemática que mantuvo Manning con técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en la que se exigió a la empresa documentación y otros requerimientos para ejecutar el pago.

En el mensaje, el ejecutivo de Progen expuso su malestar por los controles de Celec, a los que calificó como interrupciones infundadas para entorpecer el proyecto.

Curiosamente, seis días después de que Mannig escribió a Luque, Celec pagó a Progen el 1 de octubre de 2024 los USD 69,5 millones.

A la fecha del mensaje del máximo directivo de la empresa estadounidense, Roberto Luque ya no era ministro de Energía, porque sus funciones terminaron el 2 de julio de ese año.

Aclaración de Luque

A través de la red social X, el exministro de Energía, Roberto Luque, respondió a Teleamazonas y aclaró que el mensaje de Manning no recibió una respuesta de su parte y “quedó en visto”.

Resaltó que no respondió porque para septiembre de 2024 ya no era ministro y no tenía ninguna competencia en materia eléctrica, ni sobre Celec.

Sobre la motivación del mensaje de Manning, señaló que solo el propio representante de Progen podrá explicarlo.

Transcripción del mensaje a Luque

“Buenas noches Roberto,

Espero que todo esté bien contigo y los tuyos. Me
disculpo de antemano por la extensión de este
texto.

No estoy exactamente seguro de si contactarte sea
lo más sensato que deba hacer en este momento,
pero creo que tal vez quieras saber lo que ha estado
ocurriendo en las últimas dos semanas respecto a
las inspecciones de los generadores del proyecto
Salitral y lo que acaba de suceder esta noche
durante una reunión con Byron y una nueva persona
llamada José Vega.

Pero esta noche recibimos una llamada sorpresa de
CELEC en la que participó un tal José Vega, quien
comenzó a señalar cuántos datos más y nueva
documentación se necesitaban, además de los
manuales de ensamblaje, formularios y registros de
control de calidad, y a solicitar un informe detallado
sobre cómo Progen ensambla sus equipos HFO, entre
otras cosas.

Me dio la impresión de que alguien en medio de todo
esto solo está tratando de entorpecer el proyecto.

Hemos tenido un desempeño maravilloso avanzando
en la instalación de los pilotes y las obras civiles(…)
Pero con lo único que nos encontramos es con
rumores competitivos o políticos que están frenando
el progreso (…) Ahora, esta noche, Byron y José están
pidiendo más y más documentación y datos sobre
las unidades que ya fueron aprobadas y sobre las
cuales se prometió el pago para esta semana,
modificando a voluntad, nuevos requisitos.

Estoy empezando a sentir como interrupciones
infundadas que no están motivadas por la buena fe.

Quedo a la espera de tu respuesta.

Que tengas una buena noche y por favor disculpa la
hora tardía de esta comunicación.

Un cordial saludo,

John Manning

Progen“

El litigio federal en la Corte del Distrito Medio de Florida entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el entramado liderado por Progen Industries ha entrado en una fase técnica y decisiva.

Mientras el Estado ecuatoriano intenta sostener que fue víctima de una “empresa criminal” que malversó cerca de USD 110 millones durante la crisis energética de 2024, Astrobryxa LLC y H&S Industry LLC exigen que el tribunal estadounidense desestime los cargos bajo la Ley RICO, argumentando que Ecuador no tiene derecho a usar esta ley antimafia para lo que, según ellos, es una simple disputa contractual ocurrida fuera de las fronteras de EE.UU..

El argumento central de estas dos empresas es que la justicia de Florida carece de competencia sustancial para aplicar la ley federal RICO en este caso. La defensa se apoya en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos para afirmar que un demandante civil bajo esta ley debe probar una “lesión doméstica” en sus negocios o propiedades dentro del territorio estadounidense.

Astrobryxa LLC señala que Celec ha fallado en este requisito fundamental. Citando el caso RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., la defensa sostiene que la ley RICO “no permite la recuperación por lesiones extranjeras”. El escrito desglosa los hechos para demostrar que todo el conflicto pertenece a la jurisdicción ecuatoriana:

1. Celec es una entidad de servicio público ecuatoriana encargada de la energía en Ecuador.
2. La estatal ecuatoriana solicitó ofertas a empresas estadounidenses desde Ecuador.
3. El equipo para los contratos de Quevedo y El Salitral fue enviado a Ecuador.
4. “El demandante (Celec) descubrió los supuestos productos defectuosos entregados bajo los contratos de Quevedo y El Salitral en Ecuador”.

Bajo esta premisa, los demandados alegan que “cualquier lesión que el demandante afirme haber sufrido fue sufrida en Ecuador, no en los Estados Unidos”.

Para Astrobryxa y H&S, la holding estatal Celec está intentando “convertir de forma impropia” una disputa por incumplimiento de contrato —regida por leyes y regulaciones de contratación pública de Ecuador— en un caso de fraude criminal bajo leyes federales de EE.UU. que no fueron diseñadas para proteger a gobiernos extranjeros por actos ocurridos en su propio suelo.

Astrobryxa: El rechazo al “agrupamiento” de culpables

La empresa Astrobryxa LLC, constituida en Delaware para facilitar pagos, se han defendido frente a la acusación de ser parte de una “empresa criminal”.

En su contestación (documento 152 dentro del proceso judicial), la firma “niega cualquier alegación, expresa o implícita, de que estuvo involucrada, participó o tuvo conocimiento de cualquier supuesta conspiración, esquema fraudulento o transferencia impropia de fondos”.

Uno de los puntos clave de su respuesta es la denuncia de lo que llaman una “demanda de perdigones” (shotgun pleading).

Astrobryxa LLC acusa a los abogados de Celec de agrupar a todos los demandados de manera indistinta sin precisar responsabilidades individuales. El documento afirma que la demanda “agrupa impropiamente a Astrobryxa LLC junto con todos los ‘Demandados’ (en plural), como ‘co-conspiradores’ sin alegaciones fácticas específicas de irregularidades” por parte de la empresa de Delaware.

Según la defensa, esta práctica de “agrupar a los demandados” es una falla procesal que hace que la demanda sea “confusa y vaga“.

Además, Astrobryxa LLC señala -en el proceso en la Corte de Florida- que cualquier posible daño económico que Celec reclame ya habría sido compensado por el cobro de pólizas. El escrito señala que “cualquier daño monetario que se determine que se debe al demandante debe reducirse o compensarse con el monto de cualquier dinero u otra compensación que el demandante haya recibido o recibirá de Seguros Confianza S.A.”.

H&S Industry: “No somos un nombre falso de Progen”

Por su parte, H&S Industry LLC se ha desmarcado de una de las acusaciones más coloridas de la demanda inicial. Celec sostiene que Progen utilizó el “nombre falso” de H&S para atraer a ministros y gerentes ecuatorianos a una supuesta fábrica en Tampa en mayo de 2024.

H&S Industry “niega que Progen haya actuado ‘bajo el nombre de’ H&S“.

Aunque admiten que se extendieron invitaciones a funcionarios del gobierno ecuatoriano para visitar instalaciones en Florida, niegan que esto fuera parte de un esquema de engaño.

Al igual que Astrobryxa, H&S se queja de la falta de especificidad en los cargos. Argumentan que los cargos principales en su contra sobre la conversión y fideicomiso constructivo (figuras legales utilizadas por el Estado ecuatoriano para intentar recuperar los fondos transferidos) “ni siquiera fueron presentados contra H&S”, y sin embargo, Celec intenta vincularlos a la trama global de malversación de USD 110 millones.

La defensa de H&S también ataca la legitimidad de Celec para rastrear el dinero. Sostienen que la estatal ecuatoriana “carece de legitimación activa bajo la Ley de Transferencias Fraudulentas (UFTA)” porque no tiene un reclamo válido y exigible contra Progen, basándose nuevamente en que la relación es estrictamente contractual. Para H&S, Celec intenta transformar pagos contractuales voluntarios en “transferencias fraudulentas” de manera arbitraria.

La estafa

Para dimensionar este proceso judicial, es necesario recordar que Ecuador litiga en Florida porque allí se encuentra la sede de Progen y allí se recibió el dinero de la emergencia eléctrica.

Celec alega que Progen entregó “chatarra” repintada (motores de 2008 a 2010 con componentes de 2006) en lugar de equipos nuevos de 2023. Los peritajes técnicos han confirmado que el avance en las centrales Quevedo y El Salitral es inferior al 17%, resultando en “cero vatios” para el país.

Sin embargo, esta demanda ha sido puesta en duda por errores propios de la administración pública ecuatoriana. El 17 de junio de 2026, el Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze, divulgó un memorando confidencial de la estrategia de Celec en su cuenta de la red social X. Progen ya ha capitalizado este error para exigir que la estatal entregue toda su estrategia secreta de rastreo financiero y ha solicitado sanciones por “mala fe procesal”. Algo que Celec ya entregó la información a Progen.

La encrucijada del juez Jung

El juez federal William Jung y el magistrado Sean P. Flynn enfrentan ahora una decisión clave. Si los jueces aceptan la tesis de los demandados de que no existe una “lesión doméstica” en EE. UU., los cargos bajo la Ley RICO caerían. Esto dejaría a Ecuador con una demanda debilitada por incumplimiento de contrato, en un momento en que la cuenta de Progen que recibió los USD 110 millones ya registra un “saldo de 0 dólares”.

Astrobryxa y H&S Industry han dejado claro que su estrategia es reducir el caso a una pelea de proveedores en suelo extranjero.

Los abogados de los procesados en el caso Triple A solicitaron la comparecencia de Nicole Dixiana Bermúdez, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), al considerar que su testimonio es fundamental para el desarrollo del proceso judicial.

Bermúdez fue quien presentó la denuncia por la presunta comercialización ilegal de combustibles atribuida a empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. No obstante, en enero de 2025, la exfuncionaria se retractó durante una ampliación de su versión rendida ante la Fiscalía.

El abogado Ernesto Pazmiño recordó que Bermúdez aseguró haber sido objeto de presiones por parte de altas autoridades y afirmó que el informe técnico que sustentó la investigación fue un copy-page que le habrían obligado a firmar.

“Se retractó de la validez de ese informe, que fue la base para que se lleve a cabo este juicio”, manifestó.

El jurista sostuvo que, hasta el momento, la exfuncionaria no ha podido ser localizada y afirmó que ni siquiera la fuerza pública ha logrado ubicarla.

“Es grave porque un testigo de esta importancia, que podría orientar al Tribunal sobre las presuntas presiones ejercidas desde el Estado para la elaboración de documentos o informes que no corresponderían a la realidad, debe estar presente en la audiencia”, señaló.

Pazmiño añadió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que, cuando una de las partes considera indispensable una prueba testimonial o pericial para el esclarecimiento de los hechos, el Tribunal puede suspender la audiencia hasta por diez días, a petición de la defensa, con el fin de realizar las diligencias necesarias para localizar al testigo y garantizar su comparecencia.

Llaman a comparecer al fiscal

Debido a la ausencia de la testigo, los abogados de los procesados solicitaron al tribunal que se llame a comparecer al fiscal General, Carlos Alarcón, pues él habría presenciado el momento en que la exfuncionaria se retractó de sus declaraciones.

Pese a ello, el jurista Julio Cueva denunció que tampoco se permitió tomar la versión del fiscal por no ser un testigo directo.

La audiencia del caso Triple A continua este domingo 26 de julio en el Complejo Judicial Norte.

La Asamblea tramita una reforma al régimen de seguridad social policial que elevaría a 25 años el tiempo mínimo de servicio para acceder al retiro voluntario. El proyecto incluye un régimen de transición para los policías en funciones.

El Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que actualmente pasó el primer debate y se tramita en la Asamblea Nacional, propone un cambio clave en las condiciones de jubilación para los servidores policiales. El eje central de la propuesta establece que, para acceder al Seguro de Retiro, los uniformados deberán cumplir un mínimo de 25 años de servicio activo y efectivo, equivalentes a 300 cotizaciones mensuales.

Esta medida, que busca cumplir con los parámetros de sostenibilidad financiera exigidos por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 83-16-IN/21, representa una extensión del tiempo de carrera profesional frente a regímenes anteriores.

Escala progresiva: ¿Cómo afecta a los policías actuales?

Para evitar una afectación abrupta a quienes ya forman parte de la institución, el proyecto incluye una Disposición Transitoria Tercera que establece un cronograma de transición basado en el tiempo de aportación actual de cada servidor.

Es decir, el impacto de la reforma dependerá directamente de los años de aportación efectiva que el servidor policial registre a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley. El esquema de transición se divide de la siguiente manera:

• Policías con más de 20 años de servicio: Podrán acogerse al retiro voluntario en cualquier momento bajo las condiciones de la ley anterior.
• Servidores con 19 años aportados: quienes tengan entre 19 años y 19 años con 11 meses de servicio, deberán completar 21 años para el retiro.
• Servidores con 18 años aportados: quienes registren entre 18 años y 18 años con 11 meses, requerirán un tiempo mínimo de 22 años.
• Servidores con 17 años aportados: para este grupo (hasta 17 años con 11 meses), el requisito sube a los 23 años de servicio.
• Servidores con 16 años aportados: aquellos uniformados entre los 16 años y 16 años con 11 meses de aportación deberán cumplir 24 años para retirarse.
• Nuevas generaciones y menos antiguos: todo servidor policial que cuente con 15 años con 11 meses o menos de tiempo efectivo de aportación estará sujeto al nuevo estándar general de 25 años de servicio.

Retiro forzoso y coeficientes de cálculo

A diferencia del retiro voluntario, el retiro forzoso se activa de manera excepcional cuando el servidor policial acredita un mínimo de 240 cotizaciones mensuales (20 años) de servicio activo y efectivo. Según el artículo 38 de la propuesta, este beneficio se otorga exclusivamente en tres escenarios legales:

1. Falta de vacante orgánica: cuando el uniformado no puede continuar con su carrera profesional debido a la inexistencia de cupos en la estructura institucional.
2. Muerte presunta: declarada oficialmente por una autoridad competente, en cuyo caso el beneficio se transfiere a los derechohabientes.
3. Sentencia condenatoria: cuando el servidor recibe una condena judicial derivada de actos de servicio en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, el artículo 40 del proyecto establece una tabla de coeficientes progresivos que se aplican sobre la base de cálculo de la pensión, dependiendo estrictamente del tiempo de aportación activa y efectiva. La escala comienza con el 70% para quienes cumplen 20 años y escala anualmente hasta alcanzar el 100% al llegar a los 30 años o más de servicio.

La progresión se detalla de la siguiente manera:

• 20 años: 70%.
• 25 años: 85%.
• 30 años o más: 100%.

Además, el proyecto estipula que por cada mes adicional de aportación que no complete un año entero, se aplicará un coeficiente proporcional de 0,0025.

Aplicación técnica y sostenibilidad

Los coeficientes fijados para el rango de 20 a 24 años son los que se utilizarán específicamente tanto para el periodo de transición como para los casos de retiro forzoso. Es importante destacar que, para establecer la pensión, también se aplica un factor regulador actuarial del 85% sobre el promedio de las mejores remuneraciones registradas.

Ahora, el sustento de esta reforma radica en la crítica situación demográfica y financiera del Isspol. Según los estudios actuariales presentados ante la Comisión de Derecho al Trabajo, el desequilibrio muestra que en 2012 existían siete afiliados activos por cada pensionista, pero para 2023 esa relación cayó a menos de dos a uno.

Asimismo, el Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM) proyecta un déficit de USD 730 millones, lo que obligaría a agotar el patrimonio hacia el año 2055 si no se aplican correctivos como la extensión del tiempo de servicio y el ajuste de aportes.

El martes 21 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió ese informe con seis intervenciones, en su mayoría de oficialistas. Tras la discusión, el documento regresó a la comisión para la elaboración del informe para segundo debate.