El debut de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026 no solo dejó una derrota deportiva, sino también un escándalo político protagonizado por el presidente Daniel Noboa. El mandatario, quien se encontraba en Estados Unidos en una visita oficial iniciada el 11 de junio de 2026, fue captado por las cámaras de televisión en un exclusivo palco del estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Lo curioso es que, minutos antes del partido, Noboa había publicado en sus redes sociales una imagen junto a sus hijos en el interior de un departamento, sugiriendo que seguiría el encuentro por televisión para evitar que se hiciera pública su presencia en el estadio.

¿Una agenda fantasma?

Noboa fue captado por la transmisión internacional disfrutando del partido Ecuador vs. Costa de Marfil desde un exclusivo palco en el estadio de Filadelfia, cuyo valor supera los USD 20.000, según los precios oficiales de las localidades. Su presencia en el encuentro no constaba en la agenda difundida inicialmente por el Gobierno.

De hecho, los detalles de sus actividades para el lunes 15 de junio —incluidas reuniones con Stephen Miller y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth— solo se hicieron públicos después de que las cámaras revelaran su asistencia al partido. A ello se sumó la difusión de una fotografía junto a la congresista María Elvira Salazar en una tienda de vinos, presentada posteriormente como una reunión oficial.

La presencia del mandatario en Filadelfia también abrió incognitas sobre los costos de la gira. Se estima que el desplazamiento se realizó inicialmente en un avión privado fletado (un Gulfstream G650), cuyo costo oscila entre USD 13.000 y USD 18.000 por hora de vuelo. El costo base por un vuelo de cinco horas oscila entre USD 65.000 y USD 92,500.

Posteriormente, a la comitiva se incorporó el avión presidencial Falcon, cuyo costo operativo supera los USD 4.000 por hora. A estos valores se suman gastos de seguridad, hospedaje y movilización para la delegación oficial.

Entre los integrantes de la comitiva se encuentran la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, y la embajadora encargada, Soledad Peña. Además, el Decreto Ejecutivo 418, firmado por Noboa el 10 de junio de 2026, declaró en comisión de servicios a los funcionarios que participan en la gira. La disposición establece que los viáticos destinados a alimentación, hospedaje y movilización interna son cubiertos por las respectivas instituciones públicas, lo que significa que el Estado asume la totalidad de estos gastos.

Un país de luto mientras el presidente observada el Ecuador vs. Costa de Marfil

La indignación ciudadana alcanzó su punto máximo al contrastar las imágenes del presidente en el estadio con la violencia desatada en Ecuador. Mientras Noboa presenciaba el partido, el país lamentaba el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, junto a su hermana.

La tragedia continuó con el sicariato del empresario Jorge Montenegro en Quito y el asesinato de tres jóvenes en Esmeraldas durante ese mismo domingo. Ante este escenario, figuras como la concejal Blanca López y el asambleísta Franklin Samaniego criticaron la desconexión del mandatario con los problemas del país, a quien los hinchas en los exteriores del estadio no dudaron en calificar de “vacacionista” y “vago”.

La muerte de Monika Silva Veras Koniuszek, activista polaca de 41 años, fue confirmada como una muerte violenta, descartando las hipótesis iniciales de un posible suicidio. Silva, reconocida por su labor anticorrupción y ambientalista, fue hallada sin vida la noche del lunes 8 de junio de 2026 en su vivienda ubicada en el sector de El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena.

Hallazgos clave de la autopsia

El informe de la pericia médico-legal estableció que Silva no se quitó la vida, sino que fue víctima de un homicidio. Entre los hallazgos más significativos de la autopsia, se reportó la existencia de un surco a la altura del cuello y una fractura del hueso hioides.

Esas lesiones contradicen las declaraciones iniciales del ministro del Interior, John Reimberg, quien sugirió prematuramente que el caso podría tratarse de un suicidio.

Organizaciones de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), asumieron la defensa de la familia y exigen que el caso no se encasille prematuramente, pidiendo que no se descarte la figura de femicidio.

Según Lita Martínez, representante de Cepam, Silva enfrentaba un doble riesgo debido a su condición de mujer y su activo rol denunciando presuntos actos de corrupción en la provincia de Santa Elena.

Repercusiones internacionales

La gravedad del caso se trasladó a instancias internacionales:

• Polonia: la Fiscalía de dicho país abrió una investigación paralela por homicidio y mantiene contacto con el cónsul polaco para asistir a los familiares que viajaron a Ecuador.
• Argentina: se ha solicitado la cooperación de peritos argentinos para brindar asistencia técnica en las diligencias.
• Organismos internacionales: la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado ecuatoriano a garantizar una investigación independiente y oportuna.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones y la toma de versiones, la comunidad de Montañita rindió homenajes a Silva, incluyendo la creación de un mural en su honor y la propuesta de nombrar una calle con su nombre como símbolo de su lucha y el clamor de justicia.

Muerte

La activista fue encontrada sin vida en circunstancias que generaron múltiples interrogantes y pedidos de investigación. Desde el inicio del caso, familiares, amigos y organizaciones sociales exigieron que se esclarezcan las causas de su muerte y se determinen posibles responsabilidades.

El litigio federal en la Corte del Distrito Medio de Florida entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen Industries por los fallidos contratos eléctricos durante la emergencia eléctrica en 2024 ha dado un giro de 180 grados.

Lo que comenzó como una demanda por un fraude de USD 110 millones durante la crisis energética de 2024, se ha transformado en una guerra de supuestas “tácticas de miedo”, correos electrónicos con advertencias y la destrucción de negocios internacionales.

Hoy, el foco no solo está sobre los motores usados y pintados de Progen, sino sobre el accionar de los abogados de la estatal ecuatoriana, a quienes la subcontratista Astrobryxa S.A. acusa de haber dinamitado un contrato de 19,4 millones de euros en España mediante una campaña de intimidación.

“Su cooperación será tomada en cuenta“

La pieza central de esta nueva escalada judicial es un correo electrónico enviado el 18 de marzo de 2026. Daniel Pulecio-Boek, socio de la firma Greenberg Traurig y abogado principal de Celec, remitió un mensaje a Edgar Manrique, a quien Astrobryxa había identificado como testigo en el proceso.

El texto, citado textualmente en los documentos de la contrademanda de Astrobryxa, no deja lugar a interpretaciones: “Estamos considerando reclamaciones por transferencia fraudulenta contra cualquiera que haya recibido fondos en relación con el fraude contra Celec. Su cooperación en este asunto será tomada en cuenta”.

Para Astrobryxa, este mensaje no fue una simple solicitud de información, sino una “táctica de miedo” diseñada para amedrentar a socios comerciales y testigos, implicándolos prematuramente en una actividad criminal.

Según la defensa de la contratista, Celec utilizó este correo para “asustar” a cualquier persona vinculada a los proyectos El Salitral y Quevedo, sugiriendo que, si no ayudaban a la estatal a “destruir” a Astrobryxa, ellos mismos serían los próximos demandados.

Efecto dominó

Las consecuencias de lo que Astrobryxa califica como una “campaña de difamación” ya se sienten. La empresa ecuatoriana detalla en su reconvención presentada el 16 de junio de 2026 que la difusión de estas acusaciones y el tono de los correos de Celec provocaron la caída de un negocio vital.

Astrobryxa había suscrito un contrato con una firma española para la remodelación de 52 propiedades en España, un proyecto valorado en aproximadamente 19,4 millones de euros. Sin embargo, al estallar el escándalo en los medios ecuatorianos y circular las advertencias legales de Celec, la firma europea decidió cortar vínculos de inmediato.

El documento judicial señala que “la firma española vio la cobertura mediática, incluyendo la relacionada con el correo electrónico, y terminó el contrato debido a la prensa negativa“.

La cronología de una debacle legal

Para entender esta realidad, es necesario repasar la línea de tiempo de un proceso que Celec inició alegando que fue víctima de una “empresa criminal” (Progen).

Así, el 12 de diciembre de 2025, Celec presenta la demanda inicial. Acusa a Progen, sus directivos y a la subcontratista Astrobryxa de violar la Ley RICO (crimen organizado). Alega que los demandados “formaron una empresa criminal que aprovechó una crisis nacional para malversar casi USD 110 millones”.

El 23 de febrero de 2026, Progen responde con una contrademanda. Sostiene que ellos son las víctimas de un “sabotaje político” y que Celec utilizó a la empresa como un “chivo expiatorio” para ocultar la mala gestión de la crisis eléctrica por parte del gobierno.

Luego, el 18 de marzo de 2026, Celec envía el supuesto polémico correo de advertencia a los testigos de Astrobryxa.

Pese a ello, el 3 de abril de 2026, Celec presenta un reporte financiero ante el juez William Jung. Según el Regions Bank, la cuenta de Progen que recibió los USD 110 millones registra un saldo de 0 dólares para enero de 2026. La Corporación denuncia que los fondos fueron drenados para “lujos personales, tarjetas American Express y manutención infantil” de los directivos.

Posteriormente, el 2 de junio de 2026, Celec formaliza una demanda enmendada, endureciendo los cargos y añadiendo detalles sobre las transferencias de fondos. Y, finalmente, el 16 de junio, Astrobryxa y Progen presentan sus respuestas finales a la demanda enmendada. Es aquí donde Astrobryxa lanza su ataque por difamación e interferencia en relaciones comerciales debido a la pérdida del contrato en España.

Sabotaje y negligencia estatal

Tanto Progen como Astrobryxa han construido una defensa que apunta a la inoperancia de Celec como la verdadera causa del fracaso de los proyectos Quevedo y El Salitral. Astrobryxa sostiene que Celec “ocultó deliberadamente un estudio de suelos de junio de 2024” que advertía que el terreno en El Salitral era insuficiente para soportar los motores, lo que obligó a realizar mejoras estructurales costosas que luego Celec atribuyó falsamente como retrasos del contratista.

Por su parte, Progen defiende la calidad de su equipo, desmintiendo que se trate de “chatarra”.

Sobre el polémico término de “cero horas de uso” en el contrato, Progen argumenta que en la industria esto “no significa ‘nuevo de fábrica’, sino generadores que han sido repotenciados o reconstruidos”. Aseguran que Celec conocía esta condición desde antes de firmar el contrato.

Incluso, Progen ha introducido elementos de negligencia casi cómicos en el expediente. Alegan que cuando enviaron una delegación técnica a Florida para inspeccionar la maquinaria, los funcionarios ecuatorianos “parecían más interesados en que los directivos de Progen los llevaran a Disney World y a centros comerciales que en inspeccionar los generadores“.

Demandados

A pesar de que ambos enfrentan a Celec, Progen y Astrobryxa no son aliados.

Progen ha declarado ser “víctima de un entramado de corrupción” liderado por sus propios socios locales. Acusan directamente a Karla Saud Calero y José Walther Manrique (principales de Astrobryxa) de haber “falsificado firmas digitales de ejecutivos estadounidenses” y presentado certificados de experiencia falsos en la licitación sin el conocimiento de Progen.

Mientras el proceso avanza en las cortes de EE.UU., Celec insiste en la imposición de un “fideicomiso constructivo” sobre los bienes de Progen.

La estatal busca que el juez reconozca que Progen solo posee los activos “en nombre” de Ecuador debido al fraude cometido.

Sin embargo, con las cuentas bancarias en cero y los fondos dispersos en una red de transferencias que incluyen pagos a exfuncionarios como José David Trujillo, la recuperación del dinero parece una tarea titánica.

La excandidata presidencial Luisa González denunció públicamente una trama de persecución judicial orquestada por el actual Gobierno y la Fiscalía General del Estado en su contra.

Según González, estas instituciones estarían intentando fabricar un caso penal para asociarla falsamente con el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, y la organización delictiva Los Choneros, con el objetivo primordial de restarle sus derechos políticos de cara a los próximos comicios.

A través de un video difundido en redes sociales, González reveló haber recibido alertas sobre maniobras políticas destinadas a impedir su participación electoral. La política mencionó específicamente una supuesta reunión del ministro John Reimberg en la gobernación de Manabí, ocurrida hace aproximadamente un mes.

Según su testimonio, en dicha reunión se habría afirmado que Luisa González no va a ser candidata a la prefectura porque si no se le quitan los derechos políticos, se buscará llevarla a prisión.

Así, González denunció que este último mes ha transcurrido entre alertas, amenazas contra su vida y sus derechos, pero aseguró que se mantiene firme en su postura política.

Desmentido categórico de vínculos criminales

Ante los intentos de vinculación con estructuras delictivas, González fue enfática en su rechazo y defensa de su integridad. “Jamás en mi vida me he sentado, he conocido, he hablado o he tenido contacto con ningún miembro de esa banda, peor con el señor ‘Fito’ o con nadie de su círculo cercano”, aseveró la excandidata presidencial.

Además, cuestionó la integridad de otros funcionarios al señalar que ellos sí se han sentado a hacer videollamadas con criminales.

La denuncia de González no se limitó a su situación personal, sino que incluyó una dura crítica a la gestión de la administración actual. Sostuvo que el gobierno busca “robarnos lo poco que nos queda y quitarnos la democracia” mediante la persecución de aquellos líderes que pueden ganar en las urnas.

La política describió un panorama nacional crítico, señalando que mientras “no hay salud, medicinas”, mientras los niños “son presa de la violencia, del hambre”, mientras no hay empleo, este gobierno busca hacer show y gastar los recursos de los ecuatorianos.

Pese a lo que describe como un intento de amedrentamiento, González reafirmó su compromiso de continuar con su agenda política y sus recorridos por las provincias de Guayas y Manabí. “Tengo las manos limpias, la conciencia en paz y la mirada transparente para mi pueblo”, declaró, instando a la ciudadanía a mantener la fe y la esperanza frente a la crisis que atraviesa el país.

Este viernes 19 de junio, 145 soldados Iwias, conocidos como los ‘Demonios de la Selva’, arribaron a la ciudad de Guayaquil. Su llegada forma parte de la denominada “ofensiva total” desplegada por las Fuerzas Armadas para combatir a las bandas criminales en las zonas más conflictivas del país.

Los militares, pertenecientes a unidades de élite y formados en la escuela de Iwias en Pastaza, aterrizaron en la Base Aérea Simón Bolívar a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE): el FAE 360 y un Boeing. Equipados con su armamento y pertrechos, los soldados iniciarán de inmediato operativos de control de armas y municiones en sectores críticos como Guayaquil y Durán.

Este grupo se distingue por estar integrado por hombres y mujeres de comunidades indígenas amazónicas, expertos en combate en condiciones extremas y entrenados originalmente para la supervivencia en la selva. No obstante, el comandante del ala de combate 22, Alex Quevedo, destacó que estos efectivos están capacitados para cumplir misiones en cualquier punto del territorio nacional donde se requiera su presencia.

La movilización de este contingente responde al nuevo decreto de conflicto armado interno emitido por Daniel Noboa el pasado 18 de junio. La estrategia contempla los siguientes puntos:

• Despliegue masivo: los Iwias forman parte de un contingente de 13.000 militares que se distribuirán en las provincias con mayores índices de violencia: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
• Fuerza concentrada en Guayas: se estima que un total de 5.000 soldados operarán específicamente en la provincia del Guayas.
• Acción conjunta: el operativo integra esfuerzos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada del Ecuador para enfrentar a los grupos armados organizados.

Con la integración de estos especialistas en combate, el Gobierno busca intensificar la presión sobre las estructuras delictivas en un momento donde la seguridad ciudadana es la prioridad principal de la agenda pública.

En las profundidades de la selva ecuatoriana, el motor del crimen organizado está cambiando de combustible. Las bandas de narcotraficantes más poderosas del país han comenzado a pivotar hacia un negocio que resulta más sencillo de operar y más lucrativo que la cocaína: la minería ilegal de oro.

Impulsada por el aumento histórico de los precios globales, esta industria ilícita representa ya casi el 80% de la producción de oro en Ecuador, desatando una ola de violencia sin precedentes que el Estado no logra contener.

La lógica detrás de este cambio es puramente económica. Según investigaciones de The Times, en el mercado actual, un kilo de oro puede valer hasta diez veces más que un kilo de cocaína. Mientras que el tráfico de drogas se ha vuelto más costoso y complicado debido a los controles portuarios, el oro ofrece una ventaja definitiva: la falta de trazabilidad.

“El lingote de oro no tiene una marca. Usted lo puede pasar, ahí es cuando ya empieza el lavado”, explica un testimonio recogido en la zona de conflicto, señalando que el metal precioso permite a las mafias justificar ingresos y pasar desapercibidos en cualquier parte del mundo.

Actualmente, un kilo de oro se cotiza cerca de los USD 150.000, una cifra que ha disparado el interés de los grupos delictivos por diversificar sus actividades.

Extorsión y muerte

La transición al oro no ha sido pacífica. Las comunidades locales y los mineros pequeños se encuentran atrapados en un sistema de terror. Los criminales suelen acercarse a mineros con permisos legales para exigirles una parte de su producción bajo amenaza de muerte.

“Le ofrecen el 10% de lo que saquen de oro y si usted no accede le comienzan a matar la familia”, relata un habitante local bajo anonimato.

Se estima que el 90% de las personas que habitan en estas zonas mineras deben pagar las llamadas “vacunas” (extorsiones) a los grupos delictivos.

El ejército ecuatoriano también ha pagado un precio alto. 11 soldados fueron asesinados en una emboscada en el sector de Sardinas, en el Alto Punino, durante operativos para intentar recuperar el control del territorio. A pesar de que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 2024 para autorizar el uso de la fuerza contra estos grupos, la resistencia es feroz.

Desastre ambiental

Más allá de la violencia armada, la minería ilegal está “envenenando la sangre” de Ecuador. En la comunidad Quichua de Capirona, los ríos que antes eran transparentes ahora son cauces de lodo y químicos tóxicos.

Linda Germania Tapuy, líder de la comunidad, describió la devastación a The Times. “A la tierra le decimos que es como que si fuera nuestro cuerpo y el río es nuestra sangre; han contaminado nuestra sangre”.

Tapuy denuncia que la contaminación ya ha cobrado vidas, debido a la falta de agua potable. A pesar de las amenazas de muerte que recibe en su celular, Linda y su comunidad han optado por la resistencia.

“Nosotros necesitamos nuestra tierra y si ustedes nos destruyen, ¿quién nos va a alimentar después?”.

Un Estado desbordado

La lucha del gobierno se ve obstaculizada por la corrupción sistémica. Aunque se han realizado operativos para destruir maquinaria pesada, los grupos criminales, que cuentan con ingentes recursos del narcotráfico, compran excavadoras nuevas en cuestión de días.

La propia agencia reguladora, Arcom, ha estado bajo fuego. En febrero de 2026, se anunció la prohibición de toda actividad minera en ciertas provincias afectadas, y varios funcionarios fueron separados de sus cargos por sospechas de colaboración con redes ilegales.

Mientras el precio de este metal siga al alza y el control de las fronteras y los ríos siga siendo poroso, el “oro de sangre” continuará fluyendo desde las selvas ecuatorianas hacia los mercados internacionales, dejando a su paso un rastro de mercurio, corrupción y muerte.