Las resoluciones publicadas desde agosto de 2026 registran supresiones de dependencias, ampliaciones territoriales y cambios en la conformación de tribunales.
El Consejo de la Judicatura (CJ) ejecuta una reestructuración de la administración de justicia mediante la supresión de unidades judiciales y la ampliación de competencias de otras dependencias.
Las resoluciones publicadas desde agosto de 2026 en el portal web de la institución registran al menos siete cambios que modifican la organización de juzgados y tribunales en varias provincias del país.
La reestructuración se produce después de que el Consejo de la Judicatura declarara, el 14 de julio de 2026, una necesidad extraordinaria y emergente en todos los órganos jurisdiccionales, mediante la Resolución 129-2026.
La medida respondió al déficit de jueces a escala nacional y contempló procedimientos para seleccionar y designar servidores judiciales temporales.
Según el organismo, esta situación había provocado retrasos en la tramitación de causas, audiencias fallidas o diferidas y dificultades para conformar tribunales. Con la selección temporal de jueces, el Consejo busca cubrir las vacantes, evitar la paralización de las dependencias y garantizar la continuidad del servicio de justicia.
Atribuciones legales para reorganizar dependencias
El artículo 264, numeral 8, literales a), b), c) y e), del Código Orgánico de la Función Judicial faculta al Pleno a crear, modificar o suprimir dependencias judiciales; determinar el número de jueces; establecer o modificar sedes, modelos de gestión y competencias; y ajustar el funcionamiento de tribunales y salas de acuerdo con las necesidades del servicio de justicia.
El numeral 10 del mismo artículo también le permite expedir, modificar o derogar resoluciones de régimen interno para regular la organización y el funcionamiento de la Función Judicial.
Estas atribuciones también tienen sustento constitucional. El artículo 178 de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
A su vez, el artículo 181 determina sus funciones, entre ellas dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores judiciales, así como velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.
Criterio de la Federación de Abogados
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), considera que estas modificaciones forman parte de las atribuciones del Consejo, reconocidas tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial como en la Constitución.
A su criterio, la regulación puede contribuir a establecer reglas claras para el funcionamiento de las dependencias judiciales, especialmente de las unidades multicompetentes.
Ocaña señaló que en estas unidades se han presentado actuaciones que, en determinados casos, pueden ser correctas o incorrectas, por lo que considera necesario regular su funcionamiento.
Carchi: tribunales entran a la modalidad de pool de jueces
El 4 de agosto de 2026, el Pleno aprobó cambios en la conformación y funcionamiento de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi y del Tribunal de Garantías Penales de Tulcán. Ambas dependencias adoptaron la modalidad de pool de jueces.
Este modelo reemplaza la conformación fija de tribunales para las nuevas causas por una integración mediante sorteo entre los jueces que forman parte de cada dependencia. Una vez conformado el tribunal, otro sorteo designará al juez ponente, quien lo presidirá.
La resolución establece que los procesos que ya estaban en conocimiento de tribunales fijos continuarán bajo ese sistema hasta su conclusión. El nuevo mecanismo se aplicará a las causas que ingresen después de su implementación.
Esmeraldas: la unidad de Trabajo pasó a la dependencia Civil
El 1 de septiembre de 2026, el Consejo resolvió suprimir la Unidad Judicial de Trabajo de Esmeraldas y ampliar las competencias de la Unidad Judicial Civil del mismo cantón para que también conozca causas laborales.
La resolución dispuso que los jueces de la dependencia suprimida pasen a integrar la Unidad Judicial Civil. Sin embargo, mantendrán la responsabilidad de tramitar y resolver los procesos que ya estaban bajo su conocimiento hasta su conclusión.
Pichincha: Judicatura suprimió las dependencias especializadas anticorrupción
El 7 de septiembre de 2026, el CJ suprimió tres dependencias especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado: la Unidad Judicial de Garantías Penales, el Tribunal de Garantías Penales y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La decisión también redistribuyó sus competencias entre dependencias de la justicia penal ordinaria. La Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito asumió los procesos en primera instancia hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio; la unidad de flagrancia de La Mariscal recibió los casos flagrantes; el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito asumió la etapa de juzgamiento y la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial recibió las causas de segunda instancia y de fuero.
Quevedo y Milagro: suprimieron las unidades de Trabajo
El 30 de septiembre de 2026, el Consejo resolvió suprimir la Unidad Judicial de Trabajo de Quevedo, en Los Ríos, y ampliar las competencias de la Unidad Judicial Civil del cantón para que conozca y resuelva las causas laborales.
Una medida similar adoptó el 6 de octubre de 2026, para Milagro, en Guayas. En este caso, el organismo suprimió la Unidad Judicial de Trabajo y amplió las competencias de la Unidad Judicial Civil para que también tramite y resuelva los procesos laborales.
Morona Santiago: ampliaron la competencia territorial
El 12 de octubre de 2026, el CJ amplió la competencia territorial de varias dependencias judiciales del cantón Morona para incluir a Sevilla Don Bosco.
La medida abarca las unidades Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Civil, Penal y Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva.
Estas dependencias también atenderán las causas correspondientes a Huamboya y Pablo Sexto, además de Morona y Sevilla Don Bosco.
Lago Agrio: otra unidad de Trabajo fue suprimida
El 26 de octubre de 2026, el Consejo resolvió suprimir la Unidad Judicial de Trabajo de Lago Agrio, en Sucumbíos, y ampliar las competencias de la Unidad Judicial Civil del cantón para que conozca y resuelva los procesos laborales.
Con esta decisión, Esmeraldas, Quevedo, Milagro y Lago Agrio registran cambios similares: la supresión de sus unidades especializadas de Trabajo y la transferencia de sus competencias a dependencias civiles.
Una reestructuración vinculada al nuevo plan institucional
Estos cambios coinciden con el documento “Evolución Institucional del Consejo de la Judicatura”, aprobado para el período 2026-2031. El plan plantea como visión institucional consolidar un modelo de gestión digital, meritocrático, independiente y transparente, y establece objetivos relacionados con la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del talento humano, la transformación digital, el acceso a la justicia y la modernización institucional.
Sin embargo, los cambios también plantean interrogantes sobre la capacidad de las dependencias judiciales para asumir la carga procesal y atender las causas que estarán bajo su competencia.
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