Diversas instituciones del Estado han sido señaladas por su presunto uso para silenciar y bloquear a críticos de Daniel N...
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Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta de su historia, y el gobierno que prometió resolverlo lleva dos años profundizándola. Lo que los medios presentan como una crisis de seguridad es, en realidad, la arquitectura de una transformación geopolítica: la apertura de Ecuador a bases militares extranjeras en un punto estratégico del Pacífico, exactamente donde China ha invertido durante quince años. Un referéndum rechazó la propuesta con más del 53% de los votos en casi todas las provincias del país, y el gobierno decidió seguir adelante de todas formas. En este análisis examino por qué la violencia no se resuelve, quién se beneficia de que continúe, y qué revela este patrón sobre cómo funciona el poder en América Latina.
La dirigencia del movimiento Revolución Ciudadana calificó esta acción como una “persecución política abierta” y un uso de la justicia para fines electorales.
En una madrugada marcada por la tensión política, la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en las oficinas de la Revolución Ciudadana (RC) en Pichincha, la madrugada de este sábado 28 de febrero de 2026.
Así lo alertó el expresidente Rafael Correa en su cuenta de X, quien denunció que, en lugar de combatir el crimen organizado, aproximadamente 15 policías se desplegaron para intervenir la sede de la organización política en Quito.
En el video que presentó Correa se puede ver a personal policial irrumpir en la sede política del movimiento Revolución Ciudadana.
La dirigencia del movimiento ha cerrado filas denunciando lo que califican como una “persecución política abierta” y un uso de la justicia para fines electorales.
Gabriela Rivadeneira, actual presidenta de la Revolución Ciudadana, hizo un llamado a la comunidad internacional, señalando que mientras el país sufre niveles históricos de inseguridad, el Estado prioriza el hostigamiento a la principal fuerza de oposición del Gobierno de Daniel Noboa.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó la actuación judicial afirmando que la “justicia” ecuatoriana se presta para “distraer la mirada de la ciudadanía frente a las graves denuncias que golpean la gestión” del gobierno actual, calificando el proceso como una “guerra judicial absurda”.
El fuerte reclamo de Luisa González
Uno de los testimonios más críticos fue el de Luisa González, ex candidata presidencial, quien calificó de “miserable” el proceder de las autoridades. González denunció que la Fiscalía llamó a su madre, una persona adulta mayor, a las 05:45 am para informarle del allanamiento en la sede y exigir la presencia de alguien del movimiento para evitar un ingreso violento.
González cuestionó la falta de acciones similares en otros ámbitos, sugiriendo irónicamente que la Fiscalía debería investigar con la misma celeridad los puertos por donde sale droga en el país.
Un mes después del operativo Caja Chica
Este nuevo operativo ocurre exactamente un mes después de que, el pasado 28 de enero de 2026, la Fiscalía allanara la vivienda de la propia Luisa González y del asambleísta Patricio Chávez. Esas diligencias forman parte del denominado “Caso Caja Chica”, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Según la tesis de la Fiscalía en dicho caso, se presume el ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
En aquel momento, líderes como Andrés Arauz rechazaron las acusaciones, señalándolas como una persecución basada en “denuncias anónimas” sin fundamento.
Hasta el cierre de este reporte, ni la Fiscalía General del Estado ni otros organismos del Gobierno se han pronunciado oficialmente sobre los motivos específicos o los resultados de la incursión realizada esta madrugada en la sede de Pichincha.
La Revolución Ciudadana mantiene su postura de que estas acciones buscan amedrentar a su militancia y líderes de cara al panorama político actual.
El pasado 28 de enero de 2026, la Fiscalía allanó la vivienda de Luisa González y del asambleísta Patricio Chávez como parte del denominado caso “Caja Chica”, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
En el marco del caso “Caja Chica” por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, la Fiscalía allanó este sábado, 28 de febrero de 2026, las instalaciones de la sede del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), con el fin de recabar indicios.
Según la Fiscalía, entre los indicios recabados existen documentos que guardarían relación con los hechos que se investigan.
Alerta en la RC
La alerta dada por el expresidente Rafael Correa, la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, y de otros militantes sobre la presencia policial en la sede del movimiento político ubicado en Quito, se concretó a las 09:00 con el allanamiento a las instalaciones.
Según información preliminar, la excandidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, indicó en su cuenta de X que la Fiscalía llamó a su madre, una persona adulta mayor, a las 05:45 am para informarle del allanamiento en la sede y exigir la presencia de alguien del movimiento para evitar un ingreso violento.
Precisamente, periodistas apostados en los exteriores de la sede de la RC constataron de que estaban los agentes a la espera de alguien para evitar un ingreso violento.
Orden de allanamiento
A una señora que vive en esa edificación le leyeron la orden de allanamiento y como no les abrieron la puerta rompieron los candados.
Cerca de las 09:20 el abogado Gabriel Rivera, de la RC, llegó a las instalaciones de la sede de la organización política para conocer -de primera mano- todo lo que ocurría.
Cabe resaltar que este nuevo operativo ocurre exactamente un mes después de que, el pasado 28 de enero de 2026, la Fiscalía allanó la vivienda de la excandidata a la Presidencia de la República, Luisa González y del asambleísta Patricio Chávez.
Esas diligencias forman parte del denominado “Caso Caja Chica”, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Según la tesis de la Fiscalía en dicho caso, se presume el ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
Reacciones
Franklin Samaniego, asambleísta de la RC, manifestó que el allanamiento responde a un proceso de persecución.
“No creo que encuentren nada más allá de lo que en una sede política puedan encontrar”, precisó.
Al momento, se realizarían coordinaciones internas para acudir a la sede.
El legislador Luis Molina también se sumó a las reacciones.
“En democracia no existen enemigos, sino adversarios y con ellos se llegan a consensos mínimos y el Gobierno ha optado por la persecución”, expresó.
Noticia en desarrollo.
El joven político cuencano de 23 años, y alterno de Camila León, tiene un patrimonio de USD 40 y cero puntos en su licencia de conducir.
Paco Cepeda Solís, asambleísta alterno de Camila León por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), saltó a la palestra pública el pasado 26 de febrero de 2026, cuando se abstuvo en la votación de la Ley de Minería y Energía, de iniciativa del presidente Daniel Noboa.
De ser un joven político desconocido, su nombre e imagen se popularizaron en los medios de comunicación y en las redes sociales, por su actuación en el pleno de la Asamblea, lo que le costó la expulsión de ADN.
Cepeda, quien cumplirá el próximo 14 de marzo 24 años, se inició en la actividad política en las juventudes del movimiento oficialista en Cuenca, de donde es oriundo.
Tercero de tres hermanos, se graduó de bachiller en Ciencias en la Unidad Educativa Particular Las Cumbres y no registra títulos de educación superior.
Patrimonio
En su declaración juramentada patrimonial ante la Contraloría, registró USD 40 en el sistema bancario y una deuda de USD 221 en tarjeta de crédito, lo que le genera un patrimonio negativo de USD 181.
Licencia sin puntos
En su licencia de conducir registra cero puntos y una deuda total pendiente con la Agencia Nacional de Tránsito de USD 679,50, por multas por circular sin placas, exceso de velocidad y desobedecer órdenes de agentes de tránsito.
Juicio por no pagar vehículo
En el sistema judicial, Cepeda registra un proceso por cobro de pagaré a la orden, por un préstamo de USD 15.490 para la adquisición de un vehículo, con una financiera privada.
El vehículo fue adquirido en junio de 2021, pero en septiembre de 2022 dejó de pagar los dividendos, lo que derivó en la acción legal en la Unidad Judicial Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en Quito.
La última diligencia registrada en el proceso se dio el 12 de febrero de 2025 y tiene que ver con el secuestro del vehículo, solicitado por la parte demandante.
Administrador empresarial
En la Superintendencia de Compañías, consta como administrador de la empresa en liquidación, Cannabicuttings S.A.S., dedicada al cultivo de lino, cáñamo, cacao, café y frutas tropicales.
La compañía, con un capital de USD 150, entró en liquidación y disolución el 9 de abril de 2021.
Actividad política
Desde las juventudes del movimiento ADN en Cuenca, Cepeda mantuvo una activa participación en eventos partidistas, en la campaña electoral de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025 y en la promoción del Sí en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, en la que Daniel Noboa perdió en las cuatro preguntas.
Paco Cepeda, en campaña por ADN.
No se arrepiente
Luego de abstenerse en la votación de la ley minera, Paco Cepeda defendió su decisión a través de sus redes sociales.
Aseguró que ha estado y estará siempre con la voluntad soberana del pueblo azuayo, tras resaltar que “La voz del Azuay se respeta y se honra con coherencia y convicción”.
Y añadió que seguirá “trabajando incansablemente por quienes muchas veces no tienen voz, por nuestras comunidades, por el agua, por la vida y por el futuro de nuestras familias”.
Su abstención en el pleno de la Asamblea se dio en momentos en que la población azuaya protagonizaba en Cuenca plantones y movilizaciones en rechazo al proyecto minero de Noboa.
Halagado por otros movimientos
Tras el impase con su bancada, Cepeda recibió halagos y el respaldo de varias organizaciones políticas.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no solo reconoció la postura del legislador alterno, también lo invitó públicamente a integrarse a su partido, la Izquierda Democrática.
“Me gustaría invitarle a Cepeda a nuestro proyecto político, donde se necesita gente con frontalidad y personalidad. Bien por él; sí tendrá un futuro político lejos del rechazo ciudadano si continúa con ese actuar”, expresó Zamora en la red social X.
Mientras, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, aseguró que la expulsión de Cepeda de la bancada de ADN, “no es un castigo, es un trofeo. Es el precio de no arrodillarse y someterse a las presiones de Carondelet. Así actúa el poder cuando le estorba la dignidad”.
Daniel Rodríguez, titular del HTMC del IESS, fue llamado a juicio por supuestas irregularidades en la adquisición de trajes de bioseguridad durante la emergencia por COVID-19.
Daniel Eduardo Rodríguez Silvestre, actual Gerente General del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del IESS, en Guayaquil, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de peculado, relacionado con su gestión previa en la misma casa de salud.
Rodríguez Silvestre asumió la gerencia general del HTMC el 29 de diciembre de 2025. Según su declaración juramentada periódica presentada ante la Contraloría General del Estado, su patrimonio neto asciende a USD 201.331, compuesto por activos que incluyen USD 2.846 en el sistema financiero y bienes muebles por USD 19.990, frente a pasivos (deudas) de USD 31.504.
En su declaración, el funcionario manifestó bajo juramento no encontrarse incurso en inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos, no tener bienes en paraísos fiscales y no haber sido condenado por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o defraudación al Estado.
Caso de peculado
A pesar de no tener sentencias condenatorias, Rodríguez Silvestre es uno de los ocho procesados en la causa penal 17U05202400053, radicada en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
El caso investiga presuntas irregularidades en la adquisición de trajes de protección contra riesgos biológicos mediante un contrato de emergencia durante la pandemia de COVID-19, suscrito el 24 abril de 2020.
Monto y objeto: El contrato contemplaba la compra de 23.850 trajes de protección por un valor total de USD 721.462 USD (más IVA).
Contexto de emergencia: Los hechos ocurrieron durante el pico inicial de la pandemia, cuando el IESS declaró la emergencia en todas sus dependencias. La Fiscalía sostiene que los funcionarios abusaron de esta modalidad para favorecer a una contratista específica.
La proveedora: El contrato fue adjudicado a Shareth Leonela Pazmiño Rodríguez. La Fiscalía cuestiona que se eligió su oferta a pesar de ser más costosa que otras disponibles, como la de Mayra Parra Trelles, quien ofrecía un precio menor pero fue descalificada por el tiempo de entrega y el tipo de actividad registrada en su RUC.
El perjuicio: La acusación fiscal estima el perjuicio al Estado en el monto total de la adquisición (aproximadamente USD 740.000), bajo el argumento de que el proceso se realizó al margen de la normativa legal vigente.
Captura de pantalla de los procesos legales contra Rodríguez Silvestre, según el SATJE.
Acciones atribuidas a Rodríguez Silvestre
Al momento de los hechos, Rodríguez Silvestre se desempeñaba como Jefe del Área Clínica del HTMC. Su participación en el proceso de contratación se divide en dos momentos clave señalados por la fiscalía:
Estudio de mercado (15 de abril de 2020): Rodríguez Silvestre aparece como uno de los firmantes del documento original del estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial. La defensa argumenta que este documento es solo una copia en el expediente y que no pudo ser periciado grafotécnicamente por falta del original.
Acta de calificación de ofertas (11 de abril de 2020): Intervino en la comisión técnica que evaluó las ofertas de dispositivos médicos e insumos. En este documento se determinó qué proveedores cumplían o no con las especificaciones técnicas. La Fiscalía lo acusa de actuar con “conciencia y voluntad” para disponer de fondos públicos en beneficio de un tercero.
Defensa: El abogado de Rodríguez sostiene que su cliente no tuvo contacto con los bienes ni fue ordenador de pago. Además, alegan que los trajes entregados tenían un gramaje de 80 gramos, superior a los 60 gramos solicitados inicialmente, lo que garantizaba mayor protección para los médicos en un momento donde “se cubrían con fundas de basura”.
Situación procesal
Rodríguez Silvestre ha sido llamado a juicio en calidad de autor directo del delito de peculado.
Aunque la Audiencia de Juzgamiento debía haber comenzado el 23 de febrero de 2026, las fechas fueron anuladas y los sujetos procesales están a la espera de una nueva notificación con el día y hora definitivos.
Este proceso penal es el que Rodríguez Silvestre debe atender mientras ejerce la Gerencia General del hospital desde el 29 de diciembre de 2025.
El comunero fue asesinado durante un operativo militar en Cotacachi, mientras participaba en las protestas contra la eliminación de subsidios.
Este sábado 28 de febrero se cumplen cinco meses del asesinato de Efraín Fuerez. El comunero falleció la madrugada del 28 de septiembre de 2025, tras recibir impactos de bala durante un operativo militar en el sector del partidero Cotacachi, mientras participaba en las protestas contra la eliminación de subsidios.
Su asesinato conmocionó al país, debido a que una cámara de videovigilancia grabó cuando Fuerez recibió los impactos de bala, y también grabó cuando un grupo de militares se acercó hasta la víctima para agredir a una persona que intentaba ayudarlo.
Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que defiende legalmente a la familia de Efraín Fuerez, señalaron que el caso continúa en la fase de investigación previa.
Esta es una fase preprocesal y reservada, en la cual la Fiscalía reúne elementos de convicción para decidir si inicia o no un proceso penal formal.
En este contexto, Inredh señaló que el 11 de marzo de 2026 se presentará una acción legal importante dentro de este caso.
El comunero
Efraín Fuerez nació en 1978, era casado, tenía dos hijos y fue un comunero kichwa, artesano y agricultor. Era oriundo de la comunidad de Cuicocha-Inguintzala, del cantón serrano de Cotacachi, ubicado en la provincia de Imbabura.
Se desempeñaba como artesano textil (trabajaba con telares), era agricultor en su propia chacra y maestro constructor.
Sus allegados lo describen como una persona trabajadora y dedicada a su familia. Mientras que organizaciones sociales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lo consideran un símbolo de la lucha social.
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