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Los clubes de la LigaPro acumulan deudas, enfrentan atrasos salariales y restricciones deportivas, mientras que la organización implementa controles financieros.

El fútbol ecuatoriano vive uno de los momentos económicos más delicados de su historia reciente.

Los clubes de la LigaPro acumulan deudas que superan los USD 60 millones, enfrentan atrasos salariales y restricciones deportivas.

Mientras la organización implementa controles financieros más severos para evitar el colapso institucional.

Barcelona SC: una deuda histórica y protestas salariales

Barcelona SC atraviesa una compleja situación económica pese a los ajustes realizados en su presupuesto.

El club mantiene una deuda cercana a los USD 55 millones, una de las más altas del fútbol ecuatoriano.

Durante 2025, la plantilla llegó incluso a paralizar entrenamientos debido a retrasos salariales, sumándose a la crisis general que afecta a varios equipos del país.

Además, el club tuvo que asumir más de USD 93 mil en multas disciplinarias por incidentes relacionados con el comportamiento de su hinchada, aumentando aún más la presión financiera.

A pesar de la crisis, Barcelona intenta mantener competitividad deportiva mientras busca reducir su pasivo mediante controles internos y reestructuración económica.

Emelec: sanciones, déficit y meses sin pago

La situación de Club Sport Emelec es una de las más críticas del campeonato ecuatoriano.

El club fue sancionado con la pérdida detres puntos antes del inicio de la temporada 2026 por incumplimientos con acreedores.

Además, reportes financieros señalan que Emelec mantiene un déficit superior a los USD 3 millones y deudas salariales que rondan entre USD 2 y USD 2,5 millones.

Jugadores y personal administrativo acumularon entre cuatro y seis meses sin cobrar. Incluso se reveló que algunos empleados no recibían salarios desde julio de 2025.

La crisis también provocó problemas con la FIFA y restricciones para incorporar jugadores, limitando seriamente la planificación deportiva del equipo guayaquileño.

Liga de Quito: deudas y limitaciones para fichar

Liga Deportiva Universitaria de Quito tampoco escapó a la crisis financiera.

El cuadro albo mantiene un déficit que bordea los USD 21 millones, situación que obligó a reducir gastos y limitar movimientos en el mercado de fichajes.

Aunque Liga de Quito mantiene estabilidad deportiva en comparación con otros clubes, la dirigencia ha reconocido la necesidad de implementar medidas de austeridad para evitar sanciones futuras y garantizar sostenibilidad económica.

El Nacional: del colapso financiero al descenso

El caso más dramático es el de Club Deportivo El Nacional.

La histórica institución quiteña entró en una profunda crisis institucional y económica marcada por sueldos impagos, deudas millonarias y riesgo de perder parte de su patrimonio.

La situación derivó en sanciones deportivas, pérdida de puntos y finalmente el descenso a la Serie B para la temporada 2026.

El Nacional también enfrentó uno de los peores rendimientos deportivos de los últimos años, reflejo del deterioro administrativo y financiero que golpeó al club.

Actualmente disputa la Serie B. Sin embargo, el club vuelve a entrar en incertidumbre luego de que su nuevo inversor, la empresa NEF Naniecheandia SL SA, comunicara el 6 de mayo de 2026 la decisión unilateral de suspender el contrato de alianza estratégica que mantenía con el Club Deportivo El Nacional.

Delfín y Deportivo Cuenca: atrasos y conflictos internos

Otros clubes como Delfín Sporting Club y el Deportivo Cuenca también sufrieron atrasos salariales y conflictos internos.

En ambas instituciones se registraron protestas de jugadores y suspensión de entrenamientos debido al incumplimiento en los pagos durante la temporada anterior.

Estas situaciones evidencian que la crisis no afecta únicamente a los equipos grandes, sino que golpea de manera general al fútbol ecuatoriano.

Menos ingresos y control financiero más estricto

Uno de los principales factores del deterioro económico ha sido la reducción de ingresos por derechos de televisión.

Los clubes reportan caídas de hasta el 70% en el flujo esperado de dinero por transmisiones, afectando gravemente su liquidez inmediata.

Ante este escenario, la LigaPro implementó nuevas medidas de “terapia económica”, entre ellas:

• Prohibición de gastar más del 60% de ingresos netos.
• Restricciones para inscribir jugadores sin respaldo financiero.
• Supervisión económica obligatoria para competir.
• Creación de un fondo internacional destinado únicamente a infraestructura o pago de deudas antiguas.

Independiente del Valle: el club que rompió la crisis

Mientras gran parte del fútbol ecuatoriano lucha por sobrevivir, Independiente del Valle se consolida como el gran ejemplo de estabilidad financiera y éxito deportivo.

El club apostó por un modelo basado en formación de jugadores, reinversión y sostenibilidad económica, alejándose de las contrataciones excesivas y del endeudamiento.

• Dominio deportivo

Para 2026, Independiente del Valle suma siete títulos oficiales en los últimos seis años y logró un récord histórico de 30 fechas consecutivas como líder de la Serie A.

Además, mantiene protagonismo constante en la Copa Libertadores, generando importantes ingresos internacionales.

• Infraestructura de primer nivel

El club financió con recursos propios el Estadio Banco Guayaquil, el Chubb Arena para el fútbol femenino y desarrolló un moderno centro de alto rendimiento con residencias para más de 250 jóvenes futbolistas.

• Exportación millonaria de jugadores

Desde 2016, IDV ha generado más de USD 150 millones en transferencias internacionales gracias a figuras como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié.

Actualmente, el club concentra a seis de los diez jugadores más valiosos de la LigaPro.

• Expansión internacional

La estabilidad financiera permitió a Independiente del Valle expandir su modelo fuera del país mediante alianzas y adquisiciones en clubes como Atlético Huila en Colombia y Club Deportivo Numancia en España.

Mientras varios clubes históricos intentan sobrevivir a la crisis, Independiente del Valle demuestra que la planificación y la sostenibilidad económica pueden marcar el futuro del fútbol ecuatoriano.

De enero a mayo de 2026, el organismo rector de los procesos electorales en el Ecuador, ha sostenido más de 30 reuniones virtuales.

Ya se viene un nuevo proceso electoral para elegir a prefectos, alcaldes y presidentes de Juntas Parroquiales. Y, en ese contexto, entre enero y mayo de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desarrollado 35 sesiones de manera virtual.

A 40 minutos por reunión, de promedio, el organismo ha acumulado, unos 1.480 minutos de reuniones no presenciales: 24 horas solo en este año

La virtualidad en el CNE arrancó en 2024 y se ha convertido en un aliado estratégico para una institución que se encuentra en el centro de la polémica.

Además, la modalidad virtual se ha aplicado para las sesiones durante los fines de semana, lo que permitió la aprobación de temas sensibles sin la presencia de la prensa, ni la presión que ejercen organizaciones políticas en los exteriores.

Igual hubo conflictos

Sin embargo, esta forma de operar no ha evitado los roces internos. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en la sesión 034 del pasado 2 de mayo, en pleno feriado por el Día del Trabajador. La consejera Elena Nájera recusó la presencia de sus colegas Diana Atamaint y José Merino, tras el peritaje de la sesión 030.

El conflicto continuó, cuando Nájera increpó a Merino por el uso de un vehículo institucional para sus traslados al aeropuerto de Quito. Atamaint, simplemente, ignoró el tema y continuó con el orden del día.

¿El poder se volvió intocable?

Gracias a la virtualidad, asegura el sociólogo residente en Alemania Marco Paladines, los intérpretes del poder se volvieron “intocables”.

“Es como un acto de magia: quienes ejercen el poder buscan no ser alcanzados y lo consiguen a través de la virtualidad”.

Frente a este panorama se estarían incorporando nuevas formas de resistencia, como expresiones de descontento ante instituciones como el propio CNE.

Veamos el siguiente posteo de un usuario de la red X.

El fracaso de la meritocracia

De acuerdo con el analista político Juan Manuel Fuertes, gracias a la virtualidad, resulta casi imposible observar a un actor político en vivo y en directo. “Antes era posible atestiguar todos los muñequeos de última hora; ahora alguien puede estar hablando en otras ventanas con los mismos consejeros y nadie lo detectaría”, sostuvo.

Agrega otro criterio: “se trata del fracaso de la meritocracia y evidencia el imperio de la mediocridad, aunque muestren todos los títulos posibles, existe una hipertitulación de muchas autoridades que deviene en un engaño para la sociedad”, sostuvo.

¿Quién es José Merino?

En la conflictiva sesión del 2 de mayo, el consejero electoral suplente, José Merino interpretó la Ley Electoral de una manera singular. Allí aseguró que “la esencia de una norma no puede verse afectada por el tiempo”, en lo relativo al recurso interpuesto por el movimiento Unidad Popular en contra su exclusión del registro de organizaciones políticas.

Merino es abogado y magister, no obstante, en el plano profesional acredita experiencia en la administración privada, pues fue gerente y accionista de empresas conocidas como Toni, (que es parte del consorcio Arca/Coca-Cola) y otras, donde consta como accionista.

Fue posesionado como tercer consejero suplente en septiembre de 2024 por la Asamblea Nacional del Ecuador. En 2025, se lo principalizó. Desde entonces ha formado parte de las sesiones ante la ausencia o vacaciones de sus colegas.

El refugio de la virtualidad

Según su expediente presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se identifican vínculos de Merino con el movimiento Construye. En los registros oficiales de 2025 es mencionado en el contexto de la Directiva Nacional desde 2024.

Justamente este movimiento es de los excluidos en mayo de 2026. del Registro Nacional de Organizaciones Políticas y con su voto, como lo confirmó el portal Lupa Media.

Merino, pocas veces ha sido cuestionado a pesar de sus criterios y sus relaciones políticas, gracias, principalmente, a que opera desde “el refugio de la virtualidad”.

Asistencia penal internacional de Suiza, España, Panamá y Belice ubicaron a la offshore Ina Investment Corp como el vehículo utilizado para mover dinero que habría beneficiado al expresidente Lenín Moreno y su entorno familiar.

Mientras el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ultima los detalles para instalar la audiencia de juzgamiento, este lunes 11 de mayo de 2026, una pieza del rompecabezas financiero del caso Sinohydro se toma el protagonismo: la sociedad offshore Ina Investment Corp.

Para la Fiscalía General del Estado, esta empresa constituida en Panamá y con nexos en Belice no fue solo una entidad de papel, sino el vehículo financiero utilizado para canalizar el dinero de las coimas del 4% pagadas por la empresa china en beneficio personal del exmandatario Lenín Moreno y su familia.

Así, una de las pruebas más contundentes que presentará la Fiscalía proviene de la Asistencia Penal Internacional librada por la Confederación Suiza (API 355-2021). Este documento certifica una transacción que conecta directamente el dinero de la offshore con la residencia de Moreno en Europa.

Según el expediente del caso, la tienda Moinat S.A. (Moinat Antiquies) emitió una factura por un valor de USD 19.302 por la compra de muebles de lujo. Lo revelador, según la acusación, es que estos bienes fueron “facturados a nombre de Ina Investment Corp” y entregados físicamente en la dirección Quai Wilson 45 en Ginebra, lugar donde residía el entonces enviado especial de la ONU, Lenín Boltaire Moreno Garcés.

Un departamento a orillas del Mediterráneo

El rastro de Ina Investment Corp no se detiene en Suiza. La Asistencia Penal Internacional del Reino de España (API 75-2021) destapó la adquisición de un inmueble en la exclusiva zona de Alicante.

Se trata de un departamento ubicado en el conjunto residencial “El Mirador de la Cala”, en Villajoyosa. La propiedad fue adquirida a favor de Ina Investment Corp por un valor de USD 205.776. Los vendedores, según consta en la escritura de compraventa, fueron los cónyuges Emilio Torres Copado y Soraya Leonor Salazar Chica.

¿Empresa de autos o fachada offshore?

La constitución de Ina Investment Corp ha sido objeto de intensos debates procesales. Documentos de la Asistencia Penal de Panamá (API 148-2020) y de Belice (API 177-2019) vinculan a la sociedad con María Auxiliadora Patiño Herdoiza y Xavier Macías Carmigniani (yerno de Conto Patiño), pero también con el hermano del exmandatario, Edwin Moreno Garcés.

En su testimonio, Edwin Moreno Garcés intentó desmarcarse de la gestión de la empresa, afirmando que su relación con María Auxiliadora Patiño era para “hacer una compañía de venta de vehículos”. Respecto a su rol, Edwin Moreno Garcés declaró ante la justicia que él no constaba como accionista de INA Investment, “solo fue designado como protector”.

Según su versión, la empresa no funcionó como se planeó debido a que no se concretaron los contactos para el negocio automotriz.

La vía de Recorsa S.A.

Sin embargo, los registros bancarios cuentan otra historia. La Fiscalía sostiene que Ina Investment Corp recibió transferencias de la empresa panameña Recorsa S.A., la cual a su vez receptó USD 75,5 millones de Sinohydro China bajo el concepto de “comisiones”, por el contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Para la Fiscalía, este flujo de capitales demuestra un entramado de cohecho donde los fondos ilícitos terminaron pagando el estilo de vida de los Moreno en el extranjero.

Así, este 11 de mayo, la defensa de Lenín Moreno —quien ha regresado al país para la diligencia— deberá explicar cómo una empresa destinada a vender autos terminó pagando antigüedades en Ginebra y departamentos en la costa española mientras él ejercía funciones públicas.

La organización indígena demandó a la Fiscalía reactivar de inmediato las investigaciones por violaciones a derechos humanos durante el paro nacional y advirtió que la impunidad no puede consolidarse como política de Estado.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció este 8 de mayo de 2026 frente al retorno al país del expresidente Lenín Moreno y exigió que la Fiscalía General del Estado reactive y acelere las investigaciones relacionadas con la represión ocurrida durante el paro nacional de octubre de 2019.

A través de un comunicado oficial, la organización sostuvo que, tras más de seis años de los hechos, persiste una falta de diligencia efectiva para esclarecer las responsabilidades políticas y estatales por las violaciones a derechos humanos registradas durante las movilizaciones, que dejaron personas fallecidas, heridas, detenidas y perseguidas.

La Conaie remarcó que la presencia de Moreno en Ecuador debe permitir avances concretos en las distintas causas abiertas, en busca de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

El movimiento indígena cuestionó además lo que considera una respuesta desigual del sistema judicial frente a graves vulneraciones de derechos humanos y subrayó que la impunidad no puede convertirse en norma dentro del Estado ecuatoriano.

“La memoria de Octubre sigue viva”, enfatizó la organización, al insistir en que el país tiene derecho a conocer la verdad y a que se determinen responsabilidades por uno de los episodios más conflictivos de la historia reciente del Ecuador.

Juan Pasquel también informó que en abril de 2026 habrían sido despedidos alrededor de 1.200 profesionales de la salud.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, informó que la guerra comercial entre Ecuador y Colombia ha provocado un incremento de entre el 30% y el 50% en el precio de los medicamentos. Según indicó, esta situación afecta principalmente a la población más vulnerable, que actualmente se ve obligada a adquirir medicinas e insumos debido al desabastecimiento en hospitales y centros de salud públicos.

Pasquel recordó que la Constitución establece que el acceso a la salud es un derecho, por lo que si los pacientes están obligados a comprar sus propios medicamentos refleja un proceso de privatización en el sistema sanitario.

“Es un descuido por parte de las autoridades del sector público. Siempre he manifestado que la ley garantiza gratuidad para los pacientes y que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio; sin embargo, actualmente las familias deben acudir al sector privado”, señaló.

El titular del Colegio de Médicos reprochó que muchas familias deban destinar recursos de alimentación para cubrir gastos médicos.

“No queremos que eso suceda. El Gobierno no solo debería preocuparse por la seguridad, sino también por la salud”, enfatizó.

Según el dirigente gremial, los hospitales que actualmente enfrentan mayores problemas de abastecimiento son:

• Hospital Pablo Arturo Suárez
• Hospital Eugenio Espejo
• Hospital Enrique Garcés
• Hospital Baca Ortiz

Desvinculaciones

Juan Pasquel también informó que en abril de 2026 habrían sido despedidos alrededor de 1.200 profesionales de la salud. En ese contexto, mencionó que existe preocupación por versiones que apuntan a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habría solicitado al Estado ecuatoriano desvincular al 1% del personal sanitario, aunque aclaró que esa condición no consta en el último acuerdo firmado por el Gobierno de Daniel Noboa.

Asimismo, cuestionó que se produzcan despidos cuando la red pública de salud apenas alcanza a atender a tres millones de personas, en un país con cerca de 18 millones de habitantes.

“Desde el año pasado teníamos una inversión de USD 4.200 millones aprobada por la Asamblea Nacional y solo se asignaron USD 2.900 millones. Esto perjudica la infraestructura, los medicamentos y el personal. Hay una gestión inadecuada”, afirmó.

El representante gremial sostuvo que los distintos colegios médicos del país están solicitando una reunión con el nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé, con el objetivo de presentarle propuestas relacionadas con la distribución y centralización de medicamentos.

La ciudadanía teme que, así como se revisó los subsidios a las gasolinas y al diésel, el Gobierno de Noboa tome la decisión -apalancado por el FMI- de revisar las subvenciones al gas de uso doméstico.

El fantasma de la eliminación de los subsidios al gas de uso doméstico vuelve a recorrer los hogares ecuatorianos, tras la última revisión del acuerdo de crédito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el documento del multilateral -de abril de 2026- no menciona sobre una posible revisión al subsidio al gas. Además, hay constantes desmentidos de varios voceros del Gobierno de Daniel Noboa a esta posibilidad.

Pero, las decisiones de los últimos gobiernos de derecha de eliminar los subsidios a las gasolinas y al diésel alimenta el temor ciudadano.

Jorge, dueño de una panadería en el norte de Quito, teme que ahora el Gobierno intente eliminar el subsidio al gas.

Lo mismo ocurre con Alexander García, administrador de un restaurante en el sector de La Floresta. Él afirmó que si se atrevieron a quitar las subvenciones al diésel y a las gasolinas, no es extraño que lo hagan también al gas.

“Todo está más caro”, puntualizó García.

Actualmente, el valor oficial del cilindro de 15 kilogramos en los depósitos de distribución autorizados es de USD 1,65. En la práctica, debido a los costos de transporte y comercialización, el precio que pagan los hogares suele oscilar entre USD 3,50 y USD 3,75, dependiendo de la ciudad y el distribuidor.

De acuerdo a análisis económicos, si se eliminara totalmente el subsidio estatal, el precio del cilindro de gas subiría significativamente para alinearse con los costos del mercado:

• El valor real del cilindro supera los USD 12 situándose específicamente alrededor de los USD 12,39 o USD 12,40.
• A este valor base de aproximadamente USD 12,40 todavía habría que sumarle otros costos no subsidiados como el IVA y el transporte, lo que elevaría el precio final por encima de esa cifra.

Para comprender la dimensión de un posible golpe al bolsillo de los ecuatorianos, en países vecinos como Perú, donde no existe este subsidio, el precio del cilindro puede sobrepasar los USD 15.

El peso del FMI

La ciudadanía observa el panorama actual, recordando que los últimos gobiernos han tomado decisiones drásticas apalancados por las metas fiscales del FMI.

El proceso de “sinceramiento” de precios de los hidrocarburos empezó con la gasolina Súper, que en agosto de 2018, bajo el mandato de Lenín Moreno, se equiparó al precio internacional mediante el Decreto Ejecutivo 490. Desde entonces, este combustible no tiene subsidio y su precio fluctúa mensualmente.

El actual régimen de Daniel Noboa aceleró esta tendencia. En junio de 2024, el Gobierno oficializó la eliminación del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís, mediante el Decreto 308. Tras casi dos años, estas gasolinas superan los USD 3 el galón.

Y, el golpe más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando Noboa eliminó el subsidio al diésel para el sector automotor, elevando su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Actualmente ese precio ocsila en USD 2,96.

Esta decisión con el diésel, que rige desde hace meses, buscaba un ahorro anual de USD 1.100 millones.

Ante esta seguidilla de ajustes, el gas de uso doméstico aparece como el “último bastión” de los subsidios energéticos masivos.

¿Qué dice (y qué calla) el FMI?

La quinta revisión del FMI, concluida en abril de 2026, no menciona de forma expresa la eliminación del subsidio al gas como una condicionalidad inmediata. Sin embargo, el documento coloca la reducción de subsidios a productos petroleros dentro del balance fiscal monitoreado, una categoría que técnicamente incluye al GLP.

El organismo multilateral insiste en que Ecuador debe mantener una “consolidación fiscal firme” para reducir la deuda pública al 40% del PIB en 2031.

Analistas como el exministro de Economía, Carlos de la Torre, advierten que la presión es real.

“Todavía no se han eliminado todos los subsidios a los combustibles; falta el subsidio al gas y eso también está en carpeta y podría venirse en los siguientes meses”, señaló De la Torre en una entrevista reciente en el medio La Granja.

Incluso voces legislativas han encendido las alertas.

El asambleísta Héctor Valladarez González afirmó que el FMI habría fijado diciembre de 2026 como plazo para la eliminación de este beneficio. Según Valladarez, este fue el “verdadero motivo” para adelantar las elecciones presidenciales a noviembre de este año, buscando evitar el desgaste político previo a las urnas.

El Gobierno desmiente, pero el mercado duda

Ante el incremento de los rumores, el Ejecutivo ha salido al paso. El presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para calmar las aguas: “No coman cuento, el precio del gas no sube”, publicó el 22 de octubre de 2025, ratificando el valor del cilindro de 15 kilos en USD 1,65.

La ministra de Economía, Sariha Moya, reforzó este mensaje asegurando que “no se va a tocar el subsidio al gas doméstico” debido a su importancia para el consumo de los hogares.

Y, así, varias autoridades han venido desmintiendo esta aseveración de varios analistas económicos.

A pesar de estas declaraciones, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) emitió la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, que aunque mantiene el precio al usuario final, actualiza las tarifas que Petroecuador paga a las comercializadoras privadas por la distribución. Para muchos ciudadanos y distribuidores, estos movimientos administrativos suelen ser el preludio de ajustes mayores.

La Proforma 2026: Una inversión millonaria en juego

El costo de mantener el gas barato es el principal argumento de quienes piden una revisión.

Según la Proforma Presupuestaria 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado tiene previsto gastar USD 1.159,61 millones en subsidios a los combustibles para este año.

De esa cifra total, el GLP se lleva la mayor parte con USD 722 millones. En comparación, el subsidio al diésel (ahora limitado mayoritariamente al sector eléctrico) representará USD 191 millones y las gasolinas apenas USD 41 millones (para pesca artesanal).

El análisis oficial destaca una tendencia inquietante: mientras la participación de las gasolinas en el pastel de subsidios ha caído al 4%, el GLP proyecta alcanzar el 62% del gasto total en 2026. El documento justifica este aumento por la “permanencia del precio del cilindro doméstico como medida de protección social”.

El impacto social

El economista Marco Flores ha realizado una evaluación exhaustiva del impacto que tendría un incremento en el GLP. Flores advierte que el gas es un bien con demanda altamente inelástica; es decir, las familias no pueden dejar de usarlo porque no tienen sustitutos inmediatos para cocinar.

Flores analizó tres escenarios posibles de incremento del cilindro: USD 5,00, USD 7,50 y USD 10. En el escenario central, un aumento a USD 10 significaría que un hogar en pobreza extrema tendría que destinar el 13% de su ingreso operativo solo para pagar el gas.

“Para un hogar en pobreza extrema, el aumento marginal absorbería el 20% de su ingreso operativo si el cilindro sube a USD 10 y consume dos unidades al mes”, sentencia Flores en su estudio.

¿Focalización como alternativa?

Expertos académicos como Pablo Hidalgo Romero -en entrevistas recientes- sugieren que el problema no es el subsidio en sí, sino su falta de focalización. Actualmente, el Estado cubre cerca de USD 10 por cada cilindro vendido, beneficiando por igual a los más pobres y a los sectores de altos ingresos.

Un estudio del BID citado por especialistas señala que apenas USD 1 de cada USD 5 del subsidio llega efectivamente al quintil más pobre. “El Estado debe gastar USD 5 para transferir USD 1 real de apoyo a los más vulnerables”, explica Hidalgo, sugiriendo que mecanismos de cuotas o códigos de identificación podrían ser la clave para una reforma justa, aunque reconoce que los desafíos técnicos en la distribución por cilindros son grandes.

Así, el gas doméstico sigue siendo, por definición, el tema más sensible que el gobierno intenta calmar, aunque hay alertas de que se vendría una posible revisión de su subsidio.