“Muchas personas que anteriormente recibían valores más altos de devolución podrían notar actualmente acreditaciones menores”, señala el tri...
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Desde el 1 de junio de 2026, los productos colombianos ingresarán con cero aranceles al país.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la eliminación de los gravámenes arancelarios que pesaban sobre las importaciones colombianas, poniendo fin a una disputa económica que escaló hasta niveles asfixiantes en los últimos meses.
A través de la resolución 2026-0051-RE, emitida este 31 de mayo de 2026, la autoridad aduanera dispuso que, a partir del 1 de junio, los productos del país vecino ingresarán con arancel cero, desmantelando la denominada “tasa de seguridad”.
Esta decisión beneficia directamente a sectores críticos que enfrentaron costos elevados.
La lista de productos que recuperan la fluidez comercial incluye fármacos, papel, cosméticos, plásticos y repuestos automotrices, los cuales llegaron a pagar un arancel del 100% durante el mes de mayo.
El conflicto también golpeó al sector agrícola; por ejemplo, los productores arroceros ecuatorianos reportaron una caída estrepitosa en el precio del saco de arroz, que bajó a USD 20 ante el bloqueo del mercado colombiano que absorbía 100.000 toneladas anuales.
Durante los tres meses de vigencia de estas medidas, el Estado ecuatoriano recaudó USD 121 millones, pero a costa de una caída del 58% en las importaciones desde Colombia en marzo de 2026.
Colombia también anunció que derogará la medida. Así, todos los productos ecuatorianos ingresarán con cero aranceles a ese país.
El pacto político tras la resolución
El presidente Daniel Noboa anunció la supresión de los aranceles tras una videollamada con el candidato presidencial de la derecha colombiana, Abelardo de la Espriella.
Noboa justifica la medida como un acto de “buena voluntad” derivado de un acuerdo para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, además de la supuesta entrega de delincuentes ecuatorianos en suelo colombiano.
Según el mandatario, De la Espriella mostró una “voluntad real” de luchar contra el narcoterrorismo, lo que permitió destrabar la crisis comercial.
Órdenes de la CAN
Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro rechaza categóricamente esta narrativa.
La Cancillería de Colombia califica la movida de Noboa como una “presentación engañosa”, aclarando que la eliminación de los aranceles no nace de la generosidad del presidente ecuatoriano, sino de una obligación legal perentoria.
El Gobierno colombiano precisa que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ya había ordenado a Ecuador retirar estos gravámenes por contravenir el ordenamiento jurídico andino, otorgando un plazo que venció el 21 de mayo.
Petro denuncia que Noboa simplemente cumple con una resolución internacional en la que ya estaba en mora.
En sus redes sociales, el mandatario colombiano vincula la crisis con el expresidente Álvaro Uribe, señalando que “metieron las patas con la economía” y ahora intentan “tapar la vergüenza de la estupidez” presentando una orden judicial como un gesto diplomático.
Críticas de Rafael Correa
El expresidente Rafael Correa también cuestionó a Noboa, calificando la reunión con un candidato presidencial como una “grotesca injerencia” en los asuntos internos de Colombia.
Correa critica que Noboa negocie con un aspirante en lugar de hacerlo con el gobierno en funciones y tilda de “vergüenza” que se use la política arancelaria para favorecer a la derecha colombiana a solo horas de los comicios presidenciales de este 31 de mayo.
Para ambos líderes de izquierda, el uso del tema arancelario busca interferir deliberadamente en las elecciones, intentando apuntalar a De la Espriella frente al candidato favorito en los sondeos, Iván Cepeda.
Colombia sostiene que esta maniobra constituye una “flagrante conculcación del principio de no intervención” y un atentado al sistema democrático, alejando las decisiones técnicas del rigor que debería orientar el comercio binacional.
El candidato de izquierda obtuvo aproximadamente el 40,91% de los votos (más de de 9,67 millones de sufragios), posicionándose como el principal retador del ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Iván Cepeda Castro, filósofo, senador y defensor de los derechos humanos, asegura su lugar en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026.
Al frente del Pacto Histórico, el candidato de izquierda obtuvo aproximadamente el 40,91% de los votos (más de 9,67 millones de sufragios), posicionándose como el principal retador del ultraderechista Abelardo de la Espriella en una de las contiendas más polarizadas en la historia del país.
Cepeda asume el rol de “heredero” político del presidente Gustavo Petro.
Su campaña moviliza a los sectores que exigen profundizar las reformas estructurales iniciadas por la actual administración, centrándose en la justicia social y la reducción de la desigualdad. El candidato propone una transformación del modelo rural mediante la redistribución de tierras productivas y el apoyo directo al campesinado. Además, impulsa una transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en energías limpias.
Una vida marcada por la resistencia
La trayectoria de Cepeda surge de las cenizas de la violencia política. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, último senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, Iván presenció el magnicidio de su padre a los 31 años, un evento que transformó su dolor en una lucha incansable por la memoria y la justicia. Esta historia de persecución lo llevó al exilio en su infancia y juventud, viviendo en ciudades como Praga, La Habana y Sofía, donde se graduó como filósofo.
Pese a su formación en países de la antigua Cortina de Hierro, Cepeda rechaza etiquetas autoritarias y define su visión como progresista y democrática, centrada en el respeto absoluto a los derechos humanos.
Como fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el asesinato de su padre, consolidándose como un referente ético para la izquierda.
El estratega que desafió al poder
En el Congreso, Cepeda destaca por su carácter metódico y gélido. Su notoriedad nacional creció exponencialmente tras su enfrentamiento judicial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que inició como un debate de control político por presuntos nexos paramilitares derivó en un proceso inédito donde Cepeda pasó de acusado a acusador, logrando que la justicia investigara al exmandatario por supuesta manipulación de testigos.
Además de su labor legislativa, Cepeda actúa como un pieza clave en los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN, apostando por la salida negociada al conflicto armado.
El reto del balotaje
Aunque las encuestas previas lo situaban como favorito, Cepeda enfrenta ahora el desafío de vencer el desgaste de la administración de Petro.
Tras superar dos batallas contra el cáncer (de colon e hígado), el candidato proyecta una imagen de resiliencia física y política.
Con el respaldo del liberalismo progresista y los movimientos sociales, Cepeda busca convencer a Colombia de que la “Patria” requiere una transformación de fondo bajo un modelo de derechos sociales básicos.
Bajo el movimiento “Defensores de la Patria”, De la Espriella propone un decálogo de milagros que promete combatir con “mano de hierro” a la delincuencia y la corrupción.
Abelardo de la Espriella, el abogado que prefiere el apelativo de “El Tigre”, sacude los cimientos políticos de Colombia al ganar la primera vuelta electoral de 2026.
Con un discurso de ultraderecha y una estética que emula al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, este millonario penalista obtuvo el 43,77% de los sufragios, superando los 10 millones de votos. Su victoria no solo desplaza a la derecha tradicional, sino que sitúa al país ante una polarización sin precedentes frente al izquierdista Iván Cepeda.
La fortuna detrás del poder
De la Espriella no oculta su riqueza; la exhibe como garantía de independencia.
El candidato asegura que financia cada peso de su campaña con su propio patrimonio, evitando deudas con la clase política tradicional. Esta fortuna proviene de su exitosa y controvertida trayectoria como abogado penalista, donde defendió a figuras como el empresario David Murcia Guzmán —cerebro de la mayor estafa piramidal en Colombia— y a Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro.
Su estilo de vida, que él define como “la dolce vita”, incluye marcas propias de ron, vino y ropa masculina bajo el sello “De la Espriella Style”.
Ciudadano italiano y estadounidense, el candidato proyecta una imagen de éxito personal que ha seducido a un electorado cansado de las estructuras partidistas habituales.
La maniobra en Ecuador: Diplomacia paralela e injerencia
En el tramo final de la campaña, De la Espriella ejecutó un movimiento audaz en el tablero internacional para desprestigiar la gestión de Gustavo Petro y la candidatura de Iván Cepeda.
El aspirante pactó con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre un supuesto acuerdo para eliminar aranceles y fortalecer la cooperación en seguridad y energía.
Esta “diplomacia de micrófonos” permitió que Noboa anunciara la derogación de la tasa de seguridad para productos colombianos basándose en un entendimiento con De la Espriella, ignorando los canales oficiales del gobierno de Petro. El candidato calificó este gesto como el inicio de la “Patria Milagro”, utilizando la medida para proyectar a Petro como un líder incapaz de negociar con sus vecinos.
Sin embargo, el gobierno colombiano tachó la declaración de “engañosa”, aclarando que la reducción de aranceles respondía a obligaciones de la Comunidad Andina y no a un favor personal de Noboa hacia el candidato. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó el acto como una “grotesca injerencia” y una afrenta a la soberanía colombiana por parte de De la Espriella al negociar asuntos de Estado siendo solo un aspirante.
Un modelo de “mano de hierro”
Bajo el movimiento “Defensores de la Patria”, De la Espriella propone un decálogo de milagros que promete combatir con “mano de hierro” a la delincuencia y la corrupción.
Su retórica incluye saludos militares e invocaciones a Dios, marcando un contraste radical con el proyecto progresista de Cepeda, quien busca profundizar las reformas de Petro.
Colombia se encamina ahora hacia el balotaje del 21 de junio.
El país decidirá si entrega el mando a un millonario que promete orden autoritario o si mantiene el rumbo de la izquierda que hoy ostenta el poder. La moneda está en el aire.
Con el 99,74% de las actas escrutadas, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta electoral con más de 10,33 millones de votos. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda.
Con el 99,74% de los votos escrutados, el candidato de la ultraderecha por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella y el candidato del Pacto Histórico (movimiento al que pertenece Gustavo Petro), Iván Cepeda, pasaron a la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales de Colombia.
De la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos, el equivalente a 10.338.440 sufragios, mientras que el candidato Cepeda alcanza el 40,91% del respaldo popular (9.673.390 millones de votos).
Es decir, registran una diferencia de 665.050 votos.
En tercer lugar se ubica la candidata uribista (Centro Democrático) Paloma Valencia, con el 6,92% de respaldo popular, es decir, 1,63 millones de votos y en cuarto lugar se ubicó Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con el 4,25% de los votos.
Otra candidata de centro, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con el 0,94 % de respaldo popular.
De esta manera, el próximo 21 de junio la fórmula del oficialista Pacto Histórico, conformada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, se medirá contra la dupla presentada por el partido Defensores de la Patria, integrada por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo.
El ganador de la contienda sucederá al presidente Gustavo Petro y asumirá las riendas del país suramericano para el período constitucional correspondiente a los años 2026-2030.
Paloma Valencia fue una de las primeras candidatas en reaccionar. Dijo que apoyará -a título personal- a Espriella en el balotaje, para derrotar “el comunismo” de Iván Cepeda.
Jornada electoral sin grandes incidencias
Según reporte de las autoridades en la tarde de este domingo, la jornada de votación transcurrió sin incidencias y en paz. Para el desarrollo de la jornada fueron desplegados408.000 integrantes de la Fuerza Pública en puntos neurálgicos del país, con el fin de proteger el derecho al sufragio de más de 41 millones de colombianos habilitados.
En estos cruciales comicios se instalaron en todo el país el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos (6.010 en áreas urbanas y 7.479 en rurales) para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.
Incidentes menores se registraron en la región del Catatumbo (noreste) y en el departamento sureño de Caquetá, según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), que aseguró que «ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada».
Paralelamente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio reportó un incremento indudable en la participación de los ciudadanos residentes en el exterior durante la jornada de elecciones presidenciales, para la que se habilitaron 3.700 mesas de votación distribuidas en 116 consulados en más de 60 naciones.
Noticia en desarrollo…
Durante el último año, ADN utilizó el control del CAL, la Comisión de Transparencia y el Pleno de la Asamblea para frenar juicios políticos, bloquear comparecencias y evitar que el caso Progen avance hacia un debate legislativo amplio.
En el último año, la Asamblea Nacional se convirtió en el principal escenario de una pugna donde el bloque oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), desplegó una serie de estrategias reglamentarias y políticas para bloquear y deslindarse de las responsabilidades políticas derivadas de los fallidos contratos termoeléctricos con la empresa Progen.
A través del control de organismos clave de la Legislatura como el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Pleno del Parlamento y la Comisión de Transparencia, el oficialismo logró evitar que los ministros del Gobierno de Daniel Noboa enfrenten las consecuencias de un perjuicio al Estado superior a los USD 100 millones.
1. El CAL como primer filtro de protección
La estrategia de protección comenzó a evidenciarse en agosto de 2025. En ese entonces, el CAL, dominado por legisladores oficialistas y aliados, decidió archivar la primera solicitud de juicio político planteada por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) contra la entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. El argumento oficial para desechar el trámite fue una supuesta falta de firmas de respaldo, lo que impidió que la acusación por incumplimiento de funciones y responsabilidad política pasara siquiera a la fase de calificación.
Dos meses después, el escenario se repitió. El 4 de octubre de 2025, el consejo —presidido por el titular de la Asamblea, Niels Olsen— inadmitió un nuevo pedido contra Manzano. En esta ocasión, el CAL se amparó en un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL). El documento señalaba que la solicitud no cumplía con los requisitos determinados en el artículo 131 de la Constitución.
Para la oposición, estas decisiones no han sido técnicas, sino “maniobras de ADN” destinadas a garantizar la impunidad de los funcionarios vinculados.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) está integrado por legisladores de ADN y sus aliados.
Además de archivar los juicios, el CAL operó para quitar la investigación de manos de la oposición. En junio de 2025, mediante la Resolución CAL-NAOP-2025-2027-049, el consejo dispuso que la competencia exclusiva para fiscalizar los contratos de Progen y ATM recaería en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Diana Jácome (ADN).
“Disponer que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social es competente para conocer el proceso de fiscalización y control político de los contratos suscritos por la Celec EP con la empresa Porgen Industries LLC, por cuanto fue la que previno en el conocimiento de la causa; y por lo tanto, ninguna otra comisión puede interferir en el proceso de fiscalización, ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre esta materia o asunto“, dicta la resolución del CAL.
Esta decisión fue clave: mientras la oposición buscaba que el caso fuera tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales (donde contaba con mayoría), el traslado a la Comisión de Transparencia dejó el proceso en manos de la mesa presidida por Jácome. La resolución del CAL estipuló explícitamente que “ninguna otra comisión puede interferir en la fiscalización”. Con ello aseguró que el ritmo y el contenido de la investigación permanecieran bajo control oficialista.
Nuevo pedido de juicio político
A pesar de los bloqueos previos, la pugna en el CAL no termina. Este 27 de mayo de 2026, los asambleístas Blasco Luna y Lenín Barreto, ambos de RC, presentaron un segundo pedido de juicio político contra Inés Manzano, fundamentado en informes de Contraloría y nuevas evidencias de irregularidades. Una vez más, la responsabilidad del proceso recae en el CAL.
Desde el oficialismo, el nuevo jefe de bloque de ADN, Esteban Torres, ya adelantó la postura gubernamental de minimizar la iniciativa, sugiriendo que se debe esperar a que la justicia ordinaria actúe antes de proceder en lo político. Mientras tanto, el CAL se mantiene como el filtro principal que decide qué llega a debatirse en el Pleno y qué queda sepultado bajo formalidades administrativas.
Tras seis meses de una accidentada fiscalización en 2025, el oficialismo, a través de la Comisión de Transparencia, logró neutralizar las responsabilidades políticas del Gobierno en el caso Progen. El proceso culminó el 19 de diciembre de 2025 con la aprobación de un informe de mayoría que eximió de toda culpa a Roberto Luque e Inés Manzano, trasladando la carga de las irregularidades exclusivamente a funcionarios de rango medio y organismos de control externo.
La sesión decisiva se realizó de forma virtual a partir de las 20:00, lo que generó críticas de la oposición, que calificó el procedimiento como un intento de evadir el escrutinio público “entre gallos y media noche”. Con los votos de los asambleístas de ADN Diana Jácome (presidenta de mesa), Jorge Chamba, Jorge Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano, junto al aliado Edmundo Cerda, la comisión cerró el paso a cualquier sanción política contra las máximas autoridades del sector energético.
La Comisión de Transparencia, liderada por Diana Jácome (ADN-Centro), ya finalizó la fiscalización del caso Progen y el informe lo remitió a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía.
El argumento del oficialismo, defendido por Jácome y Chamba, fue que la responsabilidad administrativa y técnica de los contratos con Progen y ATM recayó en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y no en el Ministerio de Energía. Según el informe aprobado, no se desprendieron “actos u omisiones imputables” a los ministros bajo el artículo 131 de la Constitución. Con ello, la investigación final actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía y la Contraloría.
Durante el desarrollo de la fiscalización, la mayoría oficialista fue señalada por implementar tácticas de bloqueo sistemático. Una de las más notorias ocurrió cuando el asambleísta Blasco Luna (RC) intentó reproducir —mientras tenía uso de su palabra— un video como prueba de que el exministro Roberto Luque conocía los detalles técnicos de los equipos en Estados Unidos.
En un descuido, Diana Jácome fue captada con el micrófono abierto instruyendo al secretario: “No le comparta. No”, impidiendo que el material se visualizara en la sesión virtual.
Además, la comisión bloqueó sistemáticamente las comparecencias de Luque y Manzano. A pesar de los insistentes pedidos de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), los ministros nunca acudieron a la mesa legislativa para responder por el perjuicio estatal.
El cierre definitivo del debate en 2026
El blindaje en la comisión no terminó en 2025. El 11 de mayo de 2026, la mayoría oficialista volvió a operar para impedir el tratamiento del caso. Blasco Luna elevó un pedido para exhortar al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, a que el Pleno tratara los informes de fiscalización sobre los contratos suscritos entre la empresa pública Celec EP y las compañías Progen y Austral Technical Management SAS (ATM), que fueron de USD 149,1 millones.
Los legisladores Jácome, Chamba y Serrano votaron en contra de ese cambio del orden del día para exhortar al debate nacional, calificando el pedido como “improcedente por procedimiento parlamentario”.
Para el oficialismo, la labor de la comisión ya concluyó. De hecho, Jorge Chamba sostienen que el Legislativo “ya cumplió con su responsabilidad” y que ahora es la justicia ordinaria la que debe actuar, una postura que la oposición denuncia como un esquema de impunidad diseñado para proteger la imagen del Ejecutivo.
3. El bloqueo del debate en el Pleno
A través de una combinación de interpretaciones reglamentarias y el uso táctico de la agenda legislativa, el bloque oficialista y la presidencia del Parlamento lograron que los informes de fiscalización no sean conocidos ni debatidos por los 151 legisladores.
El episodio más reciente de este bloqueo ocurrió el 20 de mayo de 2026. Ese día, el asambleísta Lenin Barreto (RC), presentó una solicitud formal para modificar el orden del día e incluir la comparecencia ante el Pleno de los exministros Roberto Luque, Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
Sin embargo, el bloque de ADN argumentó que el artículo 129 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL) limita a solo tres los puntos de cambio del orden del día por sesión. El oficialismo priorizó y aprobó tres mociones de respaldo a la gestión de Daniel Noboa. Al agotarse el cupo legal de modificaciones, el pedido sobre el caso Progen quedó excluido de la jornada.
A esta estrategia se sumó la postura oficial de la máxima autoridad de la Legislatura. El pasado 14 de mayo de 2026, durante su rendición de cuentas anual, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, confirmó que la fiscalización parlamentaria del caso Progen “ya concluyó” dentro de la Comisión de Transparencia y que el informe no será elevado al Pleno.
Olsen argumentó que, una vez que el informe de mayoría —aprobado por ADN en diciembre de 2025— fue remitido a la Contraloría General del Estado, el trámite legislativo se dio por terminado. “El informe ya está cerrado en la Comisión”, sentenció, dejando en el limbo el informe de minoría presentado por la oposición, el cual sí detallaba responsabilidades políticas contra los ministros Luque e Inés Manzano.
Con estas acciones, el oficialismo logró evitar que el caso más sensible de la crisis energética sea discutido en la máxima instancia de representación popular, mientras la oposición denuncia un “bloqueo legislativo” diseñado para garantizar la impunidad de las autoridades involucradas en los fallidos contratos.
Una versión rendida dentro del caso Progen revela que un delegado de la Contraloría participó en reuniones de asesoría y revisión de procesos de contratación durante la emergencia eléctrica de 2024. El exgerente de Celec sostiene que los organismos de control realizaron seguimiento previo, aunque sin facultad para autorizar los contratos.
La presencia de un delegado de la Contraloría General del Estado en reuniones relacionadas con las contrataciones emergentes de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) salió a la luz dentro del expediente del denominado caso Progen, una investigación fiscal que busca determinar posibles responsabilidades en contratos por más de USD 100 millones que no llegaron a generar la energía comprometida.
La información consta en la versión libre rendida en septiembre de 2025 por Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec y uno de los procesados en la causa.
En su testimonio, el exfuncionario aseguró que las contrataciones realizadas durante la crisis eléctrica de 2024 estuvieron bajo observación de organismos de control y fueron reportadas tanto al Ministerio de Energía y Minas como al directorio de la empresa pública.
Según Calero, antes de la adjudicación de los contratos existió un proceso de acompañamiento institucional para revisar los procedimientos que se ejecutarían bajo el régimen de emergencia.
En ese contexto, mencionó que solicitó formalmente el apoyo de la Contraloría para evitar futuros cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas durante la crisis energética.
Documentos revelados por Teleamazonas muestran una bitácora de una reunión realizada el 21 de junio de 2024, convocada para la revisión de documentos preparatorios de contratación emergente y asesoría relacionada con los procedimientos.
(Foto: Teleamazonas).
En ese encuentro participaron funcionarios de Celec y, entre ellos, Antonio Mora, identificado como delegado de la Contraloría General del Estado.
La fecha resulta relevante porque la reunión se produjo aproximadamente un mes y medio antes de la firma de los contratos con la empresa estadounidense Progen, acuerdos que posteriormente se convirtieron en el centro de una investigación penal debido a los retrasos, incumplimientos y la falta de generación efectiva de energía pese a los millonarios desembolsos realizados.
En su declaración, Calero afirmó que la solicitud de acompañamiento tuvo como objetivo garantizar que los procesos se ejecutaran conforme a la normativa vigente durante la emergencia.
No obstante, también aclaró que la participación de la Contraloría no implicaba una validación ni autorización de las contrataciones, sino una observación y asesoría respecto a los procedimientos aplicados.
La revelación abre nuevas interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tuvieron las instituciones de control respecto de los procesos que desembocaron en los contratos con Progen.
Aunque el acompañamiento no constituye una aprobación formal, la documentación expuesta muestra que los organismos de control mantenían seguimiento sobre las contrataciones desde etapas previas a la firma de los acuerdos.
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