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La revocatoria de la prisión preventiva en el caso Goleada desató un conflicto en el sistema judicial, con denuncias contra los magistrados por parte de la Fiscalía y actores políticos. Frente a ello, jueces de varias provincias y el Observatorio de Justicia expresaron su respaldo al tribunal.
La reciente revocatoria de la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, desató una pugna de poderes que pone a prueba la independencia judicial en el país. Mientras la Fiscalía y actores políticos impulsan denuncias contra los magistrados, asociaciones de jueces y abogados denuncian una campaña de “amedrentamiento” y “hostigamiento judicial”.
El origen del conflicto: el fallo en el Caso Goleada
La controversia alcanzó su punto álgido tras la decisión del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Byron Uzcátegui, Silvana Velasco y Wiler Chóez. El pasado 10 de abril de 2026, este tribunal resolvió por unanimidad revocar la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el alcalde Aquiles Alvarez y otros procesados en el denominado “Caso Goleada”.
En este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga una presunta trama de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Según el tribunal, la resolución de liberar a los procesados —quienes ahora cumplen medidas sustitutivas— se debió a que la Fiscalía no logró justificar procesalmente la necesidad de mantener la prisión como medida de “última ratio”.
Por esa decisión, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, presentó una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura alegando un supuesto “error inexcusable” por parte de los magistrados. A esta acción se sumó una denuncia por presunto prevaricato interpuesta por Daniel Frías Toral, un polémico excandidato a la Defensoría Pública, quien argumenta que los jueces se extralimitaron en sus funciones al entrar a valorar el delito en lugar de centrarse únicamente en la medida cautelar.
“Cierre de filas”: El respaldo masivo de los gremios
Ante lo que consideran un ataque sistemático, diversas organizaciones han emitido comunicados de apoyo irrestricto al tribunal. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), a través de sus núcleos en Pichincha, Napo, Orellana, Imbabura, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí, Galápagos, Los Ríos y Chimborazo, manifestaron que las decisiones judiciales deben resolverse exclusivamente en audiencias y no en “tribunales mediáticos”. Entre los principales argumentos están:
- Aemaj Pichincha enfatizó que los jueces actúan con sujeción a la Constitución y libres de injerencias externas.
- La Federación Nacional de Abogados y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) calificaron las acciones contra los jueces como actos de “interferencia, persecución y amedrentamiento”.
- Aemaj Nacional advirtió que utilizar el régimen disciplinario como represalia por el contenido de una sentencia constituye una “vulneración flagrante a la independencia judicial”.
Los gremios también recordaron casos de hostigamiento previo, como el del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien habría sido amenazado por funcionarios del Consejo de la Judicatura tras sentenciar a un narcotraficante.
El pronunciamiento del juez Carlos Serrano
El propio exjuez Carlos Serrano señaló que en Ecuador la independencia judicial suele invocarse de manera “selectiva y utilitaria”. Según su análisis, mientras la independencia no sea respetada como un límite infranqueable del poder, y no como una bandera de uso coyuntural, la justicia seguirá siendo vulnerable a la arbitrariedad.
Actualmente, el ambiente en el sistema judicial es de incertidumbre. El Observatorio de Derechos y Justicia ha reportado que, debido a estas campañas de desprestigio y acoso, dos jueces ya han presentado su renuncia en los últimos meses.
[BOLETÍN DE PRENSA]
