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La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada, que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a Aquiles Alvarez y su entorno familiar, enfrentó una serie de suspensiones por la magnitud del expediente, recursos legales, cruces de audiencias y la ausencia de defensores.
El caso Goleada, que investiga un presunto delito de lavado de activos y vincula al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y otros miembros de su círculo familiar, se convirtió en un rompecabezas de suspensiones, que vienen desde mediados de julio hasta agosto, dilatando la resolución de un expediente que ya supera los 1.600 cuerpos.
Julio: el primer freno por la magnitud del expediente
El primer llamado a la diligencia estaba programado para los días 16 y 17 de julio. No obstante, esta fue suspendida por orden del juez anticorrupción Jairo García tras acoger los reclamos de varias defensas técnicas que alegaron falta de tiempo para revisar la documentación. La razón de este “freno” jurídico fue la extensa dimensión del expediente fiscal acumulado por la Fiscalía.
Según consta en las actuaciones del 15 de julio, los defensores de la empresa CHN S.A. (representada por Gabriel, Raúl y Pablo Chávez) y del propio Alvarez argumentaron que el plazo otorgado era insuficiente frente a la complejidad de la causa.
Para esa fecha, el expediente ya constaba de más de 1.500 cuerpos fiscales —lo que equivale aproximadamente a 150.000 fojas—, una cifra que, expresaron los procesados, hacía materialmente imposible preparar una defensa técnica adecuada.
Al resolver el diferimiento, el juez García dijo que su decisión buscaba precautelar el debido proceso. El magistrado reconoció que el derecho a la defensa incluye garantizar la oportunidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para rebatir las acusaciones del Estado en condiciones de “igualdad de armas”.
Bajo esta premisa, el juzgador dejó sin efecto la convocatoria inicial de julio, considerando que instalar la audiencia con un expediente tan voluminoso y sin que las partes lo hubieran procesado íntegramente podría vulnerar garantías constitucionales.
A este escenario se sumaron otros obstáculos, como:
- La recusación planteada el 10 de julio contra el juez Jairo García por los abogados Ramiro García y Estefany Alvear, y que fue rechazada el 31 de julio por el juez José Sebastián Cornejo Aguiar. Con esta decisión, García fue ratificado para continuar al frente de la causa.
- La solicitud presentada el 14 de julio por la defensa de Alvarez, quien también justificó el pedido de suspensión debido a que aún se encontraba pendiente la elaboración de informes periciales contables y de lavado de activos.
Agosto: choque de agendas y el caso Grillete
Posteriormente, el lunes 3 de agosto, cuando el juez García debía instalar la audiencia y continuar con las diligencias previstas para el resto de la semana —4, 5, 6 y 7 de agosto—, surgieron nuevos contratiempos que alteraron el desarrollo del proceso.
Al instalarse la sesión telemática, el abogado Julio César Cueva, defensor técnico de Xavier Alvarez Henriques, alertó al magistrado sobre una notificación del Tribunal de Garantías Penales de Durán. Dicho tribunal había convocado para los días 3 y 4 de agosto a la audiencia de juicio del caso Grillete, un proceso donde el burgomaestre fue sentenciado a tres años de prisión.
La defensa argumentó que el juicio en Durán tenía prelación debido a un inminente riesgo de caducidad de la prisión preventiva en esa jurisdicción. Además, se informó al juez García que Aquiles Alvarez ya se encontraba físicamente en las instalaciones judiciales de Durán, con todo el circuito de seguridad y logística desplegado para dicho juzgamiento, lo que imposibilitaba su comparecencia técnica en el caso Goleada en ese momento.
Ante la certificación de que existía una notificación oficial del tribunal de Durán para evitar cruces de audiencias y garantizar la celeridad procesal, el juez García aceptó el pedido de diferimiento para las jornadas del 3 y 4 de agosto, permitiendo que los sujetos procesales atendieran la causa en Guayas. Las nuevas fechas fijadas fueron para el 5,6 y 7 de agosto.
El colapso del 5 de agosto: la audiencia declarada fallida
El miércoles 5 de agosto de 2026, lo que debía ser el nuevo inicio de esta etapa, terminó en un estancamiento procesal. La audiencia evaluatoria fue declarada oficialmente “fallida” por el juez Jairo García.
La diligencia inició a las 08:43 a través de la plataforma Zoom con la verificación de los sujetos procesales indispensables. Durante este control, la secretaría del juzgado certificó la inasistencia de Eduardo León Micheli, abogado defensor del procesado Andrés Vicente Henriques.
A pesar de que el juez otorgó un tiempo de espera e incluso ordenó verificar si el jurista se encontraba en la sala de espera virtual, no hubo respuesta alguna. El tribunal confirmó que León Micheli había sido legalmente notificado en sus correos electrónicos personales y profesionales, por lo que su ausencia carecía de justificación técnica. Así lo informaron.
Previamente, otro defensor del mismo procesado, Matheus Vaca Calderón, había renunciado al patrocinio, dejando a León como el único responsable de la defensa técnica de Henriques.
Ante este escenario, el fiscal Dennis Villavicencio manifestó que, por prohibición de la norma procesal, no era factible instalar la audiencia sin la presencia de todas las defensas técnicas. El magistrado García coincidió con este criterio y, con el fin de evitar nulidades futuras, procedió a declarar la diligencia como fallida.
Como medida, el juez impuso al abogado ausente una multa de dos salarios básicos unificados (USD 964) y otorgó un plazo perentorio para justificar su inasistencia, bajo advertencia de remitir el expediente al Consejo de la Judicatura para su cobro.
Ahora, para blindar el proceso contra futuros retrasos, calificados por el juzgador como posibles “maniobras dilatorias”, se designó de oficio a la defensora pública Paulina Carvajal. Ella deberá estar presente en la próxima convocatoria para asumir la representación de cualquier procesado —ya sea persona natural o jurídica— cuyo abogado particular no comparezca.
Nuevo calendario
Tras dejar sin efecto las fechas de la primera semana de agosto, el juez reprogramó la audiencia con un carácter de improrrogable. El nuevo calendario se extenderá de forma continua durante más de dos semanas, del 11 al 28 de agosto de 2026, iniciando cada jornada a las 09:00 bajo una modalidad mixta (presencial y telemática).
El magistrado advirtió que aplicará facultades correctivas y coercitivas ante cualquier nueva inasistencia que pretenda retardar la resolución de la situación jurídica de los 26 procesados.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía expondrá su dictamen acusatorio contra los procesados, mientras que las defensas presentarán sus argumentos y objeciones.
Cronología del caso Goleada
La investigación fiscal tomó estado público el 10 de febrero de 2026, tras dos meses de indagaciones basadas en la denuncia de José Cevallos Avellán, exgerente financiero del grupo y ahora testigo protegido. Ese día, la Fiscalía y la Policía allanaron viviendas y oficinas en Guayas, incluyendo la del alcalde Alvarez, donde se constató que no portaba el grillete electrónico que le correspondía por otro proceso judicial.
El 11 de febrero, el juez Jairo García inició la instrucción fiscal por delincuencia organizada contra 11 personas, dictando prisión preventiva para los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez. La hipótesis central sostiene que el grupo conformó un entramado empresarial para comercializar irregularmente combustible subsidiado y blanquear los beneficios.
A medida que avanzaba la instrucción, el proceso creció en complejidad y número de procesados:
- 27 de marzo: se vinculó al asambleísta Raúl Chávez.
- 14 de mayo: la Fiscalía reformuló cargos, pasando de delincuencia organizada a lavado de activos.
- 29 de mayo: se vincularon a cinco personas naturales adicionales —incluyendo a la madre del alcalde, Gioconda Henriques, y a su esposa, Fiorella Icaza— y a nueve empresas como personas jurídicas, sumando un total de 26 procesados.
Durante este periodo, la situación cautelar varió. Mientras los hermanos del alcalde recuperaron su libertad en abril por orden de un tribunal de apelación, Aquiles Alvarez permaneció detenido. Sin embargo, el 6 de julio, el juez García volvió a dictar prisión preventiva para Xavier y Antonio Alvarez tras un pedido de revisión de la Fiscalía.
