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En el caso Progen, las cosas empiezan a complicarse para el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien estuvo encargado de la cartera de Energía, entre el 16 de abril y el 1 de julio de 2024, en plena crisis eléctrica, con apagones de hasta 14 horas diarias.
El exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, rompió el silencio y mediante un comunicado de dos páginas, reveló que el proceso precontractual de Progen respondió a un plan de emergencia liderado por el ministerio de Energía.
Su actuación se enmarcó en las directrices y disposiciones por escrito impartidas por las altas autoridades del sector.
Calero, quien reveló que es parte del sistema nacional de protección de víctimas y testigos de este proceso, dijo que entregó documentación técnica, chats y audios que señala a los verdaderos responsables del denominado caso Apagón.
Luque, por su parte, también publicó una carta, en la que aseguró que no tuvo nada que ver con el contrato de Progen y que el proceso estuvo a cargo de Celec, entidad que cuenta con autonomía administrativa.
El contrato de Progen fue suscrito el 2 de agosto de 2024, por un valor de USD 149,3 millones, de los cuales se entregó un anticipo de USD 104,37 millones. Dinero que perdió el Estado.
El presidente Daniel Noboa encargó a Roberto Luque el Ministerio de Energía, el 17 de abril de 2024, luego de la renuncia de la entonces ministra Andrea Arrobo.
Dos días después, el 19 de abril, Fabián Calero fue nombrado como gerente encargado de Celec, quien a su vez, para librarse de responsabilidades, delegó el 10 de junio la firma de los contratos con Progen y Austral a funcionarios de menor rango.
Luque dejó el Ministerio de Energía el 2 de julio de 2024. Es decir, un mes antes de la firma del contrato con Progen. Ese es el principal argumento de Luque para desmarcarse del proceso, según afirmó en una reciente declaración.
Pero en mayo de 2024 viajó a Florida, Estados Unidos, para visitar las instalaciones de Progen. Según Luque, ese viaje nada tuvo que ver la contratación posterior.
Tras la salida de Luque, el cargo de ministro de Energía fue ocupado por Antonio Goncalves, entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024.
Antes de su llegada a esa cartera de Estado, el Ministerio de Energía difundió un video en el que aparecían Luque y Goncalves. quienes anunciaban que se venían cosas buenas para el país, en medio de la crisis energética.
Fabián Calero fue una persona de extrema confianza del Gobierno de Daniel Noboa, según reflejan los acontecimientos. Además de que fue nombrado gerente subrogante de Celec en la gestión de Roberto Luque, Calero fue premiado posteriormente con el cargo de Viceministro de Electricidad.
El nombramiento estuvo a cargo de Inés Manzano, a quien Noboa encargó la cartera de Energía el 9 de octubre de 2024.
Así, el nombramiento de Calero como viceministro se dio el 11 de octubre de 2024. Es decir, dos días después de que Manzano fue designada ministra encargada de Energía.
Y eso no es todo porque cuando se desató el escándalo por la estafa de Progen, Fabián Calero fue removido como viceministro, pero la propia Inés Manzano le nombró el 17 de julio de 2025 como Jefe Corporativo de Prospección de Recursos Estratégicos, en Celec.
No obstante, el nuevo cargo le duró a Calero solamente 24 horas, luego de ser removido tras el escándalo desatado por el nuevo nombramiento.
En la investigación del caso Apagón, por parte de la Fiscalía, fueron vinculados por el presunto delito de peculado Fabián Calero y Antonio Goncalves, junto a otros 19 funcionarios del sector energético.
Mientras que en Estados Unidos, la Corte de Florida negó los pedidos de reserva y protección solicitados por Progen sobre la ruta del dinero recibido por esa empresa, por parte de Celec.
Una decisión judicial que permite que continúe la obtención de información financiera y documental para determinar quienes recibieron el dinero.
Entre julio de 2025 y mayo de 2026, don Daniel Noboa se ahorró USD 45.016 por la reducción de la pensión de alimentos de la hija de su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum.
Noboa consiguió en junio de año pasado la rebaja de la pensión en un 67% ante la Unidad Judicial Multicompetente Primera Civil del cantón Samborondón, provincia del Guayas.
Hasta ese mes Noboa pagaba USD 5.217, pero tras el fallo judicial se redujo en julio a USD 1.739, valor cancelado hasta diciembre de 2025.
En enero de 2026, por indexación anual, registró un pequeño aumento de USD 33 con lo cual la pensión subió a USD 1.772, de acuerdo al Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), de acceso público.
Desde el dictamen judicial, el presidente ha cancelado con rebaja 13 pensiones, incluidas las adicionales de diciembre (décimo tercer sueldo nacional) y de abril (décimo cuarto sueldo en la costa y Galápagos).
En su momento, el argumento de Noboa para solicitar la reducción de la pensión alimenticia fue que tiene dos hijos con su actual esposa y que su sueldo de presidente de la República, de USD 5.072 mensuales, no le alcanza para cubrir los más de USD 5.000 que pagaba de pensión.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2025 Noboa pagó USD 6.680,62 de Impuesto a la Renta (IR) y USD 10.150,42 por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), es decir, en ese año sacó del país más de USD 200.000.
El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta uno de los casos de corrupción más grandes de su gestión: los contratos eléctricos.
Durante la crisis de 2024, que sumió al país en apagones de hasta 14 horas, el Gobierno de Daniel Noboa suscribió contratos de emergencia por USD 239 millones para la adquisición de generadores terrestres con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
Actualmente, la Fiscalía procesa a 21 personas por presunto peculado, señalando que el Estado pagó por equipos viejos u oxidados que nunca funcionaron.
En medio de este proceso judicial, Byron Orozco, exgerente de Termopichincha y uno de los imputados, asegura en una entrevista -en Ecuavisa este 12 de mayo de 2026- que la cuerda “se está rompiendo” por el lado más flojo.
Orozco asumió la gerencia de la Unidad de Negocio Termopichincha en junio de 2024, apenas semanas antes de la firma de los contratos con Progen para las centrales de Quevedo y Salitral.
Según su testimonio, él no fue el arquitecto de esta contratación, sino que el proyecto ya estaba estructurado desde niveles superiores.
“La respuesta real sobre los responsables de cómo llega Progen no nace en Termopichincha, nace muchísimo antes“, denuncia Orozco.
El exgerente revela que, tras sus propias investigaciones de defensa, descubrió que la empresa estadounidense ya operaba en las sombras mucho antes de la declaratoria de emergencia: “estaba presente en el país desde diciembre del 2023; hubo gestiones previas durante ese periodo“.
El exfuncionario reconoce que Progen se acercó al proyecto Catamayo (ERSA), en la provincia de Loja
A pesar de las dudas actuales sobre la idoneidad de la empresa, Orozco afirma que, durante su gestión, intentó imponer “rigor técnico” ante los constantes retrasos de Progen, que demoró el embarque de equipos por más de un mes sin razones claras.
Asegura que llegó a notificar sobre las sanciones: “En mi gestión se multa a Progen, se le notifica que si llega al 5% del valor del monto del contrato se va a dar por terminado de manera unilateral”.
Sin embargo, este control técnico chocó con intereses políticos.
Orozco describe un escenario de hostigamiento para favorecer a la contratista: “Sentíamos una presión importante de las autoridades respecto de tratar de atender una emergencia con reuniones continuas para poder llegar a una alternativa de viabilidad”.
El exgerente señala directamente al Ministerio de Energía, mencionando que el doctor José de Oliveira, entonces coordinador jurídico bajo el mando de Roberto Luque, realizaba un seguimiento exhaustivo que buscaba “agilizar el proceso pese a todo”.
Orozco recuerda que recibía llamadas y asistía a reuniones constantes donde se sentía la urgencia de las autoridades por viabilizar los contratos a pesar de las inconsistencias.
El punto de quiebre ocurrió cuando se intentó modificar las condiciones del contrato mediante una adenda que Orozco consideró perjudicial para el Estado.
La propuesta buscaba dividir un hito de pago del proyecto Quevedo en cinco partes más pequeñas, facilitando desembolsos a Progen.
“La presión por generar la adenda hizo que tome la decisión de presentar mi renuncia de manera irrevocable porque no estaba de acuerdo y no le convenía ni técnica ni administrativa ni económicamente al país“, sentencia Orozco.
Tras su salida, estas condiciones fueron finalmente aceptadas y firmadas por las nuevas autoridades designadas.
Para Orozco, la audiencia de formulación de cargos convocada por la Fiscalía deja fuera a actores fundamentales del proceso. Critica que no se haya incluido a los administradores de contrato, quienes poseen la información técnica de la ejecución, ni a los altos mandos que dictaron las directrices políticas.
“Faltan los altos mandos por supuesto. Esto no es una decisión que la tomó Byron Orozco, es una decisión que vino ejecutándose con las directrices de las autoridades del sector“, concluye, haciendo un llamado a la justicia para que no se utilice a los técnicos como “chivos expiatorios” de una estafa millonaria contra el pueblo ecuatoriano.
El Ministerio de Energía y la estatal petrolera Petroecuador no logran superar las crisis eléctrica y petrolera del país. En medio, hubo unos cambios ‘novedosos’ en la parte administrativa.
Dos personas cobraron notoriedad.
Por un lado, Juan Carlos Blum asumió el Ministerio de Ambiente y Energía el 7 de mayo de 2026, mientras que, días atrás, Carlos Francisco Blum Lozada asumió el cargo como Gerente de Exploración y Producción de la estatal petrolera Petroecuador.
Resulta que ambos son primos, tal como confirmó Radio Pichincha con varias fuentes del ministerio, de Petroecuador y del Gobierno.
Expertos del sector petrolero consultados por Radio Pichincha advierten que la designación de dos primos en cargos jerárquicos que dependen uno del otro dentro del sector estratégico configura una forma de “nepotismo” tal como lo establecen el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, deben sancionar.
El Código de Ética de Petroecuador es tajante al señalar que la línea gerencial debe velar por la protección del patrimonio estatal y evitar cualquier situación que afecte la imparcialidad y objetividad.
Así, Radio Pichincha explica a continuación la trayectoria de Carlos Francisco Blum Lozada, un funcionario con una larga experiencia en el sector petrolero y como se estaría convirtiendo en ‘juez y parte’ de un contrato clave en el Campo Amistad0.
En 2012, Blum Lozada ya ocupaba la Gerencia de la Unidad de Negocios de Exploración y Producción de Petroecuador. De hecho, actuó como representante legal en contratos millonarios con empresas como Telvent Energía y Justice Company Técnica Industrial.
Tras su paso por la estatal petrolera se vinculó, nuevamente, al sector privado. Según su propio perfil profesional en LinkedIn, Blum Lozada se desempeñó como asesor de CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) desde julio de 2016 hasta antes de asumir la gerencia pública.
Esta empresa china es, precisamente, la beneficiaria del Contrato N.- 2025315, suscrito con Petroecuador -en agosto de 2025- para el reacondicionamiento de pozos costa afuera mediante una plataforma autoelevable (jack up) en el Bloque 6 (Campo de gas Amistad).
El Campo Amistad se encuentra ubicado en el Golfo de Guayaquil. Opera desde una plataforma marina situada a 72 kilómetros de la costa continental sur del Ecuador, siendo la única base offshore (costa afuera) de extracción de gas natural bajo operación directa de la estatal petrolera en el país.
Este contrato, adjudicado por un monto de USD 77,95 millones, tiene como objetivo principal el reacondicionamiento de pozos para duplicar la producción de gas natural de 20 millones a 40 millones de pies cúbicos diarios.
Lo paradójico es que ocho meses después de la firma de ese contrato, Blum Lozada pasó de la empresa china CCDC a la gerencia de Exploración y Producción de Petroecuador, en la que debe actuar como ordenador de gasto del mismo contrato, tal como se establecen en las condiciones del mismo.
Esta situación iría en contra de lo que establece el Código de Ética de Petroecuador. El artículo 8, literal e de ese documento prohíbe explícitamente a los colaboradores participar en asuntos donde hayan prestado servicios profesionales en los últimos dos años a las sociedades o partes interesadas.
El proyecto estrella que Carlos Blum debe ahora supervisar —y del cual fue parte desde la acera privada— no estaría arrojando los resultados esperados, pues no hay un aumento en la producción de gas desde el campo Amistad.
Los informes oficiales de Petroecuador, con corte a marzo de 2026 muestra que, lejos de duplicarse, la producción de gas en el Campo Amistad ha caído.
En el primer trimestre de 2025, el campo producía un equivalente de 3.188 barriles de petróleo por día (BOE), mientras que en el mismo periodo de 2026, la cifra descendió a 3.057 BOE, una variación negativa del 4,1%.
Expertos del sector señalan que el Estado ecuatoriano está “botando la plata” sin que la producción suba, pues se estaría pagando costos operativos millonarios por el alquiler diario de la plataforma Autoelevable (jack up) traída desde China (Contrato 2025315), pero los resultados no llegan debido a supuestos problemas técnicos de intrusión de agua de mar en los pozos que están operativos, lo que ha dificultado el aumento de la producción de gas en el campo Amistad.
Los expertos critican la firma de este millonario contrato, pues reconocen que en lugar de buscar un contrato en China, había taladros-plataformas en países vecinos como Colombia y Perú, con costos operativos mucho más económicos.
Es que solo la movilización de la plataforma fue millonaria.
Según el contrato (específicamente en el Anexo 5 de la lista de precios), el valor de la tarifa de movilización de la plataforma autoelevable (Jack Up) ascendió a USD 18 millones, cifra que incluye:
El contrato también establece el costo por día de trabajo efectivo en el reacondicionamiento de pozos: USD 120.500.
Mientras que si la plataforma está en espera con personal a bordo, el costo es de USD 100.000 por día. Y, en caso de espera sin personal (por ejemplo, por fuerza mayor), el costo baja a USD 90.000 diarios.
De acuerdo a boletines de prensa de Petroecuador, el reacondicionamiento de los cuatro pozos comenzaría en octubre de 2025 por un plazo de 365 días (un año) y se estimó que el incremento progresivo de producción llegaría a partir de mayo de 2026, algo que no ocurre.
En el informe estadístico mensual de Petroecuador de marzo de 2026 se señala de las actividades de la plataforma jack up (unidad ZHONG YOU HAI 12):
Pese a este supuesto cumplimiento en las tareas como parte del millonario contrato, la producción de gas sigue cayendo y cada vez se aleja del objetivo original de duplicar la extracción de gas.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, criticó la decisión de Petroecuador de impulsar este proyecto.
“Con ese dinero gastado en buscar mas gas, costa afuera, podían haber perforado 25 pozos en la Amazonía, como en campos como Sacha, Shushufindi o Auca, donde cada pozo rinde por lo menos 500 barriles diarios. Es decir, se ha botado la plata sin sentido. Pero al público y especialmente a los inversionistas y al FMI se les ha ilusionado que el Ecuador era la nueva Guayana. Con un potencial inmenso de incremento de la producción. Resultado, mas bien una caída. Todo ha sido oropel”, puntualizó.
Carlos Francisco, además de su vínculo con la china CCDC, aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías como accionista en el Hospital de los Valles S.A. y en la petrolera ABG Oil Corporation Ecuador S.A.
El Hospital de los Valles S.A es uno de los prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según cifras del mismo IESS, desde el año 2013 hasta febrero de 2026, el instituto ha desembolsado un total de USD 83,53 millones al Hospital de los Valles por concepto de prestaciones externas.
Solo entre enero y febrero de 2026, el hospital recibió pagos superiores a los USD 33.000.
Los informes del IESS señalan que los pagos por prestaciones externas a este centro de salud privado empezaron a disminuir a partir de 2017, una dinámica que se ha mantenido hasta la actualidad.
En tanto, los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) establecen que la empresa petrolera ABG Oil Corporation Ecuador S.A. no es contratista del Estado.
Según su declaración jurada de inicio de gestión ante la Contraloría, Carlos Francisco Blum Lozada posee un patrimonio total de USD 476.337, con activos que superan el medio millón de dólares.
Por su parte, su primo, el Ministro Juan Carlos Blum reportó un patrimonio aún mayor, de USD 740.188, tal como lo reportó un reportaje de Radio Pichincha.
Juan Carlos Blum, antes de ser Ministro fue Gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Tiene un largo prontuario en el sector priovado. Fue accionista y es el actual gerente de la consultora Efficacitas, empresa que solo en 2020 facturó contratos con Celec por más de USD 579.000.
La llegada de los primos Blum a tan altos cargos en el Ejecutivo ocurre en el momento complejo para la producción petrolera de Petroecuador.
El informe de la holding estatal confirma en el primer trimestre de 2026, la producción promedio de Petroecuador fue de 365.086 barriles por día, una caída del 1,8% frente a los 371.827 barriles del mismo periodo de 2025.
El nombramiento de Blum Lozada es visto internamente por dos aristas: experiencia para mejorar la producción de crudo y como un síntoma del “deterioro de la empresa más importante del país”, tal como se lee en un pasquín interno que circula entre los funcionarios de Petroecuador.
Radio Pichincha buscó una versión de lo señalado en Petroecuador así como en el Ministerio de Energía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
La Asamblea Nacional enfrenta cuestionamientos públicos luego de que se denunciara que no paga obligaciones patronales.
Según un certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) evidenció que la institución mantiene valores en mora por USD 1.253,93, además de registrar dos glosas impugnadas por USD 686,36.
El documento, correspondiente a la empresa Asamblea Nacional con RUC 1760000150001, señala que la entidad sí mantiene obligaciones patronales pendientes dentro del Sistema de Historia Laboral del IESS, lo que ha provocado críticas desde sectores políticos que consideran contradictorio que una de las principales funciones del Estado no cumpla plenamente con sus responsabilidades ante la seguridad social.
La asambleísta Liliana Durán cuestionó con dureza esta situación y apuntó directamente a la administración encabezada por Niels Olsen.
“La ‘Asamblea Distinta’ habla de institucionalidad, pero ni siquiera cumple con sus obligaciones con el IESS”, señaló.
Al tiempo que advirtió que resulta incoherente exigir transparencia y responsabilidad pública cuando existen incumplimientos relacionados con los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores.
ARTUR ESTUDIO NOTICIAS NACIONALES 2026 - Tatiano Gorozabel Rivera