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Las investigaciones revelan que los implicados ofrecían certificados supuestamente emitidos por la Asamblea Nacional, la Fiscalía y varios GAD, con precios de entre USD 100 y USD 300.
En el operativo denominado “Fortaleza 17”, la Policía y la Fiscalía desarticularon una presunta red de corrupción conformada por miembros de la propia institución policial.
La red se dedicaba a la venta de condecoraciones y reconocimientos institucionales falsificados para favorecer ilegalmente la carrera profesional de otros uniformados.
La intervención desarrollada este viernes 15 de mayo de 2026 incluyó seis allanamientos y se ejecutó de forma simultánea en las provincias de Pichincha (Quito), Cotopaxi y Loja. Como resultado del operativo, cinco servidores policiales fueron detenidos bajo cargos de presunta asociación ilícita.
Entre los procesados se encuentran un oficial con el grado de teniente y cuatro subtenientes (entre ellos una mujer), quienes ya han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes para su audiencia de formulación de cargos.
Méritos comprados
Según las investigaciones que duraron aproximadamente tres meses, los implicados ofrecían certificados y reconocimientos supuestamente otorgados por instituciones de alto nivel como la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, gobernaciones y diversos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Estos documentos fraudulentos eran vendidos por valores que oscilaban entre los USD 100 y USD 300. Una vez adquiridos, los uniformados los incorporaban en sus hojas de vida institucionales para obtener beneficios indebidos en los procesos de ascenso y alterar el orden de antigüedad de manera irregular.
El Inspector General de la Policía, Víctor Herrera, confirmó la participación de oficiales subalternos en la red y subrayó la gravedad del caso, señalando que la investigación no se limitará al ámbito administrativo de la institución.
“Lo más delicado de esto es que estamos hablando de falsificación de documentos y esto ya no entra solo únicamente en la parte disciplinaria, sino en la parte judicial”, señaló en un medio televisivo.
Asimismo, un informe preliminar de la Policía Nacional detalló el nivel de sofisticación de la estafa. “Para este propósito se estarían utilizando firmas y sellos presuntamente falsificados de autoridades y funcionarios de dichas entidades”.
Evidencias incautadas
Durante las incursiones, los agentes de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recolectaron elementos de convicción cruciales para el caso, incluyendo ocho teléfonos celulares, once certificados falsos y un dispositivo electrónico.
Las autoridades han manifestado que la investigación continúa abierta para identificar a otros uniformados que pudieron haberse beneficiado de estos ascensos irregulares mediante el uso de documentación falsa.
