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La desaparición de ocho niños de la casa de acogida María Campi de Yoder, en Conocoto, motivó el inicio de un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional resolvió, el 29 de junio de 2026, iniciar formalmente un proceso de fiscalización tras la desaparición de ocho niños en la casa de acogida María Campi de Yoder, ubicada en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito.
El incidente, ocurrido el pasado 27 de junio, involucró a menores que se encontraban bajo protección del Estado. Cinco ya fueron localizados, mientras que tres permanecen desaparecidos, incluyendo a dos niños de nacionalidad venezolana.
Acciones y objetivos de la Comisión
La moción, impulsada por el asambleísta Jorge Chamba del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), fue aprobada con siete votos a favor. Las acciones principales que ejecutará la mesa legislativa incluyen:
Pedido de información detallada: se requerirá información al Ministerio de Desarrollo Humano y otras autoridades competentes sobre las acciones ejecutadas desde el momento de la desaparición.
Verificación de la diligencia institucional: corroborar si las instituciones públicas, como la Policía Nacional y la Fiscalía, actuaron con la diligencia y eficacia que exige la ley en estos casos de vulnerabilidad.
Seguimiento sin interferencia judicial: la Comisión enfatizó que su labor busca cumplir una función de control social y político. Esto sin interferir en las investigaciones judiciales o las competencias del Ministerio del Interior.
¿Qué exige la Revolución Ciudadana?
En ese sentido, el legislador Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC), calificó la propuesta inicial como “escueta”. Criticó que no definiera con claridad el alcance de la intervención legislativa. Asimismo, la oposición propuso que, además de los pedidos de informes, se llamara a comparecencia inmediata a ministros y funcionarios responsables de la protección infantil. Esto para que explicaran cómo ocho niños pudieron abandonar un centro regentado por el Estado sin que nadie lo advirtiera.
No obstante, el asambleísta Chamba ratificó su propuesta original, descartando incluir las comparecencias solicitadas por la oposición en esta etapa inicial. Por su parte, la Comisión de la Niñez, liderada por la RC, adelantó que vigilará que no existan omisiones en la atención a los menores. Sin embargo, ya no podrá iniciar un proceso de fiscalización propio, debido a que la Comisión de Transparencia se adelantó en el trámite legal.
La presidenta oficialista de la comisión, Diana Jácome, quien reapareció tras estar fuera de la palestra pública por más de dos semanas, clausuró la sesión asegurando que el objetivo primordial es velar por los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Además, manifestó que se avanzará según lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para solicitar las comparecencias que sean necesarias conforme avance el proceso.
Mientras el Ejecutivo califica el proceso como un intento de desestabilización, los promotores de la iniciativa exigen al CNE acceso a la documentación presentada por el presidente y mayor transparencia en el trámite.
La iniciativa para revocar el mandato de Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto volvió a escalar en el debate político.
El Gobierno endureció su discurso contra el proceso impulsado por el colectivo Revoca EC, al sostener que la propuesta responde a un intento de desestabilizar la democracia, mientras que los promotores de la revocatoria reclamaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) mayor transparencia sobre el trámite.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, encabezó la postura oficial a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales.
En su mensaje cuestionó a los sectores que impulsan la revocatoria, entre ellos al presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, y aseguró que la solicitud presentada ante el CNE carece de sustento. Además, afirmó que Noboa respondió al proceso entregando 22 cajas con documentación que demostraría el cumplimiento de su plan de gobierno.
Narrativa
Tras esas declaraciones, varias autoridades y funcionarios del Ejecutivo respaldaron públicamente la posición del Gobierno.
El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, indicó que la respuesta presidencial incluye 14.532 folios de información verificable y defendió que la gestión gubernamental se basa en documentos y resultados.
A ese pronunciamiento se sumaron el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert; la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira; el presidente de BanEcuador, Eduardo Peña; y la asambleísta de ADN, Sade Fritschi, quienes coincidieron en rechazar lo que califican como una narrativa orientada a generar inestabilidad política.
Revoca EC
Desde la otra orilla, el colectivo Revoca EC cuestionó las afirmaciones del Ejecutivo y pidió al CNE permitir el acceso al contenido de la documentación presentada por el presidente.
Washington Andrade, uno de los dirigentes de la organización, exigió que el organismo electoral transparente el proceso y facilite la revisión de las 22 cajas entregadas por el mandatario, al considerar que el procedimiento debe desarrollarse con pleno acceso a la información para las partes involucradas.
En ese contexto, Revoca EC presentó un nuevo escrito dirigido al presidente del CNE, José Cabrera.
En el documento solicita una copia certificada de la notificación relacionada con la revocatoria de la vicepresidenta María José Pinto, acceso a la contestación presentada por Daniel Noboa y a los anexos incorporados al expediente, además de información actualizada sobre el estado del proceso.
También pide que se regularice el trámite, se permita la participación del colectivo en las sesiones del Pleno del CNE donde se analice el caso y se conceda una audiencia para tratar estos requerimientos.
La Fiscalía presentó 25 elementos de convicción para sustentar el pedido de llamado a juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto retiro no autorizado de su grillete electrónico.
La mañana de este lunes 29 de junio de 2026, la Unidad Judicial de Samborondón reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
No obstante, el desarrollo de la diligencia estuvo marcado por las fuertes críticas de la defensa técnica del burgomaestre, quienes denunciaron una vulneración sistemática del derecho a la defensa y cuestionaron la competencia de la jueza a cargo.
Cuestionamientos a la instalación de la audiencia
El equipo legal de Alvarez, liderado por el abogado Julio César Cueva, rechazó la actuación de la jueza Karen Alarcón, alegando que la magistrada insistió en continuar con la diligencia pese a haber sido recusada. Según la defensa, la recusación activa un mecanismo legal que debería suspender la competencia del juez hasta que se resuelva el incidente, requiriendo un juez subrogante para evitar comprometer la imparcialidad.
Asimismo, los abogados sostuvieron que se encontraban en un estado de indefensión, argumentando que el tiempo otorgado para la nueva convocatoria fue insuficiente para revisar el expediente y preparar una estrategia técnica adecuada.
También señalaron la imposibilidad material de reunirse con su defendido, quien se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Esta postura fue respaldada por la Defensoría Pública, que advirtió la inviabilidad de avanzar en tales condiciones de falta de acceso efectivo a la información del caso.
Las razones del llamado a juicio: la falta de un tornillo y alertas del SNAI
Pese a las objeciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su dictamen acusatorio basado en 25 elementos de convicción para solicitar que Alvarez sea llamado a juicio como autor directo. La tesis fiscal sostiene que el alcalde se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) sin contar con la debida autorización judicial.
Entre los elementos probatorios clave presentados por la fiscal Lisset Barragán se encuentran:
Ausencia de un tornillo de seguridad: una pericia técnica determinó que al dispositivo le faltaba un tornillo, lo que presuntamente impidió que el sistema generara de forma automática las alertas de “pulsera quitada”.
Alertas recurrentes: se registraron 33 alertas por parte del SNAI relacionadas con el funcionamiento y la ubicación del dispositivo.
Parte policial del allanamiento: un informe de la Policía Nacional deja constancia de que, durante un operativo realizado el 10 de febrero de 2026, Alvarez fue encontrado sin portar el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar en el marco del caso Triple A.
Investigaciones previas: el proceso se originó tras los operativos del denominado caso Goleada, donde Alvarez también es procesado por presunto lavado de activos.
Tras la exposición de la Fiscalía, la jueza Alarcón decidió suspender la sesión, la cual se reinstalará el próximo miércoles 1 de julio de 2026 a las 08:10. En esa fecha, se espera la intervención de la defensa para presentar sus alegatos de descargo antes de que la magistrada resuelva si el alcalde de Guayaquil deberá enfrentar la etapa de juzgamiento.
A pocos meses de las elecciones seccionales de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta una serie de procesos de fiscalización, denuncias y cuestionamientos impulsados desde distintos frentes institucionales.
La administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta un asedio político sistemático y una estrategia de “fiscalización selectiva” por parte del Gobierno Nacional y la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional.
A través de una serie de denuncias judiciales, informes legislativos y ataques verbales, el oficialismo concentró su agenda en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Pero, en estos momentos, la administración de Muñoz en la capital tiene especial atención desde distintos sectores gobiernistas en plena antesala de las elecciones seccionales de 2026.
Subsidios y ataques personales, el frente más reciente
El frente más reciente de este ‘acorralamiento’ ocurrió el 24 de junio de 2026. Ese día, la Asamblea Nacional, con el voto mínimo de 77 asambleístas, aprobó un cambio del orden del día propuesto por Jhajaira Urresta, asambleísta que pasó de apoyar a la Revolución Ciudadana a respaldar toda acción oficialista. La moción busca fiscalizar el destino de USD 23 millones asignados al subsidio del transporte público y el supuesto avance de obras de infraestructura.
La jornada estuvo marcada por un discurso inusualmente confrontativo por parte de Urresta. La legisladora vinculó la gestión de movilidad con la trágica muerte de un bebé de cuatro meses en el sector de Caupicho, ocurrida días atrás por la presunta imprudencia de un conductor. En este contexto, acusó al alcalde de actuar en complicidad con 15 concejales para bloquear el debate sobre la movilidad y de “dejar en indefensión” a la familia del infante al cerrar la sesión del Concejo Metropolitano.
El clímax del ataque personal llegó cuando Urresta lanzó duras descalificaciones contra la administración capitalina: “Lamentablemente Quito está plagado de ratas, incluida la administración municipal de Pabel Muñoz”, sentenció ante el Pleno.
Sin embargo, Urresta no mencionó que el subisdio de USD 23 millones fue una respuesta directa del Municipio de Quito luego de que el Gobierno de Daniel Noboa eliminara el subsidio a los combustibles a nivel nacional el año pasado.
En el mismo Parlamento, ADN concentra su agenda de fiscalización en tres ejes de la gestión municipal:
La infraestructura del Metro
La renovación de la flota de trolebuses
El cobro de la tasa de recolección de basura.
El 23 de junio de 2026, con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó un informe que recomienda investigar la compra de 60 trolebuses eléctricos por un monto de USD 32,9 millones. La investigación, impulsada por el legislador Xavier Ordóñez (ADN), alega un presunto sobreprecio. Señala que el municipio pagó aproximadamente USD 538.000 por unidad, a pesar de existir ofertas menores de USD 435.000.
El informe cuestiona el uso de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para realizar la compra bajo régimen especial, sugiriendo que la intermediación de la ONU habría generado sobrecostos innecesarios.
Por su parte, Muñoz tildó el proceso de “persecución política” y un “bochorno internacional”, defendiendo que el proyecto cumplió con estándares internacionales y fue validado por organismos técnicos nacionales.
Simultáneamente, el oficialismo puso la mira en la columna vertebral del transporte quiteño: el Metro. El mismo asambleísta Ordóñez inició una fiscalización sobre lo que denomina un “desgaste crítico de las rieles” y fallas en la soldadura que pondrían en riesgo la operación.
Además del estado físico de la obra, ADN solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial inmediato a la etapa precontractual del mantenimiento de la Primera Línea del Metro, un contrato valorado en USD 73,9 millones.
El Concejo Metropolitano rechazó estas intervenciones, argumentando que, según la Constitución, la Asamblea carece de competencia directa para fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), cuya supervisión corresponde exclusivamente a la Contraloría y al propio Concejo.
La tasa de basura que nace a partir de una decisión del Gobierno
Otro frente se centra en la Tasa de Recolección de Basura (TRB). En octubre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó unilateralmente el cobro de esta tasa de las planillas eléctricas, rompiendo convenios con 41 municipios. Para evitar una crisis sanitaria por falta de recursos (unos USD 4 millones mensuales en el caso de Quito), el municipio trasladó el cobro a la planilla de agua potable.
Este cambio generó un incremento en el valor de la tasa para el 40% de los quiteños debido a que el universo de abonados de agua es menor al de electricidad.
El 17 de junio de 2026, la Asamblea aprobó una resolución para exhortar a los municipios a revisar estas metodologías de cálculo. Legisladores de oposición denuncian que el Gobierno provocó este problema para “limpiar” la factura eléctrica y ocultar el incremento real de las tarifas de energía, usando ahora el malestar ciudadano como arma política contra Muñoz.
Quito denunciado por presunta alteración del catastro
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) informó el pasado martes que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra el Municipio de Quito por la presunta alteración de información oficial en su base de datos de catastro.
De acuerdo con la SOT, este nuevo proceso se originó tras una acción de control y vigilancia no programada. Durante la investigación, el organismo determinó que el Municipio realizó modificaciones o alteraciones injustificadas en sus bases de datos catastrales con el objetivo de “pretender simular el cumplimiento normativo” relacionado con la actualización y remisión de dicha información a la Superintendencia.
La denuncia presentada ante la Fiscalía señala delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La SOT detalló que se investigan presuntos actos de “falsificación informática” y la “supuesta alteración de evidencias y elementos de prueba”.
A la par de la acción penal, la Superintendencia ya emitió una sanción administrativa contra el Municipio de Quito por el incumplimiento de diversos parámetros técnicos, entre ellos la implementación del sistema Sigcal y la codificación correcta de las claves catastrales.
Otras denuncias de la SOT
Esta sanción a la gestión municipal a través del catastro se suma a una serie de resoluciones previas emitidas por la SOT contra la administración de Muñoz. Entre los antecedentes recientes se encuentran:
Caso Guápulo: en febrero de 2026, el municipio fue sancionado por emitir una licencia urbanística que, según el organismo de control, vulneró las normas de protección del paisaje urbano histórico de este sector.
Caso Bellavista: a inicios del mismo mes, la SOT aplicó la “máxima sanción” por la reactivación de una licencia de construcción en un predio ubicado en una zona de alto riesgo en el norte de la ciudad.
Supuestas “salas espejo” y manejo de cámaras por ex-Senain
El pasado 23 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, arremetió contra la administración del alcalde Pabel Muñoz, vinculando a exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) con el manejo de los sistemas de videovigilancia en Quito. Según el funcionario, estas personas ocuparían cargos estratégicos en el municipio y estarían a cargo de lo que denominó “salas espejo” o estructuras paralelas de vigilancia.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Reimberg sostuvo que estos sistemas no controlados por el Estado podrían estarse utilizando para fines ajenos a la seguridad ciudadana, específicamente para alertar sobre operativos policiales, controles militares o incautaciones de droga.
“Quito tiene sus cámaras y están poniendo sus cámaras. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain”, sentenció el ministro.
El Municipio de Quito rechazó estas afirmaciones, calificándolas de “totalmente falsas”. La administración municipal aclaró que las 632 cámaras del cabildo están bajo el control exclusivo del ECU 911, una entidad que pertenece al Gobierno Nacional.
Asimismo, precisó que estos equipos operan desde la Sala del COE Metropolitano, situada en el mismo edificio del ECU 911, y que fueron adquiridos entre 2016 y 2020, desmintiendo así la existencia de cualquier estructura paralela o de acceso no autorizado.
De igual modo, el Cabildo destacó que su Plan Metropolitano de Seguridad fue aprobado con la participación de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Además, subrayó una inversión de USD 12,8 millones para equipar a la Policía durante la actual gestión, que incluye la entrega de 134 patrulleros, 220 motocicletas y la readecuación de 108 Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Con plazo hasta el 2 de julio para definir candidaturas, varias fuerzas políticas ya oficializaron nombres para las principales ciudades y provincias del país de cara a las seccionales de 2026.
A pocos días de que se cierre el plazo para las elecciones primarias, el panorama político para los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026 empieza a consolidarse.
Con el 2 de julio de 2026 como fecha límite para que las organizaciones definan sus cuadros, las principales fuerzas políticas intensificaron sus procesos de democracia interna, marcados por la imposibilidad de la Revolución Ciudadana (RC) de participar con su propio casillero debido a una suspensión de nueve meses del registro electoral.
Por ello, la RC optó por participar bajo el paraguas del movimiento Amigo (lista 16) y otras alianzas.
Las candidaturas ya definidas en las principales ciudades
En Quito, la contienda se perfila con tres figuras principales ya confirmadas en primarias.
El actual alcalde, Pabel Muñoz, busca la reelección bajo la bandera de Amigo, ante la inhabilitación de su movimiento original.
El exalcalde Jorge Yunda, quien participará por el partido Avanza (lista 8)
Cristina Chachaguay, representante del partido Unidad Popular (lista 2).
Wilson Merino fue designado por el movimiento Imparables para las seccionales.
Para la Alcaldía de Guayaquil, se oficializaron dos precandidaturas hasta el momento. Por la oposición, el actual legislador Juan Pablo Molina terciará con el auspicio de Amigo, aunque se analizan posibles alianzas con los movimientos RETO y el Partido Socialista. Su contraparte confirmada es Karla Arellano, dirigente de la Unidad Popular en Guayas.
En Cuenca, el escenario presenta mayor fragmentación. Pedro Palacios, exalcalde de la ciudad, buscará recuperar el cargo con su movimiento Nueva Generación (lista 100). Por parte del sector de la RC, el actual prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, fue designado precandidato mediante una alianza entre Amigo y el Partido Socialista, mientras que Iván Abril también figura como opción por el movimiento Amigo. A ellos se suma Sebastián Cevallos por la Unidad Popular.
Panorama en otros cantones estratégicos
El mapa electoral se extiende a otras ciudades donde los movimientos ya definieron sus cartas:
Manta: la actual alcaldesa Marciana Valdivieso buscará la reelección auspiciada por el movimiento Mejor Ciudad (lista 107).
Santo Domingo: Liliana Silva fue designada como la precandidata por la Unidad Popular.
Provincia del Guayas: el movimiento Amigo, cobijando a cuadros de la RC, definió nombres para varios cantones, incluyendo a Sandra Figueroa para Durán, Juan Carlos Silva para Samborondón, Fricson George para Daule, Christian Alvarado para Yaguachi y Fanny Mosquera para Juján.
Machala: se reporta un “cambalache” de dignidades donde el actual prefecto de El Oro aspira a la alcaldía, mientras el actual alcalde, Darío Macas, buscará la Prefectura por su movimiento PLAN 77.
Entre tanto, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por el presidente Daniel Noboa, aún no ha oficializado a sus postulantes definitivos para las alcaldías. Se espera que estas candidaturas se formalicen en los últimos días del periodo de primarias. Todas las precandidaturas actuales deberán ser posteriormente inscritas y calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)para quedar en firme.
Mapa de las Prefecturas
En Guayas, la militancia de la RC, a través de Amigo, postuló a la exasambleísta Sofía Espín Reyes en binomio con Luis “Chino” Gómez para la Viceprefectura. Por su parte, la Unidad Popular (lista 2) nominó a Juan Cervantes e Isabel Menéndez como sus cartas para esta provincia.
En Pichincha, el actual viceprefecto Alexandro Tonello buscará dar el salto a la Prefectura cobijado por Amigo. Competirá contra Carla Cevallos, quien cuenta con el respaldo del partido Avanza (lista 8), y contra el activista social Nelson Erazo, postulado por la Unidad Popular.
La provincia de Manabí presenta una disputa de figuras conocidas: Luisa González oficializó su precandidatura por Amigo, acompañada por el legislador Guido Mendoza. Frente a ella se situará el exalcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, quien terciará por el movimiento Caminantes (lista 62) junto a Viviana Zambrano.
En Azuay, el tablero es más amplio con cuatro nombres ya definidos:
Fernanda Chica (Amigo-RC).
Raúl Delgado, actual alcalde de Paute, por el movimiento Nueva Generación (lista 100).
Ángel Cartuche representará a Pachakutik.
Sebastián Cevallos participará por la Unidad Popular.
El Oro destaca por un particular “cambalache” de dignidades, donde el actual alcalde de Machala, Darío Macas, buscará la Prefectura por el movimiento PLAN 77. Se enfrentará al asambleísta Steven Ordóñez (Movimiento PHD) y a Gabriel Ugarte por el Partido Social Cristiano (lista 6).
En Cotopaxi, la actual prefecta Lourdes Tibán fue ratificada por Pachakutik para buscar la reelección. Mientras tanto, en Los Ríos, el legislador de la oposición Ronal González fue el elegido por el movimiento Amigo para la contienda.
Finalmente, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la disputa se centra entre Lady Cedeño (Unidad Popular) y Alberto Pantoja (Amigo). En Santa Elena, se oficializó el binomio de Lenin Mera Cedeño y Jackeline Chiriboga, también bajo la plataforma de Amigo. El movimiento oficialista ADN aún no ha oficializado sus cuadros definitivos.
Para estas dignidades, ADN tampoco ha oficializado a sus postulantes definitivos. Se espera que el partido de gobierno realice sus procesos de democracia interna hacia el final de la semana para completar el cuadro de aspirantes.
El movimiento Amigo presentó a sus principales cartas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
Este sábado 27 de junio de 2026, el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), lista 16, definió sus principales figuras para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
Ante la inhabilitación temporal del movimiento Revolución Ciudadana (RC) dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la RC optó por utilizar la plataforma de Amigo para inscribir a sus cuadros más relevantes.
En un evento masivo realizado en el sector de Solanda, al sur de Quito, el actual alcalde Pabel Muñoz fue designado oficialmente como precandidato a la reelección. Muñoz competirá en la contienda capitalina frente a figuras como el exalcalde Jorge Yunda, quien fue proclamado por el partido Avanza este mismo día.
Para la Prefectura de Pichincha, el movimiento Amigo apostó por Alexandro Tonello, quien actualmente se desempeña como viceprefecto de la provincia. Su compañera de fórmula para la viceprefectura será Dayana Vargas.
Manabí: Luisa González encabeza la papeleta provincial
En la provincia de Manabí, la excandidata presidencial Luisa González fue proclamada como precandidata a la Prefectura. Su binomio será el actual asambleísta por la Revolución Ciudadana, Guido Mendoza, quien deberá renunciar a su curul en la Asamblea Nacional para participar en los comicios.
El movimiento Amigo servirá de auspiciante para estas candidaturas debido a la situación legal de la RC.
Así, con la incorporación de figuras de alto perfil del movimiento liderado por Rafael Correa, Amigo busca tener gran votación en las próximas elecciones.
Todas estas designaciones deberán ser aceptadas públicamente por los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, posteriormente, superar la etapa de impugnaciones para quedar oficialmente habilitadas en la papeleta electoral.
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