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Este jueves 26 de febrero de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reiteró la importancia de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Advirtió que, si no cumple la norma, Quito enfrentará una multa de USD 77 millones; y si la aplica, deberá recortar cerca de USD 459 millones, lo que implicaría eliminar sectores como cultura, educación y otros servicios municipales.

Este jueves 26 de febrero de 2026, en entrevista con BN Periodismo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la reforma al Cootad debilita la autonomía municipal y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la ciudad. Según Muñoz, Quito figura entre las capitales más afectadas por esta medida.

“Este no es un problema de las autoridades. Este un problema contra las ciudades. Y yo, como alcalde de la capital, voy a defender a Quito, porque defender a Quito es defender la autonomía, la Constitución y al resto de gobiernos locales del país”, enfatizó el Alcalde.

Reforma al Cootad amenaza inversión social en Quito

El alcalde advirtió que la reforma afecta directamente las partidas 71 (personal de inversión) y 78 (transferencias), que financian programas sociales, culturales y personal técnico especializado.

Con esta normativa vigente, el Municipio reduciría su capacidad de sostener servicios de atención social, salud, cultura, movilidad y protección de derechos, impactando directamente la inversión social en Quito.

“No seré yo el alcalde que desmantele los servicios sociales del Municipio de Quito”, enfatizó Muñoz.

El alcalde explicó que los equipos que ejecutan talleres extracurriculares en unidades educativas municipales trabajan bajo personal de inversión. Estos programas mantienen a niños y jóvenes alejados de la delincuencia organizada. Con la reforma, estos proyectos quedarían en riesgo.

Muñoz advirtió que, si Quito no cumple la normativa, enfrentará una sanción de USD 77 millones, equivalente a la construcción de 77 parques metropolitanos como el Parque del Tingo.

Si el Municipio aplica la reforma, deberá ajustar su presupuesto en aproximadamente USD 459 millones. Según el alcalde, ni eliminando sectores como cultura, educación y ocho servicios municipales adicionales alcanzaría esa cifra.

Concejo Metropolitano aprueba demanda contra la reforma

El 24 de febrero, el Concejo Metropolitano aprobó con 15 votos a favor, cinco ausencias, uno en contra y una abstención interponer la demanda de inconstitucionalidad, junto con una acción de protección y medida cautelar, contra la reforma al Cootad.

Con esta decisión, Quito llevará el caso a la Corte Constitucional para defender su presupuesto, los servicios sociales y la autonomía municipal.

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, afirmó que Ecuador rompió de manera unilateral el diálogo con Colombia por la falta de voluntad política del país vecino para garantizar mayor control en la frontera y combatir el narcotráfico, y defendió el aumento al 50% de la tasa de seguridad.

El Gobierno de Ecuador decidió romper el diálogo con Colombia en el marco de la tensión comercial que mantienen ambos países, situación que mantiene en incertidumbre el futuro del intercambio económico bilateral. La decisión se produce luego del incremento de la denominada tasa de seguridad aplicada a las importaciones colombianas, que pasó del 30% al 50% y que entrará en vigencia desde el 1 de marzo de 2026.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, señaló en una entrevista para Ecuavisa que el principal motivo de la medida es la ausencia de respuestas políticas desde el Gobierno colombiano para atender las demandas ecuatorianas, especialmente en lo relacionado con el control fronterizo y la lucha contra grupos vinculados al narcotráfico.

Según el funcionario, el país vecino restringió previamente el ingreso terrestre de cerca de 30 productos alimenticios ecuatorianos, entre ellos arroz, banano, aguacate, papa y mariscos. Esta decisión generó molestia en el Ejecutivo ecuatoriano, que considera que las limitaciones al comercio no pueden mantenerse sin mecanismos coordinados de seguridad fronteriza.

El ministro afirmó que las comunicaciones entre los dos gobiernos se han debilitado en las últimas semanas. Aunque inicialmente existía un proceso de acercamiento diplomático, Jaramillo aseguró que el diálogo transitaba de forma progresiva hacia el estancamiento hasta llegar a la actual ruptura comunicacional.

Frontera, seguridad y argumento oficial del incremento arancelario

El Gobierno ecuatoriano justifica el alza de la tasa de seguridad como una política vinculada a la protección nacional. Desde esta perspectiva, el comercio bilateral solo puede sostenerse si existe un mayor control territorial para contener actividades delictivas en la zona fronteriza.

Jaramillo insistió en que la principal expectativa del país es obtener una respuesta colombiana orientada a fortalecer la vigilancia en la frontera común y combatir la presencia de estructuras ligadas al narcotráfico. El funcionario sostuvo que la corresponsabilidad en materia de seguridad es un requisito para mantener flujos comerciales estables.

La postura oficial ecuatoriana sostiene que el conflicto no es únicamente económico. Agregó que también es de seguridad nacional, razón por la cual se adoptó la medida arancelaria como mecanismo de presión política y administrativa.

Impacto económico y preocupación por el comercio andino

La confrontación comercial genera inquietud en distintos sectores productivos, incluidos organismos de integración regional. La Comunidad Andina, el Parlamento Andino, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Consejo Consultivo Empresarial Andino expresaron su preocupación por el deterioro de las relaciones comerciales.

Estas instituciones señalaron que las decisiones adoptadas por Ecuador y Colombia pueden afectar el proceso de integración andina y generar distorsiones en los mercados regionales.

Desde el sector productivo también se advirtió que el cierre del flujo terrestre de exportaciones hacia Colombia podría provocar un problema de sobreoferta interna en algunos cultivos ecuatorianos, con el consecuente riesgo de caída de precios para los productores nacionales.

El propio ministro Jaramillo reconoció que cerca de un tercio de las exportaciones ecuatorianas podría enfrentar algún nivel de afectación. En cuanto a las importaciones provenientes de Colombia, sostuvo que ese mercado no necesariamente representa la alternativa más económica en términos de precios.

Demanda de mayor control fronterizo como eje del desacuerdo

El Gobierno ecuatoriano insiste en que la solución al conflicto depende de la voluntad política de Colombia para fortalecer las acciones de seguridad en la zona limítrofe. Jaramillo afirmó que el país vecino podría resolver el problema mediante un mayor control fronterizo.

“Ellos pueden solucionar el problema. La solución es con más control en la frontera”, sostuvo el ministro, al reiterar que esa ha sido la principal solicitud planteada desde el inicio de la controversia.

Paralelamente, Colombia no ha emitido una reacción oficial al aumento del arancel. Sin embargo, sí activó dos procesos de demanda ante la Comunidad Andina como mecanismo de cuestionamiento a las medidas ecuatorianas.

La tensión comercial se mantiene abierta y sin un horizonte inmediato de negociación. Mientras tanto, los órganos del Sistema Andino de Integración han hecho un llamado urgente a los presidentes de ambos países, Daniel Noboa y Gustavo Petro, para que retomen el diálogo y eviten una escalada del conflicto económico y político entre las dos naciones.

La norma reformó el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) e introdujo límites. La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.

La reforma fiscal que modifica el esquema de asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) enfrenta otro frente judicial a día seguido. Este 25 de febrero de 2026, la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados —vigente desde el 21 de febrero de 2026 tras su publicación oficial— acumuló su tercera demanda de inconstitucionalidad y se alista una cuarta.

La norma reformó el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) e introdujo límites. La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%. Sin embargo, los gobiernos seccionales cuestionan esta propuesta. Señalan que estarían perdiendo autonomía y pondría en riesgo varios proyectos y programas sociales, cuyos rubros, en parte, están dentro del gasto corriente.

Restricciones presupuestarias y amenaza de recortes

Más allá del porcentaje obligatorio, la ley incorpora otros mecanismos de control y sanción. Los GAD están obligados a presentar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo puede aplicar reducciones económicas previstas en la Constitución, que oscilan entre el 30% y el 50% del presupuesto institucional.

Hasta este 25 de febrero de 2026, tres acciones habían sido presentadas ante la Corte:

• Una por el concejal de Quito Andrés Campaña.
• Otra por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), la Federación de Barrios de Quito y su núcleo de Pichincha.
• Una tercera por el movimiento Unidad Popular.

A estas se sumará la demanda anunciada por la Prefectura de Pichincha, tras una resolución adoptada por su Consejo Provincial este miércoles.

Todas coinciden en dos ejes: presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo y contradicciones de fondo con la Constitución en materia de competencias y asignaciones presupuestarias de los GAD. Además, solicitan medidas cautelares para suspender la aplicación de la ley mientras se emite un fallo definitivo.

Un precedente reciente a dos leyes urgentes

El desenlace dependerá exclusivamente de los jueces constitucionales. En septiembre de 2025, ese mismo tribunal dejó sin efecto las leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional, al determinar que no cumplieron con los requisitos formales para su trámite y aprobación en la Asamblea. Aquella decisión marcó un precedente frente al uso recurrente de la figura de urgencia económica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. Tras la campaña de presión política que el oficialismo emprendió en agosto de 2025 contra los magistrados constitucionales, los pronunciamientos sobre leyes urgentes del Ejecutivo comenzaron a dilatarse. Prueba de ello es que más de 20 demandas de inconstitucionalidad permanecen pendientes de resolución respecto a normas como las leyes de Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Fiscal.

El edificio de la Fiscalía permaneció bajo vigilancia reforzada, con agentes en pasillos y accesos, mientras el interrogatorio sobre el crimen de Fernando Villavicencio se desarrollaba bajo estrictas medidas de seguridad.

Wilmer Chavarría Barré, más conocido en el mundo criminal como alias Pipo, dejó por un momento la cárcel de Zuera, para dirigirse, escoltado por policías fuertemente armados, a las dependencias de la Fiscalía de Zaragoza, en España.

Esto, debido a que a las 11:15, de este miércoles 25 de febrero de 2026, iniciaba su interrogatorio sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana.

Así, en la sala de vistas número 7, el líder de la banda criminal Los Lobos, rodeado de una fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Española, su abogado y tres policías nacionales, inició con la diligencia judicial.

Los policías le trasladaron 24 preguntas remitidas por la Policía de Ecuador, pero alias Pipo no las contestó. Sin embargo, luego sí respondió a las preguntas hechas por la fiscal y su abogado defensor.

¿Qué dijo Pipo?

En los 45 minutos que duró el interrogatorio, Pipo negó ser el autor del asesinato de Villavicencio, ocurrido en el norte de Quito, en agosto de 2023.

El detenido también afirmó que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le había manifestado que el crimen lo habría ordenado el presidente Noboa ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, la intención de Noboa y Reimberg habría sido “engañar” a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EE.UU., señaló la agencia EFE.

Chavarría consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y, que si fuera extraditado a Estados Unidos, la intención de las autoridades ecuatorianas es que declare en contra del expresidente Rafael Correa.

Pipo también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que, en la sala donde recibió las amenazas, había cámaras de seguridad que se pueden consultar para constatar que no miente.

Añadió que la intención del ministro Reimberg y de Noboa es “sacarle de circulación”, al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente Noboa estaría jugando “un papel importante”.

Pipo agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar, este miércoles, es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas, que no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.

Máxima tensión

En el interior de la sala donde declaró Pipo permanecieron cuatro miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), además de un quinto que ha custodiado la puerta de acceso armado con una metralleta. 

En los pasillos del edificio Fueros de Aragón, la vigilancia era máxima, con agentes de la Unidad Adscrita y otros agentes que vigilaban los rincones del complejo, mientras sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) cercaban el recinto judicial, señaló el Periódico de Aragón.

Sobre las 12:00 se dio por concluida la declaración de Pipo, quien luego fue trasladado hasta la cárcel de Zuera, en un furgón de la Guardia Civil. Hasta el centro penitenciario le han acompañado varias dotaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y una veintena de guardias civiles que también formaron parte del operativo.