El acuerdo se suscribió con Pedidos Ya, Uber Eats, InDrive, Rappi, Volt Delivery. Y permitirá verificar la identidad de los repartidores durante los controles en las vías.

En las instalaciones del Centro de Innovación de Quito IQ, se oficializó la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) y las plataformas de intermediación del servicio de reparto (Pedidos Ya, Uber Eats, InDrive, Rappi y Volt Delivery.

Este convenio vino acompañado de la presentación del Registro Único Digital del Servicio de Delivery. Una herramienta diseñada para fortalecer la seguridad ciudadana y optimizar el control en las vías de la capital.

El acuerdo, que consta de 13 puntos consensuados tras tres mesas de trabajo técnico previas, busca formalizar y ordenar la actividad de los repartidores sin generar costos para el Municipio ni para los ciudadanos.

El registro se centra en la identidad del prestador (y no en el vehículo), permitiendo el “multi-apping” (trabajar en varias plataformas a la vez) y la declaración informativa de hasta cinco vehículos por prestador.

Todo esto mediante un sistema de verificación enteramente virtual y con un código QR.

Seguridad

Uno de los ejes centrales de esta iniciativa es la seguridad. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfatizó la necesidad de abordar la problemática delictiva de manera técnica y justa, evitando generalizaciones que afecten a los trabajadores honestos.

La autoridad municipal reveló que la ciudad tiene registrados exactamente 139 casos donde se cometió un delito por parte de personas que se hicieron pasar por repartidores. Sin embargo, aclaró que los trabajadores de este sector suelen ser las principales víctimas de la delincuencia.

“No hay que estigmatizar un servicio. Porque si vemos las estadísticas, los operadores de plataformas delivery son más víctimas de asaltos, de robos”, explicó.

Controles eficientes y tecnología

Con la implementación del Registro Único Digital, los agentes de tránsito del Distrito Metropolitano de Quito podrán verificar de manera ágil la identidad de los repartidores en la vía pública, respetando la protección de sus datos personales.

“Lo que pasa hoy en el mundo es que una persona se está dedicando al trabajo de delivery. Está en dos o tres plataformas. Por lo tanto, aquí le estamos diciendo: ‘usted está en dos o tres plataformas. Perfecto, lo puede hacer. Simplemente regístrelo’”.

El alcalde agregó que cuando se hagan los controles, estos se fortalecerán. “Cuando nos topemos en un determinado control con alguien que nos dice, ‘yo soy delivery’, él pueda tener también su QR. Y que a la autoridad municipal le diga, ‘usted es un delivery, continúe’”, detalló el burgomaestre.

El acuerdo tiene una vigencia de 12 meses prorrogables y establece la conformación de mesas técnicas de seguimiento mensuales.

Además, incluye compromisos para capacitaciones conjuntas dirigidas a los agentes de control (a planificarse en los próximos ocho días), campañas de promoción activa del registro por parte de las plataformas y la posibilidad de compartir información confidencial para la elaboración de mapas de calor de oferta y demanda y de seguridad vial, bajo estrictos convenios de protección de datos.

Entre el discurso institucional de transparencia y las advertencias de abogados y juristas sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el uso del régimen disciplinario abre un debate sobre los límites del control administrativo en la Función Judicial.

En la Función Judicial de Ecuador prestan sus servicios aproximadamente 15.500 funcionarios, según datos oficiales del Consejo de la Judicatura.

La institución sostiene que impulsa un proceso de reestructuración orientado a fortalecer la transparencia, mejorar la gestión administrativa y resolver problemas acumulados dentro del sistema judicial. Sin embargo, las medidas implementadas también han generado cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito jurídico.

La aplicación de acciones disciplinarias y sancionatorias ha motivado pronunciamientos de abogados, juristas y analistas, quienes cuestionan el alcance de estos procesos y sus posibles efectos sobre la independencia judicial.

Mientras el Consejo de la Judicatura sostiene que estas actuaciones responden a sus competencias de administración, evaluación y control disciplinario, representantes del gremio jurídico mantienen abierto el debate sobre el equilibrio entre la depuración institucional y la autonomía de los jueces.

En este contexto, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y diversos actores del ámbito jurídico han expuesto sus posiciones sobre la aplicación del régimen disciplinario, el proceso de reorganización institucional y la designación de jueces temporales.

La posición de la Judicatura: reorganización institucional y control disciplinario

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, quien asumió el cargo en mayo de 2026, se refirió a estos cuestionamientos durante una entrevista concedida al periodista Carlos Vera en Centro Digital, el 23 de julio de 2026.

Durante ese diálogo sostuvo que en la Función Judicial aún permanecen servidores que ingresaron durante la administración del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

En ese contexto señaló que, si actuara únicamente bajo criterios personales, removería a todos los funcionarios nombrados desde esa época; sin embargo, precisó que las decisiones deben adoptarse conforme a los procedimientos legales y a las competencias del organismo.

“Entiendo que muchos se pregunten por qué la demora, pero no puedo provocar una desorganización total del Consejo de la Judicatura. No puedo separar a 15.500 servidores de la noche a la mañana. Lo que buscamos es que quienes quieran ingresar a la Función Judicial cumplan con los requisitos y, sobre todo, no tenemos tiempo para detenernos a perseguir a determinadas personas cuando nuestro objetivo es captar personal idóneo”, señaló Caicedo.

La presidenta del Consejo de la Judicatura indicó además que, desde que asumió el cargo en mayo hasta el 23 de julio de 2026, cerca de 38 jueces han sido destituidos. Explicó que quienes permanezcan en funciones podrán postular a las vacantes temporales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

“Desde que presido este Pleno se ha destituido a cerca de 38 jueces. Quienes permanezcan en funciones podrán participar en el proceso de selección y calificar para ocupar vacantes de carácter temporal. Sin embargo, verificaremos que no registren sanciones disciplinarias ni sumarios administrativos”, precisó.

Asimismo, enfatizó que el Consejo de la Judicatura no interviene en las decisiones jurisdiccionales de los jueces, sino que su competencia se limita a la administración, evaluación y control disciplinario de la Función Judicial.

“Garantizamos la independencia judicial, aunque a veces no nos gusten las decisiones que se adopten”, exclamó.

Las declaraciones de Caicedo se produjeron mientras el Consejo de la Judicatura impulsa medidas para atender vacantes, resolver procesos disciplinarios acumulados y avanzar en la reorganización administrativa de la Función Judicial.

Las cifras de las destituciones

De acuerdo con las estadísticas oficiales con corte a junio de 2026, entre 2019 y 2026 fueron destituidos 599 funcionarios.

Entre los servidores sancionados constan 253 jueces, 57 secretarios, 56 ayudantes judiciales y 52 fiscales, además de otros funcionarios de distintas áreas de la Función Judicial.

SANCIONES A FUNCIONARIOS JUDICIALES (2019 – JUNIO 2026)
Cargo / Categoría	Cantidad de Destituidos
Jueces	253
Secretarios	57
Ayudantes judiciales	56
Fiscales	52
Otros funcionarios	181
Total de destituciones	599

El mayor número de destituciones

La mayor concentración de destituciones se registra durante los últimos años. En 2024 fueron separados 102 funcionarios; en 2025, otros 102; y durante el primer semestre de 2026, 56.

En el caso específico de los jueces, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario reporta que el mayor número de destituciones ocurrió en 2024, con 57 casos; seguido de 2025, con 45; mientras que entre enero y junio de 2026 se registraron 29.

Respecto de los fiscales, de los 52 destituidos registrados entre 2019 y junio de 2026, 14 corresponden a 2024, 11 a 2019 y uno al primer semestre de 2026.

Las cifras reflejan que la mayor parte de las destituciones se concentra en los últimos años, periodo en el que la Judicatura sostiene que ha fortalecido la aplicación del régimen disciplinario como parte de su proceso de reorganización institucional.

La aplicación del régimen disciplinario

Dentro del catálogo de faltas disciplinarias previsto en la normativa de la Función Judicial, el error inexcusable constituye una de las causales por las que pueden iniciarse procesos administrativos contra jueces y otros servidores judiciales.

De acuerdo con la información de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, entre enero y junio de 2026 se registraron 18 sanciones por esta causal. Entre 2024 y el primer semestre de 2026 el total asciende a 68 casos.

En cuanto a la causal de manifiesta negligencia, los registros oficiales reportan 39 casos entre 2021 y 2023. Hasta el corte de junio de 2026 no constan nuevos registros por esta infracción.

A estos procesos se suma la revisión de expedientes disciplinarios que permanecían pendientes de resolución desde administraciones anteriores.

Frente a esa acumulación de causas, el Consejo de la Judicatura informó que el Pleno resolvió 86 procesos disciplinarios rezagados que se encontraban en riesgo de prescripción.

Posteriormente, el 20 de julio de 2026, durante la sesión extraordinaria N.° 098-2026, la presidenta Mercedes Caicedo informó que, desde el inicio de la actual administración en mayo hasta esa fecha, el Pleno había resuelto 89 investigaciones disciplinarias pendientes.

En esa misma sesión el Pleno dispuso que, en el plazo de tres días, se presente un informe actualizado sobre el estado de los expedientes disciplinarios con el propósito de dar seguimiento a las causas aún pendientes.

Mientras la Judicatura sostiene que estas actuaciones forman parte de un proceso de reorganización institucional y del ejercicio de sus competencias de control disciplinario, distintos abogados y juristas han expresado preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre la independencia judicial.

Pronunciamientos del gremio jurídico

Uno de los casos que generó mayor debate ocurrió el 27 de julio de 2026, cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la sesión N.° 103-2026, suspendió hasta por tres meses y sin remuneración a los jueces Byron Uzcátegui, Silvana Velasco y Wiler Chóez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

La medida disciplinaria se originó por un presunto error inexcusable relacionado con la decisión judicial que revocó la prisión preventiva de los procesados dentro del caso Goleada.

La resolución generó diversas reacciones entre abogados, académicos y otros representantes del ámbito jurídico.

El jurista Felipe Rodríguez Moreno expresó públicamente su respaldo al juez Byron Uzcátegui y afirmó que pondría “las manos al fuego” por su honestidad y profesionalismo.

Además, cuestionó que una decisión jurisdiccional adoptada dentro del marco legal pueda derivar posteriormente en un proceso disciplinario.

Por su parte, el abogado y catedrático Jorge Luis Mazón destacó la trayectoria profesional de Uzcátegui, a quien recordó como uno de sus mejores estudiantes, y sostuvo que este tipo de actuaciones administrativas pueden generar preocupación entre jueces que ejercen sus funciones con criterios independientes.

El economista Robin González también se pronunció sobre el caso a través de la red social X.

“No se puede permitir una injusticia contra alguien honesto y más aún no se puede permitir que nos dé igual”.

Otro de los pronunciamientos provino del jurista Marlon Navia, quien cuestionó el mensaje que, a su criterio, estas decisiones pueden transmitir a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

“Si tú te rindes, tu silla no se queda vacía… Tu silla la ocupará el que sí contesta el teléfono, el que sí le pone precio a una sentencia… Porque un país sin jueces honestos no es un país con mala justicia. Es un país sin justicia”.

Estos pronunciamientos se sumaron al debate público sobre el alcance del régimen disciplinario y los mecanismos de control aplicados a jueces de carrera, mientras la Judicatura sostiene que sus actuaciones responden a las competencias que le asigna la Constitución y la ley.

Sanciones recientes y el debate sobre la independencia judicial

El debate en torno al régimen disciplinario continuó el 4 de agosto de 2026, cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza Erika Álvarez por la causal de manifiesta negligencia.

La decisión estuvo relacionada con la actuación de la magistrada durante la audiencia de calificación de flagrancia de cinco ciudadanos aprehendidos tras los incidentes registrados contra la comitiva del presidente Daniel Noboa en El Tambo, en octubre de 2025.

En esa diligencia, Álvarez se abstuvo de calificar la legalidad de las detenciones al considerar que la Fiscalía no había sustentado adecuadamente la legalidad de las aprehensiones ni el cumplimiento de las garantías procesales.

La resolución del Consejo de la Judicatura volvió a generar reacciones entre abogados y juristas que consideran que determinadas decisiones jurisdiccionales posteriormente terminan siendo objeto de procesos disciplinarios, mientras la institución sostiene que actúa dentro de las atribuciones de control previstas en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Vacantes y designación de jueces temporales

El debate sobre las sanciones disciplinarias coincide con otro desafío que enfrenta la Función Judicial: el déficit de jueces a escala nacional.

Según datos del Consejo de la Judicatura, actualmente existen más de 700 vacantes de jueces en el país, situación que ha llevado al organismo a aprobar reglamentos para la designación de jueces temporales mientras se desarrollan los concursos públicos de méritos y oposición.

La Judicatura sostiene que la designación de jueces temporales constituye un mecanismo extraordinario para garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia y que este procedimiento no reemplaza los concursos públicos de méritos y oposición.

Entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026 se contabilizaron 808 homicidios en Guayaquil, convirtiendo a este periodo en el tercero más violento de su historia.

Bajo una narrativa de lucha contra el crimen organizado, el Gobierno de Daniel Noboa ha extendido su control sobre los sistemas de videovigilancia municipales, llegando esta semana a la capital.

Sin embargo, el espejo en el que se mira esta medida es el ocurrido en Guayaquil, en el cual la intervención de la empresa Segura EP, en febrero de 2026, no logró frenar la criminalidad, sino que precedió a uno de los periodos más violentos en la historia de la ciudad.

Este lunes 10 de agosto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la Policía Nacional tomaría el control operativo de las 632 cámaras del COE Metropolitano de Quito. La justificación del funcionario se basó en la supuesta existencia de instalaciones clandestinas.

“Hay cinco o seis salas conectadas a las cámaras de la ciudad de Quito”, afirmó Reimberg, catalogando la gestión municipal como “irresponsable”.

Desde la municipalidad, la respuesta fue inmediata. Adriana Moreira, gerenta general subrogante de Emseguridad, desmintió las acusaciones ante el Concejo Metropolitano. “Categóricamente digo, no tenemos salas espejo”.

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz aclaró que los dispositivos siempre han operado desde la infraestructura del ECU 911, administrada por el Gobierno, subrayando que “ninguna entidad de la corporación municipal ha hecho un uso que no sea el que corresponde” de la red tecnológica.

Guayaquil y una estrategia que no detuvo las balas

La estrategia aplicada en Quito es una réplica exacta de lo ocurrido el 15 de febrero de 2026 en Guayaquil. En ese entonces, Reimberg también justificó la intervención de Segura EP alegando que la información estaba en manos privadas que podrían favorecer a grupos criminales.

No obstante, los datos estadísticos contradicen la efectividad de esta acción. Este medio de comunicación revisó los reportes de criminalidad en Guayaquil emitidos por el Ministerio del Interior, durante el periodo de intervención, y descubrió que en los 15 días previos a la toma estatal (del 1 al 15 de febrero del 2026), se registraron 90 homicidios en Guayaquil.

Mientras que en los 15 días posteriores al control del Gobierno (del 16 de febrero al 2 de marzo de 2026), la cifra ascendió a 102 crímenes, representando un incremento del 13,3%.

El tercer año más violento en la historia

Al revisar las cifras anuales proporcionadas por el Ministerio del Interior, el panorama es igual de desolador. El año 2026 se sitúa como el tercero más violento de la historia de Guayaquil, con 808 homicidios registrados entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026, periodo en el cual las cámaras de videovigilancia pasaron al control del Gobierno.

Esta cifra solo es superada por los mismos periodos de los años 2025 (1.145 casos) y 2023 (1.002 casos).

Antes de la intervención, el sistema de Segura EP bajo mando municipal fue clave para esclarecer delitos que incomodaron al poder central. Las cámaras municipales revelaron, por ejemplo, el momento en que militares detuvieron a los cuatro niños en las Malvinas, en diciembre de 2024.

Además, captaron el vehículo Porsche vinculado a la familia presidencial en el marco de investigaciones por atentados con bombas en Guayaquil.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, defendió en su momento la transparencia de la gestión local indicando que, gracias a las cámaras municipales, “se han expuesto casos relevantes en materia de seguridad nacional, puestos en conocimiento de las instancias competentes del Gobierno Nacional para su respectiva investigación”.

Las cifras de homicidios sugieren que el cambio de administrador en el control de las cámaras de videovigilancia no se traduce, necesariamente, en paz en las calles.

“No ha habido todavía la cantidad de inscripciones de candidatos que se esperaba”, afirmó Cabrera en Teleamazonas.

A escasos cuatro días de que finalice el plazo legal, el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 registra cifras significativamente menores a las de procesos anteriores.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, confirmó este 13 de agosto que hasta el momento solo existen 5.756 ciudadanos inscritos a nivel nacional.

La cifra actual representa una fracción mínima de la participación histórica en Ecuador.

Cabrera señaló que, según registros previos, el organismo recibió “entre 50.000 y 60.000 candidatos”. En provincias como Guayas, el registro oficial muestra que menos del 5% de las más de 600 candidaturas previstas ha cumplido con esta fase.

Cabrera calificó la situación como una respuesta a los hábitos de los partidos políticos.

“Lamentablemente, todavía no ha habido la cantidad de inscripciones de candidatos que se esperaba”, afirmó Cabrera, añadiendo que “es una costumbre lamentablemente de nuestras organizaciones políticas lo dejan para el último día última hora”.

El sistema informático se cerrará definitivamente el lunes 17 de agosto a las 18:00, impidiendo el ingreso de nueva documentación de participantes.

Contraste: llamados a participar frente a bloqueos denunciados

Pese a que Cabrera insta a las organizaciones a que “nadie se quede afuera”, diversos análisis y hechos institucionales plantean una paradoja sobre el rol del CNE en la limitación de la participación ciudadana.

Bajo la administración actual, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales (originalmente para 2027) al 29 de noviembre de 2026. Esta decisión coincidió con una suspensión de nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana, lo que impidió que dicha organización participara con su propia estructura en los comicios adelantados.

De hecho, el propio José Cabrera ha impulsado denuncias contra agrupaciones como Pachakutik y ha frenado activamente dos procesos de revocatoria de mandato solicitados por la sociedad civil contra el actual Ejecutivo.

Así, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han tomado decisiones que marcan el escenario político previo a los comicios, incluyendo la suspensión de partidos de oposición mediante investigaciones bajo reserva.

Control de gasto y fechas finales

Respecto a la promoción electoral en plataformas digitales, Cabrera aclaró que el CNE no posee facultades para fiscalizar contenidos, pero sí el financiamiento.

“El contenido no podemos controlar en redes sociales pero sí el gasto”, explicó.

El área de fiscalización recopila información de los precandidatos y, si oficializan su postulación, estos montos se suman al límite permitido.

Tras el cierre de inscripciones el 17 de agosto, se abrirá una fase de objeciones e impugnaciones ante las Juntas Provinciales, el CNE y el TCE. El listado definitivo de los candidatos calificados que aparecerán en la papeleta para renovar 5.742 dignidades se publicará el 9 de noviembre de 2026.

La diligencia fue reprogramada para el 15 de agosto por el cambio de defensa de uno de los 26 procesados.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos, vuelve a modificar su agenda.

El juez anticorrupción Jairo García dispuso que la diligencia, que debía instalarse este 11 de agosto, continúe el sábado 15 de agosto de 2026, a las 08:30, de manera telemática, debido al cambio de defensa de una de las personas procesadas.

El cronograma del caso Goleada

La nueva convocatoria forma parte del calendario establecido para esta etapa procesal, cuyas jornadas estaban previstas desde este 11 de agosto. Las fechas contempladas son el 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto, con audiencias presenciales y telemáticas mediante Zoom.

Sin embargo, por el cambio de defensa de uno de los procesados, las jornadas del 11 al 14 de agosto servirán para que su nuevo abogado revise el expediente del caso.

El proceso está a cargo del juez Jairo García, quien advirtió que podrá aplicar medidas correctivas y coercitivas ante nuevas inasistencias.

La diligencia corresponde a la etapa en la que la Fiscalía deberá presentar su dictamen acusatorio, mientras las defensas podrán formular sus argumentos y objeciones.

La audiencia involucra a 26 procesados, entre personas naturales y empresas. La Fiscalía sostiene como hipótesis la existencia de una presunta estructura empresarial vinculada con operaciones financieras derivadas de la comercialización irregular de combustibles, investigación que actualmente se tramita por el presunto delito de lavado de activos.

¿Quiénes son los principales procesados del caso Goleada?

Entre los principales procesados están Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil; sus hermanos Xavier Alvarez y Antonio Alvarez; su madre, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Icaza; y el asambleísta Raúl Chávez. La causa también incluye a otras personas naturales y a nueve empresas.

La información proporcionada por la Fiscalía establece que el caso pasó de una investigación por presunta delincuencia organizada a una investigación por presunto lavado de activos.

El 11 de febrero de 2026, el juez García inició la instrucción fiscal por delincuencia organizada contra 11 personas y dictó prisión preventiva para Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez.

Posteriormente, el 27 de marzo, Raúl Chávez fue vinculado a la causa. El 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos a lavado de activos. Luego, el 29 de mayo, incorporó a cinco personas naturales y nueve empresas, con lo que el número de procesados llegó a 26.

La causa no implica únicamente a los familiares de Aquiles Alvarez. El expediente también comprende a otras personas y compañías que, según la hipótesis fiscal, estarían relacionadas con las operaciones investigadas.

Al tratarse de una etapa previa al juicio, corresponde a la Fiscalía sustentar su acusación y a las defensas ejercer sus argumentos frente a los elementos presentados.

Así avanzó la investigación

La investigación se hizo pública el 10 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en Guayas, entre ellos en una vivienda de Aquiles Alvarez. Las diligencias se originaron a partir de una denuncia presentada por José Cevallos Avellán, exgerente financiero de Copedesa S.A., y testigo protegido.

Después de la formulación de cargos y de las posteriores vinculaciones, la situación procesal de algunos de los investigados también cambió.

En abril, Xavier y Antonio Alvarez recuperaron su libertad por decisión de un tribunal de apelación. Sin embargo, el 6 de julio, el juez García volvió a dictar prisión preventiva para ambos luego de un pedido de la Fiscalía.

La causa llegó así a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio con un expediente que actualmente supera los 1.600 cuerpos. Además, se dispuso que los abogados de Aquiles Alvarez puedan realizar visitas técnicas de hasta cuatro horas diarias para preparar su estrategia de defensa.

En esta etapa, el juez deberá analizar los aspectos procesales y los elementos que sean presentados por las partes antes de determinar qué corresponde respecto del eventual llamamiento a juicio.

La Fiscalía deberá exponer su dictamen acusatorio y las defensas podrán plantear sus objeciones y argumentos.

Varias suspensiones han retrasado la audiencia

La diligencia que estaba prevista para los días 16 y 17 de julio fue suspendida luego de que las defensas señalaran que no habían tenido tiempo suficiente para revisar un expediente que entonces superaba los 1.500 cuerpos fiscales, equivalentes a unas 150.000 fojas.

Después, las jornadas previstas para el 3 y 4 de agosto fueron diferidas debido a que coincidían con el juicio del caso Grillete, proceso en el que estaba involucrado Aquiles Alvarez. A esto se sumó una recusación contra el juez García, presentada el 10 de julio y rechazada el 31 de julio, por lo que el magistrado fue ratificado al frente de la causa.

El último inconveniente ocurrió el 5 de agosto, cuando la audiencia no pudo instalarse por la ausencia del abogado Eduardo León Micheli, defensor de Andrés Viteri, primo de Aquiles Alvarez. El abogado había sido notificado, pero no compareció a la diligencia, pese a que el juez dispuso verificar su presencia en la sala virtual.

Por esa inasistencia, García impuso al abogado una multa de dos salarios básicos unificados, equivalentes a USD 964, y dispuso que la Defensoría Pública esté presente en la nueva convocatoria.

Ahora, debido al cambio de defensa de uno de los procesados, la audiencia tendrá una nueva jornada el 15 de agosto, a las 08:30, de forma telemática, mientras se mantiene el calendario establecido para esta etapa.

La instrucción fiscal por presunto peculado de USD 104 millones en contratos eléctricos finaliza este 20 de agosto.

La Fiscalía General del Estado ha adoptado decisiones distintas respecto a la modalidad de las comparecencias de varios procesados en el denominado caso Progen, que investiga un presunto peculado de USD 104 millones en contratos de generación eléctrica.

Mientras que al exgerente de Celec, Fabián Calero, se le ha negado por segunda ocasión la posibilidad de declarar vía telemática, otros procesados como Karla Saud y John B. Manning han recibido enlaces de Zoom para rendir sus versiones desde el exterior.

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, rechazó nuevamente el pedido de Fabián Calero para ampliar su versión a través de videoconferencia. La disposición fiscal exige que el exfuncionario comparezca de manera presencial este martes 11 de agosto, a las 09:00, en las dependencias de la Fiscalía en Quito.

La defensa de Calero ha señalado que esta exigencia implica su detención inmediata, dado que sobre él pesa una orden de prisión preventiva vigente.

Calero había manifestado su intención de revelar información inédita sobre hechos que, según su denuncia, fueron omitidos por la Fiscalía en etapas previas del proceso.

Acceso telemático para directivos de Progen

En contraste con la situación de Calero, la institución otorgó facilidades virtuales a funcionarios vinculados a la empresa Progen.

Karla Saud, representante de la compañía para Latinoamérica, y John B. Manning, CEO de la misma, han recibido enlaces para declarar mediante la plataforma Zoom.

En el caso de Manning, la Fiscalía remitió el enlace virtual por segunda vez, a pesar de que los reportes indican una reiterada falta de colaboración previa con la justicia ecuatoriana.

Por su parte, Karla Saud se encuentra actualmente en un proceso de extradición tras haber sido detenida en España el pasado 9 de julio de 2026, en virtud de una notificación roja de Interpol.

Otros procesados y plazos legales

La Fiscalía también facilitó un enlace telemático para el técnico de Celec, Marco Antonio Chicaiza, quien se encuentra prófugo y tiene previsto conectarse para ampliar su versión el próximo 27 de agosto. Estas diligencias se ejecutan bajo la presión del calendario judicial, ya que la etapa de instrucción fiscal concluirá el 20 de agosto, a menos que se soliciten nuevas vinculaciones al proceso.

Entre los convocados para rendir versiones o comparecer con el uso de la fuerza pública en los próximos días se encuentran Carlos Iván Villacís, Erika Chávez, Marcos Guerrero y Cristopher Barberán Torres.

La investigación se centra en los fallidos contratos de Progen para las centrales El Salitral y Quevedo, firmados bajo una declaratoria de emergencia, que según la tesis fiscal, no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.