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Un cliente asegura que desistió de la compra de un vehículo nuevo apenas un día después de firmar el financiamiento, pero denuncia que el trámite continuó y que no recuperó el dinero entregado. El caso pasó primero por una queja de protección al consumidor y posteriormente llegó a la Fiscalía, donde fue presentado como una presunta estafa.
Lo que comenzó como la intención de comprar un vehículo nuevo terminó convertido en un reclamo administrativo y, semanas después, en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
La denuncia presentada permite reconstruir una controversia que comenzó el 25 de junio de 2026, cuando Santiago, nombre protegido, acudió a una concesionaria en Quito interesado en adquirir un vehículo eléctrico nuevo de una marca surcoreana.
Ese día, entregó USD 5.000 como entrada, pagados mediante una tarjeta de crédito perteneciente a un familiar. También firmó documentación preliminar relacionada con el financiamiento con CFC Corporación.
De 36 a 72 cuotas: la primera alerta
Santiago sostiene que inicialmente acordó financiar aproximadamente USD 20.000 a 36 meses, con cuotas cercanas a USD 700. Como parte de la negociación, además, se habría ofrecido la instalación de un cargador de pared para el vehículo eléctrico.
Pero al momento de revisar los papeles encontró algo que, no coincidía con lo conversado: en la documentación aparecía un detalle de 72 cuotas.
El comprador asegura que preguntó por esa diferencia y que desde la concesionaria le señalaron que aquello no tendría importancia porque el número definitivo de meses sería establecido en el financiamiento.
A eso se sumó otro problema. En la documentación constaba incorrectamente escrita su dirección de correo electrónico: en lugar del dominio correcto aparecía “@gamil.com”. Santiago sostiene que este error impidió que recibiera directamente las propuestas de las entidades que analizaban su solicitud de crédito y que esa información llegó únicamente a la concesionaria.
Le pidieron USD 2.500 adicionales
El proceso tuvo un nuevo giro cuando, según el relato presentado por el comprador, inicialmente se le informó que existían inconvenientes para aprobar el crédito debido a que no había presentado movimientos bancarios de los tres meses anteriores.
La alternativa que asegura haber recibido fue incrementar la entrada con USD 2.500 adicionales.
Santiago respondió que no podía hacerlo.
Según su queja, entonces le indicaron que cancelar la operación podía significarle una penalización de USD 900, otros USD 250 por desistimiento y eventuales gastos administrativos de la financiera. Esos USD 1.150 representaban el 23% de los USD 5.000 entregados inicialmente.
Pese a esas dificultades, posteriormente el crédito habría sido aprobado.
Firmó con CFC Corporación y al día siguiente desistió
El 14 de julio, Santiago acudió a CFC Corporación para firmar los documentos relacionados con el financiamiento.
Según consta en la denuncia presentada posteriormente ante Fiscalía, recibió copias sin firmas y le habrían explicado que los documentos completos serían entregados una vez registrados.
El comprador sostiene que, después de revisar lo firmado y considerar que las condiciones no correspondían con lo que había pactado, decidió cancelar la operación.
Lo hizo al día siguiente.
El 15 de julio de 2026, apenas 24 horas después de la firma, presentó comunicaciones escritas tanto a la concesionaria de la marca surcoreana como a CFC Corporación dejando constancia de que no quería continuar ni con la compra del automóvil ni con el crédito.
Según la denuncia, ambas comunicaciones fueron recibidas físicamente ese mismo día.
Un vehículo que asegura nunca haber recibido
Aquí aparece uno de los puntos centrales del caso.
Santiago sostiene que, pese a haber comunicado por escrito su decisión de no continuar con el negocio, el proceso administrativo siguió avanzando.
En su denuncia penal afirma que el vehículo había sido facturado a su nombre y que también se realizaron trámites relacionados con su matrícula ante la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Asegura, además, que tuvo que cancelar valores relacionados con la matriculación.
Sin embargo, según su versión, nunca recibió el automóvil.
La documentación entregada por el propio comprador señala también que realizó seis pagos correspondientes a conceptos relacionados con matrícula, Municipio y Prefectura. Según su relato, esos valores fueron cancelados sin conocer todavía con qué financiera se realizaría finalmente el crédito ni tener certeza, según su versión, de que estuviera debidamente aprobado.
El resultado, según Santiago, fue una situación difícil de explicar desde la perspectiva de un consumidor: no tenía el vehículo, había desistido de la operación, pero continuaba pagando las cuotas correspondientes a los USD 5.000 cargados a la tarjeta de crédito.
La primera queja llegó al sistema de protección al consumidor
El caso no pasó directamente a la vía penal.
El 21 de julio de 2026, seis días después de comunicar su desistimiento, Alejandro ingresó una solicitud de atención de quejas por presuntas infracciones u omisiones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
El trámite oficial identifica el reclamo dentro de la categoría de “prácticas abusivas del mercado” y registra como fecha de adquisición del bien o servicio el 25 de junio de 2026.
En esa queja pidió la nulidad del proceso y el reintegro de los valores desembolsados.
Entre sus pretensiones constaba el reverso de los USD 5.000 cargados a la tarjeta, la devolución de una cuota de USD 571,50 que ya habría sido facturada y la restitución de los valores pagados por tasas relacionadas con matrícula, Municipio y Prefectura.
Como elementos de respaldo fueron incorporados una factura, un oficio recibido por CFC Corporación, un documento recibido por la concesionaria y material relacionado con el financiamiento.
48 días después, seguía reclamando los USD 5.000
El conflicto continuó.
El 12 de agosto, Santiago volvió a dirigir una comunicación a la concesionaria. En ella aseguró que habían transcurrido 48 días desde la entrega de los USD 5.000 y que todavía no recibía una solución.
También reclamó la entrega de documentación relacionada con la cancelación del financiamiento y solicitó nuevamente la devolución del anticipo, además de los gastos de matriculación, intereses y costos derivados del uso de la tarjeta de crédito.
Ese mismo día remitió otro documento directamente a CFC Corporación.
En esa comunicación aseguró que tampoco había recibido la documentación solicitada. El comprador argumentó que había realizado el proceso en las oficinas de CFC y pidió que se le entregaran copias certificadas de los documentos relacionados con el financiamiento.
Dos días después, el conflicto dejó el ámbito estrictamente comercial.
El caso llegó a Fiscalía por una presunta estafa
El 14 de agosto de 2026, Santiago presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El documento de recepción registra el caso bajo un presunto delito de estafa. Esto no significa que el delito esté probado ni que exista una sentencia contra CFC Corporación, la concesionaria o sus trabajadores: corresponde a la calificación consignada en la denuncia y deberá ser investigada por las autoridades competentes.
En el escrito, el denunciante señala expresamente a CFC Corporación, además de representantes y empleados vinculados al trámite de crédito. También dirige la denuncia contra la concesionaria de la marca surcoreana y personal que habría participado en el proceso de venta.
La tesis del denunciante es que comunicó formalmente su desistimiento el 15 de julio, pero que el proceso habría continuado pese a esa notificación. También afirma que no recibió el vehículo y que seguía afrontando pagos relacionados con el anticipo.
La denuncia invoca los artículos 186 y 187 del Código Orgánico Integral Penal, correspondientes a estafa y abuso de confianza, respectivamente. Además, solicita investigar una eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas.
Santiago solicitó a Fiscalía que abra una investigación previa, disponga el reconocimiento de firmas y rúbricas y convoque a rendir versión a representantes y asesores de las empresas señaladas.
Lo que empezó el 25 de junio como la compra de un automóvil nuevo llegó el 14 de agosto a manos de la Fiscalía. Entre ambas fechas quedaron un financiamiento con CFC Corporación, documentos de desistimiento, pagos relacionados con un vehículo que el denunciante asegura nunca haber recibido y USD 5.000 que continuaban siendo el centro de la disputa.
Hasta el cierre de esta edición, se solicitó la versión de CFC Corporación sobre este caso; sin embargo, no se obtuvo respuesta al pedido de información enviado por este medio.
