El país marcó un nuevo récord histórico de demanda eléctrica este lunes 13 de abril al alcanzar los 5.314 MW, cifra impulsada por ...
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El facho dispone ajustes en el gabinete, amplía medidas de seguridad en varias provincias y ofrece compensación en el servicio eléctrico tras afectaciones recientes.
Daniel Noboa, anunció este lunes, 20 de abril de 2026, una serie de decisiones que abarcan cambios en su gabinete, nuevas disposiciones de seguridad y medidas de alivio económico para los hogares, en lo que calificó como acciones necesarias para “fortalecer la lucha por el país”.
Entre las principales decisiones, el mandatario confirmó modificaciones en dos carteras clave del Ejecutivo:
El Ministerio de Salud Pública
El Ministerio de Ambiente y Energía.
En el área sanitaria, informó que el médico Jaime Bernabé Erazo asumirá de forma inmediata la conducción del ministerio, con el encargo de acelerar procesos y corregir fallas en el sistema.
En el sector energético, en cambio, se prevé un cambio de liderazgo a partir del 30 de abril de 2026, mientras se ejecuta una fase de transición orientada -según el Gobierno- a fortalecer la red eléctrica nacional.
Seguridad
En materia de seguridad, Noboa dispuso la implementación de un nuevo toque de queda en nueve provincias del país:
Guayas
Manabí
Santa Elena
Los Ríos
El Oro
Pichincha
Esmeraldas
Santo Domingo de los Tsáchilas
Sucumbíos.
La restricción de movilidad regirá desde las 23:00 hasta las 05:00, entre el domingo 3 y el lunes 18 de mayo de 2026. La medida también se aplicará en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), así como en La Troncal (Cañar).
El Ejecutivo justificó esta decisión en los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el último estado de excepción, en un contexto marcado por operativos de control y despliegue militar en zonas consideradas críticas.
Medidas de alivio económico
En paralelo, el presidente anunció un alivio económico para los usuarios del servicio eléctrico en las zonas afectadas por la reciente tormenta solar.
La medida contempla una compensación de hasta 180 kilovatios hora (kWh) por hogar, lo que, según indicó, representará un ahorro directo en las planillas de luz. Noboa aseguró que esta disposición implica una inversión de millones de dólares por parte del Estado.
Las medidas se producen en un escenario de tensión por los problemas energéticos, cuestionamientos a la gestión pública y el contexto de seguridad que atraviesa el país.
El nuevo plan de Celec intenta dejar atrás los fracasos contractuales de 2024 y 2025. Durante ese periodo, el Gobierno de Daniel Noboa adjudicó siete contratos de generación termoeléctrica, pero ninguno de los motores llegó a operar.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), ejecuta actualmente una estrategia de emergencia para sumar 920 megavatios (MW) de energía térmica al Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Esta medida -según el comunicado de Celec de este 20 de abril de 2026- busca estabilizar el servicio eléctrico y reducir la dependencia de factores climáticos y de las importaciones de energía, en un intento por alcanzar la “soberanía energética”.
La hoja de ruta oficial contempla dos frentes de acción:
El arrendamiento de 525 MW de rápida instalación, con una inversión de USD 315,54 millones. En esa lista están las barcazas.
Esta es la lista de contratos que impulsa Celec.
Y, la adquisición de 395 MW en equipos nuevos y reposición de maquinaria que ya cumplió su vida útil, por un monto de USD 381,30 millones.
Otros contratos eléctricos que impulsa el Gobierno, según Celec
Los proyectos de arrendamiento se ubicarán en puntos críticos como Salitral, Pascuales y Machala III, mientras que la compra de equipos reforzará centrales en Esmeraldas, Durán y Quevedo.
“A medida que la generación propia entre en operación, la generación arrendada se reducirá progresivamente hasta ser eliminada. La demanda eléctrica en Ecuador crece anualmente entre un 4% y un 5%. Este incremento se ve acelerado por tendencias, como el auge de los centros de datos, la inteligencia artificial y la electrificación de los sectores minero e hidrocarburífero”, señala Celec en el comunicado.
Las advertencias de Cenace
Este anuncio surge en un momento complejo.
Desde el 6 de marzo de 2026, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) emitió informes advirtiendo sobre una “vulnerabilidad estructural” del sistema. Cenace estima que existe una probabilidad del 25% de que la generación local sea incapaz de cubrir la demanda nacional, lo que podría derivar en apagones masivos o un colapso total de la red.
La situación se agravó tras el registro de un récord histórico de demanda de 5.333 MW el pasado 10 de abril, dejando al sistema sin margen de maniobra.
Además, la falta de nueva generación se suma a la suspensión de exportaciones de electricidad desde Colombia, vigente desde enero de 2026, lo que obliga a Ecuador a depender casi exclusivamente de su propio parque generador, el cual opera bajo una presión extrema.
Inoperancia
El nuevo plan de 920 MW intenta dejar atrás los fracasos contractuales de 2024 y 2025. Durante ese periodo, el Gobierno de Daniel Noboa adjudicó siete contratos de generación terrestre por un total de USD 706 millones, pero ninguno de los motores llegó a operar.
Las investigaciones revelaron irregularidades profundas especialmente en tres contratos.
En casos como los de las empresas Progen (dos contratos) y Austral Technical Management (un contrato), los motores entregados eran usados, antiguos o no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
De hecho, la Contraloría ratificó irregularidades en las fases preparatorias de estos contratos.
Actualmente, Celec mantiene denuncias ante la Fiscalía por estafa y delincuencia organizada contra los contratistas incumplidos.
A pesar de haber pagado anticipos por USD 104 millones a Progen, Celec estima recuperar apenas USD 31 millones tras la terminación unilateral de los contratos.
Mientras el Gobierno asegura que el país no atraviesa una crisis energética y atribuye los cortes recientes a mantenimientos puntuales, expertos y el propio Cenace sostienen que el sistema opera al 120% de su capacidad, lo que hace imperativa la entrada en operación de los nuevos 920 MW para evitar un escenario de pérdidas económicas que podrían escalar hasta los USD 823 millones en caso de una sequía extrema.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señaló que esta situación responde a factores como conflictos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y desplazamientos forzosos.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lanzó su plataforma “HungerMap Live”, que permite acceder a datos y análisis sobre seguridad alimentaria mediante modelos predictivos para combatir el hambre en más de 50 países.
En el caso de Ecuador, el portal ubica al país en fase 3, nivel en el que también se encuentran territorios y países como Gaza, Camerún, Sierra Leona o Zimbabue, donde la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición infantil han aumentado.
Esta problemática continúa en ascenso. En 2024, el PMA alertó que más de 295 millones de personas en 53 países enfrentaban niveles agudos de hambre. Para 2025, la cifra asciende a 318 millones de personas.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señaló que la problemática responde a factores como conflictos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y desplazamientos forzosos.
Con base en un análisis correspondiente al periodo entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el PMA indicó que en Ecuador más de 2,8 millones de personas —alrededor del 15 % de la población— están en riesgo de caer en una crisis alimentaria.
Según el organismo, estos estudios permiten generar alertas tempranas para que los Estados impulsen políticas públicas acordes a sus necesidades territoriales. Además, destacan que por cada dólar invertido se puede ahorrar hasta USD 7 en la respuesta a crisis.
Necesidades alimentarias
HungerMap Live alertó que al menos 16 países tienen poblaciones que ya enfrentan hambre catastrófica, entre ellos:
Nigeria
República del Congo
Sudán
Yemen
Bangladesh
Afganistán
Myanmar
Sudán del Sur
República Árabe Siria
Pakistán
Colombia
Haití
Somalia
La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, advirtió que, sin datos, la lucha contra el hambre “se libra en la oscuridad”. En ese sentido, señaló que la nueva plataforma permitirá a los Estados tomar decisiones más informadas y efectivas en beneficio de sus poblaciones.
El ejemplo más reciente y drástico de esta dinámica se vive en Ecuador con el movimiento Revolución Ciudadana (RC). El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la suspensión por nueve meses de esta organización.
En el escenario político contemporáneo, la proscripción dejó de ser únicamente la exclusión física de los adversarios para transformarse en una sofisticada herramienta de lawfare o guerra jurídica. Este fenómeno, según varios analistas consultados por Radio Pichincha, se caracteriza por el uso de mecanismos institucionales, judiciales y administrativos para restringir sistemáticamente la participación electoral de fuerzas políticas, debilitando las garantías democráticas y el Estado de Derecho.
La proscripción no solo afecta a los líderes de una organización, sino que erosiona el derecho de millones de ciudadanos a ser representados. Esto configura lo que diversos observadores califican como una “persecución política” que utiliza el sistema de justicia con fines de exclusión.
El Caso de la Revolución Ciudadana
El ejemplo más reciente de esta dinámica se vive en Ecuador con el movimiento Revolución Ciudadana (RC). El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la suspensión por nueve meses de esta organización del Registro de Organizaciones Políticas. Esto inhabilitó su participación en las elecciones para elegir alcaldías y prefectura en el presente año.
Esta medida se sustenta en la causa denominada “Caja Chica”. Una investigación por presunta delincuencia organizada y financiamiento ilícito que se encuentra apenas en fase pre-procesal, sin sentencia firme y basada en una denuncia anónima. Ese proceso se centra en la hipótesis de que recursos ilícitos habrían ingresado al país en efectivo desde el extranjero —principalmente desde Venezuela— para financiar actividades políticas, incluyendo la campaña presidencial de 2023.
Como parte de las diligencias, el 28 de enero de 2026 la Fiscalía, junto con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en Guayas y Pichincha. Esto incluyó los domicilios de Luisa González y Andrés Arauz. Durante los operativos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y otros indicios relevantes para rastrear el presunto flujo de dinero investigado, aunque no se registraron detenciones.
González, en una rueda de prensa posterior a los allanamientos, aseguró que su organización no ha recibido fondos ilícitos y que todos los ingresos de campaña fueron reportados conforme a la normativa vigente.
El rol del TCE
Posterior a ello, el 6 de marzo de 2026 el TCE suspendió a la RC, amparándose en el artículo 374 del Código de la Democracia. El juez Joaquín Viteri acogió el pedido y dispuso la medida, precisamente en un momento clave del calendario electoral.
Durante ese tiempo, el movimiento presentó quejas, impugnaciones y pedidos de nulidad, pero todos rechazados por el TCE. La defensa del movimiento cuestionó tanto la forma como el fondo de la decisión.
El abogado Gabriel Rivera argumentó que la solicitud no fue presentada por el fiscal general, como establece la ley, sino por una funcionaria de menor rango. Además, sostuvo que existe una incongruencia jurídica, ya que la investigación se desarrolla por delincuencia organizada, mientras que la norma invocada se refiere específicamente al delito de lavado de activos.
En paralelo, la suspensión coincide con el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. Esto podría dejar a la RC sin capacidad de participar con su propia estructura jurídica si no logra revertir la medida a tiempo.
¿Qué dicen las voces?
El abogado constitucionalista Santiago Machuca sostuvo que en este caso no se respetó el debido proceso. Explicó que la legislación vigente no contempla la suspensión de una organización política como una medida provisional, sino únicamente como una sanción posterior a un procedimiento de infracción electoral en el que se garantice el derecho a la defensa.
“No hay una medida provisional que permita la suspensión; esta solo puede aplicarse después de que se pruebe una infracción y se garantice el derecho a la defensa”, afirmó.
En esa línea, advirtió que la decisión adoptada equivale a aplicar una figura no prevista en el ordenamiento jurídico, lo que —según dijo— se traduce en una proscripción anticipada.
Machuca también señaló que existen límites temporales en el Código de la Democracia para aplicar sanciones que afecten la participación electoral. A su criterio, si una organización no fue suspendida dentro del plazo previo a la convocatoria a elecciones, no podría ser excluida del proceso.
Desde el ámbito político, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, interpretó la medida como una señal dirigida no solo a su organización. “No es solo un acto contra la Revolución Ciudadana, es un mensaje aleccionador para otras organizaciones”, afirmó. Advirtió que la decisión podría impactar a actores que cuestionan al Gobierno.
“Si tú sigues el camino de defender los derechos de la gente y denunciar la corrupción del Gobierno, las consecuencias son estas: la proscripción”, enfatizó Noriega.
La proscripción de la RC en 2026 no es el único antecedente. Una serie de eventos se dan desde 2017:
Bloqueo de registro (2017-2018): en el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo Nacional Electoral negó en dos ocasiones la autorización para recolectar firmas y registrar el “Partido de la Revolución Ciudadana”. Posteriormente, se bloquearon intentos de legalización bajo otros nombres y se impugnaron directivas de aliados como el movimiento MANA.
Inhabilitaciones judiciales (2019-2021): Se retiró el registro al movimiento Compromiso Social (aliado de la RC) bajo presión de la Contraloría. Este periodo coincidió con la celeridad de la justicia para sentenciar a Rafael Correa en el caso Sobornos. Esto le impidió participar como candidato en 2021.
Hostigamiento electoral (2021-2025): durante las campañas, el movimiento enfrentó denuncias presuntamente sin pruebas de financiamiento por parte de grupos guerrilleros (caso ELN, luego archivado). Además, la alteración de escenarios políticos tras sucesos violentos, como el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido cuando la candidata de la RC, Luisa González, lideraba las encuestas.
Suspensión actual y cambio de calendario (2026): además de la suspensión actual, el CNE adelantó las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026. Una acción que redujo los plazos legales y restringió la capacidad de respuesta y participación de los referentes de esta fuerza.
Una nueva resolución de la JPRFM aparece en medio de un creciente cierre de cooperativas de ahorro y crédito, como la CREA, Incoop, Cariamanga y la Cámara de Comercio de Ambato.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) oficializó la Resolución Nro. JPRFM-2026-015-F. Esta normativa, expedida el 3 de abril de 2026, transforma el Seguro de Depósitos (Cosede) en un recurso de última instancia, obligando a que las obligaciones de pago de una entidad en crisis (cierre) pasen a otra entidad activa antes de tocar el fondo de garantía.
Esta medida adoptada por la JPRFM ocurre en medio de un creciente cierre de cooperativas de ahorro y crédito, como la CREA, Incoop, Cariamanga y la Cámara de Comercio de Ambato.
¿En qué consiste la resolución? La reforma al régimen de exclusión y transferencia de Activos y Pasivos (ETAP) impone ahora un “candado” técnico. Bajo la nueva “regla de menor costo”, la participación del Cosede solo procederá si su costo es “igual o inferior al umbral previsto del pago total del seguro de depósitos que correspondería efectuar en el escenario de liquidación”.
La normativa señala que la aplicación de este seguro solo podrá ocurrir “una vez evaluada y descartada, de manera debidamente motivada, la viabilidad de soluciones de mercado u otras alternativas de resolución que cuenten con la participación de entidades financieras viables y que no impliquen el uso de recursos del Seguro de Depósitos”.
Analistas económicos consultados por Radio Pichincha advierten que esta es una señal clara de que el sistema busca proteger la liquidez del Cosede ante el temor de que este “no aguante” la liquidación simultánea de varias cooperativas de ahorro y crédito (coacs).
El Cosede es una entidad pública en Ecuador encargada de proteger el dinero de los depositantes en bancos y cooperativas. Garantiza la devolución de ahorros y depósitos a plazo fijo en caso de que una entidad financiera entre en liquidación forzosa. Cabe resaltar que este seguro no garantiza la devolución de todos los depósitos, sino solo el valor cubierto que en bancos y cooperativas del segmento 1, es de hasta USD 32.000.
Prioridad absoluta para trabajadores y vulnerables
En la resolución se refleja un nuevo orden de prelación.
El Artículo 1 exige que se reserven “recursos líquidos suficientes para atender los montos que se adeuden a los trabajadores por remuneraciones, indemnizaciones, utilidades, fondos de reserva y pensiones jubilares”.
En caso de que no se puedan transferir todos los activos, el administrador debe seguir un orden de exclusión parcial obligatorio:
Depositantes protegidos: Aquellos cuyos montos no superen la cobertura del seguro.
Grupos de atención prioritaria: Personas vulnerables cuyos ahorros excedan la cobertura, en orden de menor a mayor monto.
Demás depositantes: El resto de ahorristas con excedentes sobre el tope de cobertura.
Otros pasivos.
El administrador “no podrá avanzar de un numeral al siguiente, sin haber ejecutado el numeral anterior“. Así, la resolución buscaría que los pequeños ahorristas y trabajadores siempre estén a la cabeza de la fila.
Un sector cooperativo bajo presión
Este blindaje de la junta llega en un momento donde el sistema cooperativo se ha reducido, al pasar de 1.000 entidades a solo 394 en los últimos años.
Si bien las 43 cooperativas del Segmento 1 (activos mayores a USD 80 millones) reportaron utilidades por USD 85,9 millones en 2025, la morosidad se ha disparado en todo el sistema cooperativo al 8,34% en febrero de 2026, muy por encima del 3,22% que registra la banca privada, según registros de la plataforma Datalab de la Asobanca.
Casos críticos como el de la Cooperativa Policía Nacional (CPN), que cerró 2025 con una pérdida de USD 1,3 millones y una morosidad del 15%, resaltan la urgencia de la reforma.
Además, entidades como Incoop, Cariamanga y la Cámara de Comercio de Ambato ya han entrado en procesos de liquidación tras presentar perfiles de riesgo críticos.
Incluso “gigantes” como JEP, Andalucía y Cooprogreso han sido notificados por mantener saldos pendientes con el propio Cosede, en una deuda total del sector que asciende a USD 117.557 a finales de 2025.
Lo que se puede y no se puede hacer con la Resolución 015-F
Se puede:
Transferir el depósito de un ciudadano a una entidad sana para que este mantenga su dinero disponible de inmediato.
Que entidades públicas viables reciban activos de alta liquidez para facilitar la absorción de depósitos de entidades en crisis.
No se puede:
Que el administrador temporal celebre “nuevos acuerdos de transferencia” una vez presentado el informe final de gestión.
Restituir fondos de liquidez a entidades adquirentes sin antes compensar deudas con el Banco Central del Ecuador (BCE) o el fideicomiso del fondo.
Ignorar el orden de prelación; si los activos no alcanzan, se debe liquidar la entidad inmediatamente tras la exclusión parcial.
Casos de Verónica Abad, los cuatro de Las Malvinas y Alexandra Villacís abren el debate sobre la reparación integral y el respeto a la justicia.
Las formas en que distintas entidades del Estado han cumplido órdenes judiciales de disculpas públicas volvieron a generar polémica en Ecuador.
La abogada constitucionalista Ximena Ron cuestionó que estas medidas, en lugar de reparar a las víctimas, terminan siendo actos “vacíos” o incluso humillantes.
“El desprecio a la Ley y a la administración de Justicia es una característica de varias autoridades de este Gobierno”, escribió en su cuenta de X, al analizar tres casos recientes que evidencian patrones similares.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió el 6 de enero de 2025, durante el cumplimiento de una sentencia por el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil.
Ese día, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció disculpas públicas por la desaparición y muerte de los menores, pero en el mismo acto lanzó advertencias contra la jueza Tanya Loor, quien había declarado la desaparición forzada.
Rodeado de militares, el funcionario habló de una supuesta “persecución política” y aseguró que llegaría “hasta las últimas consecuencias”, cuestionando además el uso de los derechos humanos en el proceso.
Más casos
Otro caso que generó críticas fue el de la exvicepresidenta Verónica Abad.
En febrero de 2025, el Ministerio del Trabajo intentó cumplir una orden judicial colocando una placa con disculpas públicas.
Sin embargo, el mensaje era prácticamente ilegible: letras blancas sobre una superficie transparente instalada en una pared del mismo color.
La jueza del caso, Nubia Vera, quien había dispuesto la medida tras dejar sin efecto una sanción de 150 días contra Abad, constató personalmente la situación y concluyó que no se había cumplido con lo ordenado.
A estos antecedentes se suma el caso más reciente, relacionado con Alexandra Villacís.
El Ministerio del Trabajo ofreció disculpas públicas en un video de apenas 18 segundos, emitido por funcionarios de menor rango y no por el titular de la cartera.
La medida respondía a una sentencia judicial que determinó que Villacís fue afectada por un impedimento laboral erróneo que le impidió asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero de 2026.
El conflicto se originó cuando se registró en su contra una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI), que luego fue desmentida por la propia entidad.
Pese a ello, el Ministerio del Trabajo no corrigió la inhabilidad a tiempo, lo que derivó en una disputa institucional y en la designación de un presidente encargado.
Tras agotar otras vías, Villacís obtuvo una resolución favorable mediante un hábeas data que ordenó la rectificación de su situación y dispuso medidas de reparación, entre ellas las disculpas públicas.
¿Trámite simbólico?
Para Ximena Ron, estos casos reflejan un problema estructural en el cumplimiento de las decisiones judiciales. Sostiene que la reparación integral no debe convertirse en un trámite simbólico, sino en un acto que restituya la dignidad de las víctimas.
En ese sentido, planteó que la jueza del caso Villacís debería ordenar que las disculpas se repitan y que sean ofrecidas por el ministro de Trabajo, Harold Burbano, a quien señala como responsable del perjuicio.
Los tres casos, aunque distintos en su origen, coinciden en un punto: la forma en que el Estado ejecuta las disculpas públicas está siendo cuestionada no solo por su contenido, sino por el mensaje institucional que transmiten frente a las decisiones de la justicia.
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