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La estructura societaria de la minería en Ecuador dificulta identificar a los beneficiarios finales. Surgen vínculos entre el Consorcio Nobis, el Grupo Noboa y proyectos que hoy operan bajo Silvercorp Metals.
La normativa societaria ecuatoriana —en línea con estándares internacionales— habilita a las compañías, incluidas las del sector minero, a estructurarse mediante complejas redes de subsidiarias e inversiones cruzadas. Este modelo, comparable a capas superpuestas, permite que los beneficiarios finales queden diluidos en cadenas corporativas extensas y, en muchos casos, opacas.
En ese contexto, identificar a los verdaderos propietarios de los proyectos extractivos se convierte en una tarea particularmente compleja. Iniciativas internacionales como la EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) intentaron establecer mecanismos de claridad sobre estos actores. No obstante, su implementación enfrentó distorsiones en países adherentes como Ecuador, donde los objetivos de transparencia han sido reinterpretados o reducidos a ejercicios formales.
Un ejemplo de esta reinterpretación se encuentra en la aplicación del requisito 2.5 de la EITI. Este punto establece la obligación de revelar a los “beneficiarios finales”, es decir, las personas naturales que se ubican al final de la cadena de propiedad de una empresa. En Ecuador, distintas autoridades del sector minero optaron por una lectura que prioriza la identificación de beneficiarios locales —como los gobiernos autónomos descentralizados— dejando de lado el espíritu original de la norma, que apunta a revelar a los verdaderos controladores económicos.
Según la propia definición de la EITI, un beneficiario final es una persona física que puede encontrarse al término de una estructura de titularidad, la cual puede ser directa o estar conformada por múltiples niveles de entidades jurídicas interpuestas.
Poder político, inversión minera y zonas grises
Ahora, el debate sobre los beneficiarios finales adquiere importancia en Ecuador cuando se examinan posibles vínculos entre el poder político y el sector minero. En particular, el caso más representativo apunta a la familia del actual presidente, Daniel Noboa, en cuyo entorno se identificaron inversiones relacionadas con proyectos extractivos.
Una investigación del medio digital Vía Minera señala que durante la confrontación política, salió a la luz la participación de un grupo económico vinculado a la familia presidencial en el proyecto El Domo-Curipamba, ubicado en la provincia de Bolívar y con una extensión de 21.537 hectáreas.
Este vínculo se evidenció tras la renuncia de Roberto Salas, entonces vicepresidente del Consorcio Nobis, a su cargo en el directorio de la empresa canadiense Adventus Mining, poco antes de asumir funciones públicas.
El contexto de esta participación abre cuestionamientos adicionales. Isabel Noboa Pontón, líder del Consorcio Nobis y tía del presidente, aparece en el centro de este entramado. La licencia ambiental del proyecto fue otorgada apenas dos meses después del inicio del actual gobierno, aunque su tramitación venía impulsada desde la administración anterior. Este proceso coincide con la adquisición, en 2019, de un 9% de participación en Adventus Mining por parte de Nobis, operación valorada en más de USD 5,4 millones, aunque nunca confirmada ni desmentida oficialmente.
Dicha participación permitió al grupo Nobis acceder a espacios en la dirección de la compañía minera. Esta relación se mantuvo al menos hasta 2024, año en que Adventus Mining fue adquirida por la empresa Silvercorp Metals. Pese a versiones no verificadas que sostienen una reducción de la participación de Nobis tras la compra, no existen datos públicos que lo respalden.
La falta de información oficial también se extiende a aspectos tributarios. Dado que los principales activos de Adventus se encontraban en Ecuador, su adquisición por parte de Silvercorp habría implicado el pago de impuestos por la transacción. Sin embargo, tampoco hay registros claros disponibles sobre estos montos.
Beneficiarios finales
En Ecuador, la principal fuente institucional para rastrear beneficiarios finales es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aunque su capacidad de acceso a información es restringida. Según sus registros, ninguna de las empresas vinculadas al Consorcio Nobis o al grupo Noboa —al menos dentro de una lista parcial analizada— tiene como actividad principal la minería o la exportación de minerales.
Incluso en el ámbito público, la propia Isabel Noboa, en su perfil profesional, destaca la presencia del consorcio en sectores industriales sin hacer referencia directa a actividades mineras. Lo mismo ocurre con empresas relacionadas como Automotriz Noboa S.A. y Chocolates Noboa S.A., que no pertenecen al sector extractivo.
No obstante, la legislación ecuatoriana permite que cualquier persona jurídica, independientemente de su objeto social, invierta en proyectos mineros. Esto amplía considerablemente el espectro de posibles beneficiarios finales, que pueden encontrarse en diversos sectores económicos, tanto a nivel nacional como internacional.
En términos formales, la información disponible señala que los proyectos El Domo-Curipamba y Cóndor están controlados por una alianza entre las empresas canadienses Silvercorp Metals y Salazar Resources, a través de una red de subsidiarias locales.
Estructuras offshore y vacíos de información
El análisis de la estructura corporativa del grupo Noboa introduce otro elemento clave: la participación de sociedades offshore. Lanfranco Holdings S.A., por ejemplo, aparece como accionista mayoritaria de Noboa Trading Co., con el 51% de las acciones. Esta última es señalada en investigaciones por tráfico de drogas hacia Europa.
De acuerdo con los Pandora Papers, el presidente y su hermano figuran como socios de Lanfranco, una empresa registrada en Panamá. Este tipo de estructuras facilita la gestión internacional de activos y la protección patrimonial, especialmente cuando se combinan con jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como también ocurre con Fruit Shippers Limited.
Pese a estos vínculos, no existe evidencia directa que confirme una participación accionaria de la familia Noboa en Silvercorp Metals. Esta empresa canadiense, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, mantiene una estrategia de diversificación que incluye su expansión en Ecuador, complementando sus operaciones principales en China.
La composición accionaria de Silvercorp revela la presencia de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong, además de su principal accionista individual, Rui Feng, quien también ejerce como director ejecutivo. Sin embargo, un 31,95% de su estructura accionaria corresponde a inversionistas no identificados públicamente, lo que introduce un margen significativo de opacidad.
En cuanto al origen geográfico de los inversionistas, aparecen jurisdicciones como Islas Caimán, aunque no figuran otras como Panamá o Bahamas.
Un rompecabezas sin respuestas completas
Ante la falta de datos concluyentes, las interrogantes persisten. La relación entre el grupo Nobis y Adventus Mining está documentada al menos desde 2020, según registros corporativos del propio consorcio. No obstante, el alcance real de esa vinculación tras la adquisición por Silvercorp permanece sin aclararse.
En paralelo, la estructura operativa de los proyectos mineros en Ecuador muestra una fuerte presencia de ejecutivos vinculados a la matriz canadiense. Lon Shaver, presidente del comité ejecutivo de Silvercorp Metals, figura también como presidente de varias empresas relacionadas con los proyectos en el país, incluyendo:
- Adventus Mining Ecuador
- Curimining
- Condormining Co.
- Corporación FJTX
- Proyectmin
- Bestminers Ecuador.
En este escenario, la identificación de los beneficiarios finales reales continúa siendo un desafío. La combinación de estructuras societarias complejas, participación offshore y limitaciones en el acceso a información pública configura un entorno donde la transparencia sigue siendo una promesa más que una práctica consolidada.
