La ciudadanía teme que, así como se revisó los subsidios a las gasolinas y al diésel, el Gobierno de Noboa tome la decisión -apalancado por ...
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Un certificado del Seguro Social revela obligaciones pendientes de la Asamblea Nacional, mientras legisladora cuestiona el discurso de institucionalidad del Parlamento liderado por Niels Olsen.
La Asamblea Nacional enfrenta cuestionamientos públicos luego de que se denunciara que no paga obligaciones patronales.
Según un certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) evidenció que la institución mantiene valores en mora por USD 1.253,93, además de registrar dos glosas impugnadas por USD 686,36.
El documento, correspondiente a la empresa Asamblea Nacional con RUC 1760000150001, señala que la entidad sí mantiene obligaciones patronales pendientes dentro del Sistema de Historia Laboral del IESS, lo que ha provocado críticas desde sectores políticos que consideran contradictorio que una de las principales funciones del Estado no cumpla plenamente con sus responsabilidades ante la seguridad social.
Cuestionamientos
La asambleísta Liliana Durán cuestionó con dureza esta situación y apuntó directamente a la administración encabezada por Niels Olsen.
“La ‘Asamblea Distinta’ habla de institucionalidad, pero ni siquiera cumple con sus obligaciones con el IESS”, señaló.
Al tiempo que advirtió que resulta incoherente exigir transparencia y responsabilidad pública cuando existen incumplimientos relacionados con los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores.
El alcalde capitalino rechazó un incremento de pasajes que golpee la economía de las familias y advirtió que el Municipio no permitirá chantajes, presiones ni paralizaciones del transporte convencional.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cerró la puerta a un posible aumento del pasaje del transporte público convencional a USD 0,65 o USD 0,70, como plantean sectores transportistas, al considerar que una medida de esa magnitud sería inviable para la capacidad económica de la ciudadanía.
El burgomaestre aseguró que, aunque existe apertura al diálogo con los transportistas, el Municipio no cederá ante presiones ni acciones que afecten a la capital.
Muñoz recordó que hace poco más de dos semanas mantuvo reuniones con representantes del sistema convencional, donde se abordó el tema tarifario. Sin embargo, criticó las recientes medidas de presión impulsadas por el gremio, calificándolas como equivocadas.
“No vamos a permitir ni chantaje, ni extorsión, ni boicot a la ciudad”, enfatizó, al tiempo que sostuvo que cualquier revisión tarifaria no solo debe considerar los costos operativos del sector, sino también la capacidad real de pago de los quiteños.
Diésel
El alcalde reconoció que el incremento del precio del diésel elevó los costos del transporte, lo que da cierta base a los reclamos del sector. No obstante, subrayó que esa realidad no significa aceptar automáticamente el valor solicitado por los transportistas.
Según dijo, la administración municipal tiene la obligación de proteger el interés general y evitar decisiones que profundicen la carga económica sobre las familias, especialmente frente a un sistema que arrastra cuestionamientos ciudadanos por deficiencias en el servicio, inseguridad y maltrato a usuarios.
Muñoz también cuestionó la oportunidad de las protestas, recordando que ocurrieron en medio de hechos graves como accidentes vinculados a conductores en estado de embriaguez.
A su criterio, estas acciones solo provocaron mayor rechazo social y complicaron un proceso de negociación que ya estaba previsto.
El alcalde confirmó que el diálogo continuará, pero dejó claro que una tarifa de USD 0,70 “simplemente no va”. Insistió, buscará soluciones técnicas sin sacrificar la economía de sus habitantes.
Una infraestructura clave terminada en 2018 permanece inactiva por la falta de una conexión de apenas tres kilómetros. El Estado ha “quemado” más de USD 1.300 millones en diésel importado, dinero suficiente para construir casi dos hidroeléctricas como Sopladora.
En la provincia amazónica de Sucumbíos, la subestación eléctrica de Shushufindi —un proyecto de USD 27 millones terminado en febrero de 2018 y construido en el Gobierno de la Revolución Ciudadana— está listo para operar, pero no lo hace. Para lograrlo, el gobierno debe construir 3 kilómetros de interconexión para alimentar a la Refinería de Shushufindi y a los campos petroleros con energía limpia del Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Esta omisión ocasiona un verdadero golpe económicos a las arcas de la estatal petrolera Petroecuador, pues actualmente se calcula que gasta USD 355 millones en la compra e importación de combustibles fósiles (principalmente diésel y crudo) para generar electricidad en sus campos petroleros.
De existir esta interconexión eléctrica, este sería el monto que dejaría de gastar por el no uso de combustible fósil para la generación eléctrica en los campos y bloques petroleros.
Según las características de la infraestructura, la Subestación Shushufindi está proyectada para atender los requerimientos de 22 bloques petroleros operativos. Entre los principales campos que se beneficiarían de esta energía limpia y barata se encuentran:
Bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini): El campo con mayor proyección del país, que actualmente está en un cierre progresivo de sus operaciones.
Sacha: Considerado la “joya de la corona”, cuya producción se ve afectada frecuentemente por fallas eléctricas en el sistema actual.
Auca, Cuyabeno e Indillana: Bloques de alta producción que requieren un suministro estable para incrementar su extracción.
Otros campos: La red conectada a Shushufindi podría energizar también a Vergel, ZPF, Culebra, Yuca, Auca Sur, CPF, Aguarico, Secoya y Atacapi.
La capacidad de la subestación Shushufindi es clave porque permite cubrir casi la totalidad de la demanda eléctrica de los campos petroleros en la Amazonía, la cual se estima en unos 300 MW.
Se pudo construir dos hidroeléctricas
La inacción estatal desde 2018 ha generado un perjuicio acumulado. USD 355 millones al año destina aproximadamente Petroecuador en la compra e importación de combustibles fósiles para la generación eléctrica.
Cálculos oficiales señalan que si se concreta la interconexión con la subestación Shushufindi, Petroecuador dejaría de quemar diésel propio y rentado, pero pasaría a comprar energía limpia al SNI. El costo estimado de esta nueva factura eléctrica sería de USD 190 millones anuales.
Es decir, si la subestación hubiera operado desde su terminación, el país habría ahorrado USD 165 millones cada año.
Actualmente, la generación a diésel le cuesta a Petroecuador USD 0,18 centavos por kWh, mientras que expertos señalan que el costo real con diésel importado en 2025 superó los USD 0,35centavos, frente a los USD 0,7 centavosque costaría la energía de las hidroeléctricas.
Esta diferencia de casi cinco veces el costo es lo que el Estado ecuatoriano termina pagando a proveedores privados en lugar de usar su propia infraestructura
Así, tomando como referencia los USD 165 millones de ahorro anual, en los ocho años que la subestación no está operativa, Ecuador ha malgastado aproximadamente USD 1.361 millones en la compra de combustibles para pozos petroleros.
Para dimensionar esta cifra: la construcción de la central hidroeléctrica Sopladora costó unos USD 755 millones. Con el dinero que el Estado “quemó” por no conectar Shushufindi, Ecuador podría haber financiado casi dos centrales hidroeléctricas completas del tamaño de Sopladora, inyectando más de 900 megavatios (MW) de energía firme al sistema nacional y así evitar apagones.
900 megavatios que serían clave actualmente, en medio de una crisis eléctrica que amenaza con nuevos apagones en todo el país generalizados en el último trimestre de 2026 cuando arranque la época de estiaje. De hecho, ya se han registrado cortes de luz por el incremento de la demanda eléctrica a nivel nacional, aunque el Gobierno de Daniel Noboa ha minimizado aquello diciendo que son “desconexiones programadas”.
¿Cómo empezó todo?
Desde el inicio del proyecto en 2015, el convenio de cooperación firmado entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la entonces Petroamazonas EP (hoy Petroecuador), se definió que Celec cumpliría con la construcción de la subestación Shushufindi, algo que sí lo hizo, mientras que Petroecuador asumía la responsabilidad de construir la línea de interconexión de 138 kV para unir sus sistemas con dicha infraestructura con la Refinería de Shushufindi y los campos petroleros: es aquí donde está el problema.
Celec cumplió con su parte del convenio al finalizar la construcción de la subestación en febrero de 2018, pero Petroecuador no cumplió su parte.
En noviembre de 2016, mediante un oficio oficial (MEM-VEER-2022-0351-OF), Petroecuador notificó que no podría concretar la conexión de 138 kV debido a “restricciones presupuestarias”.
Según exautoridades del Ministerio de Energía consultadas por Radio Pichincha, resulta contradictorio que la empresa alegara falta de fondos para una obra de aproximadamente USD 3 millones, cuando el gasto anual en combustible para generación eléctrica asciende a USD 355 millones.
Una exviceministra de Estado -que prefirió no ser identificada- cuestiona esta lógica. “Petroecuador dice: yo no me voy a poder interconectar porque no tengo plata para construir 3 km de línea, pero es una empresa pública que tiene muchísimo dinero”.
¿Quién gana por la falta de interconexión?
Petroecuador no solo compra el combustible, sino que también renta costosos grupos generadores que funcionan con diésel.
Fuentes consultadas explican que la interconexión eléctrica que falta podría suplir la demanda de combustible para generar energía en los pozos petroleros.
La persistencia de este gasto no parece ser accidental, pues detrás de eso, se esconden intereses privados: los importadores de combustibles y las empresas de generación termoeléctrica privada.
El exministro de Energía Fernando Santos Alvite reconoció que “los intereses de las compañías que producen energía con diésel han sido tan poderosos que esta licitación para interconectar los campos petroleros con el Sistema Nacional Interconectado ha fracasado cinco veces”.
Como “parche”, la estatal Petroecuador se ancló a la subestación Jivino, que tiene una capacidad de transferencia de energía muy limitada que bordea los 50 megavatios. En cambio, Shushufindi podría entregar hasta 280 MW.
Jivino es operada por Celec desde septiembre de 2017. Actualmente es el único punto de conexión que permite al Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) recibir energía hidroeléctrica del Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Mecheros: Energía que se hace ‘humo’
Mientras tanto, Petroecuador sigue quemando gas en los mecheros.
Cálculos de exfuncionarios de Petroecuador señalan que el gas quemado tiene un potencial de generación de entre 50 y 70 MW.
“Ese gas lo pueden utilizar para producir energía eléctrica, solventan las necesidades en los campos petroleros y tener excedentes inyectarían al sistema nacional”, explica la exviceministra de Electricidad.
Y, para colmo -dicen las fuentes consultadas- es que Petroecuador continúa apagando los mecheros por decisión judicial. Según la estatal petrolera, hasta 2025 se apagaron 170 mecheros.
Sin embargo, el problema técnico persiste.
Pues, apagar un mechero significa dejar de producir el pozo petrolero, ya que este hidrocarburo sale durante la perforación. Entonces, la subestación Shushufindi se podría convertir en un nodo para recibir y distribuir esa potencia eléctrica que podría provenir del gas asociado.
Subestación Shushufindi, subutilizada
La subestación Shushufindi, construida por la empresa china Harbin y AG Construcciones, cuenta con un transformador de 300 MVA (Mega Voltio-Amperios), que representa la capacidad nominal de potencia del autotransformador que se encuentra instalado y energizado desde febrero de 2018, suficiente para inyectar unos 280 MW de generación térmica.
Además de alimentar energía a los campos petroleros, la subestación funcionaría como un nodo estratégico para inyectar al sistema nacional entre 50 y 70 MW que podrían generarse aprovechando el gas asociado que actualmente se desperdicia en los mecheros, lo que ayudaría a reducir el riesgo de apagones.
Radio Pichincha solicitó información a Petroecuador sobre el gasto en combustible para la generación eléctrica y sobre por qué no construyen la interconexión eléctrica de 3 kilómetros, pero hasta el cierre de la edición no hubo una respuesta.
Quito, Guayaquil, Durán, Ibarra, Otavalo y otros cantones enfrentan problemas para conseguir combustible, pese a que el viceministro de Hidrocarburos asegura que el abastecimiento es normal y llama a la calma.
Las largas filas en estaciones de servicio, la venta restringida y la falta de gasolina extra y súper se convirtió en una constante este lunes 11 de mayo de 2026 en varias ciudades del Ecuador, mientras el Gobierno insiste en que no existe desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.
Quito, Guayaquil, Durán, Ibarra, Otavalo, Rumiñahui y Antonio Ante reportan problemas severos en el suministro, obligando a miles de conductores a recorrer múltiples gasolineras en busca de combustible.
Capital
En distintos sectores de Quito, especialmente en el norte y sur de la ciudad, varias estaciones se quedaron sin gasolina extra o súper, mientras otras suspendieron completamente la venta por falta de producto.
En Guayaquil, usuarios reportaron que debieron visitar entre tres y cinco estaciones antes de encontrar gasolina Ecopaís o extra, en medio de un abastecimiento irregular que se agrava justo antes del ajuste mensual de precios bajo el sistema de bandas.
En Imbabura, las restricciones incluyen límites por monto de compra y reducción en volúmenes entregados a las estaciones.
¿Qué dice el Gobierno?
Pese a este panorama, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, afirmó que el país cuenta con suficiente combustible y descartó un desabastecimiento generalizado.
Desde El Beaterio, principal terminal de distribución en Quito, aseguró que el suministro opera con normalidad y advirtió que el acaparamiento y la especulación están prohibidos.
Sin embargo, comercializadoras contradicen esta versión, señalando que los despachos desde terminales de Petroecuador se habrían reducido hasta en un 30%, situación que explicaría las crecientes dificultades para abastecerse en distintas provincias.
Para el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón se conformó una “pandilla” para los sobornos.
Desde las 08:30 de este lunes 11 de mayo se realiza la audiencia de juicio contra el expresidente Lenín Moreno y otras 20 personas procesadas por presunto cohecho en el caso Sinohydro, conocido inicialmente como Ina Papers.
Moreno, quien residía en Paraguay, regresó sorpresivamente a Quito el pasado miércoles 6 de mayo para enfrentar este proceso judicial.
En vivo audiencia
La diligencia se desarrolla ante el Tribunal Penal conformado por los jueces Manuel Cabrera, en calidad de ponente, Daniella Camacho y Julio César Inga, quienes escucharán la acusación, la exposición de pruebas y los alegatos.
16:20 | Tribunal accede y suspende la audiencia
La audiencia se reinstalará el martes 12 de mayo de 2026, a las 08:30. El juez ponente Manuel Cabrera pidió que se tome en cuenta la agenda que los magistrados deben cumplir, así como la presencia de adultos mayores entre los procesados.
16:16 | Pedido al Tribunal
Las defensas de los procesados piden que la presentación de los testigos se realice a partir del martes 12 de mayo de 2026. La Fiscalía no tiene inconveniente.
15:30 | Sacerdotes nombrados en audiencia
La defensa de Eduardo Carmigniani señaló que se le hizo una imputación selectiva porque existen más de 587 operaciones realizadas por Recorsa a más de 100 personas y nunca fue procesada.
Entre ellas salió a relucir el nombre de Fausto Trávez, exarzobispo de Quito y primado del Ecuador, entre 2010 y 2019, así como el de otros sacerdotes.
14:50 | Nieta de Conto Patiño
La audiencia de juicio en caso Sinohydro continúa con la alegación inicial de las defensas de los procesados. Felipe Rodíguez Moreno, abogado de Priscila Burneo, dijo que la acusación en contra de su clienta es un error, debido a que prestaba su tarjeta de crédito a sus abuelos y estos le pagaban en efectivo. Ella es nieta de Conto Patiño, representante de las empresas Recorsa.
12:00| Moreno habla con la prensa
El expresidente Lenín Moreno afirmó que no se irá del país, que vino a quedarse, y estará en la audiencia de juicio hasta el final.
Ante los periodistas comentó que respeta la institucionalidad y negó que él y su familia hayan recibido sobornos.
Mencionó que no estaba bajo sus atribuciones la viabilización del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair y que eso debió observarlo Sectores Estratégicos.
En cuanto a la prueba que presentaría Fiscalía y que está relacionada con su departamento en Quito, dijo que ese inmueble lo obtuvo antes de que sea investigado por la Fiscalía.
Tampoco negó la amistad con Conto Patiño y su familia.
11:15| Fiscalía acusa a núcleo familiar de Moreno de recibir más de USD 1 millón en trama Sinohydro
El fiscal Alarcón señaló al expresidente Lenín Moreno, a su esposa Rocío Gonźalez, a su hija Irina, y a sus hermanos como receptores de más de USD 1 millón.
Acusó a Moreno de viabilizar el proyecto y con él, el esquema de sobornos. A este esquema se sumó la representante de la Procuraduría, como acusadora particular, quien añadió que los procesados beneficiaron de un inmueble.
Agregó que durante la audiencia se demostrará que los procesados adecuaron su conducta para cometer el delito de cohecho. Dijo que Rocío González pedía dinero para asuntos personales a través de correos electrónicos.
Núcleo familiar de Conto Patiño
Alarcón comentó que con empresas fachadas como Comercial Recorsa y Recorsa S.A., de Conto Patiño, se realizaron vinculaciones con el abogado Eduardo Carmigniani para la negociación en este caso.
Explicó que Carmigniani, en esa época, trabajaba en la Vicepresidencia junto con Moreno.
El núcleo familiar habría recibido más de USD 58,8 millones a través de cuentas personales y corporativas, así como compañías nacionales e internacionales.
Además, sostuvo que el dinero fue a parar a cuentas bancarias en Panamá, país considerado un paraíso fiscal.
Núcleo de funcionarios
Según la Fiscalía, el esquema alcanzó a funcionarios vinculados al contrato del proyecto de construcción de Coca Codo Sinclair (valorado inicialmente en USD 1.979,7 millones), a las autoridades de la compañía hidroeléctrica Coca Codo.
En la lista de observados está Julio César Gordón (fallecido) que habría recibido como parte del esquema USD 3 millones.
De igual manera, Luciano Cepeda y su cónyuge recibieron USD 323.000, y Henry Galarza, más de USD 220.000
Funcionarios chinos
Los ciudadanos chinos Cai R. (exembajador de China en Ecuador y exasesor de Sinohydro) y Yang H., según la Fiscalía, también son responsables en el esquema de sobornos.
Los procesados estuvieron al frente de Sinohydro para canalizar compensaciones económicas con Recorsa.
Demostrarán con pruebas su acusación
En defintiva, la Fiscalía y la Procuraduría afirmaron que demostrarán que altos funcionarios públicos viabilizaron decisiones claves en favor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La Fiscalía tomará en cuenta que durante el período del 15 de enero de 2007 al 15 de enero de 2011, Moreno era vicepresidente de la República.
Posteriormente, fue el turno de David Meza, abogado de Moreno, González e Irina Moreno.
Dijo que se demostrará que en el caso de Moreno no estuvo a cargos de los sectores estratégicos y que por lo tanto no firmó nada.
Asimismo dijo que el dinero recibido por parte de González y Moreno González fue después del período analizado.
“Se debe juzgar en función de las pruebas”, recalcó, no sin antes decir que este caso tiene un tinte político.
10:23 | Empresas de Conto Patiño habrían canalizado pagos ilícitos en caso Sinohydro
Con el alegato inicial del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, inició este 11 de mayo de 2026, la audiencia de juicio en el caso Sinohydro en contra de 21 procesados por el presunto delito de cohecho.
Alarcón expuso que Comercial Recorsa y Recorsa S.A., compañías del procesado Conto Patiño, fueron utilizadas como fachadas, una en Ecuador y otra en Panamá, para los pagos ilícitos provenientes de la empresa china Sinohydro por USD 76 millones que corresponden al 4% del valor del contrato adjudicado para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
En ese sentido, Alarcón detalló el supuesto esquema de sobornos distribuidos por núcleos familiares (Moreno y Patiño), así con funcionarios públicos, abogados, diplomáticos chinos y representantes de Sinohydro.
09: 34 | Se instala la audiencia de juicio
El juez ponente Manuel Cabrera instaló la audiencia de juicio del caso Sinohydro contra 21 procesados. La diligencia inició con la participación del fiscal encargado Carlos Leonardo Alarcón.
08:30 | Moreno llega a la audiencia de juicio
El expresidente Lenín Moreno asistió a la audiencia de juicio en el caso Sinohydro, por el presunto delito de cohecho, en el que son procesadas 20 personas más. Lo hace como parte de su deseo de enfrentar a la justicia.
Sin decir nada a la prensa, se dirigió al lugar dispuesto para él, desde donde escuchará la acusación fiscal.
David Meza, abogado de Lenín Moreno, defendió la inocencia de su cliente, al señalar que no pudo cometer ningún tipo de delito porque las funciones como vicepresidente no le permitían estar a cargo del sector hidroeléctrico.
Dijo que durante la audiencia se demostrará que Moreno no firmó nada y que por tanto no tuvo dominio del hecho.
El jurista aseguró que Moreno se quedará en el país de manera definitiva porque ese es su deseo frente a una acusación con tintes políticos. Sin embargo, espera que el Tribunal comprenda su condición de salud.
Caso
Según la Fiscalía, el caso Sinohydro representa un perjuicio al Estado ecuatoriano de aproximadamente USD 76 millones en coimas. La investigación apunta a una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en torno a la adjudicación de. contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.
Según la teoría fiscal, durante el proceso contractual habrían existido acuerdos entre funcionarios públicos, abogados, diplomáticos chinos y representantes empresariales para favorecer a Sinohydro, a cambio de beneficios económicos indebidos.
Entre los observados está el amigo de Moreno, Conto Patiño, quien a través de su empresa Comercial Recorsa habría facilitado los sobornos.
Entre los elementos de convicción que presentó la Fiscalía a lo largo del proceso consta documentos de un inmueble en Quito vinculado al entorno de Moreno, así como asistencias penales internacionales.
Tenemos entendido que no todos los procesados estarán presentes en la sala de audiencia, algunos se conectarán vía telemática como la hija de Moreno porque el delito de cohecho puede ser juzgado en ausencia, así lo establece el artículo 233 de la Constitución.
Procesados
Antes de arrancar con la acusación, exposición de pruebas y alegatos, el Tribunal debe resolver si existen excepciones previas, vicios de procedimiento, competencia de los jueces y cuestiones de procedibilidad.
Autores directos:
Lenín Boltaire Moreno Garcés
Luciano Enrique C. V.
Henry de Jesús G. C.
Conto Augusto P. M. (representante legal de Comercial Recorsa)
Cai R.
Yang H.
Song D.
Cómplices:
Judith Rocío G. N.
Irina M. G.
Guillermo Renán M. G.
Edwin Ovidio M. G.
Martha Guisella G. N.
María Auxiliadora P. H.
Xavier José M. C. (representante legal de Ginepri S. A.)
Juan Carlos P. H.
Patricia de las Mercedes P. H.
Manuel Ignacio P. H.
Priscila B. P.
José Eduardo C. V.
Carlos Oswaldo A. A.
María Augusta del Rocío B. C.
Por esquivar a una motocicleta un vehículo impactó contra un bus.
Tres personas fallecidas y cuatro heridas deja un accidente de tránsito registrado este sábado 9 de mayo de 2026 en la parroquia de Santa Rosa, en la vía Ambato – Guaranda.
El accidente ocurrió cuando un vehículo intentó esquivar a una motocicleta e impactó contra un bus.
Coordinación por la emergencia
La Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato gestionó la atención con personal de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos.
De forma preliminar, las instituciones de primera respuesta reportaron tres personas fallecidas y cuatro heridas. Extraoficialmente se conoce que dos menores de edad estarían entre las víctimas mortales.
El ECU 911 recomendó conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.