La organización indígena acusa al Gobierno de Daniel Noboa de planificar una ofensiva contra el pueblo Kichwa Karanki y Otavalo durante el paro nacional.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció que el denominado “convoy humanitario” que ingresó a Imbabura los días 13 y 14 de octubre de 2025 fue, en realidad, una operación militar planificada por el Gobierno de Daniel Noboa.

Según el comunicado emitido este 14 de octubre, la acción tuvo como objetivo reprimir a los pueblos Kichwas de la Sierra Norte, en particular al pueblo Kichwa Karanki y Otavalo.

De acuerdo con la organización, mientras miles de comuneros marchaban pacíficamente por Ibarra exigiendo soluciones políticas y diálogo, el Gobierno respondió con violencia.

El documento indica que más de 1.000 efectivos militares, acompañados de un centenar de vehículos blindados, ingresaron al territorio comunitario bajo el disfraz de una “misión humanitaria”.

La Conaie sostiene que durante la incursión se lanzaron bombas lacrimógenas desde aire y tierra, y que al menos 21 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer con impacto en la cabeza y un adolescente golpeado por militares.

También se registraron cuatro detenidos, según los reportes comunitarios.

“El convoy, lejos de ser humanitario, fue una operación de guerra contra el pueblo, planificada desde el poder”, señala el pronunciamiento, que además critica las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, por justificar la represión bajo el pretexto de “restaurar el orden”.

La Conaie acusa al Gobierno de utilizar una “estrategia de falsa bandera” para criminalizar la resistencia indígena y desviar la atención de la crisis social y económica del país.

La organización exigió el cese inmediato de la violencia estatal, la liberación de los detenidos y el inicio de un verdadero proceso de diálogo con los pueblos indígenas.

Finalmente, expresó su solidaridad con el pueblo Kichwa Karanki y su presidente, Lenin Farinango, reiterando el llamado a la comunidad internacional para que verifique las denuncias.

“La resistencia no es delito, es un derecho”, concluye el comunicado firmado por el Consejo de Gobierno de la Conaie.

Daniela Fonseca