¿Quién se preocupa de los activistas ambientales y sociales ecuatorianos con las cuentas inmovilizadas?

La muerte de la activista Mónika Silva, hecho acontecido el pasado 8 de junio de 2026 en la península de Santa Elena, actualiza la compleja situación de gestores ambientales y sociales que mantienen inmovilizadas sus cuentas, tras hechos puntuales relativos a la resistencia en contra del gobierno de Daniel Noboa.

Pacha Terán, dirigente del pueblo Otavalo y excandidata a la Vicepresidencia de la República en 2025 por el movimiento Unidad Popular, es una de ellas. Ella contestó con un audio muy sentido a la pregunta sobre cómo es vivir con las cuentas incautadas: “¿Cómo sería su vida con plata incautada, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) cerrado, un ‘guagua’ de 17 años a punto de salir del colegio, otro de siete años y tres procesos penales en contra?”.

Terán lleva aproximadamente nueve meses en ese estado. Su situación permite hacer un parangón con el problema por el que atraviesan representantes de organizaciones como la Fundación Pachamama, la UDAPT (Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco), Yasunidos y la Alianza Ceibo.

El tema no pierde vigencia. Este mes, representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Fenocín emitieron comunicados frente a este problema:

Las consecuencias de la medida para estas organizaciones se resumen en lo siguiente: “ el congelamiento impide la ejecución de proyectos comunitarios, dificulta el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y contractuales, y limita el desarrollo de actividades relacionadas con la organización social y la defensa de derechos colectivos”.

Nada cambia

Guido Perugachi, presidente de la Fenocín, en una nota de abril de 2026, rechazó la injerencia del Ejecutivo sobre al congelamiento y en lo relativo a la inscripción de la nueva directiva de este organismo. Dos meses después, ante una pregunta realizada por Radio Pichincha, atinó a decir que el panorama se mantiene “exactamente igual tanto para la Unorcac como para la Fenocín”.

El tema ha tomado tal relevancia que organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), en diciembre de 2025, denunciaron que el Gobierno está utilizando el congelamiento de cuentas bancarias como una herramienta para restringir, obstaculizar y amedrentar el trabajo de las organizaciones indígenas y ambientales en Ecuador.

Esto es solo parte de los problemas que debió enfrentar la activista Mónika Silva. Ella denunció al menos de cinco casos de trascendencia nacional; entre ellos, el Caso Belitec, relacionado con la venta irregular de 745 hectáreas de terrenos municipales y el Sunshine, que documentó la adjudicación de 3.322 hectáreas de terrenos colindantes al mar. Por citar brevemente.

El agotamiento y la presión fueron parte de los escollos diarios a vencer; sin embargo, y con seguridad, el principal enemigo a derrotar fue la indiferencia de un país ante sus luchas.