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Un acta de transcripción elaborada por la Fiscalía General del Estado, en mayo de 2026, recoge la declaración de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, quien, desde España, realizó acusaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y denunció un supuesto encubrimiento para silenciar testigos.
Graves acusaciones relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio constan en un testimonio incorporado al expediente fiscal No. 170101823101713, según Diario La Jornada de México.
Se trata de una grabación de 31 minutos y 22 segundos, cuya transcripción fue formalizada por la Fiscalía General del Estado mediante un Acta de Transcripción de Contenido Digital elaborada el 5 de mayo de 2026 en sus oficinas de Quito.
En el audio declara el presunto narcotraficante Wilmer Geovanny Chavarría Barre (alias ‘Pipo’), quien también utiliza la identidad de Danilo Ramón Fernández Calderón. El testimonio fue rendido desde España y contiene señalamientos sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Chavarría calificó el proceso en su contra como una “operación política”.
‘Pipo’ niega vínculos con la Revolución Ciudadana
Durante el interrogatorio conducido por agentes policiales y bajo la supervisión de la fiscalía ecuatoriana, Chavarría se desmarcó del expresidente y su entorno cercano.
Al ser consultado sobre sus supuestos nexos, afirmó: “Con el señor Rafael Correa no lo conozco, no he tenido ningún tipo de contacto ni con él ni con ninguno de sus allegados”. Asimismo, aseguró no conocer ni haber tenido contacto con el exvicepresidente Jorge Glas.
Chavarría calificó su implicación en el proceso como una maniobra política orquestada para forzar un testimonio incriminatorio. Según sus palabras, el proceso en su contra es un “montaje para lograr llevarme a Ecuador y presionarme a que yo dé una declaración falsa… en contra del ex presidente Rafael Correa”.
El declarante sostuvo ante las autoridades que no se prestará para “inventar hechos” o “dañar conductas a personas, terceros que no tienen nada que ver”, calificando la investigación como una “operación política” basada en testimonios fabricados.
El testigo, quien reside en Málaga tras haber fingido su muerte en 2022, insistió en que las autoridades ecuatorianas utilizaron “testigos falsos” que han cambiado sus versiones en múltiples ocasiones con el único fin de vincularlo con el magnicidio y, a través de él, atacar a figuras políticas determinadas.
‘Pipo’ acusa a Noboa de ordenar el asesinato de Villavicencio
En esa misma diligencia, Chavarría identificó a quienes, según su versión, ordenaron el magnicidio de agosto de 2023. Al ser consultado sobre quién estuvo detrás del crimen, afirmó: “Quien ordenó realmente el asesinato fue el señor Daniel Noboa y en coordinación con el ministro (del Interior) Jhon Reimberg”.
El declarante sostuvo que esta información le fue revelada por una fuente interna que trabaja directamente con el mencionado ministro. Según su testimonio, el Gobierno ecuatoriano habría utilizado su estructura para silenciar al excandidato presidencial.
El testimonio de Chavarría detalla dos motivos principales para el crimen. El primero vincula al mandatario con economías ilícitas: “Ellos se dedican al narcotráfico… las incautaciones de drogas aquí en los países europeos bajo mediante de las compañías bananeras del señor Daniel Noboa”.
Según el declarante, él es visto como un “estorbo” o competidor en el negocio del narcotráfico por parte del Gobierno.
El segundo motivo sería de carácter personal y extorsivo. Chavarría aseguró que Villavicencio poseía material sensible que comprometía la imagen del presidente: “el señor Villavicencio le tenía una grabación de audios, sí, al señor Daniel Noboa con unos chicos de 15, 16, 17 años aproximadamente, en una fiesta electrónica metiéndose tusi, porque le encanta el tusi y el alcohol,”. Según el testigo, el temor a que esta información saliera a la luz habría precipitado la orden de asesinar al candidato.
Amenazas de muerte en contra de ‘Pipo’
Chavarría también denunció haber sido víctima de presiones directas para desviar la investigación hacia figuras de la oposición. Relató que, tras su detención en Málaga en noviembre de 2025, el propio ministro Reimberg lo habría visitado en una comisaría para amenazarlo: “Él me va a hacer matar si no declaro en contra del señor Rafael Correa”.
Ante esta situación, el procesado fue enfático en su descargo de responsabilidad: “hago responsable al señor Daniel Noboa y al ministro Jhon Reimberg… por las amenazas que han creado en mi contra”.
El declarante también acusó al Gobierno de ejecutar un operativo de encubrimiento tras el asesinato de Villavicencio, afirmando que la policía mató intencionalmente a los sicarios capturados en flagrancia para evitar que revelaran quiénes los contrataron. Según Chavarría, “como al gobierno no le correspondía que esa persona hable y iban a llegar a donde verdaderamente fueron los que contrataron… entonces porque lo mataron”.
Finalmente, el acta revela detalles de su vida en España, país al que viajó en mayo de 2022 utilizando una identidad falsificada. Allí reside con su esposa, Clara Juliana Salazar Arango, y asegura ganarse la vida realizando trabajos de construcción o “chapuzas”, mientras su cónyuge trabaja en el sector de la estética.
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