Abogados coinciden que lejos de garantizar un trabajo digno, la cartera que fue dirigida por Harold Burbano, se ocupó de reglamentar la precarización.

La muerte de un joven empleado durante un asalto a un supermercado ubicado en el norte de Quito desató una ola de denuncias en redes sociales sobre las condiciones laborales que enfrentan miles de jóvenes, que buscan generar ingresos para financiar sus estudios o sostener a sus familias.

Los gritos de dolor de la hermana de la víctima, identificada como David V., conmovieron a la ciudadanía. La mujer denunció que su familiar trabajaba hasta después de las 22:00 y que debía arreglárselas por su cuenta para regresar a su hogar desde el sector de El Inca, pese al contexto de inseguridad que atraviesa el país.

Asimismo, cuestionó que el establecimiento no contara con personal de seguridad, pese a que solo acepta pagos en efectivo y no mediante transferencias o tarjetas de crédito, una condición que podría convertirlo en un objetivo más atractivo para la delincuencia.

Esta realidad conectó con otras personas que no dudaron en usar las redes sociales para contar sus propias experiencias y a la vez de preguntarse ¿Quién cuida de los trabajadores? ¿Dónde estuvo el entonces Ministerio de Trabajo en estos caso?.

No solo en supermercado. En las gasolineras es lo mismo. Mi esposo trabaja ahí, de igual manera fue víctima de tres atentados y sigue igual como si nada, no hay guardias. No les importa la vida de los empleados

escribió Inés

En este supermercado ni siquiera pagan el básico y peor horas extras. Salen a las 22:30 y no es justo

indicó Narcisa Fuentes

Todas las líneas de supermercado tienen trabajadores con 12 horas, no te dan transporte, el pago de hora extra es de USD 1,66 sea el día que sea, sábado o domingo

dijo Gina

Este tipo de horarios de trabajo se ve mucho en los centros comerciales

comentó Sharet

Ahora las empresas están cambiando de nombre, hacen renunciar a los empleados para no pagar liquidaciones. Antes las empresas tenían que velar por la seguridad del trabajador hasta llegar a casa, pero los trabajadores debían coger siempre la misma ruta. El Ministerio de Trabajo ahora no sirve

mencionó la usuaria Simurg570.

Algo similar pasa en otro supermercado, hay locales que no tienen guardias e incluso los que tienen guardia se van antes de que los empleados cierren el local, lo sé porque mi esposo labora en ese lugar y le toca arriesgarse a hacer cierre de caja con un compañero ya que el guardia se va tipo 19:00 e incluso antes, mientras en estos locales la obligación es cerrar entre 21:30 a 22:00

escribió Vanesa.

Estamos pasando por una precariedad laboral y por necesidad toca aceptar. Ahora la mayoría es bajo factura, te matas estudiando, teniendo un título de tercer y cuarto nivel para que por un cargo de coordinación o gerencial te ofrezcan USD 700 o para otros cargos quieren que hagas lo que hacen cinco personas por un sueldo mínimo. Actualmente son abusivos y por poco quieren que se les trabaje gratis. Antes no era así, se conseguían buenos trabajos nada de contratos emergentes o productivos, había mucho respeto, hasta el ambiente laboral era bonito

contó la usuaria Cherry_lenita.

Son más de 300 mensajes de personas contando sus experiencias.

Opinión jurídica

La abogada laboralista Angie Toapanta señaló que algunos modelos de negocio, como los supermercados, buscan reducir costos para maximizar ganancias. A su criterio, esto se refleja en jornadas extensas, trabajadores que desempeñan múltiples funciones, cajeros sin una silla para sostenerse, personal reducido en atención al público y condiciones de seguridad deficientes.

“Situaciones como la ocurrida en el norte de Quito debieron concitar la atención del entonces Ministerio del Trabajo para exigir el cumplimiento de los derechos laborales”, puntualizó.

Toapanta lamentó que, en lugar de fortalecer las garantías laborales, la cartera de Estado que fue dirigida por Harold Burbano haya impulsado regulaciones que, a su juicio, favorecen la flexibilización del trabajo.

“Se extendió la jornada ordinaria de ocho a 10 horas diarias, legalizando condiciones que ya existían en supermercados y centros comerciales. Este tipo de empleo, ocupado mayoritariamente por jóvenes, combina salarios bajos con condiciones precarias”, afirmó en entrevista con Radio Pichincha.

La jurista explicó que la aplicación del banco de horas también podría derivar en jornadas fragmentadas, lo que implica mayores gastos en transporte y alimentación, además de una reducción del ingreso efectivo disponible para el trabajador.

“Son miles las personas que hoy desempeñan sus labores en condiciones de mayor exposición frente a la inseguridad: personal de seguridad privada, trabajadores del sector salud, trabajadoras del hogar, trabajadores autónomos e informales, repartidores de plataformas digitales, transportistas y vendedores, entre otros”, señaló.

La especialista sostuvo que gran parte de estos trabajadores desarrolla sus actividades sin suficientes garantías de seguridad, una responsabilidad que, en su criterio, corresponde tanto a los empleadores como al Estado.

“El Ministerio del Trabajo no anunció inspecciones en el supermercado donde ocurrió el crimen, pero sí ha actuado con diligencia en otros casos de naturaleza política. El IESS tampoco se ha pronunciado. Ambas instituciones deben recordar que su rol es vigilar, controlar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, sin distinción”, cuestionó.

Flexibilización laboral y riesgos

El abogado Patricio Morales coincidió con Toapanta y criticó la falta de un listado público de las empresas que se acogieron a la denominada jornada laboral eficiente, contemplada en el Acuerdo Ministerial 059. No obstante, precisó que los sectores que más utilizan este mecanismo pertenecen a las industrias manufacturera, florícola y de consumo masivo.

“Este tipo de grupos corporativos agrupa cadenas de establecimientos donde, aprovechando la posición de desventaja y necesidad del trabajador, suelen imponerse turnos rotativos y horarios más extensos para cubrir las necesidades del negocio”, manifestó.

Morales recordó que esta modalidad permite reorganizar la jornada para que los trabajadores laboren hasta 10 horas diarias, siempre que no se excedan las 40 horas semanales, condición que debe registrarse administrativamente ante el Ministerio del Trabajo.

“Este tipo de políticas, promovidas bajo enfoques neoliberales, parten de la premisa de que reducir costos empresariales, disminuir regulaciones y facilitar modalidades contractuales más flexibles incrementa la inversión y genera empleo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, jurídica y de derechos humanos, suelen trasladar una parte importante de los riesgos económicos y sociales de las empresas a los trabajadores”, afirmó.

El abogado agregó que, en muchas ocasiones, los empleados reciben instrucciones para proteger activos y custodiar bienes de las compañías sin contar con protocolos de seguridad acordes a los riesgos derivados de la situación de inseguridad que vive el país.

“Cuando un trabajador teme perder su empleo, es menos probable que denuncie deficiencias de seguridad o se niegue a realizar tareas peligrosas”, advirtió.

Morales sostuvo que la flexibilización laboral, sin mecanismos robustos de protección social, tiende a favorecer la rentabilidad empresarial a costa de transferir mayores riesgos a los trabajadores.