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En poco más de un año de gestión legislativa, ADN enfrentó dos casos desgastantes. Mientras la censura de Mario Godoy avanzó impulsada por la presión ciudadana y las denuncias públicas, el caso Progen está marcado por bloqueos a los procesos de fiscalización.
En poco más de un año de gestión legislativa, el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) enfrenta un desgaste político derivado de dos casos que ponen en duda su narrativa anticorrupción.
La censura del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsada por la indignación social, y el bloqueo sistemático de la fiscalización en el Caso Progen.
Mario Godoy: la presión ciudadana primó por sobre la voluntad política
El bloque gobiernista enfrentó su primera gran “piedra de tranca” en la Asamblea Nacional con el caso de Mario Godoy Naranjo, quien terminó siendo censurado y destituido de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) el 18 de febrero de 2026.
Ese proceso lo impulsaron cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana, liderados por Viviana Veloz.
Lo que inicialmente se percibió como un intento de blindaje por parte del Gobierno, terminó en una votación histórica de 148 votos a favor de la censura, forzada en gran medida por la indignación social y las revelaciones de graves conflictos de interés.
A diferencia de otros procesos legislativos, la salida de Godoy no fue una iniciativa espontánea de la bancada oficialista, sino el resultado de una intensa presión de diversos sectores sociales, incluyendo la academia y gremios de abogados.
De hecho, a través de redes sociales, analistas y activistas denunciaron la inoperancia del funcionario para proteger la integridad del sistema judicial. Por ello, ese proceso de censura en logró, en gran parte, por una “ciudadanía activa”.
Incluso —al inicio del proceso— entre los pasillos del Parlamento se rumoreaba que ADN no iba a los votos para la censura de no ser por el cerco mediático y social que rodeó al exfuncionario.
Aunque legisladores oficialistas como Ferdinan Álvarez y Ana Belén Tapia sostuvieron que su bloque nunca tuvo la intención de “blindar” a Godoy, la desconfianza ciudadana se alimentó de la lentitud inicial para iniciar el proceso de responsabilidad política.
El núcleo de la polémica fue el testimonio del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció haber sido víctima de presiones por parte de Henry Gaibor (funcionario de confianza de Godoy) en la Judicatura para beneficiar en una sentencia al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
La situación se tornó insostenible cuando se reveló que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, había sido la abogada defensora de dicho criminal.
Estas revelaciones, sumadas a la “manifiesta inoperancia” para brindar seguridad al juez Serrano —quien tuvo que abandonar el país por amenazas de muerte—, hicieron que cualquier intento de apoyo político por parte del oficialismo resultara costoso para su imagen pública.
El caso siguión su curso en el CAL, en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La gestión de este caso dejó una huella pálida en ADN. Aunque el bloque terminó liderando la moción de censura para demostrar que “no tapan a nadie”, analistas advierten que el episodio debilitó la bandera de lucha anticorrupción del Ejecutivo.
Por ello, para muchos sectores, la censura de Godoy fue una “batalla ganada” por la presión ciudadana y el escándalo judicial.
Caso Progen: un bloqueo constante en todas las instancias parlamentarias
El caso Progen se consolidó como el mayor desafío ético para el bloque oficialista, revelando un manual de ‘bloqueo’ sistemático en todas las instancias de la Asamblea Nacional para “sepultar” la fiscalización de contratos eléctricos fallidos por USD 149,1 millones.
Este esquema de protección, que evita el escrutinio de un perjuicio al Estado superior a los USD 100 millones, provocó un fuerte golpe a la credibilidad del Gobierno.
La estrategia de blindaje comenzó en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo dominado por el oficialismo y sus aliados.
En tres ocasiones distintas, el CAL operó para neutralizar el control político: primero, archivando juicios políticos contra la exministra Inés Manzano bajo argumentos administrativos.
Y, segundo, mediante una resolución que arrebató la investigación a las comisiones lideradas por la Revolución Ciudadana.
Al entregar la competencia exclusiva de fiscalización a la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, el CAL aseguró que el ritmo y el contenido de la investigación permanecieran bajo control absoluto del Gobierno.
Esto impidió que cualquier otra mesa legislativa requiriera comparecencias sobre el tema.
Dentro de la Comisión de Transparencia, la fiscalización fue neutralizada mediante un informe de mayoría que eximió de toda responsabilidad política a los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, trasladando la culpa únicamente a funcionarios de rango medio.
La revelación de un audio de julio de 2025 expuso la presunta “movida” coordinada entre Manzano y Jácome para que las comparecencias de los funcionarios fueran “escuetas”, con la instrucción clara de no profundizar en los problemas de los contratos de Progen.
Durante el proceso, la mayoría oficialista implementó otras tácticas de bloqueo, como impedir la reproducción de videos comprometedores contra el exministro Luque y evitar las comparecencias de las máximas autoridades ante la comisión.
Asimismo, con el respaldo del expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, el oficialismo evitó que los informes sean debatidos por los 151 legisladores en el Pleno del Parlamento, declarando que el trámite “ya concluyó” tras ser remitido a la Contraloría y Fiscalía.
Esta decisión dejó en el limbo el informe de minoría de la oposición, que sí detallaba responsabilidades políticas directas por la adquisición de equipos que “chatarra”, que no aportaron energía al sistema interconectado ecuatoriano.
El último intento de fiscalización fue el 9 de junio de 2026. Ese día el oficialismo dejó fuera un pedido para exhortar a la Fiscalía General del Estado a entregar audios, videos y chats recabados por la Comisión de Evaluación de Celec sobre la adquisición de generadores, elementos que, según el legislador, no han sido incorporados en las investigaciones actuales. Tres días antes, en la Comisión de Fiscalización, legisladores del Gobierno impidieron el avance de otro proceso de juicio político contra Manzano.
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