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Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil y garantiza la protección de los menores, miles de niños continúan vendiendo productos en las calles, trabajando en el campo o expuestos a condiciones que vulneran sus derechos.
Cada vez que un niño se acerca a un a mesa de restaurante para vender chocolates, caramelos o rosas, se hace visible una realidad que persiste en Ecuador.
Mientras algunas familias disfrutan de una comida o celebran una ocasión especial, miles de menores recorren calles, semáforos y mercados buscando ingresos para ayudar a sostener sus hogares.
La escena se repite a diario en ciudades y comunidades rurales. Y aunque muchas veces se ha normalizado, detrás de ella existe una problemática que sigue afectando a cientos de miles de niños y adolescentes en el país.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, las cifras recuerdan que Ecuador aún tiene una deuda pendiente con su niñez.
Más de 279.000 menores trabajan en el país
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 7,01% de los niños y adolescentes entre 5 y 14 años realiza algún tipo de trabajo. Esto equivale a 279.791 menores que desarrollan actividades laborales en distintas partes del país.
La cifra representa un incremento respecto a 2022, cuando el indicador se ubicó en 5,78% y afectaba a 218.321 niños. También supera el 6,60% registrado en 2023, evidenciando que el problema volvió a crecer en los últimos años.
La serie histórica muestra que el trabajo infantil ha mantenido niveles preocupantes durante la última década.
En 2018 alcanzó el 6,93% (249.306 menores), en 2019 llegó al 7,67% (280.749), en 2021 se ubicó en 6,98% (260.567), mientras que en 2024 volvió a superar la barrera del 7%, convirtiéndose en uno de los porcentajes más altos registrados desde antes de la pandemia.
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de 138 millones de niños continúan en situación de trabajo infantil. De ellos, 54 millones realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo.
Aunque la Constitución ecuatoriana prohíbe el trabajo de menores de 15 años y establece la obligación estatal de erradicar progresivamente esta práctica, la realidad demuestra que las normas todavía no logran traducirse plenamente en protección efectiva.
Una realidad que atraviesa generaciones
La abogado y antropólogo Alfredo Endara explica que el trabajo infantil forma parte de una problemática histórica en Ecuador.
Según señala, existen generaciones enteras de ecuatorianos que crecieron vinculadas al trabajo desde edades tempranas, especialmente en sectores agrícolas y rurales. En algunos casos, los niños nacían y crecían dentro de haciendas donde sus padres también laboraban.
“Los niños han sido parte de la mano de obra durante décadas. No se trata de casos aislados, sino de una práctica arraigada en determinadas dinámicas económicas y sociales”, sostiene.
El especialista advierte que el fenómeno no distingue entre campo y ciudad. Mientras en las zonas rurales muchos menores participan en actividades agrícolas consideradas “normales”, en los centros urbanos aparecen otras expresiones como la venta ambulante, la mendicidad o el reciclaje informal.
El peso de la pobreza
Detrás de la mayoría de historias de trabajo infantil existe un factor común: la pobreza.
Para el sociólogo Jorge Torres, las dificultades económicas que enfrentan miles de familias terminan empujando a los niños hacia actividades laborales.
“La falta de empleo estable, de oportunidades y de acceso a servicios básicos genera un efecto que se reproduce de generación en generación. Muchos niños dejan la escuela para ayudar a sus hogares y, sin educación, corren el riesgo de repetir el mismo ciclo cuando sean adultos”, explica.
La preocupación es aún mayor cuando el trabajo interfiere con la educación. Menos tiempo en las aulas significa menos oportunidades para construir un proyecto de vida diferente.
Por ello, Torres insiste en que las políticas públicas deben enfocarse no solo en retirar a los menores del trabajo, sino también en garantizar que permanezcan dentro del sistema educativo.
Leyes que existen, pero no siempre se cumplen
El abogado laboralista Robinson Hidalgo considera que uno de los principales problemas radica en la débil aplicación de las normas existentes.
A su criterio, la persistencia del trabajo infantil responde tanto a factores económicos como a la falta de controles efectivos.
“La pobreza, la necesidad económica de las familias y las limitaciones para acceder a una educación de calidad siguen impulsando esta práctica. Pero también existe una insuficiente supervisión de las condiciones laborales y una aplicación limitada de la normativa”, señala.
Hidalgo advierte además que el sistema de protección presenta importantes vacíos. Según datos citados por el especialista, apenas el 12% de las denuncias relacionadas con explotación laboral infantil termina en sanciones y solo el 34% de los casos identificados recibe cobertura de programas de reinserción.
Estas cifras reflejan las dificultades que aún enfrenta el Estado para garantizar que los niños alejados del trabajo puedan volver a estudiar y desarrollarse en condiciones adecuadas.
Más allá de vender caramelos
La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como toda actividad que priva a los niños de su niñez, afecta su dignidad o perjudica su desarrollo físico y psicológico.
No se trata únicamente de labores pesadas o peligrosas. También incluye actividades que interfieren con la educación, obligan a abandonar la escuela o exigen combinar largas jornadas laborales con el estudio.
Por eso, la imagen de un niño vendiendo dulces en una calle o limpiando parabrisas en un semáforo no debe verse como una muestra de esfuerzo o emprendimiento, sino como una señal de alerta sobre derechos vulnerados.
Una responsabilidad de toda la sociedad
Cada 1 de junio, durante el Día del Niño, abundan los discursos sobre protección, educación y bienestar infantil. Sin embargo, once días después, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil recuerda una realidad menos visible, pero igualmente urgente.
La erradicación del trabajo infantil no depende únicamente de las autoridades. También requiere el compromiso de la sociedad para denunciar situaciones de explotación, apoyar la permanencia de los niños en las escuelas y rechazar la normalización de prácticas que afectan su desarrollo.
Mientras miles de menores continúen cambiando los juegos por jornadas de trabajo, los derechos de la infancia seguirán siendo una promesa incumplida. En Ecuador, más de 279.000 niños aún esperan que esa deuda histórica empiece finalmente a saldarse.
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