
Álvaro Ignacio Guivernau Becker, quien dirigía la empresa cuando ocurrió la incautación de droga en Posorja, fue reemplazado en febrero de 2026, mientras la investigación judicial sigue sin detenidos ni sentenciados.
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Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, ya no figura como gerente general de la empresa Blasti S.A., compañía que estuvo en el centro de la atención pública tras el hallazgo de 2,6 toneladas de cocaína ocultas en uno de sus contenedores en el puerto de Posorja.
De acuerdo con los registros societarios, Guivernau dejó el cargo y el 24 de febrero de 2026, fue designado como nuevo gerente general Daniel Patricio Correia Peñaherrera.
El cambio se produjo casi once meses después de que la Policía Nacional decomisara el cargamento de droga, entre el 27 y 28 de marzo de 2025.
Cuando ocurrió la incautación, Guivernau Becker era el principal representante administrativo de Blasti S.A. La empresa también tiene otra conexión con el entorno del presidente Daniel Noboa: su presidenta es Silka Sánchez, identificada como una de las colaboradoras más cercanas de Álvaro Noboa, padre del mandatario.
Un proceso judicial sin avances
A más de un año del operativo antidrogas, el caso permanece estancado en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Hasta el momento no existen personas sentenciadas ni detenidas por este proceso.
Los seis procesados -cuatro trabajadores operativos de Blasti S.A. y dos accionistas de la empresa transportista Sstrans S.A.- enfrentan el caso bajo medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Incluso, uno de los investigados, Petter Cedeño Lamilla, obtuvo autorización judicial para cumplir esas presentaciones desde el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar, tras argumentar que había adquirido nuevos compromisos laborales.
Las audiencias preparatorias de juicio tampoco han logrado instalarse. La primera convocatoria, prevista para el 6 de febrero de 2026, fue suspendida por la ausencia de abogados defensores. La diligencia fue reagendada para el 12 de marzo del mismo año, pero nuevamente no pudo desarrollarse.
El “conductor fantasma”
Otro de los elementos que sigue sin resolverse es la ubicación del conductor identificado con el alias de “Pedro González”, quien, según la investigación, habría trasladado el contenedor contaminado utilizando placas vinculadas a la empresa Sstrans S.A.
Las indagaciones policiales determinaron que la cédula registrada para esa persona era falsa, por lo que hasta la fecha se desconoce su verdadera identidad y paradero.
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