Además, hay cuestionamientos por los resultados de la encuesta de pobreza del INEC debido a un elemento clave que no ha sido actualizado por el Gobierno: el Marco muestral.

Daniel Noboa y la Presidencia del Ecuador pregonan un éxito estadístico sin precedentes al asegurar que la pobreza nacional cayó al 21,4%, el nivel más bajo en los últimos 18 años.

Sin embargo, esta narrativa triunfalista fue criticada y desmontada por expertos económicos que analizan la fragilidad de estas cifras.

Los especialistas denuncian que estos resultados son aislados y carecen de una correlación con otros indicadores sociales que mejoren estructuralmente la calidad de vida.

En realidad, el gobierno utilizaría la entrega masiva de bonos durante el último periodo electoral para inflar el ingreso de las familias más vulnerables.

Pobreza por ingresos

Una familia deja de ser considerada pobre simplemente si su ingreso familiar per cápita supera el umbral de los USD 92,40 mensuales. Al inyectar bonos temporales de USD 400, por ejemplo, el gobierno logra que una familia que percibía apenas USD 80 por persona salte súbitamente a los USD 180, saliendo de la estadística de pobreza por ingresos sin haber conseguido un empleo digno o estable.

Expertos señalan que esta reducción es temporal y no tiene un impacto profundo ni estructural, lo que vaticina un aumento inminente de la pobreza una vez que el flujo de subsidios de campaña cese.

El Observatorio de la Dolarización desmonta con dureza el discurso oficial al señalar que, mientras el ingreso monetario sube por subsidios, la pobreza multidimensional —que mide el acceso real a educación, salud y vivienda— se incrementa.

Bajo la administración de Noboa, el Ecuador tiene hoy más pobres y mayor desigualdad económica, cuestiona.

Las cifras del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que la pobreza multidimensional urbana saltó del 23% en diciembre de 2023 al 29,9% en diciembre de 2025.

A nivel nacional, este indicador empeoró del 37,3% al 41,7% en el mismo periodo, demostrando que las privaciones básicas de la población son cada vez más graves.

Desigualdad se profundiza

La desigualdad también se profundiza en las ciudades ecuatorianas. El coeficiente de Gini, que mide la brecha entre ricos y pobres, aumentó en las zonas urbanas de 0,432 a 0,451 en apenas dos años.

Mientras el gobierno celebra porcentajes de reducción de la pobreza, la realidad en las calles muestra una concentración de la riqueza y un abandono de los sectores populares. Expertos económicos califican estas cifras de “sospechosas” y señalan una desconfianza mayor que en periodos previos de manipulación estadística.

Y, para sostener este sistema de dependencia, el Ejecutivo incrementa drásticamente el presupuesto de los bonos y ayudas sociales permanentes entre 2025 y 2026.

El presupuesto total destinado a transferencias sociales permanentes sube de USD 1.480 millones a USD 1.626 millones entre 2025 y 2026, según la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Finanzas.

Eso significa un incremento anual del 10%.

Falta de actualización en el marco muestral en la encuesta de pobreza

Hay cuestionamientos por los resultados de la encuesta de pobreza del INEC debido a un elemento clave que no ha sido actualizado: el Marco muestral.

El Marco Muestral, básicamente, es la lista de potenciales personas a encuestar. Para actualizar, se necesitan los datos del último censo elaborado durante la administración de Guillermo Lasso. Sin embargo, esto no ha ocurrido y siguen dilatando la actualización del marco muestral.

“No necesariamente son más datos, pero si potencialmente mejores”, dice un funcionario del Gobierno de Noboa. Con esa actualización, dice la fuente, se puede verificar si, en efecto, los resultados de la pobreza son reales.

Además, Radio Pichincha conoció que el INEC tiene muchos problemas con las tasas de respuestas de la encuesta, es decir, la gente no estaría contestando las preguntas.

Pero el problema no solo es allí. El último censo es cuestionado por su falta de veracidad. Pues, en su momento se denunció que el INEC mezcló métodos de recolección de datos —incluyendo WhatsApp y llamadas telefónicas— y utilizó imágenes satelitales para “estimar” población en zonas donde nunca pudo entrar -a realizar el Censo- por la violencia.

“Si el censo está mal hecho, las proyecciones de pobreza carecen de una base real, afectando incluso la asignación de rentas a los gobiernos locales”, concluye la fuente consultada por Radio Pichincha.

Blindar el control de los bonos y ayudas con cifras cuestionadas

Además de aumentar el gasto en bonos y ayudas sociales permanentes, el Gobierno busca blindar su control sobre quién accede a estas ayudas mediante el Acuerdo Nro. MDH-DM-2025-0058-A, del Ministerio de Desarrollo Humano.

Esta normativa regula la convivencia de las métricas del Registro Social de 2018 y 2025 para habilitar o excluir usuarios de las transferencias monetarias.

El acuerdo establece que, a partir de diciembre de 2025, la identificación de nuevos beneficiarios para el Bono de Desarrollo Humano, la pensión Mis Mejores Años y otros bonos se realizará exclusivamente bajo la métrica de 2025.

Esto otorga al gobierno una herramienta política para recalcular quiénes son “pobres”, según sus nuevos criterios metodológicos basados en cifras cuestionadas como la reducción de la pobreza y un cuestionado Censo realizado en el Gobierno de Guillermo Lasso.