La audiencia de apelación a la prisión preventiva está prevista para este viernes, 17 de octubre de 2025, en Quito.

Punto Noticias.- Siete de los indígenas de Otavalo que estaban en la cárcel El Rodeo de Manabí ya están en el centro de privación de libertad de Ibarra, en Imbabura, y se preparan para enfrentar junto a tres compañeros más, la audiencia de apelación a la prisión preventiva.

13 procesados de Otavalo por presunto terrorismo

Los 10 son parte del grupo de 13 personas que son procesadas por presunto terrorismo por las protestas en Otavalo, luego que fueron detenidos el 22 de septiembre de 2025 (día uno del paro) y la jueza anticorrupción de Pichincha, Karol Zambrano, les dictó prisión preventiva a 12 y a una mujer medidas alternativas.

Este 15 de octubre de 2025, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, del 6 de octubre de 2025, el SNAI trasladó a Ibarra a los siete indígenas que faltaban como parte del hábeas corpus correctivo, el cual fue aceptado parcialmente.

La medida debía cumplirse de inmediato, debido a que la jueza ponente del Tribunal de Manabí señaló que el SNAI inobservó principios constitucionales e internacionales establecidos en la Constitución, así como pasó por alto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de pueblos indígenas, y la Convención Americana.

La audiencia de apelación a la prisión preventiva

El siguiente paso de la defensa es presentarse a la audiencia de apelación a la prisión preventiva.

La diligencia está prevista para las 09:00 de este viernes, 17 de octubre de 2025, y fue convocada por el juez ponente de la Sala para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Lauro Salcedo.

El Tribunal de Apelación analizará la situación judicial de los 10 indígenas, así como no se descarta que se revisen los resultados de los exámenes médicos que el Tribunal de hábeas corpus de Manabí solicitó que se les practique a tres detenidos que ya estaban en Ibarra desde el 30 de septiembre, con el fin de comprobar el porcentaje de discapacidad que tengan y, según eso ordenar o no su liberación o medidas alternativas.

R.P.