El paro nacional dejó al descubierto la debilidad política del municipalismo ecuatoriano frente a crisis nacionales.

La mayoría de alcaldes del país mantuvo una posición distante de la confrontación con el Ejecutivo durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales.

Mientras la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, se convirtió en una figura clave al convocar y mediar en la instalación de las primeras mesas de diálogo con el Gobierno y organizaciones indígenas de Imbabura, la gran mayoría de autoridades seccionales permaneció indiferente.

La gestión de Hermosa fue un intento directo por frenar la crisis social y restablecer la paz en la Sierra Norte, sirviendo como puente para los primeros acercamientos.

Sin embargo, posteriormente surgieron divisiones entre las organizaciones y los acuerdos alcanzados no fueron finalmente avalados.

Pocos alcaldes llamaron al diálogo pese a la represión

Pese a la fuerte represión registrada contra los manifestantes —que provocó muertes, heridos, mutilados y decenas de detenidos—, solo un puñado de alcaldes instó al Gobierno a priorizar el diálogo como vía para superar el conflicto.

Esa fue la postura de Cristian Zamora (Cuenca), Aquiles Álvarez (Guayaquil), Pabel Muñoz (Quito), Jomar Cevallos (Cotacachi), la prefecta de Pichincha Paola Pabón y el prefecto de Imbabura Richard Calderón, quienes emitieron llamados públicos a la negociación y la paz.

En contraste, varios alcaldes de la provincia de Imbabura —epicentro de las protestas— centraron su preocupación en las “pérdidas millonarias” que el paro habría generado en el comercio local.

El alcalde de Ibarra y su advertencia sobre “injerencia externa”

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, reconoció que los efectos económicos de la paralización eran graves para la provincia y anunció la implementación del plan “Ibarra Vive” para la reactivación económica.

Además, advirtió sobre una posible “injerencia externa con mucho dinero” detrás de la persistencia del paro, alineándose con la narrativa del Gobierno sobre presuntos intereses externos en la movilización.

Quito: exigencia de diálogo nacional urgente

Conforme el régimen endurecía la represión sobre la población civil, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, adoptó una postura crítica y mediadora.

Aunque la capital sufrió cierres viales y enfrentamientos, Muñoz exigió al Gobierno el cese de la confrontación y la apertura inmediata de un canal de diálogo nacional.

El burgomaestre cuestionó públicamente el “uso excesivo de la fuerza” y el despliegue policial y militar “sin precedentes” en la capital, instando a la cautela estatal para evitar una mayor escalada de violencia.

En contraste, la reacción del resto de alcaldes reflejó una postura intermedia: buscar la estabilidad de sus jurisdicciones y mantener operativos los servicios esenciales, evitando un “caos adicional” derivado del estado de excepción.

Crisis institucional en la AME: denuncias de presiones políticas

En medio del paro, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) atravesó una crisis institucional. La directiva encabezada por Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, denunció que un grupo de 157 alcaldes se autoconvocó para elegir una nueva directiva afín al Gobierno, lo cual efectivamente ocurrió.

Maldonado señaló que hubo presiones y condicionamientos por parte del Ejecutivo respecto a créditos, bonos y transferencias municipales durante la paralización, lo que habría servido como mecanismo de influencia sobre los gobiernos locales.

Finalmente, Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, cercana al Gobierno, asumió la presidencia del gremio en una elección respaldada por 156 alcaldes, pero realizada en medio de una disputa legal y desconocida por la anterior dirigencia.

¿Por qué los gobiernos seccionales jugaron un rol limitado?

Diversos factores explican por qué los alcaldes y prefectos desempeñaron un papel pasivo o marginal durante el paro nacional:

1. Dependencia financiera: Los gobiernos locales dependen del flujo de transferencias del Ejecutivo. Las denuncias de presiones en la AME reforzaron el temor a represalias económicas.
2. Fragmentación territorial del paro: Las protestas se concentraron en provincias como Imbabura y Carchi, mientras en otras zonas la actividad se mantuvo normal.
3. Falta de alineamiento político: Muchos alcaldes no compartían las demandas de la Conaie o estaban en otras coaliciones, lo que generaba costos políticos si se involucraban.
4. Prioridad por la gestión local: En lugar de asumir posturas políticas, las autoridades se enfocaron en mitigar impactos económicos y mantener la operatividad de los servicios públicos.
5. Riesgo institucional: En un contexto polarizado, los gobiernos seccionales evitaron quedar atrapados entre el Gobierno y el movimiento indígena.