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Las muertes de Robinson del Pezo, Manuel Cabrera y Monika Silva encendieron las alertas entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que exigen investigaciones efectivas y garantías para quienes denuncian corrupción, conflictos ambientales y presuntas irregularidades en la gestión pública.
La muerte de la activista anticorrupción y defensora ambiental Monika Silva Koniuszek, ocurrida el pasado 8 de junio de 2026 en Montañita, volvió a poner sobre la mesa una preocupación que crece en Ecuador: la situación de riesgo que enfrentan líderes sociales, ambientalistas y comunicadores comunitarios que realizan denuncias públicas.
El caso de Silva se suma a otros dos hechos registrados en menos de siete meses. Desde noviembre de 2025 tres activistas vinculados a causas ambientales, comunitarias y de control ciudadano han perdido la vida en circunstancias violentas o que aún permanecen bajo investigación.
Casos
El primer caso corresponde a Robinson del Pezo, comunicador digital y activista de Santa Elena. A través del medio comunitario La Voz del Pueblo, difundía información relacionada con la gestión pública local, contratos y conflictos por tierras. Fue asesinado el 20 de noviembre de 2025 en el cantón La Libertad. Su muerte generó cuestionamientos sobre la seguridad de quienes realizan denuncias de interés público en la provincia.
Meses después, el 24 de febrero de 2026, fue asesinado Manuel Cabrera, activista ambiental de El Guabo, en la provincia de El Oro. Durante más de dos décadas trabajó en la protección de bosques y fuentes de agua, además de denunciar actividades mineras ilegales en los alrededores de su propiedad. Antes de su muerte había advertido sobre presiones y amenazas relacionadas con su labor de defensa ambiental.
El caso más reciente es el de Monika Silva, presidenta de la Fundación La Integridad y una de las voces más visibles en denuncias sobre presuntos actos de corrupción, conflictos por tierras, contaminación ambiental y obras públicas inconclusas en Santa Elena. La activista fue encontrada sin vida en su vivienda el 8 de junio de 2026.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado que las investigaciones contemplen la posibilidad de que su fallecimiento esté relacionado con su trabajo de denuncia y defensa de derechos.
Los tres casos generaron preocupación entre colectivos sociales y organismos de derechos humanos, que advierten sobre el incremento de riesgos para quienes ejercen labores de vigilancia ciudadana y defensa del territorio.
Las organizaciones sostienen que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino en el contexto de las amenazas que enfrentan activistas y defensores comunitarios en distintas zonas del país.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene investigaciones abiertas sobre los tres casos. Sin embargo, ninguna de estas muertes ha sido esclarecida judicialmente ni existe una sentencia que determine responsabilidades.
Mientras tanto, familiares, organizaciones y comunidades continúan exigiendo verdad, justicia y garantías para quienes defienden causas sociales, ambientales y de transparencia en Ecuador.
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