.gif)
Mientras ADN sostiene que no puede profundizar la fiscalización del caso Progen porque está en manos de la Fiscalía, el oficialismo impulsa investigaciones legislativas sobre el Metro de Quito y la compra de 60 trolebuses, procesos que también son objeto de indagaciones judiciales.
La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) de la Asamblea Nacional consolidó una estrategia de “fiscalización selectiva” que pone en entredicho su coherencia legislativa.
Mientras el bloque frenó sistemáticamente el control político sobre el caso Progen alegando que la justicia ordinaria ya actúa en el tema, aplica un criterio opuesto al intervenir en el Metro y la compra de 60 trolebuses de Quito, procesos que también están en manos de la Fiscalía y sobre los cuales el Legislativo carece de competencia directa.
El blindaje a Progen bajo una justificación judicial
El núcleo de la justificación de ADN radica en que la responsabilidad de determinar culpables en los fallidos contratos eléctricos de USD 149,1 millones a Progen corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.
El pasado 6 de junio de 2026, en un comunicado oficial tras negar el juicio político contra Inés Manzano, el oficialismo sostuvo que “la prioridad no es construir culpables por presión política” y que, al estar el tema en conocimiento de la justicia penal, es allí donde deben establecerse las sanciones administrativas y civiles.
“Este tema ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades penales, administrativas y civiles que existan”, justifica el comunicado.
El oficialismo insiste en que el Legislativo “ya cumplió con su responsabilidad” al remitir un informe a la Contraloría y que cualquier acción adicional sería interferir en la labor judicial. Incluso, ADN anunció su intención de “actuar dentro del proceso penal” para exigir investigaciones a terceros, una maniobra interpretada como un intento de desviar la atención de sus propios funcionarios.
“La propia bancada con los legisladores va a actuar dentro del proceso penal que se está llevando. Sobre todo exigiendo investigaciones a empresas y a personas que no están siendo investigadas”, señaló Torres en una entrevista con Radio Democracia.
Sobre las personas que, a su juicio, no forman parte de las investigaciones, Torres precisó que sus declaraciones no estaban dirigidas a ministros ni exministros. Explicó que, si bien en todo contrato público existen funcionarios responsables de su administración y seguimiento, en el caso Progen esos servidores no han sido incluidos ni vinculados en la actual etapa de instrucción fiscal.
Un bloqueo ejecutado en tres instancias
Para que la “excusa judicial” fuera efectiva, el oficialismo operó de forma coordinada en tres niveles de la Asamblea para evitar que el caso llegara a un debate abierto en el Pleno:
- En el CAL: se utilizaron argumentos administrativos para archivar dos pedidos de juicio político previos contra Manzano y se entregó la competencia exclusiva de la investigación a la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, impidiendo que otras mesas legislativas intervinieran.
- En la Comisión de Transparencia: en diciembre de 2025 se emitió un informe que eximió de culpa a los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, basándose en que la responsabilidad era técnica y de mandos medios. Seis meses después, en junio, unos audios revelados señalaban que Jácome coordinó con Manzano para que las respuestas ante la comisión fueran “escuetas”, evitando profundizar en las irregularidades mientras el caso avanzaba en Fiscalía.
- En la Presidencia de la Asamblea: el expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, declaró oficialmente que la fiscalización “ya concluyó” tras enviar el informe a Contraloría, cerrando la puerta a que el Pleno discuta el informe de minoría que sí detallaba responsabilidades políticas.
- En los cambios de orden del día en el Pleno: el oficialismo bloqueó dos cambios de orden del día en el Parlamento en 2026. El primero era para incluir la comparecencia ante el Pleno de los exministros Roberto Luque, Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero. El segundo, para exhortar a la Fiscalía General del Estado a entregar audios, videos y chats recabados por la Comisión de Evaluación de Celec sobre la adquisición de generadores.
Fiscalización a Quito: Intervención sin competencia en el Metro y los 60 trolebuses
A través del asambleísta Xavier Ordóñez, ADN inició una investigación técnica sobre la infraestructura ferroviaria del Metro de Quito, alertando sobre un “desgaste crítico de las rieles” y defectos de alineación que pondrían en riesgo la operación a futuro.
Según el informe presentado por el legislador gobiernista, existiría un desprendimiento de material y soldaduras defectuosas, lo que ha llevado al oficialismo a exigir una auditoría ferroviaria integral y una reducción preventiva de la velocidad de los trenes para evitar accidentes.
Ordóñez responsabilizó directamente al alcalde Pabel Muñoz de no transparentar la situación por supuestos “cálculos políticos y electorales”, remitiendo toda la documentación a los organismos de control y a la Presidencia de la República.
No obstante, esta fiscalización se superpone con una indagación previa de la Fiscalía General del Estado por presunto peculado, en la que ya han sido citadas 21 personas para rendir versión sobre el mantenimiento y administración del sistema.
La controversia por los 60 trolebuses eléctricos
Simultáneamente, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, liderada por Lucía Jaramillo (ADN) aprobó un informe que recomienda ampliar las investigaciones sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos mediante un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
La comisión legislativa determinó que la contratación fue irregular, señalando que la Empresa de Pasajeros comprometió USD 32 millones sin contar con la autorización previa de su Directorio, presidido por el alcalde Muñoz.
El informe legislativo sostiene que el esquema aplicado no fue económicamente neutro y que existieron posibles sobrecostos derivados de la intermediación de la ONU. Por su parte, el alcalde Muñoz, quien ya compareció ante la Fiscalía por este caso, calificó el proceso de “persecución política” y tildó de “bochorno internacional” la idea de investigar un presunto peculado en un proyecto ejecutado con las Naciones Unidas.
Sin embargo, para estos casos, el oficialismo no ha considerado el proceso judicial como un impedimento para su intervención legislativa.
Vulneración de la autonomía municipal
En enero pasado, el Concejo Metropolitano de Quito rechazó de manera categórica la resolución de la Asamblea Nacional de iniciar procesos de fiscalización contra el alcalde Pabel Muñoz y diversas empresas públicas municipales. Mediante una resolución aprobada con 16 votos a favor, el cuerpo edilicio calificó esta acción como una extralimitación de funciones y una vulneración directa al principio constitucional de autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La defensa de la capital se fundamenta en los artículos 238 y 240 de la Constitución, los cuales reconocen a los GAD como entidades con autonomía política, administrativa y financiera. Bajo este marco legal, el organismo municipal sostiene que los gobiernos locales no forman parte de la estructura del poder central ni de las funciones del Estado, por lo que ni el Alcalde ni las empresas metropolitanas están sujetos al control político del Legislativo.
Según el pronunciamiento del Concejo, la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional —prevista en el artículo 120, numeral 9 de la Carta Magna— se limita exclusivamente a las funciones del Estado y a los órganos del poder público. Por tanto, la fiscalización de la legalidad y el uso de recursos públicos en el régimen municipal corresponde únicamente a la Contraloría General del Estado y al propio Concejo Metropolitano.
Para frenar lo que consideran una injerencia indebida, el Concejo Metropolitano dispuso que la Procuraduría Metropolitana solicite a la Corte Constitucional una revisión de la resolución legislativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comente