El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la noche de este lunes 1 de junio de 2026 el pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Con esta decisión, el proceso fue remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por el oficialista Ferdinan Álvarez, para dar inicio formal al trámite.

La solicitud fue impulsada por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, pertenecientes a la bancada de Revolución Ciudadana (RC), y presentada originalmente el 27 de mayo de 2026. Los legisladores fundamentan su acusación en una presunta responsabilidad política y un supuesto incumplimiento de funciones por parte de la exfuncionaria.

El núcleo de la acusación se centra en las irregularidades detectadas en la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen por un valor de USD 149,1 millones.

El expediente, compuesto por 54 páginas y que sustenta la petición de enjuiciamiento contra Manzano, reconstruye los hechos a partir de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico nacional emitida el 16 de abril de 2024 por el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque.

Mediante ese acuerdo ministerial se dispuso a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ejecutar las acciones necesarias para la adquisición, instalación y puesta en marcha de infraestructura destinada a incorporar generación eléctrica emergente al Sistema Nacional Interconectado y a las redes de distribución del país.

Ahora, tras la calificación del CAL, el siguiente paso consiste en la notificación oficial a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa contará con un plazo de cinco días a partir de la notificación para conocer el expediente y resolver el procedimiento a seguir en este proceso de control político.

¿Qué dijeron los proponentes del juicio?

Según las declaraciones de los asambleístas realizadas el 27 de mayo de 2026, el proceso se sustenta en un perjuicio directo al Estado estimado en más de USD 100 millones. Blasco Luna calificó los contratos como “pura chatarra” que no han servido para mitigar la crisis energética.

Además, señaló a Manzano como el “hilo conductor” de esta trama de corrupción, acusándola de autorizar pagos adicionales en junio de 2025 a pesar de haber manifestado previamente dudas sobre la ubicación de los equipos adquiridos. El asambleísta Luna también reveló que cuentan con un informe de la Contraloría General del Estado que indica indicios de responsabilidad penal en este caso.

La bancada de la RC vincula directamente estas irregularidades con la severa crisis eléctrica que atravesó el país, con apagones de hasta 14 horas diarias en 2024. Los legisladores estiman que el lucro cesante y las pérdidas para el sector productivo y la ciudadanía oscilan entre los USD 3,500 y USD 7,500 millones.