Una grabación de julio de 2025, recientemente entregada a la Fiscalía, puso al descubierto una estrategia de coordinación entre la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Diana Jácome y la entonces ministra Inés Manzano para evadir el control de la Asamblea Nacional.

El audio, según lo reveló Ecuavisa, detalla cómo Jácome, desde la Comisión de Transparencia, habría operado para neutralizar el primer intento de juicio político contra Manzano por las irregularidades en los contratos con las empresas Progen y Austral.

De acuerdo con el contenido atribuido a la exministra, la “movida” consistió en que Jácome tomara la competencia de las comparecencias para evitar que otras comisiones, lideradas por la oposición (Revolución Ciudadana), asumieran el proceso. El audio revela que Jácome le dijo a Manzano lo siguiente:

“A ver, lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida de llamar a las comparecencias porque otra donde está la mayoría de los de Revolución Ciudadana también lo estaban pidiendo. Y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’. Entonces es por eso, así que tendría que ir, y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser, tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo, que tiene el tema de la… eh… no sé si hay una… Mejor dígame qué es lo que puede decir que sea que no vaya a ahondar más en el problema”, dijo Manzano.

Manzano relata en el audio que la instrucción de la asambleísta fue clara: las intervenciones de los funcionarios debían ser “escuetas” y limitarse a decir que “todo se llevó a cabo”, con el fin deliberado de no profundizar en los problemas de los contratos.

Esta presunta injerencia tuvo efectos concretos en la fiscalización legislativa:

• Ausentismo ministerial: ni Inés Manzano ni el entonces ministro Roberto Luque asistieron a las comparecencias iniciales.
• Delegación estratégica: en su lugar acudió Fabián Calero, quien como viceministro evitó responder sobre los contactos directos con Progen.
• Informe de impunidad: el proceso concluyó con la emisión de un informe que no estableció responsabilidades políticas contra los funcionarios implicados.

A pesar de que recientemente la asambleísta Jácome defendió el trabajo de su comisión en medios de comunicación, asegurando que cumplieron con el tratamiento del proyecto, las pruebas entregadas a las autoridades sugieren una negociación al más alto nivel para proteger la gestión ministerial.

De hecho, a esta estrategia se sumó la postura oficial de la máxima autoridad de la Legislatura. El pasado 14 de mayo de 2026, durante su rendición de cuentas anual, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, confirmó que la fiscalización parlamentaria del caso Progen “ya concluyó” dentro de la Comisión de Transparencia y que el informe no será elevado al Pleno.

Olsen argumentó que, una vez que el informe de mayoría —aprobado por ADN en diciembre de 2025— fue remitido a la Contraloría General del Estado, el trámite legislativo se dio por terminado. “El informe ya está cerrado en la Comisión”, sentenció, dejando en el limbo el informe de minoría presentado por la oposición, el cual sí detallaba responsabilidades políticas contra los ministros Luque e Inés Manzano.

Con estas acciones, el oficialismo logró evitar que el caso más sensible de la crisis energética sea discutido en la máxima instancia de representación popular, mientras la oposición denuncia un “bloqueo legislativo” diseñado para garantizar la impunidad de las autoridades involucradas en los fallidos contratos.