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La selección incluye a ministros, asambleístas y altos funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa, varios de ellos cuestionados por decisiones políticas, controversias administrativas, cambios de filiación partidista y críticas a su gestión pública.
Con miras a las elecciones del próximo 29 de noviembre, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) comenzó a revelar sus “cromos” o precandidatos para las alcaldías y prefecturas de las provincias con mayor peso electoral: Pichincha y Guayas. La selección, sin embargo, despierta fuertes críticas debido al pasado controvertido de varios de los postulados, quienes actualmente ocupan altos cargos en el Ejecutivo y el Legislativo.
Guayas: la disputa por la Prefectura y el Puerto Principal
Para la prefectura del Guayas, el oficialismo presenta a Zaida Rovira y al actual presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
La trayectoria pública de Rovira tomó relevancia en mayo de 2021, tras la detención del entonces Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Según los registros, aunque Carrión encargó la entidad a Tania Castillo, Rovira se “autonombró” y se apoderó del cargo, un movimiento que sus críticos califican como el inicio de su ascenso político.
Posteriormente, Rovira protagonizó un cambio de “camiseta” política al unirse formalmente a las filas de ADN. Tras ganarse la confianza de Noboa, fue designada primero como ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), cargo desde el cual se le cuestionó por una participación activa en la campaña electoral, presuntamente mediante la entrega gratuita de cocinas de inducción y bonos estatales.
Su paso por el Ejecutivo ha sido polivalente. Ocupó cargos como Gobernadora del Guayas y Ministra de Gobierno, antes de retornar a la cartera de Desarrollo Humano.
Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, a quien Rovira calificó como “desquiciada”. Dicho calificativo surgió mientras la legisladora investigaba una controversial venta de 93 hectáreas de terreno en Santa Elena a favor de Jenny Ramírez por USD 3,6 millones.
Por su parte, la carrera pública de Olsen se consolidó inicialmente en el sector turístico. Se desempeñó como Ministro de Turismo durante el gobierno de Guillermo Lasso y fue ratificado en el mismo cargo por el presidente Daniel Noboa tras su llegada al poder.
Su salto a la arena legislativa se concretó en mayo de 2025, cuando alcanzó la Presidencia de la Asamblea Nacional. Su elección fue posible gracias al respaldo de asambleístas que se desvincularon de bancadas como Pachakutik, la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), además de legisladores independientes.
Como máximo representante de la Asamblea y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Olsen es acusado de ejercer un liderazgo que favorece los intereses del oficialismo. Según la oposición, su gestión se ha caracterizado por:
- Bloqueo a la oposición:
- Sanciones selectivas contra legisladores de la Revolución Ciudadana.
- Freno a la fiscalización: se le critica por bloquear investigaciones sobre presuntos casos de corrupción gubernamental, destacando el fallido contrato con la empresa Progen, el cual representó un perjuicio de más de USD 100 millones para el Estado.
En Guayaquil, la contienda interna se define entre el ministro del Interior, John Reimberg, y el asambleísta Andrés Guschmer. Reimberg enfrenta duros cuestionamientos por los índices de violencia en el país y por su papel en la detención del actual alcalde, Aquiles Alvarez.
Durante un pronunciamiento en la Asamblea Nacional este 2 de junio de 2026, Reimberg fue cuestionado sobre si la detención de Alvarez responde a una estrategia para despejar el camino a los candidatos del Gobierno, a lo que respondió: “No hemos tenido que meter preso (a nadie). Vaya a ver los delitos que la gente comete”, enfatizó.
Sin embargo, el tono del funcionario cambió cuando se le increpó que, tras meses de reclusión, el burgomaestre aún no cuenta con una sentencia probatoria que sustente su permanencia en la cárcel. “Vaya, pregúntele a los jueces… son ellos quienes toman las decisiones”
Guschmer, por otro lado, inició su vida pública como concejal de Guayaquil bajo el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC). No obstante, dio el salto al movimiento del presidente Daniel Noboa, donde primero se desempeñó como Ministro del Deporte.
Su llegada a dicha cartera de Estado no estuvo exenta de controversia, pues se reportaron impedimentos legales para ejercer cargos públicos debido a una deuda con el Seguro Social y a su condición de accionista del canal Teleamazonas al momento de asumir el cargo.
En sus recientes declaraciones este 2 de junio en la Asamblea, Gushmer fue crítico con la administración actual de Guayaquil, señalando una “ausencia de poder” derivada de la situación jurídica y personal del alcalde Aquiles Alvarez. Su propuesta para la ciudad, según dijo, se centra en replicar el modelo de gestión nacional de Daniel Noboa.
Además, asegura contar con el respaldo no solo de la militancia de ADN, sino también de dirigentes barriales que ven en él una alternativa diferente para el Puerto Principal.
Pichincha y Quito: entre polémicas laborales y política exterior
Para la prefectura de Pichincha, los nombres elegidos son el ministro de Trabajo, Harold Burbano, y el asambleísta oficialista Eckenner Recalde.
La gestión de Burbano al frente de la cartera de Trabajo está marcada por cuestionados casos relacionados con la eliminación selectiva de impedimentos para ejercer cargos públicos. Entre los casos más señalados se encuentra el de Álvaro Rosero, a quien se le borró una prohibición por deuda con el Seguro Social en apenas 24 horas para permitir su designación como ministro de Gobierno, acción que derivó en denuncias de presiones contra el entonces director regional de Trabajo de Quito. Asimismo, se le cuestiona la celeridad para levantar el impedimento del actual ministro de Salud, Jaime Bernabé.
No obstante, Burbano fue criticado por negarse a levantar el impedimento de Alexandra Villacís para presidir el Consejo de la Judicatura, a pesar de que ella demostró no tener deudas pendientes y ganó un recurso judicial al respecto.
El precandidato también generó polémica por sus declaraciones sobre la situación de los trabajadores de la salud. Recientemente, aseguró que en los hospitales públicos no existen despidos, sino “desvinculaciones”, términos que han sido interpretados como un intento de matizar la pérdida de empleos en el sector.
Recalde, de su lado, no es un rostro nuevo en la escena política. Llegó por primera vez a la Asamblea Nacional en 2021 cobijado por el partido Izquierda Democrática. Sin embargo, posteriormente optó por un cambio de filas, sumándose a la bancada oficialista de ADN, desde donde ahora proyecta su salto hacia el gobierno provincial de Pichincha.
Tras conocerse su postulación, Recalde se mostró entusiasmado y dispuesto a asumir el reto. El legislador calificó esta precandidatura como una “responsabilidad de servicio” que acepta con el fin de continuar trabajando por la ciudadanía, tal como asegura haberlo hecho desde el inicio de su carrera pública.
Recalde sostiene que su nombre no surge únicamente por una decisión cupular, sino que responde a un respaldo ciudadano tangible. Según el asambleísta, diversas organizaciones sociales de la provincia de Pichincha solicitaron formalmente su participación en la contienda, pedido que fue posteriormente aceptado por el comité político de ADN.
Para la alcaldía de Quito, las precandidatas son la canciller Gabriela Sommerfeld y Giovanna Ubidia, actual directora del Seguro Social Campesino.
Sommerfeld, quien goza de la máxima confianza del presidente Daniel Noboa, ocupó la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el inicio del mandato en noviembre de 2023. Ahora, pese a su cercanía con el Ejecutivo, la gestión de Sommerfeld al frente de la política exterior ecuatoriana es objeto de severos cuestionamientos. Sus críticos sostienen que su labor se ha inclinado hacia una “clara defensa de los intereses de Estados Unidos y de Israel”, descuidando presuntamente la protección de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.
Entre los puntos más críticos señalados en su contra se encuentran:
- Falta de defensa a migrantes: se le reprocha no haber emitido pronunciamientos respecto a los cientos de ecuatorianos deportados desde Estados Unidos.
- El caso de Liam Conejo: la canciller fue señalada por no intervenir en la defensa de un niño ecuatoriano de cinco años detenido durante una redada de agentes de ICE en Mineápolis.
- Silencio ante incidentes marítimos: Sommerfeld evitó pronunciarse sobre los bombardeos sufridos por embarcaciones de pescadores ecuatorianos por parte de fuerzas extranjeras.
Entre tanto, Giovanna Ubidia desempeña actualmente el cargo de directora del Seguro Social Campesino. Su vinculación con el movimiento del presidente Daniel Noboa no es reciente; en las elecciones de 2025, participó como candidata a asambleísta por la provincia de Pichincha representando a ADN, aunque en aquella ocasión no logró obtener los votos necesarios para alcanzar una curul. Según los registros de su actividad reciente, la precandidata ha dedicado las últimas semanas a realizar recorridos por diversos barrios de Quito.
En este escenario, el asambleísta Andrés Castillo, quien aspiraba la alcaldía de la capital fue descartado por el movimiento, debiendo permanecer en sus funciones actuales.
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