La presencia de un delegado de la Contraloría General del Estado en reuniones relacionadas con las contrataciones emergentes de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) salió a la luz dentro del expediente del denominado caso Progen, una investigación fiscal que busca determinar posibles responsabilidades en contratos por más de USD 100 millones que no llegaron a generar la energía comprometida.

La información consta en la versión libre rendida en septiembre de 2025 por Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec y uno de los procesados en la causa.

En su testimonio, el exfuncionario aseguró que las contrataciones realizadas durante la crisis eléctrica de 2024 estuvieron bajo observación de organismos de control y fueron reportadas tanto al Ministerio de Energía y Minas como al directorio de la empresa pública.

Según Calero, antes de la adjudicación de los contratos existió un proceso de acompañamiento institucional para revisar los procedimientos que se ejecutarían bajo el régimen de emergencia.

En ese contexto, mencionó que solicitó formalmente el apoyo de la Contraloría para evitar futuros cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas durante la crisis energética.

Documentos revelados por Teleamazonas muestran una bitácora de una reunión realizada el 21 de junio de 2024, convocada para la revisión de documentos preparatorios de contratación emergente y asesoría relacionada con los procedimientos.

En ese encuentro participaron funcionarios de Celec y, entre ellos, Antonio Mora, identificado como delegado de la Contraloría General del Estado.

La fecha resulta relevante porque la reunión se produjo aproximadamente un mes y medio antes de la firma de los contratos con la empresa estadounidense Progen, acuerdos que posteriormente se convirtieron en el centro de una investigación penal debido a los retrasos, incumplimientos y la falta de generación efectiva de energía pese a los millonarios desembolsos realizados.

En su declaración, Calero afirmó que la solicitud de acompañamiento tuvo como objetivo garantizar que los procesos se ejecutaran conforme a la normativa vigente durante la emergencia.

No obstante, también aclaró que la participación de la Contraloría no implicaba una validación ni autorización de las contrataciones, sino una observación y asesoría respecto a los procedimientos aplicados.

La revelación abre nuevas interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tuvieron las instituciones de control respecto de los procesos que desembocaron en los contratos con Progen.

Aunque el acompañamiento no constituye una aprobación formal, la documentación expuesta muestra que los organismos de control mantenían seguimiento sobre las contrataciones desde etapas previas a la firma de los acuerdos.