Se han registrado 51 desapariciones forzadas en apenas dos años el gobierno de Noboa, mientras que el de Febres Cordero tuvo nueve casos. Sin embargo, en la administración socialcristiana hubo 32 ejecuciones extrajudiciales.

Tras dos años, el proceso penal por la muerte de Carlos Javier Vega Ipanaque y las heridas sufridas por Eduardo Velasco Ipanaque, ocurrido durante una operación militar en el sector de Barrio Cuba, en Guayaquil, se encuentra estancado.

El lunes 16 de marzo de 2026 se debía desarrollar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los principales sospechosos: los marinos Christian Alvarado Saltos y Gary Morejón Villalta. Sin embargo, la diligencia se suspendió, por segunda ocasión.

Los uniformados son procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. El caso se remonta al 2 de febrero de 2024, durante la ejecución de la operación denominada “Compromiso”, que fue llevada a cabo por personal del Grupo de Intervención Táctica (Gintac) de la Armada.

En este procedimiento, Carlos Vega perdió la vida tras recibir disparos por parte de militares. Durante la formulación de cargos inicial, el agente fiscal sostuvo que los elementos eran suficientes para deducir una imputación.

“Procedo a formular cargos por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado muerte”, señaló.

A pesar de la gravedad de los cargos, los procesados se encuentran con medidas cautelares no privativas de libertad, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad, debido a que acreditaron arraigos sociales y laborales. El tiempo continúa transcurriendo y aún no hay ninguna sentencia.

Hechos que alargan la lista

El caso de Javier Vega no es un hecho aislado, sino un caso que se suma a una lista de probables abusos de poder y ejecuciones judiciales, ocurridos a partir del 9 de enero de 2024, cuando el presidente, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción y reconoció un conflicto armado interno, en medio del plan de seguridad, denominado Fénix.

“Esta militarización de la seguridad pública está generando un contexto que facilita la comisión de violaciones de derechos humanos y que esas violaciones queden en la impunidad”, ha señalado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre este tema.

Según datos de la Fiscalía ecuatoriana, entre los años 2024 y 2025, las denuncias que involucran a agentes estatales por delitos de violación a los derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, se incrementaron.

Entre los hechos investigados se encuentra el caso del comunero Efraín Fuerez, asesinado por disparos de militares, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

Otro caso es el de Bryan Flores. El joven, de 28 años, fue asesinado por dos policías en el sector de Cotocollao, al norte de Quito, el 30 de septiembre de 2025.

Y otro caso sucedió el pasado 16 de marzo de 2026. El Ejército investiga a militares que, actuando fuera de su jurisdicción y sin autorización, participaron en la detención y posterior muerte de Bryan Ledesma Franco, en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

La Fiscalía abrió un proceso por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, mientras el Ejército admitió que el operativo fue irregular.

Pero no es todo. También se han denunciado 51 desapariciones forzadas ocurridas en este periodo. En la mayoría de estos casos, las personas desaparecieron tras ser detenidas en operativos militares.

“Tenemos 51 víctimas de desaparición forzada registradas, principalmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos. Son barrios racializados, un sector rural y empobrecido”, reveló la relatora de la ONU, Carmen Villa Quintana.

Hechos similares, hace 40 años

Durante el periodo presidencial del socialcristiano León Febres Cordero (1984 – 1988), el Ecuador fue testigo dela ejecución de una política de Estado que ocasionó graves violaciones a los derechos humanos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, en la administración de Febres Cordero se registraron 32 ejecuciones extrajudiciales. Muertes que no fueron accidentales. La Comisión determinó que fueron llevadas a cabo de forma premeditada bajo la fachada de supuestos enfrentamientos armados.

Uno de los casos más impactantes el del banquero Nahím Isaías, en 1985. De acuerdo con las investigaciones, los agentes que participaron en el operativo de rescate acabaron con la vida de los captores y del secuestrado.

La investigación de la Comisión muestra que hubo, además, nueve desapariciones forzadas durante esta administración de Febres Cordero. Entre los casos emblemáticos destaca el de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi.

Los menores de edad fueron detenidos por la Policía, en 1988. Tras ello, fueron torturados y desaparecidos en un evento calificado como crimen de Estado, debido a los esfuerzos institucionales por encubrir la verdad.

Otro caso desgarrador es el de Luis Alberto Vaca, quien permaneció recluido clandestinamente en el Batallón de Inteligencia Militar durante más de dos años. Mientras sus familiares y organismos internacionales preguntaban por él, las autoridades negaban sistemáticamente tenerlo en su poder.

Solo, tras la salida de Febres Cordero del poder, Vaca fue liberado cerca de su domicilio.

Debido a que estas acciones fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, la Comisión de la Verdad confirmó que en el gobierno de León Febres Cordero se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Edison Paucar