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Entre declaraciones inusuales, operativos con bajos resultados y denuncias de abusos: así se vive el toque de queda


Decomisos llamativos, caída en detenciones, incidentes en operativos y cuestionamientos internacionales marcan la aplicación del estado de excepción en varias provincias del país.

El estado de excepción y el toque de queda decretados en Ecuador en marzo de 2026 están acompañados por una serie de operativos, incidentes y episodios registrados en distintos puntos del país.

A continuación, una cronología de los hechos ocurridos durante los primeros días de aplicación de estas medidas:

Días antes de la entrada en vigencia, autoridades anunciaron con al menos 14 días de anticipación la implementación del toque de queda en varias provincia

2 de marzo

El presidente Daniel Noboa adelantó en una entrevista la aplicación de la medida.

Sin embargo, fue el 13 de marzo cuando firmó el decreto que reforzó el estado de excepción y estableció la restricción de movilidad nocturna en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La disposición incluyó la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para ejecutar operativos de control.

15 de marzo

El 15 de marzo, a las 23:00, inició el toque de queda. Durante la primera jornada se reportaron 253 detenciones.

Hasta el 18 de marzo, el número de aprehensiones se redujo en 68,4%, al pasar de 253 casos a 80, según datos oficiales.

Además, únicamente tres personas fueron catalogadas como de “interés penal relevante”. Esto implica que el 99,4% de los detenidos no correspondían a objetivos de interés penal relevante, frente a un 0,6% que sí lo eran.

16 de marzo

En el marco de un operativo militar, una persona falleció. La Fiscalía informó que la víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar.

Posteriormente, las Fuerzas Armadas confirmaron que los uniformados involucrados actuaron sin autorización del mando superior y fuera de su jurisdicción asignada.

17 de marzo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Ecuador habría realizado un bombardeo en la zona fronteriza. Inicialmente, el Gobierno ecuatoriano negó el hecho.

Sin embargo, tras reuniones entre autoridades de ambos países, se confirmó que un artefacto explosivo encontrado en territorio colombiano provenía de una operación militar ecuatoriana ejecutada el 3 de marzo en el sector La Isla, en Sucumbíos.

La bomba no detonó y fue posteriormente neutralizada.

Ese mismo 17 de marzo, el presidente Daniel Noboa denunció una presunta vulneración de los controles fronterizos al señalar que la familia de Adolfo Macías, alias “Fito”, habría salido del país hacia Colombia durante el toque de queda.

Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los familiares no estaban siendo procesados, por lo que podían salir del país. Según explicó, la salida ocurrió cuando se anunciaron las operaciones contra el crimen organizado.

18 de marzo

En Santo Domingo de los Tsáchilas, un amplio despliegue de aproximadamente 100 efectivos entre policías y militares dejó más dudas que resultados.

Las fuerzas del orden ejecutaron al menos 15 allanamientos en la cooperativa Plan de Vivienda Municipal, en el marco del toque de queda vigente. Sin embargo, encontraron viviendas completamente vacías al momento de la intervención.

El comandante policial Álex Silva afirmó que las bandas delictivas estarían adoptando nuevas estrategias para evadir controles, como no permanecer en sus domicilios durante la noche.

19 de marzo

En la provincia de Imbabura, un mega operativo, enmarcado en la denominada “Estrategia 3D”, dejó como saldo el decomiso de 10 pares de calzado de distintas marcas que no contaban con documentación que respalde su ingreso o comercialización.

El procedimiento fue difundido inicialmente por la Policía Nacional, a través de la Zona 1, en sus redes sociales. Sin embargo, la publicación fue eliminada horas después, tras una avalancha de reacciones y comentarios críticos por parte de la ciudadanía.

Ese mismo día, en la provincia de Los Ríos, se registró el retiro de militares de un recinto que era utilizado como punto estratégico para operativos.

El hecho se originó tras un oficio emitido por la Cámara de Comercio de Quevedo el 16 de marzo, en el que se solicitó la devolución de las instalaciones del recinto ferial para ejecutar un proyecto de construcción.

El presidente Noboa cuestionó públicamente la salida de los uniformados y posteriormente anunció que los militares regresarían, para lo cual emitió un decreto que permite la requisición de bienes privados, como vehículos, maquinaria y equipos de comunicación, mientras dure el estado de excepción.

También el 19 de marzo, se reportaron cortes de energía eléctrica en distintos sectores del país, algunos de ellos por más de 14 horas.

El ministro del Interior confirmó que los apagones fueron ordenados como parte de los operativos de seguridad en las provincias con toque de queda.

Sin embargo, ciudadanos reportaron interrupciones del servicio en zonas donde no rige la restricción, como sectores de Pichincha. En varios casos, no se registró información oficial clara sobre las causas o el tiempo de restablecimiento del servicio.

20 de marzo

A nivel internacional, organismos de Naciones Unidas expresaron preocupación por posibles abusos, uso de la fuerza, detenciones y el marco legal aplicado durante el estado de excepción.

Entre los principales cuestionamientos, los relatores señalaron observaciones sobre la definición de terrorismo en el Código Integral Penal, advirtiendo que podría permitir aplicaciones arbitrarias.

También manifestaron preocupación por la Ley de Inteligencia, al considerar que carece de controles suficientes y podría vulnerar derechos relacionados con la privacidad.

Asimismo, los expertos indicaron que la delincuencia organizada y el terrorismo son fenómenos distintos y cuestionaron la aplicación del concepto de conflicto armado interno.

Además, alertaron sobre el uso prolongado de estados de excepción y la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

Los pronunciamientos también incluyeron observaciones sobre el uso de la fuerza, la falta de mecanismos de control y los riesgos para derechos fundamentales en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano.

Mientras las medidas siguen en ejecución, los operativos continúan generando nuevos episodios en distintas zonas del país.

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