La organización de derechos humanos alerta sobre detenciones arbitrarias, bombardeos y posibles violaciones graves en la frontera norte del Ecuador.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur mantuvo una reunión con campesinos de la comunidad San Martín, en la provincia de Sucumbíos, quienes denunciaron haber sido víctimas de tortura y otros abusos durante un operativo militar ejecutado a inicios de marzo de 2026.

El encuentro, que se desarrolló de forma virtual el 18 de marzo, contó con la participación de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.

La cita se produjo como respuesta a denuncias presentadas ante instancias internacionales, incluyendo el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según los testimonios recogidos, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 6 de marzo en el contexto de un operativo militar dirigido presuntamente contra grupos vinculados al narcotráfico en la zona fronteriza con Colombia.

Sin embargo, los comuneros aseguran que las acciones afectaron directamente a población civil.

Entre las denuncias más graves se encuentra la destrucción de viviendas y bienes durante bombardeos en el marco de la operación denominada “Exterminio Total”.

Además, los campesinos reportaron la detención de al menos cuatro miembros de la comunidad, quienes habrían sido interrogados durante largos periodos y sometidos a tratos que podrían constituir tortura.

De acuerdo con los relatos, aunque estas personas fueron posteriormente liberadas por falta de evidencias, habrían salido bajo amenazas de posibles represalias.

En algunos casos, se señaló que las agresiones estuvieron marcadas por discriminación, especialmente contra ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Frente a estas denuncias, la Oficina de la ONU recordó que el derecho internacional establece una prohibición absoluta de la tortura y de cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

En ese sentido, subrayó la obligación del Estado ecuatoriano de investigar estos hechos de manera inmediata, independiente y exhaustiva.

Investigaciones

Asimismo, insistió en que las investigaciones deben regirse por estándares internacionales como el Protocolo de Estambul, que establece directrices para documentar y sancionar casos de tortura.

El organismo también advirtió que esclarecer lo ocurrido no solo es clave para determinar responsabilidades y posibles sanciones, sino también para prevenir la repetición de estos hechos.

En esa línea, recomendó fortalecer los protocolos que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad interna, especialmente en su relación con la población civil.