El uso de informes reservados se volvió recurrente en decisiones del Gobierno de Daniel Noboa. Traslados de detenidos, revocatorias de visas, expulsiones diplomáticas, contratos estatales y resoluciones electorales se sustentaron en documentos cuyo contenido permanece fuera del escrutinio público.

En el último tiempo, el “informe reservado” se convirtió en uno de los recursos más recurrentes del Gobierno para justificar decisiones sensibles. Traslados de detenidos, revocatorias de visas, expulsiones diplomáticas, procesos electorales e incluso contratos estatales fueron sustentados en documentos cuyo contenido permanece fuera del escrutinio público.

La constante, en todos estos episodios, es la misma. Las personas afectadas no conocen el contenido de los informes que motivan las decisiones en su contra. Entre ellos están:

• El traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a la cárcel del Encuentro con base en supuestas amenazas de seguridad.
• El fallido acuerdo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa estadounidense HealthBird por USD 37,7 millones.
• La clasificación de información en programas estatales como Jóvenes en Acción.
• El mecanismo de compensación a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.
• La revocatoria de la visa de la periodista Alondra Santiago.
• La cancelación de la residencia del académico español Fernando Casado, asesor de la excandidata presidencial Luisa González.
• El extitular de la Judicatura, Mario Godoy, y la firma Invictus.
• La declaración de persona no grata y expulsión del embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Antonio Gutiérrez García.
• La inhabilitación del excandidato presidencial Jan Topic.

El traslado de Aquiles Alvarez y el argumento de inteligencia

El caso más reciente es el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a la cárcel de máxima seguridad conocida como la cárcel del Encuentro. El Gobierno justificó esa acción con base en información de inteligencia que advertiría sobre amenazas graves contra su vida.

Según el discurso del ministro del Interior, John Reimberg, esas amenazas provendrían de sectores vinculados a la Revolución Ciudadana (RC), el mismo movimiento que llevó a Alvarez a la Alcaldía de Guayaquil y que hoy se moviliza para exigir su liberación.

La explicación oficial sostiene que el riesgo era tan alto que el alcalde debía ser trasladado a un centro penitenciario que el Gobierno pudiera controlar directamente. En la práctica, esto significa que —según el Ejecutivo— ninguna otra cárcel del país ofrecería garantías suficientes de seguridad.

Sin embargo, el argumento presenta una práctica común del gobierno de Daniel Noboa. La decisión se sustenta en un informe reservado sobre la seguridad del alcalde que el propio alcalde no tiene derecho a conocer. Es decir, un documento que determina su traslado, su régimen de detención y las condiciones en las que permanece recluido, pero cuyo contenido permanece vedado incluso para su defensa.

La expansión del “informe reservado” en el caso HealthBird

El traslado del alcalde es solo el inicio de una larga lista. En los últimos meses, el país presenció una multiplicación de contratos, informes y decisiones administrativas protegidas bajo cláusulas de reserva que bloquean el acceso público a la información.

Uno de los casos más polémicos fue el intento de acuerdo comercial entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa estadounidense HealthBird. El convenio implicaba el desarrollo de una plataforma digital para asignar citas médicas en el sistema de salud pública. El contrato tuvo monto cercano a USD 37,7 millones.

La iniciativa buscaba servir como puerta de entrada para que HealthBird ingresara al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, la empresa carecía de experiencia comprobada en la gestión de sistemas de salud.

La polémica se agravó por los vínculos personales entre el entonces presidente del directorio del IESS, Édgar Lama —amigo y exabogado del presidente Daniel Noboa— y la operación. Aun así, los detalles del acuerdo fueron declarados reservados Finalmente, la empresa anunció su salida del país después de que la Contraloría iniciara indagaciones sobre el contrato.

Programas sociales y subsidios bajo confidencialidad

La política de reserva también alcazó programas estatales. El plan “Jóvenes en Acción”, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, establece que los datos relacionados con el programa deben manejarse con “absoluta reserva y restricción”. Los servidores públicos involucrados en su gestión están obligados a firmar acuerdos de confidencialidad.

Algo similar ocurre con el mecanismo de compensación económica dirigido a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel, implementado mediante el Decreto Ejecutivo 180. En este caso, la información relacionada con los beneficiarios —incluidas cuentas bancarias y cálculos de compensación por la diferencia de precios del combustible— fue clasificada como confidencial y de absoluta reserva.

Los casos de Alondra Santiago y Fernando Casado

El uso de informes reservados también fue determinante en decisiones migratorias y diplomáticas.

La periodista Alondra Santiago, de nacionalidad cubana y residente en Ecuador desde hace casi dos décadas, perdió su visa luego de que el Gobierno argumentara que dos informes reservados —uno del Ministerio del Interior y otro de Cancillería— la vinculaban con acciones contra la seguridad nacional.

Su abogado, Carlos Soria, afirmó que nunca tuvo acceso al contenido de esos informes, por lo que no pudo conocer las acusaciones concretas que sustentaron la medida.

Una situación similar ocurrió con el académico español Fernando Casado, asesor de la excandidata presidencial Luisa González. El Gobierno revocó su residencia en Ecuador mediante una notificación electrónica enviada por Cancillería, sustentada en un oficio reservado del Ministerio del Interior que lo acusa de realizar actos contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

Casado señaló que nunca recibió argumentos jurídicos detallados sobre la decisión. Lo único que conoce de las acusaciones proviene de declaraciones públicas del presidente Daniel Noboa, quien afirmó en una entrevista radial que el académico habría participado en planes desestabilizadores junto a la Embajada de Cuba.

En ese mismo contexto, el Gobierno declaró persona no grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez García y ordenó la salida del personal diplomático de esa sede, también basándose en información reservada.

Mario Godoy y la firma Invictus

Otro episodio se relaciona con la estructura accionarial de Invictus. Este estudio jurídico que asumió la defensa de personas vinculadas a casos de narcotráfico y al que estuvo ligado Mario Godoy, entonces presidente del Consejo de la Judicatura y cercano al Gobierno. Tanto la información societaria de la firma como otros elementos asociados al caso se clasificaron como reservados.

En ese contexto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió declarar reservada la sesión en la que se presentaron las pruebas de cargo dentro del proceso de juicio político contra Godoy Naranjo. Durante la diligencia, la legisladora Viviana Veloz exhibió un certificado societario emitido por la Superintendencia de Compañías, correspondiente a Invictus, donde figura Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, como parte de la firma. No obstante, el oficialista Ferdinan Álvarez advirtió que dicho documento tenía carácter reservado.

Informes reservados en elecciones

El recurso a información clasificada incluso tuvo consecuencias directas en el escenario electoral. El excandidato presidencial Jan Topic fue inhabilitado para participar en la contienda luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revisara informes reservado provenientes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Bancos.

El juez Ángel Torres reconoció el 18 de noviembre de 2024 que esos documentos influyeron en la decisión que cambió el criterio del tribunal y dejó fuera de la carrera electoral a Topic, quien en ese momento era considerado uno de los principales rivales del presidente Noboa.

Lo que exige la ley para declarar información reservada

El problema es que la legislación ecuatoriana establece reglas claras para declarar información bajo reserva.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) —probablemente una de las normas más vulneradas por este gobierno, aunque la competencia es dura cuando el catálogo de leyes ignoradas parece multiplicarse— fija condiciones estrictas para que una entidad estatal pueda clasificar información.

Entre los requisitos están:

• Una declaración motivada que justifique la decisión.
• Una explicación del interés público que se protege con la reserva y de los riesgos que existirían si la información se divulgara.
• La fijación de un plazo específico durante el cual la información permanecerá clasificada.
• Y una comunicación obligatoria a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional dentro de los diez días posteriores a la declaración de reserva.

En eso coincide el constitucionalista Alberto Montenegro, quien sostiene que la figura de los “informes reservados” en Ecuador no puede aplicarse de manera discrecional, sino que debe ajustarse estrictamente a lo que establece la Lotaip. En ese marco, la regla general es la publicidad de la información estatal, por lo que cualquier restricción debe sustentarse en causales expresas y debidamente motivadas. “Un informe solo puede ser reservado si encaja en los supuestos previstos en la ley”, explica. Asegura que la clasificación no puede responder a criterios políticos o de conveniencia institucional.

En ese sentido, Montenegro precisa que uno de los escenarios más claros es el de la seguridad nacional, particularmente en ámbitos bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, donde la divulgación de información podría comprometer la defensa del Estado. No obstante, enfatiza que incluso en estos casos la reserva debe ser proporcional, temporal y justificada.

Marco Criollo