A través de una carta, ocho relatores de la ONU manifestaron su preocupación por la criminalización gubernamental ante una serie de acciones de orden civil.

El pasado 9 de marzo de 2026, ocho relatores de Naciones Unidas presentaron una carta al gobierno de Daniel Noboa, en la que denuncian graves hechos en materia de derechos humanos.

La misiva incluye recomendaciones urgentes.

Para el excanciller Guillaume Long, el tema reviste importancia capital como lo señala en su cuenta de la red X, “nunca antes Ecuador había sido blanco de semejante nivel de crítica por parte de Naciones Unidas como lo que hemos visto en estas últimas semanas”.

Definición de terrorismo

Uno de los puntos señalados tiene que ver con el concepto de terrorismo, como se menciona en la página 3 de la carta.

“Si bien se reconoce que algunos elementos de la definición incorporan delitos previstos en las convenciones internacionales contra el terrorismo, algunos componentes de la definición contenida en el artículo 366 del COIP son excesivamente amplios ”.

Long en su post, considera que existen múltiples criterios, pero uno de ellos es que para que haya terrorismo debe haber coacción al Estado con fines políticos.

Según el diplomático, Noboa utiliza el término “terrorismo” en sus discursos para protegerse y justificar los constantes abusos de su gobierno.

Los relatores denuncian, en cambio, la inexistencia de procesos rigurosos de investigación y rendición de cuentas.

Expresan también su preocupación de que este Gobierno esté afectando “la independencia judicial y cuestionan los constantes estados de excepción”.

Otro punto es lo relativo al derecho a la intimidad: “ El derecho internacional exige que cualquier persona que sospeche que sus comunicaciones han sido interceptadas por los servicios de inteligencia disponga de un recurso efectivo para impugnar la legalidad o el respeto de los derechos humanos de la interceptación”.

Sobre la base de su diagnóstico, los relatores enumeran una serie de reformas que deberían realizarse principalmente por la Asamblea Nacional.

Firmantes

Ben Saul. Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Gabriella Citroni. Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Morris Tidball-Binz. Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 21

Gina Romero. Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Margaret Satterthwaite Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Albert K. Barume. Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Carlos Arturo Duarte Torres. Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales

Ana Brian Nougrères Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

Juan Cabezas