Ecuador supera las 340 denuncias de violencia sexual contra la mujer en 2025. Detrás de esa cifra están historias como la de Bernarda R., quien luchó seis años para que su caso no quedara impune.

El 14 de noviembre de 2025 marcó un hito en un caso que parecía destinado a quedar en el archivo.

El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe sentenció a 12 años de prisión a Fernando M. R., un conocido titiritero, fundador del colectivo “Rana Sabia”, señalado por violar a Bernarda R. cuando ella tenía 19 años. El acusado hoy tiene 85 años.

La historia de Bernarda es también la historia de un sistema judicial que durante años minimizó su denuncia.

Fue en agosto de 2019 cuando la joven acudió a Fiscalía tras sufrir una agresión sexual en el domicilio donde el artista le había ofrecido trabajo, vivienda y apoyo académico, en el valle de Los Chillos. Según relató, al inicio hubo comentarios y halagos incómodos, que luego se transformaron en violencia sexual directa.

Fiscalía abrió la investigación y formuló cargos por violación. No obstante, el avance del proceso retrocedió abruptamente.

En agosto de 2021, un juez sobreseyó al procesado, alegando supuestas inconsistencias sobre la fecha exacta del delito. El caso quedó archivado y Bernarda, sin justicia.

La defensa de la víctima apeló, pero la Corte Provincial de Pichincha rechazó el recurso por extemporáneo. Sin otra vía interna, en noviembre de 2021, la defensa presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La causa fue admitida recién en mayo de 2022.

Tres años después, en 2025, la Corte Constitucional declaró la nulidad del sobreseimiento, al considerar que se vulneraron los derechos de la víctima y que la valoración judicial había sido defectuosa. Esa decisión permitió reactivar el proceso. En mayo de ese año, el titiritero fue llamado a juicio.

La audiencia de juzgamiento inició en junio. La fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género No. 2 de Rumiñahui presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado.

El 14 de noviembre, el Tribunal anunció su sentencia: 12 años de prisión.

Violencia sexual: una crisis que continúa creciendo

El caso de Bernarda no es aislado. Entre enero y octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado registró 341 denuncias de violencia sexual contra mujeres, la cifra más alta de los últimos tres años.

Comparativo de casos (enero–octubre):

• 2022: 277
• 2023: 222
• 2024: 273
• 2025: 341

La variación entre 2024 y 2025 representa un aumento del 25%.

Para la activista Marcela Mena, los agresores siguen siendo, en la mayoría de casos, personas cercanas: figuras de autoridad, familiares, profesores, líderes comunitarios, o, como en este caso, un “benefactor” laboral.

¿Dónde ocurren?: un mapa que evidencia patrones

Los datos oficiales muestran que la violencia sexual afecta a todo el territorio:

• Guayas encabeza las denuncias con 208 casos, concentrados en Guayaquil (153).
• Pichincha registra 42 casos, la mayoría en Quito.
• Manabí, Azuay, Galápagos y Los Ríos suman decenas de denuncias en distintos cantones.
• Provincias como Imbabura, Pastaza, Loja, Orellana y Zamora Chinchipe también reportan casos durante 2025.

La dispersión territorial confirma un patrón: la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni exclusivo de zonas urbanas, está presente en mercados, casas, escuelas, colectivos artísticos, espacios laborales y entornos de confianza.

Un país que denuncia más, pero que protege poco

Organizaciones de mujeres en justicia advierten que, aunque las denuncias aumentan, la respuesta institucional sigue siendo lenta, desigual y muchas veces revictimizante.

El caso de Bernarda es una muestra: su proceso tomó seis años, enfrentó un archivo injustificado y requirió una intervención constitucional para que avanzara. El Tribunal dictó una sentencia, pero la discusión de fondo sigue pendiente: ¿Cómo evitar que las víctimas pasen años en busca de justicia? ¿Qué garantías existen para que denuncien sin miedo a ser desacreditadas?

Un cierre, pero no un final

Para Bernarda, la lucha no termina con la sentencia. Para el país, tampoco. Más de 340 mujeres y niñas denunciaron violencia sexual en los primeros 10 meses de 2025.

Detrás de cada número hay una vida atravesada por la violencia, y detrás de cada sentencia, una batalla que no debería ser tan larga ni tan solitaria.