La fórmula planteada para elegir a los representantes reduciría la representatividad en varias provincias: solo Pichincha y Guayas superarían los cinco asambleístas. Además, el método D’Hondt para asignar los escaños daría ventaja a las fuerzas con mayor voto nacional.

Más de 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este 16 de noviembre de 2025 para decidir si aprueban o no la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

La pregunta que se someterá a votación dice: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum?”.

¿Cómo quedaría dividida la representación en las 24 provincias?

Sin embargo, el método propuesto para elegir a los representantes reduciría la representatividad de varias provincias. El anexo de la pregunta D detalla la composición del órgano. Se prevé la elección de 80 asambleístas constituyentes, distribuidos así:

• 50 provinciales.
• 24 nacionales.
• 6 del exterior (2 por Europa, Oceanía y Asia; 2 por Canadá y Estados Unidos; 2 por Latinoamérica, el Caribe y África).

Cada provincia tendría un representante (Regla A), lo que suma 24 asambleístas. Los otros 26 se asignarían según la población (Regla B): uno por cada 471.000 habitantes, de acuerdo con el censo más reciente.

Esta reducción podría generar una asamblea menos diversa. 13 provincias perderían representación y se quedarían con un solo legislador: Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Cañar, Carchi, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena.

Ese único asambleísta asumiría la representación total de su provincia, lo que aumentaría su poder de negociación política y económica.

Mientras que, otras ocho provincias tendrían apenas dos representantes. Es decir, 21 provincias (el 90%) tendría un casi nulo protagonismo.

En cambio, las provincias grandes —como Guayas (10 asambleístas), Pichincha (7) y Manabí (4)— tendrían mayor influencia en la agenda nacional. Esto implicaría más voces para unas provincias y casi silencio para otras, lo que afectaría el equilibrio territorial del país.

¿Concentración del poder?

La abogada y analista política Pamela Romero advierte que esta distribución podría concentrar el poder político en pocas provincias y debilitar la representación territorial. Según explica, el esquema rompe el equilibrio regional y otorga demasiado peso a las zonas más pobladas.

“La estructura planteada limita la diversidad geográfica y refuerza el poder político de las provincias grandes. El resultado sería una asamblea dominada por actores de Quito y Guayaquil, con escasa presencia de las provincias pequeñas o rurales”, señaló.

Sostiene que no existen garantías sobre la independencia de los constituyentes, pues la mayoría llegaría con respaldo partidista. En su criterio, esto podría derivar en alianzas coyunturales, disputas entre bloques y presiones del Ejecutivo (ADN), lo que dificultaría la construcción de consensos amplios y neutrales.

En el ámbito político, advierte un riesgo de recentralización del poder. “Con una asamblea dominada por provincias grandes y, en este caso, por el partido dominante ADN, se corre el riesgo de que el nuevo texto reduzca la autonomía de los gobiernos locales, debilite los mecanismos de descentralización y se escriba bajo los intereses de unos pocos”, apuntó.

Aquí también entra el juego el método D’Hondt

A la baja representatividad en algunas provincias, entra en juego el método de asignación de escaños D’Hondt. Este sistema se utiliza para repartir escaños entre las listas de forma proporcional al número de votos obtenidos. Es decir, favorece a los partidos políticos más fuertes, porque les permite tener mayor representación.

En una Constituyente con menos asientos, los partidos mayoritarios obtendrían una representación aún mayor, lo que reduciría el espacio de las minorías y movimientos locales. En la práctica, el Legislativo podría evolucionar hacia un sistema casi bipartidista, dominado por Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista, y la Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora.

Plazos y mesas de trabajo

Si se aprueba la propuesta, la Asamblea Constituyente trabajará durante 180 días desde su instalación. Podrá extender su plazo una sola vez por 60 días, si dos tercios de sus miembros lo aprueban.

Los 80 asambleístas se dividirían en ocho mesas temáticas, con 10 integrantes en cada una:

• Derechos y Garantías Fundamentales.
• Organización y Funciones del Estado.
• Régimen Económico y Finanzas Públicas.
• Justicia y Sistema Judicial.
• Participación Ciudadana y Control Social.
• Régimen Territorial y Descentralización.
• Naturaleza y Ambiente.
• Régimen de Desarrollo e Inclusión Social.

Esta estructura definiría el proceso de redacción de una nueva Constitución para el Ecuador.

Marco Criollo