La falta de transparencia ha sido la constante en varios casos que involucran al Gobierno.

La percepción ciudadana sobre la transparencia y ética del gobierno de Daniel Noboa ha empeorado. La causa principal es el uso cada vez más frecuente de mecanismos de reserva y confidencialidad de información pública.

El silencio oficial se ha convertido en una constante en varios casos que involucran a allegados al Ejecutivo.

Analistas y organismos de vigilancia advierten que esta postura contradice el discurso anticorrupción del Gobierno y genera desconfianza ciudadana.

Casos recientes que generan cuestionamientos:

1. Reserva sobre beneficiarios de bonos y compensaciones

El 10 de octubre de 2025, el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, firmó dos instructivos que declararon confidencial la información sobre los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción y de las compensaciones a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Estas medidas, articuladas al Decreto Ejecutivo 180, incluyen la entrega de compensaciones económicas mensuales para vehículos de carga y transporte comercial. En su artículo 3 se establece expresamente la confidencialidad de todos los datos del proceso.

2. El caso del Porsche en Isla Trinitaria

El Gobierno guardó silencio durante semanas tras la denuncia de un vehículo con registros de Industrial Molinera —empresa del Grupo Noboa— encontrado en el sector donde residía un implicado en la explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil, en junio de 2025.

3. Compra millonaria de medios

Otra controversia estalló con la compra de La Posta y Radio Centro por parte del asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi.

Aunque declaró un patrimonio inferior a USD 70.000, concretó una transacción por más de USD 2,5 millones. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen de los fondos.

4. Caso Progen

El 8 de septiembre de 2025, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo anunció que los informes técnicos sobre las centrales térmicas de Quevedo (50 MW) y El Salitral (100 MW) —contratadas por CELEC a la empresa Progen— serían tratados como información reservada.

5. Movilizaciones contra la Corte Constitucional

El 12 de agosto de 2025, el Gobierno convocó una movilización masiva en Quito contra la Corte Constitucional, trasladando personas desde otras provincias y distribuyendo refrigerios.

Días después, la concentración se repitió en Guayaquil. En ninguno de los casos se transparentó el origen de los recursos utilizados para la jornada.

6. Política de confidencialidad en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un acuerdo que crea una “Política para la clasificación, registro y custodia de información pública, reservada y confidencial”.

Este instrumento permite que documentos institucionales se mantengan bajo reserva hasta por 10 años, con posibilidad de extender el plazo a 15 años.

7. Derrame de petróleo en Esmeraldas

El informe sobre el derrame de crudo ocurrido en marzo de 2025 en Esmeraldas fue declarado reservado, tras ser calificado como “sabotaje” por la ministra de Energía y Minas.

La decisión impidió conocer detalles sobre las causas, impactos y responsabilidades del incidente ambiental.

8. Negociaciones comerciales con Canadá

El Gobierno también firmó un acuerdo de confidencialidad con Canadá, que declaró reservada toda la información relacionada con las negociaciones comerciales bilaterales.

El Decreto Ejecutivo N.º 193, del 27 de septiembre de 2025, amplió además la categoría de “información confidencial o reservada” dentro del sistema de contratación pública.

Creciente ‘cerrazón’ informativa

De acuerdo con Fundamedios, el acceso a la información pública se ha vuelto especialmente difícil durante la administración de Daniel Noboa, iniciada en noviembre de 2023.

La organización denuncia una “política de silencio” que obstaculiza el trabajo periodístico y limita la transparencia institucional.

En 2024, se registraron 11 casos de obstrucción al acceso a la información, lo que ha derivado en autocensura mediática y menor escrutinio sobre la gestión gubernamental.

Licenia Espinel