La falta de objetivos claros, la baja ejecución presupuestaria y el incremento de la violencia ponen en duda la eficacia del modelo de seguridad gubernamental.

Tras la derrota del “no” en las cuatro preguntas de la Consulta Popular (una de sobre la instalación de bases militares extranjeras), y con un extraviado Plan Fénix, la política de seguridad nacional del Gobierno se volvió aún más desconcertante.

Expertos consultados han sido contundentes al calificar la respuesta del Gobierno frente a la crisis de seguridad.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, considera que el Plan Fénix es un “fracaso” desde su inicio porque nunca se conocieron sus objetivos ni lineamientos estratégicos.

La falta de resultados adecuados se refleja en las cifras de violencia. Según los datos disponibles por el propio Ministerio del Interior, este será el año más violento en la historia del país, con una tasa de homicidios que bordeará los 50 por cada 100.000 habitantes.

Andrade criticó la estrategia actual, señalando que los supuestos “resultados” del Gobierno, como las capturas de cabecillas, no abordan el problema central. Por cada cabecilla o líder capturado, las organizaciones criminales reclutan entre 10 y 20 niños.

Además, muchas operaciones exitosas se deben a la cooperación internacional (como la Unión Europea) y no a iniciativas propias del Gobierno ecuatoriano, especialmente en casos que involucran narcotráfico a través de empresas agroexportadoras y lavado de dinero en el sistema financiero.

Baja ejecución presupuestaria

Uno de los principales señalamientos al sector seguridad es la deficiente gestión de recursos. Carolina Andrade indicó que el año pasado, el sector seguridad (Policía, Fuerzas Armadas, SNAI) solo ejecutó el 45% de los recursos disponibles para inversión. Para este año, el presupuesto de inversión para el sector fue incluso reducido en un 12%.

El especialista en temas de seguridad, Daniel Pontón, señaló que tras los resultados de la Consulta Popular, se ha percibido un “desinterés” por parte del Gobierno, mientras nuevos asesinatos y motines carcelarios se registran en el país.

En este contexto, indicó que la capacidad de maniobra política del presidente Daniel Noboa se verá más acotada.

Pontón mencionó que, a pesar de la debilidad política, la estrategia de seguridad probablemente no tendrá “mayor variación”.

El Gobierno continuará con la militarización del territorio, el alineamiento estratégico a las lógicas estadounidenses y la narrativa de mano dura, obteniendo “éxitos parciales” (como las extradiciones) pero sin “impactos reales en la tasa delincuencial”.

Medidas urgentes

Ante la expectativa de que el año 2026 será “igual de violento” que este 2025, los expertos coincidieron en que el Gobierno debe replantear su estrategia. Ellos destacaron medidas urgentes que se deben priorizar:

1. Blindaje territorial y una mejor capacidad de interdicción aérea y marítima, con una estrategia bien delineada respecto al problema del narcotráfico en los puertos.
2. Mayor acción en el ámbito territorial para evitar que el problema de la extorsión siga generalizándose.
3. Buscar atenuar el problema de la justicia, trabajando en política pública para ser eficientes y evitar la impunidad.
4. Mejorar la gestión carcelaria para evitar que los motines se salgan de control.