Un estudio técnico de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo advierte que la resolución de la ARCH beneficia a empresas privadas a costa de recursos públicos, pese a que el precio del cilindro se mantenga congelado.

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) presentó un análisis técnico sobre el nuevo tarifario del Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El estudio revela que el incremento en las tarifas a las comercializadoras privadas significará un gasto adicional de más de USD 63 millones anuales para el Estado, lo que en la práctica eleva el subsidio a empresas particulares.

Según la Antep, aunque el precio final del cilindro de gas de 15 kilos se mantenga en USD 1,65 para el consumidor, el Estado destinará más dinero público para pagar el margen de ganancia de las empresas privadas encargadas del envasado y la distribución del producto.

En palabras simples, el subsidio no desaparece: se traslada del usuario a las utilidades de los comercializadores.

Un cambio que favorece al sector privado

La Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, promulgada el 2 de octubre de 2025, modificó las tarifas que el Estado paga a las compañías por cada tonelada métrica de GLP distribuido.

Cada tonelada equivale a unas 66 bombonas, y el incremento promedio por cilindro bordea los USD 0,13, lo que representa un alza del 7,6 % en el pago estatal.

El análisis recuerda que esta tarifa se originó en 2002 mediante decreto del entonces presidente Gustavo Noboa, y que fue actualizada en 2015 con base en un estudio técnico que incluso determinó deudas a favor del Estado.

“No obstante, la nueva resolución se aprueba sin que exista un informe reciente que justifique los aumentos”.

Deudas pasadas y un nuevo aumento

Entre 2016 y 2021, una comisión técnica de la ARCH elaboró tres modelos para calcular los costos reales del sector.

Dos de ellos concluyeron que las empresas privadas habían cobrado en exceso entre USD 49 y 78 millones, mientras que un tercer modelo, desestimado por la misma comisión, sugería una deuda estatal de apenas USD 10 millones.

“Pese a esas conclusiones, el gobierno de Daniel Noboa aprobó el incremento tarifario sin un nuevo análisis económico”.

La Antep advierte además que las tarifas aumentan para todas las empresas privadas, pero se reducen para Petroecuador, la única pública del sector.

Paradójicamente, algunas de las compañías beneficiadas operan arrendando las mismas plantas estatales de envasado, lo que significa que el Estado paga por un servicio que se realiza en su propia infraestructura.

Falencias legales y cuestionamientos políticos

El gremio también alerta que la resolución fue firmada únicamente por el Director Ejecutivo encargado de la ARCH, sin dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como exige el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

En 2015, en cambio, el tarifario fue aprobado por el Directorio de la institución, mediante una decisión colegiada.

Para la Antep, el cambio de tarifas se dio “a escondidas” y “al apuro”, justo después del incremento del precio del diésel y en medio del paro nacional, cuando la atención pública estaba concentrada en otros temas.

Esta medida, asegura, forma parte de una política que “profundiza la dependencia del país de los importadores y comercializadores privados”, debilitando la producción nacional de derivados.

Soberanía energética y desarrollo nacional

El gremio de trabajadores concluye que el verdadero debate sobre los combustibles debe centrarse en la soberanía energética y en la necesidad de fortalecer la capacidad industrial de Ecuador.

“Los recursos públicos que hoy se destinan a garantizar las utilidades de empresas privadas deberían invertirse en ampliar la refinación y producción nacional”, plantea la Antep.

Según su análisis, medidas como la liberación del precio del diésel y el incremento del tarifario del gas solo perpetúan un modelo de dependencia económica.

“La política burguesa es la política del subdesarrollo”, señala el documento, al tiempo que llama a los trabajadores a levantar su propio programa de desarrollo energético, independiente de los intereses empresariales.

Daniela Fonseca