El fiscal Carlos Alarcón reemplazará al fiscal subrogante, Wilson Toainga, ante ausencia temporal o definitiva. Mientras, el Cpccs lleva adelante el concurso para designar a las nuevas autoridades de la Fiscalía General.
Punto Noticias.- Tras contar con la mayoría en la Asamblea Nacional y tener el respaldo de las Funciones Electoral y de Transparencia, ahora el Ejecutivo capta el control de la Función Judicial con un fiscal afín.
¿Cómo se estructuró el ascenso de Alarcón?
El primer paso fue mantener en el cargo a Mario Godoy, como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
Si bien Godoy salió de la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tenía el respaldo del Ejecutivo para la transformación del sistema judicial ecuatoriano.
Es así que, una semana después de posesionado el nuevo Pleno de la Judicatura, los cambios se empezaron a notar con destituciones de servidores judiciales hasta llegar este 3 de octubre de 2025 al nombramiento temporal de Carlos Alarcón como fiscal subrogante en reemplazo de Wilson Toainga, quien cuenta con licencia de cinco días, del 5 al 10 de octubre, debido a su participación en un evento regional, en Brasil.
Tomando Alarcón la posta de la Fiscalía -que goza de autonomía administrativa, económica y financiera dentro de la Función Judicial y que tiene como responsabilidad dirigir la investigación penal, ejercer la acción pública y acusar a los presuntos infractores ante los jueces competentes- el panorama se tornará diferente.
¿Cuándo actuará Alarcón?
Alarcón actuará como fiscal subrogante en reemplazo de Toainga ante su ausencia temporal o definitiva, según lo resuelto por la Judicatura.
El nuevo fiscal que sale de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha sido observado por su participación en casos mediáticos relacionados con figuras políticas y opositores del presidente Daniel Noboa, incluyendo a su exesposa.
Su permanencia en el cargo la estableció la Procuraduría, luego que el fiscal Toainga realizara una consulta sobre quién lo reemplazaría si se retira de manera temporal o definitiva de la Fiscalía.
La consulta se la realizó con fecha 29 de septiembre y fue el 2 de octubre que -luego de un análisis jurídico- el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, respondió.
Pronunciamiento de la Procuraduría
El procurador señaló que ante la ausencia temporal o definitiva le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura designar temporalmente a la autoridad -antes indicada- hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) culmine el proceso de designación del nuevo titular. Con ese pronunciamiento dio la venia para que la Judicatura actúe.
Recordó que tanto Diana Salazar -quien se desempeñaba como fiscal general del Estado- y Toainga, como subrogante, fueron designados en 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) que tenía facultades extraordinarias y que, por lo tanto, dichas atribuciones no pueden ser revisadas por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) definitivo, debiendo así respetar la vigencia de las designaciones por el tiempo que la Constitución y la ley lo señalan.
Las autoridades siguen prorrogadas
En ese sentido, el Cpccs continuará con el proceso para el concurso de méritos y oposición del o la nueva fiscal general del Estado y su subrogante.
Las nuevas autoridades debían ser designadas en abril de 2025, cuando concluyó el período de seis años de Salazar y Toainga, pero ante la falta de concreción del concurso por parte del Cpccs se mantuvieron prorrogados en funciones.
El 20 de mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado anunció que Salazar dejó sus funciones como fiscal general y en su reemplazo Toainga asumió la dirección de la institución sin tener quien lo subrogue.
Con ese antecedente, el procurador señaló que ante la ausencia definitiva de la fiscal titular, el cargo debe llenarse de manera inmediata conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial.
Y, en ese sentido, el artículo 94 del mismo código señala que el plazo de la subrogación no excederá de 90 días y el pago por subrogación correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación, incluidos los aportes del IESS.
Además, precisa que si falta el subrogante también debe ser nombrado alguien en su lugar.
Ahora bien, Alarcón asume un puesto más alto en la Fiscalía, algo que ya lo alertaba el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un posteo en su cuenta de X, el 1 de octubre de 2025.
Ese día, un Tribunal ratificó la medida cautelar alternativa a la prisión preventiva para Aquiles Álvarez y desechó la intención del fiscal Alarcón a cargo del caso Triple A.
El concurso para el fiscal titular continúa
Al momento, el Consejo de Participación Ciudadana sigue con el concurso para designar al nuevo fiscal. La designación de Alarcón no afecta al proceso.
Al interior de la institución se menciona que bien podría ir el concurso hasta mayo de 2026 por cuestión de tiempos de todas las etapas.
La Comisión Técnica para el concurso del fiscal está a cargo del proceso para designar a la Comisión Ciudadana de Selección.
Un total de 42 postulantes, de los 69 que se inscribieron hasta el 1 de agosto de 2025 en el Consejo de Participación, continúan en el proceso de selección para integrar la Comisión Ciudadana que se encargará de realizar el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado.
Según la consejera Piedad Cuarán, la Comisión estaría conformada por 15 hombres y 15 mujeres. A este grupo se sumarán los representantes de las Funciones del Estado.
La consejera confía que quienes integren la Comisión sean ciudadanos independientes para que la persona que represente al país como fiscal sea la más idónea y sin ninguna tienda política.
“Vamos avanzando y para este proceso se hizo un nuevo reglamento. La nota es sobre 100 puntos”, expresó.
De esta manera, dijo que se continúa con el proceso que es una deuda heredada.
Requisitos para ser fiscal
El artículo 196 de la Constitución establece los requisitos para ser Fiscal General del Estado:
- Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
- Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa.
- Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años.
Además, establece que el fiscal desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido.
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