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Ante este escenario, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó que mientras se desarrollan las indagaciones todos los trámites de la ANT permanecen paralizados, incluidos la matriculación vehicular y la emisión o renovación de licencias de conducir.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) quedó totalmente paralizada a escala nacional luego de los allanamientos ejecutados la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, como parte del denominado caso Jaque, que investiga la existencia de una presunta red de delincuencia organizada que operaba al interior de la institución.
Tras estas diligencias judiciales, el Gobierno dispuso el cierre inmediato de todas las oficinas de la ANT. Una medida que impacta de forma directa en miles de usuarios que tenían trámites programados en todo el país.
En ese sentido, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó que la decisión busca facilitar el avance de la investigación penal y permitir una revisión profunda del funcionamiento interno de la entidad.
“Se ha tomado la determinación de un cierre por un período de evaluación de 15 días, con una posible ampliación a 30 días, con el objetivo de realizar una depuración”, explicó el funcionario.
Además reconoció que la medida tendrá efectos operativos inevitables.
Todos los trámites de la ANT quedan suspendidos
El cierre total deja en suspenso trámites clave para la movilidad y el transporte, entre ellos:
- La emisión y renovación de licencias de conducir
- Las matrículas vehiculares
- Los permisos de transporte.
A estos se suman procesos de menor volumen, como los relacionados con la compra de vehículos, que también permanecerán detenidos durante varios días.
Las investigaciones preliminares de la Fiscalía revelan que los funcionarios detenidos estarían involucrados en prácticas irregulares vinculadas a servicios sensibles de la ANT, como la emisión de licencias de conducir, la matriculación vehicular y la eliminación de multas del sistema informático. Luque reconoció públicamente que estas acciones eran conocidas por amplios sectores de la ciudadanía.
“Todos aquí conocen a alguien que envía 250 o 300 dólares y una foto por WhatsApp y recibe una licencia”, afirmó.
Ante este escenario, el Ministro confirmó que mientras se desarrollan las indagaciones todos los trámites de la ANT permanecen paralizados, incluidos la matriculación vehicular y la emisión o renovación de licencias de conducir.
¿Turnos agendados y controles viales?
De igual modo, Luque admitió que uno de los principales problemas pendientes es la situación de los turnos ya agendados, sobre los cuales no se ha definido aún un mecanismo claro de reprogramación o compensación para los usuarios afectados.
En paralelo, el ministro anunció que el Ejecutivo analiza medidas transitorias en los controles viales. Esto ante la imposibilidad de que ciertos ciudadanos puedan renovar o emitir sus licencias durante el cierre. “Vamos a emitir resoluciones para que el control de licencias sea paralizado de alguna manera en las vías del país”, señaló, sin precisar aún el alcance ni la duración de estas disposiciones.
Reapertura sin fecha y normalización gradual
Aunque en las primeras horas de la mañana algunas agencias de la ANT permanecieron abiertas en ciertas provincias, Luque confirmó que la orden fue clara y uniforme.
“Hubo agencias que estuvieron abiertas esta mañana, pero hemos dispuesto su cierre. Hoy ya no hay agencias funcionando”, afirmó.
Sobre el retorno de la atención presencial, el ministro evitó fijar una fecha concreta. Indicó que la reapertura será progresiva y dependerá de los avances en la depuración del personal y en la revisión de los sistemas informáticos de la institución, considerados parte central del problema investigado. Afirmó que, durante al menos 15 días, la ANT permanecerá cerrada mientras avanzan las investigaciones derivadas del caso Jaque.
¿Qué pasará con las licencias de conducir?
En relación con las licencias de conducir, el funcionario precisó que el procedimiento administrativo como tal no queda eliminado. No obstante, la entrega física del documento sí se detiene mientras dure la depuración. Según Luque, la ANT entra en una fase de “espera operativa” hasta que se complete la revisión institucional.
“Los trámites continúan en el sistema, pero estamos en un período de pausa hasta que la agencia sea depurada”, señaló el Ministro.
Caso Jaque: oficinas cerradas y una investigación en marcha
El operativo “Jaque”, ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, incluyó allanamientos simultáneos en oficinas de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En Quito, la intervención fue encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó que las instalaciones de la entidad permanecerán cerradas durante 30 días.
Según Reimberg, este plazo busca garantizar el avance de las investigaciones y permitir una depuración interna de la institución. La decisión, sin embargo, traslada el impacto directo a miles de usuarios que dependen de los servicios de tránsito para actividades cotidianas y laborales.
Detenciones, dinero en efectivo y una red interna
El operativo dejó como resultado 10 personas detenidas, aunque en la Fiscalía se habla de cinco aprehendidos. Entre ellos, está el director de la ANT, Pedro A. y otros jefes de dependencias y mandos inferiores, estos últimos se habrían encargado de ofertar trámites.
En total se ejecutaron 23 allanamientos, incluidos 19 domicilios de funcionarios. En esos lugares se incautaron licencias de conducir, documentos, teléfonos celulares, joyas y más de USD 53.000 en efectivo. Asimismo, el funcionario detalló que la red perjudicó a los ecuatorianos con más de USD 3 millones, en la emisión de licencias, permisos para circular para las compañías de transporte, entre otros trámites.
¿Cómo funcionaba esta red de corrupción?
De acuerdo con las autoridades, esta red cobraba dinero a cambio de agilizar trámites en la ANT, principalmente la venta de licencias de conducir, las que llegaban, incluso, a domicilio, y la asignación de frecuencias al transporte.
Así, los funcionarios cobraban entre USD 150 y USD 200 por estos servicios. “El dinero llegaba y se desviaba a diferentes cuentas, hasta que llegaba a las cuentas de los mandos superiores”, sostuvo el ministro Reimberg. Según el funcionario, en esa red participaban “aparentemente desde la dirección hasta los mandos inferiores”.
