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El abogado es uno de los 37 procesados en el caso Synohidro. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó se le aplique prisión preventiva en el caso por presunto cohecho.
Los abogados Xavier Flores y José De la Gasca presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando una “situación de riesgo a los derechos a la libertad, integridad personal y a la vida del abogado Eduardo Carmigniani”.
Esta solicitud se realiza, pese al pedido de Fiscalía General del Estado (FGE) de prisión preventiva contra Carmigniani, en la audiencia de formulación de cargos, que se realizó el pasado 5 de marzo.
El juez, Luis Adrián Rojas, dispuso que Carmigniani se presente cada ocho días en la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. Además, el abogado tiene prohibición de salir del país y deberá usar grillete electrónico.
Según los abogados, si bien no se estableció prisión preventiva contra el jurista, la situación de riesgo a sus derechos no ha cesado, ya que la Fiscalía General del Estado puede pedir la revisión de la decisión del juez Rojas.
La petición busca la intervención de este organismo en materia de derechos humanos, en lo que ellos han calificado como un “secuestro judicial” debido a la “grave” situación carcelaria que atraviesa el país.
“Criminalizar la profesión”
Los abogados denunciantes cuestionan el actuar de la fiscal general Diana Salazar, quien en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, rechazó lo que ella considera una acusación en su contra por “criminalizar la profesión”. Y advierte que ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la Ley.
En un mensaje difundido en redes sociales, Carmigniani calificó de “insólitas” las imputaciones de cohecho, y de “absurdo” e “inconstitucional” el pedido de prisión preventiva, además aseguró que se esta criminalizando la profesión de abogado.
Previamente, Carmigniani publicó un comunicado, rechazó las acusaciones de Fiscalía y resaltó que la entidad no tiene «ninguna evidencia» para probar que recibió sobornos, ya que no era funcionario público, pero no desconoció su relación con Recorsa.
«Hoy (la Fiscalía) ha dispuesto, ha pedido que se me imponga una absurda e inconstitucional prisión preventiva, por haber cobrado honorarios. ¡Claro que los cobré y están facturados! Pero de ahí a colegir que con ellos entregué aunque sea un caramelo a algún funcionario público hay gigantesca distancia», dijo Carmigniani.
Caso Sinohydro
Eduardo Cargminiani, quien además es abogado de Guillermo Lasso y Danilo Carrera, es uno de los 37 procesados por el caso Sinohydro, conocido previamente como Ina Papers y que involucra directamente al expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho. Es decir, sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que representaron un perjuicio para el Estado por USD 76 millones, según Fiscalía.
Según la fiscal, Carmigniani Valencia se habría desempeñado como abogado de las empresas Recorsa, esta firma habría sido usada para el reparto de las millonarias comisiones producto del proyecto hidroeléctrico.
La Fiscalía detalló que José Eduardo Carmigniani habría recibido USD 2 600 000 (USD 1 000 000 de Recorsa y USD 1 600 000 de Anjes Finance).
La relación de Eduardo Cargmiani con el caso sería a través de Conto Patiño, dueño y administrador de las empresas Recorsa, quien era cercano al expresidente Lenin Moreno.
En la audiencia, la Fiscal General del Estado indicó que Conto Patiño habría recibido alrededor de 1,5 millones de dólares y que “su grupo familiar, y sus colaboradores de la empresa Recorsa también se habrían beneficiado de grandes cantidades de dinero”.
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