“El incremento de la jornada laboral afecta dos horas extras a cada uno de los trabajadores. Esto representa una afectación aproximada de USD 104 mensuales por trabajador”, señaló.

Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular (UP), presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo que flexibiliza la jornada laboral.

Según Atarihuana, la norma vulnera los derechos de los trabajadores y precariza el sistema laboral. En ese sentido, aseguró que el acuerdo es ilegal tanto en su forma como en el fondo.

El dirigente político sostuvo que un acuerdo ministerial, por ejemplo, no puede modificar disposiciones establecidas en el Código de Trabajo ni principios constitucionales relacionados con la jornada laboral. Sin embargo, afirmó que la medida altera esas disposiciones.

Por su parte, Enver Aguirre, abogado de Unidad Popular, explicó que la norma afectaría el Código de Trabajo por el principio de reserva de ley, la Constitución por el principio de jerarquía normativa y los acuerdos y tratados internacionales firmados por el Estado ecuatoriano.

Aguirre recordó que la Corte Constitucional (CC) ya se pronunció en 2021 sobre la regulación de las jornadas laborales y estableció que estas no pueden modificarse mediante medidas administrativas, sino a través de una ley.

“El incremento de la jornada laboral afecta dos horas extras a cada uno de los trabajadores. Esto representa una afectación aproximada de USD 104 mensuales por trabajador”, señaló.

Según el jurista, la norma beneficiaría a las empresas con un ahorro cercano al 20% de la masa salarial.

“Se pueden producir despidos masivos en la clase trabajadora. Es un hecho regresivo en materia de derechos”, afirmó.

La organización política pidió a la Corte Constitucional pronunciarse de manera urgente o, al menos, aceptar las medidas cautelares solicitadas para suspender los efectos del acuerdo ministerial hasta que se emita un dictamen final.

Diana Davila