Diversas instituciones del Estado han sido señaladas por su presunto uso para silenciar y bloquear a críticos de Daniel Noboa.

La Asamblea Nacional, el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General del Estado, los organismos electorales, la fuerza pública y, especialmente, la Función Judicial —con la Fiscalía a la cabeza— han sido señaladas por diversos sectores, como herramientas utilizadas para presionar, amedrentar o bloquear a opositores y críticos de Daniel Noboa.

El propio mandatario afirmó en su momento que es “el peor enemigo que alguien puede tener”. Para sus críticos, los hechos parecen confirmar esa frase.

Casos en el entorno cercano

• Los señalamientos no se limitan al ámbito político. Su exesposa, Gabriela Goldbaum, enfrenta múltiples procesos judiciales, restricciones en la custodia de su hija y la reducción de la pensión alimenticia.
• La exministra de Energía, Andrea Arrobo, a quien Noboa responsabilizó por la crisis eléctrica, también fue acosada judicialmente y censurada por la Asamblea Nacional.
• A la exvicepresidenta Verónica Abad no se le permitió ejercer plenamente su cargo. Se activaron todo tipo de mecanismos institucionales, en especial electorales en su contra y su hijo, Sebastián Barreiro, quien fue sentenciado por presunta oferta de tráfico de influencias.

Presión a gobiernos locales

Según denuncias de autoridades locales, el Ministerio de Finanzas habría realizado pagos discrecionales que ahogan económicamente a gobiernos seccionales considerados opositores. Asimismo, la Contraloría y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), este último liderado por José Julio Neira, mano derecha del presidente Daniel Noboa, habrían limitado procesos de contratación pública.

Los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; de Cuenca, Cristian Zamora; y de Guayaquil, Aquiles Álvarez, han denunciado bloqueos en el sistema de contratación que impiden ejecutar obras y servicios.

También las prefecturas de Pichincha y Azuay han señalado obstáculos administrativos y demoras en pagos.

Asamblea y sistema electoral bajo cuestionamiento

En la Asamblea, varios legisladores de la Revolución Ciudadana fueron suspendidos, mientras que asambleístas del oficialismo habrían recibido sanciones menores o no fueron sancionados, pese a incurrir en irregularidades o faltas.

En el ámbito electoral, el Tribunal Contencioso Electoral con magistraos cercanos al Gobierno, descalificó a Jan Topic como candidato presidencial. Decisión que, según analistas, facilitó la reelección de Noboa.

El papel de la Función Judicial

El uso de la Función Judicial es el elemento más preocupante. La excandidata presidencial Luisa González fue objeto de un allanamiento dentro de la investigación de la Fiscalía denominada “Caja Chica” por presunto lavado de activos que incluyó a varias figuras de la Revolución Ciudadana.

La Fiscalía General está encabezada por Leonardo Alarcón, quien también llevó las acusaciones en los procesos judiciales contra la exesposa de Noboa y el alcalde de Guayaquil.

El caso Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta dos procesos judiciales: el caso “Triple A” y el caso “Goleada”, ambos por presuntos delitos de delincuencia organizada.

Álvarez, quien ya cumplía medidas cautelares, guarda prisión preventiva en la cárcel de Latacunga. El juez anticorrupción, Jairo García, investigado por presunta corrupción, ordenó inicialmente su traslado a la Cárcel 4 pero el SNAI, ente gubernamental a cargo de las cárceles, lo llevó a la cárcel de Latacunga.

El investigado juez García fue suspendido de su cargo por varios meses, pero fue restituido por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judictura, muy cercano al Gobierno y quien ahora enfrenta un juicio políco en la Asamblea.

Tras la detención del alcalde Álvarez, el presidente Noboa trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Guayaquil.

Según el gobernante, Guayaquil ha sufrido “ya lo suficiente” con “políticos que han hecho lo que les ha dado la gana”.

“Los que hacen las cosas mal van a sufrir las consecuencias, sean disfrazados de empresarios, de políticos, disfrazado de cualquier cosa. Si es que son criminales, se los juzga por criminales, no por otra cosa”, advirtió Noboa sin precisar nombres.

Intervención en Segura EP

El 15 de febrero de 2026, el Gobierno intervino la Empresa Pública Municipal Segura EP. Posteriormente, la Fiscalía allanó sus instalaciones bajo el argumento de que la entidad habría difundido imágenes reservadas de videovigilancia a un servidor externo aún no confirmado.

Al igual que en otros procesos contra Álvarez, este caso también se origina en la supuesta utilización de “información reservada”.

Las cámaras de Segura EP fueron claves para esclarecer casos sensibles para el Gobierno, como el de los cuatro niños de “Las Malvinas” y el denominado caso Porsche e Iván Ballesteros, sospechoso de los atentados con bombas en el sector de La Bahía, en Guayaquil.

El vehículo de alta gama pertenece a la empresa Industrial Molinera, de la familia del presidente Daniel Noboa.

Hostigamiento a medios críticos

Los medios y periodistas considerados críticos o incómodos también han sido blanco de hostigamiento, deportación, censura o presiones económicas, ya sea a través de la compra de medios o la asignación de pauta publicitaria para un alineamiento informativo que limite la cobertura de problemas que afectan al país en materia de seguridad, salud, economía y empleo, entre otros.

Último contrapeso institucional

Analistas consideran que la Corte Constitucional sería la única función del Estado que mantiene una débil independencia. En ella depositan la expectativa de preservar el Estado de derecho y la democracia.