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El testigo reveló que un grupo de militares lo obligó, bajo amenazas de muerte, a culpar a bandas criminales del asesinato de los niños de las Malvinas.
El 8 de diciembre de 2024, dos patrullas militares integradas por 16 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) iniciaron una persecución contra 11 niños en el sur de Guayaquil.
De esa persecución, detuvieron arbitrariamente a cuatro de ellos: Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina.
Luego de ello, los niños fueron trasladados desde el sur de Guayaquil hasta la parroquia rural de Taura, en el cantón Durán. Aquí los niños fueron desnudados, torturados, desaparecidos y asesinados.
El 21 de diciembre de 2024, un testigo acudió a la Fiscalía en horas de la noche para dar su versión libre y voluntaria en compañía de agentes estatales. En dicha versión, el testigo señaló que bandas del crimen organizado se habían llevado a los niños, dando la orden de quemarlos y arrojar sus cuerpos al río. Según él, todo esto lo supo mientras se encontraba en un bar.
Tras esta investigación, la Fiscalía abrió otra paralela a la de desaparición forzada por el delito de secuestro con resultado de muerte, en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), en Quito.
Dentro de esta investigación, que avanza con lentitud, recién se logró receptar en septiembre de 2025 la versión de este testigo.
¿Qué reveló el testigo?
El 9 de septiembre de 2025, el testigo declaró ante la Unidot.
Aquí reveló que su domicilio fue allanado el 21 de diciembre de 2024. Tras ello, él fue detenido y torturado, y personal militar lo obligó, bajo amenazas de muerte, a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los cuatro niños.
Además, aclaró que desconocía los hechos y a los responsables, y que fue el personal militar quien le suministró los nombres y apellidos de los supuestos presuntos responsables, coaccionándolo para dar esa versión inicial en Guayaquil.
“Esta versión, cuya veracidad el CDH siempre cuestionó por la falta de coherencia entre horas y fechas, se posicionó como un hecho consumado, excluyendo la hipótesis de participación de agentes del Estado”, indicó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en un comunicado emitido la tarde de este 6 de octubre de 2025.
El organismo además manifestó su grave preocupación por la lentitud de la investigación de asesinato de los cuatro niños de las Malvinas y por la falta de rigurosidad en la gestión de la versión del testigo, “quien expuso una posible coacción militar”.
Por ello, se presentó un escrito exigiendo que la investigación siga una línea amplia e integral, que contemple tanto la participación de agentes estatales como de bandas criminales “y la posible articulación entre ambos”.
Además, pidieron que se esclarezcan los hechos relacionados con la detención del testigo para evitar cualquier ocultamiento o tergiversación de la verdad.
Diez meses después del asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, la Fiscalía General del Estado todavía no ha identificado a los responsables materiales del crimen.
Edison Paucar
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