Se pretende dividir a las organizaciones a través de políticos que quieren aprovecharse, denuncia líder del pueblo Karanki

Lenin Farinango, presidente del pueblo Karanki de Imbabura, denuncia que el Gobierno busca dividir a las organizaciones y minimizar la magnitud de la protesta nacional. Rechaza el diálogo sin garantías y alerta sobre vulneraciones de derechos en la represión militar.

El Pueblo Kichwa Karanki de Imbabura responsabilizó al Gobierno Nacional por la crisis social y política que atraviesa el país. En un pronunciamiento público rechazaron el Decreto 126 —que elimina el subsidio al diésel— y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mientras denuncian el uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Lenin Farinango, presidente del pueblo Karanki, asegura que la movilización no se limita a lo provincial, como intenta mostrar el Gobierno. A su juicio, los cierres de carreteras y las asambleas comunitarias que se multiplican en diferentes puntos del país son el reflejo de un descontento acumulado que encuentra en la eliminación del subsidio al diésel el detonante de la protesta.

“El Gobierno nacional pretende minimizar el tema de la movilización. Está diciendo que solamente estamos a nivel provincial, pero si revisamos tenemos ya diferentes puntos de todo el país que están cerrados”, señala Lenin Farinango

Un diálogo con garantías

El dirigente enfatiza que la disposición al diálogo existe, pero advierte que este solo puede darse con garantías reales y con acompañamiento de organismos internacionales que velen por los derechos humanos. Rechaza los intentos de instalar conversaciones fragmentadas en Imbabura y advierte que ciertos actores políticos locales buscan aprovecharse de la coyuntura para obtener réditos personales.

“Aquí se pretende dividir a las organizaciones a través de políticos que quieren aprovecharse del momento. Por eso hemos dicho que el diálogo no es en la provincia, el diálogo es a nivel nacional con todas las organizaciones y actores que hemos estado en resistencia”, aseguró.

Tensiones internas y liderazgos cuestionados

El movimiento indígena de Imbabura también enfrenta tensiones internas. Farinango cuestiona el rol de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), y señala que su actual presidente, Mesías Flores, mantiene un alineamiento con el Gobierno que debilita la organización. Por esta razón, los Karanki han decidido desconocer su autoridad.

 “Desconocemos la autoridad del señor Mesías Flores porque no ha articulado ninguna acción con los pueblos y más bien siempre ha tenido un apego con el Gobierno”, expresa, asegurando que se busca legitimar un liderazgo cercano al oficialismo para debilitar la resistencia.

Represión militar en los territorios

Otro de los puntos críticos señalados por Farinango es la actuación de la fuerza pública en las comunidades movilizadas. Relata que en al menos tres ocasiones el ejército ha irrumpido en los territorios, dejando como saldo personas heridas, niños y adultos mayores asfixiados por los gases y una sensación de vulneración constante.

En este contexto, sostiene que la violencia contradice cualquier llamado al diálogo desde el poder. “Aquí con violencia no se puede llegar a ningún diálogo”, sentencia.

Decisiones colectivas

El movimiento, insiste Farinango, no responde a órdenes verticales ni a caudillismos:
“Aquí no estamos mandados por ningún líder nacional. Se han tomado decisiones colectivas desde la comunidad, entorno a los pueblos y nacionalidades, y finalmente en una asamblea extraordinaria de la Conaie”.

La organización, subraya, es horizontal y tiene como base la vida comunitaria. En Imbabura, las comunidades se han articulado con trabajadores, estudiantes, jubilados y docentes, dando un carácter diverso y amplio a la protesta.

Contra las “migajas”

El Gobierno ha intentado frenar el malestar con bonos y ayudas económicas puntuales. Para los Karanki, esas medidas son insuficientes. Farinango sostiene que lo que se necesita son inversiones estructurales en sectores como la producción y el agro. Recuerda que en su territorio existe un proyecto de agua que requiere 10 millones de dólares y que tendría un impacto real en la calidad de vida de las comunidades. Frente a eso, considera que los bonos y ayudas son “migajas” que no resuelven los problemas de fondo.

“Si hay bonos, cójanlos compañeros porque al final es plata del pueblo ecuatoriano, pero no vendan sus conciencias. Eso no resuelve las condiciones de vida”, advierte Farinango.

Asamblea permanente

Desde la parroquia La Esperanza, uno de los puntos de concentración de la resistencia Karanki, la consigna es clara: no detenerse hasta la derogatoria del Decreto 126.

Según Farinango, las asambleas son diarias y las comunidades permanecen en alerta. En Imbabura, asegura el dirigente, la movilización ya está “casi al 100% activa”.

Una lucha que se sostiene

En medio de la tensión, los Karanki apuestan por la unidad y por resistir los intentos de cooptación. La lucha, recuerda Farinango, nace de la preocupación por el futuro económico del país, por la inseguridad, la salud, la educación y el empleo.

“Nosotros hemos dicho claramente que el Estado debe empezar a gobernar con las propuestas del pueblo”, concluye.

La historia continúa en las calles de Imbabura, donde el movimiento indígena reafirma que el levantamiento no se detendrá mientras no haya respuestas concretas a las demandas sociales.

por Sofía Montoya