Por el momento, ninguna de las investigaciones finaliza. No existen conclusiones ni se definen responsabilidades políticas.

Tras las elecciones del 9 de febrero de 2025, el movimiento oficialista ADN obtuvo la mayor representación en la Asamblea, mientras que Revolución Ciudadana (RC) se consolidó como principal fuerza opositora.

Desde entonces, el bloque gobiernista frenó la fiscalización de asuntos sensibles para el Gobierno de Daniel Noboa.

Para controlar estos procesos, el oficialismo se apoyó en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En la primera sesión, el 14 de mayo de 2025, ADN aseguró la presencia de tres de sus principales legisladores en ese órgano: el presidente Niels Olsen; la primera vicepresidenta del Parlamento, Mishel Mancheno; y la primera vocal, Sade Fristchi.

Además, incorporó a sus aliados: la ex legisladora de la RC, Mónica Salazar, el exmiembro del Partido Social Cristiano (PSC) Samuel Celleri y Steven Ordóñez. También se sumó la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul, quien forma parte de los seis legisladores de Pachakutik que pactaron con el Gobierno.

En la práctica, ADN cuenta con mayoría absoluta en el CAL.

En este escenario, Radio Pichincha te cuenta los principales procesos de fiscalizaciones bloqueados en la Asamblea Nacional:

1. Fiscalización a los casos Progen y ATM

El 11 de junio de 2025, la Comisión de Garantías Constitucionales, encabezada por Jaime Estrada (RC), anunció que ejercería control político a los contratos del Estado con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).

Esto provocó conflictos. El oficialismo reclamó la investigación.

Diez días después, el 20 de junio, el CAL estableció que la única comisión con autoridad para continuar con la fiscalización sería la de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome.

La investigación se inició la primera semana de julio y luego de casi tres meses de proceso, aún no hay fecha para el informe de la mesa. En la última de tres sesiones, el 5 de agosto, estuvo presente el contralor del Estado, Mauricio Torres, quien detalló que el perjuicio, en el caso Progen, asciende a USD 100 millones por los contratos para instalar generadores en Quevedo y El Salitral en plena crisis eléctrica.

Apuntó como responsables de esos contratos al gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a los gerentes de las unidades de negocio de ElectroGuayas y TermoPichincha. Esto dejó por fuera a la ministra de Energía, Inés Manzano, y a Roberto Luque y Félix Wong, que ejercieron funciones durante la crisis eléctrica de finales de 2024.

Jácome aseguró ese mismo día que no habrá “impunidad para nadie” en la fiscalización de este tema, tras recibir los informes del Contralor.

Esa comisión espera la información requerida a varias instituciones, incluida la Contraloría, la cual determinó responsabilidades administrativas, civiles y penales.

No obstante, a decir de Blasco Luna, legislador de RC, no existe “respuesta ni interés” por parte de las autoridades para que estos casos avancen.

2. Juicio político contra Inés Manzano y Gian Carlo Loffredo

El 31 de julio de 2025, los asambleístas de RC, Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna presentaron una solicitud de juicio político contra la ministra Manzano por supuesto incumplimiento de funciones en el caso Progen. Por más de dos meses, el CAL bloqueó cualquier posibilidad de que el proceso continúe.

Finalmente, por medio de una resolución que se hizo pública el 4 de octubre de 2025, el CAL rechazó la solicitud presentada por los asambleístas al considerar que los legisladores no completaron el número de firmas requeridas para iniciar un juicio político.

Por otro lado, en la Comisión de Fiscalización, presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez, se detuvo otro proceso de juicio político. El 9 de junio, con seis votos, la mesa legislativa resolvió no calificar la solicitud presentada por el asambleísta Héctor Valladares (RC) en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Dicha solicitud se fundamentaba en un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector Las Malvinas, en Guayaquil. En consecuencia, el proceso quedó archivado.

Solo juicios políticos impulsados por ADN avanzan en la Asamblea

Los juicios políticos que avanzan en la Asamblea corresponden únicamente a funcionarios considerados un obstáculo para los intereses del Gobierno. Ejemplo de ello son los procesos impulsados contra la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes y contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Gonzalo Albán.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, coincide que el CAL reasigna procesos de fiscalización a otras comisiones con el fin de evitar investigaciones a funcionarios del actual Gobierno.

Otra estrategia es que los ministros de Estado suelen delegar a funcionarios de menor rango, quienes se limitan a leer presentaciones o, en algunos casos, no asisten.

3. Bonos entregados por el Gobierno en campaña electoral

Un segundo caso que pasó de la RC al control del oficialismo fue la investigación sobre la entrega de bonos, becas y pagos durante la campaña para el balotaje del 13 de abril de 2025: “Incentivo Emprende”, “Jóvenes en Acción” y “Ecuatorianos en Acción”.

Esta indagación se inició en la Comisión de Garantías Constitucionales el 2 de julio de 2025, y se convocó a tres autoridades del Gobierno, quienes finalmente no asistieron. Dos días después, la comisión presidida por Jácome trasladó el tema al CAL, que decidió que la mesa de Transparencia sería la encargada de continuar con la fiscalización. Desde entonces, no hay registros de comparecencias ni de avances de la investigación dentro del Legislativo.

Radio Pichincha contactó al equipo de comunicación de la legisladora de ADN, Diana Jácome, para conocer el estado de estos casos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Se indicó que la asambleísta se encuentra “indispuesta de salud”.

4. Pensiones vitalicias de expresidentes y exvidepresidentes

El 30 de septiembre de 2025, durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la asambleísta Bertha Vélez (RC) presentó una moción para fiscalizar las pensiones vitalicias otorgadas a expresidentes y exvicepresidentes que no completaron sus mandatos. La propuesta planteaba que la investigación quedara a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Cristina Jácome, legisladora de RC, respaldó la moción y señaló que el Estado ecuatoriano destina entre USD 80.000 y USD 85.000 mensuales a estas pensiones. Por ejemplo, presidentes como Guillermo Lasso y vicepresidentes como Alberto Dahik no finalizaron sus periodos.

El oficialismo calificó la iniciativa como “populismo puro”. Y con 77 votos negativos, la bancada de ADN logró bloquear la moción.

5. Fiscalización de abusos y vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública en el paro 2025

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional el 22 de septiembre de 2025. La medida respondió a la eliminación del subsidio al diésel. Desde el inicio de las protestas se reportaron enfrentamientos, represión y agresiones por parte de policías y militares. En ese contexto murió Efraín Fuerez.

La ex asambleísta de RC, Jhajaira Urresta, ahora cercana al oficialismo, propuso desde la Comisión de Seguridad iniciar una investigación sobre los actos violentos registrados durante la primera semana del paro. Un día después, la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Jaime Estrada (RC), también anunció su propia fiscalización. Convocó a dirigentes indígenas y familiares de los detenidos en Otavalo y Cotacachi para recoger sus testimonios.

La duplicidad de procesos generó una pugna entre ambas mesas legislativas. La Comisión de Seguridad, liderada por Inés Alarcón (ADN) calificó como “nula e ilegal” la convocatoria y la recepción de versiones realizada por la otra comisión.

El 1 de octubre de 2025, el CAL intervino y desautorizó a la Comisión de Garantías Constitucionales. Y asignó toda la competencia a la Comisión de Seguridad Integral.

6. Fiscalización compartida: fallecimiento de 12 neonatos en Hospital de Guayaquil

La crisis del Hospital Universitario de Guayaquil, que se hizo pública tras la muerte de varios recién nacidos en julio, es investigada por dos comisiones legislativas. Se trata de la Comisión de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, presidida por Viviana Veloz (RC), y de la Comisión de Salud y Deportes, encabezada por Juan José Reyes (ADN).

Ambas mesas anunciaron investigaciones paralelas sobre los hechos ocurridos en el hospital. Veloz sostiene que las muertes ascienden a 18, producto de la falta y el mal uso de insumos médicos. El proceso en su mesa aún no termina, pero de ahí surgió la orden a todos los asambleístas de su bancada que recorran los hospitales del país.

De su lado, el 13 de agosto, la Comisión de Salud —de mayoría oficialista— asumió también el caso. Su primera comparecencia fue la del ministro de Salud, Jimmy Martín, quien negó la cifra de 18 fallecidos. Según su versión, fueron 12 los neonatos muertos: dos por una bacteria hospitalaria y diez por causas diversas. Sin embargo, el proceso quedó ahí.

El caso ya está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, que abrió diligencias preliminares el 11 de agosto de 2025.

7. Proyecto minero en Quimsacocha

Otro punto de fricción entre dos comisiones legislativas es el conflicto minero en Quimsacocha, relacionado con la adjudicación del proyecto Loma Larga. La Comisión de Biodiversidad, presidida por Camila León (ADN), enfrentó críticas públicas tras convocar a las ministras de Ambiente y de Energía y Minas, quienes no asistieron. Pese a ello, la mesa no abrió ningún proceso de fiscalización.

En contraste, la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría RC, sí inició una investigación sobre la presunta entrega irregular de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a la empresa Dundee Precious Metals Inc., responsable del proyecto minero Loma Larga. Además, esta comisión dio espacio a los representantes de los colectivos defensores del agua para que expusieran sus preocupaciones.

Casos controvertidos

Ahora, en un intento de fiscalización, ADN recurrió a figuras controvertidas. Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, facilitó la comparecencia de Daniel Salcedo Bonilla, condenado por varios delitos y quien pidió ser recibido para entregar información sobre presuntas irregularidades en la salud pública.

Esa decisión generó un cruce de acusaciones entre Álvarez y Xavier Jordán. Este último señalado por la Fiscalía como cercano al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Finalmente, el caso se archivó y la Comisión se limitó a remitir a la Fiscalía General las pruebas presentadas por Salcedo, sin profundizar en ninguna investigación propia.