Pichincha, Guayas y Azuay concentran el 55 % de los casos; expertos alertan sobre subregistro y falta de atención a víctimas.

Entre enero y septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 5.898 denuncias por abuso sexual en el país, según el sistema de Noticias del Delito (NDD).

Aunque el número representa una disminución del 4,7 % respecto al mismo periodo de 2024 -cuando se reportaron 6.193 casos-, especialistas advierten que la reducción no necesariamente implica una mejora en la seguridad o en la prevención de este delito.

“Una menor cantidad de denuncias no significa menos violencia sexual. En muchos casos, el silencio persiste por miedo, desconfianza institucional o dependencia económica del agresor”, explicó Soledad Viteri, consultora en derechos humanos.

Provincias con mayor número de denuncias

El registro oficial muestra que Pichincha, Guayas y Azuay concentran más de la mitad de los casos reportados en todo el país, con 1.860, 920 y 405 denuncias, respectivamente.

Les siguen Manabí (307), Loja (209), El Oro (211), Santo Domingo de los Tsáchilas (175), Imbabura (187) y Morona Santiago (191).

Entre las ciudades con mayores incidencias destacan:

• Quito: 1.645 denuncias
• Guayaquil: 619
• Cuenca: 307
• Riobamba: 89
• Machala: 104
• Manta: 51

En contraste, las provincias amazónicas como Pastaza (89), Napo (77) y Orellana (106), aunque tienen menor población, presentan altas tasas por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia una vulnerabilidad particular de niñas, adolescentes y mujeres rurales.

Patrones de ocurrencia

De los 5.898 casos registrados:

• 98,8 % fueron delitos consumados, mientras que solo el 1,2 % quedaron en tentativa.
• 93,6 % no fueron flagrantes, lo que dificulta la captura inmediata del agresor.
• El mayor número de denuncias se concentró los jueves (1.030 casos), principalmente en la tarde (503).
• Los fines de semana mostraron menor incidencia, aunque especialistas asocian esto con retrasos en la denuncia más que con la ausencia del delito.

“El hecho de que la mayoría de los abusos no se denuncien de inmediato refleja la falta de confianza en las instituciones y la dificultad de acceder a una atención oportuna. En zonas rurales, las víctimas pueden tardar días en llegar a una Fiscalía o comisaría”, indicó Diana Merlo, abogada.

Provincias con menor número de casos

En el otro extremo, Galápagos (11), Zamora Chinchipe (82), Carchi (67), Napo (77) y Cañar (80) registraron las cifras más bajas del país.

No obstante, expertos subrayan que en estos territorios el subregistro es alto debido a la dispersión geográfica y la ausencia de equipos especializados en atención a víctimas.

Un problema estructural

Aunque la cifra nacional bajó ligeramente respecto a 2024, los especialistas consultados coinciden en que la tendencia de violencia sexual se mantiene crítica, sobre todo contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

Según la FGE, más el 48.49% de las víctimas son menores de edad y en la mayoría de los casos el agresor pertenece al entorno familiar o educativo.

La leve reducción de denuncias no refleja necesariamente una mejora estructural.

Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el Estado debe fortalecer las unidades de género y las fiscalías especializadas, especialmente en las provincias con menor infraestructura judicial.

Falta de políticas sostenidas

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos mantenía campañas de prevención y atención integral, pero los expertos señalan que no existe una política sostenida ni presupuesto suficiente para abordar la violencia sexual con enfoque territorial.

“Mientras no haya educación sexual integral en las escuelas, rutas claras de denuncia y acompañamiento psicológico, la violencia sexual seguirá siendo una pandemia silenciosa”, concluyó la experta Viteri.

Entre enero y septiembre de 2025, casi 6.000 personas denunciaron abuso sexual en Ecuador, un delito que continúa marcando a miles de víctimas, la mayoría mujeres y niñas.

Las cifras evidencian que, pese a los esfuerzos institucionales, el país sigue enfrentando una crisis estructural de violencia sexual e impunidad, donde las estadísticas solo muestran una fracción del problema real.

Daniela Fonseca