Caso Senagua: por no notificar a todas las partes procesales, la audiencia de apelación no se instaló

En este caso fueron condenados por peculado, el exministro Walter Solís y otras cinco personas. 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Pablo Loayza y Javier De la Cadena resolvió no instalar la audiencia de apelación en el caso Senagua por presunto peculado, debido a que la acusación particular y la defensa de uno de los procesados no fueron notificados.

La diligencia debía instalarse la mañana de este jueves, 15 de junio para tratar la apelación contra la sentencia de primera instancia en la que se condenó a ocho años de cárcel al exsecretario del Agua (Senagua), Walter Solís; Marco Rodas, excoordinador general Jurídico de Senagua; Lorena Benalcázar, jueza Quinta de la Familia de Manabí; Cristóbal Macías, juez Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; el abogado Jorge Augusto Maruri; y el ingeniero Jorge Bernal.

Solís también se desempeñó como ministro de Transporte y de Vivienda, pero la Fiscalía lo acusó por su gestión en Senagua.

Para la Fiscalía, los ahora condenados habrían participado del pago de un acuerdo entre particulares con fondos de la Senagua, cuando Solís estuvo al frente de la entidad. Esta negociación habría representado al Estado ecuatoriano un perjuicio de aproximadamente USD 2 450 000.

De esta manera, todos fueron acusados por la Fiscalía del uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que pasó a conocerse luego como caso Senagua, con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares.

Durante la audiencia de juicio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó pruebas suficientes de que Solís y Rodas insistieron en la asignación de USD 8 130 626 para el supuesto pago de un acta de mediación, que también mantenía irregularidades. Según la funcionaria, parte de estos recursos públicos habrían sido utilizados para el pago a Maruri y Bernal.

Para el cometimiento de estas acciones, los jueces Benalcázar y Macías, habrían avalado actuaciones para el uso de los recursos.

Pese a tener en claro este antecedente, la audiencia de apelación solicitada por dos procesados, entre ellos Solís, no se instaló y fue la misma fiscal Salazar, quien pidió al Tribunal que prorrogue para otra fecha hasta que se notifique a todas las partes procesales.

Salazar pidió al Tribunal que verifique si Alembert Vera continúa como parte de la defensa de Solís. La razón es que Vera ahora es parte del sector público, ya que ocupa la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y, por lo tanto, no puede ejercer el libre ejercicio profesional como abogado.

Fue en ese punto que la abogada Karen Gómez se identificó como la abogada que estará a cargo de la defensa de Solís, pero para la fiscal Vera estaría atrás.

Desde el 2021, Solís mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.