Viviana Veloz, otra víctima de violencia política en Ecuador

El nombre de la asambleísta se suma a la lista de mujeres políticas que han sido violentadas en redes sociales, para deslegitimar su presencia política. Veloz lidera la Comisión que investiga el caso Gran Padrino.

«Ladrona, corrupta, sinvergüenza» e incluso «prostituta», son algunos de los calificativos violentos con los que se han referido diferentes usuarios de redes sociales a la asambleísta Viviana Veloz, de UNES.

La ola de comentarios se intensificaron los últimos días. Ella no solo encabezó la comisión que investigó el caso Gran Padrino o Encuentro. Además ella presentará junto con otro legislador el pedido de juicio político, al Consejo de Administración Legislativa. El objetivo es que llegue a la Corte Constitucional.

Al revisar las cuentas de Twitter que difunden un discurso de odio contra la legisladora Viviana Veloz, se evidencia que han sido creadas este mes o que registran menos de 10 seguidores. Por eso se las identifica como trolls en Internet, es decir, cuentas falsas. Además a través de WhatsApp corren mensajes y videos ofensivos.

Las publicaciones buscan dañar su reputación. Hay fotomontajes. También se asegura que está involucrada en delitos y denuncias. Pero al acceder a la página web del Consejo de la Judicatura se pude observar que todas las demandas han sido desestimadas y archivadas.

Para Sybel Martínez, activista por los derechos humanos, esa es una de las características propias de esta forma de violencia de género contra las mujeres políticas. Se insulta y se trae al debate público aspectos de la vida privada de las mujeres que participan en espacios de toma de decisiones. Esto con el fin de atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas u obligarlas a actuar en contra de su voluntad.

“En el caso de la asambleísta Veloz, buscar desprestigiarla puede ser una estrategia para disminuir la gravedad del caso Gran Padrino, así como el informe emitido por la comisión ocasional que ella preside”, detalla Martínez.

Sybel Martínez detalla que estas publicaciones tratan de poner en tela de duda la imagen de la legisladora y su estatus social.

“No solo se socava su honra e integridad personal, también se pretende que sea vista como alguien que no debe ser tomada en serio y, por lo tanto, el informe que emitió la comisión que ella preside, tampoco”.

De esta forma, se buscaría desviar la atención de la presunta estructura de corrupción que operaría en empresas públicas ligadas al sector eléctrico y que estaría encabezada por Danilo Carrera, cuñado del Primer Mandatario. A él también se lo relaciona con la mafia albanesa, a través de Rubén Cherres, cercano a Carrera.

Violencia Política de género

Participación Ciudadana realizó, entre 2019 y 2020, un monitoreo sobre este tipo de violencia contra las mujeres políticas y aquellas que desempeñan cargos políticos de relevancia y que son víctimas de agresiones en redes sociales.

El estudio analizó las expresiones, memes, imágenes y frases publicadas en la red social Twitter en contra de 31 mujeres con representatividad pública, entre ellas funcionarias públicas, periodistas y miembros de la sociedad civil.

El registro evidenció que “las mujeres que ejercen cargos públicos son violentadas por una sociedad que reproduce la creencia de que son menos capaces que los hombres para desempeñar este tipo de actividades”, manifestó Ruth Hidalgo, directora ejecutiva, durante la presentación de los resultados.

La investigación detalla que los ataques, comentarios denigrantes y expresiones que se vierten sobre determinadas funcionarias o activistas se emiten por el hecho de ser mujeres. Se tiende a indagar mucho más en el pasado, la profesión o la trayectoria de una mujer que se dedica a la política, que en la experiencia de un hombre. Y se intenta “justificar” que alguna funcionaria, asambleísta o cualquier mujer en el servicio público ha logrado determinada dignidad por su belleza física, antes que por su capacidad”.

Martínez recuerda que el caso de Viviana Veloz no es el primero en el que se arremete a través de troll centers, cuentas falsas o cuentas creadas con el único objetivo de violentar a mujeres que están en el ojo público, sea porque son tomadoras de decisiones, por su militancia o activismo. Indica que ella misma fue víctima de este tipo de violencia en 2022.

«Yo misma sufrí violencia política en junio del 2022 al apoyar la protesta pacífica. Fue tan fuerte que tuve que solicitar medidas de protección. Este acoso digital puede tomar varias formas, a mí me trollearon, es decir, me bombardearon con provocaciones, amenazas e insultos. Creo que la asambleísta está siendo víctima de trolling pero también de doxing, es decir, han publicado información de tipo personal con la intención de avergonzarla o intimidarla», señala Martínez.

Otros casos

El pasado 22 de abril de 2022, el juez del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, Joaquín Viteri, emitió una sentencia en el caso de la vicealcaldesa del Cantón Paltas, Yennifer López Orozco, quien sufrió violencia política de género desde el 2019.

En la sentencia se dispone la destitución del alcalde Jorge Luis Feijoó, una multa de más de 10 mil dólares y la prohibición de participar en política durante dos años. Esta sentencia marcó un hito en la incidencia y participación política de las mujeres, además generó una gran articulación de otras mujeres que ejercen política.

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

La violencia política, según consta en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.

Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Tomando en consideración la normativa y frente al riesgo de este tipo de violencia, que si bien es digital, no deja de ser menos agresivo, es recomendable tomar medidas y no dejar pasar estos hechos.

Por ejemplo, Martínez indica que pedir medidas de protección ante la Junta de Protección de Derechos de la Mujer es una buena opción. Ella además ya fue amenaza de muerte.

«Si la violencia política en razón de género está acompañada de agresiones (físicas, sexuales), expresiones de descrédito o deshonra y quien las emite puede ser identificado, la vía penal es la más adecuada, ya que estas conductas constituyen una infracción penal y pueden ser denunciadas ante la Fiscalía».

En otros años, algunas víctimas de violencia política han sido también Mery Zamora, Paola Pabón, Cynthia Viteri, Marcela Aguiñaga, entre otras.