Narcotraficantes reclutan a 7 niños de la comunidad Awá en la frontera de Ecuador y Colombia, cada mes

Colombia y Ecuador lanzaron un sistema de alerta para proteger al pueblo indígena Awá de ataques de grupos armados. Mataron a 26 personas awá y desplazaron a unas 10 000 en 2022.

Las comunidades pertenecientes al pueblo Awá, que habitan en la zona transfronteriza de Ecuador y Colombia se encuentran amenazadas por grupos armados y crimen organizado. Eso representa una constante vulneración de sus derechos humanos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, accidentes por artefactos explosivos y la contaminación de la zona. Además, amenazas constantes contra su vida y desplazamiento de su territorio.

Este último es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta el pueblo Awá, según César Córdova Valverde, defensor del Pueblo de Ecuador. Participó de la firma de la primera Alerta Temprana Binacional, en conjunto con su par en Colombia, Carlos Camargo Assis, con el fin de «prevenir de las violaciones de derechos y proteger» a cerca de 29 mil indígenas de esta comunidad que habita en la línea limítrofe,

“Preocupa el desplazamiento forzado provocado no solo por el narcotráfico sino por la minería ilegal, que afecta tanto a seres humanos como a la naturaleza con la contaminación e incluso la deforestación en estas áreas”, detalló Córdova.

Según cifras del pueblo Awá, en 2022 hubo 26 homicidios, 22 amenazas individuales, 11 desplazamientos colectivos, nueve desplazamientos individuales, nueve confinamientos, entre otros hechos. Hay un total de 10 743 personas afectadas. Además, unos siete menores de edad son reclutados mensualmente.

El pueblo Awá se encuentra en un territorio clave para las guerrillas de las FARC y el ELN, así como para las bandas criminales de origen paramilitar que se dedican al narcotráfico y se disputan en la región la «economía de la coca, la minería ilegal, la tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas», dijo Camargo Assis, durante la presentación del informe en Bogotá.

Esta comunidad sufre además por «falta de atención del Estado en salud, educación, vivienda, acceso a agua potable, Internet», sostuvo César Córdova, Defensor del Pueblo de Ecuador.