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Juicio político contra el naarco Guillermo Lasso empieza a tomar forma en la Asamblea Nacional


El Pleno de la Legislatura aprobó el informe que recomendaba el enjuiciamiento al mandatario. La casual es por comisión por omisión, pues al estar enterado de los actos de corrupción relacionados con el caso El Gran Padrino no hizo nada. 

Con 104 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió continuar con el proceso de juicio político a Guillermo Lasso.

Esto, luego de que se aprobó el informe de la Comisión Ocasional que investigó el caso El Gran Padrino que recomendó el juicio político al mandatario.

Tras la intervención de 41 legisladores como parte del debate, la legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional, volvió a mocionar la aprobación del informe, esta vez tomando en cuenta las recomendaciones expuestas por los legisladores Patricia Sánchez y Esteban Torres. La primera solicitó que se incluya en ese informe a todos los responsables de actos de corrupción; mientras, el segundo pidió contundencia en cualquier investigación.

Veloz indicó que Lasso incurrió en delitos que van en contra de la administración pública y la seguridad del Estado y que se encausan en el artículo 129 de la Constitución.

En este sentido, dijo que el juicio va por la comisión por omisión. Esto significa que hay una figura delictiva cuando el jefe de Estado conociendo los actos de corrupción en las empresas públicas, prefirió callar y no actuó.

Ante la respuesta de la Asamblea al informe, Veloz mencionó que es el resultado de lo que clama el pueblo ecuatoriano para que “salga un Gobierno inoperante que apoya al narcotráfico y a la mafia”.

El informe aprobado será remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Contraloría General del Estado (CGE), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Consejo de la Judicatura (CJ).

El documento será dirigido al CNE debido a que se alertó sobre los aportes a la campaña electoral de Lasso y Alfredo Borrero que estarían vinculados con Rubén Cherres, amigo íntimo de Danilo Carrera, cuñado del presidente.

Cherres durante la investigación del caso El Gran Padrino fue calificado como el operador político de la red de corrupción en las empresas públicas, ya que el ubicaba en cargos hasta ministeriales a gente allegada al Gobierno. A este caso, la Fiscalía le cambió de nombre por el de Encuentro.

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