Guillermo Lasso colaborará con las investigaciones de la Fiscalía

Mientras, se realizan las indagaciones por el caso El Gran Padrino, bautizado por la Fiscalía como Encuentro, ya se ejecutarían los cabildeos con la Corte Constitucional para frenar el juicio político. 

Apenas la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión Ocasional del caso El Gran Padrino con el que se da paso al proceso de enjuiciamiento político a Guillermo Lasso, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reaccionó y enseguida el propio mandatario.

En su cuenta de Twitter, Lasso publicó que el informe aprobado por la Legislatura carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. Sin embargo, señaló que dispuso contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía General del Estado, con el fin de esclarecer cualquier duda.

El tuit estuvo acompañado de un documento dirigido a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el que se señala que una vez conocida la resolución de la Asamblea que recomienda el juicio político en su contra ante una supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión y que, entre sus recomendaciones consta remitir el mismo a la Fiscalía, solicita que desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que amerita.

Para Lasso, la acusación de la Asamblea Nacional se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de probar la tutoría por omisión en delitos en los qué tal figura no aplica.

El documento suscrito pro Lasso señala que lo aprobado por la Legislatura hace elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que se pretende inmiscuirlo.

En tal sentido, dispuso que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que la Fiscalía requiera para la investigación, así como -aunque no exclusivamente- sobre las actividades que Danilo Carrera pudo realizar.

Carrera es cuñado de Lasso y por él se denominó el caso como El Gran Padrino, ya que su relación con el primer mandatario le permitió junto con Rubén Cherres y otras personas tener injerencia en las empresas públicas para ubicar gente afín al Gobierno en cargos incluso ministeriales. Hasta se alertó de conexiones con la mafia albanesa.

Lasso añadió que confía en encontrar en la justicia la rigurosidad de la que el informe aprobado por los 104 asambleístas careció. Sin embargo, queda pendiente lo propuesto por la asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional al Pleno.

La legisladora propuso a la Asamblea que realice los trámites respectivos para desclasificar todo lo que tenga de carácter reservado en la Superintendencia de Compañías, en relación a los vínculos de Carrera y Cherres.

Procedimiento para el juicio político

Para propiciar el juicio político contra Lasso primero debe haber una solicitud presentada por un asambleísta que conste con al menos 46 firmas de respaldo y seguir con un proceso previsto en los artículos del 86 al 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El proceso puede tomar un mes. La solicitud de juicio político será presentada al Presidente de la Asamblea Nacional, la cual deberá estar debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al mandatario con el anuncio de la prueba.

Luego el Presidente de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que remitirá la documentación a la Corte Constitucional.

Si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, el Presidente de la Asamblea Nacional, lo pondrá en conocimiento del CAL nuevamente.

Posteriormente, el Presidente de la Asamblea, a través de la Secretaría General, remitirá la solicitud de enjuiciamiento, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

En la mesa legislativa se dará inicio al trámite y se notificará al Presidente de la República, acompañando toda la documentación, para que en el plazo de cinco días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita. De igual manera lo harán los interpelantes.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización remitirá en el plazo máximo de cinco días al Presidente de la Asamblea Nacional, un informe para conocimiento del Pleno.

Transcurrido el tiempo de difusión del informe (48 horas) será incorporado en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que se proceda a la censura y destitución, de ser el caso.

En el Pleno de la Asamblea, el Presidente de la República enjuiciado políticamente ejercerá su derecho a la defensa ante las acusaciones imputadas en su contra. Intervendrán los interpelantes y enseguida se dará un debate.

En el plazo de cinco días de concluido el debate, el Presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del Pleno para que resuelva motivadamente, basándose en las pruebas de descargo presentadas por el mandatario, la censura y destitución.

Para la aprobación de la moción de censura al Presidente de la República, se requerirán los votos favorables de al menos las dos terceras partes del total de legisladores.

Cabildeo en la Corte

Tras este escenario, al parecer, ya se empiezan a mover las fichas en la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo. El objetivo sería frenar el juicio político.

La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral, es la esposa de Juan Carlos Solines, amigo íntimo y exbinomio de Lasso.