El informe borrador se presentó este lunes 6 de marzo, pero los integrantes del Comité de Ética pidieron modificaciones. El caso podría terminar en la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

“Puso hasta el último teniente político en Orellana”. Es la denuncia que sostiene el asambleísta Bruno Segovia contra la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por presunto tráfico de influencias. El Comité de Ética votará este miércoles 8 de marzo de 2023 por el informe que pasará al Pleno Legislativo.

 

“Lo que llegué a determinar es que Llori había puesto desde la Gobernadora de Orellana, tenientes políticos, hasta funcionarios en algunas dependencias”, dijo Segovia en la presentación de las pruebas de cargo.

Son más de 20 funcionarios que habrían llegado a sus cargos por la supuesta gestión de Llori, cuando fue presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tras ser destituida por el Pleno Legislativo.

Todos ellos, dijo, tienen un denominador común: eran exfuncionarios del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte del equipo de Llori en la Asamblea.

El legislador entregó varios nombres, entre ellos, el de Esperanza Bustamante, Gobernadora de Orellana, que fue candidata a asambleísta alterna de Henry Peñafiel por Pachakutik. Él se convierte en asesor principal de Guadalupe Llori y luego llega la designación de Bustamante.

Otro caso es el de Freddy Fabián Rivera Pisco. Segovia dijo que es jefe político del cantón Orellana. Él firmó como representante legal del movimiento Construye, para la alianza política Renace la Esperanza, que auspició la candidatura para que Llori llegue a la Asamblea.

Juan Carlos Delgado Mera fue promotor cultural en la Prefectura de Orellana, cuando Llori era prefecta, y luego pasó a ser director distrital del Ministerio de Agricultura.

Marco Vinicio Anchitipán Tipán trabajó con Llori cuando fue presidenta de la Asamblea y luego fue designado como director distrital del Ministerio de Transporte en Orellana.

Polibio Vega Ande es comisario de Policía de Aguarico, Freddy Marcelino Coquinche Alvarado, teniente político de la parroquia Yasuní, María Patricia Jiménez Troya, analista de la comisaria de Orellana, Marcelo Gutiérrez Puraquilla, teniente político de San José de Payumino, Mercedes Coralia Remache Sánchez, teniente político de la parroquia Tres de Noviembre, Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la Gobernación.

“Resulta que en Orellana no hay más gente que los amigos de la señora Llori”, reclamó el asambleísta.

Todos ellos habrían llegado por gestión de la expresidenta de la Asamblea, según sostiene Segovia, quien pidió al Comité la aprobación de un informe que recomiende la destitución de Llori por haber incurrido en la prohibición de gestionar cargos públicos, estipulado en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Llori prefirió no acudir y envió a su abogado, julio César Sarango, quien negó las vinculaciones de la expresidenta con las designaciones mencionada

José Chimbo, presidente del Comité de Ética, presentó el proyecto de informe para que el resto de comisionados puedan realizar observaciones. Ese primer borrador recomendaba el archivo de la denuncia. Pero los legisladores pidieron que el informe apunte a la destitución de Llori.

Es el segundo intento para destituir a la expresidenta. En noviembre de 2022, Llori se salvó de un proceso similar, en la que fue acusada de cobrar a sus colaboradores un pago para el alquiler y uso de vehículos de alta gama. Solo hubo 82 de los 92 votos que se necesitaban para que Guadalupe Llori sea destituida.

POR PATRICIO PERALTA