Debate: juicio político a Guillermo Lasso vs. desestabilización

El punto de coincidencia entre los asambleístas es la responsabilidad política que tiene el jefe de Estado. 

El debate sobre si se aprueba o no el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investigó el caso El Gran Padrino y con el cual se solicita el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, provoca criterios divididos al interior del Pleno.

Luego que la presidenta de la Comisión Ocasional, Viviana Veloz, dio a conocer las motivaciones para enjuiciar políticamente a Lasso por incurrir en delitos contra la seguridad del Estado y la administración, hasta las 14:22 36 legisladores intervinieron.

Veloz indicó que Lasso es observado según lo que establece el artículo 129 de la Constitución, numerales 1 y 2 que se refieren a los delitos contra la seguridad del Estado; y a los delitos de corrupción (concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito).

La primera legisladora en intervenir en el debate fue la asambleísta Mireya Pazmiño, quien insistió en los actos de corrupción liderados por familiares y amigos de Lasso, así como por funcionarios del Gobierno.

Habló de la serie de irregularidades cometidas en las empresas públicas, así como de la presencia de la mafia albanesa en el país.

El legislador Fernando Villavicencio aprovechó para recordar que no solo es ahora el caso El Gran Padrino, sino que ya hubo otros casos como El Gran Hermano. Al que lo relacionó con lo que ahora se cuestiona y que pretende, dijo, la destitución del presidente Lasso.

Villavicencio sostuvo que este caso esconde acuerdos bajo la mesa. Pero anticipó que ya se conocerá, en cambio, sobre una investigación a la que le denominó La Gran Madrina.

La asambleísta Gissela Garzón recordó que el mandatario sabía sobre actos de corrupción porque anteriormente acusó a ciertos integrantes de la bancada de Pachakutik de pedir favores a cambio de votos.

El legislador Rodrigo Fajardo, en cambio, señaló que la impunidad no debe seguir permitiendo que los gobernantes incurran en actos de corrupción sin asumir las consecuencias. Al primer poder del Estado le compete, dijo, determinar responsabilidades políticas.

Mientras, el asambleísta Pedro Velasco, al referirse al informe de la Comisión señaló que lo que inicia mal termina mal.

“La Comisión no está facultada para irrespetar las normas: antes de ejercer su trabajo ya había acusado al Presidente”, exclamó.

Invitó a que se respeten las normas y a la democracia y que no se mezclen la responsabilidad política con la jurídica. “No se puede endilgar tipos penales”, puntualizó.

Blanca Sacancela defendió al mandatario y dijo que tras ese intento de enjuiciarlo políticamente está la desestabilización con un informe de “pantomima”.

Gruber Zambrano expresó que el informe fue acomodado, luego de que ya se difundió un borrador y que no se tiene claro las causales para el juicio político, debido a que mezcla la responsabilidad política con la jurídica.

Por otro lado, Esteban Torres, expuso que la investigación en contra del Gobierno es precisa y contundente y que hay el cometimiento de un delito por omisión.

Yesenia Guamaní, a nombre de su bancada de la ID señaló que están de acuerdo con el juicio político, pero por la causal referente al delito por omisión.

Mónica Palacios habló de otros casos de corrupción y presentó pruebas sobre la relación de Danilo Carrera, cuñado de Lasso, con Rubén Cherres y el ciudadano albanés Dritan Gjika.

Ronny Aleaga también se refirió a aportes para la campaña política de Lasso con gente que ahora es investigada. Sostuvo que ahora es necesario hablar de la responsabilidad política del jefe de Estado.