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Cuatro legisladores (dos de Pachakutik, un independiente y uno del BAN) retiraron el 16 de febrero sus firmas de respaldo al juicio político contra Diego Ordóñez, Paola Flores y Patricio Carrillo. Sin embargo, la Comisión aprobó que continúe el proceso de sustanciación.
El exministro del Interior, Patricio Carrillo, y los secretarios Diego Ordóñez y Paola Flores sí enfrentarán un juicio político en la Comisión de Fiscalización por el femicidio de María Belén Bernal. El proceso fue calificado, en una reconsideración de la votación.
El martes 28 de febrero de 2023, la Comisión conoció el pedido de enjuiciamiento, pero no obtuvo los votos para su archivo. Hubo cuatro votos a favor, dos abstención y dos en contra. Luego, la legisladora Ana Belén Cordero (BAN) propuso la calificación a trámite, pero tampoco solo hubo tres votos a favor, cuatro en contra y el asambleísta Pablo Muentes (PSC) se abstuvo.
En una nueva sesión, este miércoles 1 de marzo, el legislador Bruno Segovia (independiente) mocionó la reconsideración de la votación y, en esta ocasión, sí hubo los votos necesarios para que el proceso continúe. Muentes cambió su postura en 24 horas y decidió, en esta nueva votación, apoyar a que se tramitara el juicio político en contra de los tres involucrados. A él, se sumó el legislador Comps Córdova (UNES), que estuvo ausente en la sesión anterior por una calamidad doméstica.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión calificó el juicio político.
El pedido lo presentaron los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, de Pachakutik, por el supuesto incumplimiento de funciones.
Entre las causales consta el inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio de 2022, por las matanzas en las cárceles, la inseguridad ciudadana, las consecuencias del narcotráfico y el femicidio de María Belén Bernal.
Retiraron firmas
La Comisión se enfrascó en un debate por el retiro de firmas en este proceso. Los asambleístas de Pachakutik, Rafael Lucero y Jessica Castillo; el oficialista Mariano Curicama y el legislador independiente, Francisco Flores, retiraron sus firmas de respaldo.
El asambleísta Muentes contó que León le dijo que retiró la firma porque se había equivocado. «Me dijo que pensó que había firmado alguna otra notificación», relató, entre risas.
Los cuatro legisladores retiraron sus rúbricas el pasado 16 de febrero, aunque la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no contempla la figura de retiro de firmas de un enjuiciamiento político.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), dijo que hay un precedente con el caso del juicio político al entonces procurador general del Estado, Íñigo Salvador. En ese caso, no se calificó el proceso porque legisladores del correísmo retiraron sus firmas. Además, dijo que el requisito es presentar 34 firmas y a la Comisión solo llegaron 33.
El legislador Bruno Segovia (independiente) considera que no existe un precedente, sino un antecedente. “Si nos equivocamos antes podemos corregir ahora. No es obligación tomar la misma decisión que en el caso del Procurador”, afirmó. También aclaró que hay un alcance enviado por la Secretaría General de la Asamblea, en el que explican que, por problemas al momento de scannear, no se incluyeron tres fojas, con las que se completarían las firmas.
Pedro Velasco (BAN) dijo que se pretende encasillar a tres ministros, de diferentes funciones, en el mismo caso. Aclaró que se debe personalizar cada juicio político porque no son parte de un cuerpo colegiado y cada uno debe tener sus propias responsabilidades.
POR PATRICIO PERALTA
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