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Los casos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se dispararon desde 2024, con el inicio del conflicto armado interno, y alcanzaron su nivel más alto en 2026.
El año 2026 ha marcado un hito sombrío para el sistema de justicia y de derechos humanos en el Ecuador. Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, entre enero y julio de 2026 hubo 147 denuncias por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, consolidándose como la cifra más alta registrada en los últimos 11 años.
Este incremento representa una escalada dramática frente a años anteriores, confirmando una tendencia crítica de abuso en el uso de la fuerza pública en el país. Esto, debido a que este delito ocurre cuando hay abuso policial o militar. Es decir, ocurre cuando un miembro de las fuerzas de seguridad estatales utiliza la fuerza de manera exagerada, violenta e innecesaria, sobrepasando los límites que la ley le permite.
Así, las cifras proporcionadas por la Fiscalía demuestran que el panorama cambió drásticamente a partir del año 2024, cuando hubo 124 denuncias, entre enero y julio. En el 2025 la cifra se mantuvo. Pero en 2026 subió a 147 denuncias.
¿Qué establece el COIP sobre la extralimitación?
La extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es un delito tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador.
Para Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el desborde estadístico de este año no es una coincidencia, sino la consecuencia directa de decisiones gubernamentales y discursos políticos que han promovido la impunidad.
Sin embargo, Bastias señaló que la realidad de las violaciones de derechos humanos podría ser aún más alarmante, porque muchos casos culminan con fallecimientos de personas bajo custodia.
“El problema con este delito, y eso es algo que tiene que corregir Fiscalía, es que muchos de los casos deberían investigarse por ejecución extrajudicial, porque se observa que como resultado de esa observancia y del uso legítimo de la fuerza, hay una muerte. Y toda muerte bajo custodia tiene que investigarse como una ejecución extrajudicial. Pero lamentablemente se la rectifica como extralimitación. Entonces, no nos permite ver si hay muchos más casos de ejecución en los últimos años”.
No obstante, Bastias indicó que las 147 denuncias registradas en los primeros siete meses de 2026 reflejan, por sí solas, una situación sumamente alarmante. “De todas maneras, es un índice grave sobre el nivel de abuso policial y militar que hay en Ecuador”.
Al indagar sobre el origen del repunte abrupto del delito, que inició en 2024, Bastias señala directamente a las políticas de militarización y al mensaje político emitido desde el Ejecutivo tras la declaración del conflicto armado interno.
“Es absolutamente lógico que desde esta movilización irresponsable y legal del personal militar haya un incremento de abuso de personal militar. Nosotros lo advertimos, que esa falsa declaratoria de conflicto armado interno iba a generar en la práctica graves violaciones a derechos humanos”.
Casos
La crudeza de las estadísticas se ha visto materializada durante el 2026 a través de procesos judiciales, donde las agresiones graves contra ciudadanos desarmados conmocionaron a la población.
El pasado 21 de mayo, la Fiscalía procesó a seis policías en servicio activo tras un operativo violento registrado en el sector de Iñaquito, al norte de la capital.
Según la acusación fiscal, el incidente se produjo cuando una familia que salía de un recorrido, en una “chiva”, fue interceptada por los policías en el estacionamiento de un local de comida, en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas.
Para despejar la vía pública, uno de los uniformados golpeó con su motocicleta a una niña que formaba parte del grupo. Ante el inmediato reclamo del padre, los policías reaccionaron de manera arbitraria y excesiva: rociaron gas pimienta de manera indiscriminada delante de dos niños, propinaron golpes de puño, patadas y toletazos a las víctimas.
Debido a ello, una de las víctimas sufrió un severo trauma facial, fracturas en su mano (falange y metacarpiano) y recibió una incapacidad física de alrededor de 90 días.
Apenas un mes después, el 29 de junio de 2026, la Unidad Judicial Albán Borja en Guayaquil dictó un llamamiento a juicio penal contra tres policías en servicio activo por este mismo delito.
Según el expediente, tras detener a un ciudadano en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y Plaza Dañín, para hacer efectiva una boleta de apremio por pensión de alimentos, los oficiales lo trasladaron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la Kennedy Norte.
En la UPC se produjo una discusión sobre la devolución de las pertenencias de la víctima. Según la investigación judicial, los policías procedieron a golpear brutalmente al ciudadano mientras este se encontraba esposado y bajo su custodia.
La gravedad de la agresión fue tal que, tras ser ingresado en la Unidad de Aseguramiento del SNAI, el personal médico ordenó su traslado urgente de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Abel Gilbert Pontón, con lesiones severas en el ojo izquierdo, el tórax y las costillas.
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