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El TCE dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Amigo, tras un pedido de la Fiscalía dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La medida impacta de forma directa a la Revolución Ciudadana, que había previsto participar en las elecciones seccionales mediante esta organización.
Este 17 de julio de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional por un plazo de nueve meses del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), tras una solicitud formal de la Fiscalía General del Estado.
Esta decisión judicial representa un duro golpe para la Revolución Ciudadana, organización que había seleccionado a Amigo como su vehículo político para participar en las próximas elecciones seccionales.
La medida cautelar, emitida el 17 de julio de 2026 bajo la causa No. 110-2026-TCE, se sustenta en una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos que involucra directamente a la organización política y a sus directivos.
El Fiscal General del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, solicitó la intervención del tribunal basándose en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, el cual faculta la suspensión de partidos cuando existe una investigación penal de esta índole.
El juez Juan Patricio Maldonado Benítez determinó que la suspensión es una medida “idónea, necesaria y proporcional” para precautelar la probidad en el sistema político mientras avanza el proceso penal. La vigencia de esta sanción está condicionada a la continuidad de la investigación fiscal, y la institución deberá informar al TCE sobre los avances del caso cada 30 días.
El impacto en la alianza con la Revolución Ciudadana
La suspensión ocurre en un momento crítico para la Revolución Ciudadana. A finales de junio de 2026, se conoció que la oposición recurriría a la estructura y los colores de Amigo (Lista 16) para inscribir a sus candidatos en las elecciones seccionales, debido a que su propia organización política enfrentaba una suspensión temporal por también nueve meses.
Con este fallo del TCE, los planes de la Revolución Ciudadana quedan en la incertidumbre, ya que la causa judicial incide directamente en el periodo de las “Elecciones Seccionales y Elección de Consejeros del Cpccs 2027”.
Por ahora, la medida de suspensión solo podrá levantarse si la Fiscalía General del Estado retira formalmente el pedido o si se acredita que la investigación penal fue archivada. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue notificado para que ejecute la suspensión administrativa en un plazo de tres días.
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