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Por ‘culpa’ de José Julio Neira, Celec entrega a Progen informe de rastreo de USD 104 millones de los fallidos contratos eléctricos


Este revés de Celec tiene su origen en una publicación por X cometida por el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze.

La empresa Progen Industries LLC retiró formalmente ante la Corte Federal de Florida la solicitud para obligar a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a entregar un memorando reservado sobre el rastreo y recuperación de fondos, luego de que la estatal eléctrica cediera y proporcionara el documento voluntariamente.

Según un escrito presentado ante el juez William Jung, los demandados consideraron que “la cuestión ha perdido su objeto” al haber obtenido finalmente la hoja de ruta de la defensa ecuatoriana el pasado 8 de julio de 2026.

¿Qué contiene el memorando entregado?

El documento en disputa, titulado “Financial Tracing Strategy” (Estrategia de Rastreo Financiero), fue elaborado el 12 de junio de 2026 por el bufete Greenberg Traurig. Este informe de 15 páginas constituye el cerebro de la operación legal de Ecuador en Estados Unidos y detalla con los pasos dados para recuperar los activos malversados.

Entre los datos que ahora están en manos de Progen constan:

  • El detalle de 41 citaciones (subpoenas) dirigidas a bancos y terceros para identificar el flujo de dinero.
  • Información sensible sobre números de cuentas y el monto exacto de 14 transferencias realizadas desde las cuentas de Progen en el Regions Bank.
  • La identidad de los receptores del dinero y un inventario de los bienes identificados durante la investigación financiera.
  • Un análisis sobre las posibilidades reales de recuperar los USD 104 millones, incluyendo un diagnóstico que reconocería internamente las severas dificultades para recobrar gran parte del dinero.

El error de José Julio Neira que forzó la entrega

Este revés de Celec tiene su origen en una “irresponsabilidad” —según términos de analistas jurídicos— cometida por el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze. El 17 de junio de 2026, Neira, quien integra el Directorio de la estatal eléctrica, publicó en su cuenta de la red social X un video informativo que mostraba y explicaba el contenido del memorando confidencial.

Progen capitalizó este desliz argumentando que Celec perdió el privilegio abogado-cliente al divulgar voluntariamente contenido amparado por una orden de protección. La defensa de la contratista sostuvo ante la Corte que “el documento dejó de ser confidencial” y que la publicación de Neira no fue un error accidental, sino una “comunicación institucional preparada para respaldar la narrativa del Gobierno” con fines políticos internos.

Contexto de un desfalco millonario

El litigio en Florida busca resarcir al Estado ecuatoriano por un perjuicio de casi USD 110 millones derivados de contratos de emergencia firmados en agosto de 2024 para mitigar la crisis energética. Celec acusa a Progen de conformar una “empresa criminal” bajo la Ley RICO para estafar al país entregando maquinaria usada de los años 2008-2010, “repintada sobre el óxido”, en lugar de los equipos nuevos de 2023 prometidos.

A pesar de los desembolsos masivos, los peritajes técnicos han revelado que las plantas de Quevedo y El Salitral registran un avance real inferior al 17%, resultando en “cero vatios” para el sistema eléctrico nacional.

Mientras tanto, el rastro del dinero muestra que la cuenta bancaria que recibió los fondos estatales fue vaciada mediante transferencias inmediatas a cuentas personales y lujos de los directivos, registrando hoy un saldo de 0 dólares.

Con el retiro de la moción de Progen marca el cierre de un incidente que ha dejado a la defensa ecuatoriana en una posición de vulnerabilidad. Al poseer ahora la estrategia de rastreo de Celec, los demandados conocen de antemano quiénes serán los próximos objetivos de las citaciones judiciales y qué activos están bajo la lupa del Estado.

Este episodio ocurre en paralelo a la reciente captura en España de la lobista Karla Saud Calero, señalada como pieza clave en la trama y quien habría recibido directamente USD 15,2 millones a través de su empresa Astrobryxa.

No obstante, el éxito de la extradición de Saud y la recuperación de los fondos en Florida dependen de la integridad de un proceso que hoy tambalea debido a las filtraciones e imprecisiones de los propios funcionarios gubernamentales.

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