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Las deficiencias en la infraestructura física y tecnológica de las unidades judiciales se mantienen como uno de los desafíos que la actual administración del Consejo de la Judicatura busca atender.
Mientras el Consejo de la Judicatura (CJ) busca intervenir sedes y construir nuevos espacios, varias unidades siguen operando en inmuebles arrendados o con deficiencias estructurales. La falta de infraestructura adecuada se suma al déficit de jueces y se ha convertido en otro obstáculo para garantizar un acceso oportuno a la justicia.
La infraestructura entra en el centro del debate judicial
La crisis de la Función Judicial suele medirse por la falta de jueces, la carga procesal o los retrasos en la resolución de causas. Sin embargo, otro problema estructural ha cobrado fuerza en el debate: la infraestructura donde se administra justicia.
Edificios con limitaciones, unidades que funcionan en inmuebles arrendados, problemas de climatización, espacios insuficientes para archivos y tecnología obsoleta forman parte de una realidad que, según autoridades y gremios de abogados, también incide en la calidad del servicio.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha colocado este tema entre las prioridades de su administración.
El 22 de mayo de 2026 encabezó recorridos técnicos en los complejos judiciales Albán Borja y Florida, en Guayaquil, donde verificó problemas relacionados con los sistemas de aire acondicionado, áreas de archivo insuficientes, limitaciones de espacio y otras necesidades operativas que afectan el funcionamiento diario de las dependencias.
La titular de la Judicatura sostiene que el deterioro responde a una deuda acumulada durante años. Según explicó, las instalaciones judiciales no han recibido mejoras significativas desde hace aproximadamente 15 años, situación que también alcanza al componente tecnológico.
Afirmó que la infraestructura informática tampoco ha sido fortalecida durante ese período, por lo que muchos de los equipos utilizados han quedado rezagados frente a las necesidades actuales del sistema.
Para Caicedo, modernizar la justicia implica no solo incorporar más jueces, sino también renovar los edificios y actualizar las herramientas tecnológicas con las que trabajan diariamente los operadores judiciales.
Las provincias reflejan una realidad desigual
El panorama es diferente según la provincia. En Portoviejo, Manabí, las ventanillas de atención de las unidades judiciales continúan funcionando en un inmueble arrendado ubicado en la calle Rocafuerte.
La propia Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura reconoce que el edificio presenta limitaciones y que todavía no ha sido posible encontrar un inmueble que reúna las condiciones legales y técnicas necesarias para el traslado definitivo.
En contraste, El Oro se convirtió en la primera provincia donde la actual administración entregó una obra de infraestructura.
El 8 de junio de 2026 fue inaugurado un centro integral especializado para la atención de casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que concentra en un mismo edificio a jueces, fiscales, defensores públicos, personal técnico y agentes investigadores.
La adecuación del inmueble demandó una inversión superior a USD 668.000 e incorpora accesos diferenciados para evitar el contacto entre víctimas y presuntos agresores, además de salas especializadas y espacios destinados a reducir la revictimización y agilizar la atención de los procesos.
En Guayas, mientras tanto, la prioridad sigue siendo intervenir las dependencias existentes.
Los recorridos técnicos efectuados por la presidenta del Consejo de la Judicatura evidenciaron problemas de climatización, limitaciones de espacio para archivos y necesidades operativas que requieren atención para mejorar el funcionamiento de dos de los complejos judiciales con mayor carga de trabajo del país.
La infraestructura también preocupa a los abogados
El estado de las unidades judiciales también ha sido motivo de preocupación para los gremios profesionales.
Durante una entrevista en Ecuavisa, el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez, sostuvo que la crisis judicial no se resolverá únicamente con la declaratoria de emergencia para designar jueces temporales, sino atendiendo de manera integral las necesidades estructurales que enfrenta la Función Judicial.
El jurista recordó que la Constitución establece que los jueces deben ser designados mediante concursos públicos de méritos y oposición, por lo que insistió en cubrir las más de 700 vacantes existentes con jueces titulares para fortalecer la independencia judicial.
Sin embargo, advirtió que ese objetivo debe ir acompañado de mejores condiciones físicas para el funcionamiento de las dependencias.
Según Yánez, la administración de justicia arrastra más de siete años de deficiencias estructurales. A ello se suma, dijo, la falta de concursos transparentes para la designación de jueces y las limitaciones presupuestarias que afectan el mantenimiento y la modernización de las unidades judiciales.
En su criterio, las soluciones temporales no resolverán un problema que combina déficit de personal, infraestructura insuficiente y restricciones económicas.
Una deuda que se arrastra desde hace varios años
Los problemas de infraestructura no son recientes. Durante la administración de Wilman Terán, en 2023, el Consejo de la Judicatura ejecutó poco más de USD 1,2 millones en trabajos de mantenimiento de edificios judiciales, equivalente a cerca del 60% del presupuesto destinado para esa finalidad.
Las intervenciones incluyeron mejoras en el sistema de climatización del Complejo Judicial de Santa Elena, adecuaciones en la Corte Provincial de Azuay, trabajos en el Palacio de Justicia de Manta, el Complejo Judicial de Chone y la ampliación del archivo de la Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo. Además, quedaron comprometidos más de USD 1,6 millones para continuar con obras similares en otras provincias.
Ese mismo año, un incendio destruyó parte de la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas, mientras que en Loja la falta de asignación presupuestaria impidió ejecutar trabajos de mantenimiento en varias dependencias, entre ellas las de Celica, Calvas, Macará y Catamayo.
La Función Judicial tenía más de 400 dependencias en 2023
Tras la salida de Wilman Terán, el 20 de diciembre de 2023, Álvaro Román asumió el encargo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
Entre los objetivos de su gestión estuvo fortalecer la prestación del servicio judicial en las 24 provincias del país, mediante las 436 dependencias judiciales con las que contaba la institución en ese momento, procurando que respondieran a las necesidades de cada territorio.
Bajo esa línea de trabajo, la institución planteó reorganizar algunas dependencias judiciales con base en variables como la demanda de servicios y el número de jueces requeridos en cada jurisdicción.
Antes de concluir su encargo, en junio de 2024, la Judicatura reasignó alrededor de USD 2 millones para financiar reparaciones estructurales y el mantenimiento de equipos en varias sedes judiciales del país.
Ese mismo año también se realizaron evaluaciones sobre el estado de la infraestructura judicial en distintas provincias.
En Chimborazo, por ejemplo, las inspecciones incluyeron un edificio judicial en Riobamba que permanecía abandonado desde hacía más de una década debido a un litigio con la empresa constructora, además de otras dependencias que requerían intervenciones para mejorar las condiciones de atención y de trabajo.
Del mantenimiento a nuevas obras
Cuando Mario Godoy asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura, en julio de 2024, una de las primeras decisiones fue gestionar recursos para garantizar el funcionamiento de la institución.
En agosto de ese año, la Judicatura destinó USD 3,8 millones para cubrir servicios básicos, arriendos, seguridad, limpieza e insumos. Paralelamente, seguía pendiente la ejecución del Plan Anual de Inversiones previsto para mejorar la infraestructura judicial.
En 2025 comenzaron a evidenciarse algunos avances. En Manta entró en funcionamiento una nueva Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia, equipada con salas de audiencia, cámaras de Gesell, áreas de primera acogida, espacios de espera e ingresos diferenciados para víctimas y procesados, beneficiando a más de 200.000 habitantes.
Sin instalaciones propias
Ese mismo año, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí trasladó sus oficinas administrativas a una nueva sede en el centro de Portoviejo, tras concluir el comodato que mantenía con la Universidad Técnica de Manabí desde el terremoto de 2016.
El cambio permitió concentrar las áreas administrativas en un edificio con mejores condiciones para la atención al público y garantizar la continuidad de los servicios.
Sin embargo, esa mejora no resolvió los problemas de infraestructura judicial en la capital manabita. A mediados de 2026, las ventanillas de las unidades judiciales continúan funcionando en un inmueble arrendado ubicado en la calle Rocafuerte, una situación que la propia Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura reconoce como limitada.
De acuerdo con medios locales, las autoridades de la Judicatura en Manabí reconocen que las ventanillas de atención continúan operando en un inmueble arrendado con limitaciones y que aún no existe un edificio que reúna las condiciones legales y técnicas para su traslado.
El caso de Portoviejo evidencia que, pese a las mejoras implementadas en los últimos años, la infraestructura para la atención judicial sigue siendo una tarea pendiente.
Un desafío que va más allá del número de jueces
Las intervenciones realizadas en los últimos años muestran distintos enfoques para atender la infraestructura judicial. Mientras algunas provincias han incorporado nuevas sedes o centros especializados, en otras continúan ejecutándose trabajos de mantenimiento o persisten dependencias que funcionan en inmuebles arrendados.
En paralelo, las autoridades del Consejo de la Judicatura han señalado la necesidad de renovar tanto la infraestructura física como el equipamiento tecnológico, al tiempo que los gremios de abogados insisten en que las mejoras deben acompañarse de la designación de jueces titulares mediante concursos de méritos y oposición.
De esta manera, la infraestructura judicial forma parte de los temas que actualmente se encuentran en la agenda del Consejo de la Judicatura, junto con el proceso para cubrir vacantes de jueces, el mantenimiento de las dependencias existentes y la ejecución de nuevos proyectos en distintas provincias del país.
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